Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00976-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00976-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-00976-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
30 de junio de 2022
Radicado: 110010325000201900976 00 (6688-2019)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2019-00976-00 (6688-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: CARLOS ALFONSO CERÓN JIMÉNEZ
Temas: Causal de revisión artículo 20, literales a) y b) de la Ley 797 de 2003.
Ingreso base de liquidación servidores del DAS cobijados por el
régimen de transición del Decreto 1835 de 1994.
SENTENCIA – Ley 1437 de 2011 O-037-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 14 de noviembre de 2014 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, mediante la cual se adicionó la decisión del 28 de septiembre de 2012,
emitida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Carlos
Alfonso Cerón Jiménez contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL.
ANTECEDENTES
El señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo,
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Radicado: 110010325000201900976 00 (6688-2019)
Demandante: UGPP
demandó1 la nulidad de la Resolución UGM 37231 del 8 de marzo de 2012, mediante
la cual el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL en Liquidación,
reliquidó la mesada pensional a partir del 1 de septiembre de 2011.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condene a la entidad demandada a: i) reliquidar su pensión de jubilación con el
75% del promedio de lo percibido durante el último año de servicio, con inclusión de
todos los factores devengados durante dicho lapso, a saber, además de los ya
reconocidos, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la prima de servicios y la
prima de riesgo; ii) cancelar los reajustes sobre la mesada de conformidad con la
norma especial aplicable a los funcionarios del DAS en armonía con las disposiciones
contenidas en la Ley 100 de 1993; iii) pagar las diferencias que se causen entre la
fecha del retiro del servicio, la inclusión en nómina de pensionados y lo que se ordene
mediante sentencia, sumas debidamente indexadas; iv) cancelar los intereses de que
tratan los artículos 177 y 178 del CCA y v) cumplir la sentencia de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 176 ibidem.
Fundamentos fácticos
1. El señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez nació el 28 de diciembre de 1966 y
laboró como detective del DAS durante el período comprendido entre el 2 de
septiembre de 1988 al 30 de agosto de 2011, es decir, por 22 años, 11 meses y 29
días.
2. Por medio de la Resolución PAP 030184 del 14 de diciembre de 2010, la Caja
Nacional de Previsión Social, EICE, en Liquidación, reconoció una pensión de
jubilación al señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez, a partir del 1 de enero de 2009, con
fundamento en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, condicionada al retiro del
servicio. Para la liquidación tuvo en cuenta la asignación básica y la bonificación por
servicios.
3. Mediante escrito radicado el 6 de enero de 2011, el pensionado solicitó a
CAJANAL reliquidar la prestación. Dicha petición fue resuelta parcialmente a través de
la Resolución UGM 037231 del 8 de marzo de 2012. En aquel acto, se calculó la
mesada en cuantía equivalente al 75% del ingreso base de liquidación conformado por
el promedio de los salarios sobre los cuales se efectuaron aportes durante los últimos
10 años de servicio, a saber, entre el 1 de septiembre de 2001 y el 30 de agosto de
2011. Los factores que se incluyeron fueron los mismos descritos en el acto de
reconocimiento pensional; no se computaron en la liquidación la prima de navidad, la
prima de vacaciones, el auxilio de alimentación ni la prima de riesgo.
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Folios 27 a 40 del documento denominado «01DEMANDYANEXOS» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI.
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Demandante: UGPP
4. El pensionado devengó durante el último año de servicios, comprendido entre
agosto de 2010 y agosto de 2011, asignación básica, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, prima de riesgo, bonificación por servicios, vacaciones
e indemnización por vacaciones.
Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
13, 48, 53 y 228 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; 1 del Decreto 1047
de 1978; 18 del Decreto 1933 de 1989 y el Decreto 1835 de 1994.
En cuanto al concepto de violación, explicó que el acto acusado desconoció las normas
en que debió fundarse. Expuso que el régimen de transición para los servidores
públicos del DAS que laboren en actividades de alto riesgo está consagrado en el
artículo 4 del Decreto 1835 de 1994, que exige como requisito estar vinculado en los
cargos allí definidos antes de la vigencia del referido decreto, esto es, el 3 de agosto
de 1994, presupuesto que acreditó el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez, quien
ingresó al servicio y laboró como detective desde el 2 de septiembre de 1988, y por
ende, le resultan aplicables en su integridad los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989.
De igual manera, señaló que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1933 de 1989
además de la asignación básica, constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios. En
otras palabras, para efectos de la liquidación pensional el listado contenido en la
referida norma no puede entenderse taxativo sino enunciativo. Por consiguiente, el
pensionado tiene derecho a que se incluya en su mesada pensional además de la
asignación básica y la bonificación por servicios, la prima de navidad, la prima de
vacaciones, la prima de servicios y la prima de riesgo. Sobre este último factor, destacó
que el Consejo de Estado ha sostenido que cumple las características para ser tenido
en cuenta en la base de liquidación.
Finalmente, como sustento de sus argumentos citó las sentencias del 28 de octubre
de 19932, 14 de noviembre de 19963, 26 de agosto de 20104 y 7 de abril de 20115,
proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA6
La Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL EICE en Liquidación, contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones. Manifestó que el acto objeto de demanda
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No aporta más datos
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No aporta más datos.
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No aporta más datos.
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Sección Segunda, Subsección A, radicación: 760012331000200700249 01 (0953-2010), actor: Edgar
Osorio Rivas, demandado: CAJANAL.
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Folios 7 a 9 del documento denominado «04CONTESTACIONDEMANDA» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI.
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reliquidó la prestación con respeto de las disposiciones jurídicas que rigen la situación
particular. Anotó que el demandante adquirió su estatus en vigencia de la Ley 100 de
1993, por lo cual se debía hacer el cálculo según lo ordena el artículo 36 ibidem, con
inclusión de los factores sobre los cuales se hubieran efectuado los respectivos
aportes en los términos del Decreto 1158 de 1994. Adicionalmente, indicó que los
empleados del nivel central del DAS fueron incorporados al régimen general de
seguridad social por medio del Decreto 691 de 1994.
A continuación, destacó que para la liquidación de la pensión solo se tendrán en cuenta
emolumentos sobre los que se hubieren hecho cotizaciones. De forma particular, sobre
la prima de riesgo señaló que, según el artículo 4.º del Decreto 2646 de 1994, no
constituye factor salarial, por lo que no es admisible su inclusión en el IBL.
Seguidamente, formuló los siguientes medios exceptivos:
• «COBRO DE LO NO DEBIDO»: Aseguró que al demandante no le asiste
derecho a pago adicional alguno, en la medida en que la liquidación pensional
tuvo en cuenta los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994.
