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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00931-00

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00931-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP, contra el señor José Fabio Cardona Álvarez, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 22 de junio de 2017. Segundo: Sin condena en costas. Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019) Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al juzgado de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00931-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de septiembre de 2023

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001032500020190093100 (6580-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional Y
Contribuciones Parafiscales De La Protección Social (UGPP)
Demandado: José Fabio Cardona Álvarez

Temas: Literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, IBL Decreto
546 de 1971. DECLARA INFUNDADA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
contra la sentencia proferida el 22 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que confirmó la sentencia del 21 de octubre de 2015 proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga, que accedió a las
pretensiones, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el señor José Fabio Cardona Álvarez.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso acción especial de revisión contra la sentencia del 22 de junio de
2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para lo cual invocó las causales
contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que a su tenor
señala lo siguiente:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables» 1.

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor José Fabio Cardona Álvarez, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la UGPP con el fin de obtener
la nulidad parcial de la Resolución PAP 40138 del 23 de febrero de 2011, por medio de

1
Folio 160 de la acción de revisión.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

la cual se reconoció la pensión de jubilación con el 75% de lo devengado en los 10
últimos años de servicio, efectiva a partir del 30 de marzo de 2008.

Que, en aquel proceso, se solicitó condenar a la entidad demandada a: i) reliquidar la
mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los factores salariales,
incluyendo las vacaciones, prima de servicio, prima vacacional, prima de navidad,
subsidio de alimentación, incremento del 2.5%, y subsidio de transporte, según lo
dispuesto en los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978 ii) pagar las diferencias
resultantes de la reliquidación iii) indexar las sumas debidas conforme al IPC, de
acuerdo con el artículo 178 del CCA.

Que el 22 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de segunda instancia, en la que confirmó la decisión de primera instancia,
que accedió a las pretensiones.

Que, en cumplimiento de la orden judicial, la UGPP emitió la Resolución 46328 del 10
de diciembre de 2018, por medio de la cual reliquidó la pensión de vejez del señor José
Fabio Cardona Álvarez en cuantía de $1.794.231, efectiva a partir del 30 de marzo de
2008, con efectos fiscales desde el 24 de septiembre de 2011.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN2

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia de segunda instancia
el 22 de junio de 2017, en la que confirmó la decisión de primera instancia, que accedió
a las pretensiones, afirmando que por sentencia de unificación del 4 de agosto de
20103, el Consejo de Estado fijó el criterio respecto de los factores salariales que deben
tenerse en cuenta para efectos de liquidación de las pensiones del régimen de
transición, según el cual, aunque la ley no señala taxativamente los factores de salario,
debían incluirse en la liquidación todas aquellas sumas que de manera habitual y
periódica el trabajador, en el último año de servicio, percibiera como contraprestación.
Que este mismo criterio fue acogido por la Corporación al interpretar el artículo 12 del
Decreto 717 de 1978, contentivo del régimen especial para los empleados de la Rama
Judicial, en la sentencia del 25 de noviembre de 2010 4.

Que, además, el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa, en
sentencia del 7 de febrero de 2013 5, explicó que las personas beneficiarias del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tienen derecho a que sea reconocida
en las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto previstas las normas anteriores
a la entrada en vigencia de la citada ley, en virtud del principio de inescindibilidad
normativa.

Que, por otra parte, la tesis adoptada por la Corte Constitucional en las Sentencias C-
258 de 2013 y SU-230 de 2015 no es aplicable a la prestación del demandado, ya que
la primera de estas providencias se refirió específicamente a las pensiones de
congresistas y altos dignatarios del Estado y la segunda se profirió con posterioridad a
la presentación de la demanda.

2 Folios 227 a 234 del c. ppal.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, radicado
2500023250002006-0750901 (0112-09).
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2010, radicado
25000232500020050371401 (1014-09).
5 Consejo de Estado, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado: 05001233100020100032301 (2117-12)

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

Que, en consecuencia, atendiendo a la jurisprudencia del Consejo de Estado, al señor
José Fabio Cardona Álvarez le asiste el derecho a que su pensión de vejez se liquide
conforme lo previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, es decir, con el 75% de
la asignación salarial más alta del último año de servicio y con inclusión de todas las
sumas devengadas por el trabajador de manera habitual y periódica como retribución
de su labor.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN6

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca está incursa en las causales a) y b) del artículo 20
de la ley en mención.

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó:

1. Infirmar la sentencia proferida el 22 de junio de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la decisión de primera instancia
emitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga el 21 de
octubre de 2015, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor José Fabio
Cardona Álvarez contra la UGPP.

