Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00939-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00939-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00939-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Sociales 1
Demandado: Migdalia Esperanza Coral de Goyes
Temas: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de la pensión con el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Beneficiaria de
la Ley 33 de 1985
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia del
7 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, por medio de la cual se
confirmó la decisión del 15 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado 17
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Migdalia Esperanza Coral de Goyes2.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, la Ugpp solicitó que se infirmara la sentencia del 7 de noviembre de 2014
1
En adelante Ugpp
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001333101720120017901; actor:
Migdalia Esperanza Coral de Goyes, demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, por medio de la cual se confirmó la decisión
del 15 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado 17 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que ordenó la reliquidación de la prestación de la demandada
a partir del 1 de marzo de 2009, en cuantía equivalente al 75% de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 29
de febrero de 2008 y el 28 de febrero de 2009, además de los ya reconocidos:
asignación básica, horas extras, bonificación por servicios prestados y prima de
antigüedad, los de: auxilio de alimentación, las doceavas partes de las primas de
servicios, navidad y vacaciones.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó la revocatoria de las sentencias
enjuiciadas y, en su lugar, ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional
de Migdalia Esperanza Coral de Goyes de conformidad con las reglas de
interpretación previstas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326
de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017,
SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018 de la Corte Constitucional, esto
es, con el ingreso base de liquidación previsto en al artículo 21 o en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización
taxativamente determinados en el Decreto 1158 de 1994.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Migdalia Esperanza Coral de Goyes nació el 30 de enero de 1953 y prestó sus
servicios en la Registraduría Nacional desde el 2 de abril de 1973 hasta el 28 de
febrero de 2009. Desempeñó como último cargo el de técnico administrativo 4065-
03 de la planta global de la sede central.
3.2. Por medio de la Resolución 1192 del 23 de febrero de 2009, se le aceptó la
renuncia al cargo de técnico administrativo 4065-03 a partir del 1° de marzo de 2009.
3.3. Mediante la Resolución 7117 del 9 de febrero de 2009, Cajanal le reconoció una
pensión de vejez en cuantía de $1.159.840 a partir del 30 de enero de 2008.
3.4. A través de la Resolución 15240 del 14 de abril de 2010 se revocó en todas y
cada una de sus partes la anterior resolución y se le liquidó la pensión con el 78.89%
del salario promedio devengado entre el 1° de marzo de 1999 y el 28 de febrero de
2009 en cuantía de $1.263.772 a partir del 1° de marzo de 2009.
3.5. El 1° de octubre de 2010 solicitó la reliquidación de la pensión, toda vez que
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
Cajanal tomó para el cálculo de la mesada los 10 años anteriores al retiro definitivo
del servicio y no incluyó todos los factores salariales devengados. Cajanal guardó
silencio por más de 3 meses, razón por la cual el 27 de enero de 2011 interpuso
recurso de reposición contra el acto presunto derivado del silencio administrativo
negativo, el cual fue resuelto mediante la Resolución UGM-006144 del 31 de agosto
de 2011, que negó lo solicitado.
3.6. Inconforme con la anterior decisión, Migdalia Esperanza Coral de Goyes
presentó demanda3 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en contra
de Cajanal, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto producto del
silencio administrativo negativo de la petición del 1° de octubre de 2010 y la
Resolución UMG-006144 del 31 de agosto de 2011, que negaron la reliquidación de
la pensión de vejez. En consecuencia, solicitó que se ordenara la reliquidación de
su pensión de conformidad con un monto equivalente al 75% del promedio salarial
percibido con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de
servicio. Este asunto le correspondió al Juzgado 17 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que por medio de la sentencia del 31 de julio de 2012 accedió a
las pretensiones de la demanda y ordenó lo siguiente:
«PRIMERO. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por la entidad
demandada en la contestación de la demanda.
SEGUNDO. CONFIGÚRESE el silencio administrativo Negativo con relación a la petición
de la reliquidación de la pensión de vejez presentada ante la entidad accionada el 01 de
octubre de 2010.
TERCERO. DECLÁRASE NULO el acto ficto o presunto derivado de la ocurrencia del
silencio administrativo negativo de la petición de la reliquidación de la pensión de vejez
presentada ante la entidad accionada el 01 de octubre de 2010, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
CUARTO. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. UGM-006144 del 31 de agosto
de 2011, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de vejez de la actora
por inclusión de todos factores salariales devengados en el último año de servicios.
QUINTO. ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL
E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN a RELIQUIDAR las mesadas pensiónales de la demandante
a partir del 1° de marzo de 2009, tomando como base de la mesada el valor que resulte
de aplicar la cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios, comprendido entre el 29 de febrero de 2008 y el 28
de febrero de 2009, los ya reconocidos y la prima de servicios, la doceava parte de la
prima de vacaciones, prima de alimentación, la doceava parte de la prima de navidad y
la prima de elecciones, reajuste conforme al Decreto 603 de 1977, y como consecuencia
de la reliquidación CONDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -
3
El 11 de mayo de 2012
3
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN a pagar a favor de la señora MIGDALIA
ESPERANZA CORAL DE GOYES, las diferencias que resulten a partir del día 01 de
marzo de 2009, en los términos previstos en la parte considerativa de esta providencia.
