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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00900-00

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00900-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad, promovidas por el Sindicato de Trabajadores de Profesionales de la Gobernación del Putumayo – SINTRAPROPUTUMAYO, contra el Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del 48 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 30 Número Interno: 6454-2019 Demandante: Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Gobernación del Putumayo Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas. TERCERO. NOTIFICAR esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00900-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-25-000-2019-00900-00 (6454-2019)1
Demandante: Sindicato de Trabajadores Profesionales de la
Gobernación del Putumayo (SINTRAPROPUTUMAYO)
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
Medio de control: Nulidad
Tema: Nulidad del Acuerdo Nº. 20191000005689 del catorce
(14) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad que, en ejercicio del
medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 o
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA, en lo sucesivo), presentó el Sindicato de Trabajadores de Profesionales
de la Gobernación del Putumayo – SINTRAPROPUTUMAYO, contra el Acuerdo Nº.
CNSC-20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda.

1.1. Pretensiones2.

1. La parte demandante, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad simple previsto en el artículo
137 del CPACA, con el fin de obtener la nulidad del Acuerdo Nº. CNSC-
20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), expedido
por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, “por medio del cual se convoca y

1
Expediente híbrido.
2
Cuaderno 1, folios 1-10.

2

Número Interno: 6454-2019
Demandante: Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Gobernación del Putumayo
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC

establecen las reglas del proceso de selección por mérito para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la Gobernación del Putumayo – Convocatoria No. 1329 de 2019 – Territorial 2019”.

2. A su turno, solicitó la declaratoria de nulidad de la Oferta Pública de Empleo de
Carrera – OPEC emitida por la Gobernación del Departamento del Putumayo.

1.2. Los hechos3.

3. Señaló que, con la expedición del Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del
catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Comisión Nacional del
Servicio Civil no adelantó las etapas de planeación contempladas en la “ Guía de
planificación y ejecución de convocatorias a concurso público de méritos 4.0 del 28 de octubre de
2016”. Añadió que, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley 909 de 2004, es

obligación de las entidades públicas suministrar y/o actualizar la información de la
entidad y las vacantes definitivas de empleos de carrera para la conformación de la
OPEC, a través del aplicativo SIMO gestionado por la referida Comisión Nacional.

4. Narró que, mediante el Oficio Nº. 20192130012861 del diez (10) de enero de dos
mil diecinueve (2019), la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC solicitó al
Departamento del Putumayo actualizar el cargue de la OPEC, así como, remitir la
copia del acto administrativo contentivo de la estructura orgánica de la entidad
departamental, del manual de funciones y competencias laborales, y del certificado
de disponibilidad presupuestal que amparaba el gasto, “para poder dar cierre a la etapa
de planeación de la convocatoria, y proceder a habilitar el aplicativo SIMO ”.

5. Indicó que, mediante el Oficio Nº. SSA 00256 del trece (13) de abril de dos mil
diecinueve (2019), el secretario de servicios administrativos remitió a la Secretaría
de Hacienda Departamental el Oficio Nº. 20192130012861, y solicitó la expedición
del certificado de disponibilidad presupuestal para proveer 138 cargos de carrera.
No obstante, anotó que, el área de presupuesto del Departamento informó, a través
del Oficio Nº. SHD-SP-025 de dos mil diecinueve (2019) que, para la vigencia
comprendida entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de
la referida anualidad, no se apropiaron recursos para sufragar algún concurso.

3
Cuaderno 1, folios 1-10.

3

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Demandante: Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Gobernación del Putumayo
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC

6. Agregó que, el reporte de los empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil
“presentó algunas inconsistencias”, siendo una de ellas la consistente en reportar los
empleos provistos con personas con derechos de carrera y “omitiendo otros en
vacancias definitivas pero provistos en encargo”. Aunado a ello, explicó que, en la reunión

del doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019), “se acordó entre el Departamento del
Putumayo y la CNSC otorgar un plazo para actualizar el manual de funciones y competencias y
modificar la OPEC, y conseguir los recursos para asumir los costos de una convocatoria ”.

7. Aseveró que, dicha condición no se cumplió y que, sin contar con un manual de
funciones actualizado, el reporte real de las vacantes definitivas, y la apropiación de
los recursos necesaria, la Comisión Nacional del Servicio Civil procedió a expedir el
acto administrativo enjuiciado, el cual fue dado a conocer al Departamento del
Putumayo el veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

8. Posteriormente, mediante el Oficio Nº. 20192130248971 del veinte (20) de mayo
de dos mil diecinueve (2019), la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC invitó
al Departamento del Putumayo al evento de socialización de la convocatoria,
oportunidad en la cual debía suscribirse el Acuerdo Nº. 2019000005986. Reprochó
que, al escenario en comento, no asistió la gobernadora del Departamento.

9. Afirmó que, a pesar de no existir disponibilidad presupuestal para asumir los
costos derivados de la convocatoria, la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
remitió al Departamento, el diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019), el
Acuerdo Nº. 2019000005986, a efectos de proceder con la firma del mismo. Adujo
que, dentro del plazo otorgado para su firma, el Departamento no suscribió el acto
en cita, motivo por el cual, la Comisión inició una actuación administrativa contra la
entonces gobernadora departamental, la señora Sorrel Parisa Aroca Rodríguez.

10. Puso de presente que, el quince (15) de julio de dos mil diecinueve (2019), la
gobernadora suscribió el Acuerdo Nº. 2019000005986, “con el único fin de lograr el cierre
de la convocatoria”. Más adelante, el ente departamental expidió el Decreto 0232 de

2019, “por medio del cual se establece el manual específico de funciones y de competencias
laborales para los empleos de la planta de personal de la Gobernación del Putumayo ”, manual

que, según sostuvo, dio lugar a que se realizaran modificaciones en la oferta pública
cargada al aplicativo SIMO. Sobre este particular, puntualizó que “el manual
mencionado modificó en su gran mayoría los perfiles, funciones de los cargos a convocar y eliminó

4

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Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC

las equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005, modificaciones que no contaban con un
verdadero estudio técnico que las sustentara, dejando a varios de los funcionarios nombrados en
provisionalidad desde hace varios años sin la posibilidad de concursar (…)”.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. La parte demandante alegó que el acto administrativo demandado infringió los
artículos 1º, 13, 121, 130, y 209 de la Constitución Política de Colombia; el artículo
31 de la Ley 909 de 2004; el Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico de
Presupuesto; y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015.

12. Hizo énfasis en que el acto demandado desconoció el artículo 1º Constitucional,
al no haberse privilegiado el interés general, sino el particular, “ al querer expedir una
convocatoria apresuradamente a fin de evitar que los empleados públicos fueran favorecidos con los
efectos de la Ley 1960 de 2019 ”. Asimismo, precisó que se vulneró el derecho a la

igualdad, toda vez que, con su expedición, se “evitó” que los empleados públicos del
Departamento del Putumayo gozaran de los beneficios de la Ley en cita.

13. Anotó que, de igual manera, el acto contrarió lo dispuesto en el artículo 121
superior, habida cuenta que la Comisión Nacional del Servicio Civil se arrogó
funciones propias de las entidades en el manejo de su presupuesto, expidiendo
actos “de manera unilateral”, cuando debió ser en coordinación con otras entidades.

14. Además, alegó que se violaron los artículos 130 y 209 de la Carta Política, en la
medida en que, a su juicio, la convocatoria se expidió omitiendo los principios de
igualdad, imparcialidad y coordinación, al haberse prescindido de la actualización
de la oferta pública de empleos y de los requisitos para todos los cargos ofertados,
así como, la apropiación presupuestal a cargo del Departamento del Putumayo.

