Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00963-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00963-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00963-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
30 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00963-00 (6674-2019) (REV)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Jorge Augusto Rosales Vásquez
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción. Condena en costas.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP, en contra de la sentencia de 14 de
octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda – Subsección “E”3 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 11001333170120110002600-01
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial4
2.1.1. La demanda
2. El señor Jorge Augusto Rosales Vásquez, por intermedio de apoderado,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo contra Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y
1
Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2
El recurso se presentó el3 de diciembre de 2019 (f. 136 del expediente), de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s.
del CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Magistrado Ponente: Jorge Hernán Sánchez Felizzola
4 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visibles a folios 55 y siguientes y 77 y siguientes del expediente.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00963-00 (6674-2019)
(REV)
Accionante: UGPP
condenas:
• La nulidad parcial de la Resolución PAP 025905 de 16 de noviembre de
2010, proferida por la UGPP por medio de la cual se desconocieron y
negaron los factores salariales correspondientes a la pensión de jubilación
del demandado.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la
demandada a reliquidar su pensión de jubilación por la suma
$1.409.895.38 a partir del 1. ° de mayo de 2006. Para ello deberá
liquidarse teniendo en cuenta el 75% los factores salariales devengados
por el demandante durante los últimos 6 meses de servicios, lo anterior,
de conformidad con el Decretos 929 de 1976 y demás normas
concordantes, lo anterior, por ser beneficiario del régimen de transición
contenido en el artículo 36 la Ley 100 de 1993.
• Así mismo, solicitó los reajustes legales sobre las mesadas pensionales
de acuerdo con el IPC y el pago de los intereses de mora desde la fecha
en que el demandante de conformidad con el artículo 177 del CCA.
2.1.2 Hechos Relevantes 5
3. El señor Jorge Augusto Rosales Vásquez prestó sus servicios a la Contraloría
General de la República durante 20 años en donde se desempeñó como técnico
administrativo y posteriormente se vinculó a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento
en el periodo comprendido entre el 21 de junio de 1995 y el 30 de abril de 2006.
4. Mediante Resolución 047279 de 30 de diciembre de 2005, proferida por
Cajanal se le reconoció una pensión de jubilación y posteriormente en Resolución
59351 de 15 de noviembre de 2006, se reliquidó dicha prestación económica en
cuantía de $1.020.130.36, efectiva a partir del 1. ° de mayo de 2006.
5. A la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el demandante tenía más de
15 años de servicios, por lo que le es aplicable el régimen de transición contenido
en el artículo 36 de dicha disposición.
6. A través de oficio radicado el 29 de abril de 2010 ante Cajanal, se solicitó la
revisión de la pensión del señor Rosales Velásquez con el fin de que tuvieran en
cuenta la totalidad de los factores salariales devengados, lo anterior, de
5 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visibles a folios 55 y siguientes y 77 y siguientes del expediente.
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(REV)
Accionante: UGPP
conformidad con el Decreto 929 de 1976, aplicable a quienes laboran en la
Contraloría General de la República. Por Resolución PAP 025905 de 16 de
noviembre de 2010 la entidad negó lo pretendido.
2.1.3 Normas violadas y concepto de violación6
7. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron
los artículos 2. °, 6.° 25 y 58 de la Constitución Política; 10.° del Código Civil, la
Ley 57 de 1987: los Decretos 01 de 1984, 929 de 1976, 937 de 1976; los artículos
40 del Decreto 720 de 1978; 45 del Decreto 1045 de 1978, y como medio
exceptivo las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985, artículo 1. °; e inciso 2.° artículo 36
de la Ley 100 de 1993
8. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron lo dispuesto en los Decretos 937 de 1976 y 929 de 1976, de
acuerdo con los cuales su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo
devengado durante el último semestre de servicio, con la inclusión de todos los
factores salariales percibidos en dicho periodo.
2.1.4. Sentencia de primera instancia.7
9. El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá
mediante providencia de 29 de junio de 2011, concedió las pretensiones de la
demanda.
