Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00962-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00962-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00962-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandado: William Ballen Bernal
Temas: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de
2003. Cuantía reconocida excede lo debido.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra las sentencias
proferidas el 7 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión2, por medio de la cual se
confirmó parcialmente la decisión del 31 de octubre de 2013 emitida por el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y, en
consecuencia, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por William Ballén Bernal.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1 En adelante UGPP.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado No. 11001-33-31-012-2012-00126-01;
actor: William Ballén Bernal, demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
La UGPP, en ejercicio de la acción de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2013, solicitó la revisión de las sentencias proferidas el 31 de octubre de
2014 por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial
de Bogotá y el 7 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, que revocó la decisión de
primera instancia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-31-012-2012-00126-01, que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por William Ballén Bernal y, en
consecuencia declaró la nulidad de las resoluciones: i) PAP 009517 del 20 de
agosto de 2010 y ii) PAP 032144 del 30 de diciembre de ese año, por medio de las
cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación en cuantía
equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) declarar que William Ballén Bernal no
es acreedor de un derecho adquirido y ii) ordenar la reliquidación y pago de la
mesada pensional conforme a los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y con los
factores salariales previstos en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en
aplicación de las reglas establecidas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, Auto 326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-230 del 2015, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017, T-039 de 2018 del 2018 proferidas por la Corte Constitucional, con la
tasa de reemplazo del 75% prevista en la Ley 7 de 1961 y en los decretos 1372 de
1966 y 2324 de 1997, por no resultar beneficiario del régimen de transición del
Sistema General de Pensiones.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
• William Ballén Bernal nació el 6 de mayo de 1956 y en el período comprendido
entre el 29 de octubre de 1986 y el 30 de octubre de 2014 laboró al servicio de la
Aeronáutica Civil. El último cargo desempeñado fue el de técnico aeronáutico IV
grado 21.
• Adquirió el estatus el 29 de octubre de 2006 y mediante la Resolución 18960 del
20 de mayo de 2009, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E.3 le
negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, al considerar que no cumplía los
requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la Ley 100 de 1993, modificada
3 En adelante Cajanal.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
por la Ley 797 de 2003. Decisión confirmada por las resoluciones 18960 del 20 de
mayo de 2009 y 9517 del 20 de agosto de 2010.
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
Sala de Descongestión revocó la decisión del 31 de octubre de 2013, proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá y accedió a las pretensiones de la demanda presentada por William Ballén
Bernal.
• A través de Resolución RDP 6139 del 16 de febrero de 2015 la UGPP dio
cumplimiento al fallo proferido en segunda instancia, reconoció y ordenó el pago de
la pensión de jubilación, a favor de William Ballén Bernal en cuantía de $4’478.932,
efectiva a partir del 1º de noviembre de 2014, condicionada a demostrar el retiro
definitivo del servicio. El 8 de mayo de 2019, la entidad ordenó actualizar el valor de
la mesada, en la Resolución 014114, comoquiera que William Ballén Bernal fue
retirado del servicio mediante la decisión 2777 del 19 de septiembre de 2016 emitida
por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a partir del 1º de
diciembre de 2016.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
Mediante sentencia del 7 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión resolvió el
recurso de apelación interpuesto por William Ballén Bernal y revocó la decisión del
31 de octubre de 2013 emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá y, en su lugar, ordenó el
reconocimiento de la pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 75% de la
totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
esto es desde el 16 de abril de 2009 y 15 de abril de 2010, con fundamento en los
siguientes factores: sueldo básico, sueldo básico retroactivo, 1/2 parte de la
bonificación por servicios prestados, la 1/2 parte de la bonificación semestral, 1/2
de la prima de navidad, el recargo nocturno ordinario, el recargo nocturno ordinario
retroactivo, el recargo nocturno dominical, el recargo nocturno dominical retroactivo,
las horas extra diurnas ordinarias, las horas extra diurnas ordinarias retroactivas,
las horas extra nocturnas ordinarias, las horas extra nocturnas ordinarias
retroactivas, la jornada ordinaria dominical, la jornada ordinaria dominical
retroactiva, el compensatorio dominical y/o festivo, el compensatorio dominical y/o
festivo retroactivo, las horas extra nocturnas dominicales, las horas extra nocturnas
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
dominicales retroactivas, 1/2 parte de la sumatoria la prima de productividad y la
prima de productividad retroactiva4.