SEXTO. ORDENAR que sobre los factores respecto de los cuales no se hayan realizado
los descuentos se hagan las deducciones de ley para seguridad social (…)» (sic).
3.7. Cajanal interpuso recurso de apelación en contra de la decisión anterior, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en sentencia del 7 de noviembre de 2014 por la cual confirmó el fallo,
pero lo modificó en los siguientes términos:
«CONFIRMASE, la sentencia de fecha Quince (15) de Marzo de dos mil trece (2013),
proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo del Circuito de Bogotá, que
accedió a las súplicas de la demanda, impetrada por la señora MIGDALIA ESPERANZA
CORAL DE GOYES, identificada con la C.C. No. 30.704.545 expedida en Pasto, en
contra de la Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal Liquidada hoy, Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP. MODIFÍQUESE el numeral 5°, de la citada sentencia el cual
quedará así:
QUINTO. ORDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL LIQUIDADA HOY,
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP, a
RELIQUIDAR las mesadas pensionales de la demandante a partir del 1° de marzo de
2009, tomando como base de la mesada el valor que resulte de aplicar la cuantía
equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicios, comprendido entre el 29 de febrero de 2008 y el 28 de febrero de 2009,
además de los ya reconocidos: Asignación básica, horas extras, bonificación por
servicios prestados y prima de antigüedad, los de: Auxilio de alimentación, las doceavas
partes de las primas de servicios, navidad y vacaciones, reajuste conforme a las Leyes
33 y 62 de 1985, y como consecuencia de la reliquidación, CONDENAR a la entidad
accionada a pagar a favor de la señora MIGDALIA ESPERANZA CORAL DE GOYES,
las diferencias que resulten a partir del día 01 de marzo de 2009, en los términos
previstos en la parte considerativa de esta providencia» (sic)
3.8. El anterior fallo quedó ejecutoriado el 26 de noviembre de 2014.
3.9. En cumplimiento de lo resuelto en el proceso judicial, la Ugpp reliquidó la pensión
de vejez de Migdalia Esperanza Coral de Goyes, en cumplimiento del fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección F, a
partir del 01 de marzo de 2009. Y a través de la Resolución RDP 23324 del 21 de
junio de 2018 la mencionada entidad resolvió un recurso de reposición en el sentido
de confirmar la decisión inicial.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
confirmó la decisión del 7 de noviembre de 2014 dictada por el Juzgado 17
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación de la pensión con el 75% del
promedio salarial percibido con la inclusión de todos los factores devengados en el
último año de servicio. Asimismo, modificó la sentencia para excluir de la
reliquidación la prima de elección que percibió la demandante.
4.1. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos4:
4.2. La demandante era beneficiaria del régimen de transición [artículo 36, Ley 100
de 1993] pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 tenía más de 35 años,
pues nació el 30 de enero de 1953, y contaba con más de 15 años de servicio, por
lo tanto, le era aplicable la Ley 33 de 1985 en su integridad al cumplir 55 años de
edad y 20 años de servicio. Con fundamento en lo anterior, se le debió liquidar la
pensión sobre el 75% de lo devengado en el último año de servicio [desde el 29 de
febrero de 2008 hasta el 28 de febrero de 2009] con la inclusión de todos los factores
salariales que percibió, que según el certificado allegado por la Registraduría fueron:
asignación básica, primas de antigüedad, de servicios, de navidad, de elecciones y
de vacaciones, auxilio de alimentación, horas extras y, bonificación por servicios
prestados.
4.3. Ello, debido a que los factores a tener en cuenta no son los taxativamente
enunciados en las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985 pues, de conformidad con la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de
Estado5, los relacionados en las citadas disposiciones son meramente enunciativos,
y al momento de determinar el IBL pensional de los empleados oficiales se deben
tener en cuenta todos aquellos que constituyen salario, es decir, aquellas sumas
que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación
directa por sus servicios.
4.4. Po lo que era procedente ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de
la actora, de acuerdo con las Leyes 33 y 62 de 1985, esto es, en cuantía del 75%
del promedio de salarios en el último año de servicio certificado, con la inclusión
además de los ya reconocidos: asignación básica, horas extras, bonificación por
servicios prestados y prima de antigüedad, los de: auxilio de alimentación, las
doceavas partes de las primas de servicios, navidad y vacaciones.
4 Índice 56 de Samia, link
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-33-
31-017-2012-00179-001100133, índice 59 Samai de Juzgados, expediente digital, archivo
10ED_11001333501720120017(.pdf) NroActua 59, página 198 a 228
5
Radicado25000232500020060750901(0112-2009), C.P. Víctor Hernando Ardila
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
4.5. Sin embargo, en relación con la prima de elecciones devengada por la
demandante e incluida por el a quo en la reliquidación pensional, el Consejo de
Estado6 indicó que «la remuneración electoral no constituye factor salarial para ningún
efecto legal, inclusive para la liquidación pensional» según lo previsto en el artículo 12
del Decreto 90 de 19947, por lo que no era procedente su inclusión en la
reliquidación ordenada.
