Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00950-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
27 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A- SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá D.C., vein tisiete (27) de enero de dos mil ve intidós (2022)
Radicación: 11001 -03-25-000-2019-00950-00 (6654-2019) REV
Ac cionante: Unidad Adminis trati va Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafi scales de la
Protección Social - UGPP-
Demandado: Blanca Olga Flórez de Vega
Temas: Causales a) y b) del artícul o 20 de la Le y 79 7 de 2003
Presupuestos de configuración
ACCIÓN ESPECI AL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. AS UNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artícu lo 20
de la Ley 797 de 2003 2 presentada por la UGPP en contra de la
sentencia de 23 de octubre de 2014 dictada por el Juzgado
Administrativo de Descongestión de l Circuito Judicia l d e Zipaquirá
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identif icado con radicado 25899333300120130057300 .
II. ANTECEDE NTE S
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda 3
2. La señora Blanca Olga Flóre z de Vega , por int ermedio de
apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 El recurso se presentó el 28 de noviembre de 2019 (f. 10 vto Cdno. 1), de manera que está regulado por
los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Archivo obrante el en CD aportado a folio 65 B del cuaderno primero.
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Accionante: UGPP
nulidad y restable cimiento del derecho consagrado en el artícu lo
138 del CPACA , contra la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Paraf iscales de la Protección Social -
UGPP-, con el objetivo de obtener, en síntesis, las sigu ientes
declaraciones y condenas 4:
La nulidad de la Resolución RDP 041446 del 6 de
septiembre de 2013 , prof erida por la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la UGP P , por
medio de la cual se le negó su solicitud de reliqu idación
pensional con la inclusión de todos los f actores salariales
devengados en el último año de prestación de servicios.
La nulidad de la Resolución RDP 045345 de 30 de
septiembre de 2013 , expedida por la directora de pensiones
de la UGPP, por la que se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la decisión anterior, conf irmándola.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se
ordene a la demandada reliquidar su pensión de jubilación
teniendo en cuenta todos los f actores salariales de vengados
en el último año de prestación de servicios, comprendido
entre el 28 de f ebrero de 2011 y el 1.° de marzo de 2012, así
como pagarle las dif erencias pensionales generadas,
debidamente actualizadas de acuerdo con el IPC , y que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos
192 y 193 del CPACA.
2.1.2 Hechos Relevantes
3. La señora Blanca Olga Flóre z de Vega nació el 12 de mayo de
1954.
4. Prestó sus servicios en la Universidad Pedagógica Nacional
desde el 22 de mayo de 1971 hasta el 16 de noviembre de 1980 y
en el Departamento de Cundinamarca desde el 12 de diciembre de
1980 hasta el 1.° de marzo de 2012, con lo que cumplió su estatus
pensional el 12 de mayo de 2009.
4 Ibidem.
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5. Mediante Resolució n 21547 del 21 de febrero de 2011 prof erida
por el Liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social se le
reconoció la pensión de jubilación de conformidad con los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía de $ 525,560.00, ef ectiva
a partir de l 1.° de agosto de 2009, condicionada a demostrar el
retiro def initivo del servicio.
6. A través de la Resolución RDP 041446 del 6 de septiembre de
2013, proferida por la subdirectora d e determinación de derechos
pensionales de la UGPP se le negó su solicitud de reliquidación de
la pensión de jubilación .
7. Contra la anterior determinación la señora Flórez de Vega
interpuso recurso de apelación que f ue decidido a través de la
Resolución RDP 045346 del 30 de septiembre de 2013 ,
conf irmatoria de la decisión inicial.
2.1.3 Normas vi ol adas y concepto de violación
8. Como disposiciones vulneradas, adujo que los acto s acusados
desconocieron el artículo 36 de la Ley 100 de 199 3 y las Leyes 33
y 62 de 1985.
9. En cuanto al concepto de vi olación sostuvo que al ser
benef iciaria del régimen de transición tenía derecho a que su
pensión fue se reconocida y calculada con la inclusión de todos los
f actores salariales devengados y certif icados , que son los
establecidos en las Leyes 33 y 62 de 1985, que deben ser aplicadas
en su integridad, de acuerdo con lo señalado por el Consejo de
Estado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, dentro del proceso
radicado 0112 -09, con ponencia del Consejero V íctor Hernando
Alva rado Ardila .
2.1.4. Sentencia objeto de re visión 5
10. El Juzgado Administra tivo de Descongestión del Circuito
Judicial de Zipa qu irá , mediante providencia de 23 de octubre de
2014, declaró la nulidad de los actos acusados y accedió a las
súplicas de la demanda.