Para tal efecto, concluyó lo siguiente:
• William Ballén Bernal es beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, por cuanto desde su ingreso a la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil [29 de octubre de 1986] ejerce
funciones de técnico en electricidad con fines exclusivamente aeronáuticos. Desde
la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento [16 de abril de 2010]
contaba con 23 años de servicio, tal como lo exige la Ley 797 de 2003, de manera
que resulta beneficiario del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, en consecuencia, el derecho pensional se estudiará en virtud de las normas
aplicables a los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito
aéreo y técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores.
Sin embargo, respecto de los requisitos previstos en el parágrafo del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003 (que cumple con suficiencia el demandante), la disposición
resulta contraria a la Constitución Política, al exigir aspectos adicionales a los
establecidos en las normas especiales, comoquiera que implica que el trabajador
cumpla las exigencias de la transición prevista en el Decreto 2090 de 2003 y también
los requerimientos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que no le resulta aplicable,
lo cual hace más gravosa su situación.
William Ballén Bernal ha laborado en la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil desde el 29 de octubre de 1986 hasta la fecha de la solicitud
pensional, es decir el 16 de abril de 2010, momento en el cual contaba con 23 años,
5 meses y 18 días de tiempo de servicio prestado, de manera que cumple con lo
dispuesto en el artículo 21 del Decreto 1237 de 1946, sin que la edad sea un factor
determinante, en el presente asunto. Motivo por el cual le asiste derecho al
reconocimiento pensional, en cuantía del 75% del promedio de los salarios
devengados durante el año anterior a completar 20 años de servicio, lo cual ocurrió
el 29 de octubre de 2006.
• La demandada negó el reconocimiento, con fundamento en que el demandante no
cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993,
entre los cuales está contar con 55 años de edad; sin embargo, tal requerimiento
resulta contrario a derecho. En cuanto a los factores salariales, según la sentencia
4 SAMAI, índice 7, actuación: 7_ED_Recurso de
revision_Cuaderno2PrincipalFolios201al409.pdf(.PDF) NroActua 7.
4
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Demandante: UGPP
de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado5, la cuantía correspondiente al presente asunto, es el 75% del promedio
de las asignaciones devengadas el último año de servicio.
• Al momento de liquidar la prestación por retiro definitivo del servicio, se deberá
tomar el último año de servicios anterior a ese evento, con base en los factores
salariales que se certifiquen como devengados en ese periodo, el año comprendido
entre el 16 de abril de 2009 y el 15 de abril de 2010, arriba referenciado, corresponde
al año anterior a la fecha de la solicitud de la prestación.
1.2. La causal de revisión invocada
La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
i) La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto los
términos en los cuales fue reconocida la reliquidación de la pensión de jubilación
del causante no eran los correspondientes, por cuanto no resultaba beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En tal sentido
la reliquidación de la pensión ordenada repercutió negativamente en las finanzas
públicas, lo que tuvo incidencia en la sostenibilidad fiscal del Estado.
ii) Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 por cuanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en la
jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó, de manera
expresa el IBL, del régimen de transición.
iii) Los factores que se debieron tener en cuenta para ordenar la reliquidación
pensional eran los del Decreto 1158 de 1994, por cuanto William Ballén Bernal
adquirió el estatus durante su vigencia. De manera que, el régimen especial
aplicado al causante no era el dispuesto en la Ley 7 de 1961 y los decretos 1372 de
1966 y 2324 de 1997, puesto que lo correcto era aplicar el promedio de los 10
últimos años o lo que le haga falta y no del último año como lo ordenó el Tribunal.
5 Radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).
6 SAMAI, índice 7, actuación: 7_ED_Recurso de
revision_Cuaderno2PrincipalFolios201al409.pdf(.PDF) NroActua 7.
5
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
William Ballén Bernal solicitó a mantener la decisión objetada7, por cuanto resulta
inaplicable la causal invocada por la UGPP, al no existir un exceso indebido en la
cuantía de la mesada, puesto que fundamentada en el artículo 6 del Decreto 1372
de 1966 que indica que el promedio corresponde a todas las asignaciones
devengadas durante el último año de servicios.
La UGPP pretende revivir un debate jurídico ya definido, con el fin de que se le
permita aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando lo correcto corresponde
a la aplicación de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.
