Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01019-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01019-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-01019-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01019-00 (6734-2019) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: José de Jesús Triviño Córdoba
Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción de revisión
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la
sentencia de fecha 7 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, subsección “F”, Sala de
Descongestión, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001 33 31 704 2010 00292 01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial2
2.1.1. La demanda
2. El señor José de Jesús Triviño Córdoba, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 85 del CCA contra la Caja Nacional de
Previsión Social – CAJANAL, hoy UGPP, con el objetivo de obtener, en síntesis,
las siguientes declaraciones y condenas:
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 44 de la plataforma SAMAI. Archivo “11001333170420100029201_T1.pdf” página 38.
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Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2019-01019-00 (6734-2019) (AER)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
• Se declare el silencio administrativo negativo por la falta de respuesta por
parte de CAJANAL frente a la petición presentada el 24 de agosto de 2009.
En consecuencia, se declare la nulidad del acto ficto o presunto que negó
la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de factores
salariales que devengó en el último año de servicio.
• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se reliquide la
pensión de jubilación en los términos de las leyes 4. ° de 1966, 33 de 1985
y 71 de 1988; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del
75% del promedio de los factores devengados durante el último año de
servicios, esto es, además de los ya reconocidos en los actos enjuiciados,
prima de navidad, prima de vacaciones y prima de servicios; (iii) el
reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales
dejadas de percibir con la indexación correspondiente; iv) condenar a la
entidad demandada al pago de intereses moratorios a partir de la
ejecutoria de la sentencia conforme al artículo 177 del CCA y v) se
condene en costas a la Caja Nacional de Previsión Social, en caso de
oponerse a las pretensiones de la demanda.
3. Como fundamento fáctico relató que el señor José de Jesús Triviño Córdoba,
prestó sus servicios al Estado colombiano como operador de equipos de
sistemas, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE,
por más de 20 años, hasta su retiro el 26 de abril de 1993. CAJANAL E.I.C.E en
liquidación, a través de la Resolución No. 39446 de 2005, le reconoció pensión
vitalicia de jubilación conforme a la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994,
en cuantía de $555.565 efectiva a partir de 16 de diciembre de 2003.
4. Inconforme con la anterior decisión, el 24 de agosto de 2009 radicó ante
CAJANAL solicitud de reliquidación para que se incluyeran todos los factores
salariales devengados durante el año anterior al retiro del servicio, conforme la
Ley 33 de 1985 y se aplicara la indexación de la primera mesada.
5. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado
desconoció lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sobre el régimen
de transición del cual es beneficiario y según el cual, su pensión debió liquidarse
en los términos pretendidos, de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985 y la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
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2.1.2. Sentencia objeto de revisión.3
6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “F”
dictó sentencia de segunda instancia el 7 de noviembre de 2014, que confirmó
parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá el 23 de enero de 2013, que
accedió a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:
7. Señaló que el IBL del pensionado debió liquidarse de acuerdo con la Ley 33
de 1985, teniendo en cuenta los factores que constituyen salario y que fueron
devengados por este durante su último año de servicio, en atención a la posición
fijada por el Consejo de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010.
8. Que durante el año anterior al retiro, el señor José de Jesús Triviño Córdoba,
devengó otros factores salariales además de la asignación básica y la
bonificación por servicios, como son la prima de navidad, prima de servicios,
prima de vacaciones y vacaciones, que no fueron considerados en la liquidación
inicial realizada por CAJANAL.
9. Por lo anterior, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia,
haciendo la salvedad de ordenar la inclusión de la bonificación por servicios en
su doceava parte y la exclusión del factor vacaciones, atendiendo a que no es
salario ni prestación, sino un descanso remunerado para el trabajador.
2.1.7. La acción especial de revisión 4
10. La UGPP, invocó como causales de revisión las consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad
de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente:
«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
11. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
3 Índice 44 de la plataforma SAMAI. Archivo “11001333170420100029201_T1.pdf” página 278-300.
4 Índice 11 de la plataforma SAMAI.