2. Declarar que el señor José Fabio Cardona Álvarez no es acreedor de un
derecho adquirido.

3. Ordenar que la pensión del señor José Fabio Cardona Álvarez se liquide
conforme a las reglas previstas por los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, y las
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2015, SU-631 de 2017, SU 023 de 2018 y T-039 de 2018,
proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. De acuerdo con aquellas
providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las directrices fijadas
en el inciso 3.º del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso.
Los factores base de cotización son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158
de 1994 y demás disposiciones que expresamente consagren la condición de factor
salarial con incidencia pensional.

4. Ordenar al señor José Fabio Cardona Álvarez restituirle a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP, los dineros percibidos y recibidos en exceso por la reliquidación de la
mesada pensional con la correspondiente indexación, como consecuencia de las
ordenes impartidas en las sentencias objeto de revisión.

Como fundamento de las pretensiones, sostuvo:

Que la sentencia objeto de revisión contraría la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, los Convenios 102 y 128 de la OIT sobre la Seguridad Social, los
artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; la Ley

6
Folios 1 a 17 del c. ppal.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

100 de 1993, los Decretos 546 de 1971, 717 de 1978 y 1158 de 1994, el Acto
Legislativo 01 de 2005 y demás normas concordantes.

Que el reconocimiento efectuado en la decisión cuestionada se efectuó con violación
al debido proceso, al haberse accedido a una liquidación en contravía del interés
general y de lo dispuesto por los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.

Que la cuantía de la prestación excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
el señor José Fabio Cardona Álvarez, al estar cobijado por el régimen de transición,
tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo
de servicios y monto previstas por el Decreto 546 de 1971. No obstante, el IBL debe
atender a lo regulado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como lo
han interpretado la Corte Constitucional 7 y la Corte Suprema de Justicia 8, en
reiterados pronunciamientos, que se constituían en precedente obligatorio para los
jueces de primera y segunda instancia.

Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, pues aumenta la mesada pensional en un 19,08%, sin que exista justificación
legal ni jurisprudencial.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN9

El 13 de junio de 2022 10, el señor José Fabio Cardona Álvarez presentó la
contestación solicitando que se denieguen las pretensiones, expresando que la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010 11, sostuvo que a las pensiones de quienes hubieren quedado
cobijados por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y fueren destinatarios del régimen especial del Decreto 546 de 1971, les aplica este
último en su integridad. Así mismo, la Corte Constitucional adoptó esta tesis en
Sentencias T-631 de 2002, T-169 de 2003, T-158 de 2006, T-251 de 2007, T-180 de
2008, T-430 de 2011 y T-860 de 2012.

Que esta posición varió con las Sentencias C-258 de 2013, C-230 de 2015, SU-395
de 2017, SU-210 de 2017, SU-023 de 2018 de la Corte Constitucional y con la
sentencia de unificación emitida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018,
pues en estas providencias, se sostuvo que la situación jurídica de los beneficiarios
del régimen de transición se encuentra cobijada por el Decreto 546 de 1971
exclusivamente en lo que atañe a la edad, tiempo de servicios y la tasa de reemplazo,
empero, en cuanto al ingreso base de liquidación, las reglas aplicables son las
contenidas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los
factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994.

7 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y entre

otras.
8 Citó la sentencia SL 3276 de 2018, de 1º de agosto
9 Páginas 432 a 442 del documento obrante a índice 13 de SAMAI.
10 Es de aclararse que, en memorial del 28 de octubre de 2022, el demandado anexó capturas de pantalla en las

que se evidencia que envió el escrito contentivo de la contestación de la demanda el 13 de junio de 2022 al correo
electrónico secretariag@consejodeestado.gov.co. Pese a que este no corresponde al correo electrónico de la
Secretaría de la Sección Segunda, sino de la Secretaría General de la Corporación, teniendo en cuenta que no se
le indicó previamente al demandado el canal digital a través del cual debía actuar, la contestación se tendrá por
presentada oportunamente. En consecuencia, en razón de que no se solicitaron pruebas, se abordarán los
argumentos esbozados en dicho escrito.
11 También citó las sentencias del 11 de junio de 2020 CE-SUJ-S2-021-20; del 7 de febrero de 2013, radicado:

