RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2019-01014-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01014-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01014-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 respecto de la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó parcialmente la providencia del Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar del 14 de noviembre de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Reconocer personería adjetiva a la persona jurídica Lydm Consultoría & Asesoría Jurídica S.A.S., identificada con número de identificación tributaria 900.616.726-8, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido, visible en el índice 48 de SAMAI. Cuarto: Reconocer personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, portadora de la tarjeta profesional 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa como representante legal de la sociedad identificada en el numeral anterior, para que actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 48 de la plataforma digital SAMAI. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-01014-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Martín Enrique Jiménez Fuentes

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literales a) y b). Ingreso base de liquidación servidores del
DAS cobijados por el régimen de transición del Decreto 1835 de
1994.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
contra la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó parcialmente la providencia del Juzgado Sexto
Administrativo de Valledupar del 14 de noviembre de 2014, mediante la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Martín Enrique Jiménez Fuentes.

ANTECEDENTES

La UGPP interpuso la acción especial de revisión establecida en la Ley 797 de 2003,
contra la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, para lo cual invocó las causales contenidas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten la revisión de providencias
judiciales ejecutoriadas «cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso» y «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Martín Enrique Jiménez Fuentes, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la UGPP, con el fin de
obtener la nulidad parcial de la Resolución UGM 041855 del 4 de abril de 2012, a
través de la cual se reliquidó la pensión de jubilación por retiro definitivo sin tener en
cuenta todos y cada uno de los factores salariales devengados en el último año de
servicios.

Como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la Caja Nacional de Previsión
Social EICE (CAJANAL) a: i) reliquidar la mesada pensional con el 75% de la totalidad
de los factores salariales devengados durante el último año de servicio comprendido
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

entre el 1.° de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006, esto es, primas de servicios,
navidad, riesgo y vacaciones, ii) reconocer y cancelar las sumas debidas en forma
indexada y con los reajustes establecidos en la Ley 100 de 1993 y as mesadas
atrasadas entre la fecha del retiro y la inclusión en nómina, iii) pagar las costas y
agencias en derecho.

Que el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar, el 14 de noviembre de 2014
declaró la nulidad parcial del acto demandado y ordenó la reliquidación de la pensión
con el promedio de todas las primas y los factores que constituyen salarios y que
fueron devengados en el último año, al considerar que el actor le era aplicable el
Decreto 1933 de 1989.

Inconforme con la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, sustentando que si bien es cierto los factores salariales que se deben tener
en cuenta para la reliquidación pensional no pueden ser solo los enunciados en la
norma, sino los realmente devengados, no es menos cierto que estos debieron ser
objeto de aporte al sistema pensional. En consecuencia, de incluirse factores sobre los
cuales no se realizaron los respectivos aportes, se estaría atentando contra el principio
de la sostenibilidad financiera del sistema, razón por la cual había lugar a desestimar
las pretensiones.

El 27 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cesar, emitió sentencia a
través de la cual confirmó parcialmente la decisión de primera instancia; decisión que
quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 20141.

Mediante la Resolución RDP 011928 del 15 de marzo de 2016, en cumplimiento al
fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar del 27 de noviembre de 2014 se
reliquidó la pensión de vejez del señor Jiménez Fuentes en cuantía de $1.237.798
efectiva a partir del 1.° de julio de 2006. Dicho acto fue modificado y aclarado
posteriormente a través de las Resoluciones RDP 020550 del 26 de mayo de 2016 y
RDP 033404 del 9 de septiembre de 2016, respectivamente.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 27 de noviembre de 2014
confirmó parcialmente la decisión de primera instancia en cuanto consideró plausible
declarar la nulidad del acto administrativo acusado como lo hizo el a quo pero la
adicionó en el sentido de otorgar a la entidad demandada la posibilidad de efectuar los
descuentos correspondientes sobre los factores reconocidos y sobre los cuales no se
hubiere efectuado deducción legal alguna.