10. Como fundamento de su decisión señaló que el demandante era beneficiario
del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en
consecuencia tenía derecho a que su pensión se reconociera de conformidad con
el régimen anterior, esto es, según lo dispuesto en el Decreto 929 de 1976 por
haber laborado al servicio de la Contraloría General de la República.
11. Estimó en consecuencia, que la liquidación de la pensión del señor Rosales
Velázquez se debía realizar con el 75% del promedio de lo devengado durante
el último semestre de servicios (30 de noviembre de 2005- 30 de abril de 2006)
incluyendo como factores salariales, la asignación básica, compensación ,1/12
de las primas de vacaciones, y de navidad, y de servicios, efectiva a partir del 1.
° de mayo de 2006.
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De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visibles a folios 55 y siguientes y 77 y siguientes del expediente.
7 Folios 55 y siguientes del expediente.
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(REV)
Accionante: UGPP
2.1.5. Recurso de apelación 8
12. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante
interpuso recurso de apelación y señaló que, aunque que se ordenó la inclusión
de las primas de vacaciones, y de navidad, y de servicios como factores
salariales, se hizo en 1/12 parte, es decir, de manera proporcional a pesar de que
esto no se encontraba previsto en el Decreto 929 de 1976.
13.La parte demandada también interpuso recurso de apelación en el que indicó
que, al ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 la Ley 100 de
1993, el demandante tiene derecho a que se reconozca su pensión con la
inclusión de los factores efectivamente devengados durante dicho periodo y que
se encuentren establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
2.1.6. Sentencia objeto de revisión 9
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda -Subsección
“E” dictó sentencia de segunda instancia el 14 de octubre de 2014, en la cual
confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Bogotá el 29 de julio de 2011, y la modificó
en el sentido de precisar que dicho reconocimiento tendría efectos a partir del 29
de abril de 2007 por haber operado la prescripción trienal.
15. Primero, estimó que al demandante le era aplicable el régimen de transición
contenido en la Ley 100 de 1993, y en consecuencia tenía derecho a que su
pensión fuera reconocida de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 929
de 1976, por haber laborado más de 10 años al servicio de la Contraloría. Bajo
dicho entendido, la pensión de demandante debía liquidarse en cuantía del 75%
de todos los factores devengados durante el último semestre de servicios, tal
como señaló el juez de primera instancia.
16. Para tal efecto, citó las sentencias de 3 de julio de 2008 proferidas por
Sección segunda- subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la
sentencia de 8 de junio de 2000 de la Sección segunda – Subsección B del
Consejo de Estado y de 14 de agosto de 2009 de la Sección segunda de esta
Corporación.
8
De acuerdo con la sentencia de segunda instancia visible a folio 277 y siguientes del expediente.
9 Folio 277 y siguientes del expediente.
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(REV)
Accionante: UGPP
2.1.7. La acción especial de revisión10
17. la UGPP invocó como causales de revisión las consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
18. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
(i) Revocar la sentencia de 14 de octubre de 2014 proferida por la Sección
Segunda- Subsección “E” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por Jorge Augusto Rosales Velásquez contra CAJANAL,
bajo el radicado 11001333170120110002600-01 que modificó el fallo
de primera instancia dictado por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá el 29 de julio de 2011.
(ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor
Rosales Velásquez de conformidad con las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 SU-210 de 2017,
SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU- 395 de 2017
SU-631 de 2017, T-039 de 2017 y los autos 229 de 2017 y 326 de
2014; esto es, teniendo como ingreso base de liquidación las
directrices fijadas en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
así como los factores determinados en el Decreto 1158 de 1994.
19. Para fundamentar ambas causales de revisión la UGPP sostuvo que el señor
Rosales Velásquez no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda
vez que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo
21 de la misma ley, con los factores de cotización establecidos taxativamente en
el Decreto 1158 de 1994.
10 Folio 2 y siguientes del expediente.
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(REV)
Accionante: UGPP
20. Estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.
2.1.8. Contestación
21.El señor Jorge Augusto Rosales Velásquez fue notificado personalmente de
la admisión de la acción especial de revisión el 22 de enero de 2022, como se
advierte en el índice 32 de Samai.
