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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00994-00

Fecha
13 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-00994-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 18 de noviembre de 2014, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001 33 31 704 2012 00157 01, que confirmó la sentencia de 15 de febrero de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-00994-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2019-00994-00 (6708-2019) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Tito Simeón Forero Buitrago
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción de revisión

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de las sentencias de fecha
15 de febrero de 2013 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo en
Descongestión del Circuito de Cali y de 18 de noviembre de 2014 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001 33 31 704 2012 00157 00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Tito Simeón Forero Buitrago, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo
contra la caja nacional de previsión social – CAJANAL, hoy Unidad Administrativa
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 46 de la plataforma SAMAI. Archivo “092RECIBEMEMORIAL_76001333170420120015.pdf” página

17-29.

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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00994-00 (6708-2019)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

UGPP, con el objeto de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y
condenas:

• Se declare el silencio administrativo negativo surgido por la falta de
respuesta por parte de CAJANAL sobre el derecho de petición presentado
el 30 de septiembre de 2011. Y por consiguiente declarar la nulidad del
acto ficto o presunto con el cual se negaron a reliquidar la pensión de
jubilación con factores salariales que devengó en el último año de servicio.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la
demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de las
leyes 4. ° de 1966, 33 de 1985 y 71 de 1988; (ii) ordenar que la
reliquidación se haga sobre la base del 75% del promedio de los factores
devengados durante el último año de servicios, esto es, además de los ya
reconocidos en los actos enjuiciados, prima de alimentación, prima de
navidad y prima de vacaciones; (iii) el reconocimiento de los reajustes
legales sobre las mesadas pensionales dejadas de percibir con la
indexación correspondiente; iv) condenar a la entidad demandada al pago
de intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia conforme
al artículo 177 del CCA y v) se condene en costas a la Caja Nacional de
Previsión Social, en caso de oponerse a las pretensiones de la demanda.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. El señor Tito Simeón Forero Buitrago, prestó sus servicios al estado
colombiano como Cabo de Aduanas, en la Dirección de impuestos y aduanas
nacionales, por más de 20 años, hasta el 1. ° de noviembre de 1991. Dado lo
anterior, la Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E en liquidación,
a través de la Resolución 4381 del 8 de junio de 2004, le reconoció y pagó una
pensión vitalicia de jubilación conforme a las leyes 100 de 1993 y Decreto 1158
de 1994, en cuantía con el monto de $547.928 efectiva a partir de 24 de
septiembre de 2000.

4. Inconforme con la anterior decisión, elevo derecho de petición ante la entidad,
el 30 de septiembre de 2011, de la cual no obtuvo respuesta, deprecando así el
presunto acto ficto generado.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

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Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
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5. Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto administrativo acusado,
desconoció los artículos 2°., 6°., 25 y 58 de la Constitución Política; Artículo 10
de la Ley 57 de 1987; Decreto 01 de 1984; Ley 4. ° de 1966, artículo 178 de
Decreto 1743 de 1966; artículo 4 del Decreto 3135 de 1968; Ley 5. ° de 1969,
articulo 3 numeral 3 de Ley 33 de 1985; la Ley 62 de 1985, articulo 1. ° numeral
3 de la Ley 71 de 1988.

6. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el cual,
su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el
último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 33 y 62 de 1985, dado que cumple con los requisitos del régimen de
transición establecido en la Ley 100 de 1993.

7. Lo anterior con fundamento en que los factores salariales no son taxativos sino
enunciativos, de conformidad con la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010.

2.1.4. Sentencia de primera instancia3

8. El Juzgado Cuarto Administrativo en descongestión del Circuito de Cali,
mediante providencia de 15 de febrero de 2013, accedió a las súplicas de la
demanda.

Para tal efecto, señaló que la pensión del señor Tito Simeón Forero Buitrago fue
inicialmente reconocida solo con el salario básico a través de la Resolución 21776
de 2002, y que posteriormente, mediante la Resolución 4381 de 8 de junio de
2004, CAJANAL revocó esos actos y reconoció la pensión con efectos desde el
30 de septiembre de 2008, incluyendo únicamente asignación básica, horas
extras y bonificación por servicios. También indicó que el demandante solicitó la
reliquidación de su pensión con el fin de que se tuvieran en cuenta la totalidad de
los factores salariales percibidos en el último año de servicios conforme a las
Leyes 33 y 62 de 1985, y que la entidad guardó silencio, configurando así el acto
ficto negativo.

9. Seguidamente determinó, que el demandante al momento de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993, ya ostentaba más de 35 años de edad y más de 15

33 Índice 46 de la plataforma SAMAI. Archivo “092RECIBEMEMORIAL_76001333170420120015.pdf”

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años de servicio, lo que lo hacía merecedor del régimen de transición de la
mentada norma, así determinó que, la pensión debió regirse bajo los lineamientos
de la ley 33 de 1985, y por consiguiente liquidar la prestación con el 75% de todos
los factores salariales percibidos por el actor en el último año de servicio, esto
teniendo en cuenta la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 emitida
por esta corporación, donde se estableció que los factores salariales no son
taxativos sino enunciativos.