• «CADUCIDAD DE LA ACCIÓN»: Sobre el punto, afirmó que la demanda fue
presentada por fuera de los 4 meses que prevé la ley.
• «PRESCRIPCIÓN»: Pidió declarar prescritos los derechos que no hubieren
sido reclamados en tiempo.
• «GENÉRICA»: Solicitó declarar, de oficio, cualquier excepción que se
encuentre probada dentro del proceso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA7
El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Bogotá, el 28 de septiembre
de 2012, profirió sentencia de primera instancia en la que resolvió: i) desestimar las
excepciones propuestas por la entidad; ii) declarar la nulidad de la Resolución
UGM037231 del 8 de marzo de 2012; iii) condenar a CAJANAL a reliquidar y pagar al
señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez su pensión en un monto equivalente al 75% del
promedio de lo devengado en el último año de servicio, esto es, del 31 de agosto de
2010 al 31 de agosto de 2011, con inclusión de los factores salariales señalados en el
artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a saber: la asignación básica, las doceavas
partes de la bonificación por servicios, la prima de servicios, la prima de navidad y la
prima de vacaciones.
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Folios 2 a 23 del documento denominado «11SENTENCIA1ERAINSTANCIA» del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI.
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Demandante: UGPP
En primer lugar, consideró que, contrario a lo expuesto por la entidad pensional, en el
sub lite no operó la caducidad de la acción. Expresó que, si bien la demanda se radicó
vencidos los cuatro meses que prevé el artículo 136 del CCA, lo cierto es que, dicho
término no resulta exigible, ya que, el acto demandado reconoció una prestación
periódica, por lo que puede ser demandada en cualquier tiempo. Respecto de las
excepciones «cobro de lo no debido» y «prescripción», indicó que serían analizadas
en el fondo del asunto. En lo que se refiere a la denominada «genérica», señaló que
se examinaría en el evento en que se presente el supuesto consagrado en el artículo
164 del CCA.
En segundo lugar, advirtió que el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez es destinatario
del Decreto 1835 de 1994, puesto que se vinculó al DAS desde el 2 de septiembre de
1988. En esas condiciones, su pensión debe liquidarse conforme las previsiones de
los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 en armonía con los Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969, 1045 de 1978 y 451 de 1984. Entonces, en aplicación de la normativa
referida, el cálculo ha de efectuarse con base en el 75% del promedio de los salarios
y prestaciones recibidos en el último año, esto es, del 31 de agosto de 2010 al 31 de
agosto de 2011, con los factores salariales enlistados por el artículo 18 del Decreto
1933 de 1989, a saber, la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de
servicios, la prima de navidad y la prima de vacaciones, en sus doceavas partes
respectivamente.
Con todo, excluyó los denominados «factores por vacaciones» y «prima de riesgo»,
en consideración a que, el primero, corresponde a un descanso que disfruta el
trabajador por su labor, y el segundo, no está en la relación de emolumentos que
contiene la mencionada norma.
RECURSO DE APELACIÓN
CAJANAL EICE8
El apoderado de CAJANAL EICE en Liquidación presentó recurso de apelación, con
el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran
las pretensiones de la demanda. En su escrito, expuso que, si bien al demandante le
son aplicables los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, tal y como se señaló en el
acto atacado, lo cierto es que, adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100
de 1993, por lo que la liquidación de la mesada debía efectuarse únicamente con los
factores que indica el Decreto 1158 de 1994. Resaltó que los emolumentos que el juez
de primera instancia ordenó incluir en la base de liquidación tienen la naturaleza de
prestacional y no salarial.
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Documento denominado «12APELACIONDEMANDADA» del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI
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En su criterio, la decisión del a quo desconoce el Acto Legislativo 01 de 2005 y los
principios de universalidad, solidaridad, sostenibilidad presupuestal y legalidad.
Carlos Alfonso Cerón Jiménez9
El demandante interpuso recurso de apelación en contra de la decisión adoptada por
el juez de instancia solo en cuanto a la exclusión de la prima de riesgo del IBL. Al
respecto, explicó que este emolumento se ajusta al concepto de salario, toda vez que
fue recibido por el trabajador de forma habitual, periódica y como retribución directa
del servicio. En su concepto, el listado que trae el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989
no es taxativo sino enunciativo, tal como lo afirmó el Consejo de Estado 10. En ese
mismo sentido, resaltó que, incluso, con la expedición de la Ley 860 de 2003 este rubro
es considerado para el IBC.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA11
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, profirió sentencia el 14 de noviembre de 2014, en la que adicionó el
literal a) del numeral tres de la decisión de primera instancia, en el sentido de incluir
en la liquidación pensional la prima de riesgo. Confirmó en lo demás.
Consideró que, tal como lo señaló el a quo, al demandante le son aplicables los
Decretos 1933 de 1989 y 1835 de 1994. Estos prevén que la pensión se reconocerá
en un monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año
de servicio. En cuanto al ingreso base de liquidación de la pensión precisó que debe
estar integrado no solo por los emolumentos descritos en el Decreto 1933 de 1989,
sino también por la prima de riesgo. Como fundamento de sus argumentos citó las
sentencias del 4 de agosto de 201012 y 7 de abril de 201113, en las que el Consejo de
Estado, sostuvo, en su orden, que se deberán atender todos los factores percibidos
como contraprestación del servicio y las primas de toda especie que reciba el
trabajador, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1848 de 1969.
ACCIÓN DE REVISIÓN
La UGPP presentó la acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales
9
Documento denominado «13APELACIONDEMANDANTE» del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI.
10
Para el efecto citó las sentencias del 4 y 26 de agosto de 2010, en su orden, radicados: 0112-2009
y 200502159.
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Folios 2 a 24 del documento denominado «17SENTENCIA2DAINSTANCIA» del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25
000 2006 07509 01 (0112-09).
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, numero interno: 0953-2010.
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a.) y b.), de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. Se «revoque» la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012 por el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión de Bogotá, confirmada el 14 de noviembre
de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, dentro del proceso ordinario instaurado por el
señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez contra la extinta CAJANAL, bajo el radicado:
110013331701201200069.
2. Se declare que el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez no es acreedor de un
derecho adquirido amparable por la legislación colombiana, en cuanto a la liquidación
de su mesada pensional.