Para arribar a tal conclusión tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

El señor Martin Enrique Jiménez Fuentes, nacido el 10 de noviembre de 1961, ejerció
como detective profesional en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
desde el 4 de agosto de 1983 hasta el 30 de junio de 2006. A pesar de que al entrar
en vigor la Ley 100 de 1993 no cumplía con los requisitos de 15 años de servicio ni 40
años de edad, su vínculo con el DAS desde agosto de 1983 lo ubica bajo el régimen
establecido en el Decreto 1047 de 1978.

1 Folio 216, índice 18 SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

Durante los años 2005 y 2006, el señor Martin Enrique Jiménez Fuentes recibió un
salario compuesto por varios conceptos, tales como sueldo básico, bonificación por
servicios, prima especial de riesgo, vacaciones, prima de servicio, prima de navidad,
prima de vacaciones y bonificación recreativa, según lo certificado por la pagadora
seccional y la coordinadora administrativa del DAS.

En virtud de la posición consolidada de la jurisdicción contenciosa administrativa del
1.° de agosto de 2013, la cual resalta la significancia de todos los componentes
salariales en la determinación de los ingresos base para cotización y la liquidación de
las prestaciones pensionales, CAJANAL debió considerar, para efectos de la
reliquidación, además de la asignación básica y la bonificación por servicios prestados,
todas las primas y demás beneficios percibidos en el último año de servicio del señor
Jiménez Fuentes, sin perjuicio de que la entidad de previsión pueda deducir los aportes
correspondientes a los factores para los cuales no se haya realizado la deducción
adecuada.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 27 de noviembre de
2014, al considerar que está incursa en las causales a) y b) del artículo 20 de la citada
legislación.

Que la orden judicial incurrió en la vulneración al debido proceso, en la medida en que
la reliquidación de la pensión de vejez del señor Jiménez Fuentes no se ajusta a
derecho, pues lo procedente era aplicar correctamente las disposiciones contenidas
en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto al cálculo del ingreso base de
liquidación y factores a considerar al liquidar la prestación, a saber el promedio del
75% de lo devengado en los últimos 10 años de servicios y los factores salariales
contemplados en el artículo 1°. del Decreto 1158 de 1994, toda vez que adquirió su
estatus pensional el 3 de agosto de 2003.

Que el señor Jiménez Fuentes al ser beneficiario del régimen de transición del Decreto
1835 de 1994, al ser detective del DAS, cumplir con una vinculación previa a 3 de
agosto de 1994 y tener 500 semanas de cotización a 29 de diciembre de 2003, le es
aplicable las normas vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 en lo que
concierne a edad, tiempo de servicios y monto; sin embargo, el ingreso base de
liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 ibidem y en
cuanto a los emolumentos sobre los cuales debe calcularse la mesada pensional
señaló que debe atenderse al Decreto 1158 de 1994, el cual contiene una lista taxativa
de los conceptos que ostentan la calidad de factores salariales.

Que con la sentencia objeto de la presente acción se desconoció la jurisprudencia de
la Corte Constitucional2, a partir de la cual determinó que para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base
de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3° o en el artículo 21 de dicha
norma.

Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad

2 En particular, las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 229 de 2017, SU-230 de 2015, SU-427 de

2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

financiera del sistema pensional, porque la mesada devengada se incrementó en un
55,92%, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, lo cual se traduce
en un abuso palmario del derecho.

Contestación a la acción especial de revisión

Tras notificar la existencia de esta acción, la parte demandada guardó silencio.

Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por
la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión del señor Martín
Enrique Jiménez Fuentes, cobijado por el régimen de transición, en cuantía del 75%
del promedio de todos los factores salariales devengados durante su último año de
servicio, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido conforme a lo
previsto por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causales de revisión invocadas en la demanda; iii) Aspectos
jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) Se examinará el
caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de
la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones3
formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o pensiones de
cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa juzgada,
y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial4 por al

3 Sentencia SU-427 de la Corte Constitucional.
4 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-

12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en
quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales (…)»5. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte que son
aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797
de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de la norma pueden
ejercer la acción.

Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves casos
de corrupción e impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad
que lo inspira6 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.

Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, los cuales disponen:

«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».

Para el análisis de las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar
que los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en las
causales taxativamente previstas por el legislador. En ese orden, el análisis de
procedencia de las causales en la acción será taxativo y restringido a la finalidad para
la que se creó.

En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, cuando el reconocimiento de la prestación periódica a cargo del tesoro
público se haya obtenido con violación al debido proceso, debe resaltarse que la
Constitución Política de Colombia en su artículo 29, prevé este derecho como
fundamental, encaminado a garantizar a la persona el respeto en todas las actuaciones
que se surten en los procesos judiciales o en trámites administrativos, con el propósito
de lograr la aplicación correcta de la justicia.

previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en
legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]”
5 Ibidem.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia del

1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado7 como la Corte Constitucional8 son
concordantes en cuanto a su jurisprudencia en el sentido de establecer que el derecho
fundamental previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, comprende al menos
tres elementos:

«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser juzgado
según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) Las
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a
que se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la
garantía de non bis in idem»

Igualmente, esta Subsección ha tenido como criterios para decidir las garantías
anotadas y los seis eventos que ha reconocido la jurisprudencia constitucional que de
configurarse dan lugar a las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Estos últimos, se han hecho extensivas al estudio
de la revisión con el fin de verificar la existencia de eventuales defectos en las
actuaciones judiciales consideradas en sí mismas, a saber: (i) defecto sustantivo,
orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la
Constitución9.

Acerca de la segunda causal, a saber, aquella la relativa a la liquidación de la pensión
sobre una cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, en el que puede observarse que
obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]»10. De igual manera, se advierte que se manifestó por parte del
Gobierno Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la necesidad y
conveniencia de establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente
otorgadas o por montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves
casos de corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la
Nación. […]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem, estaba en reducir el déficit fiscal
y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que permitiera la
revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo
debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, el análisis de procedencia
de las causales en la acción será de carácter taxativo y restringido a la finalidad para
la cual fue creada.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
Providencia del 5 de febrero de 2019, MP: Alberto Yepes Barreiro, Radicación número: 11001-03-15-000-2018-
01884-00(REV)
8
Ver: Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017.
9
Sobre el particular verificar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, Sentencia del 22 de junio de 2023, Radicado: 11001-03-25-000-2019-00650-00, N.I. 4966-2019 y
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, Sentencia
del 18 de agosto de 2021, Radicado N° 11001-03-15-000-2020-03549-00.
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición en
materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres,
hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir,
será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son
mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para
acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la
presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el
inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el
cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base
para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos
años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores
públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso que
las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la Ley 100
de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la Corte
Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley 100
de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y tasa
de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen
general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues, de
un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los factores
salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada por la
Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente
a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y
subreglas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base
en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Las reglas de unificación son precedente vinculante según los artículos 10 y 102 de la
Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270 y 271 de la ley, aplicables tanto
en procesos judiciales como administrativos en curso.

Del régimen pensional de los servidores del DAS

El Decreto 1047 del 7 de junio de 197811, en su artículo 1.º señaló que los empleados
que se desempeñaran como dactiloscopistas en el DAS, por 20 años continuos o
discontinuos y que hubieran aprobado el curso de formación impartido por el instituto
de dicho ente, tendrían derecho a gozar de una pensión de jubilación a cualquier edad.

Adicionalmente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 12 dispuso que los
empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones sociales previstas para
las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de
1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que los adicionen o
modifiquen13, así como en el artículo 1014 previó que los empleados del referido

11 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen funciones

de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
12 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de

Seguridad»
13 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las

prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los Decretos 3135
de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o
complementan y, además, a las que este decreto establece.»
14 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los empleados

de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-ley

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de jubilación, se
gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 197815.

