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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00979-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00979-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 18 Número Interno: 6691-2019 Accionante: UGPP Accionado: Martha Calderón Peñaranda PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión; a través de la cual se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta (30) de agosto de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga; dictada dentro del expediente radicado bajo el No. 68001333100320120005501, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00979-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Trece (13) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 11001032500020190097900 (6691-2019)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandada: Martha Calderón Peñaranda
Medio de control: Revisión de la sentencia proferida el 13 de noviembre
de 2014, por el Tribunal Administrativo de Santander
de Descongestión. Causal regulada en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Tema: Reliquidación pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, contra la sentencia del Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Catorce
(2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión; a través
de la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta (30) de Agosto de Dos Mil
Trece (2013), emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga; providencias judiciales que accedieron parcialmente a las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Martha
Calderón Peñaranda.
I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de acción especial de revisión2

La UGPP formuló la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, con la que pretende se revoque la sentencia del Trece (13) de Noviembre de
Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de
Descongestión; a través de la cual, se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta (30)
de Agosto de Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del

1 Expediente híbrido.
2 Expediente físico, cuaderno 2, folios 1 a 10.

Número Interno: 6691-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Martha Calderón Peñaranda

Circuito Judicial de Bucaramanga, dictadas dentro del proceso con radicado No.
68001333100320120005501 y, en su lugar, se declare que la señora Martha Calderón
Peñaranda, con relación a la liquidación de la pensión, no es acreedora de un derecho
adquirido amparable por la legislación colombiana y se ordene la reliquidación de la
pensión que recibe conforme a las directrices fijadas por el inciso tercero del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y los factores de salario preceptuados en el Decreto 1158 de 1994,
de conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y
SU-631 de 2017.

Como sustento fáctico de sus pretensiones refiere que, la señora Martha Calderón
Peñaranda, nació el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil Novecientos Cincuenta y Tres
(1953), prestó sus servicios a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
desde el Veinticuatro (24) de mayo de Mil Novecientos Ochenta y Tres (1983) hasta el
Treinta (30) de Diciembre de Dos Mil Ocho (2008), y su último cargo desempeñado fue
el de Gestor III.

Expuso que, a través de Resolución No. 50126 del Primero (1) de octubre de Dos Mil
Ocho (2008)3, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal le reconoció una
pensión de vejez a la demandada en cuantía de Un Millón Setecientos Setenta y Un Mil
Setecientos Veintiún Pesos ($1.771.721.00), efectiva a partir del Primero (1) de abril de
Dos Mil Ocho (2008), quedando condicionada al retiro del servicio.

Señaló que, mediante la Resolución No. PAP 1241 de Veintitrés (23) de septiembre de
Dos Mil Nueve (2009)4, se negó la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez
presentadas por la actora.

Afirmó que, con fallo del Treinta (30) de Agosto de Dos Mi Trece (2013)5 el Juzgado
Cuarto (04) del Circuito Administrativo de Bucaramanga accedió a las pretensiones de la
demanda incoada por la señora Calderón Peñaranda y declaró la nulidad de la
Resolución No. PAP 001241 del Veintitrés (23) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009),
ordenando la reliquidación pensional incluyendo todos los factores salariales devengados
el último año.

3 Expediente físico, cuaderno 1, folios 95 a 97.
4 Expediente físico, cuaderno 1, folios 130 vto a 132.
5 Expediente físico, cuaderno 1, folios 145 vto a 153.

2

Número Interno: 6691-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Martha Calderón Peñaranda

Contra la anterior sentencia se presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Santander en Descongestión, mediante sentencia del Trece
(13) de Noviembre de Dos Mil Catorce (2014)6, confirmando parcialmente la anterior
decisión, precisando que la reliquidación pensional debería efectuarse teniendo en
cuenta lo devengado durante el último año de servicios comprendido entre el Treinta (30)
de diciembre de Dos Mil Siete (2007) al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008),
incluyendo como factores además de los ya tenidos en cuenta, los siguientes: incentivo
por desempeño gestión, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios o
semestral y referencia a jefatura; además, precisó que en caso de no haberse pagado
los aportes de ley sobre aquellos deberían realizarse las compensaciones que hubiera
lugar al momento de pagar las mesadas correspondientes.