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i) Revocar la sentencia expedida el 7 de noviembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “F” que
confirmó parcialmente la sentencia del 23 de enero de 2013 emitida por el
Juzgado Cuarto Administrativo de descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por el señor José de Jesús Triviño Córdoba contra la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL, bajo el radicado 11001 33 31 704 2010
000292 00/01.
ii) Ordenar al señor José de Jesús Triviño Córdoba, a reintegrar al recurrente,
los valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez
de las sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada
pensional.
iii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor José de
Jesús Triviño Córdoba, de conformidad con el precedente jurisprudencial
emitido por la Corte Constitucional, y de la normativa legal dispuesta en la ley
100 de 1993.
12. Para fundamentar la causal de revisión, la UGPP, sostuvo que, el señor José
de Jesús Triviño Córdoba no tiene derecho a obtener la reliquidación ordenada,
toda vez que fue beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo
dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 de esa norma y con los factores de
cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.
13. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.
2.1.8. Contestación
14. El señor José de Jesús Triviño Córdoba fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 31 de mayo de 2021, como se
advierte en el índice 13 de Samai. Contestó bajo los siguientes argumentos:
15. Indicó que lo que verdaderamente pretende el apoderado de la UGPP es
reabrir el debate probatorio y con ello esgrimir esta acción especial como si fuese
una tercera instancia en que las partes vuelvan a debatir el planteamiento jurídico
que se suscitó al interior de las instancias establecidas por la ley.
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16. Por otra parte, señaló que las órdenes de reliquidación pensional se
encuentran ajustadas a derecho, pues fueron expedidas en vigencia del marco
normativo de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010.
17. Por lo expuesto, solicitó a esta instancia que se denieguen las pretensiones
incoadas en la acción especial de revisión instaurada por la UGPP.
2.1.9 El agente del ministerio público, no rindió concepto al caso objeto de
estudio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
18. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 7 de noviembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por José de Jesús Triviño Córdoba.
3.2. Oportunidad
19. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo». Sin embargo, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20035, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:
«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».
5 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece
el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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20. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:
«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».
21. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 18
de noviembre de 2014 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
ejecutoriada el 4 de diciembre de 20146, y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 3 de diciembre de 20197, es decir, en termino
para impetrar la acción especial de revisión.
3.3. Problema jurídico
22. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 7 de noviembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, incurrió en las causales de revisión prevista en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la Caja
Nacional de Previsión Social, a reliquidar la pensión de vejez del señor José de
Jesús Triviño Córdoba con el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.
23. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.
3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
24. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
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Índice 44 de la plataforma SAMAI. Archivo “11001333170420100029201_T1.pdf” página 305.
7 Índice 1 de la plataforma SAMAI.
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artículo 250 del CPACA8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada 9, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.
25. A propósito, la Sala ha reconocido que estas causales son una herramienta
legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado de forma
fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que orientan el
Sistema General de Pensiones.
26. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario»10
27. Las causales alegadas por parte de la UGPP son las contempladas en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince
(2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez
Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad.
Núm. 11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
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«[…] a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso».
28. Esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación del debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte
interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos
sobre los cuales estructura su petición.
29. Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.
30. Según la citada norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes garantías11:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.
31. La entidad demandada centra el argumento frente a esta causal en que, en su
parecer no se atendieron los artículos 21 y 36 la Ley 100 de 1993 respecto al IBL
11 Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen reparos distintos en los
que se sustente una manifiesta vulneración al debido proceso.
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y factores a incluir con lo que se desconocen los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 29, 121,
123 inciso 2.º y 124 de la Carta Política.
32. Como se advierte, el argumento empleado por la UGPP para fundamentar el
cargo de violación del derecho fundamental al debido proceso, no se refiere al
desconocimiento de las garantías citadas por parte de la autoridad judicial al
proferir la sentencia judicial que se revisa.