10. Así, con lo manifestado y con las pruebas aducidas al dossier, el sentenciador
indicó que el acto enjuiciado cercenó factores salariales que fueron efectivamente
devengados por el señor Tito Simeón Forero Buitrago; razón por la que declaró
la nulidad del acto enjuiciado, y ordenó su reliquidación con el 75% del salario
promedio de lo percibido durante el último año de servicio, con efectos fiscales a
partir de 30 de septiembre de 2008, dada la prescripción trienal que se suscitó
en el proceso.

11. Finalmente, autorizó a la entidad, descontar de la reliquidación los aportes
correspondientes sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal y
estimó procedente el reajuste de las sumas de la condena.

2.1.5. Recurso de apelación 4

12. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la entidad demandada,
interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

13. Indicó, que la entidad realizó la liquidación pensional de acuerdo a la
interpretación del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. Arguye que, aunque el demandante es beneficiario del régimen de
transición, esto únicamente aplica para efectos del reconocimiento de edad y
tiempo de servicios conforme a la Ley 33 de 1985, pero la liquidación de la
prestación debe realizarse según las reglas del inciso tercero del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

14. Por otro lado, manifestó que los factores salariales reclamados por el
demandante no fueron objeto de aportes durante el tiempo de servicios del
beneficiario. Así, de conformidad con el inciso final de la Ley 62 de 1985 y el Acto
Legislativo 01 de 2005, las pensiones deben liquidarse exclusivamente sobre

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aquellos factores que sirvieron de base para el cálculo de los aportes, principio
que garantiza la sostenibilidad del sistema y evita el enriquecimiento sin causa.

2.1.6. Sentencia objeto de revisión.5

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de segunda
instancia el 18 de noviembre de 2014, en la cual confirmó la providencia proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión del Circuito de Cali el 15
de febrero de 2013, con los siguientes argumentos:

16. Señaló, según jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, que el
régimen de transición, previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe
aplicarse de manera integral, no solo en cuanto a la edad y tiempo de servicios,
sino también respecto al monto y base de liquidación pensional.

17. Así, indicó que el IBL de su pensión debió liquidarse de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 3.° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de
1985, es decir, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que
fueron devengados por este durante su último año de servicio, lo anterior, en
atención a la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “B”, Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila,
de 3 de febrero de 2011, la cual se fundamenta la posición fijada por el Consejo
de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010.

18. Manifestó que, durante el año anterior al retiro del señor Forero Buitrago,
devengó otros factores salariales además de la asignación básica, horas extras
y bonificación por servicios, los cuales no fueron considerados en la liquidación
inicial realizada por CAJANAL, generando así el perjuicio económico que fue
objeto de restablecimiento.

19. Dado lo anterior, confirmó la sentencia de primera instancia y condenó en
costas a la parte recurrente.

2.1.7. La acción especial de revisión 6

20. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, invocó como causales de revisión las

5 Índice 46 de la plataforma SAMAI. Archivo “092RECIBEMEMORIAL_76001333170420120015.pdf” página

355-364
6 Índice 9 de la plataforma SAMAI. Archivo “8_ED_2385658.pdf”.

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consagradas en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se
refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos
conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

21. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 18 de noviembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que confirmó la sentencia del 15 de febrero de
2015 emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo en descongestión del Circuito
Judicial de Cali dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por el señor Tito Simeón Forero Buitrago contra la Caja
Nacional de Previsión Social – CAJANAL, bajo el radicado 76001 33 31 704 2012
00157 01 que confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali del 15 de febrero de 2013.

ii) Ordenar al señor Tito Simeón Forero Buitrago, a reintegrar al recurrente, los
valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las
sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada pensional.

iii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Tito Simeón
Forero Buitrago, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por la
Corte Constitucional, y de la normativa legal dispuesta en la ley 100 de 1993.

22. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo
que, el señor Tito Simeón Forero Buitrago no tiene derecho a obtener la
reliquidación ordenada, toda vez que el pensionado, fue beneficiario del régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su
pensión debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y con los factores de cotización establecidos taxativamente
en el Decreto 1158 de 1994.

23. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.
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2.1.8. Contestación

24. El señor Tito Simeón Forero Buitrago fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 1. ° de marzo de 2021, como se
advierte en el índice 13 del expediente digital disponible en Samai. No obstante,
no contestó la acción impetrada en su contra.