5 Folios 187 y s.s. del cuaderno principal.
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11. Para tal efecto, ex plicó que el régimen pensional aplicable a la
señora Blanca Olga Flóre z de Ve ga ref erente a la edad , el tiempo y
el monto es el anterior a l pre visto en la Le y 100 de 1993 toda ve z
que se encontraba amparad a por el régimen de transición del
artícu lo 36 , inciso segundo . Por t al motivo , est imó que a la
demandante le asiste el derecho al régimen de transición previsto
en las Leyes 33 y 62 de 1985.
12. Respecto de los f actores salariales que deben tenerse en
cuenta en la liquidación de la pensión, explicó q ue a cogería el
criterio del Consejo de Estado, en sentencia de 4 de agosto de
2010, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvara do Ardila,
expediente 2006 -7509-01 unif icó su postura en cuanto precisó que
la pensión de jubilación debe ser liquidada con base en todos los
f actores salariales devengados durante el último año de servicio,
con el respectivo descuento por concepto de los aportes que no
hubiesen sido ef ectuados por parte de la caja administradora.
13. En consecuencia, coligió que debía n aplicársele la s Leyes 33 y
62 de 1985, e incluirse en su pensión , todos los f actores salariales
devengados en el último año de prestación de servicios, anterior
al 1.° de marzo de 2012, f ec ha a partir de la cual se aceptó su
renuncia , teniendo en cuenta aquellos que f ueron certif icados y
«que obra [n] a f olios 54 adverso al 55 adverso del expediente », es
decir, sueldo, subsidio de alimentación, bonif icación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, y prima técnica .
14. Teniendo en cuenta lo anterior , declaró no probada s las
excepciones propuestas por la entidad demandada y dispuso lo
sigu iente :
« [… ]
S E GUND O : D E C LÁ RA S E l a n u li d a d d e l a R e s o lu c i ó n N o RD P 04 1 4 4 6
d e l 0 6 d e s e p ti e mb re d e 2 0 1 3 m e d ia n te l a c u a l s e n e g ó l a
re l i q u id a c i ó n d e l a p e n s i ó n de ve j e z d e l a d em a n da n te y l a
R e s o lu c i ó n N o RD P 0 4 5 3 4 5 d e l 3 0 d e s ep ti e m b re d e 2 0 1 3 m ed i a n te
l a c u a l s e re s ol vi ó e l re c u rs o d e a p el ac i ó n p re s e n ta d o c ontra l a
re s o l u c i ó n R DP 0 4 1 44 6 .
T E RCE R O : C om o c on s e c u e n c ia d e l a a n te ri o r d e c l a ra c i ó n , y a tí tu l o
d e re s ta b l e c im ie n to d e l d e re c h o , s e C OND EN A a l a UN IDAD
A D MIN IST RA T IV A E S PE C IAL DE GE S T IÓN PE NS IONA L Y
C ON TR IBU C IONE S P AR A F ISCA L ES - UGP P , a RE L IQU IDA R l a
p e n s i ó n d e J u b i l ac i ón re c o n o c i d a a l a s e ñ o ra B l a n c a Ol g a F l óre z d e
V e g a i d en ti f ic a d a c on C .C . N o 3 5 .4 0 1 .02 1 , c o n l a i n c l us i ó n d e l a
to ta l i d a d d e l o s f a c to re s d e ve n g a d o s e n e l a ñ o a n te ri o r a l a
p re s ta c i ó n d e l s e rvi c i o e s d e c i r, e l c o m p re n d i d o e n tre e l 0 2 d e m a rzo
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d e 2 0 1 1 a l 0 1 d e m a rzo d e 2 0 1 2 i n c l u ye n d o a d e m á s d e l o s te n i d o s
e n c u e n ta , l o s s i g u i e n te s : S u b s i di o de a l im e n ta c i ón , P ri m a de
S e rvi c i o s , P ri m a d e V a c a c io n e s , P rim a Té c n i c a , y P ri m a d e Na vi d a d ,
c o n f o rm e a l o e x p u e sto e n l a p a rte m o ti va .
S u ma s e fe c tiva s a p a rtir d e l 0 1 d e ma rz o d e 2 0 1 2 .
C U AR T O : L a s s u m a s a q u e s e c o n d e n a a l a e n ti d a d d em a nd a da p o r
m e di o d e e s ta s e n te n c i a s e a c tu a l i za rá n s e g ú n e l ín d i c e d e P re c i o s
a l C o n s um id o r, d e c o n f o rm i d ad c o n e l a r tíc u l o 1 8 7 d e l C .P .A . C .A . y
a te n d i e n d o l o s e ñ al ad o e n l a p a rte c o n sid e ra ti va , a e f e c to s d e q u e
e s ta s e p a g u e c o n s u va l o r a c tu a l i za d o p o r l a c u a l d e b e rá a p li c a rs e
l a f ó rmu l a :
[… ]
QU IN T O : L a s s u m a s a c a rg o d e l a e n ti d a d d e m a n da d a s e rá n
re c o n o c i d a s d en tro d e l té rm i no e s ta b l e ci d o e n e l a rtíc u l o 19 2 d e l
C ó d ig o d e P ro c e d i m i en to A d m in i s tra ti vo y d e l o C o n te n c i o so
A dm i ni s tra ti vo y d e v e n g a rá n i n te re s e s e n l a f o rm a p re vi s ta e n e l
i n c i s o te rc e ro d e l a m i sma n o rm a .