1723-2012 y del 21 de mayo de 2013 1208-2012, entre otras.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público no efectuó pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la sentencia proferida el
22 de junio de 2017 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al ordenar el
reconocimiento de la pensión del señor José Fabio Cardona Álvarez, cobijado por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el ingreso base de liquidación
del Decreto 546 de 1971, esto es, con el 75% de la asignación salarial más alta
devengada del último año de servicio.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 habilitó al Gobierno Nacional para
que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones 12, formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que esta acción, tal como el recurso extraordinario de revisión,
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada. Por ello, se constituye como una excepción al principio de la cosa
juzgada y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto que la acción de revisión, por expresa disposición legal, se rige por
el procedimiento establecido para el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que
al interior de la jurisdicción contenciosa administrativa ha sido considerada como una
acción especial 13 por su finalidad, las causales para su procedencia y la legitimación
para ejercerla.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «[...] a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta

12 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.
13
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en
legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]”

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales […]»14.

Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son aquellas
establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003
y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden ejercer
la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira 15 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

En ese orden, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido consistente en
establecer que resulta improcedente ventilar a través del recurso de revisión asuntos
que pretendan prolongar un debate jurídico que ya se zanjó dentro del proceso
ordinario. Al respecto por parte de la Corporación se ha precisado:

«El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto
objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice
una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido
proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una
sentencia ejecutoriada […]»16

En esas condiciones, esta acción judicial no es una tercera instancia en la que puedan
plantearse argumentos para remediar omisiones cometidas en defensa de los
intereses de la parte que terminó desfavorecida, ni la oportunidad para reabrir un
debate propio de las instancias o suplir la deficiencia probatoria.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

El apoderado judicial de la UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los
cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables .».

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.

14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
16 Criterio plasmado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P.: Bertha

Lucía Ramírez de Páez, Expediente: 2013-02110.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del
tesoro público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que
la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las
actuaciones que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos,
con el propósito de lograr la aplicación correcta de la justicia.

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado 17 como la Corte Constitucional 18 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho
fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos
tres element os:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las
normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho
a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem».

Acerca de la segunda causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la mencionada
ley, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una cuantía excesiva,
es preciso señalar que la exposición de motivos del proyecto que direccionó la
expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para
todos los ciudadanos […]»19.

De igual manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno
Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de
establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por
montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba en reducir el déficit fiscal,
hacer factible en términos económicos el sistema pensional e introducir la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia de las
causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para la cual
fue creada.

Régimen pensional contenido en el Decreto 546 de 1971

El Decreto 546 del 27 de marzo de 1971 20 previó, en el artículo 6, los requisitos para
hacerse acreedor a la pensión de jubilación en los siguientes términos:

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
18 Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
19 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
20 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la

Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares.»

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres,
y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a
la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la
Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más
elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades
citadas.»

Por su parte, el artículo 12 del Decreto Ley 717 del 20 de abril de 1978 21, modificado
por el artículo 4 del Decreto 911 del 17 de mayo de 1978 22, dispuso:

«De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por
la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que
habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por
sus servicios.
Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en
desarrollo de comisiones de servicio».

A partir de lo anterior, la noción de salario se extendió a todos aquellos emolumentos
que se recibieran como remuneración del servicio, y que adquiere efectos pensionales
cuando el legislador lo incluye como parte de la base de liquidación del derecho
prestacional.

Sobre el particular, las Subsecciones A y B, de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante las sentencias del 24 de julio de 2003 23, del 28 de octubre de 2004 24,
3 de marzo de 2005 25, 1 de septiembre de 2005 26, 2 de marzo de 2006 27, 4 de marzo
de 201028, 6 de julio de 2011 29 y 27 de octubre de 2011 30, sostuvieron una posición
unánime respecto de quienes tuvieren derecho a pensionarse bajo los presupuestos
descritos en el Decreto 546 de 1971, según la cual el monto de las pensiones de
aquellos comprende la asignación mensual más elevada que hubieren devengado en
el último año de servicios, en un valor equivalente al 75% de todos los factores
percibidos durante dicho lapso. Específicamente, en la última de las providencias
mencionadas, precisó lo siguiente:

21 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados

de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos
cargos, y se dictan otras disposiciones.»
22 «Por el cual se modifican los Decretos-leyes 717 y 718 de 1978, sobre régimen de nomenclatura, clasificación y

remuneración de empleos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.»
23 Subsección B. Radicación: 25000-23-25-000-1999-6920-01 (3990-01). Actor: Eduardo Guzmán Sánchez.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
24 Subsección B. Radicación: 76001-23-31-000-2001-05461-01 (5884-03). Actor: Manuel Antonio Vélez Peña.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
25 Subsección B. Radicación: 25000-23-25-000-1998-02814-01 (1327-03). Actor: Ana Rubiela García de García.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
26 Subsección B. Radicación: 66001-23-31-000-2002-00328-01 (1244-04). Actor: Antonio José López Ospina.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
27 Subsección A, Radicación: 68001-23-15-000-2003-02355-01(9556-05). Actor: Luis Manuel López López.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social.
28 Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2005-10472-01 (1054-07). Actor: German Bolaños Correa.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
29 Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2008-00977-01 (1494-10). Actor: Rubén Darío Forero Beltrán.