2.1.9 El agente del ministerio público adscrito a esta dependencia, no rindió
concepto al caso objeto de estudio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

26. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo». Sin embargo, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20037, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

7 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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27. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

28. La Sala considera que la solicitud de revisión se presentó oportunamente,
toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 18 de noviembre de
2014 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ejecutoriada el 3
de diciembre de 20148, y el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 2 de diciembre de 20199, es decir, en termino para impetrar la
acción especial de revisión.

3.3. Problema jurídico

29. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 18 de noviembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en la
causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
al condenar a la Caja Nacional de Previsión Social, a reliquidar la pensión de
vejez del señor Tito Simeón Forero Buitrago con el 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio, siendo estos además de
la asignación básica, las horas extras, bonificación por servicio, prima de
alimentación prima de navidad y prima de vacaciones.

30. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

31. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el

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página 367.
9 Índice 1 de la plataforma SAMAI.

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

artículo 250 del CPACA10 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 11, que
se aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de
la presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

32. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial12, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia 13 y para ejercerla se

10 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:

Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2019-00994-00 (6708-2019)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

requiere de un solicitante calificado14, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

33. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 15 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la república o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

34. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200916 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

35. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

3.5.1. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
15 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
16 Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus
dependencias.
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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00994-00 (6708-2019)
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

36. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente17 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 18 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones19,
en especial, el principio de solidaridad20 y equilibrio financiero.

37. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y su aplicación al caso del señor Tito Simeón Forero Buitrago, quien
es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
precitada ley, pues nació el 24 de septiembre de 1945, y para el 1.° de abril de
1994, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de
35 años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas
de la transición según las cuales se le debe liquidar la pensión con el 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que
le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales
sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de
1994.

38. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

39. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 15.80% en el monto en que se reconoció la pensión del
señor Tito Simeón Forero Buitrago respecto del que debió liquidarse, así como la
proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden
judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.

40. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
18 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
19 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
20 Ratio o razón de ser de la seguridad social.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-00994-00 (6708-2019)
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

3.5.2.2. Caso concreto

41. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:

42. En primer lugar, es necesario precisar que (a)el señor Tito Simeón Forero
Buitrago le es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tal como
lo señaló la UGPP en la solicitud de revisión y en la providencia objeto de la
misma.

43. Revisado el expediente se observa que el señor Tito Simeón Forero Buitrago
nació el 24 de septiembre de 1944 como lo indica la copia de la cédula de
ciudadanía.21

44. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró al servicio de la Dirección
de Impuestos y Aduanas seccional de Cali, desde el 27 de octubre de 1970 hasta
el 31 de octubre de 1991.22 Desempeñando como último cargo de Cabo de
Aduanas de la sección de vigilancia aduanera de la división de resguardo de
administración de Cali.

45. De lo anterior se concluye que el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Tito Simeón Forero Buitrago, tenía 20
años de servicio y 48 años de edad.

46. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en las sentencias
objeto de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional de la Ley 33
de 1985, esto es con el 75% del promedio de los factores devengados durante el
último año de servicios, en los términos de la citada ley, consistentes en: la
asignación básica, horas extra(s), bonificación por servicios, prima de navidad,
prima de vacaciones y prima de alimentación, en el periodo de 1. ° de noviembre
de 1990 al 31 de octubre de 1991.

21 Índice 46 de la plataforma SAMAI. Archivo “092RECIBEMEMORIAL_76001333170420120015.pdf” página

15.
22 Índice 46 de la plataforma SAMAI. Archivo “092RECIBEMEMORIAL_76001333170420120015.pdf” página

43.
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47. Tales factores fueron efectivamente devengados por el pensionado durante
el citado interregno, tal como se advierte al verificar la certificación de salarios
devengados expedida por el pagador de la DIAN Cali de fecha 11 de mayo de
2001.23

48. No obstante, si bien la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, manifestó que para
calcular el IBL del pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha desarrollado sobre el tema; lo cierto es, que no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular.

49. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la
pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.

[…]

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33
de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios.

Esta decisión coincide con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación».

23 Índice 46 de la plataforma SAMAI. Archivo “092RECIBEMEMORIAL_76001333170420120015.pdf” página

11 y 67.
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50. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

51. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

52. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

53. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

54. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 18 de
noviembre de 2014, lo cierto es, que no se puede entender que el reconocimiento
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se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 3. ° de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

55. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso 24

56. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 395 de 2017 y SU - 631 de 2017, se advierte que, la decisión
que se revisa, proferida el 18 de noviembre, justificó su decisión acogiendo la
sentencia del precedente de esta Corporación establecido el 4 de agosto de
2010.

57. Tal como lo señaló esta Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.

58. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP.

3.6. Condena en costas

59. Dado que esta Sección25 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema

24 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)
25 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 18 de noviembre de 2014, proferida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76001 33 31 704 2012 00157
01, que confirmó la sentencia de 15 de febrero de 2013, proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali que accedió a las
pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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