Nótese que en atención a los parámetros de la Ley 4.ª de 1992, el Gobierno nacional
profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las
actividades de alto riesgo de los servidores públicos, que circunscribió a las siguientes:

«[…] Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la
Ley 100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:

1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Resaltado fuera del texto) […]»

Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200316 derogó el Decreto 1835 de
1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin
incluir al DAS. Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200317 nuevamente se
ocupó de regular la materia pensional para los servidores que desempeñan labores
de alto riesgo y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de
cotización18.

La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen de
transición

En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre
de 200019, consideró que los factores que debían aplicarse en su integridad eran los
señalados en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, a excepción de la prima de
riesgo, misma que pasó por diferentes modificaciones normativas20.

Así, el Consejo de Estado, en un primer criterio, se abstuvo de ordenar la inclusión de
la prima de riesgo en atención a que el Decreto 2646 de 1994 y precisó que aquella
no constituye factor salarial21, no obstante, más adelante consideró que debía
acogerse el criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de
2010,22 según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas que el servidor
percibía de manera habitual y periódica como contraprestación del servicio,
independientemente de su denominación23, en consideración a que el artículo 73 del
Decreto 1848 de 1969 dispuso que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75%

1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones.»
15
«Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan al
servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el desempeño
de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que
para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
16 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las

condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.»
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993

y se dictan otras disposiciones.».
18 Artículo 2.º, parágrafo 4.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de

noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
20 Decretos 1137 del 2 de junio de 1994; 2646 del 29 de noviembre de 1994;
21 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de marzo

de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro Quintero;
sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante: Nelson
Tiberio Ortiz Zárate.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006

07509 01 (0112-09).
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008), demandante: José Luis Martínez Arteaga.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

del promedio de los salarios y primas de toda especie recibidos durante el último año
de servicio, argumento que sustentó la inclusión de la prima de riesgo y otras
prestaciones que no estaban previstas por el artículo18 del Decreto 1933 de 1989 en
la pensión de los detectives del DAS.

Desde esta nueva óptica, la Sección Segunda en la sentencia del 1.° de agosto de
201324, consolidó su posición respecto al tema para acoger esta última postura.
Además, enfatizó que cualquier interpretación contraria vulneraría las garantías
consagradas por la Constitución Política de 1991, que actúan como pilares para
asegurar el pleno desarrollo y la efectividad del derecho fundamental al trabajo, entre
las que se incluyen la remuneración mínima, vital y móvil, así como los principios de
favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Subrayó que, dado que la
prima de riesgo se percibía de manera constante y mensual, constituía un elemento
integral de la compensación directa que recibían los funcionarios del DAS. Por lo tanto,
debería ser incorporada en el cálculo de los ingresos sujetos a cotización y en la
liquidación de las pensiones.

Sin embargo, mediante la sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia acerca de la
liquidación de las pensiones reconocidas bajo las condiciones del régimen especial
del extinto DAS. En esta providencia, la Sala, al igual que en la sentencia de unificación
del 28 de agosto de 201825, para armonizar su tesis sobre la forma de computar el
Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reconocidas; estableció las siguientes
reglas:

«1. Los servidores que desarrollaron actividades de alto riesgo del DAS,
cobijados por los regímenes de transición de que tratan los Decretos 1835 de
1994, 2090 de 2003 y la Ley 860 de 2003, tienen derecho a que se respeten
las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, entendido como el
porcentaje o tasa de retorno, señalados por los Decretos 1047 de 1978 y
1933 de 1989, sin embargo, el ingreso base de liquidación es el previsto por
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, este es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

2. Los factores salariales que se deben tener en cuenta para liquidar las
pensiones aquí referidas son los devengados por el servidor que, de acuerdo
con el Decreto 1158 de 1994 y demás normas aplicables, constituyen la base de
cotización para pensión. En el caso del personal del DAS de que tratan los
artículos 1 y 2 del Decreto 2646 de 1994, la prima de riesgo prevista en este
decreto debe incluirse para liquidar la pensión a partir de la entrada en
vigor de la Ley 860 de 2003, en los porcentajes señalados por el artículo 2 de
la misma ley, es decir:
• En el 40%, desde el 26 de diciembre de 2003 hasta el 30 de diciembre de 2007.
• En el 50%, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta la incorporación de los
servidores del DAS a otras entidades, por disposición del Decreto 4057 de 2011.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1.° de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150