1.2. Las causales de revisión invocadas
5. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos:
6. Causalprevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
reconocimiento se obtuvo con violación del debido proceso.
6.1. La reliquidación de la pensión de vejez en los términos expuestos no
corresponde ni se ajusta a derecho, ya que lo procedente era interpretar
correctamente las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100
de 1993, referidos al cálculo del IBL. Asimismo, los factores salariales tenidos en
cuenta al momento de liquidar la prestación no corresponden a los establecidos en
el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994. Lo anterior, transgrede los principios
constitucionales contenidos en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123, y 124 de la
Constitución Política, en tanto, el juzgador concedió unos derechos pensionales con
pleno desconocimiento de las leyes aplicables, lo que constituye una violación
flagrante del Estado Social de Derecho, sobrepone el interés particular sobre el
general y genera unos pagos pensionales con detrimento del erario y de los demás
pensionados.
6.2. La situación anterior vulneró las formas propias de cada juicio, pilar del debido
proceso, «en la medida en que la observancia de las reglas de este imperativo
constitucional pretende aplicar el derecho sustancial, desconocido con la decisión
judicial recurrida».
7. Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cuantía del
derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley.
7.1. La decisión objeto de revisión excedió lo debido de acuerdo con la ley, por cuanto
los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se complementan al aclarar
6
Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 2 de octubre de 2008, C.P. Gerardo Arenas Monsalve
7
«Por el cual se establecen las escalas de asignación básica de los empleos de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, y se dictan otras disposiciones en materia salarial»
6
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
el concepto del IBL como distinto del monto pensional. El inciso tercero establece
que el IBL debe calcularse según las reglas de la Ley 100, mientras que el monto
pensional se refiere a la tasa de reemplazo del régimen anterior. Aplicar el IBL del
régimen anterior sería revivir una ley derogada, lo que va en contra de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional. Siendo ello así, los factores
salariales deben ser los contenidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.
7.2. Se desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
contenido, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326
de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU -210 de 2017,
SU- 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039, que consiste en que el ingreso base de
liquidación no es un aspecto incluido en la transición y, por tanto, existe sujeción
sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
7.3. Así las cosas, la pensión reconocida a favor de Migdalia Esperanza Coral de
Goyes debía liquidarse con el promedio de los salarios devengados en el tiempo
que le hiciere falta para adquirir el derecho, computando los factores establecidos
en el Decreto 1158 de 1994.
7.4. La sentencia objeto de revisión incurrió en las causales de revisión alegadas al
aplicar de manera contraria las disposiciones normativas y el precedente
constitucional. Con ello afectó de forma grave la sostenibilidad financiera del
sistema, pues aumentó en un 14,23% la mesada pensional de la pensionada sin
justificación legal ni jurisprudencial, lo que se constituyó en un «abuso palmario del
derecho».
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
8. La parte accionada se opuso a la prosperidad de la acción en los siguientes
términos8:
8.1. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el concepto 1393
del 18 de julio de 2002 precisó que el salario es «la remuneración social más inmediata
o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para
ponerla a disposición del empleador», por ende, constituye salario no sólo la
remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero
o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o
denominación que se adopte.
8.2. En consonancia con la normatividad y las directrices jurisprudenciales vigentes
8 Índice 25 de Samai
7
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, era válido tener
en cuenta en su caso particular todos los factores que constituían salario, es decir,
aquellas sumas que percibió de manera habitual y periódica, como contraprestación
directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les
hubiese dado, pero que se le pagaron de manera habitual.
8.3. La prestación fue legalmente liquidada con fundamento en las leyes 33 y 62 de
1985 y la sentencia de unificación del 4 de agosto de 20109. En esa medida, no es
procedente la restitución de valor alguno, indexado, ni el pago de intereses.
1.4. Concepto del Ministerio Público
9. Laprocuradora delegada solicitó que se declarara fundada la acción y, en
consecuencia, se infirmara la sentencia objeto de revisión para en su lugar dictar
una en reemplazo con fundamento en que10:
9.1. Pese a que la sentencia objeto de revisión se dictó según el criterio
jurisprudencial contenido en la sentencia del Consejo de Estado el 4 de agosto de
2010, lo cierto es que la Corte Constitucional, a partir de la sentencia C-258 de 2013
y en la unificación SU-230 de 2015, precisó que el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 solo abarcaba edad, tiempo de servicio o cotización y tasa
de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación (IBL), criterio reiterado en
posteriores providencias. No obstante, el Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 25 de febrero de 201611, sostuvo que el IBL debía regirse por la
norma del régimen anterior. Ante esta divergencia, la Corte Constitucional, en la T-
039 de 2018, reafirmó el carácter obligatorio de su precedente, en garantía de la
supremacía constitucional, la igualdad y la seguridad jurídica.