Finalmente, indicó que el fallo quedó ejecutoriado el Dos (2) de diciembre de Dos Mil
Cuatro (2004); además que, en cumplimiento del fallo la entidad emitió la Resolución No.
RDP 018101 del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Quince (2015)7, reliquidando la pensión
de vejez a favor de la demandada, la cual fue otorgada en cuantía de Dos Millones
Quinientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos ($2.577.428.00), efectiva
a partir del Primero (1) de enero de Dos Mil Nueve (2009).

1.2 Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión, mediante sentencia de Trece
(13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014)8, confirmó parcialmente la sentencia de
primer grado, salvo el artículo tercero, el cual modificó de la siguiente manera:

«PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, el treinta (30) de Agosto de dos
mil trece (2013), así:

TERCERO: En consecuencia, la entidad demandada UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP (CAJANAL E.I.C.E) deberá reliquidar la pensión de
jubilación concedida a MARTHA CALDERON PEÑARANDA, a partir del 30 de diciembre
de 2008, incluyendo todos los conceptos por ella devengados en el último año de
prestación del servicio, comprendido entre el 30 de diciembre de 2007 a 30 de diciembre
de 2008, además de los ya reconocidos los siguientes: Incentivo por Desempeño
Gestión, Prima de Vacaciones, Prima de Navidad, Prima de Servicios o semestral y
referencia a jefatura. La demandada, en caso de no haberse pagado los aportes de ley,
deberá realizar las compensaciones que haya lugar, al momento de pagar las mesadas
correspondientes.

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos, la sentencia de treinta (30) de agosto de
dos mil trece […]»

6 Expediente físico, cuaderno 1, folios 139 vto a 145.
7 Expediente físico, cuaderno 1, folios 193 a 196.
8 Expediente físico, cuaderno 1, folios 139 vto a 145.

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Número Interno: 6691-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Martha Calderón Peñaranda

Como sustento de la decisión, el Tribunal precisó que la señora Martha Calderón
Peñaranda era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993; por tanto, el
régimen pensional que la gobierna es la Ley 33 de 1985, pues, los servicios los prestó en
el cargo de funcionario de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Al ser beneficiaria del citado régimen de transición, conforme lo dispuesto por el Consejo
de Estado en la sentencia proferida el Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010), para
la reliquidación de su pensión se deben tener en cuenta todos los factores salariales que
fueron devengados durante el último año. En tal sentido indicó que, según lo certificado,
durante el último año de servicios prestados comprendido del Treinta (30) de diciembre
de Dos Mil Siete (2007) al Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008)9; la
demandante percibió la asignación mensual, prima de dirección, referencia a jefaturas,
prima de vacaciones, sueldo de vacaciones, factor salarial vacaciones, bonificación por
recreación, índice desempeño gestión, índice desempeño grupal, bono extraordinario,
factor nacional, prima de servicios, bonificación por servicios, con sus respectivos ajustes.

No obstante lo anterior, precisó que los factores bonificación por recreación, prima de
dirección, incentivo por desempeño factor grupal y el factor nacional, no son factor salarial
y, en consecuencia, no pueden servir de base en la liquidación; lo anterior, conforme lo
dispuesto en los artículos 15 del Decreto 2710 de 2001, artículo 4, 5 y 7 del Decreto 1268
de 1999, respectivamente; en igual sentido, precisó que tampoco son factor salarial el
sueldo de vacaciones y factor salarial vacaciones, comoquiera que aquellos
corresponden a un descanso remunerado.

Respecto a la prima de vacaciones y de navidad objeto de recurso de apelación por la
parte demandada resaltó que, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de
1978 se les otorgó la categoría de factores salariales y son base para la liquidación de
los aportes pensionales; por tanto, deben conformar el ingreso base de la liquidación.

Así las cosas, ordenó la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta los factores
salariales que fueron devengados durante el último año por la demandada, esto es,
además de los ya incluidos, el incentivo por desempeño gestión, prima de vacaciones,
prima de navidad, prima de servicios o semestral y referencia a jefatura; aclarando que,
en caso de no haberse efectuado los aportes pensionales sobre aquellos, la entidad

9 Expediente físico, cuaderno B, folios 126 vto a 128.

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Número Interno: 6691-2019
Accionante: UGPP
Accionado: Martha Calderón Peñaranda

estaba facultada a realizar los descuentos respectivos.