01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
25 Radicado: 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

3. Si el empleador no cumplió la obligación de realizar los descuentos en el
porcentaje a su cargo y el del empleado destinados a las cotizaciones para el
sistema de pensión sobre los factores devengados que, de conformidad con el
Decreto 1158 de 1994 y la Ley 860 de 2003, debían ser base de cotización o si
omitió el traslado de la cotización especial por alto riesgo, sin que la entidad de
previsión social hubiera adelantado las gestiones pertinentes para su cobro, ello
no es oponible al interesado para que la pensión especial se reconozca y liquide
de acuerdo con los parámetros indicados en esta sentencia.» (Subrayado fuera
del texto)

Según lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

Caso concreto

Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse en
cuenta, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la reliquidación de la pensión
de jubilación del señor Martín Enrique Jiménez Fuentes con base en los Decretos 1047
de 1978 y 1933 de 1989.

Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala se ocupará de
determinar si, en efecto, el cargo alegado respecto del reconocimiento de la prestación
periódica reliquidada con violación al debido proceso, se encuentra debidamente
fundamentado, caso en el cual se procederá al análisis de fondo y en caso negativo,
se procederá a analizar si la segunda causal invocada frente al reconocimiento
excesivo de la pensión está llamada a prosperar y, por tanto, si resulta necesario
ordenar la reducción de su monto según la solicitud efectuada en el recurso.

Advierte la Sala que la accionante únicamente sustenta la vulneración al debido
proceso en la errónea interpretación que efectuó el juez de conocimiento en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho de la normativa 26 y la jurisprudencia
vigente27; situación que, a su juicio, genera un detrimento en los recursos destinados
a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en pensiones que la Nación
debe administrar.

De lo planteado por la entidad puede inferirse que no se soporta con suficiencia ni se
traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que el juzgador incurrió en
una equivocación que conlleve la presunta afectación de las garantías al debido
proceso. Tampoco se alega circunstancia alguna que involucre la trasgresión al
derecho fundamental de defensa — el cual se encuentra atado con los principios de
celeridad, transparencia e imparcialidad —en la decisión ni se pone en evidencia
irregularidad alguna en las etapas procesales surtidas en el proceso objeto de
discusión, por lo que, no están dados los presupuestos para el estudio de la acción de
revisión bajo la causal a) de la Ley 797 de 2003.

26 Artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; la Ley 100

de 1993; el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
27 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de

2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, emitidas por la Corte Constitucional
y la sentencia de unificación de agosto 28 de 2018, emitida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se proseguirá
a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.

Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la
entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador,
a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto planteado.

Para la Sala los argumentos enunciados en el recurso están referidos a exponer en
qué consiste la afectación del patrimonio público, ya que la UGPP establece
expresamente la diferencia monetaria y porcentual existente entre el monto sobre el
cual fue reconocida la prestación periódica y aquel sobre el que debió haber sido
liquidada y la proyección de pagos que se realizarían de más, según la orden judicial
según la expectativa de vida de la pensionada.

Señala la entidad recurrente que actualmente desembolsa a favor del señor Martín
Enrique Jiménez Fuentes, una mesada pensional equivalente a $2.108.769 mte., valor
que confrontado con la liquidación de la mesada que en derecho le correspondería, la
cual ascendía a la suma de $1.352.485 mte., implica un incremento del 55,92% en la
pensión ($756.284 mte. mensuales); situación que constituye un menoscabo de los
recursos públicos de la seguridad social y que con la proyección de pagos de acuerdo
con la expectativa de vida del pensionado el valor presente actuarial indexado
equivaldría a $419.876.104.