15. En adición, aseguró que se infringieron las disposiciones de la Ley 909 de 2004,
toda vez que, la Comisión Nacional del Servicio Civil adelantó unilateralmente la
convocatoria, sin la suscripción de la misma “por parte de las entidades involucradas”,
entre ellas, el Departamento del Putumayo. Aseveró que, la competencia de la
Comisión “va encaminada a la realización de los concursos, a través de contratos o convenios
interadministrativos” y que, para tal fin, debía tenerse en cuenta los costos derivados

de la realización de los concursos, a sufragar por parte de la entidad territorial.

5

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16. En esa línea, refirió que el acto demandado inobservó lo preceptuado por el
Decreto 111 de 1996, para lo cual sostuvo que, todos los actos administrativos que
afecten las apropiaciones presupuestales, deben contar con certificados de
disponibilidad presupuestal previos que garanticen la existencia del recurso.

1.4. Solicitud de medida cautelar4.

17. En escrito del diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), la
parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Nº. CNSC-
20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 superior y el 231 del CPACA.

18. Arguyó que, de la confrontación del acto acusado, con las normas superiores
invocadas, era dable colegir la infracción de estas últimas. Añadió que, en aras de
evitar el peligro en la demora, debían suspenderse provisionalmente los efectos del
Acuerdo en cita, “máxime si se tiene en cuenta que el concurso se encuentra en etapa de
divulgación, lo que da lugar al inicio posterior de compra de pines e inscripción, y en consecuencia
la adquisición de derechos por quienes ganaren el concurso en una convocatoria viciada de nulidad” .

19. Resaltó que, de no suspenderse el acto administrativo, al configurarse la lista
de elegibles, se reconocerían “derechos ciertos a los ganadores del concurso, pero soportados
en una ilegalidad o vicio de nulidad”, lo cual, derivaría en que, quienes estuvieran en

provisionalidad, fueran desvinculados sin el lleno de los requisitos jurídicos para el
efecto y, al tiempo, que se desconocieran garantías de los ganadores.

20. Refirió que, el Departamento del Putumayo vulneró los derechos a la igualdad y
al trabajo de los funcionarios nombrados en provisionalidad -en la entidad territorial-
al eliminar, sin mediar ningún estudio técnico, a través del Decreto 0232 del cinco
(5) de agosto de dos mil diecinueve (2019), los perfiles y equivalencias de ciertos
empleos de carrera administrativa que se pretendían convocar, “ desconociendo que
desde hace muchos años estos empleos vienen siendo desempeñados por los funcionarios en
provisionalidad, demostrando su idoneidad para ejecutar las funciones del empleo (…) ”.

21. Insistió en que, con la expedición del Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del
catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se pretermitió la etapa de

4
Cuaderno de medidas cautelares, folios 1-5.

6

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coordinación y planeación, puesto que, en criterio del accionante: el Departamento
del Putumayo no apropió los recursos necesarios para asumir los costos de la
convocatoria; el ente en cita no contaba con un manual de funciones y competencias
laborales actualizado; y no existía un reporte real de los cargos a proveer.

1.4.1. Decisión sobre la solicitud de medida cautelar.

22. Mediante auto del dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025) 5 , el
despacho ponente negó la solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional
de los efectos del acto administrativo demandado, promovida por el demandante,
Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Gobernación del Putumayo, al no
evidenciar, con el libelo inicial, y las pruebas aportadas, la urgencia de la medida
deprecada, ni los riesgos derivados de una decisión en contrario.

23. En dicha oportunidad, se sostuvo que la solicitud carecía de una “ debida
argumentación y sustentación”, pues, solo se limitó a precisar la solicitud y alegar, sin

mayor justificación, la vulneración del derecho al debido proceso, la igualdad y el
principio de legalidad, al no observarse la etapa de coordinación interinstitucional y
planeación presupuestal en el proceso, con fundamento en diversas circulares y
acuerdos proferidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, respecto de las
cuales no se realizó un estudio detallado que permitiera advertir, prima facie, la
violación de las disposiciones superiores invocadas. Por último, se advirtió que, la
solicitud no satisfizo los requisitos contemplados en el artículo 231 del CPACA.

1.5. Trámite procesal.

24. Mediante auto del treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticuatro (2024)6, el
despacho sustanciador admitió la demanda de la referencia, ordenó vincular al
Departamento del Putumayo, y dispuso las notificaciones y traslados de rigor.

25. Dicha providencia se notificó por estado a la parte actora el dieciséis (16) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024) 7 y, personalmente, al extremo pasivo, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE
el once (11) de marzo de la misma anualidad8.

5
Índice 00063 del Samai.
6
Cuaderno No. 1, folios 63-64.
7
Índice 00049 del Samai.
8
Índice 00051 del Samai.

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23. Como se mencionó ut supra, en virtud del auto del dieciséis (16) de junio de dos
mil veinticinco (2025), se negó la medida cautelar deprecada. Más adelante, a través
del auto del once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 9 , el despacho dio
aplicación a la figura de la sentencia anticipada, con sujeción a lo dispuesto en el
artículo 182A, numeral 1º, del CPACA; fijó el litigio; incorporó, con su valor legal, las
pruebas aportadas por las partes; negó el decreto -de oficio- de las documentales
requeridas por el demandante; tuvo por no contestada la demanda por parte del
Departamento del Putumayo; y corrió traslado para alegar de conclusión.

1.6. Contestación de la demanda10.

24. Mediante memorial radicado el treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024),
la Comisión Nacional del Servicio Civil solicitó que se negaran las pretensiones de
la demanda, al considerar que carecen de fundamento legal y respaldo probatorio.

25. Expuso que, el acuerdo de convocatoria, mediante el cual, se establecieron las
reglas del Proceso de Selección Nº. 1329 de dos mil diecinueve (2019), se ajustó a
las disposiciones legales y constitucionales que rigen la carrera administrativa.
Precisó que, para dicho propósito, se desarrolló un proceso de planeación entre la
Comisión y la entidad nominadora, a través de mesas de trabajo y/o concertación
en las que se fijaron compromisos, se efectuaron requerimientos, se iniciaron
actuaciones administrativas, se adelantaron los respectivos reportes de empleo y
se destinó el presupuesto necesario para ejecutar el proceso de selección.

26. Llamó la atención en que, la Comisión, como órgano autónomo e independiente,
adelantó, a solicitud de la Gobernación del Putumayo, el concurso público de
méritos para proveer vacantes definitivas pertenecientes al sistema general de
carrera administrativa de esa entidad, regulado a través del acto que se acusa. En
este punto, resaltó que, al amparo de las normas expedidas con posterioridad a la
Ley 909 de 2004, es decir, el Decreto 1227 y el Decreto 4500, ambos de 2005, y el
Decreto 1083 de 2015 -de carácter compilatorio-, la Comisión ostenta la
competencia exclusiva para elaborar y suscribir las convocatorias a concurso.

27. Con respecto al proceso adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil

9
Índice 00076 del Samai.
10
Índice 00053 del Samai.