Demandado: Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
30 Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2007-00849-01 (0145-09). Actor: Stella Baez Hernández.

Demandado: Instituto de Seguros Sociales – ISS.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

«[…] La especialidad del régimen se traduce en que la pensión se liquida con el 75%
de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios,
siempre y cuando el funcionario cumpla por lo menos diez (10) años de servicio en
las citadas entidades, aspecto que en este proceso no se discute.

En reiterados pronunciamientos la Sala ha expresado que el concepto asignación o
salario para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial a quienes los cobijan
las previsiones del Decreto Ley 546 de 1971, lo constituyen los factores consignados
en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en los términos precisados por el juzgador
de primera instancia.

El mencionado decreto señala algunos factores de salario, no obstante, debe tenerse
en cuenta que también consagra una regla general: además de la asignación
mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las
sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o empleado como
retribución de sus servicios. […]»31.

Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un
conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados
a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y
servicios complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el
futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en
condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art.
1).

En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».

De lo transcrito, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad o
tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.

31Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2007-00849-01 (0145-09). Actor: Stella Baez Hernández.
Demandado: Instituto de Seguros Sociales - ISS

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

Interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la sentencia
de unificación CE-SUJ-S2-021-20, del 11 de junio de 2020, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado

Mediante la Sentencia de Unificación CE-SUJ-S2-021-20, de 11 de junio de 2020 32, la
Sala de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en interés de unificar su
jurisprudencia respecto de los criterios interpretativos del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a la aplicación del régimen especial de los servidores y exservidores
de la Rama Judicial y del Ministerio Público, cobijados bajo el Decreto 546 de 1971,
estableció las siguientes reglas:

«El servidor o ex servidor de la Rama Judicial o del Ministerio Público beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
adquiere el derecho a la pensión, siempre que:

i) Para el 1.o de abril de 1994, cuando cobró vigencia la Ley 100 de 1993
en el ámbito nacional o para el 30 de junio de 1995 cuando empezó a
regir en el ámbito territorial, tenga: a) 40 años de edad si hombre, 35 años
de edad si es mujer o; b) 15 años o más de servicios efectivamente
cotizados.

ii) Reúna además los requerimientos propios del régimen de la Rama
Judicial y del Ministerio Público estipulados en el artículo 6.o del Decreto
546 de 1971 para consolidar el estatus pensional que son: a) el
cumplimiento la edad de 50 años si es mujer o 55 años si es hombre; b)
el tiempo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos anteriores o
posteriores a la vigencia de dicho decreto, que tuvo lugar el 16 de julio de
1971;296 c) de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades.
En cuyo caso, el reconocimiento de su pensión se efectuará de la
siguiente manera:
iii) Con los elementos del régimen anterior consagrados en el artículo 6.o
del Decreto 546 de 1971 que son: a) la edad de 50 años si es mujer o de
55 años si es hombre; b) el tiempo de servicios de 20 años, continuos
o discontinuos anteriores o posteriores a la vigencia de dicho decreto; c)
de esos 20 años de servicio, por lo menos 10 años lo hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público, o a
ambas actividades; d) la tasa de reemplazo del 75%; e) el ingreso
básico de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36, inciso 3.°, de
la Ley 100 de 1993, según el caso; es decir, si le faltare más de 10 años,
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, y si
le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será: (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en IPC
certificado por el DANE; y f) con los factores de liquidación
contemplados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 al igual que
por los artículos 14 de la Ley 4a. de 1992 con la modificación de la Ley
332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del Decreto 1102 de 2012;
1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de 2008; y 1.° del
Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o empleados de la
Rama Judicial o del Ministerio Público».

32
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de unificación de 11 de junio de
2020; radicado 15001 23 33 000 2016 00630 01 (4083-2017).