Por tanto, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio público,
la parte demandante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija la
decisión deprecada, pues indica y de manera sucinta la causal aludida, lo que habilita
a esta Corporación a continuar con el estudio del asunto. De ahí que se examinará, si
en el caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, es decir, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio a causa de la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

El reproche de la UGPP radica en el periodo de liquidación y los factores sobre los
cuales se ordenó efectuar el reconocimiento pensional, como quiera que, a su juicio,
el Tribunal debió ceñirse al periodo establecido en los artículos 36 de la Ley 100 de
1993 y al cómputo de los factores sobre los cuales se efectuaron aportes y que
estuviesen enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

Del material probatorio obrante en el expediente puede inferirse que el señor Jiménez
Fuentes nació el 10 de noviembre de 196128 y laboró para el DAS desde el 4 de agosto
de 1983 hasta el 30 de junio de 2006 en los siguientes cargos29:

• A partir del 4 de agosto de 1983 como detective (dáctilos-alumno) 4115-03
• A partir del 1 de marzo de 1984 como detective (dáctilos) 4115-04.
• A partir del 7 de octubre de 1989 como detective agente grado 5
• A partir del 10 de febrero de 1993 como detective agente 6.
• A partir del 7 de julio de 1993 como detective agente 208-06.

28 Folio 7, índice 15 y folio 70, C1.
29 De lo que se observa en la certificación suscrita por el subdirector de talento humano. Folio 78 vuelto, C1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

• A partir del 15 de marzo de 1994 como detective agente 208-07.
• A partir del 17 de octubre de 2000 como detective profesional 207-09, con el
cual se retiró del servicio desde el 1.° de julio de 2006, según Resolución 0722
del 20 de junio del mismo año30.

Según certificación emitida por la pagadora de la Seccional DAS Cesar de fecha 29
de junio de 2009 lo devengado por el señor Jiménez Fuentes entre el 1.° de julio de
2005 y el 30 de junio de 2006 fue:

Año 2005: sueldo básico, bonificación por servicios, prima de riesgo, prima de
servicio y prima de navidad.

Año 2006: sueldo básico, prima de vacaciones, bonificación recreativa, factor por
vacaciones, prima de riesgo y vacaciones.

La extinta CAJANAL, en la Resolución 1492 de 22 de febrero de 200631, le reconoció
al demandado una pensión de mensual vitalicia por vejez, efectiva a partir del 1.° de
marzo de 2004, condicionada a demostrar el retiro efectivo del servicio. Para el efecto
tuvo en cuenta:

• Que laboró 7405 días
• Adquirió el estatus jurídico el 3 de agosto de 2003.
• La liquidación la efectuó con el 75% del promedio de lo devengado sobre el
salario promedio de 9 años, 4 meses y 5 días, conforme a lo establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
• Los factores que incluyó fueron: asignación básica, bonificación por servicios
prestados y bonificación por compensación.

Posteriormente, la Resolución 69500 del 19 de diciembre de 2006, CAJANAL reliquidó
la pensión de vejez por retiro definitivo del servicio, en cuantía de $772.15, prestación
que se liquidó aplicando una tasa de reemplazo del 75% promedio de lo devengado
entre el 1.° de julio de 1996 hasta el 30 de junio de 2006, tomando como factores
salariales la asignación básica y la bonificación por servicios prestados; acto que fue
confirmado con la Resolución 02226 del 31 de enero de 2008.

Ahora bien, se advierte que el demandante tuvo la calidad de detective del DAS desde
su vinculación a la entidad como detective (dáctilos-alumno) 4115-03 hasta la fecha
en que finalizó la relación legal y reglamentaria como detective profesional 207-09;
motivo por el cual era destinatario del régimen especial de pensiones para los
servidores del DAS, aspecto que no discute la UGPP.

El Tribunal con sustento en la sentencia del 1. ° de agosto de 201332 — proferida por
la Sección Segunda de esta colegiatura—, luego de concluir que el régimen aplicable
al señor Jiménez Fuentes era el contenido en el Decreto 1933 de 1989 — concluyó
que debían incluirse en la liquidación de su pensión de jubilación todos aquellos
devengados en el último año de servicio, tales como prima de navidad, servicios,
vacaciones y riesgo.