8

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y la entidad nominadora, esto es, la Gobernación del Putumayo, puntualizó que, en
el caso de autos, bajo la égida del artículo 130 de la Carta Política, los artículos 11
y 31 de la Ley 909 de 2004, y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, “ se
surtieron todas las etapas previas de planeación con los delegados de la entidad nominadora, a
través de acciones coordinadas de planeación, situación que se puede evidenciar a través del SIMO,
teniendo en cuenta que la entidad registró los empleos vacantes en la mencionado sistema, a través
del usuario de administrador y cargador dispuesto por esta comisión, siguiendo los lineamientos
establecidos por mi representada, mediante circular No. 20161000000057 de 22 de septiembre de
2016, la cual el estableció el procedimiento para el debido registro de información referente a las
vacantes de empleo de carrera y la conformación de la oferta pública de empleo, es decir OPEC,
reporte veraz y acorde con el manual específico de funciones y competencias laborales (…)”.

28. Hizo hincapié en que la Gobernación del Putumayo consolidó la oferta pública
de empleos (OPEC) en el SIMO, siendo ésta certificada por el representante legal
y la jefatura de talento humano, compuesta por (105) empleos con doscientas
diecinueve (219) vacantes. Destacó que, conforme al criterio unificado del siete (7)
de noviembre de dos mil diecinueve (2019), relacionado con la provisión de empleos
de personal administrativo de instituciones educativas oficiales que prestan su
servicio a población indígena, la Comisión requirió a la Gobernación del Putumayo
para que reportara lo pertinente, solicitud que fue atendida por la entidad mediante
el Rad Nº. 20196001128342, en el cual solicitó el retiro de algunas vacantes,
situación que condujo a la modificación de la OPEC en el aplicativo SIMO.

29. Advirtió que, en cumplimiento de su obligación constitucional y legal, la
Gobernación del Putumayo, en aras de cubrir el valor de la convocatoria, mediante
Rad. 2022RE126626 del treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) remitió el
certificado de disponibilidad presupuestal Nº. 2642, por el valor de $465.500.000,
que fue pagado el diecinueve (19) de octubre de dos mil veintidós (2022). Asimismo,
por medio de los Rad. 2022RE218554 y 2022RE218616 del dieciocho (18) de
octubre de dos mil veintidós (2022), se remitió el certificado de disponibilidad
presupuestal Nº. 5357, por el valor de $339.500.000, el cual fue sufragado el catorce
(14) de abril de dos mil veintitrés (2023), según las constancias de tesorería.

30. Por las razones anotadas, aseveró que la entidad vinculada, en su calidad de
nominadora, participó en la construcción colectiva de la convocatoria, “ ejecutando las
actividades administrativas pertinentes para lograr el cumplimiento de los fines del Estado,
entreviéndose la cooperación interinstitucional, que constituyen acciones de planeación,
concertación y cumplimiento de los principios de la función pública, que demuestran la voluntad

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concurrente para la suscripción del acto administrativo que incorporó la convocatoria a concurso ”.

31. Finalmente, propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de causales de
nulidad en el acto administrativo demandado; (ii) incumplimiento de la carga
probatoria; (iii) cumplimiento de un deber legal; y (iv) la innominada o genérica.

1.7. Alegatos de conclusión.

1.7.1. Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Putumayo11.

32. A partir de los hechos y las consideraciones expuestas en el libelo inicial, la
parte actora reafirmó que, el Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del catorce (14)
de mayo de dos mil diecinueve (2019), expedido unilateralmente por la entidad
demandada, nació a la vida jurídica de forma irregular, comoquiera que, no tuvo en
cuenta elementos sustanciales como la apropiación presupuestal por parte del
Departamento del Putumayo, la actualización del manual específico de funciones y
competencias laborales de dicho ente, y el reporte “real” de cargos en el aplicativo
SIMO. En ese sentido, concluyó que, se trató de una “decisión de la administración que
se tomó de manera apresurada”, y que se tornaba improcedente la convocatoria a

concurso sin la suscripción de aquella por parte de la entidad involucrada.

1.7.2. Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC12.

33. La entidad ratificó en su integridad las excepciones propuestas en el escrito de
contestación y, en tal sentido, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, al examinar las pretensiones incoadas, era dable advertir que la
intención de la parte actora consiste en “supeditar el ejercicio de las funciones
constitucionales y legales otorgadas a la CNSC, como máximo órgano encargado de la vigilancia y
control de la carrera administrativa, desconociendo con ello el sentir constitucional que dotó de
autonomía e independencia a la CNSC, para garantizar la provisión de los empleos pertenecientes
al Sistema General de Carrera Administrativa a través de las convocatorias públicas”.

34. Sobre la base de lo probado en el proceso, aseguró que, las actuaciones
desplegadas por la entidad se ajustaron a las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias aplicables en materia de carrera administrativa. Manifestó
que, con observancia de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de

11
Índice 00077 del Samai.
12
Índice 00076 del Samai

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2015, el proceso de selección objeto de censura fue debidamente planeado, de
manera conjunta, con la Gobernación del Putumayo, como entidad nominadora.

1.7.3. El Departamento del Putumayo no presentó alegatos.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

35. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 149 del CPACA, en
armonía con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 13, expedido
por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para
conocer, en única instancia, de la nulidad de los actos administrativos expedidos
por autoridades del orden nacional y de naturaleza laboral.

2.2. Problema jurídico.

36. De acuerdo con la fijación del litigio dispuesta en el proveído del once (11) de
mayo de dos mil veintiséis (2026)14, corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

a) ¿El Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos
mil diecinueve (2019), expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, “por medio del cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección
por mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Putumayo
– Convocatoria No. 1329 de 2019 – Territorial 2019”, está viciado de nulidad, al

infringir, presuntamente, los artículos 1º,13, 25, 121, 130 y 209 de la
Constitución Política; el artículo 31 de la Ley 909 de 2004; el Decreto 111 de
1996; y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Régimen general de carrera administrativa.

37. La carrera administrativa tiene su origen en el artículo 125 de la Constitución
Política, según el cual, los empleos estatales, por regla general, son de carrera,

13
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que conoce la
Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de
volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos administrativos que versen sobre
asuntos laborales».
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Índice 00076 del Samai.

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exceptuándose los de elección popular, de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales, y demás que determine la ley. El artículo en cita también
dispone que, el ingreso y ascenso a los cargos de carrera se hará, previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley, la que además
determinará los méritos y calidades de los aspirantes. La Corte Constitucional ha
señalado, que la carrera administrativa “es un sistema técnico de administración de personal
que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público”15, lo que la convierte

en un elemento medular de la función pública y del Estado Social de Derecho.

38. El Alto Tribunal Constitucional, en la sentencia C-288 de 2014, reafirmó que, la
carrera administrativa persigue los siguientes fines superiores, a saber: (i) realizar
la función administrativa (art. 209) que está al servicio de los intereses generales y
se desarrolla con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad; (ii) cumplir con los fines esenciales del Estado
(art. 2º), como lo son el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales; (iii)
garantizar el derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del
poder político a través del acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (art.
40.7) ; (iv) proteger el derecho a la igualdad (art. 13); y (v) salvaguardar los
principios fundamentales de la relación laboral contemplados en el artículo 53 ibid.

39. Así pues, del artículo 125 constitucional se extraen dos (2) reglas: por un lado,
preceptúa que, salvo las excepciones legales o constitucionales, los empleos
públicos son de carrera; y, por el otro lado, establece la forma de acceder a la
carrera, señalando que es a través de concurso público. Por ende, es dable sostener
que, una de las manifestaciones de la carrera administrativa es el concurso de
méritos, entendiendo el mérito como el criterio para la provisión de cargos públicos
que permite al Estado “contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación
garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas
responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social
de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública ”16.