3. Ordenar que la pensión del señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017,
y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, providencias proferidas por la Sala Plena de
la Corte Constitucional, de acuerdo con las cuales se debe adoptar como ingreso base
de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, con la inclusión de los factores
base de cotización taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás
disposiciones que expresamente consagren la condición de factor salarial con
incidencia pensional, con una tasa de reemplazo del 75% conforme lo previsto en los
Decretos 1047 de 1978 y 1835 de 1994.
Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso 2 y 124 de la
Constitución Política; los Decretos 691 de 1994, 1835 de 1994, 1158 de 1994, Ley 100
de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
Estimó que la providencia acusada vulneró el derecho al debido proceso toda vez que
ordenó la reliquidación pensional con el cómputo de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, incluso la prima de riesgo, por el señor Carlos
Alfonso Cerón Jiménez, cuando lo cierto es que debieron atenderse las disposiciones
contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993. Advirtió que los Decretos
1137 y 2646 de 1994 previeron, en principio, que la prima de riesgo no constituye factor
salarial, circunstancia que varió con la Ley 860 de 2003, mediante la cual se le dio tal
connotación.
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Luego, expuso que el derecho reconocido, en la decisión objeto de revisión, excede lo
debido de acuerdo con la ley al haberse accedido a una reliquidación pensional en
contravía de lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido,
explicó que el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez no es beneficiario del régimen de
transición contenido en la Ley 100 de 1993. Sin embargo, más adelante, estimó que
tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo
de servicios y monto, previstas por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, así
como la Ley 860 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el cual se encuentra
regulado en el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que así lo ha
interpretado la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos.
Igualmente, consideró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera
del sistema, pues aumenta en un 40,98% la mesada pensional del demandado, sin
que exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor actual de
la pensión es de $2.167.211 cuando debía equivaler a $1.279.129, con lo cual se
genera una diferencia de $888.081. Tal situación permite observar que se configura
un abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional.
De igual forma, expuso que en atención a la edad del pensionado y las 423 mesadas
que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al erario, en tanto que, la
proyección de los pagos futuros, debidamente indexados, arrojan un total de
$602.021.350.
CONTESTACIÓN DEL RECURSO14
Dentro del término, el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez, mediante apoderado, dio
respuesta al recurso para solicitar que se denieguen las pretensiones. Aseveró que la
decisión objeto de revisión se profirió con observancia de las normas que le resultaban
aplicables al pensionado, con fundamento en la jurisprudencia vigente para la época y
en virtud de los principios de inescindibilidad, favorabilidad e igualdad.
A continuación, explicó que los detectives vinculados al departamento administrativo
de seguridad, DAS, con anterioridad al 3 de agosto de 1994, que acrediten 20 años de
servicio a la institución por tener un régimen de transición especial, no están sujetos al
régimen general de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Bajo esa línea argumentativa, aseguró que el derecho pensional del aquí
demandado se rige por el régimen especial contenido en los Decretos 1047 de 1978,
1933 de 1989 y 1835 de 1994, tal como lo señaló la misma entidad en el acto de
reconocimiento pensional.
En ese sentido, afirmó que ni el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 ni el Decreto 1158
de 1994 son aplicables para quienes se desempeñaron en actividades de alto riesgo,
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Índice 13 del sistema informático SAMAI.
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en el cargo de detective, en virtud del régimen de transición especial previsto en el
Decreto 1835 de 1994. Así como tampoco las disposiciones contenidas en las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, comoquiera que en ellas no se analizó
el régimen especial del DAS, menos aún se dispuso que sus argumentos podrían ser
extendidos a los funcionarios de esta entidad.
Por otro lado, advirtió que en el acápite de pretensiones el recurrente pide «se
revoque» el fallo proferido el 26 de agosto de 2013 por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Bogotá, pese a que este no corresponde con la
decisión que se emitió dentro del proceso ordinario en el que actuaron como partes el
pensionado y la entidad. Agregó que tampoco se discutió el contenido de la sentencia
de segunda instancia, aun cuando resulta esencial para el sub examine, comoquiera
que es con ella que finaliza el trámite ordinario. Por consiguiente, solicitó que, ante la
divergencia entre las pretensiones del recurso y la sustentación, se desestime de plano
la acción de revisión.
Con todo, en caso de declarar fundado el recurso, solicitó se nieguen las pretensiones
de la demanda encaminadas a obtener el reintegro de las sumas entregadas al
pensionado, so pena de desconocer los principios de buena fe, seguridad jurídica,
legalidad y confianza legítima.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el inciso segundo del artículo 249 que, de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia 15.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 16.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 precisa:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO
DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la
15
«Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
16
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. […]».
(Se subraya)
Ahora, es necesario precisar que la UGPP formuló la demanda de revisión en contra
de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Bogotá el 28 de septiembre de 2012. Sin embargo, en esta
oportunidad corresponde aplicar la regla de competencia sobre el recurso
extraordinario contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, del 14 de noviembre de 2014, por ser la de mayor
jerarquía, en la que se analizó el punto que es objeto de debate en la acción de
revisión. Es decir, se asumirá el conocimiento por la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 249 del CPACA.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 17 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»18
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
17
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
18
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación19.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones20.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira21.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 22.
19
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Legitimación por activa de la acción de revisión
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia
SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión23, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección24.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la legitimación por
activa a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la Resolución
4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso de liquidación
de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el Decreto 575 de 2013,
art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones de esta
naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.
23
Ibidem.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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Oportunidad de la acción de revisión
Sobre el particular se observa que la acción de revisión fue presentada dentro del plazo
que prevé el artículo 251 del CPACA, esto es, dentro de los 5 años siguientes a la
ejecutoria de la providencia cuestionada. La sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, proferida el 14 de
noviembre de 2014, se notificó a través de edicto que permaneció fijado entre el 26 y
28 de noviembre de 2014 y, quedó ejecutoriada el día 3 de diciembre de 201425. La
demanda fue radicada el 2 de diciembre de 201926, por lo que se concluye que aquella
se encuentra en tiempo.
Cuestión previa
Antes de abordar lo relacionado con el problema jurídico, la Sala se pronunciará sobre
el argumento expuesto en la contestación de la demanda en relación con la indebida
identificación de las sentencias objeto de revisión.
Sobre el asunto, la Subsección observa que es cierto, como lo señaló el pensionado,
que el recurrente en el acápite de «PRETENSIONES DE LA ACCION DE REVISION »
solicitó «Revocar la sentencia proferida por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE
DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE BOGOTA – SECCION SEGUNDA, del 26 de agosto
de 2013»; así como también, que esta no corresponde con la que se profirió dentro del
proceso ordinario 110013331701201200069, en el que fueron partes demandante y
demandada, respectivamente, el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez y la extinta
CAJANAL EICE.