22. En escrito radicado el 20 de mayo de 202211, el apoderado del pensionado
señaló que las sentencias objeto de revisión hicieron tránsito a cosa juzgada, por
lo cual son inmodificables. A su vez sostuvo que en caso concreto no se
encontraba acreditadas las causales de revisión señaladas por el demandante,
pues la reliquidación pensional se realizó conforme al precedente jurisprudencial
vigente, esto es, la Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010.
23.Así mismo, advirtió que las sentencias revisadas fueron proferidas con
anterioridad a la sentencia 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado, por lo
que no resultan aplicables al caso concreto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
24. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
3.2. Oportunidad
25.. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200312, declaró la inexequibilidad de
11 Indice 33 de Samai.
12 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término
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Accionante: UGPP
dicha expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».
26. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
27. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia SU-427 de 2016 estableció
que, tratándose de fallos en contra de la UGPP, dicha entidad puede presentar
las solicitudes de revisión, incluso, luego de vencido el plazo de los cinco años
de caducidad, pues el mismo comienza a contabilizarse a partir del 12 de junio
de 2013, providencia en la cual la Sala Plena de esa Corporación unificó su
jurisprudencia y adoptó la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo Cajanal».
28. En este caso, la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue
proferida el 14 de octubre de 201413 quedó ejecutoriada el 28 de octubre del
mismo año, toda vez que se notificó en edicto que permaneció fijado entre el 21
y el 23 de octubre de 2014.
293.No obstante lo anterior, a folio 190 vuelto del sumario obra constancia
secretarial del 18 de diciembre de 2014, en la que se indica que la providencia
en comento cobró ejecutoria el 1.° de diciembre de 2014, habida cuenta de que
establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Folio 178 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.
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Accionante: UGPP
los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 9 de octubre y el 21 de
noviembre de 2014. Teniendo en cuenta que el escrito de revisión se radicó en
la Secretaría de la Corporación el 3 de diciembre de 2019, se advierte que la
demanda fue presentada oportunamente.
3.3. Problema jurídico
30. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 14 de octubre de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda -
Subsección “E”, incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP, a reliquidar la
pensión de jubilación del señor Jorge Augusto Rosales Velázquez con el 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último semestre de servicios,
incluyendo la totalidad de los factores salariales de ley percibidos durante dicho
periodo, como lo son, asignación básica, compensación y 1/12 parte de las
primas de navidad, de servicios, de vacaciones, a partir del 1.° de mayo de 2006
con efectos ficales desde el 29 de abril de 2007.
31. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
32. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA14 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 15, que
14 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación
número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional
del Estado Civil.
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(REV)
Accionante: UGPP
se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de
la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
33. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial16, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia17 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado,18 que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.
34. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 19 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.
35. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200920 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de
marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del
Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su
trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se
permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William
Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número
Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción:
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra
Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-
. Admite acción de revisión.
19 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
20
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
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Accionante: UGPP
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5. Análisis de la Sala
36. Las causales alegadas por la UGPP son las contempladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
37. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
38.En este caso la UGPP cuestionó la sentencia de 14 de octubre de 2014,
proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se
modificó la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Bogotá y se ordenó la reliquidación pensional a
favor del señor Jorge Augusto Rosales Velásquez, y para ello, se fundamentó
en la violación al debido proceso, toda vez que en su parecer la pensión debió
determinarse conforme al régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993, es decir, con la inclusión de los factores salariales señalados taxativamente
en el Decreto 1158 de 1994.
39. Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22
Especial de Decisión21 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los
siguientes tres elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento,
21 . Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00.
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esto es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia,
el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones,
el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la
decisión y la garantía de non bis in idem.
40. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la UGPP para
fundamentar el cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, se
refieren al desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad
judicial al proferir la sentencia judicial que se revisa.
41. Por el contrario, los argumentos esbozados por la entidad están dirigidos a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en relación a la aplicación del régimen de transición contenido en
la Ley 100 de 1993, asunto que no guarda relación con la violación al debido
proceso, pues no se alega el desconocimiento al juez natural o competente, ni
que se ignoraron las normas procesales correspondientes o que se omitió algún
aspecto del derecho de audiencia y defensa en los términos ya indicados. En ese
sentido, la Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal
contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003: «b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
42. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente22 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa23 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones24,
en especial, el principio de solidaridad25 y equilibrio financiero.
43. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00
23
Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
24
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
25 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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contendido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso del
señor Rosales Velásquez, quien es beneficiario del mismo, pues nació el 3 de
noviembre de 1949 y para el 1.° de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia la norma , contaba con más de 40 años de edad, por lo que le asiste
derecho a que se apliquen las prerrogativas de la transición según las cuales se
le debe liquidar la pensión con el 75% del promedio de lo devengado sobre el
salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el
derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los que cotizó y que se
encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
44. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.
45. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 12.62% en el monto en que se reconoció la pensión del
señor Rosales Velásquez respecto del que debió liquidarse, así como la
proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden
judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.
46.Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
3.5.2.2. Caso concreto
47. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso la UGPP asegura
que se configura la causal b de revisión porque según la entidad si bien le es
aplicable el Decreto 929 de 1976, su pensión se debe reliquidar con los artículos
21 o 36, inciso 3.° de la Ley 100 de 1993.
48. En este sentido, el pensionado nació el 3 de noviembre de 1949 como lo
indica la copia cédula de ciudadanía aportada a folio 261 del cuaderno 2 del
expediente. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró en la Contraloría
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General de la Republica desde el 17 de abril 1973 hasta el 30 de septiembre de
1993, desempeñando como último cargo el de revisor de documentos grado 02,
como se indica en la certificación aportada a folio 95 del cuaderno 1 expediente.
49.Así mismo, se advierte que, posteriormente, el demandado se vinculó a la
ESE Luis Carlos Galán Sarmiento en donde laboró técnico administrativo grado
16 desde 21 de junio de 1995 hasta el 30 de abril de 2006, lo anterior de acuerdo
con las certificaciones expedida por la ESE visibles a folio 620 y siguientes del
cuaderno 4 del expediente
50. De lo anterior se concluye que el 1. ° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigor la Ley 100 de 1993, tenía 20 años de servicios, 11 meses y 13 días de
laborando al servicio de la Contraloría General de la República y 44 años de
edad.
51. Visto lo anterior corresponde a la Sala pronunciarse sobre el régimen
pensional para los beneficiarios del Decreto 929 de 1976 y las diferentes tesis
sostenidas por esta Corporación.
3.6.1. Postura unificada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
frente al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del Decreto 929 de
1976 cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
52. El Decreto 929 de 1976, en su artículo 7.º, consagró un régimen especial de
pensiones para los servidores de la Contraloría General de la República, así:
«ARTÍCULO 7. Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán
derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y
cumplir 20 años de servicio continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la
vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos diez lo hayan sido
exclusivamente a la Contraloría General de la República a una pensión ordinaria
vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último semestre».
53. Sin embargo, en lo referente a la forma en que debían liquidarse las
pensiones previstas en ese decreto, únicamente el artículo 9.° precisó que «Para
liquidar las pensiones de que trata este Decreto y las demás prestaciones
establecidas o reconocidas por el presente Decreto, no se incluirán los viáticos
que haya recibido el empleado o funcionario, a menos que ellos sean de carácter
permanente y se hayan recibido, durante un lapso continuo de seis meses o
mayor.”
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54. Adicionalmente el Decreto Ley 720 de 1978 – norma que establece el régimen
salarial especial de los servidores de la Contraloría General de República – en
su artículo 40, estableció:
«ARTÍCULO 40. DE OTROS FACTORES DE SALARIO. Además de la asignación
básica fijada por la ley para los diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario
o del realizado en días de descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas
las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por
sus servicios. Son factores de salario:
a). Los gastos de representación.
b). La bonificación por servicios prestados.
c). La prima técnica
d). La prima de servicio anual
e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio.»