S E XT O : Ord é n a s e a l a d e m a n d ad a q u e re a l i c e l o s d e s c u e n to s l eg a l e s
q u e n o s e h a ya n re a li za d o s o b re l o s f a c tore s s a l a ri a l es re c o n oc i d o s
y e f e c tu é l a re s p e c ti va c o m p e n s a c ió n c on re l a c i ó n a l a s s uma s q u e
s u rj a n e n s u f a vo r . S u m a q u e s e l i q u i da rá c o n f o rm e a l o n o rm ad o e n
e l a rtíc u l o 1 9 3 d e l C ó d i g o d e P ro c e d imi en to A d m i ni s t ra ti vo y d e l o
C o n te n c i os o A dm i ni stra ti vo , e n c o n s e c u e n c i a , l a p a rte i n te re s a d a
d e b e rá i n i ci a r e l trá m i te c o rre s p o n di e n te d e n tro d e l o s s e s e n ta d ía s
s i g u i en te s a l a e j e c u to ri a d e e s ta s e n te n c i a .
S É PT IM O : E n l o d emá s n i é g u e n s e l as p re te n s i o n e s
[… ]» .
2.1.5. La acción especial de revisión 6
15. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Paraf iscales y de la Protección Social -UGPP-
invocó como causal es de revisión la s consagrada s en los literales
a) y b ) del art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se ref iere
a la posibilidad de interponer la solicitud de re visión contra
acuerdos conciliat orios o pro videncias judiciales que reconozcan
pensiones a cargo del tesoro público o de f ondos de naturaleza
pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables.
16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en
síntesis, lo siguien te:
6 Folios 1 s.s. cuaderno primero.
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(i) Revoca r la sentencia dictada por el Juzgado Administrativo
de Descongestión de Zipaquirá del 23 de octubre de 2014,
dentro del proceso de nulidad y restablecimie nto
instaurado por Blanca Olga Flóre z de Vega contra la Caja
Nacional de Previsión Social - CAJANAL, radicado con el
no. 258993333001201300573.
(ii) Declarar que la señora Blanca Olga Flóre z de Vega, «en
cuanto a la liquidación de su mesada pensional no es
acreedora de un derecho adquirido amparab le por la
legislación colombiana ».
(iii) Ordenar la reliqu idación pensional conforme a las reglas
previstas en las p rovidencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, Auto 326 de 2014, Su -230 de 2015, Su -427 de 2016,
Su-210 de 2017, Auto 229 de 2017, Su -395 de 2017, Su -
631 de 2017, T -039 de 2018 , proferidas por la Corte
Constitucional, determinando el ingreso base de
liquidación con base en el inciso 3° del artículo 36 o el
artícu lo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso . Asimismo,
con los f actores base de cotización taxativame nte
determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás
disposiciones que expresamente consagren esa condición
de f actores salariales con incidencia pensional, «y f ijando
como monto pensional o tasa de reemplazo el 75% pre visto
en ley 33 de 1985; por haber adquirid o su status pensional
conforme a las condiciones del régimen de transición
creado por el sistema general de pensiones, y no antes ».
17. Para f undamentar sus pretensiones la UGPP sostuvo :
• Frente a la causal del literal a) referente a que el
reconocimiento s e obtuvo con viol ación al debido proceso
18. Indicó que la orden judicial de reliqu idación de la pensión de
jubilación debió dictarse atendiendo las disposiciones contenidas
en los art ículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 «respecto al IBL y
f actores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la
prestación, por lo anterior se considera que el f allo acusado
transgrede los p rincipios superiores de legalidad consagrados en
los art ículo s 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2° y 124 d e la Carta
Política ».
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19. En cuanto a la causal b) cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva , indicó que la señora Blanca Olga Flórez de
Vega no tenía derecho a obtener la reliquidación orde nada, toda
ve z que es benef iciari a del régimen de transición establecido en el
artícu lo 36 de la Ley 100 de 1993 y en esa medida su pensión debe
liquidarse de acue rdo con lo dispuesto en el inciso 3 .° del art ículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, con los factores de
cotización taxativa mente determinados en el Decreto 1158 de 1994 .