Además, de acceder a lo pretendido por la demandante se vulnerarían los principios
de buena fe, confianza legítima y respeto al acto propio y sus derechos al mínimo
vital y adquiridos.
Finalmente, propuso la excepción de cosa juzgada.
1.4. Concepto del Ministerio Público
En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.
7 SAMAI, índice 11, actuación: 11_MemorialWeb_ContestaciónDemanda(.pdf) NroActua 1.
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del
día siguiente de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento
del acuerdo transaccional o conciliatorio.
En el sub judice la sentencia objeto de revisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, el 7 de
octubre de 2014 quedó ejecutoriada el 1º de diciembre de 2014, razón por la cual la
entidad recurrente debió presentar la solicitud de revisión hasta el 1º de diciembre de
2019 y, comoquiera que, la acción de revisión se presentó el 29 de noviembre de
2019, esto es dentro de los 5 años siguientes luego de que la UGPP asumiera las
funciones a cargo de Cajanal, se impone concluir que la acción se ejerció
oportunamente.
2.3. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión se
profirió con vulneración del debido proceso y, en consecuencia, está inmersa en la
causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿la
cuantía del derecho reconocido a William Ballén Bernal excede lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de sobrevivientes
en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto,
se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
Para resolver la Sala abordará la siguiente temática: (1) marco normativo, (1.1) de
la acción especial de revisión de sumas periódicas a cargo del tesoro público; (1.2)
del ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen previsto en la Ley
33 de 1985; (2) caso concreto; (3) costas, y (4) conclusión.
2.4. Marco normativo
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
7
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2010 de la Ley 797 de 200311 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen12.
Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indicó
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
10 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
12 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
8
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes13:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.»
Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»14.
13 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación15 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.
2.4.2. El Régimen pensional especial para actividades de alto riesgo de
algunos servidores de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
La Ley 7ª de 1961 «Sobre pensiones de jubilación de Radio - operadores, Técnicos de
Radio y Oficiales de Meteorología, al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos»
dispuso lo siguiente:
«Artículo 1. Los radio - operadores del servicio móvil aeronáutico "R" categoría "R" y
del servicio fijo de acuerdo con las definiciones dadas en el decreto 3418 de 1954, y
su reglamentario 2427 de 1956; los técnicos de radio y electricidad y los oficiales de
meteorología que venían prestando sus servicios en Aerovías Nacionales de
Colombia S.A. (Avianca) y que fueron incorporados a la Empresa Colombiana de
Aeródromos, creada por decreto 2369 de 1954, para los efectos de la pensión de
jubilación tendrán derecho a que se le compute el tiempo servido a dicha empresa
privada como tiempo servido a la Nación.
Artículo 2. Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores
lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 1237 de 1946, y tendrán derecho a la pensión
de jubilación al cumplir 20 años de servicio, cualquiera que fuere su edad». [Se
resalta].
El Decreto 1372 de 1966 «Por el cual se reglamenta la Ley 7ª de 1961 sobre pensiones
de jubilación de radioperadores, técnicos de radio, de electricidad y oficiales de
15 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
meteorología» estableció:
«Artículo 1º. Son radioperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría “R” y del
Servicio Fijo, definidos en el Decreto 3418 de 1954, los funcionarios que operan los
circuitos de radio que integran tales servicios, sea cual fuere la naturaleza de estos
circuitos y la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la
organización del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, de la Empresa
Colombiana de Aeródromos o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
Artículo 2º. Son oficiales de metereología los funcionarios calificados por el
Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil como idóneos para atender los
requerimientos metereológicos, aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de
planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo
metereológico aeronáutico al cual pertenece o del Departamento Administrativo del
Servicio Civil.
Artículo 3º. Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen
las actividades propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea
cual fuere la denominación de planta de los cargos nomenclatura dentro de la
organización del organismo aeronáutico al cual pertenecen o del Departamento
Administrativo del Servicio Civil
[…]
Artículo 6º. De acuerdo con los artículos 2º de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237
de 1946, el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio
mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último año de
servicios».
En suma, los empleados relacionados en la Ley 7ª de 1961 y especificados en el
Decreto 1372 de 1966 tenían derecho a la pensión de jubilación equivalente al 75%
de las asignaciones percibidas durante el último año de servicios, cuando contaran
con 20 años de servicio en la aeronáutica Civil.
Por su parte, en el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 se estableció:
«Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4ª
de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que
laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de
jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos.
Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador
aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización
a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad». [Se
resalta].