55. Ahora bien, esta Corporación sostenía anteriormente que los servidores
públicos de la Contraloría General de la República, por estar amparados por un
régimen pensional propio, no podían estar supeditados a lo previsto en el régimen
general para el reconocimiento y liquidación pensional, sino que se encontraban
amparados por el artículo 7° del Decreto 929 de 1976 que determinó los
requisitos fundamentales para obtener la pensión de jubilación de esos
servidores (edad y tiempo de servicio) y con el 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último semestre sin que sea un obstáculo para su
inclusión, la realización o no de aportes, tal como se indicó, entre otras, en
sentencia de la Sección Segunda, Subsección B de 26 de septiembre de 2002,
Exp. 0091-02 y, en la sentencia de la Subsección A de 7 de febrero de 2013,
radicación: 25000 23 25 000 2010 00388 01 (2631-2011) y 9 de abril de 2014,
dictada en el proceso 25000-23-25-000-2010-00014-01(1849-13).
56. Ahora bien, tal como lo indicó la Sala Sección Segunda de esta Corporación
en el auto de 15 de noviembre de 2018, dentro del proceso radicado 05001-23-
33-000-2012-00572-01, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, profirió la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, en
la que fundamentalmente se definieron las reglas y subreglas sobre el Ingreso Base
de Liquidación en el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, que «[…] se refirió al caso concreto del régimen pensional ordinario de la
Ley 33 de 1985, y en ese orden no se ocupó de definir si el ingreso base de
liquidación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, también hacía parte del régimen
de transición para quienes se hubieren pensionado con los requisitos del Decreto
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929 de 1976, aplicable a los ex servidores de la Contraloría General de la
República».
57. Por lo anterior, al denotarse la necesidad de unificación de jurisprudencia
sobre el alcance de la regla fijada sobre el ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas a los ex servidores de la Contraloría General de la
República conforme al Decreto 929 de 1976, en virtud del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Sección Segunda dictó
sentencia de unificación de 11 de junio de 202026, fijó la siguiente regla en
relación con el IBL de las pensiones de los beneficiarios del régimen de
transición, a quienes se les aplica el régimen especial de pensiones de la
Contraloría General de la República:
«El Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas con los requisitos del
Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en
cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y 36 de
esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización contemplada
en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
58. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición,
es la siguiente:
«53. De acuerdo con la regla y subreglas contenidas en el precedente de Sala Plena27,
el ingreso base de liquidación para las pensiones de quienes están en transición es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de la norma
anterior en cuanto a edad, tiempo de servicio y tasa de retorno.
54. Lo expresado resulta importante para esta providencia, pues si bien aquel
precedente atañe al régimen general anterior contenido en la Ley 33 de 1985,
constituye un referente jurisprudencial pertinente, y por ende, plausible su aplicación
para quienes siendo beneficiarios de la transición, definieron su derecho conforme a
una norma especial; pues, el Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 no estableció tratos diferenciales para los distintos servidores públicos, y muestra
de ello es que ingresaron a él solo en consideración al sector a donde estaban
vinculados28, sin atender las instituciones empleadoras ni las entidades previsionales
que los amparaban.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020, radicación 05001-23-33-
00-2012-00572-01 (1882-2014).
27 Refiriéndose a la sentencia del 28 de agosto de 2018 emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, radicado 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
28
Conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 y 2.º del Decreto Reglamentario 691 de 1994, para los servidores del orden nacional,
empezó a regir el 1.º de abril de 1994, mientras que, para los territoriales, el 30 de junio de 1995.
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55. En apoyo de tal conclusión, la Sala encuentra que la Corte Constitucional a través
de la sentencia SU-395 de 2017, al resolver acciones de tutelas contra fallos que
ordenaron reliquidación de pensiones especiales, entre otras del Decreto 929 de 1976
(Contraloría General de la República), y con sustento en la tesis plasmada en el fallo
C-258 de 201329, indicó:
En primer lugar, tal como se advertía en el capítulo anterior sobre el alcance del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la Caja
Nacional de Previsión Social -Cajanal E.I.C.E.- acertadamente se rigió para el
reconocimiento y pago de las pensiones de las demandantes en los casos bajo estudio,
por la citada Ley y su régimen de transición, que mantuvo (i) el tiempo de
servicios, (ii) la edad y (iii) el monto de la pensión del régimen anterior; por ello, aplicó
el Decreto 929 de 1976 en esos aspectos, pero no para los factores salariales, porque
le correspondía lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios,
señalados específicamente en el Decreto 1158 de 1994.