30 Folio 549 vuelto, C2.
31 Folio 92, C1.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 1.° de agosto de

2013, con radicado 44001-23-31-000-2008-00150-01 (00710-11).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de la
transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que a partir de allí emergió un
conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el IBL ante el cual,
se crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de cierre;
también lo es, que el juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía e
independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos instituciones antes mencionadas.

La Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que debía atenderse en su
integridad la normativa precedente a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1989 y el computo de los factores salariales regulados en el
artículo 18 del Decreto 1933 de 1989 y con ello, la inclusión de la totalidad de factores
devengados en el último año con el criterio enunciativo. También, reiteró la tesis según
la cual, tratándose del régimen de transición pensional, debían atenderse los
principios de favorabilidad e inescindibilidad para entender que los funcionarios del
DAS les era aplicable el régimen anterior; situación consolidada en la sentencia del 4
de agosto de 2010 y conforme a la línea jurisprudencial construida para el régimen
especial mencionado.

Es de anotar que para el momento en el que se produjo la decisión que se revisa
estaban vigentes las tesis establecidas en dos sentencias de unificación del Consejo
de Estado, emitidas el 4 de agosto de 2010 y el 1.° de agosto de 2013. En la primera,
como se expuso, se determinó que el IBL de las pensiones de los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe ser calculado conforme a las leyes
anteriores, incluyendo todas las sumas percibidas por el servidor de manera habitual
y periódica como contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación. En la segunda sentencia, se destacó la importancia de considerar la
prima de riesgo en el cálculo de las pensiones de jubilación o vejez para los servidores
del DAS.

Así las cosas, la sentencia objeto de revisión fue el resultado del ejercicio de la
autonomía e independencia judicial en el análisis y resolución de los casos que
constituyeron precedente vertical desarrollado al interior del Consejo de Estado 33 y
atendió al criterio especial para los empleados del DAS, pues de conformidad con el
artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 el valor de la pensión debía ser equivalente al
75% del promedio de los salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último
año de servicio, sustento que fue utilizado para la inclusión de la prima de riesgo y
otras prestaciones que no estaban previstas en el artículo 18 del Decreto 1933 de
1989, interpretación que aplicaron las distintas autoridades judiciales del orden
nacional, tal y como sucedió con la sentencia objeto de revisión.

En contraposición con el precedente jurisprudencial mencionado, la sentencia del 28
de julio de 2022 representó un cambio significativo para la resolución de los casos
judiciales al alinearse con los criterios establecidos en la sentencia del 28 de agosto
de 2018 y la postura adoptada por la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-
258 de 2013. En relación con el régimen especial de los servidores del DAS, esta
decisión estableció «[…] en cuanto a los factores salariales, […] que, por regla general,

33 Específicamente la sentencia del 1 de agosto de 2013, radicado 44001-23-31-000-2008-00150-01 (0070-2011),

entre otras, sentencias del 27 de mayo de 2010 (0238-2008); 7 de julio de 2005 (2530-2004), 27 de abril de 2006
(3688-2004); 4 de octubre de 2007 (2003-016889-01) y; 8 de abril de 2010 (1026-2008).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

solo son computables los regulados en el Decreto 1158 de 1994 adicionado por la
prima de riesgo en los porcentajes señalados por el artículo 2 de la Ley 860 de 2003».

No obstante, es crucial señalar que esta misma sentencia estableció que en los
recursos extraordinarios de revisión destinados a impugnar sentencias que hayan
reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión basada en un criterio judicial
diferente allí expuesto, prevalecería el principio de cosa juzgada. Veamos:

«[…] Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en los regímenes
de transición de los servidores del DAS, con fundamento en tesis anteriores que
sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena,
lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a
interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya
reconocido u ordenado la reliquidación de la pensión con fundamento en jurisprudencia
diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada,
sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del
CPACA. […]»
Entonces, dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución
en sede administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera
operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables.