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

Ahora, en razón de que la jurisprudencia que profiere esta corporación, según la
Constitución Política33, la ley y la Corte Constitucional 34, tiene fuerza vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone tiene características de permanencia, identidad y obligatoriedad. En virtud de
ello, la Sala de la Sección Segunda estableció como efectos de la mentada decisión,
los siguientes:

«Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección
Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la
ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin
perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250
del CPACA.» (Resalta la Sala).

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la sentencia
de unificación del 11 de junio de 2020 se aplican a todos los casos pendientes de
solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. En consecuencia, solo se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

Análisis del caso concreto

De la causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio,
ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la ley. Esta
cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Por lo tanto, únicamente es necesario verificar lo relativo al literal b),
causal que pasa a estudiarse.

De la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

En el presente asunto, no es objeto de controversia que el señor José Fabio Cardona
Álvarez es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En efecto, nació el 30 de marzo de 195335 y, según las certificaciones
de servicios aportadas al expediente, laboró para la Rama Judicial entre el 16 de enero
de 1979 y el 16 de enero de 2001 36. De ahí que, para efectos de reconocer y liquidar
la pensión le son aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971,

33
Constitución Política, Articulo 237, ordinal 1.
34
C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.
35 Según la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 75 del cuaderno principal.
36 De acuerdo con la certificación emitida por el Juzgado Primero Municipal de Buga, obrante a folio 77 del cuaderno

principal.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

en virtud del cual habría adquirido el estatus pensional el 30 de marzo de 2009, cuando
cumplió los 30 años de servicio.

La UGPP, en la demanda, discute la forma en la que la decisión objeto de revisión
ordenó que se calculara el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida al
señor José Fabio Cardona Álvarez. En su criterio, debe darse aplicación a lo previsto
por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con las reglas definidas
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así las cosas, el análisis se centrará
en tal argumento.

Sobre el ingreso base de liquidación, es de anotarse que para el momento en el que
se produjo la decisión que se revisa, estaba vigente la tesis contenida en la sentencia
del 4 de agosto de 2010 37 proferida por esta corporación, la cual admitía que el IBL de
las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
era el previsto por las leyes anteriores. Además, que se debían incluir todas aquellas
sumas que el servidor percibía de manera habitual y periódica como contraprestación
del servicio, independientemente de su denominación.

Ciertamente, el juez de instancia dio aplicación al criterio desarrollado por el Consejo
de Estado para la época. Para el efecto citó la aludida sentencia del 4 de agosto de
2010 y la sentencia del 7 de febrero de 2013 38, con base en las cuales es razonable
inferir que por estar cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
implicaba que se atendieran las normas especiales anteriores con sustento en el
principio de favorabilidad, que en el caso eran los Decretos 546 de 1971 y 717 de
1978.

En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como
desconocida39, a continuación, se analizará su contenido de cara con el asunto bajo
estudio.

En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se estudiaron los
siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este asunto: i)
constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 40 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el
artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales excede
la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas de
quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas
a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política
social que, en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar
especial protección al trabajo.

Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base

37 Sección Segunda, radicado: 0112-09.
38 Consejo de Estado, sentencia del 7 de febrero de 2013, radicado: 05001233100020100032301 (2117-12)
39 Corte Constitucional, sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017.
40 Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la ley

100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta
fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y
de un (1) año para los servidores públicos.».

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos,
tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad
que contraría el artículo 13 de la Constitución.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el problema jurídico que analizado en aquella
oportunidad no guarda identidad con el de este caso, por lo que no es posible sostener
que aquel es un precedente que debió atenderse y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.

En cuanto a la aplicación de la Sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima
importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1.° de abril de 1994, no se encontraren
afiliados al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efecti vamente
recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las
correspondientes cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36
inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los
veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1.° de julio de
2013. Este régimen difiere del que rige el derecho pensional del aquí demandado,
quien no es beneficiario de dicha normativa especial.

Es de aclararse que esta postura era la imperante para el momento en que se produjo
la sentencia cuestionada, sin embargo, el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, acogió el entendimiento de la Sentencia C-258
de 2013 para todos los regímenes que estuvieran amparados por la transición de la
Ley 100 de 1993.

Respecto de los factores que se ordenó tener en cuenta en la liquidación de la pensión
del demandado, se advierte que el Tribunal consideró posible la inclusión de todas las
sumas que habitual y periódicamente recibió como contraprestación directa por sus
servicios. Esta postura guarda armonía con la interpretación asumida en la sentencia
del 4 de agosto de 2010.