1.3 Causales de revisión invocadas

La UGPP invocó la causal de revisión establecida en los literales a) 20 de la Ley 797 de
2003, que dispuso, «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»; y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

En cuanto a la violación al debido proceso, aduce la parte actora que la sentencia
recurrida se apartó de lo establecido en la normativa y la jurisprudencia accediendo a
realizar la reliquidación de la prestación conforme a una interpretación errada, pues, el
IBL debe ser el establecido en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21, ambos, de la
Ley 100 de 1993; así como, los factores salariales son los establecidos en el Decreto
1158 de 1994.

Respecto a la causal consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
reiteró que la cuantía de la mesada pensional fijada en virtud del fallo objeto de esta
acción es contraria a las reglas jurisprudenciales que regulan la materia.

Sostuvo que, el IBL aplicable al caso de la demandada es el contenido en la Ley 100 de
1993, esto es, el salario promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años;
además, los factores salariales a tener en cuenta son los establecidos en el Decreto 1158
de 1994; ya que el estatus de pensionada lo adquirió en vigencia de dicha norma, no
hacerlo de esa manera genera detrimento y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema
pensional.

En ese sentido, resaltó que, la forma en la que se debe liquidar las pensiones sometidas
al régimen de transición, son conforme a las reglas previstas en el artículo 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto,
entendido como tasa de reemplazo del régimen anterior, señalando que mediante
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU- 427 de 2016, SU -210
de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-631 de 2017, se ha establecido un precedente
constitucional inequívoco sobre la materia.

Sumado a lo anterior, respecto de la causal en cita, expuso que, aplicar el IBL con el 75%

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Accionante: UGPP
Accionado: Martha Calderón Peñaranda

de lo devengado en el último año de servicios con la inclusión de todos los factores
salariales en aplicación a lo dispuesto en Ley 33 de 1985, desconoce la normatividad y
el precedente constitucional antes referido, pues, la pensión de la demandada fue
incrementada en un 31.26%, lo cual afectó la sostenibilidad financiera del sistema
pensional sin justificación legal ni jurisprudencial.

1.4 Auto admisorio

Por medio de providencia del Seis (6) de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024) se admitió
el recurso extraordinario de revisión10.

1.5 Contestación de la demanda de revisión

Notificado el auto que admitió el recurso extraordinario11, la parte pasiva se pronunció de
la demanda de revisión12 y solicitó mantener incólume la decisión del Tribunal
Administrativo de Santander de Descongestión, al considerar que, no se configuró
ninguna violación al debido proceso ni exceso en la reliquidación.

1.6 Concepto del Ministerio Público13

El agente del Ministerio Público emitió concepto solicitando declarar infundado el recurso,
toda vez que, en el caso concreto no se podían aplicar las reglas y subreglas de la
sentencia de unificación expedida en el año 2018 por el Consejo de Estado; dado que, el
fallo recurrido fue proferido mucho antes de haberse publicado la referida sentencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo previsto
en los artículos 249 del CPACA14 y 20 de la Ley 797 de 200315, en concordancia con lo
previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación contenido en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 201916.

10 Expediente digital, Samai, índice 29.
11 Samai, índice 44.
12 Expediente digital, Samai, índice 45. Así como, auto de decreto de pruebas, donde se tuvo por contestada la demanda.
13 Expediente digital, Samai, índice 37.
14 «[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
15 «Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
16 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

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2.2 Oportunidad

La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que la sentencia del Trece
(13) de noviembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander de Descongestión, quedó ejecutoriada el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil
Catorce (2014)17; y la demanda fue presentada el Dos (2) de Diciembre de Dos Mil
Diecinueve (2019)18, esto es, dentro del término establecido en el artículo 251 del
CPACA.

2.3 Problema Jurídico

Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del (13) de noviembre
de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de
Descongestión, está incursa en las causales de revisión consagradas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional del
demandante fue obtenido con violación del debido proceso y/o si la cuantía de la pensión
reconocida excedió lo preceptuado por la ley.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1 Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

17 Folio 171.
18 Folio 10 vto.

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La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material19 y comporta una
herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse frente a un
fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley» 20.

Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar la
seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria que fue realizada por el juez de instancia.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la
rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello, desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios21.

Finalmente, resulta necesario aclarar que la adopción del trámite propio del recurso
extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó la Sala
Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura en sentencia del 4 de junio de 2019, «que la
acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo

19 Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.