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Demandante: UGPP
Asimismo, el Decreto 691 de 1994 «Por el cual se incorporan los servidores públicos al
sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones», en el artículo 5 determinó
que «Los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se
entienden incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones
especiales que para cada caso se determinen» (Se destaca).
El gobierno nacional en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las conferidas en el ordinal 11 del artículo 189 y los literales e) y f) del
ordinal 19 del artículo 150 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 profirió el Decreto 1835 de 1994 «Por el cual se
reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos», en cuyo artículo 2
se refirió a las actividades desarrolladas por algunos empleados de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que comportaban la naturaleza de alto
riesgo, en los siguientes términos:
«Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100
de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
[…]
4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos aeronáuticos
con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida
por la oficina de registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de
conformidad con la reglamentación contenida en la Resolución No. 03220 de junio 2
de 1994 por medio de la cual se modifica el manual de reglamentos aeronáuticos; y
demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.
Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida o
reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución No.2450
de diciembre 19 de 1974 por medio de la cual se adopta el manual de reglamentos
aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o aclaren.
A su turno, en el artículo 6 estipuló los requerimientos exigidos a los servidores
públicos que ejercieran las actividades previstas en el numeral 4 del artículo 2,
previamente citado, de la siguiente forma:
«1. a) 55 años de edad y,
b) 1.000 semanas de cotización, de las cuales por lo menos 500 semanas hayan sido
cotizadas en las actividades señaladas en el numeral 4 del artículo 2º de este Decreto.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá un año
por cada sesenta (60) semanas de cotización, adicionales a las primeras 1.000
semanas, sin que la edad pueda ser inferior a 50 años, o,
2. a) 45 años de edad y,
b) 1.000 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en las actividades
señaladas en el numeral 4º del artículo 2º de este Decreto».
Respecto del monto de las cotizaciones, en el artículo 12 se refirió en los
siguientes términos:
«El monto de la cotización para las actividades de alto riesgo de que trata este
Decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones por la Ley 100 de 1993
más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de
la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo
de las demás entidades empleadoras de que trata este Decreto».
Posteriormente, mediante el artículo 11 del Decreto 2090 de 2003 «Por el cual se
definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboren en dichas actividades» fue derogado el Decreto 1835 de 1994. En esa
oportunidad se determinó la actividad de alto riesgo como aquella que representa
un daño a la salud del trabajador o una disminución a su expectativa de vida,
independientemente de las condiciones en las cuales realice su labor17.
En el artículo 2 del Decreto 2090 de 2003 determinó las actividades clasificadas
como de alto riesgo para la salud del trabajador, así:
«Artículo 2. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se consideran
actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las siguientes:
1. Trabajos en minería que impliquen prestar el servicio en socavones o en
subterráneos.
2. Trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas, por encima de los
valores límites permisibles, determinados por las normas técnicas de salud de salud
ocupacional.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes.
4. Trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas.
17 «Artículo 1° Definición y campo de aplicación. El presente decreto se aplica a todos los
trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo, entendiendo por actividades de alto riesgo
aquellas en las cuales la labor desempeñada implique la disminución de la expectativa de vida
saludable o la necesidad del retiro de las funciones laborales que ejecuta, con ocasión de su trabajo».
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga sus
veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de
tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina de Registro de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con las normas
vigentes» (Se resalta).
A su turno, en los artículos 3 y 4 ibidem fueron dispuestos los requisitos para el
acceder al reconocimiento de la pensión especial de vejez, de los trabajadores que
realizaran actividades de alto riesgo, antes descritas, de la siguiente forma:
«Artículo 3. Pensiones especiales de vejez. Los afiliados al Régimen de Prima
Media con prestación definida del Sistema General de Pensiones, que se dediquen en
forma permanente al ejercicio de las actividades indicadas en el artículo anterior,
durante el número de semanas que corresponda y efectúen la cotización especial
durante por lo menos 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tendrán
derecho a la pensión especial de vejez, cuando reúnan los requisitos establecidos en
el artículo siguiente.
Artículo 4º. Condiciones y requisitos para tener derecho a la pensión especial de
vejez. La pensión especial de vejez se sujetará a los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 55 años de edad.
2. Haber cotizado el número mínimo de semanas establecido para el Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, al que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797de 2003.
La edad para el reconocimiento especial de vejez se disminuirá en un (1) año por cada
(60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el
Sistema General de Pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50)
años.»