20. Al respecto, precisó que la pensión se liquidó con
desconocimiento de las pro videncias de la Corte Constit ucional C-
168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, Su -230 de 2015,
Su-427 de 2016, Su -210 de 2017, Auto 229 de 2017, Su -395 de
2017, Su - 631 de 2017, T -039 de 2018 .
21. Adicionalmente, señaló que la mesada de la señora Flóre z de
Vega obtenida como resultado de la reliquidación ordenada por el
Juzgado de Zipaquirá ascendía a $1´8 36.238, es decir
incrementada en un 58.75% sobre lo que debería corresponder , con
lo cual estimó que se estaba causando un detrimento patrimonial al
tesoro público.
2.1.6. Contestación
22. La señora Blanca Olga Flóre z de Vega , contestó la demanda a
través de apoderad o judicial 7, oponiéndose a las pretensiones
f ormulada s por la UGPP.
23. En su def ensa sostuvo que las sentencias de la Corte
Constitucional C-2 58 de 2 013 y SU-230 de 2015 no se pueden
aplicar para revo car el fallo demandado porque se viola ría el
mandato establecido en la sentencia de unif icación del Consejo de
Estado de 28 de agosto de 2018 la cual reitera que debe respetarse
la cosa juzgada de los f allos dictados con base en la sentencia de
4 de agosto de 2010 de la misma Corporación. Además, en este
caso la sentencia recurrida se encuentra notif icada y ejecutoriada
y por tanto hizo tránsito a cosa juzgada con lo cual no puede ser
desconocida por la UGPP .
7 Folios 414 y s.s. del cuaderno principal.
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24. Por ende estimó que no era viable dejar sin ef ectos la sentencia
que decidió el caso d e la señora Flórez de Vega comoquiera que
obedeció a un precedente consolidado y reiterado por el Consejo
de Estado, plasmado en la sentencia de 4 de agosto de 2010, que
se mantuvo vigent e hasta antes de la sentencia de unif icación de
28 de agosto de 2018, la cual no se había prof erido cuando se dictó
el f allo recurrido .
III. CONSIDER ACI ONES
3.1. Competencia
25. El artículo 249 del CPACA estableció que cuando se trate de
sentencias prof eridas por los Tribunales Administrativos, conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la
materia. Igualmente, corresponde su conocimiento a la Sección
Segunda, según el art. 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.
26. Por su parte, e l art ículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone que
«las providencias judiciales que hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a f ondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier nat uraleza podrán se r re visadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador Gener al de la Nación» 8.
27. Ahora bien, esta Subsección 9 ha admitido en dive rsas
oportunidades que esta corporación es competente para conocer
las acciones de revisión en contra de las sentencias prof eridas por
los juzgados administrativos, cuando en ellas se han decretado
reconocimientos que impongan al erario o a f ondos públicos la
obligación de cubrir sumas periódica s de dinero o pensiones de
cualquier naturale za .
8 Negrilla de la Sala.
9 Entre otras, se puede ver la sentencia de 29 de julio de 2021, dictada dentro de la acción de revisión
radicada 11001-03-25-000-2019-00280-00 (1721-2019), con ponencia del consejero Dr. William Hernández
Gómez.
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28. Por lo tanto, esta Sala es competente para asumir el
conocimiento de la demanda de revisió n f ormulada por la UGPP
contra la sentencia prof erida el 23 de octubre de 2014 por el
Juzgado Administrativo de Desconge stión del Circuito Judicial de
Zipaquirá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Blanca Olga Fló re z de Vega .
3.2. Oportunidad
29. La Sala precisa, en primer luga r, que de conf ormidad con lo
señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de
revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en
cualquier tiempo» , no obstante, la Corte Const itucional en la
sentencia C-835 de 2003 10, declaró la inexe quibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[ …] Consecuent em ent e, la sol icit ud de r evis ión q ue est ab l ece el
ar t ícu lo 20 acusado deber á f orm ular la el r espect ivo f unciona r io, de
acuer do con la j ur isdicció n q ue envuel va al act o adm inist r at ivo,
dent r o del t ér m ino est ablecido e n el ar t ícu lo 187 de l Códig o
Cont encioso A dm ini st r at ivo, o dent r o del t ér m ino pr evist o en el
ar t ícu lo 32 d e la le y 712 de 2001. T ér m inos q ue en t odo ca so t ienen
f uer za vincu lant e a par t ir de est e f allo [ .. . ] ».
30. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011,
comoquiera que la solicitud de revisió n fue presentada en vigencia
de esta 11, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general,
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepcion es a dicha
regla, el inciso f inal ibide m precisó lo sigu iente:
«[ …] En los casos pr evist os en el art ículo 20 de la Ley 797 de
2003, el r ecur so deber á pr esent ar se dent r o de los cinco ( 5) años
sig uient es a la ej ecut or ia de la pr o vide ncia j udic ial o en l os casos
de q ue ella no se req uier a, dent r o del m ism o t ér m ino contado a
par t ir d el perf eccionam ient o del a cuer do t r ansaccional o
concil iat or io [ …] ».
10 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
11 El 23 de octubre de 2019, según da cuenta el sello de Secretaría de esta Corporación, que se aprecia a
folio 9 vto. del cuaderno principal.
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31. Así las cosas , la solicitud de re visión se presentó en tiempo,
toda vez que, la decisión judicial qu e se cuestiona f ue prof erida el
23 de octubre de 2014 por parte del Ju zgado Admin istrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Zipaquirá , quedó
ejecutoriada el 28 de noviembre de ese año 12 y el escrito de revisión
se radicó en la Secretaría de la Corporación el 28 de noviembre de
2019 13.
3.3. Problema jurí dico
32. En el sub judice deberá verif icar la Sala si la sentencia de 23
de octubre de 2014 , prof erida por el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circu ito Judicial de Zipaquirá incu rrió en las
causales de re visió n prevista s en los literales a) y b ) del artícu lo 20
de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP, a reliqu idar la
pensión de jubilación d e la señora Blanca Olga Flóre z de Vega , con
la inclusión de la totalidad de los f actores salariales devengados
durante el último año de servicios.
33. Acorde con lo a nterio r, se abordaran las causales, relacionada s
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verif icar si
procede inf irmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas
en los literales a) y b) del artículo 2 0 de la Le y 797 de 2003 .
34. La acción especial de re visión es un medio que permite
impugnar una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y
cuando se conf iguren, de manera expresa, las causales señaladas
en el artículo 25 0 del CPACA 14 (antes artículo 188 del CCA),
12 Según constancia secretarial del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Zipaquirá,
visible a folio 243 del expediente administrativo.
13 Fl. 10 vto. Cuaderno primero
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
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situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada 15, que se aplica exclusivamente a
aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción
de legalidad que cobija a las sent encias, ellas no pueden subsistir
por el gra ve desconocimiento de los principios f undamentales del
proceso.
35. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente está con templada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está consi dera da precisamente como una acción especial 16,
con algunas dif erencias ref eridas a su f inalidad y la legitimación en
la causa por act iva. De esta manera, se estableció para controvert ir
las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza pagada s con cargo al tesoro público y contrarrestar los
casos de corrupción en esta materia 17 y para ejercerla se requiere
de un solicitante calif icado 18, que a su ve z podrá ser un tercero que
no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.
36. En este sentido, el art ículo 20 d e la Ley 797 de 2003 19 f acultó
al Gobierno para que, por conducto del Ministe rio de Trabajo y
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero
ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
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Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, d el
Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación, soliciten a nte el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la re visió n de aquellas providencias judiciale s donde se
reconozcan presta ciones periódicas a cargo del tesoro pú blico o de
f ondos de naturaleza pública.
37. Adicionalmente, a tra vés del ordinal 6.º del art ículo 6.º del
Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009 20, reproducido en el
Decreto 575 de 2013, el Gobierno Na cional delegó como f unción de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Paraf iscales de la Protección Social adelantar o
asumir, cuando haya lu gar, las accio nes previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
38. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma
que establece :
«a) Cuando e l r eco nocim ient o se ha ya obt enido con vio la ción al
debido pr oceso, y
b) Cuando la cuant ía del der echo r econocido exc edier e lo d ebido
de acuer do con l a l ey, pact o o con venc ión col ect i va q ue le er an
leg alm ent e aplicab le s».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artícul o 20 de la
Le y 797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se ha ya
obtenido con vi ol ación al debido proceso».
39. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada
reconoce una pensión con cargo al tesoro público o los f ondos de
naturaleza pública con violación del debido proceso. En relación
con ella, es claro que la parte intere sada debe promover la acción
especial de re visión y aportar los elementos sobre los cuales
estructura su petición.
40. En este caso, la UGPP cuestiona la sentencia de 23 de octubre
de 2014, prof erida por el Juzgado Administrativo de Descongestión
del Circu ito Judicial de Zipaquirá a través de la cual se ordenó
20 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
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reliquidar la pensión a f avor de la señora Blanca Olga Flóre z de
Vega, con lo que se fundamentó en la violación al debido proceso,
toda vez que en su parecer la pensión debió liquidarse con base en
los art ículos 21 y los incisos 2 y 3 del art ículo 36 de la Ley 100 de
1993, atendiendo únicamente a los f actores exp resamente
señalados en el Decreto 1158 de 1994.