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que el trámite22 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis23, dado que, más allá de que
pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –, presenta
unas particularidades que le otorgan una entidad propia 24», tal como el análisis que sobre su

configuración realiza el juez de esta acción especial25.

2.4.2 Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. -
Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del debido
proceso.

Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las providencias
judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas por esta Corporación,
en los casos que sean de su competencia, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso.

Así, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales
que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial de Revisión
de esta Colegiatura ha señalado26:

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se

22 Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia
ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad. 11001-
03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha
aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis”
de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para
el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las sentencias.
24 Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección
Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)].
MP. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto
Yepes Barreiro.

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produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta Sección
ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso en
relación con los núcleos esenciales que lo componen» 27 y «la parte interesada debe promover la acción

especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 28.

2.4.3 Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo con el
régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que «cuando
la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación por

un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente se funda
en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395
de 2017 y SU-631 de 2017, a partir de las cuales se advierte que el ingreso base de
liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues, aquel
no hace parte de los beneficios que este otorga.

No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la interpretación
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que la controversia no se agota en la simple
confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino que impone un
análisis más detallado y cuidadoso.

En efecto, se tiene que antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos
y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación por parte de los
servidores públicos se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía
previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia de

27 Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

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jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio».

Así, aunque la citada Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas reglas,
con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una pensión, el
Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en los términos
señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión29, aludiendo a los componentes de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger las expectativas
legítimas de las personas próximas a pensionarse.

Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual la
Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el 4 de
agosto de 201030, acogió el principio de inescindibilidad, conforme al cual dispuso que a
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 les debía ser aplicada,
en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró
en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indic[ó] en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicios».

Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230 de
2015, en la cual la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia referente
al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que el ingreso base de
liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y, por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas con el
porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, calculado sobre el ingreso
base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que solo fue superada hasta la emisión
de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 31, en la cual la

29 «ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en
la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base para liquidar
la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo
que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 4 de agosto de 2010, Expediente 2006-7509-01.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Colegiatura modificó la postura que
sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:

«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la
siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el
IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a
las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.»

En consecuencia, si bien es cierto que la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, también lo
es que, con antelación a la emisión del citado fallo de 28 de agosto de 2018, la posición
unificadora del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo era distinta, postura
que, con pleno sustento legal y constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales
administrativos del país a la hora de proferir sus sentencias.

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Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, y con el objeto de aclarar los efectos de ese fallo, estableció lo siguiente:

«115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.»

Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en una cuantía
que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta
Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:

a. El cambio de tesis adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201832 no estructura, por sí solo, mérito para la revisión de sentencias
consistente en la infracción de las normas que fijan el ingreso base de las pensiones
reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de
unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 201833 en las que se hubiere preferido
dar aplicación a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo

32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
33 Ibid.

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de 4 de agosto de 201034, y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015,
no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen el reconocimiento de
pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida que la cuantía excedió el límite legal.

2.5 Caso concreto

Debe primero indicarse que, en el acápite de la demanda denominado pretensiones, la
UGPP no hace mención a la causal establecida en el Literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003; sin embargo, en el acápite titulado «CONCEPTO DE VIOLACIÓN –
DEMOSTRACIÓN DE LA CAUSAL DE REVISIÓN» del libelo introductorio sí la menciona, no

obstante, sus argumentos no son claros, respecto a los motivos por los cuales se pregona
que hubo la violación al debido proceso, la recurrente se enfoca en concluir que tal
vulneración se presenta, por cuanto se aplicó indebidamente una norma, al litigio
planteado.

La UGPP entonces no formuló reparos constitutivos de una eventual trasgresión al
derecho fundamental al debido proceso en la que pudiera haber incurrido el Tribunal,
habiendo tan solo realizado un recuento normativo y la interpretación de este,
concluyendo con base en él que hubo un yerro al momento de determinar por el operador
judicial el ingreso base de liquidación de la pensión reconocida a la demandada.

En ese orden de ideas, considera la Sala que la demanda de revisión no desarrolló en
debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003; por tanto, no sale avante dicha pretensión.

La Subsección recuerda que, desde que se profirió la sentencia del Cinco (5) de febrero
de Dos Mil Diecinueve (2019) por la Sala Especial de Decisión No. 22, esta Corporación
ha sostenido que la configuración de esta causal se genera cuando se vulnera alguno de
los núcleos que lo conforman, siendo estos: i) el derecho al juez natural o funcionario
competente; ii) el derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09), demandante: Luis Mario Velandia.