No obstante, se advierte que, mediante auto del 21 de septiembre de 2020, el
despacho sustanciador analizó de forma integral la demanda y encontró debidamente
identificadas las providencias objeto de revisión, así como los demás requisitos legales
para admitir la acción de revisión. Expresamente, señaló: «se admite el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales y de la Protección Social, UGPP, contra el señor
Carlos Alfonso Cerón Jiménez con el fin de que se infirmen las decisiones del 28 de septiembre
de 2012 y 14 de noviembre de 2014, proferidas, en su orden, por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F en Descongestión, dentro del proceso radicado 11001-3331-
701-2012-00069-01».
En efecto, de un análisis integral del escrito introductorio de cara con el principio de la
prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y, con observancia de las
facultades de interpretación del juez, el despacho sustanciador encontró que, pese a
25
Folio 27 del documento denominado «17SENTENCIA2DAINSTANCIA» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en índice 12 del sistema informático SAMAI
26
Folio 11 vto. del cuad. ppal.
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que en el capítulo de pretensiones se pidió revocar una sentencia distinta a las
descritas en el resto del documento, esto se debió a un error de digitación, pues lo
cierto es que, de la lectura conjunta de este, a saber, de los títulos «HECHOS QUE
FUNDAMENTAN LA ACCION DE REVISION», «NORMAS JURIDICAS
VULNERADAS» y «CONCEPTO DE VIOLACION», en armonía con la copia de las
providencias que se anexaron, pudo inferir, razonablemente, que las decisiones objeto
de revisión eran las emitidas por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en Descongestión, en su orden, el 28 de septiembre de 2012 y 14 de
noviembre de 2014, dentro del proceso 110013331701201200069, y en esa medida,
sobre ellas se admitió la acción.
Así las cosas, bien puede entenderse que no se configuró una omisión en la
identificación de la providencia objeto de revisión que traiga como consecuencia la
necesidad de declararlo infundado, ya que la expresión de los hechos y los motivos
expresados como concepto de violación permitieron delimitar la discusión y las
providencias atacadas, y bajo tal entendimiento se enmarcó la defensa del
demandado. De manera, que en garantía del derecho de acceso a la administración
de justicia la Sala estima que dentro de la acción de revisión es plenamente
identificable la providencia que debe revisarse.
A lo anterior se agrega que contra el auto admisorio no se interpuso ningún recurso.
En consecuencia, nada obsta para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con
la acción de revisión interpuesta por la UGPP contra el señor Carlos Alfonso Cerón
Jiménez.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar la liquidación de la pensión de un exdetective del
Departamento Administrativo de Seguridad, cobijado por el régimen de transición del
Decreto 1835 de 1994, atendiendo el ingreso base de liquidación de las normas
generales anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de
servicios, y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100
de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El régimen
pensional de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad, iv) El
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régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso» .
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia27. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 28:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»
27
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
28
Sentencia C-341 de 2014
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Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales29, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 30 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»31. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez debe liquidarse teniendo en cuenta un ingreso
base de liquidación calculado con el promedio de lo devengado durante el último año
de servicio, incluyendo todas aquellas sumas que recibió en aquel período, y no el
previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de 1994. Así, se debe
definir si la mesada que se le paga mensualmente debe verse reducida en la misma
29
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
30
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
31
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
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proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de
seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito se harán algunas precisiones en relación con los siguientes
aspectos: i) Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social; ii) El régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado; iii) Actividades de alto riesgo del sector
público; iv) La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición; y con fundamento en ello, se analizará v) la configuración de la causal
de revisión en el caso concreto.
Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigor del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 197832, norma que en el
artículo 133 dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de
formación impartido por el instituto de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una
pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en el artículo 2, ordenó que
los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio
de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas,
pueden acceder a la prestación al cumplir la edad de 50 años, siempre que para ese
momento estuvieran vinculados.
Más adelante, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 198934 dictó una norma general
según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales
señaladas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los
adicionen o modifiquen35. En el artículo 1036, previó que los empleados del
32
«Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que
desempeñen funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
33
«Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de
formación en dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán
derecho a gozar de la pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
34
«Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad»
35
«Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán
derecho a las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden
nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los
que los adicionan, modifican, reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
36
«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas
para los empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad.
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Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los cánones generales
sobre pensión de jubilación. Por otro lado, quienes desarrollaran funciones de
dactiloscopistas en los cargos de detective agente, profesional o especializado, así
como los detectives, en sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por
lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 37.
En este contexto, comoquiera que el régimen especial para algunos servidores del
DAS no prevé lo relativo a la liquidación de pensión, en atención a la remisión a las
normas generales, aquella se debe ajustar a lo señalado por el Decreto 1848 de 1969,
reglamentario del Decreto 3135 de 1968, esto es, que su monto debe corresponder al
75% del ingreso base de liquidación.
El régimen de transición de la Ley 100 de 1993
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 concibió un régimen de transición que ha sido
entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella. Esto les permitirá regirse por las normas
aplicables en el régimen anterior al que se encontraban afiliados en cuanto a la edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto de la prestación. Así lo
señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de Detective Agente,
Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de
jubilación, por el Decreto-ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones.»
37
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que
permanezcan al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18
años continuos en el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de
jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren funcionarios de ese
Departamento.»
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servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha
sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición o no, como pasa a exponerse:
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, dicha
Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de
pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
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«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017.
En esta última providencia, esto es, la SU-395 de 201738 la Corte conoció de varias
acciones de tutela interpuestas contra sentencias que ordenaron la reliquidación de
pensiones, con fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos
546 de 197139 y 929 de 197640, y consideró que la regla general de liquidación
pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas especiales,
según lo había analizado la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición
consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado
el servidor, solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 41 así se refirió al tema:
«Se observa, entonces, que la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición,
que ha sido entendido como un beneficio consagrado en favor de las personas
que cumplan determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley,
en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y
monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al
cual se encontraban afiliados.
38
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
39
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
40
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
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Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios[…]»
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales. Esta providencia constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»
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La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Con todo, la Sala Plena también sostuvo:
«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya
reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la
prosperidad o no de la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión
comprende los procesos administrativos en curso, la Sala solicita de manera
imperiosa a las entidades administradoras de pensiones del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida que, al momento de efectuar el reconocimiento de la
pensión, expliquen precisa, completa y detalladamente cada uno de los factores y/o
valores numéricos tenidos en cuenta en la liquidación, de forma que sea
comprensible al usuario y garantice un debido proceso administrativo».