Sin embargo, en las sentencias objeto de acción de tutela se interpretó que los factores
salariales deben ser los consagrados en el régimen anterior, en cuanto que las
demandantes son beneficiarias del régimen de transición. Es decir, se concluyó, sin
más, que el monto de la pensión al que se refiere el inciso segundo del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 no significa únicamente la tasa de reemplazo, sino que también
incluye el ingreso base de liquidación en sí mismo considerado y los factores salariales
-y demás elementos constitutivos de la liquidación pensional-.
De esta suerte, concluyeron que a las demandantes se les debía reconocer una
pensión equivalente (i) al 75% (tasa de reemplazo establecida en el art. 7 del Decreto
929 de 1976) (ii) del promedio de los salarios devengados durante el último semestre
de servicios (IBL señalado en ese mismo precepto), (iii) incluyendo los factores
salariales enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, por así autorizarlo el
artículo 17 del Decreto 929 de 1976, que hizo extensivas las disposiciones del Decreto
3135 de 1968 y las normas que lo modifican y adicionan a los empleados de la
Contraloría General de la República, en cuanto no se opongan a dicho decreto ni a su
finalidad. Igualmente, se dio aplicación al caso del artículo 40 del Decreto 720 de 1978,
que establece factores adicionales de salario, ordenamiento este último destinado a
los servidores del ente fiscal.
Frente a esta conclusión, se advierte, al rompe, un defecto sustantivo por interpretación
contraria a lo expresamente establecido por el legislador en los incisos segundo y
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como por desconocimiento de las
sentencias de constitucionalidad con efecto erga omnes C-168 de 1995 y C-258 de
2013.
56. Con fundamento en lo disertado, para la Sala es inequívoco que la aplicación del
régimen de transición, aún respecto de beneficiarios de normas pensionales
29 Declaró inexequibles apartes del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992.
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especiales, solo ampara los requisitos de edad, tiempo de servicio y tasa de retorno,
pues la liquidación del derecho, en lo que corresponda atenderá las variables de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.»
59. Además, en esta providencia, la Sección Segunda también se ocupó de
analizar el tema de los aportes pensionales y el principio de sostenibilidad fiscal,
frente a lo cual concluyó:
«84. De esta manera, los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral tienen el
carácter de parafiscales y son obligatorios, tanto para el empleador como para el
empleado, sin que su pago quede al arbitrio de quienes están en la obligación de
efectuarlos, ni llegar a ser objeto de negociación, acuerdo o conciliación. Una vez
decretados por la ley, estos aportes deben ser realizados en la forma y tiempo
establecidos.
85. Alrededor de la regulación de los aportes, tenemos que unos son los que el
empleador y empleado debieron haber efectuado con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y otros, a partir de ésta. Precisión que resulta de la
mayor relevancia, ya que de ello dependerá la proporción que debió aplicarse en su
momento sobre el ingreso base de cotización.
[…]
91. Lo anterior resulta importante, porque en función de los principios de
sostenibilidad financiera y de solidaridad, inherentes al sistema pensional, la
cotización pensional antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, constituye parte del soporte fiscal que sustenta las pensiones reconocidas, lo
cual se reguló en la forma que quedó indicada, o en casos especiales, a partir de
normas concretas que así lo dispusieron.
[…]
106. En el contexto anterior, la Sala, luego de analizar el conjunto de normas
salariales y prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la
República, encuentra que en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones
para pensión solo afectan a los factores que expresamente señaló el
reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, pues antes de tal norma,
la base de cotización la constituía la asignación básica. En otros términos,
ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para tal sector
dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada».
(Negrilla y subrayado de la Sala)
60. Así entonces, de acuerdo con la regla fijada por la sección segunda, el IBL
de la pensión, para quienes están en transición, es el previsto en el inciso tercero
del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Sin
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embargo, estas personas se pensionarán con los requisitos de edad y tiempo de
servicio previstos en el Decreto 929 del 1976, siempre que cumplan con los
requisitos para la aplicación de dicho régimen.