41. Al respecto, la Sala precisa qu e el derecho f undamental al
debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución
Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad -
libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista
en f avor de las partes y de los t erceros interesad os en una
actuación administrativa o judicial.
42. Según la citada norma, el debido proceso comprende
f undamentalmente tres grandes garantías:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las f ormas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conf orme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y def ensa, que, desde luego,
inclu yen el derech o a of recer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la d ecisión y la ga rantía
de non bis in idem.
43. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la
UGPP para f undamentar el cargo de violación del derecho
f undamental al debido proceso, se ref ieren al desconocimiento de
las garant ías citad as por parte de la autoridad judicial al prof erir la
sentencia judicial que se re visa.
44. Al contrario, los argumentos de la entidad se dirigen,
básicamente, a cuestionar el régimen aplicable a la demandante,
sin hacer manif estación alguna en relación con la vulneración del
citado derecho, supuestamente ocasionada con la sentencia de 23
de octubre de 2014 , prof erida por el Juzgado Administrativo de
Descongestión del Circu ito Judicial de Zipaquirá , ra zón p or la cual,
la causal esgrimida por la entidad se declarará inf undada.
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3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la
Le y 797 de 2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la le y, pacto o convención
colecti va que le eran legalmente aplicables».
45. Esta causal h a sido considerad a jurisp rudencialmente 21 como
un instrumento que persigue f ortalecer el principio de la moralidad
administrativa 22 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han ef ectuado en exceso y que af ectan los principios
f ilosóf icos que orientan el Sistema General de Pensiones 23, en
especial, el princip io de solidaridad 24 y equilibrio f inanciero.
46. La apoderada de la UGPP estimó que f ue errónea la
interpretación ef ectuada en la providencia judicial cu estionada ,
f rente al régimen de transición de la L ey 100 de 1993 y s u aplicación
al caso d e la señora Blanca Olga Flórez de Vega , lo que originó que
se le otorgara un d erecho que no le asiste, comoquiera que si bien
su pensión de jubilación debía reconocerse de acuerdo con las
Leyes 33 y 62 de 1985, la consagración del régimen de transición,
sólo conservó la edad, el tiempo de servicios o la semanas
cotizadas y el mo nto pensional, pero entendido este último como la
tasa de reemplazo def inida en el ré gimen anterior, para
dif erenciarla de la tasa f ijada por el Sistema General de Pensiones
y po r ende , para el ingreso base de liquidación de la norma anterior
debía aplicarse el artícu lo 21 o 36 de la Ley 100 de 1993 y atender
a los f actores establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
3.5.1.1. Caso concreto
47. En primer lugar, la Sala encuentra que esta causal no se
conf igura en el sub lite por los siguien tes motivos:
48. Es de destacar que en este caso no se discute que a la señora
Blanca Olga Fló rez de Vega le sea aplicable el régimen de
transición de la Le y 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la
solicitud de re visión y la pro videncia judicial cuestionada.
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
22 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
23Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
24 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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49. En ef ecto, revisado el e xpediente originario se tie ne que la
señora Flóre z de Vega nació el 12 de mayo de 1954, como lo indica
la copia de la cédula de ciudadanía, que obra a folio 235 del
expediente administrativo .
50. Igualmente, se tiene que laboró como auxiliar d e servicios
generales en la Unive rsidad Pedagógica Nacional desde el 22 de
mayo de 197 1 hasta el 16 de noviembre de 1980 25, y luego, como
auxiliar administrativa en la Secretar ía de Educación del
Departamento de Cundinamarca - Municipio de Zipaquirá desde el
12 de diciembre de 1980 26 y hasta el 1 . ° marzo de 2012 cuando se
le aceptó su renuncia a través de la Resolución 037 de 8 de f ebrero
de 2012 suscrita por el alcalde municipal de Zipaquirá. En
consecuencia, para el 30 de junio de 1995 , f echa de entrada en
vigo r de la Ley 100 de 1993 , para los empleados territoriales , tenía
más de 24 años de servicio s y 41 años de edad .
51. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la
sentencia objeto de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema
pensional anterior , en virtud del régimen de transición del que es
benef iciaria la señora Blanca Olga Flóre z de Vega , bajo los
parámetros f ijados por la ju risprude ncia unif icada de la S ección
Segunda del Consejo de Estado vigente para la época en que se
def inió el proceso judicial 27 (23 de octubre de 2014 ), esto es con la
inclusión de los factores deven gados durante el último año de
servicios (2011 – 2012), en los términos de la Ley 33 d e 1985 .