Actividades de alto riesgo del sector público
El artículo 14042 de la Ley 100 de 1993 previó:
«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional
expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto
riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de
semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como
actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos
sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria.
Todo sin desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.»
El Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los servidores públicos al Sistema
General de Pensiones, en el artículo 5, extendió el régimen general a los trabajadores
que laboren en actividades de alto riesgo para su salud. En atención a esta preceptiva
y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto
1835 del 3 de agosto de 1994. Este último reglamentó las actividades de alto riesgo de
los servidores públicos, dentro de las cuales incluyó al personal de detectives en sus
distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente del
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
42
Declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-003 de 1996.
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De acuerdo con lo anterior, se concibió un régimen de transición especial43 para
quienes, a su entrada en vigor44 laboraran en dicha actividad, con el beneficio de
acceder a la pensión en las condiciones indicadas por las normas anteriores a la Ley
100 de 1993, es decir a los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989.
Por su parte, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200345 derogó el Decreto 1835 de
1994, y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin
incluir al DAS. En el artículo 6 se introdujo un régimen de transición para las personas
que para esa época tuvieran al menos 500 semanas de cotización especial46, así:
«Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán derecho a que, una
vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para
acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto
riesgo47.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los
previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de
la Ley 797 de 2003.»
No obstante, la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 48 se ocupó de regular
nuevamente la materia pensional para los servidores que desarrollan labores de alto
riesgo en el DAS. La norma señaló otro régimen de transición en el parágrafo 5 del
artículo 2. Aquel consiste en que los detectives vinculados antes del 3 de agosto de
1994 que para la entrada de esa ley hubieran cotizado 500 semanas, pueden acceder
a la pensión en las condiciones definidas por el Decreto 1835 de 1994.
43
«Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las
actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que
respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el
número de semanas cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas
vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente
en lo relacionado al monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
44
Esta norma comenzó a regir a partir de su publicación. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXX. N. 41473. 4,
AGOSTO, 1994. PAG. 25.
45
«Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades.»
46
Sobre la interpretación del régimen de transición previsto en el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003
se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 12 de junio de
2014, radicación: 3287-2013, y de la Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555-
13.
47
Declarado exequible condicionalmente en la sentencia C-663 2007: «[…] en el entendido que para el
cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
48
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
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La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debe atenderse en
su integridad la normativa precedente. En un principio estimó que debían atenderse
aquellos factores salariales que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933
de 1989, esto son:
• La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
• Los incrementos por antigüedad;
• La bonificación por servicios prestados;
• La prima de servicio;
• El subsidio de alimentación;
• El auxilio de transporte;
• La prima de navidad;
• Los gastos de representación;
• Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180)
días en el último año de servicio;
• La prima de vacaciones.
Más adelante, el Decreto 1137 del 2 de junio de 199449 creó la prima mensual de riesgo
equivalente al 30% de la asignación básica, entre otros servidores, para los detectives
de la entidad, con la salvedad de que aquella no constituía factor salarial y no podría
devengarse simultáneamente con las primas de orden público, de clima y de riesgo de
que tratan los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por
el Decreto 132 del 17 de enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre
de 199450 aumentó el porcentaje de dicho emolumento al 35% y la hizo incompatible
solamente con las prestaciones con la misma denominación previstas en los Decretos
1933 de 1989 y 132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.
En vista de lo anterior, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella
no constituye factor salarial51. Más adelante, consideró que debía acogerse el criterio
de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 2010 52, según el cual es
válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera
49
«Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad».
50
«Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad».
51
Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
16 de marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma
Constanza Castro quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688
01 (8439-2005), demandante: Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25
000 2006 07509 01 (0112-09).
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habitual y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación53. Esta tesis se fundó en que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969
dispuso que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75% del promedio de los
salarios y primas de toda especie recibidos durante el último año de servicio,
argumento que sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no
estaban previstas por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los
detectives del DAS.
Bajo esta nueva óptica, en la sentencia del 1 de agosto de 201354 la Sección Segunda
unificó su posición sobre el tema para acoger este último criterio y agregó que una
interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de 1991
impuso como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho
fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto
precisó que la prima de riesgo es percibida en forma permanente y mensual. En
consecuencia, hace parte de la contraprestación directa que recibían los servidores
del DAS, por lo que debía ser considerado dentro del ingreso base de cotización y de
la liquidación de la pensión.
Verificación de las causales de revisión invocadas
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La UGPP estimó que la providencia acusada vulneró el derecho al debido proceso
porque ordenó la reliquidación pensional con inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio por el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez,
cuando lo cierto es que, debieron atenderse las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia sobre la causal contenida en el literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, teniendo en consideración que la UGPP discute
la interpretación y aplicación de las normas que hizo el juez de instancia para el cálculo
de la prestación, pues en su criterio ello condujo a que la cuantía de la pensión
excediera lo debido de acuerdo con la ley, se advierte que esta cuestión hace
referencia a la causal descrita en el literal b) del artículo 20 de la citada ley. Por lo
tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en el literal a), en lo atinente
a la liquidación de la pensión, es necesario verificar lo relativo al literal b), la cual pasa
a estudiarse.
53
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
54
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
440012331000200800150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
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La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003.
Para abordar lo relativo a la configuración de esta causal de revisión, se destacan los
siguientes aspectos:
El señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez nació el 28 de diciembre de 196655. Laboró en
el DAS desde el 2 de septiembre de 1988 hasta el 30 de agosto de 2011 56, para un
total de 22 años, 11 meses y 29 días. El último cargo que desempeñó fue el de
detective profesional 207-10. Según la certificación emitida por la Subdirección
Financiera, Coordinación de Tesorería del DAS 57, durante el último año de servicio
comprendido entre agosto de 2010 y agosto de 2011 devengó los siguientes
emolumentos:
• Asignación básica
• Bonificación por servicios
• Prima de servicios
• Prima de navidad
• Prima de vacaciones
• Prima de riesgo
• Indemnización vacaciones
• «FACTORES VACACIONES»
Por medio de la Resolución PAP 030184 del 14 de diciembre de 201058, la Caja
Nacional de Previsión, EICE, en Liquidación, le reconoció al señor Carlos Alfonso
Cerón Jiménez una pensión de jubilación, condicionada al retiro definitivo del servicio.
Para el efecto, tuvo en cuenta lo siguiente:
➢ El demandante es beneficiario del régimen contenido en los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989.
➢ Laboró un total de 7319 días, equivalentes a 1045 semanas.