15
Corte Constitucional. Sentencia T-112 A de 3 de marzo de 2014. Expediente T-4.081.407. MP. Dr. Alberto Rojas Ríos. Ver
también sentencia C-049 de 2006.
16
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-446 de 2011.

12

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40. El artículo 130 de la Constitución Política dispuso la existencia de la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC como la autoridad encargada de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, responsable
de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, a
excepción de las que tengan carácter especial. La presencia de un órgano nacional
del más alto nivel, autónomo e independiente de las ramas del poder público se
explica ante la necesidad que la puesta en marcha de la carrera administrativa y su
permanente veeduría se encuentre revestida de las máximas garantías de
imparcialidad y transparencia, al margen del influjo de otras instancias del poder17.

41. En concepto del trece (13) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), la Sala
de Consulta y Servicio Civil de la Corporación18 recordó que, en el sistema jurídico,
existen tres (3) categorías de carrera, a saber: (i) la general, prevista en el artículo
125 antedicho y contenido en la Ley 909 de 2004; (ii) los sistemas especiales de
origen constitucional, sujetos a una regulación diferente por parte del Legislador; y
(iii) los sistemas especiales de carrera de origen legal. La misma Sala 19 ha señalado
también, en concepto posterior del dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte
(2020), que en vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la Ley 443 de 199820
para regular la carrera administrativa. Dicha ley fue derogada por la Ley 909 de
2004 21 , actualmente vigente, con algunas modificaciones. Entre los asuntos
regulados por la Ley 909 están el empleo público y la carrera administrativa.

42. En su artículo 1º, la Ley 909 de 2004, con base en las normas constitucionales
de la referencia, establece que hacen parte de la función pública los empleos
públicos de carrera y de libre nombramiento y remoción, los empleos de periodo fijo
y los empleos temporales. En el artículo 5º reitera que los empleos públicos son de
carrera, a la vez que señala cuáles son los empleos de libre nombramiento y
remoción en los distintos órganos, organismos y entidades del Estado. Por su parte,
el título IV ejusdem se ocupa de los aspectos relativos al ingreso y el ascenso al
empleo público. En su artículo 23, la Ley en cita clasifica los nombramientos en: (i)
ordinarios, para los cargos de libre nombramiento y remoción; (ii) en periodo de
prueba; y (iii) en ascenso, para los empleos de carrera, salvo lo que se prevea en

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 29 de mayo de 2020, Radicado No. 11001-03-
25-000-2018-00605-00.
18
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2019-00202-00(2437).
19
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2020-00205-00 (2455).
20
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
21
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.

13

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las carreras especiales. En el artículo 24, trata del encargo como un derecho de los
empleados de carrera para ocupar empleos inmediatamente superiores a los que
desempeñan en propiedad, si reúnen los requisitos señalados en la norma.

43. El artículo 27 de la Ley define la carrera administrativa como un sistema técnico
de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la
administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el
acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la
permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con
base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la
transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. El artículo 28 ibidem enlista
y define los principios que deben orientar la ejecución de dichos procesos, entre los
que se encuentran: el mérito, la libre concurrencia e igualdad en el ingreso, la
publicidad, la transparencia, la eficacia y la eficiencia. En adición, se tiene que, el
concurso -de méritos-, en tanto instrumento para la provisión de los cargos de
carrera, está orientado a identificar y calificar las destrezas, aptitudes, experiencia,
idoneidad física y moral, así como otras aptitudes y cualidades de los aspirantes22.

44. Sobre el particular, la Corte Constitucional23 ha sostenido, de manera reiterada,
que la carrera administrativa es el mecanismo preferente previsto por la Constitución
para proveer los cargos de los organismos y entidades del Estado, de acuerdo con
el criterio objetivo del mérito, privilegiando la igualdad en el acceso a la función
pública, así como la eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia.

45. Además, dicha Corporación también ha recordado24 que, en la Ley 909 de 2004,
se establecieron las etapas del proceso de selección o concurso, en los siguientes
términos: (i) la convocatoria, que debe ser suscrita por la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNSC y por el jefe de la entidad u organismo cuyas necesidades de
personal se pretenden satisfacer, y que se convierte en el acto administrativo que
regula todo el concurso; (ii) el reclutamiento, que tiene como objetivo atraer e
inscribir a los aspirantes que cumplan con los requisitos para el desempeño del
empleo convocado; (iii) las pruebas, cuyo fin es identificar la capacidad, aptitud,
idoneidad y adecuación de los participantes y establecer una clasificación de

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicado No. 11001-03-24-000-2015-00542-00, providencia del
14 de mayo de 2020.
23
Sentencia C-514 de 1994.
24
Sentencia T-340-20.

14

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candidatos; (iv) la elaboración de la lista de elegibles, por estricto orden de mérito,
la cual tendrá una vigencia de dos años y con la cual se cubrirán las vacantes; y (v)
el nombramiento en período de prueba de la persona que haya sido seleccionada.

46. Conviene precisar que, con la expedición de la Ley 1960 de 2019 25 , se
introdujeron cambios a la Ley 909 de 2004. Al respecto, el artículo 2º dispone:

“Artículo 2º. El artículo 29 de la Ley 909 de 2004 quedará así: Artículo 29. Concursos.
La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará mediante
procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión Nacional del
Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función.

En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán
participar las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el
desempeño de los empleos.

El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior dentro
de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o dentro del
cuadro funcional de empleos (…)”.

2.3.2. Administración y vigilancia de la carrera administrativa. Funciones de la
Comisión Nacional de Servicio Civil – CNSC.

47. La Constitución Política de 1991 creó la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, como una autoridad del más alto nivel, autónoma e independiente de las
ramas del poder público, encargada de la administración y vigilancia de la carrera
administrativa de los servidores públicos, con excepción de aquellas de carácter
especial, con el fin de asegurar su implementación y adecuado funcionamiento. De
esta forma, el artículo 130 de la Carta prevé que: “habrá una Comisión Nacional del
Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial”. Dentro este marco constitucional,

mediante la sentencia C-1230 de 2005, la Corte Constitucional26, precisó que, la
Comisión es la autoridad que tiene asignada la función constitucional de administrar
y vigilar el sistema general de carrera y los sistemas especiales creados por el
legislador, esto es, aquellos de origen legal, de manera que únicamente están
excluidos de su competencia los sistemas especiales de rango constitucional.

48. En cuanto a las competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC, el artículo 11 de la Ley 909 de 2004 contempla, entre otras, las siguientes:
(i) establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales

25
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
26
Corte Constitucional, Sentencias C-1262 de 2005 y C-471 de 2013, entre otras.

15

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con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión de los empleos
de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la presente ley; (ii)
acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar
los concursos; (iii) elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de
empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que
establezcan la presente ley y el reglamento; (iv) administrar, organizar y actualizar
el registro público de empleados inscritos en carrera administrativa y expedir las
certificaciones correspondientes; y (v) realizar los procesos de selección para el
ingreso al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o
instituciones de educación superior, que contrate para tal fin.

49. En concordancia con las facultades antes señaladas, relacionadas con la
responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, el artículo 30 de
la Ley 909 de 2004 regula la competencia de la Comisión para adelantar los
concursos púbicos de méritos, al indicar, en su primer inciso, que: “los concursos o
procesos de selección serán adelantados por la (CNSC), a través de contratos o convenios
interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación
superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la realización de los concursos serán
con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de cargos ”.