9.2. En cumplimiento de tales garantías, se configura la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en la medida que las sentencias
recurridas reconocieron un derecho pensional a Migdalia Esperanza Coral de Goyes
cuya cuantía excedió lo que legalmente le correspondía.
9.3. La no aplicación del precedente constitucional sólido y reiterado atenta contra el
financiamiento y sostenibilidad del sistema de seguridad social que se basa en la
solidaridad general y quebranta el derecho constitucional fundamental de igualdad,
lo contrario constituye una situación de abuso del derecho, sobre la base de
aprovechar una interpretación normativa para acceder a un reconocimiento
9
Radicado25000232500020060750901(0112-2009), C.P. Víctor Hernando Ardila
10 índice 10 de Samai
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación, Rad. 25000234200020130154101 (4683-
2013) del 25 de febrero de 2016, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
desproporcionado del derecho pensional.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
presentada el 26 de noviembre 2019 contra la sentencia proferida el 7 de noviembre
de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso 2, del CPACA.
11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
13. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 7 de noviembre
de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, y quedó ejecutoriada el 26 de noviembre de
ese año12 y la acción se presentó el 26 de noviembre de 201913, lo que permite
concluir que fue en la oportunidad señalada por el inciso 4 del artículo 252 del
CPACA.
2.3. Los problemas jurídicos
14. Se circunscriben a determinar ¿si la sentencia proferida el 7 de noviembre de
2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, se expidió con vulneración del debido
proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y ¿si la cuantía del derecho
reconocido a Migdalia Esperanza Coral de Goyes excedió lo debido de acuerdo con
12 Índice 56 de Samia, link
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-33-
31-017-2012-00179-001100133, índice 59 Samai de Juzgados, expediente digital, archivo
10ED_11001333501720120017(.pdf) NroActua 59, página 230
13 Lo que se corrobora según el auto admisorio del 28 de mayo de 2020.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
la ley, al haberse accedido a la reliquidación de su pensión de vejez con el 75% del
salario percibido durante el último año de servicio y los demás factores salariales
devengados, en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y
por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2014 de la Ley 797 de 200315 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
14 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
15 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen16.
18. Y en torno a la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.
19. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto, ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
20. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes17:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
16 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
17 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»
21. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»18.
En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación19 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
22. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada « consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»20.
18 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985
23. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicios y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.
24. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día
de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes».
25. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.
No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.
(…)
PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley». [se resalta]
26. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicios prestados de
manera continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las
normas que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
completarlos, tendrían que acumular los 20 años de servicios y contar con 55 años
de edad para acceder a la pensión.
27. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 es el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6ª de 1945, que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «[a] pesar de que la Ley 33
de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, […] en este aspecto se debe aplicar
también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»21; este último
exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»22.
28. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 23, esta corporación24
señaló que si el servidor es de orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si es de orden territorial se acudiría a la Ley 6ª de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:
«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194525 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial […].
[…]
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró
un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de
su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años
continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre
edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que
para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de
1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» [se resalta].
29. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6 de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,
radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
22 Artículo 27
23 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
24 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández
25 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones
profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».
14
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200926 y del 16 de diciembre de 200927, en las que se indicó lo
siguiente:
«El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente en
que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 […]
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
[…]
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación […]
Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo
dispuesto en el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues
aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y
liquidación de una misma pensión, como lo hizo el A quo, implicaría la violación
del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe la aplicación parcial de las
normas legales» [se resalta].
30. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»28.
2.3.3. En torno al abuso del derecho en materia pensional
31. El artículo 95 de la Constitución Política prevé:
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,
radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:
250002325000200200474 01(1754-06).
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
15
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
«Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para
mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia
pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de
conceptos de justicia y equidad» [Se resalta].
32. Posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 29 dispuso la creación de un
mecanismo legal encaminado a revisar aquellas sumas periódicas reconocidas
judicialmente con «abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados» bien sea por
error, ignorancia o desconocimiento de las normas reguladoras de la pensión, pero
también por adoptarse una interpretación que no se ajustara a los principios del
sistema de seguridad social en pensión.
33. Con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley
4ª de 1992, la Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013, respecto de las
pensiones adquiridas con abuso o fraude a la ley señaló:
«4.4.1. Pensiones adquiridas con abuso al derecho o fraude de la ley
El artículo 58 Superior y el Acto Legislativo 1 de 2005 protegen los derechos adquiridos
siempre y cuando se hayan adquirido sin fraude a la ley ni abuso del derecho.
Es decir, no se configura propiamente un derecho adquirido cuando se ha accedido a
éste (i) por medios ilegales, (ii) con fraude a la ley o (iii) con abuso del derecho.
Lo expuesto en la parte motiva de esta providencia permite establecer qué tipos de
pensiones corresponden a esta categoría.
En primer término, claro está no constituirán derechos pensionales adquiridos aquellos
que ha sido causados a través de conductas como la alteración de documentos, la
29 «Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política».
16
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
falsedad, entre otras. Este caso extremo puede haber ocurrido en muy pocas ocasiones,
pero no por ello debe dejar de mencionarse.