33. Por el contrario, el argumento esbozado por la entidad está dirigido a
cuestionar la interpretación adoptada por el Tribunal Administrativo
Cundinamarca en relación a la aplicación del régimen de transición contenido en
la Ley 100 de 1993 para la determinación del ingreso base de liquidación -IBL-,
asunto que no guarda relación con la violación al debido proceso, por esa razón
la causal a) esgrimida por la entidad, se declarará infundada.
3.5.2. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
34. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente12 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 13 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones14,
en especial, el principio de solidaridad15 y equilibrio financiero.
35. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]”.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
13 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
14 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
15 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos
del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que ella
obedeció a la necesidad “[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]”. Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación16 ha determinado que esos requisitos
sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un derecho debido
de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido; iii) y que exista
un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»17.
36. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y su aplicación al caso del señor José de Jesús Triviño Córdoba,
quien es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
precitada ley, pues nació el 16 de diciembre de 1948, y para el 1.° de abril de
1994, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de
35 años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas
de la transición según las cuales se le debe liquidar la pensión con el 75% del
salario promedio de los últimos 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para
adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales cotizó
y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
37. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.
38. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 4.15% en el monto en que se reconoció la pensión del
señor José de Jesús Triviño Córdoba respecto del que debió liquidarse, así como
16 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial
de Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único
de radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala
Quince de Decisión. Sentencia del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
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la proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden
judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.
39. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
3.5.2.2. Caso concreto
40. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:
41. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que al
señor José de Jesús Triviño Córdoba le es aplicable el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de revisión y en la
providencia objeto de la misma.
42. Revisado el expediente se observa que nació el 16 de diciembre de 1948
como lo indica la copia de la cédula de ciudadanía.18
43. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró al servicio del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, desde el 16 de julio de 1970
hasta el 26 de abril de 1993.19 y desempeñó como último cargo el de operador
de equipo de sistemas.
44. De lo anterior se concluye que el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor José de Jesús Triviño Córdoba, tenía 19
años de servicio, así como también 45 años de edad.
45. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional de la Ley 33 de
1985, esto es con el 75% del promedio de los factores devengados durante el
último año de servicios, en los términos de la citada ley, consistentes en: además
de la asignación básica y la bonificación por servicios, la prima de servicios, prima
18 Índice 44 de la plataforma SAMAI. Archivo “11001333170420100029201_T1.pdf” página 28.
19 Índice 44 de la plataforma SAMAI. Archivo “11001333170420100029201_T1.pdf” página 59.
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de navidad y prima de vacaciones, en el periodo de 27 de marzo de 1992 al 26
de marzo de 1993.
46. Tales factores fueron efectivamente devengados por el pensionado durante
el citado interregno, tal como se advierte al verificar la certificación de salarios
devengados expedida por el Tesorero del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística – DANE y del Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE de 19 de
enero de 2004.20
47. No obstante, si bien la UGPP, manifestó que para calcular el IBL del
pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha
desarrollado sobre el tema; lo cierto es, que no expuso ningún reparo frente a
algún emolumento en particular.
48. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la
pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33
de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios.
20 Índice 44 de la plataforma SAMAI. Archivo “11001333170420100029201_T1.pdf” página 10.
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Esta decisión coincide con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación».
49. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».
50. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
51. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones, y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
52. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».
53. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 7 de
noviembre de 2014, lo cierto es, que no se puede entender que el reconocimiento
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se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 3. ° de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.
54. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso 21
55. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 395 de 2017 y SU - 631 de 2017, se advierte que, la decisión
que se revisa, proferida el 7 de noviembre de 2014, justificó su decisión
acogiendo sentencias que remiten al precedente de esta Corporación establecido
el 4 de agosto de 2010.
56. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.
3.6. Condena en costas
57. Dado que esta Sección22 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
21 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)
22 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
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58. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 7 de noviembre de 2014, proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “F”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
11001 33 31 704 2010 000292 01, que confirmó parcialmente la sentencia de 23
de enero de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de
descongestión del Circuito Judicial de Bogotá que accedió a las pretensiones de
la demanda.
SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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