50. Con base en lo expuesto, la Comisión tiene las siguientes competencias en
materia de concursos públicos de méritos: (i) fijar los lineamientos generales de los
procesos de selección (artículo 11-a); (ii) acreditar a las entidades que podrán
adelantar tales procesos (artículo 11-b); (iii) elaborar las convocatorias (artículo 11-
c); (iv) realizar y adelantar los concursos para el ingreso al empleo público (artículos
11-i y 30); y (v) determinar los costos de los mismos (artículo 30, inciso final).

2.4. Análisis del caso concreto.

51. En el asunto sub examine, el Sindicato de Trabajadores de Profesionales de la
Gobernación del Putumayo (SINTRAPROPUTUMAYO) pretende la nulidad del
Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos mil
diecinueve (2019), expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC,
“por medio del cual se convoca y establecen las reglas del proceso de selección por mérito para
proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la Gobernación del Putumayo – Convocatoria No. 1329

16

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de 2019 – Territorial 2019”, por infringir -según se adujo en el libelo inicial- los artículos

1º, 13, 121, 130, y 209 de la Constitución Política; el artículo 31 de la Ley 909 de
2004; el Decreto 111 de 1996; y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015.

52. La infracción de la normativa superior se afincó en las siguientes irregularidades
advertidas por la parte actora: (i) el acto acusado fue expedido unilateralmente, sin
la aquiescencia -o suscripción de la convocatoria- por parte de la Gobernación del
Putumayo, como entidad nominadora; (ii) se desatendió la etapa de planeación y
coordinación interinstitucional, al haberse prescindido del deber de certificar la
disponibilidad presupuestal para la realización de la convocatoria; (iii) y se omitió la
actualización del manual específico de funciones y competencias laborales, así
como el reporte “real” de cargos en el aplicativo “Sistema de apoyo para la igualdad, el
mérito y la oportunidad – SIMO”. Aunado a los defectos identificados por la accionante,

sostuvo que, con el acto administrativo enjuiciado, se vulneraron garantías
fundamentales de los funcionarios en provisionalidad del ente territorial.

53. Para efectos metodológicos, la Sala procederá con el análisis de los defectos
alegados y las normas presuntamente infringidas por la entidad demandada.

2.4.1. Del alegado desconocimiento del deber de planeación y del artículo 31
de la Ley 909 de 2004, por la expedición “unilateral” del acto demandado.

54. Como se advirtió ut supra, la parte demandante considera que el Acuerdo Nº.
CNSC-20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019) fue
expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC de forma unilateral,
circunstancia con la cual se contraría lo dispuesto en los artículos 121, 130 y 209
Constitucionales, así como, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, y el artículo
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, que alude al deber de planeación entre las
entidades.

55. Sobre el particular, la Sala debe decir que, la planeación de las convocatorias a
concurso constituye una expresión de los principios de coordinación y colaboración
armónica de los artículos 113 y 209 de la Constitución Política, la cual, se materializa
a través de una serie de actuaciones previas que adelantan, conjuntamente, la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, y el respectivo ente nominador.

56. En tal sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha explicado que, la

17

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convocatoria connota el compromiso efectivo de las entidades involucradas en el
proceso de selección, para que, a partir de un trabajo coordinado, cooperen a
efectos de llevarlo a su terminación, con observancia de los principios de la
administración pública y el cumplimiento irrestricto de los fines del Estado27.

57. Al respecto, el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 señala que, la convocatoria,
“que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u
organismo”, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración,

como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los
participantes. A su turno, el inciso 2º del artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015
(modificado en lo pertinente por el artículo 3º del Decreto 051 de 2018), dispone
que, “las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de
planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La convocatoria deberá ser firmada por la
Comisión Nacional de Servicio Civil y por el jefe de la entidad pública respectiva”. Esta última

disposición también prevé que, (i) los jefes de personal, o quienes hagan sus veces
en las entidades pertenecientes al sistema de general de carrera, deben reportar
los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de
Empleos de Carrera – OPEC; y (ii) previo al inicio de la planeación del concurso, la
entidad deberá tener actualizado su manual de funciones y competencias laborales.

58. En lo que toca al alcance de las referidas disposiciones, conviene anotar que,
en las sentencias del diecinueve (19) de marzo28 y del nueve (9) de abril de dos mil
veintiséis (2026)29, la Sección Segunda de esta Corporación recordó que, si bien es
cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 prevé que la convocatoria a concurso
de méritos debe ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y
el jefe de la entidad u organismo cuyas vacantes deben proveerse, también lo es
que, “lo relevante es que exista una etapa de planeación conjunta entre la CNSC y la entidad
beneficiaria del concurso, en atención a los principios de coordinación y colaboración armónica entre
los poderes públicos30, reconocidos por los artículos 113 y 209 de la Constitución Política ”.

59. En punto a la exigencia enrostrada por la parte demandante, consistente en la

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, auto del 30 de julio de 2024,
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 11001-03-25-000-2022-00510-00 (4897-2022). En dicha providencia, se reiteran
las sentencias del: i) del 13 de mayo de 2021, radicado 11001-03- 25-000-2017-00767-00 (4044-2017 y acumulados); ii) del
31 de enero de 2019, radicado 11001-03-25-000-2016-01017- 00 (4574-16).
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 19 de marzo
de 2026, Rad. No. 11001-03-25-000-2021-00621-00 (3011-2021), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 9 de abril de
2026, Rad. No. 11001-03-25-000-2021-00538-00 (2571-2021), M.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre
de 2022, radicado 11001-03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).

18

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obligatoria suscripción del acuerdo de convocatoria por parte de la entidad
nominadora, la Sala estima pertinente señalar que, de conformidad con lo resuelto
por la Corte Constitucional en la sentencia C-183 de 2019, tal condición deviene
incompatible con la Constitución. En tal sentido, la interpretación plausible del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 (inciso 1º), es decir, la que se ajusta a los
mandatos constitucionales de colaboración armónica y de coordinación (artículos
113 y 209 superiores), es aquella según la cual, si bien el jefe de la entidad u
organismo puede suscribir la convocatoria, de esta posibilidad no se sigue de ningún
modo (i) que pueda elaborarla, modificarla u obstaculizarla, y (ii) que la validez de
la convocatoria dependa de la firma del jefe de la entidad o u organismo.

59.1. Esta Sala de Subsección, en reciente sentencia del cuatro (4) de junio de dos
mil veintiséis (2026)31, en un caso de similares contornos, reiteró que, la suscripción
conjunta del acto de convocatoria, lejos de constituir un vicio invalidante, representa
una manifestación objetiva de colaboración armónica. En tal virtud, puntualizó que,
lo jurídicamente relevante es que la entidad beneficiaria participe en las fases
previas y concomitantes del proceso, que suministre la información necesaria para
la estructuración de la convocatoria y concurra a la planeación del concurso, y que
el proceso se adelante conforme con el acuerdo regulador de la convocatoria.

60. En gracia de discusión, la Sala observa que, contrario a lo argüido por el
demandante, el Acuerdo CNSC-20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos
mil diecinueve (2019)32 fue suscrito tanto por el presidente de la Comisión, como
por la señora Sorrel Parisa Aroca, quien fungía para la fecha como Gobernadora.

31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 4 de junio de
2026, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 11001-03-25-000-2018-01595-00 (5217-2018).
32
Cuaderno No. 01, folios 13-35.