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o, iii) las garantías de audiencia y defensa, lo cual incluye el derecho a presentar y
contradecir pruebas, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el
derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.

En la demanda no se argumentó que, el Tribunal Administrativo de Santander de
Descongestión, no fuera competente para resolver el recurso de apelación y con ello
proferir la sentencia de segundo grado; o que se hubieran desatendido las reglas
procesales que orientan el procedimiento contencioso administrativo, la pretermisión de
algún término u otra falencia procedimental con trascendencia sustancial. Como tampoco
se alegó la violación a los derechos de audiencia, defensa o contradicción de la entidad,
la ausencia de motivación de la decisión u otra circunstancia que permita evidenciar una
lesión al núcleo esencial del debido proceso, por el contrario, se observa que, la entidad
recurrente contestó la demanda35, presentó alegatos de conclusión en ambas
instancias36 y, el respectivo apoderado tuvo la oportunidad de interponer el recurso de
alzada37, de manera que, de las actuaciones adelantadas no se advierte violación de las
garantías al debido proceso.

Sobre el particular, esta Subsección38 en caso de similares contornos fácticos al presente,
sostuvo que, cuando se incumple con el deber procesal de motivar la solicitud y
desarrollar en debida forma la configuración de la causal establecida en el literal a) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no es procedente acceder a la causal de revisión.

Así las cosas, se pasa a analizar la segunda causal de revisión, esto es, la establecida
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En este sentido, está demostrado que por medio de la sentencia de Trece (13) de
noviembre de Dos Mil Catorce (2014), el Tribunal Administrativo de Santander de
Descongestión confirmó parcialmente la sentencia de primer grado proferida el Treinta
(30) de Agosto de Dos Mi Trece (2013) por el Juzgado Cuarto (04) del Circuito
Administrativo de Bucaramanga; disponiendo la reliquidación de la pensión de la señora
Martha Calderón Peñaranda teniendo en cuenta el 75% del promedio de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, comprendido entre el Treinta
(30) de diciembre de Dos Mil Siete (2007) y el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Ocho

35 Samai, índice 16, archivo «15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)», páginas 282 a 286.
36 Samai, índice 16, archivo «15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)», páginas 315 a 316 y 505 a 517.
37 Samai, índice 16, archivo «15_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)», páginas 473 a 490.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 25 de octubre de 2025, radicado 11001-03-25-000-2020-00043-00 (0044-2020),C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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(2008); incluyendo como factores salariales base de la liquidación, además de los ya
tenidos en cuenta, el incentivo por desempeño gestión, la prima de vacaciones, prima de
navidad, prima de servicios o semestral y la referencia a jefatura.

Como sustento de la decisión, el aludido Tribunal expuso que la señora Calderón
Peñaranda era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, siendo su
régimen pensional el establecido en la Ley 33 de 1985; así mismo, estableció que los
factores a tener en cuenta en la reliquidación son todos los devengados de manera
habitual y periódica como contraprestación directa de sus servicios, independientemente
de la denominación que se les dé.

Por su parte, la entidad aquí demandante solícita se infirme la aludida providencia del
Tribunal afirmando que, aquella es contraria a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencias C-168 de 1995; C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU- 427 de 2016; SU-210
de 2017; SU-395 de 2017 y SU -631 de 2017; ante lo cual, depreca se ordene la
reliquidación pensional teniendo como ingreso base de liquidación (IBL) lo dispuesto en
el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o en el artículo 21 de la Ley 100 de
1993 y como factores salariales los consagrados en el Decreto 1158 de 1994.

Ante ello, debe inicialmente precisarse que, conforme lo concluyó el Tribunal, con las
pruebas allegadas al proceso ordinario se logró acreditar que:

La señora Martha Calderón Peñaranda, nació el Treinta y Uno (31) de marzo de Mil
Novecientos Cincuenta y Tres (1953)39; por tanto, al Primero (1) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), que entró en vigor la Ley 100 de 1993, contaba
con más de 35 años, lo que la hace beneficiaria del régimen de transición allí consagrado.