En segundo lugar, tal y como se explicó, en las figuras del fraude a la ley y abuso del
derecho, se presenta un elemento objetivo que se traduce en el aprovechamiento de
la interpretación judicial o administrativa de las normas o reglas, para fines o
resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico y aquél que invoca las
normas de una forma claramente excesiva y desproporcionada que desvirtúa el objetivo
jurídico que persigue. En este orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber
de evitar que se interpreten los textos legales de manera que se cometa fraude a los
principios del sistema.
Recuerda la Corte que, para ese menester se tendrá en cuenta, de manera
preponderante, la dimensión objetiva de los conceptos del abuso del derecho y fraude a
la ley, de manera que no se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas o
amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley que, a la luz de lo
establecido en esta sentencia, resulta contrario a la Constitución y como resultado
de la cual, la persona accedió a una pensión, por fuera del sentido conforme a la
Carta del régimen pensional y que produce una objetiva desproporción y falta de
razonabilidad en la prestación.
En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho,
que se encuadran dentro de esta segunda hipótesis, que dan lugar al reconocimiento de
pensiones con ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del
peticionario, que generan un desequilibrio manifiesto del principio de igualdad, y fruto
de un aprovechamiento de las interpretaciones que las autoridades judiciales y
administrativas han hecho de las normas.
Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del
régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición, obtienen, en el último
año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no
corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto abrupto y
desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva. Ello en
aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la
transición y del Ingreso Base de Liquidación. Cabe señalar que para que se produzca
este abuso del derecho, el aumento, se repite, debe ser claramente desproporcionado y
debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral.
En estos eventos, los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus
últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera
salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que
acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer
un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida.
Estos casos suelen además estar acompañados de vinculaciones precarias al cargo
en virtud del cual se produce el aumento del ingreso base de liquidación, a través de
figuras como las suplencias en el caso de los Congresistas, el encargo en el caso de
Magistrados, y la provisionalidad, en los demás casos en que el artículo 17 de la Ley 4
de 1992, es aplicable.
En este punto debe recordarse que si bien es cierto la Corte ha avalado la existencia de
algunos regímenes pensionales especiales, también lo es que, dado su carácter
17
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
excepcional y su impacto en las finanzas públicas, sus reglas deben ser de interpretación
restringida y no pueden ser extendidas por analogía a casos de servidores no cobijados
por ellos.
Otro ejemplo se presenta cuando un servidor durante la mayor parte de su vida laboral
cotiza de acuerdo con las reglas que definen topes de las cotizaciones. Luego, en el
último año de servicios –según el régimen especial del que es beneficiario- cotiza al
sistema sin tope con el fin de luego obtener una pensión sin tope, amparado por la
doctrina de la integralidad de los regímenes pensionales.
En todos estos casos, el pensionado no tiene un derecho adquirido, y por tanto, en
aras de dar cumplimiento a la presente providencia, la Administración podrá proceder a
revocar y reliquidar el derecho pensional con el objeto de hacerlo compatible con el
ordenamiento jurídico y con el régimen pensional que realmente le corresponde. En
efecto, en la concesión de estos derechos pensionales no se respetó la legalidad. Sin
embargo, dicha reliquidación no puede ser arbitraria.
(…)
De igual manera, se reitera que para proceder a esta revocatoria se requerirá: (i) el
respeto pleno del debido proceso, (ii) mientras se adelanta el procedimiento
administrativo no es posible suspender el pago de la pensión y (iii) corresponde a la
Administración desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto de
reconocimiento de la pensión.
(…)
En estos casos debe también tenerse en consideración el mínimo vital del
pensionado o de sus beneficiarios y asegurarse la protección de los derechos de
las personas de la tercera edad.» [Se resalta].
34. Ciertamente, si bien la sentencia en referencia solo se pronunció, principalmente,
respecto de las pensiones de los congresistas beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, dicho argumento, nuevamente, fue analizado por
esa corporación en la sentencia SU-631 de 2017, así:
«27. Un abuso del derecho, definido en los términos expuestos en los fundamentos
jurídicos precedentes, emerge de modo palmario, cuando la disfunción que engendra en
el sistema pensional salta a la vista y logra convencer al juez constitucional de que su
intervención en el asunto es imperiosa, con el ánimo de proteger intereses superiores.
Aquel debe tener la certeza de que la remisión del asunto a las vías ordinarias, hará
insostenible la dinámica solidaria del sistema pensional, en la medida en que los
incrementos pensionales ilegítimos resultan mensualmente tan cuantiosos, que
indudablemente lo desfinanciarán, en detrimento de quienes cuentan con menores
recursos económicos.
Sumado a las particularidades de cada caso concreto que hagan suponer al juez la
intención que alguien pueda tener de sacar un provecho desproporcionado, en
detrimento del sistema de seguridad social en pensiones, por desconocimiento de sus
principios y normas, debe analizarse el impacto desde el punto de vista que
contrasta el reconocimiento pensional con la historia laboral del interesado, para
concluir que hay un exceso de grandes niveles en el incremento que le favoreció.