➢ Adquirió el estatus jurídico el 1 de septiembre de 2008.
➢ La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los últimos diez años de servicio, comprendidos entre el 1
de enero de 1998 y el 30 de diciembre de 2008. Los factores que incluyó fueron:
asignación básica y bonificación por servicios.
55
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 3 del documento denominado
«DEMANDYANEXOS» del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho obrante en el índice 12
del sistema informático SAMAI.
56
Folio 5 del documento denominado «DEMANDYANEXOS» contenido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 12 del sistema informático SAMAI.
57
Folios 25 a 26 del documento denominado «DEMANDYANEXOS» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 12 del sistema informático SAMAI
58
Folios 12 a 15 del documento denominado «DEMANDYANEXOS» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 12 del sistema informático SAMAI.
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A través de la Resolución UGM 037231 del 8 de marzo de 201259, la Caja Nacional de
previsión Social EICE, en Liquidación, reliquidó la pensión del señor Carlos Alfonso
Cerón Jiménez a partir del 1 de septiembre de 2011. En dicho acto, calculó la mesada
del demandado en cuantía del 75% de un ingreso base de liquidación conformado por
el promedio de los salarios sobre los cuales se efectuaron aportes durante los últimos
10 años de servicio, a saber, entre el 1 de septiembre de 2001 y el 30 de agosto de
2011. Los factores que se incluyeron fueron los mismos descritos en el acto de
reconocimiento pensional. Negó la inclusión de la prima de riesgo y de todos los
factores recibidos durante el último año de servicio, bajo el siguiente argumento:
«[…] Que por lo anterior, se hace necesario aclarar al peticionario, que si bien es
cierto, se encuentra inmerso dentro de los cargos cobijados por el régimen
especial del Departamento Administrativo de seguridad, también es cierto, que en
la presente reliquidación no es posible tener en cuenta la prima de riesgo por
cuanto no existe certeza respecto a si se realizaron o no los descuentos por tal
concepto.
Que con relación a la solicitud de reliquidación de la Pensión de Vejez con todos
los factores devengados en el último año de servicios, es necesario efectuar las
siguientes consideraciones de orden legal […]
Por lo anterior se evidencia que la peticionaria (sic) no se ha desempeñado en los
cargos anteriormente descritos para gozar del régimen especial, por lo cual la
liquidación de su pensión se reconoció conforme a lo establecido en al (sic)
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que el mismo solo respeta el régimen más
favorable en lo concerniente al monto, tiempo y edad requeridos para acceder a
la pensión; pero en ningún momento en lo referente al modo de efectuar la
liquidación o a los factores bases (sic) para liquidar la pensión debido a que estos
se delimitan con los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de 1994
para determinar el ingreso base de liquidación […]
Teniendo en cuenta la normatividad antes expuesta, es claro que los factores
salariales que se deben tener en cuenta en la liquidación son los indicados en la
Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 1158 de 1994 que no contempla
todos los factores salariales certificados como ítems que integren el ingreso base
de cotización, únicamente los que se encuentran de forma taxativa en la norma
anterior, motivo por el cual no es procedente la inclusión de la prima de navidad,
la prima de vacaciones y el auxilio de alimentación en la presente reliquidación.
[…] »
El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Bogotá, en la sentencia del
28 de septiembre de 2012, ordenó la reliquidación de la pensión del señor Carlos
Alfonso Cerón Jiménez en los siguientes términos:
«[…]
PRIMERO. DESESTIMAR las excepciones propuestas por la entidad accionada
conforme a lo señalado en la parte motiva del fallo.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de la “Resolución No. UGM 037231 del 8
de marzo de 2012 proferida por el Liquidador de la CAJA NACIONAL DE
REVISÍÓN, por las razones esbozadas en la parte considerativa de la sentencia.
59
Folios 16 a 22 del documento denominado «DEMANDYANEXOS» del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 12 de SAMAI.
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TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la Caja Nacional de Previsión Social
E.I.C.E en Liquidación,
a). Efectuar una nueva liquidación de la pensión de jubilación del señor CARLOS
ALFONSO CERON JIMENEZ […] con el 75% del promedio de lo devengado en el
último año de servicios, esto es, 31 de agosto de 2010 hasta el 31 de agosto de
2011 incluyéndole los factores salariales señalados en el D.1933/89 (Art.18), así:
Asignación básica, Doceava parte de la Bonificación por servicios, una doceava
parte de la prima de servicios, una doceava parte de la prima de navidad, una
doceava parte de la prima de vacaciones […]» (puntuación, gramática,
resaltados y ortografía del original)
La decisión se sustentó, fundamentalmente, en el criterio según el cual los servidores
del DAS que disfrutan del régimen especial de pensiones, contenido en los Decretos
1047 de 1978, 1933 de 1989 y 1835 de 1994, tienen derecho a que se les apliquen
tales preceptivas en lo relacionado con los factores computables para liquidar la
pensión de jubilación. Excluyó los factores denominados «factores por vacaciones» y
la prima de riesgo con fundamento en que, el primero corresponde a un descanso del
servidor y, el segundo, no se encuentra enlistado en el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989.
Por su parte, la sentencia del 14 de noviembre de 2014 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión, objeto de la
presente acción de revisión, adicionó el literal a) del numeral tercero de la providencia
de primera instancia, para en su lugar, indicar que se debe incluir la prima de riesgo.
En síntesis, los siguientes fueron los razonamientos esgrimidos:
«[…] [S]e concluye que al personal de Detectives, en sus diferentes grados y
denominaciones de especialista, profesional y agente, que estuviera vinculado con
anterioridad a la vigencia del Decreto 1835 de 1994, 4 de agosto de 1994, se le
respetan los derechos establecidos en las normas vigentes con anterioridad a la
Ley 100 de 1993, por ello, el demandante es beneficiario del régimen de transición
establecido para los empleados que desempeñan actividades de alto riesgo, y el
régimen aplicable era el que regía antes de la entrada en vigencia del precitado
decreto.
[…]
De los medios probatorios obrantes dentro del expediente, encuentra la Sala que
el actor prestó sus servicios como Detective Profesional en el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS-, con anterioridad a la expedición del Decreto
1835 de 1994 (02 de septiembre de 1988 f. 2), lo cual lo hace beneficiario del
régimen de transición establecido por la Ley para este tipo de funcionarios.
Por lo anterior y en atención al marco normativo que se ha expuesto, concluye la
Sala que el régimen aplicable al señor CARLOS ALFONSO CERÓN JIMENES, es
el anterior a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que es el contenido en
el Decreto 1835 de 1994, que establece el derecho a una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante
el último año de servicios.