No obstante, esta norma previó un régimen de transición, así:
«Artículo 6. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 1818 de la Ley 797 de
2003».
De la revisión de la norma transcrita se tiene que exige i) 500 semanas de cotización
especial, ii) el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión; y iii) el cumplimiento de las condiciones reguladas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen pensional de alto riesgo.
Sobre el particular, en sentencia C-663 del 29 de agosto de 200719, la Corte
Constitucional condicionó su exequibilidad, «en el entendido de que para el cómputo
de las ‘500 semanas de cotización especial’, se podrán acreditar las semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto
riesgo».
En ese sentido esta Corporación ha indicado20 que al acreditar 500 semanas de
cotización en actividades de alto riesgo para la entrada en vigencia del Decreto 2090
de 2003, se concede el derecho al reconocimiento de la prestación en los términos
de la norma inmediatamente anterior, de manera que del parágrafo del artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, se extrae que la intención del legislador fue la de
adicionar este requisito en armonía con el régimen general de pensiones.
Asimismo, consideró que exigir, adicionalmente, el cumplimiento de los requisitos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es desproporcionado y gravoso cuando el
servidor aspira al reconocimiento en los términos de la norma anterior, por cuanto
conllevan una situación más desventajosa en virtud del tránsito legislativo. Señaló
que la finalidad de un régimen de transición, consiste en que el legislador defina un
sistema de protección, cuyo fin es contrarrestar alguna desmejora en las
condiciones que pueda originarse con las reformas legales, en los usuarios del
sistema que pese a no haber adquirido el derecho a la pensión porque les falta
reunir todos los requisitos, tienen una expectativa legítima de adquirir el derecho 21.
De esta manera, como en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 se establecieron
unos supuestos para la transición de un régimen especial y, al mismo tiempo, para
uno general, en virtud del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política22 se aplicará, de manera preferente, la regla de transición que
18 Artículo declarado inexequible mediante sentencia C-1056/03
19 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20 En este sentido se encuentra la sentencia del 29 de junio de 2017, radicado 08001-23-33-000-
2012-00082-01(0391-14), proferida por esta Corporación, Sección Segunda, Subsección B.
21 En este sentido se puede consultar la sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicado 63001-
23-33-000-2017-00269-01 (2958-2018) proferida por esta Corporación, Sección Segunda,
Subsección B.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
le posibilite el reconocimiento de la prestación especial de vejez23.
En ese sentido, resulta aplicable el primer inciso del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003 cuando se acreditan 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo
al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 200324, de
la siguiente forma:
Para el 28 de Cuando menos 500 semanas en cualquier actividad que
julio de 2003 haya sido calificada jurídicamente como de alto riesgo
Cotizaciones Deben cumplir con el número mínimo de semanas exigido
por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esto es,
un mínimo de 1000 semanas, según el numeral 2 del
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe
entenderse como requisito necesario para ser beneficiario
de la transición y no como un requisito para acceder al
derecho pensional25.
Una vez cumplido lo anterior se podrá acceder al reconocimiento pensional en los
términos establecidos en las normas anteriores que regulaban las actividades de
alto riesgo, es decir el Decreto 1835 de 1994.
Como consecuencia, a los servidores públicos que ejercen actividades de alto
riesgo que se encontraban amparados por el Decreto 1835 de 1994, les fue
concedido un régimen de transición con el Decreto 2090 de 2003 (que lo derogó),
que indicó que para quienes al 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos 500
semanas, tendrían derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez, una
vez cumplidas 1000 semanas cotizadas26, en las mismas condiciones establecidas
en la norma anterior que regula las actividades de alto riesgo, esto es, el Decreto
23 En consonancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-663 de 2007 «en
el hipotético caso en que en una situación concreta un trabajador se vea amparado por ambos
regímenes de transición, el de la Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir
dos normas vigentes y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la
Constitución aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por
tratarse de disposiciones pensionales».
24 En este mismo sentido, se pueden consultar, entre otras, las sentencias de la subsección B, del
12 de junio de 2014, número interno: 3287-2013 y de la Subsección A, del 22 de abril de 2015,
número interno: 2555-13, del 20 de noviembre de 2020, radicado 63001-23-33-000-2017-00269-01
(2958-2018).
25 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicación:
08001-23-33-000-2012-00082-01(0391-14).