Además del análisis de contexto que supone el ejercicio anterior, es importante
considerar la conducta de quien busca el beneficio pensional. De modo tal que
18
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00939-00 (6599-2019)
Demandante: Ugpp
quien sin sustento normativo, más allá de una regla de un régimen especial que perdió
vigencia –como lo son aquellas que rigen el IBL-, busca a ultranza una ventaja
irrazonable en comparación con otros afiliados, podrá haber incurrido en forma notoria
en un abuso del derecho. Cuando la búsqueda sea evidente e inconfundible, al perseguir
un incremento monetario significativo sin arreglo a la normativa vigente, ese abuso debe
entenderse palmario.
(…)
Segundo: criterios para identificar eventos en los que el abuso del derecho emerge de
modo palmario
Sea lo primero aclarar que el abuso notorio del derecho, como el que se denuncia en los
casos acumulados, se presenta con ocasión de la obtención de una ventaja individual
irrazonable, fundada en una vinculación precaria.
La vinculación precaria puede provenir de dos escenarios distintos, de los que dan
cuenta los asuntos concretos que se analizan en esta oportunidad. De un lado puede
surgir con ocasión de la aplicación de un régimen especial para personas que cumplieron
los requisitos de acceso a la pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, dentro del cual se contemplaba un IBL distinto al de su artículo 36.
Para quienes por el contrario, cumplieron esas exigencias en vigencia de dicha norma,
el impacto de una vinculación precaria, solo puede concretarse cuando se hace una
aplicación ultractiva del régimen especial en lo que atañe al índice base de cotización.
Se trata de escenarios distintos, que conducen a la sobrevaloración de la cotización
efectuada en el marco de un servicio al Estado que se reputa débil en el tiempo. Para
efectos de la liquidación pensional la vinculación precaria, que al auspicio del régimen
especial para la Rama Judicial y el Ministerio Público, puede ser de tan solo un mes,
adquiere un poder determinante en la estimación de la mesada pensional que puede
resultar incompatible con la historia laboral del servidor público.
No solo puede presentarse cuando se aplica un índice base de liquidación consagrado
en un régimen especial, y no el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino en
reconocimientos pensionales que tuvieron ocasión con requisitos anteriores a ella, sin
perjuicio de su legitimidad desde el punto de vista de las disposiciones legales que
regulaban la pensión. En este último caso, la confrontación del reconocimiento debe
hacerse desde el punto de vista de los principios constitucionales que regían la situación
para cuando se consolidó el derecho pensional.
33. En esa medida la fijación de estos criterios ayudará al funcionario judicial a hacerse
una idea de la necesidad de su intervención, pero –se insiste- ello no obsta para que, en
consonancia con la independencia y la autonomía judicial que le asiste, consolide su
propia visión de los distintos casos concretos que se le presenten y determine la
procedencia, conforme su propio criterio, que deberá motivar conforme las
particularidades del caso concreto» [Se resalta].
35. En efecto, la Sala estima que para que se configure un abuso del derecho en
aquellas pensiones producto de providencias judiciales es necesario que i) se haya
desconocido o aplicado en forma indebida el IBL de la Ley 100 de 1993, en virtud
del régimen de transición; o ii) se advierta una vinculación precaria en un cargo con
mayores ingresos los cuales tengan incidencia en la liquidación de la prestación. Lo
19
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Demandante: Ugpp
anterior, toda vez que se impone el interés general sobre el particular y se le crea a
la nación la carga de proveer subsidios extremos para pagar la prestación
reconocida.
36. Sobre este particular, esta subsección en sentencia del 15 de junio de 2023 30
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre un caso de similares supuestos fácticos
y jurídicos al aquí discutido, en la que sostuvo lo siguiente:
«[…] el nombramiento del jubilado al Congreso de la República por el término de 1 año
y 4 meses y el fallo judicial cuestionado, produjeron que su mesada pensional se
incrementara de $1.218.025 a $3.419.948 (efectiva para el 1 de abril de 2009), al
calcularse el IBL de la pensión de vejez del (…), con el 75% de los factores devengados
durante el último año de servicio. Nótese que a la fecha de presentación del recurso
extraordinario (2018), la UGPP informa que el valor de la mesada es de $4.749.430, 25,
que representa una diferencia de $3.057.905,45, respecto de la pensión reconocida en
los actos administrativos por el monto de $1.691.524,8 (actualizada a 2018).
En efecto, la Sala concluye que al efectuarse una valoración en conjunto de los criterios
indicativos para determinar un incremento injustificado y desproporcional de la mesada
pensional de la parte demandada, el nombramiento del señor (…) en el Congreso de la
República configura en materia pensional una vinculación fugaz, de cara a existencia
de una situación de abuso del derecho, que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema
financiero del SGSSP, máxime cuando el referido aumento no corresponde a la historia
laboral del demandado y si bien el fallo judicial cuestionado aplicó la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010, lo cierto es que tal postura jurisprudencial no abordó
los supuestos fácticos y jurídicos relacionados con vinculaciones precarias de los
jubilados durante el último año de servicio, las cuales inciden en el incremento
desproporcional de las mesadas pensionales, tal y como se evidencia en el presente
asunto, razón por la que se declarará fundado el recurso» [Se resalta].