19

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61. Aunque así lo reconoció expresamente el sindicato accionante en el hecho
decimocuarto de la demanda, luego, en el concepto de la violación, sostuvo que el
acto se expidió de manera unilateral, aserto que dista de lo probado en el proceso.
Al margen de la censura relativa a la “expedición unilateral” del acto acusado, encuentra
la Sala, sobre la base de los elementos que conforman el dosier procesal, que se
satisfizo el deber de planeación y de coordinación, no sólo porque el acto de
convocatoria fue suscrito por el representante legal de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y la Gobernadora del Departamento de Putumayo, sino también
porque se adelantaron sendas actuaciones en el marco de un proceso de “planeación
conjunta y armónica del concurso de méritos”, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015.

62. En las consideraciones del Auto CNSC-20192130006524 del trece (13) de junio
de dos mil diecinueve (2019)33, que se aportó al plenario, se lee que, previo a la
suscripción del acuerdo, se adelantaron distintas actuaciones, entre ellas, que: (i) a
través del Oficio 20192130012861 del diez (10) de enero de dos mil diecinueve
(2019), la Comisión le solicitó a la Gobernación del Putumayo, en el marco de la
“convocatoria territorial 2019”, que se actualizara el cargue de la OPEC, y se remitiera el
acto contentivo de la estructura orgánica de la entidad y el manual de funciones; (ii)
la Gobernación del Putumayo, en los períodos del once (11) al veintitrés (23) de
enero, del diecinueve (19) de marzo al veintitrés (23) de abril, y del veinticinco (25)
de abril al tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), reportó en el SIMO un total
de ciento cinco (105) empleos con doscientas diecinueve (219) vacantes; (iii) el
ocho (8) de febrero de la referida anualidad, se realizó en Mocoa la jornada de
socialización sobre el mérito y el proceso de selección, en la que participó el

33
Índice 00053 del Samai, Archivo: 64_MemorialWeb_Anexos-ANEXO4ACTUACIONA(.pdf) NroActua 53.

20

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Departamento; y (iv) ese mismo día se llevó una reunión entre representantes de la
Comisión y la Gobernadora, en cuyo seno se expuso la información de la
convocatoria y se hizo hincapié en la actualización del manual de funciones.

62.1. Asimismo, en la motivación del Acuerdo acusado34, se dejó constancia que, el
tres (3) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el ente departamental consolidó y
reportó la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC en el SIMO y, en tal
sentido, la Sala Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en sesión
del diez (10) de mayo de dos mil diecinueve (2019), aprobó convocar el proceso de
selección para proveer por mérito los empleos vacantes pertenecientes al sistema
general de carrera de la planta de personal de la Gobernación del Putumayo.

63. Siguiendo esa línea, en los artículos 1º, 2º y 7º del Acuerdo quedó consignado
que, el proceso de selección a convocar estaba encaminado a proveer, de manera
definitiva, ciento cinco (105) empleos con doscientas diecinueve (219) vacantes de
la planta, en atención a la OPEC que forma parte integral del acto regulador de la
convocatoria. Importante es destacar que, el parágrafo 1º del citado artículo 7º35
prevé que: “la OPEC que forma parte integral del presente Acuerdo ha sido suministrada por la
Gobernación del Putumayo y es de responsabilidad exclusiva de ésta (…) Las consecuencias que
se deriven de dichos errores o inexactitudes recaerán en la entidad que efectuó el reporte”.

64. Con base en las razones antes expuestas, concluye la Sala que, la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC, como órgano de garantía y protección del
sistema de mérito en el empleo público: (i) no se arrogó competencias distintas a
las constitucional y legalmente establecidas, por lo que, no desconoció el artículo
121 constitucional; (ii) tampoco infringió lo dispuesto en el artículo 130 superior, en
la medida en que, como quedó probado, fue la responsable de la convocatoria
contenida en el acto acusado; y (iii) observó lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley
909 de 2004, y el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, aspecto que se
materializó con la suscripción del Acuerdo por parte de la Comisión, y la
representante legal de la entidad beneficiada con la convocatoria, así como con las
actuaciones que, de manera conjunta y coordinada, adelantó con el ente territorial.

2.4.2. De la falta de disponibilidad presupuestal.

34
Cuaderno No. 01, folio. 14.
35
Cuaderno No. 01, folio. 15.

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65. La parte actora considera que, el Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del
catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), emanado de la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC, infringe la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de
2015 y el Decreto 111 de 1996, comoquiera que, a su juicio, la convocatoria se
adelantó sin que la entidad nominadora hubiera expedido el certificado de
disponibilidad presupuestal, aserto que apoyó en que, el área de presupuesto del
Departamento informó, a través del Oficio Nº. SHD-SP-025 que, para la vigencia
comprendida entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de
dos mil diecinueve (2019), no se apropiaron recursos para sufragar la convocatoria.

66. Para abordar el reparo planteado, la Sala resalta que, con sujeción al artículo
30 de la Ley 909 de 2004, los costos que genere la realización de los concursos
serán con cargo a los presupuestos de las entidades que requieran la provisión de
los empleos. Por su parte, el primer inciso del artículo 71 del Decreto 111 de 1996,
compilatorio del Estatuto Orgánico del Presupuesto, prevé que, todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con
certificados de disponibilidad previos, entendiendo por apropiación, la autorización
de gasto suficiente para atender las erogaciones que tales actos generen. En
concordancia con tales disposiciones, el inciso quinto del artículo 2.2.6.34 del
Decreto 1083 de 2015 preceptúa que, los cargos que se sometan a concurso
deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

67. Esta Sección, en múltiples oportunidades, ha respaldado la tesis según la cual,
el certificado de disponibilidad presupuestal no se erige como un requisito de validez
del acto de convocatoria. En sentencia del doce (12) de agosto de dos mil veintiuno
(2021) 36 , se puso de presente que, en asuntos de esta naturaleza, lo que le
corresponde estudiar al juez, de cara a la validez de la convocatoria, “ es si hubo
participación y aceptación de la entidad en la celebración del proceso de selección, argumentos
relativos a su financiación solo serán pertinentes en cuanto puedan demostrar o negar tal
circunstancia”. Por ello, indicó que, en línea de principio, los reproches relacionados

con presuntas irregularidades en el manejo o en los movimientos de los recursos
aportados para financiar el concurso, resultan ajenos al control de legalidad de la
convocatoria, “y deberán ser cuestionados a través de los cauces conducentes ”.

36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 12 de agosto
de 2021, M.P. William Hernández Gómez, Rad. 11001-03-25-000-2018-01702-00(5952-18).

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68. En similar sentido, esta Sala de Subsección, en sentencia del diecinueve (19)
de enero de dos mil diecisiete (2017)37, reiterada en providencia del veinticinco (25)
de abril de dos mil veinticuatro (2024) 38 por la Subsección “A”, explicó que, la
ausencia del certificado de disponibilidad presupuestal no compromete la
presunción de legalidad de la convocatoria. En otros términos, la falta del mismo no
“constituye una irregularidad sustancial que derive necesariamente en la nulidad o suspensión de la
convocatoria a concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera ”.

69. Al amparo de este contexto jurisprudencial, es dable sostener que, la ausencia
de un certificado que respaldara la apropiación de recursos para la realización de la
convocatoria durante la vigencia de dos mil diecinueve (2019), no desvirtúa la
legalidad del acto enjuiciado, ni impedía el desarrollo de la misma en vigencias
posteriores, en las que efectivamente se apropiara el recurso, como así ocurrió.