26 Artículo 9 de la Ley 797 de 2003. «(a) partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015».
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
1835 de 1994. El mínimo de 1000 semanas de cotización, debe entenderse como
requisito necesario para ser beneficiario de la transición, no para acceder al derecho
pensional27.
En suma, la interpretación más favorable a los trabajadores i) «es aquella que les
permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de
transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales
cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales
cotizaciones no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el
Decreto 2090 de 2003»28 [Se resalta]; y ii) el requisito de las 1000 semanas de
cotización debe entenderse como condición necesaria para ser beneficiario del
régimen de transición y no como un requisito para acceder al derecho pensional 29;
y iii) ante dos normas concurrentes [la transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y la que es propia del Decreto 2090 de 2003] debe aplicarse en forma
preferente aquella que permite el reconocimiento prestacional.
2.4. Caso concreto
En consideración con los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la vulneración a
este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.
Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión30 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii) [e]l
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 12 de junio de 2014
Radicación 050012331000201200100-01(3287-2013), del 20 de noviembre de 2020, radicado
63001-23-33-000-2017-00269-01 (2958-2018) y del 18 de septiembre de 2020, radicado 25000-23-
42-000-2015-04999-01 (5735-2018).
28 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23
31 000 2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015
proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
30
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una
decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a cuestionar
el IBL y los factores tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a William Ballén Bernal, sin hacer manifestación alguna en
relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental
al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión profirió la
decisión objeto de revisión con sustento en la 6 del Decreto 2090 de 2003 que para
los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores aéreo de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil establecen las condiciones para
acceder a la pensión de jubilación y según la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 31 los
factores salariales.
Ciertamente, en este punto es necesario establecer la normativa que le era
aplicable a William Ballén Bernal, así como los requisitos para acceder al beneficio
pensional.
Para tal efecto, la Sala encuentra que:
• Nació el 9 de mayo de 196132 y desde el 29 de octubre de 1986 laboró en forma
ininterrumpida en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil33, así:
Cargos desempeñados Desde Hasta
Celador auxiliar de plantas eléctricas grado 03 29/10/86 27/10/88
Auxiliar de electricidad grado 03 28/10/88 05/07/89
Auxiliar de electricidad grado 05 06/07/89 18/10/93
31 Radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).
32 SAMAI, índice 7, actuación: 7_ED_Recurso de
revision_Cuaderno2PrincipalFolios201al409.pdf(.PDF) NroActua 7.
33 SAMAI, índice 7, actuación: 7_ED_Recurso de
revision_Cuaderno2PrincipalFolios201al409.pdf(.PDF) NroActua 7.
18
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
Técnico en electricidad grado 12 19/10/93 31/01/94
Técnico aeronáutico III grado 18 01/02/94 24/08/97
Técnico aeronáutico III grado 18 25/08/97
• Desde su ingreso a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
desempeñó funciones técnicas con fines exclusivos de aeronáutica las cuales,
entre otras, se encuentran «enmarcadas en el sector técnico aeronáutico, amparados
por la Ley 7 de 1961 y su decreto reglamentario 1372 de 1966, decreto 121 de enero 20
de 1988 y el decreto 1835 de agosto 3 de 1994 en su artículo 7»34.
En efecto, de lo anterior es posible concluir que William Ballén Bernal no es
beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que, tal y como lo advirtió el Tribunal en la sentencia objeto de revisión, a la
fecha de su entrada en vigencia no tenía 40 años de edad o más; sin embargo,
comoquiera que se acreditó que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090
de 200335, contaba con más de 10 años de servicios en la Aeronáutica Civil, se
advierte que, en efecto, es beneficiario del régimen de transición de que trata el
artículo 7 ibidem; sin embargo, al resultar más gravoso para el trabajador, la
interpretación más favorable a los trabajadores i) «es aquella que les permite acreditar
el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las
semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan
sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el
carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003»36 [Se
resalta]; y ii) el requisito de las 1000 semanas de cotización debe entenderse como
condición necesaria para ser beneficiario del régimen de transición y no como un
requisito para acceder al derecho pensional37; y iii) ante dos normas concurrentes
[la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la que es propia del Decreto
2090 de 2003] se aplicará en forma preferente aquella que permite el
reconocimiento prestacional.