En suma, en el presente asunto se demostró que el señor José Fabio Cardona Álvarez
es beneficiario del régimen de transición y, por ende, le son aplicables las
disposiciones contenidas en el Decreto 546 de 1971. La pensión fue liquidada con la
asignación mensual más elevada recibida durante el último año de servicio con una
tasa de reemplazo del 75%, en cumplimiento de los Decretos 546 de 1971 y 717 de
1978 que consagran el régimen especial de los empleados de la Rama Judicial.

Así las cosas, es razonable concluir que la tesis que aplicó el juez de instancia se
alineó con la asumida por el Consejo de Estado, tanto para el régimen general, en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, como en el caso particular de la Rama Judicial en
las sentencias del 24 de julio de 2003 41, del 28 de octubre de 2004 42, 3 de marzo de

41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación: 25000-23-25-000-1999-6920-01 (3990-01).

Actor: Eduardo Guzmán Sánchez.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicación: 76001-23-31-000-2001-05461-01 (5884-03).

Actor: Manuel Antonio Vélez Peña.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

200543, 1 de septiembre de 2005 44, 2 de marzo de 2006 45, 4 de marzo de 2010 46, 6 de
julio de 2011 47 y 27 de octubre de 2011 48, según las cuales el ingreso base de
liquidación también hacía parte del régimen de transición y se debían atender la
totalidad de los factores que de manera habitual y periódica devengó el trabajador
como retribución por sus servicios.

De otra parte, la demandante indicó que la sentencia objetada contraría la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los Convenios 102 de 1952 y 128 de 1967, sin
embargo, no precisó qué disposiciones contenidas en dichos instrumentos
internacionales considera vulneradas y por qué razón. De cualquier manera, es de
anotarse que, si bien los Convenios en comento y la Declaración de Derechos
Humanos, en su artículo 2249; hacen referencia al derecho a la seguridad social, lo
cierto es que ninguno de ellos contiene obligaciones concretas para el Estado
colombiano en cuanto a la liquidación de las prestaciones por vejez.

Finalmente, es importante advertir que, si bien la Sección Segunda del Consejo de
Estado modificó su posición frente al IBL de los empleados de la Rama Judicial, en la
sentencia de unificación del 11 de junio de 2020 y se alineó con la definida por la Sala
Plena en la sentencia del 28 de agosto de 2018, también es cierto que en dicha
providencia se delimitó su alcance para señalar que «[…] no tiene efectos respecto de
aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia resultan
inmodificables. […]». Igualmente, la sentencia del 28 de agosto sostuvo que «No puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que
han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis
que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó a un criterio
plausible para la época.

De acuerdo con lo expuesto, no se demostró la vulneración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, los Convenios 102 y 128 de la OIT
sobre la Seguridad Social, los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la
Constitución Política; la Ley 100 de 1993, los Decretos 546 de 1971, 1158 de 1994, y
el Acto Legislativo 01 de 2005, citados como desconocidos por la UGPP en el escrito
contentivo de la acción especial de revisión.

En definitiva, no se configura la causal de revisión previstas en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar reliquidar la pensión del señor José Fabio
Cardona Álvarez atendiendo el ingreso base de liquidación de los Decretos 546 de
1971 y 717 de 1978, esto es, en cuantía equivalente al 75% con la asignación mensual

43 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación: 25000-23-25-000-1998-02814-01 (1327-03).

Actor: Ana Rubiela García de García.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación: 66001-23-31-000-2002-00328-01 (1244-04).

Actor: Antonio José López Ospina.
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 68001-23-15-000-2003-02355-01(9556-05).

Actor: Luis Manuel López López.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2005-10472-01 (1054-07).

Actor: German Bolaños Correa.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2008-00977-01 (1494-10).

Actor: Rubén Darío Forero Beltrán.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicación: 25000-23-25-000-2007-00849-01 (0145-09).

Actor: Stella Báez Hernández.
49 «Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social […]».

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

más elevada recibida durante el último año de servicios, incluyendo todos los factores
devengados por el trabajador.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual, en toda sentencia, el
juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que estas
se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de
manera temeraria, malintencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con
la adición efectuada por el artículo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección A de
esta Sección, aclara que adoptará la postura en virtud de la cual, se deberá analizar la
conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa que la demanda de revisión ni carece de fundamentación
legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, ambas partes, en sus escritos,
expusieron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia,
no se impondrá condena en costas a la parte vencida.

Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio
y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe
ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Sin condena en
costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justic ia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP,
contra el señor José Fabio Cardona Álvarez, por las causales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el 22 de junio de 2017.

Segundo: Sin condena en costas.

Radicado: 11001032500020190093100 (6580-2019)

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al juzgado de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUITÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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