70. Para ilustrarlo, obra en el plenario copia de la Resolución Nº. 8793 del veinticinco
(25) de julio de dos mil veintidós (2022)39, en cuya parte motiva se lee que: (i) la
Gobernación del Putumayo realizó el reporte de la OPEC en el aplicativo SIMO, con
el número 169, “registrando ciento siete (107) empleos con doscientos treinta (230) vacantes
definitivas de su planta de personal, por lo que se estimó el valor a su cargo por $805.000.000 para
financiar el proceso de selección para proveer por mérito las vacantes definitivas de los empleos de
carrera administrativa de su planta de personal”; y (ii) que, en cumplimiento de su obligación

constitucional y legal, mediante Rad. CNSC 2022RE126626 del treinta (30) de junio
de dos mil veintiuno (2021), remitió el certificado de disponibilidad presupuestal Nº
2642 del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022), por el valor de
$465.500.000. Como consecuencia de lo anterior, dispuso lo siguiente:

71. De igual manera, reposa en el dosier procesal la Resolución Nº. 17780 del nueve

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Sentencia del 19 de enero
de 2017. Exp. 25000-23-24-000-2007-00203-02 (3756-15). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 25 de abril de
2024. Exp. 11001-03-25-000-2019-00829-00 (5999-2019). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
39
Índice 00052 del Samai, 36_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 52.

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(9) de noviembre de dos mil veintidós (2022)40, en la cual se hizo constar que, en
aras de cubrir el valor estimado del proceso de selección, la Gobernación del
Putumayo, mediante el Rad. CNSC 2022RE218554 y 2022RE218616 del dieciocho
(18) de octubre de dos mil veintidós (2022), remitió el certificado de disponibilidad
presupuestal Nº. 5357 de la misma anualidad, por el valor de $339.500.000. En tal
virtud, se dispuso el recaudo de los recursos apropiados por el ente territorial, así:

72. Vistas así las cosas, la Sala no avizora ninguna infracción de la normativa
superior, derivada de la inexistencia del certificado de disponibilidad presupuestal
para la vigencia de dos mil diecinueve (2019), habida cuenta que, como quedó
explicado, la ausencia de aquel no compromete la presunción de legalidad de la
convocatoria. En esa medida, el cargo bajo análisis no está llamado a prosperar.

2.4.3. De la actualización del manual de funciones y el reporte en la OPEC.

73. Sea lo primero decir que, en el escrito de demanda, no se individualizó
pretensión alguna dirigida a cuestionar la legalidad del acto administrativo, por
medio del cual, se establece -o actualiza- el manual específico de funciones y
competencias laborales, cuya expedición, como se explicará, corresponde a cada
organismo o entidad, y no a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. Ahora,
aunque se elevó una pretensión tendiente a obtener la “nulidad de la Oferta Pública de
Empleo de Carrera – OPEC emitida por la Gobernación del Departamento del Putumayo ”, no se

precisó el acto demandado, en los términos del artículo 162 y 163 del CPACA, ni se
expuso la norma infringida y el concepto de la violación frente a un acto de esa
naturaleza, salvo por el Acuerdo de convocatoria, que fue debidamente relacionado.

74. Dicho esto, el Sindicato de Trabajadores de Profesionales de la Gobernación
del Putumayo reprocha que, al suscribirse el Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986
del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), no se haya actualizado el
manual específico de funciones y competencias laborales de la Gobernación del
Putumayo, ni se hubieran reporte los cargos a proveer en el aplicativo SIMO.

40
Índice 00052 del Samai, 36_MemorialWeb_Anexos(.pdf) NroActua 52

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75. El manual específico de funciones y competencias laborales, cuyo sustento se
encuentra en los artículos 122 y 125 de la Carta Política, y 19 de la Ley 909 de 2004,
es una herramienta de gestión del empleo que establece las responsabilidades,
labores y facultades propias de cada cargo que integra la planta de personal.
Además, contiene las exigencias de conocimientos, experiencia y otros aspectos
que permitan acreditar las aptitudes y condiciones requeridas para desempeñar las
labores encomendadas. El artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 es claro al
establecer que, “la adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad”, de lo que se extrae que

no es una función del resorte de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC.

76. Esta Sección, en sentencia del veintiséis (26) de enero de dos mil trece (2013)41,
puntualizó que, el manual específico de funciones constituye un acto autónomo e
independiente del acuerdo que regula la convocatoria y, en tal sentido, ambos no
integran un acto complejo, teniendo en cuenta que, entre ellos no se predica una
relación de interdependencia, ni cumplen con las características de unidad de objeto
y contenido. En armonía con lo anterior, esta Sala, en sentencia del tres (3) de julio
de dos mil veinticinco (2025)42, aseveró que, la falta de actualización del manual de
funciones no invalida la convocatoria de cara al concurso de méritos y que, “ el
carácter de acto adminsitrativo conllevaba los atributos de presunción de legalidad, ejecutoriedad,
obligatoriedad y ejecutividad”, por lo que, no le era “exigible de (sic) la CNSC hacer un control

de legalidad que está reservado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo ”.

77. En el caso de autos, se observa que, mediante el Oficio 20192130012861 del
diez (10) de enero de dos mil diecinueve (2019), la Comisión Nacional del Servicio
Civil – CNSC le solicitó a la Gobernación del Departamento de Putumayo actualizar
el reporte de la OPEC y remitir el manual de funciones actualizado. El tres (3) de
mayo de dos mil diecinueve (2019), el ente departamental consolidó y reportó la
Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC en el SIMO y, en tal sentido, la Sala
Plena de la Comisión, en sesión del diez (10) de mayo de dos mil diecinueve (2019),
aprobó convocar el proceso de selección, para proveer los siguientes empleos:

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia del 26 de enero
de 2013, radicado: 11001032500020210020900 (1324-2021), demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros.
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 3 de julio de
2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 11001 03 25 000 2021 00037 00 (0054-2021).

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78. No pasa inadvertido que, después de suscrito el Acuerdo de la convocatoria, la
Gobernación del Putumayo, mediante el Decreto Nº. 232 del cinco (5) de agosto de
dos mil diecinueve (2019) 43 , actualizó el manual específico de funciones y de
competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la
Gobernación del Putumayo, teniendo como las modificaciones más próximas las
contenidas en la Resolución Nº 2628 de dos mil trece (2013) y Nº. 2419 de dos mil
diecinueve (2019). También se avizora que, con posterioridad, la entidad le solicitó
a la Comisión, a través del oficio del veinticinco (25) de octubre de dos mil
diecinueve (2019)44, la apertura del OPEC, debido a la necesidad de culminar las
siguientes actualizaciones: (a) los cargos de la Secretaría de Educación
Departamental, en atención al actualización del manual; y (b) dar cumplimiento al
artículo 1º de la Ley 1960 de 2019 y el Acuerdo CNSC-2019100008736.

79. En virtud del Acuerdo Nº. CNSC-20191000009096 del diecinueve (19) de
noviembre de dos mil diecinueve (2019)45, la Comisión dispuso la modificación de
los artículos 1º, 2º y 7º de la convocatoria, pasando de ciento cinco (105) empleos
y doscientos diecinueve (219) vacantes, a ciento siete (107) empleos y doscientos
treinta y siete (237) vacantes, como se dejó consignado en los considerandos:

43
Índice 00053 del Samai, 58_MemorialWeb_Anexos-ANEXO2MANUALESPE(.pdf) NroActua 53.
44
Índice 00053 del Samai.
45
Índice 00053 del Samai, 63_MemorialWeb_Anexos-ANEXO6ACUERDOMOD(.pdf) NroActua 53.

