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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00932-00

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00932-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 27 de octubre de 2014, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 47001 33 33 004 2013 00050 01, que confirmó la sentencia de 1 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Santa Marta que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. 21Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 835 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2019-00932-00 (6581-2019) Demandante: UGPP TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00932-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (05) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00932-00 (6581-2019) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Rafael Emilio Bermúdez Viloria como beneficiario de
Margarita Guerrero Illidge
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de 27 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado 47001 33 33 004 2013 00050 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. La señora Margarita Guerrero Illidge, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo
18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf. página 43-
57.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00932-00 (6581-2019)
Demandante: UGPP

Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes
declaraciones y condenas:

• La nulidad de las resoluciones RDP 07377 del 10 de agosto de 2012 y
RDP 12537 del 22 de octubre de 2012, proferidas por la UGPP a través
de las cuales se negó la solicitud de reliquidación pensional de la señora
Margarita Guerrero Illidge y el recurso que confirmó aquella decisión.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la
UGPP a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de
1985; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del
promedio de los factores devengados durante el último año de servicios,
esto es, además de los ya reconocidos en los actos enjuiciados, prima de
navidad, prima de antigüedad, prima semestral y prima de vacaciones; (iii)
el reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales
dejadas de percibir con la indexación correspondiente y iv) condenar a la
entidad demandada al pago de intereses moratorios, a partir de la
ejecutoria de la sentencia conforme al artículo 177 del CCA; v) se condene
en costas a la UGPP.

3. Como fundamentos fácticos de la demanda, se relató que la señora Margarita
Guerrero Illidge prestó sus servicios al Estado durante más de 20 años, en la
Seccional de Salud de Magdalena, comprendidos entre septiembre de 1972 y el
30 de noviembre de 1998.

4. La Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E en liquidación,
mediante Resolución 18942 de 6 de septiembre de 2000 reconoció y ordenó el
pago de una pensión vitalicia de jubilación conforme a la Ley 100 de 1993, en el
monto de $342.121, con efectos fiscales a partir del 8 de agosto de 1999.
5. Inconforme con la liquidación de su derecho pensional, solicitó la reliquidación
con la inclusión de todos los factores salariales e indexación de la primera
mesada. A través de la resolución RDP 07377 del 10 de agosto de 2012, se negó
lo pedido, acto confirmado con la resolución RDP 12537 de 22 de octubre de
2012, que resolvió el recurso de apelación.

8. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron que su pensión debió liquidarse con el 75% de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, de conformidad con lo
dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que cumple con los requisitos del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.

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Demandante: UGPP

2.1.2. Sentencia objeto de revisión.3

6. El Tribunal Administrativo del Magdalena con sentencia del 27 de octubre de
2014, confirmó la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Santa Marta el 1.° de abril de 2014, que accedió a las
pretensiones, con los siguientes argumentos:

7. De conformidad con el acervo probatorio, la señora Margarita Guerrero Illidge,
al momento de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994-,
tenía más de 35 años de edad y más de 20 años de servicio, por lo que es
beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la citada
ley. En ese sentido, el IBL de su pensión debió liquidarse de acuerdo con lo
estipulado en la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de 1985, es decir,
teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que fueron devengados
durante su último año de servicio. Lo anterior, en atención a la posición fijada por
el Consejo de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010.

8. Precisó que, durante el año anterior al retiro de la señora Margarita Guerrero
Illidge, devengó además de la asignación básica: prima semestral, prima de
vacaciones, prima de navidad y prima de antigüedad, por lo que confirmó la
sentencia de primera instancia que ordenó la reliquidación pretendida, con la
inclusión de tales emolumentos y condenó en costas a la entidad recurrente.

2.1.3. La acción especial de revisión4

9. La UGPP, invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

3 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo
18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf. página 292-
307.
4 Índice 17 de la plataforma SAMAI. Archivo 20Anexo notificación del
20_AUTOSINTERLOCUTORIOSDESALA.pdf.
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Demandante: UGPP

10. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 27 de octubre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Margarita Guerrero Illidge contra la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP, radicado 47001 33 33 004 2013 00050 01 que confirmó
el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Santa Marta del 1.° de abril de 2014.

ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de la señora Margarita
Guerrero Illidge, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la
Corte Constitucional y de la normativa legal dispuesta en la ley 100 de 1993.

iii) Ordenar al señor Rafael Emilio Bermúdez Viloria como beneficiario de Margarita
Guerrero Illidge, a reintegrar al recurrente, los valores cancelados, por concepto de
reliquidación de su pensión de vejez de las sentencias aquí enjuiciadas que excedan
el tope legal de la mesada pensional.

11. Para fundamentar las causales de revisión, la UGPP sostuvo que la señora
Margarita Guerrero Illidge no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada,
toda vez que la pensionada en vida, fue beneficiaria del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe
liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los factores de cotización
establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

12. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018 y la sentencia de 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado.

2.1.8. Contestación

13. El señor Rafael Emilio Bermúdez Viloria como beneficiario de la causante
Margarita Guerrero Illidge fue notificado personalmente de la admisión de la
acción especial de revisión el 2 de marzo de 2021, como se advierte en el índice
6 del expediente digital disponible en Samai. Fundamentó su oposición al recurso
bajo los siguientes presupuestos:

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Demandante: UGPP

14. Que, la UGPP no cumple con los requisitos procesales exigidos por el artículo
252 del C.P.A.C.A., sobre invocar con precisión y claridad la causal de revisión
configurada, acompañada de la debida sustentación fáctica y probatoria.
Asimismo, indicó que la entidad pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia para cuestionar la valoración probatoria y la interpretación
jurídica realizada por los jueces de instancia, cuando el recurso extraordinario de
revisión únicamente procede para anular sentencias que presenten vicios
específicos al momento de su expedición, no para revocarlas o reinterpretarlas.

15. Finalmente expresó que las sentencias emitidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta y del Tribunal Administrativo del
Magdalena se ajustaron a la normativa y jurisprudencia aplicable al momento de
su expedición, con la debida motivación y análisis probatorio, por lo que no existe
transgresión al debido proceso ni exceso en el reconocimiento pensional.

2.1.9 El agente del Ministerio Público adscrito a esta dependencia, no rindió
concepto al caso objeto de estudio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 27 de octubre de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, que confirmó la sentencia del 1 de abril
de 2014 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito del
Magdalena dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por Margarita Guerrero Illidge contra la UGPP.

3.2. Oportunidad

17. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20035, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

5 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
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«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

18. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

19. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 27
de octubre de 2014 por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena,
ejecutoriada el 9 de marzo de 2015, y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 28 de noviembre de 20196, es decir, en termino
para impetrar la acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

20. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 27 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, incurrió en la causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al
condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Margarita
Guerrero Illidge con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio, siendo estos además de la asignación básica, la prima
semestral, prima de vacaciones, prima de navidad y prima de antigüedad.

21. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
6 Índice 1 de la plataforma SAMAI.
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3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

22. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA7 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada8, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

23. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.

24. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario».9

7 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince

(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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Demandante: UGPP

3.5. Análisis de la Sala

25. Las causales alegadas por parte de la UGPP son las contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».

26. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.

27. Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.

28. Según la citada norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes garantías10:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.

10 Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen reparos distintos en los que

se sustente una manifiesta vulneración al debido proceso.
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Demandante: UGPP

29. La entidad demandada centra el argumento frente a esta causal en que, en
su parecer no se atendieron los artículos 21 y 36 la Ley 100 de 1993 respecto al
IBL y factores a incluir.

30. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la UGPP para
fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se
refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.

31. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo del
Magdalena en relación con la aplicación del régimen de transición contenido en
la Ley 100 de 1993, asunto que no se acompasa con la violación al debido
proceso. En ese sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo
la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5.2. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

32. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente11 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 12 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones13,
en especial, el principio de solidaridad14 y equilibrio financiero.

Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
12 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
13 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
14 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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Demandante: UGPP

36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.