61. Por último, es de resaltar que la referida sentencia de unificación constituye
un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente iguales, además, en ella se precisó que las reglas que allí se fijaron
se aplicarían con efectos retrospectivos «(i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en el seno de la administración, y los que
llegaren a suscitarse; (ii) respecto de los procesos similares que se están
adelantando en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado, y los
futuros que se presenten. En consecuencia, no tiene efectos respecto de aquellos
asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y en consecuencia
resultan inmodificables».
62. En ese orden de ideas, es evidente que la sentencia de 11 de junio de
202030, señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.
63. Igualmente, se advierte que la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018 dictada dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, tal
como lo señaló el auto referido por el cual se avocó conocimiento para unificar
jurisprudencia, no se ocupó de definir si el ingreso base de liquidación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, también hacía parte del régimen de transición para
quienes se hubieren pensionado con los requisitos del Decreto 929 de 1976,
aplicable a los ex servidores de la Contraloría General de la República.
64. De acuerdo con ello, la sentencia de 14 de octubre de 2014 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que es objeto de revisión, fue
proferida acorde con la línea jurisprudencial aplicable en esa época, previa a la
sentencia de unificación de 11 de junio de 2020, toda vez que ordenó la
liquidación con el 75% del promedio mensual de los factores salariales
devengados durante el último semestre de servicios, comprendido entre el 1.° de
noviembre de 2005 y el 1.° de mayo de 2006, incluyendo los factores salariales
certificados y devengados, esto es, asignación básica, compensación, las primas
de servicios, de navidad y de vacaciones, estos últimos cuatro liquidados en una
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CE-SUJ-S2-020-20 del 11 de junio de 2020, radicación 05001-23-33-
00-2012-00572-01 (1882-2014).
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doceava parte.
65.Adicionalmente, es necesario precisar que los factores salariales cuya
inclusión se ordenó en la sentencia revisada, esto es, la asignación básica y las
primas de servicios, de navidad y de vacaciones, se encuentran previstos en el
Decreto 1045 de 1978. Así mismo, se advierte que, aunque la compensación no
se encuentra enlistada en dicho decreto, la entidad recurrente no formuló ningún
reparo frente a la inclusión de este emolumento en particular.
66. Finalmente cabe señalar que si en la sentencia C- 258 del 7 de mayo de 2013,
la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el IBL y el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne el pensionado.
67. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.
3.6. Condena en costas
68. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho31, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso32 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.
69. En atención a que la demanda fue presentada el 3 de diciembre de 2019,
como se advierte en el folio 136 del expediente, debe darse aplicación al artículo
188 del CPACA, previo a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021,
norma que disponía lo siguiente:
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.»
31
Artículo 361 del Código General del Proceso.]
32 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib
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70. Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza jurídica de la
entidad accionante para colegir que debe eximírsele de la imposición de condena
en costas, como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-539 de
1999.
71. En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365 del CGP,
norma aplicable en virtud del mismo artículo 188 en mención, en cuyos numerales
1. ° y 8. ° dispone:
«1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
8.- Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.»
72. En el sub lite se advierte que el señor Jorge Augusto Rosales Velásquez
compareció al proceso a través de apoderado, quien en ejercicio de la defensa
presentó contestación a la demanda.33
73. De acuerdo con lo anterior, se impondrá condena en costas en la modalidad
de agencias en derecho contra la UGPP y a favor del señor Rosales Velásquez.
Una vez en firme esta providencia éstas se fijarán de conformidad con lo
señalado en el artículo 366 del CGP34.
33
Índice 33 de SAMAI.
34Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.
2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan
resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso
extraordinario de casación, según sea el caso.
3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.
Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de costas, siempre que
aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior
de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin
que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante los recursos de
reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si
no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de
un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del auto de
obedecimiento al superior, según el caso».
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia 14 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda – Subsección “E” dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
11001333170120110002600-01, en la que se confirmó la sentencia 29 de julio
de 2011 expedida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá , a través de la cual se concedieron las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO. - SE CONDENA EN COSTAS a la UGPP a favor del señor Jorge
Augusto Rosales Velásquez en la modalidad de agencias en derecho, según las
consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán fijadas de
conformidad con el artículo 366 del CGP.
TERCERO. - EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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