26

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80. En la misma línea, mediante el Acuerdo Nº. CNSC-20191000009396 del cinco
(5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) 46 , dispuso la modificación de la
convocatoria (con la reducción de siete vacantes), en atención al criterio unificado
acogido por dicho órgano rector en materia de provisión de empleos de personal
administrativo de instituciones educativas oficiales que prestan servicio a la
población indígena, circunstancia que condujo a la modificación de la OPEC.

81. Ambas modificaciones se fundamentaron en lo dispuesto en el artículo 9º de la
norma reguladora de la convocatoria, el cual, reza del siguiente tenor: “antes de dar
inicio a la etapa de inscripciones, la convocatoria podrá ser modificada o complementada, de oficio
o a solicitud de la entidad para la cual se realiza el proceso de selección, debidamente justificada y
aprobada por la CNSC y su divulgación se hará a través desde los mismos medios utilizados (…)”.

46
Índice 00053 del Samai, 62_MemorialWeb_Anexos-ANEXO7ACUERDOMOD(.pdf) NroActua 53.

27

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82. Con todo, la Sala estima que, para la fecha de expedición del Acuerdo Nº.
CNSC-20191000005986 del catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la
convocatoria se estructuró sobre la base del manual de funciones vigente para la
época y, asimismo, tuvo en cuenta el reporte de empleos consolidado, en ese
entonces, por el ente departamental. Además, las modificaciones efectuadas, las
cuales atendieron a los límites dispuestos por el artículo 9º de la norma reguladora
de la convocatoria, sólo derivaron en la previsión de dos (2) empleos y la reducción
de siete (7) vacantes, con las que se buscó ajustar la misma a los criterios porhijados
por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en especial, frente a la provisión
de empleos de personal administrativo de instituciones educativas oficiales.

83. Fuerza insistir en que, el manual específico de funciones -con su respectiva
actualización-, al tratarse de un acto autónomo expedido por la Gobernación del
Putumayo, cuya legalidad no se discute en el presente asunto, y el cual desborda
la órbita competencial de la entidad demandada, no invalida la convocatoria.
Tampoco le era exigible a la Comisión efectuar un control de legalidad sobre el
mismo, pues, tal y como lo ha sostenido esta Sala de Sección, dicho control está
reservado a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

84. En lo que toca a la alegada omisión en el reporte de los cargos en la OPEC,
debe recordar la Sala, que dicha oferta corresponde al acto a través del cual la
entidad beneficiaria -de la convocatoria- le comunica al ente responsable de la
elaboración de la misma, los empleos que se encuentran vacantes, con la finalidad
de ser provistos mediante el respectivo proceso de selección. En el sub judice, se
advierte que, la convocatoria se adelantó con los empleos reportados, y no existe
prueba que permita concluir, como lo sostiene el demandante, que dicha actuación
no obedecería al “reporte real”, o que dicha circunstancia tuviera la aptitud de
invalidar, paralizar o desvirtuar el proceso de selección.

85. A ello se suma que, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 15.2.
literal b), 17 y 19 de la Ley 909 de 2004, no se exige que, el proceso de selección
deba realizarse con las vacantes reportadas en la vigencia actual o la
inmediatamente anterior, o que dicha circunstancia invalide el concurso de méritos.

86. Por tales motivos, la falta de actualización del manual específico de funciones,
o las inconsistencias endilgadas al reporte de la OPEC -aspectos que se inscriben

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en el ámbito competencial de la entidad nominadora-, no enervan la legalidad del
Acuerdo de convocatoria enjuiciado, tratándose éste de un acto independiente.

2.4.4. De la presunta vulneración del derecho a la igualdad.

87. En lo que toca a la infracción del artículo 13 de la Carta Política, la Sala
considera que, tales reproches no son de recibo, comoquiera que, la demandante
no ofreció razones suficientes que pusieran en evidencia la existencia de un trato
diferenciado carente de asidero constitucional, identificando, para el efecto, el
criterio de igualdad o “tertium comparationis”, la definición -en el plano fáctico y jurídico-
del tratamiento que se reputa desigual entre los sujetos comparados, y la
razonabilidad de dicho trato, o de las medidas adoptadas por la entidad demandada.

2.4.5. De los derechos de los funcionarios en provisionalidad.

88. La parte actora reprochó que, con la expedición del acto bajo examen, se hacían
nugatorias garantías de los funcionarios en provisionalidad, quienes también
aspiraban a participar de la convocatoria. Sobre este punto de la controversia, la
demandante no sólo prescindió de la identificación de situaciones administrativas
particulares de funcionarios que, desempeñándose en provisionalidad, enfrentaran
barreras derivadas de la convocatoria, o vieran comprometidas garantías de estirpe
fundamental, sino que, además, se omitió que, la simple vinculación en
provisionalidad, no desplaza los derechos de quien ha superado todas las etapas
de un concurso de méritos y debe ser nombrado al cargo al que aspiró.

89. De forma copiosa, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional47 han coincidido en que, los funcionarios públicos que se encuentran
en provisionalidad no tienen derecho a permanecer de manera indefinida en el
cargo, pues, éste debe proveerse a través del concurso de méritos. Por tanto, no
pueden asimilarse a un empleado vinculado en carrera, ni pretender que le sean
aplicables los derechos que de ella emanan, en la medida en que, es claro que no
se han sometido a las reglas que impone la ley para gozar de tales beneficios.

90. En tal virtud, el último cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar.

47
Corte Constitucional de Colombia, sentencias SU-917 de 2010 y SU-053-2015.

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2.4.6. Conclusión.

91. A partir de una valoración integral de los elementos que reposan en el dosier, y
de la confrontación del acto acusado con el ordenamiento superior, la Sala concluye
que, con la expedición del Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del catorce (14) de
mayo de dos mil diecinueve (2019), la Comisión Nacional del Servicio Civil no
infringió los artículos 13, 25, 121, 130 y 209 de la Constitución Política; el artículo
31 de la Ley 909 de 2004; el Decreto 111 de 1996; y el artículo 2.2.6.34 del Decreto
1083 de 2015, al haberse dictado, presuntamente, con desconocimiento del deber
de planeación y coordinación interinstitucional, sin la apropiación presupuestal
necesaria para la realización de la convocatoria, y sin la respectiva actualización del
manual específico de funciones, así como el reporte “real” de empleos en el SIMO.
En esa línea, los reparos expuestos por la demandante no tienen la entidad y
suficiencia para desvirtuar la legalidad del acto administrativo acusado.

92. Siendo así las cosas, la Sala negará las pretensiones de nulidad incoadas por
el Sindicato de Trabajadores de Profesionales de la Gobernación del Putumayo –
SINTRAPROPUTUMAYO, contra el Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del
catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), expedido por la demandada.

2.5. Condena en costas.

93. Teniendo en cuenta que se trata de un medio de control de simple nulidad, en
el que se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas,
de conformidad con lo previsto en el artículo 18848 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad, promovidas por el
Sindicato de Trabajadores de Profesionales de la Gobernación del Putumayo –
SINTRAPROPUTUMAYO, contra el Acuerdo Nº. CNSC-20191000005986 del

48
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

30

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catorce (14) de mayo de dos mil diecinueve (2019), expedido por la Comisión
Nacional del Servicio Civil – CNSC, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

TERCERO. NOTIFICAR esta providencia en los términos del artículo 205 del
CPACA, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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