En relación con los factores de salario a incluir en la pensión de jubilación para los
empleados del DAS, observa la Sala que mediante providencia del 11 de junio de
2009 […] manifestó que los funcionarios del D.A.S. se encuentra amparados por
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un régimen especial de pensiones, el cual se encuentra contenido en el Decreto
1933 de 1989 […]
En atención a la jurisprudencia citada, para la Sala queda claro que los
funcionarios del D.A.S. tiene derecho a que los factores salariales incluidos en su
pensión de jubilación sean liquidados con base en la normatividad constitutiva del
Régimen Especial, que no es otra que la consagrada en el Decreto 1933 de 1988,
por lo que no es de recibo la forma en que CAJANAL liquidó la pensión del actor,
lo cual implica per se la declaratoria de nulidad del acto acusado tal como lo
ordenó el A- quo.
[…]
La jurisprudencia citada, es consecuente con los recientes pronunciamientos del
Consejo de Estado, en los que se ha señalado que los factores salariales que
deben ser incluidos en las pensiones de los servidores públicos, deben atender al
concepto integral de salario, entendido este como todo lo percibido por el
empleado como contraprestación de sus servicios. En consecuencia, puede
colegir la Sala que en el caso de autos, resultaba procedente la inclusión de la
totalidad de factores de salario devengados por el actor en el último año de
servicios como ordenó el A Quo.
[…]
Como se puede observar en el recuento normativo y jurisprudencial que antecede,
concluye la Sala que la pensión de jubilación del actor debe reliquidarse, teniendo
en cuenta para ello, además de los factores ya reconocidos como asignación
básica y bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima de
navidad, prima de riesgo, y la prima de vacaciones, en sus correspondientes
proporciones, por lo que habrá de adicionarse el fallo de primera instancia en
cuanto no incluyó a la prima de riesgo, factor que, como se viene de leer en la
jurisprudencia transcrita, sí debe de ser tenidos en cuenta al momento de la
liquidación pensional, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1933 de 1989
y demás normas concordantes. […] (Puntuación, gramática, negrillas y
ortografía del texto original)
Análisis de la Subsección
En primer lugar, conviene precisar que, tal como lo manifestó el demandante, el señor
Carlos Alfonso Cerón Jiménez es beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 860 de 2003, en concordancia con el Decreto 1835 de 1994, toda vez que quedó
acreditado que su vinculación al DAS fue anterior al 3 de agosto de 1994 y que, para
el año 2003, contaba con 787 semanas cotizadas en la actividad de alto riesgo.
En segundo lugar, que en la demanda de revisión, la UGPP discute la forma en la que
la decisión de instancia ordenó que se calculara el ingreso base de liquidación de la
pensión reconocida al aquí demandado. En su criterio, debe darse aplicación a lo
previsto por los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158
de 1994, de acuerdo con las reglas definidas por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Así las cosas, el análisis se concretará a tal argumento.
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De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar que para el momento en el que
se produjo la decisión que se revisa, estaba vigente la tesis asumida en la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, dentro de la cual se
determinó que el IBL de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 sería el previsto por las leyes anteriores, con inclusión de todas
aquellas sumas que el servidor percibía de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente, de su denominación60. Dicha
posición, fue reiterada más adelante en la sentencia del 1 de agosto de 2013 61 en la
cual la Sección Segunda se refirió a los servidores amparados por el régimen especial
del DAS, tal y como se indicó previamente62. Sin embargo, incluso antes de que se
hubiera unificado el criterio, la jurisprudencia del Consejo de Estado ya venía
impartiendo esta interpretación63.
En ese orden, se observa que la decisión adoptada en la providencia bajo revisión se
acompasa con el criterio desarrollado por esta Corporación 64 vigente para la época,
comoquiera que se ordenó reliquidar la pensión de jubilación atendiendo las
disposiciones del régimen anterior, esto es, con inclusión de los factores contenidos
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989. En el mismo sentido, la Subsección B, en
la sentencia del 18 de agosto de 2005 65 expuso una tesis orientada al reconocimiento
y liquidación de la pensión de los detectives del DAS con arreglo al régimen especial
contenido en los Decretos 3135 de 1968, 1933 de 1989, 1045 de 1978, 1047 de 1978
y 1933 de 1989.
Ahora, es necesario precisar que, de las providencias enunciadas en la demanda de
revisión, solamente las sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, se habían emitido
para la época en que fue proferida la sentencia cuestionada, y, por lo tanto, se
analizará su contenido de cara con el sub examine.
Pues bien, en lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, se advierte que en ella se
estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al centro del debate en este
asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del artículo 11 e incisos 2 y 3 del
60
Así se reiteró por el Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010,
radicación 250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
61
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
62
Dicha posición también se había sostenido previamente en: Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación 250002325000200500052 01(0568-2008),
demandante: José Luis Martínez Arteaga.
63
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.
64
Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 14 de julio y 18 de agosto de 2005, radicación
44001-23-31-000-2002-00045-01 y 25000-23-25-000-2001-12163-01.
65
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de agosto de 2005, radicación
25000-23-25-000-2001-12163-01 (782-2004).
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artículo 36 de la Ley 100 de 199366 ii) derecho a la igualdad y iii) derechos adquiridos.
Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el legislador con estas disposiciones legales
excede la protección de los derechos adquiridos, para salvaguardar las expectativas
de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una
plausible política social que, en lugar de violar la Constitución, se adecúa al artículo 25
que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público. Ciertamente, mientras para los primeros se toma como
base el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los
segundos, tal promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año. Tal
desigualdad contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este asunto.
Ahora, en cuanto a la sentencia C-258 de 2013, se precisa que en esta la Corte
Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto
al IBL que debe tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de
congresistas, determinó las siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la
mencionada ley no podrá extenderse a quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994,
no se encontraren afiliados a aquel; ii) los factores de liquidación serán aquellos
efectivamente recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado
las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y
36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar
los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de
2013. Lo anterior difiere de la normativa que gobierna el derecho pensional del aquí
demandado quien no es beneficiario de dicho régimen especial.
En todo caso, también es de resaltar que la Corte Constitucional, a través de sus salas
de revisión67, sostuvo que el beneficio de la transición pensional consistía en acatar en
su integridad las condiciones del régimen anterior. En consecuencia, el ingreso base
66
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
67
Sobre este tema se pueden ver, de la Corte Constitucional las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de
2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
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de liquidación se entendía incluido en el régimen de transición 68. Por esa razón, se
admitía que la liquidación debía efectuarse sobre el promedio de lo devengado en el
último año de servicios.