Para esta Sala, aunque la reliquidación de la prestación ordenada en el proceso
ordinario excedió la cuantía, en razón a que aumentó considerablemente el valor
reconocido en la prestación al incluir la totalidad de los factores salariales devengados
por el señor Martín Enrique Jiménez Fuentes, en condición de beneficiario del régimen
especial del DAS, tal situación no constituye por si sola la configuración de la causal
alegada pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente a la fecha en que se expidió
el fallo, como pasará a explicarse.

Como ya quedara expuesto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 27 de
noviembre de 2014 y quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2014; es decir, en
vigencia de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y mucho antes de que
se profirieran las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y 28 de julio de
2022. En tal virtud, las reglas de éstas últimas no se pueden aplicar a una situación
que hizo tránsito a cosa juzgada.

La UGPP argumenta desconocimiento del precedente jurisprudencial desarrollado por
la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013
y SU-230 de 201534, en el sentido de establecer que el IBL debió haber sido tomado
como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían tomarse como factores de
liquidación aquellos ingresos causados por el beneficiario, con carácter remunerativo
del servicio y sobre los cuales se hubieran realizado las cotizaciones respectivas. La
Sala observa que, en ningún momento, el recurrente expuso de manera puntual las
irregularidades que en el proceso llevaron a reconocer los factores o su inclusión de
manera no legal. Si en gracia de discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior,
este cargo por sí mismo resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que
la jurisprudencia vigente que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los
factores discutidos para la liquidación de la pensión.

34 Además de aquellas que fueron enunciadas en el acápite “Acción especial de revisión”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

Por lo mencionado, contrario a lo que alega la parte accionante, el juez de
conocimiento aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo
de Estado, máximo órgano de lo contencioso administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional; motivo por el
cual no se advierte una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.

En suma, esta Subsección estima que la tipificación de la causal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de que se
haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que esta
haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para reconocer el
incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contraria al ordenamiento
jurídico; circunstancia que, se itera, no se avizora en el caso concreto pues, la
reliquidación ordenada fue reconocida con sustento en la interpretación y se alineó
con el criterio jurisprudencial vigente para la época en la que se profirió la decisión.

Además, tal como dijo la sentencia que unificó los criterios para el reconocimiento y
reliquidación de la pensión de jubilación de los servidores del DAS, resaltó el
acatamiento de la institución jurídica de cosa juzgada sobre la procedencia de los
recursos extraordinarios de revisión que se presentaren por la aplicación de la
disparidad de criterios que se desarrollaron al interior de la jurisdicción previo a la
expedición de las decisiones ahora vigentes.

En consecuencia, no quedó demostrada la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por la UGPP y, por tal motivo se declarará infundada la
acción.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio
objetivo valorativo consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera
relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, malintencionada o de
mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición efectuada por el artículo
47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre que se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la Subsección
A de esta Sección, aclara que adoptó la postura en virtud de la cual, se deberá analizar
la conducta desplegada por las partes en el proceso, conforme al inciso 2 del artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa que la acción especial de revisión no carece de
fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas, por el contrario, en el
escrito contentivo del recurso la UGPP expuso argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se impondrá condena en costas a la
parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicación: 11001-03-25-000-2019-01014-00 (6728-2019)

Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 respecto de la sentencia del 27 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó parcialmente la providencia del Juzgado Sexto
Administrativo de Valledupar del 14 de noviembre de 2014, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Reconocer personería adjetiva a la persona jurídica Lydm Consultoría &
Asesoría Jurídica S.A.S., identificada con número de identificación tributaria
900.616.726-8, cuyo objeto social principal es la prestación de servicios jurídicos, para
actuar en calidad de apoderada de la parte demandada, en los términos y para los
efectos del poder conferido, visible en el índice 48 de SAMAI.

Cuarto: Reconocer personería a la abogada Lucía Arbeláez de Tobón, portadora de
la tarjeta profesional 10.254 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además
actúa como representante legal de la sociedad identificada en el numeral anterior, para
que actúe dentro del proceso de la referencia en calidad de apoderada general de la
UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 48
de la plataforma digital SAMAI.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.