52. En ef ecto, el Juzgado advirtió qu e en el acto de reconocimiento
pensional Resolución UGM 021457 de 21 de diciembre de 2011 la
Caja Nacional de Previsión Social reconoció la pensión de
jubilación, «[…] aplicando un 79.84% sobre un ingreso base de
liquidación conf ormad o por el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales h a cotizado o aport ado el interesado entre el uno
de agosto de 1999 y el 30 de julio de 2009 conf orme al artícu lo 21
de la Ley 100 de 1993 ».
25 Según certificación expedida por la Universidad Pedagógica Nacional, expedida el 14 de octubre de 2009,
visible a folio 76 del cuaderno primero.
26 según certificación que obra a folio 68 del cuaderno primero, expedida por la directora de personal del
Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Educación .
27 Sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, con ponencia del consejero Dr. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
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53. Ahora bien, en la parte considerativa 28, la sentencia del
Juzgado señaló: «A título de rest ablecimiento del derecho, se
liquidará la pensión de jubilación de la actora teniendo en cuenta
el setenta y cinco por ciento (75%) d e la totalidad de los f actores
devengados en el año ante rior a la prestación de servicio s, es decir ,
del 28 de febrero de 2011 al 01 de marzo de 2012 conf orme a la
resolución No 037 de 08 de f ebrero de 2012 obrante al folio 12 del
expediente» .
54. Empero, en la parte resolutiva o rdenó «[…]la inclusión de la
totalidad de los factores devengad os en el año anterior a la
prestación del servicio, es decir, e l comprendido entre el 02 de
marzo de 2011 al 01 de marzo de 2012 incluyendo además de los
tenidos en cuenta, los siguientes: Subsidio de al imentación, Prima
de Servicios, Prima de Vacaciones, Prima Técnica, y Prima de
Navidad, conforme a lo expuesto en la parte moti va » 29.
55. En este sentido , se colige que e l Ju zgado ajustó la tasa de
reemplazo en un 75% y dicha decisión no fue motivo de apelación
por la pensionada. Además, los factores mencionados fueron
ef ectivamente devengados por la señora Flórez de Vega en el
citado interregno, como se advierte al verif icar la certif icación
expedida el 13 de septiembre de 2011 por el secretario de
educación municipal de Zipaquirá qu e obra a f olios 262 y vto. del
expediente administrativo.
56. Ahora bien , la sentencia de unif icación proferida por la Sección
Segunda el 4 de agosto de 2010 así se ref irió al tema:
«[ …] la Ley 100 de 1993 cr eó un r ég im en de t r ansición, q ue ha
sido ent endido com o un benef icio consag r ado en f avor de las
per sonas q ue cum plan det er m inados r equisit os, par a q ue al ent r ar
en vig encia la nue va le y, en lo q ue atañe a la edad, t iem po de
ser vic io o núm er o de sem anas cot izadas y m o nt o de la pensió n, se
sig an r ig iendo por lo est ablecido en el r é g im en ant er ior al cual se
encont r aban af iliado s.
T eniendo en cuent a las pr uebas al le g adas al e xped ient e, se
acr edit ó q ue al 1. ° de abr il de 1994 el act or t enía m ás de 40 años
de edad, por lo cual se encuent r a dentr o de las pr evis ione s del
r ég im en de tr ansició n de la Ley 100 de 1 993.
En conclus ión, la no r m at ivida d apl icab le en est e caso par a ef ect os
de det er m inar los r eq uisit os de edad, t iem po de ser vici os y,
28 f. 189 vto. Cdno principal.
29
Negrilla de la Sala.
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especia lm ent e, cuan t ía de l a pens i ón de j ubilac ión, son las Leyes
33 y 62 de 1985.
( …)
En ar as de g ar ant izar los pr incipios de igualdad m at er ial, pr im acía
de la r eal idad sobr e las f orm alidades y f avor abi lid ad en m at er ia
labor al, l a Sa la, pr evi os debat es sur t idos con ap oyo e n
ant ecedent es hist ór i cos, nor m at ivos y j ur ispr udencia les, a t r avés
de la pr esent e sent encia de unif icación ar r iba a la conclusi ó n q ue
la Ley 33 de 198 5 no indica en f orm a t axat iva los f act or es
salar ia les q ue conf or m an la base de li q uidación pe nsion al , sino
q ue los m ism o s están sim plem ent e enunciados y no im pi den la
inclus ión de ot r os concept os deveng ados por el t r abaj ador dur ant e
el últ im o año de pr e st ación de ser vicios.
Est a decisión encue nt r a consonancia con la sent encia de 9 de j ulio
de 2009, pr of er ida por la Sección Seg un da de est a Cor por ación».
57. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en la sentencia de unif icación de 28 de
agosto de 2018, f ijó reglas y subreglas jurisprudenciales,
providencia que constituye un pr ece dente vinculante y obligatorio
en la resolución de casos f áctica y jurídicamente iguales, con
ef ectos retrospectivos «[…] a todo s los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo lo s casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio d e seguridad jurídica, resultan
inmodif icables».
58. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición f ijada en la ref erida sentencia de unif icaci ón:
«El I ng r eso Base de Liq uidación de l inc i so t er cer o del ar t ícu lo 36
de la Ley 100 de 1993 hace par t e del r ég im en de t r ansición par a
aq uellas per sonas b enef iciar ias de l m is m o q ue se pensione n con
los r eq uisit os de edad, t iem po y t asa de r eem plazo del r ég im en
g ener al de pensione s pr evist o en la Le y 33 de 1985. ».
59. En cuanto a las subreglas: la primera, se ref iere al periodo para
liquidar las pensio nes de los servidores públicos que adquieran el
derecho conf orme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 ( edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se f ijó en los siguientes términos:
«- Si f alt ar e m enos de die z ( 10) años par a adq uir ir el der echo a la
pensión, el ing r eso base de liq uidac ión ser á ( i) el pr om edio de lo
deve ng ado en el t iem po q ue les hicier e f alt a par a ello, o (ii) el
cot iza do dur ant e t odo el t iem po, el q ue f uer e super ior , act uali zado
anualm ent e con ba se en la var iac ión del Í ndice d e Pr eci os al
consum idor , seg ún cer t if icación q ue expi da el DAN E.
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• Si f alt ar e m ás de die z ( 10) años, el ing r eso base de liq uidación
ser á el pr om edio d e los salar ios o r ent as sobr e los cual es ha
cot iza do el af iliado dur ant e los diez ( 10) años ant er iores al
r econocim ient o de la pensión, act uali za dos anualm ent e con base
en la var iac ión del índice de pr ecio s al consum idor , seg ún
cer t if icación q ue expida el D ANE. ».
60. La segunda, determina «que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de veje z de los servidores
públicos benef iciarios de la tran sición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan ef ectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.».
61. Es necesario indicar que si bie n es cierto que a ctualmente
existe un criterio de interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 distinto al que exist ía en el momento de decidir la controversia
resuelta a través de la sentencia de 23 de octubre de 2014 , lo cierto
es que no se puede entender que el reconocimiento se haya
realizado con abuso del derecho, pues el Juzgado f undamentó su
posición en la sentencia de unif icación de 4 de agosto de 2010
prof erida por esta Corporación, que gozaba de plena aplicación en
esa época .
62 En ese sentido, la misma sentencia de unif icación de 28 de
agosto de 2018 señaló que las re glas allí contenidas solo se
habrían de aplicar a asuntos pendi entes de resol ver, y que no
operan respecto de situaciones definidas que hicieron tránsito
a la cosa juzgada, tal y como oc urri ó en este caso .
63. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las
sentencias de la Corte Constitucional C - 168 de 1995, C - 258 de
2013, SU - 230 de 2015, SU - 427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU -
395 de 2017, SU - 631 de 2017, y T – 039 de 2018 , se advierte que,
en la época en que se emitió la sentencia que se revisa, el 23 de
noviembre de 2014 , solo se habían proferido las sentencias C - 168
de 1995, C- 258 de 2013, sin embargo el Ju zgado justificó su
decisión acogiendo el precedente de esta Corporación de 4 de
agosto de 2010.
64. Además, el cambio jurisprudencial solo ocurrió cuando se profirió
la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018,
dictada dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-
01, con ponencia del Consejero César Palomino Cortés, con lo cual
no se le puede endilgar que desconoció el precedente judicial.
65. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso
no se conf igura n las causales prevista s en los literales a) y b) del
artícu lo 20 de la Ley 797 de 2003 , razón por la cual se declarará
inf undada la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP.
3.6. Condena en costas
66. En este caso, considera la Sala que no hay lu gar a la condena
en costas, conf orme con el artícu lo 188 30 del CPACA, por cuanto la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Pa raf iscales de la P rotección Social promovió la
acción especial de revisión en contra de la sentencia por la cua l se
ordenó la reliquidación de una pensión de jubilación, asunto en el
que se ventila un interés público, co mo lo es la sa lva guarda del
patrimonio estatal.
67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
F ALL A
PRIMERO.- DE CL AR AR FUND AD A la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 23 de octubre de 2014 dictada
por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Zip aquirá dentro d el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado
25899333300120130057300, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva.
30 «Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».(Negrilla de la Sala)
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SEGUNDO.- SIN CONDEN A EN COST AS, según las
consideraciones señaladas.
TERCERO. - EFECTU AR las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MAI y una ve z en f irme esta
providencia DEVUÉLV ASE el e xpediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
Esta providencia f ue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
veinti siete (27) en ero de dos mil vein tidós (2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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