De otra parte, en relación con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los Autos 326 de
2014 y 229 de 2017, es importante señalar que ninguna de ellas podía ser tenida como
precedente. Lo anterior en consideración a que son posteriores a la providencia que
se revisa, además de que no se les otorgó efectos retrospectivos. De esta manera, no
se les puede considerar precedente en este caso.
De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
De otra parte, respecto de los factores que se ordenó tener en cuenta en la liquidación
de la pensión del demandado, se advierte que el Tribunal consideró posible la inclusión
de todas las sumas que habitual y periódicamente recibió el trabajador como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación
que tuvieran, con fundamento en las decisiones que esta corporación profirió en
asuntos similares al sub lite entre el 2007 y 201169, las cuales reflejan la posición que,
posteriormente, fue asumida en las sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010
y 1 de agosto de 201370. Esta última era la vigente para la fecha en que se profirió la
sentencia objeto de revisión.
68
Se resalta lo considerado en la sentencia T-631 de 2002, en la que la Corte Constitucional se refirió
al ingreso base de liquidación que debía atenderse en los casos de las personas que se encontraran en
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así: «[…]El monto de la pensión se calcula sobre una base
y de allí se saca un porcentaje. No se puede entender el uno sin el otro. Esa base, en la teoría de la
seguridad social, se denomina indistintamente como base reguladora, haber regulador, salario
jubilatorio o haber jubilatorio. Tratándose de regímenes especiales, se tendrá en cuenta la base
reguladora y el porcentaje que señalen específicamente tales regímenes. Es imposible desvertebrar el
efecto de la causa y por consiguiente no se puede afirmar, como en el caso que motiva la presente
tutela, que el porcentaje es el del régimen especial del decreto 546/71 y la base reguladora es la
señalada en la ley 100 de 1993. Si un funcionario o exfuncionario judicial o del Ministerio Público reúne
los requisitos para gozar del régimen especial se aplicará en su integridad el artículo 6° del decreto
546/71, luego no se puede tasar el monto de acuerdo con la ley 100 de 1993. Hacer lo contrario es
afectar la inescindibilidad de la norma jurídica. […]». Esta tesis fue reiterada en las sentencias T-1000
de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007,
T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009.
69
Para el efecto citó las siguientes:
el 31 de mayo de mayo de 2007, radicado: 250002325200403324 01 (8959-2005), Sección Segunda,
Subsección B; el 27 de abril de 2006, radicado: 250002325000200213584 01 (3688-2004) Sección
Segunda; el 8 de junio de 2000, (no aporta radicado), Sección Segunda, Subsección B; el 4 de agosto
de 2010, radicado: 250002325000200607509 01 (0112-2009) Sección Segunda; del 7 de octubre de
2010, radicado: 150012331000200301447 01 (2250-2008) Sección Segunda, Subsección A; del 10 de
noviembre de 2010, radicado: 250002325000200500052 01 (0568-2008) Sección Segunda, Subsección
A y, el 7 de abril de 2011, radicado: 760012331000200700249 01 (0953-2010) Sección Segunda
Subsección A.
70
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
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Cabe destacar que si bien no se hizo referencia a la sentencia del 1 de agosto de
201371, pese a que ya se había emitido, para el momento en el que se dictó la
providencia que se revisa, en cuanto a la inclusión de todos los factores devengados
por el trabajador durante el último año de servicios, inclusive la prima de riesgo, lo
cierto es que, con fundamento en las sentencias del 4 de agosto de 2010 y 7 de abril
de 2011 emitidas por el Consejo de Estado, efectuó una interpretación que se
acompasa con el proveído referido.
En suma, en el presente asunto se demostró que el señor Carlos Alfonso Cerón
Jiménez es beneficiario del régimen de transición de que trata el Decreto 1835 de
1994, pues este aspecto no fue objeto de discusión. La pensión fue liquidada con base
en lo devengado en el último año de servicio, con una tasa de reemplazo del 75%, en
cumplimiento de los Decretos 1047 de 1978, 1933 de 1989, 3135 de 1968, 1848 de
1969 y 1835 de 1994 que consagra el régimen especial de los detectives del DAS, al
cual tenía derecho por haber estado vinculado a la entidad para el 3 de agosto de
1994. Los factores salariales que se ordenaron incluir fueron los devengados en el
último año de servicio conforme se sostuvo en la sentencia del 4 de agosto de 2010,
esto es, la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de servicios, la
prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de riesgo, tal como consta en la
certificación emitida por la Subdirección Financiera, Coordinación de Tesorería del
DAS72.
En esas condiciones, no se encuentra demostrada la causal de revisión del artículo
20, literal b) de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite salvaguardar instituciones
superiores tales como la seguridad jurídica 73.
Finalmente, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado
modificó su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen
general, en la sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, también es cierto que
en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que «No puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante
71
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación:
4400123310002008150 01(0070-2011), demandante: Héctor Enrique Duque Blanco.
72
Folios 25 a 26 del documento denominado «DEMANDYANEXOS» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 12 del sistema informático SAMAI
73
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP
para la época.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123 inciso
2 y 124 de la Constitución Política; los Decretos 691 de 1994, 1835 de 1994, 1158 de
1994, Ley 100 de 1993 y el Acto Legislativo 01 de 2005, citados como desconocidos
por la UGPP en el escrito contentivo de la acción especial de revisión. Lo anterior, en
consideración a que la interpretación que la sentencia objeto del recurso impartió a
tales contenidos normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la
época en el Consejo de Estado.
En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en relación con la
liquidación de la pensión ordenada.
En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión del señor
Carlos Alfonso Cerón Jiménez atendiendo el ingreso base de liquidación del régimen
especial del DAS previsto por los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, esto es, en
cuantía equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicio, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios, la prima
de servicios, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de riesgo.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción especial de revisión contra la sentencia del 14 de
noviembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda Subsección F, en Descongestión, mediante la cual se ordenó la reliquidación
de la pensión del señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez, con el 75% del promedio de
todos los factores devengados en el último año de servicios.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público », en esas condiciones,
teniendo en cuenta que esta Corporación 74 ha considerado que el ejercicio del
mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye
una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el
74
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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34
Radicado: 110010325000201900976 00 (6688-2019)
Demandante: UGPP
servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional; la Sala considera improcedente la
condena en costas en el caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP
contra el señor Carlos Alfonso Cerón Jiménez, por las causales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión,
el 14 de noviembre de 2014, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación: 110013331701201200069.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el programa informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con permiso
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