Igualmente, se encuentra demostrado que: (i) adquirió el estatus jurídico de pensionada
el Treinta (31) de Marzo de Dos Mil Ocho (2008), en que cumplió los 55 años de edad y
contaba con más de 20 años de servicios; (ii) prestó sus servicios en la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN desde el Veinticuatro (24) de Mayo de Mil
Novecientos Ochenta y Tres (1983)40 hasta el Primero (1) de Enero de Dos Mil Nueve
(2009)41 ocupando como último cargo el de Gestor III; y (iii) los factores cuya inclusión
fue ordenada por el Tribunal no exceden la tesis expuesta en la sentencia de unificación

39 Expediente físico, cuaderno 1, folio 129.
40 Expediente físico, cuaderno 1, folio 69.
41Expediente físico, cuaderno 1, folios 100 vto a 101.

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dictada por esta Corporación el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010)42, puesto
que, ninguno de ellos corresponde a un emolumento que no esté destinado a retribuir
directamente la prestación del servicio, ni este excluido o desprovisto expresamente por
alguna norma de carácter salarial; encontrando además que, los ordenados en la
sentencia recurrida fueron efectivamente percibidos durante su último año de servicios,
de acuerdo con la certificación que obra en el expediente43.

Analizado el caso, tenemos que, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido
por el Tribunal no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada
pensional, por lo que no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco
que se haya reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley.

La Sala resalta que, la sentencia materia de censura atendió la posición jurisprudencial
de esta Corporación que se encontraba en vigor al momento en que se profirió, esto es,
la establecida en la sentencia de unificación proferida el Cuatro (4) de agosto de Dos Mil
Diez (2010), según la cual, en esta clase de pensiones de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y que se les aplicara la Ley 33 de 1985, el IBL estaría
conformado por todo lo devengado durante el último año de servicios; al haberse aplicado
dicho precedente, vigente para ese momento en la jurisdicción contencioso
administrativa, no se configura una trasgresión normativa directa, ni es, por sí sola,
contraria al régimen legal.

Debe precisarse además que, tal como se dijo en precedencia, la forma de calcular el IBL
varió en esta jurisdicción a partir de la sentencia de unificación del Veintiocho (28) de
agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)44; providencia que justamente aclaró que, en las
sentencias en firme proferidas con antelación a la ejecutoria de ese pronunciamiento de
unificación jurisprudencial en las que no se hubiere dado aplicación a la tesis expuesta
en sentencia SU-230 de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen
el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, siempre que se basaran en la posición de unificación impuesta por esta
Corporación con fallo de Cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez (2010).

El Tribunal en la sentencia objeto de reproche acogió justamente el citado fallo de
unificación; por tanto, su decisión se basó en un precedente jurisprudencial que resultaba

42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23- 25-000-2006-07509-01(0112-09), demandante: Luis Mario Velandia.
43 Expediente físico, cuaderno B, folios 126 vto a 128.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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aplicable al caso. Además, la señora Calderón Peñaranda era beneficiaria del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional el establecido en la Ley 33
de 1985, que fue la norma que aplicó el Tribunal.

Adicionalmente, debe indicarse que la reliquidación pensional que se otorgó a la
demandada producto de la sentencia objeto de reproche no atenta contra el interés
general, ni constituye detrimento de los recursos estatales, como tampoco genera un
desequilibrio a la sostenibilidad fiscal del sistema pensional; lo anterior dado que, no es
una pensión excesiva ni desproporcionada, aquella se fundamentó en lo devengado por
su beneficiaria durante el último año de servicios y se dispuso que, en caso de no haberse
pagado los aportes de ley, deberían realizarse las compensaciones a que hubiera lugar
al momento de pagar las mesadas correspondientes.

En consecuencia, se insiste, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal no constituye un incremento excesivo e injustificado de la mesada pensional, por
lo que, no se advierte la existencia de un abuso del derecho, como tampoco que se haya
reconocido o reliquidado la pensión con fraude a la ley; aquella fue el resultado de la
aplicación de la jurisprudencia vigente para el momento en que se ordenó la reliquidación.

Vistas así las cosas, se concluye que no se configuraron en este asunto las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; por tanto, se
declarará infundada la presente acción.

2.6 Condena en costas

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda haya
sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

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PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) contra la sentencia del Trece (13) de noviembre de Dos Mil
Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander de Descongestión;
a través de la cual se confirmó parcialmente la sentencia del Treinta (30) de agosto de
Dos Mil Trece (2013), emitida por el Juzgado Cuarto (04) Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga; dictada dentro del expediente radicado bajo el No.
68001333100320120005501, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

19

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