37. Así las cosas, para esta Sala es claro que se presenta un claro abuso del derecho
cuando el reconocimiento pensional esta precedido de ventajas irrazonables frente
a su verdadera historia laboral, por ejemplo, cuando en los últimos años de
servicios, se obtiene un incremento significativo, desproporcionado y evidente de
los ingresos salariales que afecta el IBL pensional y, por tanto, se causa una pensión
que no guarda relación con los aportes realizados a lo largo de su trayectoria
profesional.
2.5. Caso en concreto
38. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
39. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
30
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 15 de junio de 2023, radicado 11001-03-25-
000-2018-01470-00. M.P. César Palomino Cortés.
20
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Demandante: Ugpp
de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
40. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión31 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
(e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem».
41. Se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a cuestionar los
factores considerados al liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en
relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental
al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
42. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de
Descongestión, profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que acogía el
Consejo de Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 era el expuesto en la
sentencia del 4 de agosto de 201032, según la cual, la expresión «monto», contenida
en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de
manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé».
43. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
31 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).
21
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Demandante: Ugpp
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de
las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.
44. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de
Descongestión, no fue caprichosa y por el contrario respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.
45. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010, la cual señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a
la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
46. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que
para la época en que se expidió la sentencia recurrida (7 de noviembre de 2014),
la posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse
teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración
de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la
inescindibilidad de la norma.
47. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, confirmó la decisión de primera instancia
emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (11001-33-
31-017-2012-00179-00/01), pero excluyó la prima de elección. En esa medida, la
orden se modificó de la siguiente manera «RELIQUIDAR las mesadas pensionales de
la demandante a partir del 1° de marzo de 2009, tomando como base de la mesada el valor
que resulte de aplicar la cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, comprendido entre el 29 de febrero de 2008
y el 28 de febrero de 2009, además de los ya reconocidos: Asignación básica, horas extras,
bonificación por servicios prestados y prima de antigüedad, los de: Auxilio de alimentación,
las doceavas partes de las primas de servicios, navidad y vacaciones, reajuste conforme a
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las Leyes 33 y 62 de 1985, y como consecuencia de la reliquidación, CONDENAR a la
entidad accionada a pagar a favor de la señora MIGDALIA ESPERANZA CORAL DE
GOYES, las diferencias que resulten a partir del día 01 de marzo de 2009, en los términos
previstos en la parte considerativa de esta providencia» (sic).
48. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:
«[L]a Sala Plena de la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010, retomó el análisis de los factores a reconocer en la base de liquidación pensional
de los reconocimientos efectuados bajo el imperio de la Ley 33 de 1985, concluyendo lo
siguiente:
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales
trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener
en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe
el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus
servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación
básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras,
auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de
servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos
factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera
de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de
manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que
cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.
(...)
En consecuencia, el actor tiene derecho a que se le reliquide su pensión de jubilación
incluyendo como factores salariales la asignación básica, alimentación; bonificación
semestral; bonificación por servicios; diferencia de horario; dominicales y festivos; horas
extras; inc. (sic) Antigüedad; prima de productividad; prima de navidad; prima de
vacaciones, tal como lo ordenó el A quo.
La anterior posición es adoptada por el Consejo de Estado para la solución de casos
posteriores, con base en los argumentos expresados en dicha ocasión, concluyendo en
dichos casos concretos que el demandante tenía derecho a la reliquidación del beneficio
pensional que le fuera reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el
último año de servicios.
En consecuencia, para el despacho el salario base para la liquidación de la pensión de
los empleados públicos beneficiarios de la Ley 33 de 1985 se encuentra constituido por
todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el
trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus
servicios, independientemente de la denominación que se les dé» (sic)
49. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente administrativo obra
certificación del 16 de marzo de 2009 expedido por la Gerencia de Talento Humano,
Grupo Salarios y Prestaciones, en la que consta que Migdalia Esperanza Coral de
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Demandante: Ugpp
Goyes percibió, durante el último año de servicio, asignación básica, horas extras,
bonificación por servicios prestados, auxilio de alimentación, y primas de
antigüedad, de servicios, de vacaciones, de navidad y de elecciones33.
50. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el tribunal de instancia
aplicó el criterio jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, máximo
órgano de lo contencioso - administrativo, luego de considerar la obligatoriedad del
precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos allí contenidos que
se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad material, primacía
de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y favorabilidad en
materia de derechos laborales. Por tanto, no se advierte una actuación caprichosa,
arbitraria o contraria a derecho; en contraste, está razonablemente sustentada y
fundamentada.
51. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:
51.1. Por medio de la Resolución 7117 del 9 de febrero de 2009, Cajanal le reconoció
a Migdalia Esperanza Coral de Goyes una pensión de vejez en cuantía de
$1.159.480, a partir del 30 de enero de 2008, la liquidación de la prestación la realizó
teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado durante los 10 años
anteriores al momento de adquirir el estatus pensional y condicionada al retiro34.
51.2. Mediante la Resolución 15240 del 14 de abril de 2010, se revocó en todas y
cada una de sus partes la anterior resolución, y se le liquidó la pensión con el
78.89% del salario promedio devengado entre el 1° de marzo de 1999 y el 28 de
febrero de 2009 en cuantía de $1.263.772 a partir del 1° de marzo de 200935.
51.3. El1° de octubre de 2010 Migdalia Esperanza Coral de Goyes solicitó la
reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio36. No obstante, según expuso en los
argumentos de la demanda, Cajanal no dio respuesta, lo que en todo caso no fue
controvertido y tampoco se allegó prueba de lo contrario, por lo que el 27 de enero
de 2011 interpuso recurso de reposición en contra del silencio administrativo
33 Índice 56 de Samia, link
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-33-31-017-
2012-00179-001100133, índice 59 Samai de Juzgados, expediente digital, archivo
11ED_11001333501720120017(.pdf) NroActua 59, página 770 y 771
34 Ibidem, página 779 a 783
35 Ibidem, página 784 a 791
36 Índice 56 de Samia, link
https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=11001-33-
31-017-2012-00179-001100133, índice 59 Samai de Juzgados, expediente digital, archivo
10ED_11001333501720120017(.pdf) NroActua 59, página 25 y 26
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Demandante: Ugpp
negativo de la entidad37.
51.4. El anterior recurso fue resuelto mediante la Resolución UGM-006144 del 31 de
agosto de 2011, con fundamento en que «los factores salariales que se deben tener en
cuenta en la liquidación son los indicados en la Ley 797 de 2003 y su Decreto Reglamentarlo
1158 de 1994 que no contempla todos los factores salariales certificados como ítems que
integren el ingreso base de cotización, únicamente los que se encuentran de forma taxativa
en la norma anterior. (…) De conformidad con lo anterior esta Entidad le reconoció una
pensión de vejez a la peticionaria teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 9 y 10
de la Ley 797 de 2003 y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en un 78.89% del promedio
de lo devengado en los últimos 10 años de servicio, con la inclusión de los factores
señalados en el Decreto 1158 de 1994» (sic)38.
51.5. A través de las Resoluciones RDP 018876 del 13 de mayo de 2015, RDP
027496 del 7 de julio de 2015 y el auto ADP 012463 del 6 de octubre de 2015 la
Ugpp indicó que no era procedente dar cumplimiento a la sentencia hasta tanto la
interesada allegara la constancia de ejecutoria en original o copia auténtica del fallo,
comoquiera que dicha carga probatoria correspondía única y exclusivamente a
aquella.
51.6. Posteriormente, mediante la Resolución RDP 017381 del 29 de abril de 2016 la
Ugpp reliquidó la pensión de vejez de Migdalia Esperanza Coral de Goyes, en
cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección F, a partir del 1° de marzo de 2009. Se observa que
en el artículo noveno se dispuso que «[d]escontar de las mesadas atrasadas a las que
tiene derecho el(a) señor(a) CORAL DE GOYES MIGDALIA ESPERANZA, la suma de
DOS. MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE pesos ($
2,628,209.00 m/cte) por concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad se determine que el
pensionado adeuda valores adicionales o superiores por el referido concepto, o se
establezca que los aportes inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación de
algún tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se proceda a adelantar
su cobro, para lo cual se deberá enviar una copia de la presente resolución al área
competente. Igualmente, la Subdirección de Nómina tendrá especial cuidado en deducir los
valores previamente ordenados y descontados en actos administrativos anteriores por el
mismo concepto».
51.7. Examinado lo anterior, se tiene que se encuentra acreditado que laboró al
servicio de la Registraduría Nacional por más de 20 años.
52. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
37
Ibidem, página 28
38
Ibidem, páginas 21 a 23
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la pensión de vejez reconocida a
Migdalia Esperanza Coral de Goyes, no evidencia un incremento desproporcionado
o que no guarde relación con su trayectoria laboral.
53. Por otra parte, también se acreditó que la demandada percibió, durante el último
año de servicio, los factores salariales ordenados por las sentencias censuradas y
se ordenó el descuento de los aportes para pensión respecto de los factores
reconocidos por el tribunal. En consecuencia, la liquidación de su pensión no
excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) era beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez
que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de
edad y de 15 años de labores; ii) completó más de 20 años de servicios; y iii) durante
el último año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la
reliquidación de la pensión.
54. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
55. La Sala concluye que la sentencia del 7 de noviembre de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de
Descongestión, no incurrió en la causal de revisión prevista en los literales a) y b)
de la Ley 797 de 2003 y se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por
la Ugpp.
2.4. Costas
56. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que el
recurso se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.
3. Conclusión
57. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
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configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literal y b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de
descongestión, el 7 de noviembre de 2014, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
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