37. Bajo ese entendido, esta Corporación 15 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»16.

33. Frente a esta causal la apoderada de la UGPP estimó que no debió ordenarse
la liquidación de la pensión de la señora Margarita Guerrero Illidge toda vez que
al ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 debe acatarse lo dispuesto en el inciso 3. ° idem y los factores
de cotización establecidos taxativamente en los Decretos 1158 de 1994 y en
acatamiento de las sentencias de la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, Auto 229 de
2017, SU-210 de 2017, SU 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.

34. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

35. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 29.62% en el monto en que se reconoció la pensión de
la señora Margarita Guerrero Illidge respecto del que debió liquidarse, así como
la proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden
judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.

15 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala

Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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Demandante: UGPP

36. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

3.5.2.2. Caso concreto

37. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:

38. En este caso no se discute que a la señora Margarita Guerrero Illidge le sea
aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la
UGPP en la solicitud de revisión y la providencia judicial cuestionada.

39. Revisado el expediente se observa que nació el 8 de agosto de 1944 como
lo indica la copia de la cédula de ciudadanía.17

40. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró para el Servicio Seccional
de salud del Magdalena, desde el 13 de septiembre de 1972 hasta el 30 de
noviembre de 1998.18

41. De lo anterior se concluye que el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, la señora Margarita Guerrero Illidge, tenía 20
años de servicio y 50 años de edad.

42. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional de la Ley 33 de
1985, esto es con el 75% del promedio de los factores devengados durante el
último año de servicios -diciembre de 1997 a noviembre de 1998-, en los términos
de la citada ley, consistentes en: la asignación básica, la prima semestral, prima
de vacaciones; prima de antigüedad y prima de navidad, con la salvedad que
aquellos reconocidos y cancelados por periodos anuales, se integraban en forma
proporcional, es decir, en sus doceavas partes.

17 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo
18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf, página 41.
18 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo
18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf, página 26.
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43. Tales factores fueron efectivamente devengados por la pensionada durante
ese periodo, tal como se advierte al verificar la certificación expedida por el
director del Servicio Seccional de Salud del Magdalena de 21 de junio de 1999.19

44. A su vez, observa la Sala que los factores salariales cuya inclusión se ordenó
en la sentencia revisada, se encuentran señalados en el Decreto 1045 de 1978,
esto es, la asignación básica, la prima semestral, prima de vacaciones; prima de
antigüedad y prima de navidad.

45. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto
de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual
se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1°
de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de
determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente,
cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos
debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y
jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la
conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión coincide con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación».

19 Índice 15 de la plataforma SAMAI. Archivo
18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES.pdf, página 27-
30.
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46. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

47. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».

48. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.».

49. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

50. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 27 de
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octubre de 2014, lo cierto es, que no se puede entender que el reconocimiento
se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

51. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.20

52. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 395 de 2017 y SU - 631 de 2017, se advierte que, la decisión
que se revisa, proferida el 27 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, si bien, expresó las razones que lo llevaron a no aplicar las
prerrogativas de la providencia C- 258 de 2013, lo cierto es que, justificó su
decisión acogiendo el precedente de esta Corporación establecido el 4 de agosto
de 2010 y reiterado en sentencia de 25 de febrero de 2016 dictada en el proceso
4683-2013.

53. Cabe señalar que si bien para entonces, en la sentencia C- 258 del 7 de mayo
de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reunía la pensionada.

54. Tal como lo señaló esta Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01

55. Finalmente, advierte la Sala que, si bien la UGPP manifestó que para calcular
el IBL del pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en
el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha desarrollado sobre el tema; lo cierto es que no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular.

56. A pesar de lo anterior, es necesario precisar que los factores salariales cuya

20 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)
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inclusión se ordenó en la sentencia revisada, se encuentran señalados en el
Decreto 1045 de 1978 y la Ley 62 de 1985.

57. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, razón por la cual se declarará infundada la acción especial de
revisión interpuesta por UGPP.

3.6. Condena en costas

58. Dado que esta Sección21 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 27 de octubre de 2014, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 47001 33 33 004 2013 00050 01, que
confirmó la sentencia de 1 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Santa Marta que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

21Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00932-00 (6581-2019)
Demandante: UGPP

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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