Así las cosas, es viable concluir que, contrario a lo expuesto por la entidad
recurrente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, Sala de Descongestión, mediante sentencia del 7 de octubre de
34 Según la certificación expedida el 26 de enero de 2010 por el director de telecomunicaciones de
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, vista en SAMAI, índice 7, actuación:
7_ED_Recurso de revision_Cuaderno2PrincipalFolios201al409.pdf(.PDF) NroActua 7.
35 El 26 de julio de 2003.
36 Véanse entre otras, las sentencias del 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso 05001 23
31 000 2012 00100 01 (3287-2013), M.P. Bertha Lucía Ramírez De Páez; y del 22 de abril de 2015
proferida dentro del proceso 25000 23 25 000 2011 00807 01 (2555-13), M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de junio de 2017, radicado
08001 23 33 000 2012 00082 01 (0391-14), M.P. César Palomino Cortés.
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2014, de forma acertada, encontró que la normativa que rige el derecho pensional
de William Ballén Bernal es la prevista en el 6 del Decreto 2090 de 2003, razón por
la cual no se advierte que el Tribunal inobservó las normas que rigen el derecho del
aquí demandado.
En consecuencia, el derecho pensional fue reconocido en favor William Ballén
Bernal en cumplimiento de los requisitos que le eran exigibles según el régimen
especial que le era aplicable.
Por último, la UGPP consideró que se configuró la causal contenida en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 porque la cuantía del derecho reconocido
excedió lo debido de acuerdo con la ley, «al haberse accedido a la reliquidación de una
pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993».
Al respecto, se encuentra que el argumento no está dirigido a cuestionar la cuantía
de la prestación sino al régimen aplicable para el reconocimiento pensional, asunto
que fue resuelto en anterioridad, y que no es propio de la causal invocada.
Con todo, se observa que, para la liquidación de la pensión de William Ballén Bernal,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala
de Descongestión, en virtud de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado38, ordenó la inclusión de
los siguientes factores salariales: sueldo básico, sueldo básico retroactivo, la 1/12
parte de la bonificación por servicios prestados, la 1/2 parte de la bonificación
semestral, la 1/2 parte de la prima de navidad, el recargo nocturno ordinario, el
recargo nocturno ordinario retroactivo, el recargo nocturno ordinario, el recargo
ordinario nocturno retroactivo, el recargo nocturno dominical, el recargo nocturno
dominical retroactivo, las horas extras diurnas ordinarias, las horas extras diurnas
ordinarias retroactiva, las horas extras nocturnas ordinarias, las horas extras
nocturnas ordinarias retroactivas, la jornada ordinaria dominical, la jornada ordinaria
dominical retroactiva, el compensación dominical y/o festivo, el compensatorio
dominical y/o festivo retroactivo, las horas extras diurnas dominicales, las horas
extra diurnas dominicales retroactivas, las horas extra nocturnas dominicales, las
horas extra nocturnas dominicales retroactivas, la 1/2 parte de la sumatoria de la
prima de productividad y la prima de productividad retroactiva.
En consecuencia, no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró
que i) el demandado es beneficiario del régimen de transición previsto el artículo 7
38 Radicado: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09).
20
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
del Decreto 2090 de 2003; ii) cuenta con más de 20 años de vinculación con la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; iii) al 26 de julio de 2003
contaba con más de 10 años de servicios; vi) durante su vinculación laboral
desempeñó las funciones previstas por la ley como actividades de alto riesgo y v)
durante el último año percibió los factores respecto de los cuales el Tribunal ordenó
la liquidación de la pensión.
Finalmente, la Sala reitera que la acción de revisión es un medio impugnativo
excepcional que afecta el principio de la cosa juzgada, por ende no puede ser usada
como una tercera instancia que admita reabrir el debate jurídico o instancias
pretermitidas, pues en garantía del principio de seguridad jurídica con este recurso
únicamente se pretende revisar aquellos reconocimientos que pudieron adquirirse
con vulneración del debido proceso, o por un valor superior, razón por la cual
comoquiera que la situación en estudio no es de aquellas que puedan ser
consideradas como un abuso del derecho o fraude a la ley, no hay lugar a declarar
fundada la acción de revisión por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 7 de octubre de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, Sala de Descongestión no incurrió en las causales de revisión
previstas en el los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se declarará
infundada la acción de revisión interpuesta por la UGPP.
2.5. Costas
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00962-00 (6673-2019)
Demandante: UGPP
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de
Descongestión, el 7 de octubre de 2014, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmtl
22
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