Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01034-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01034-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-01034-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001 03 25 000 2019 01034 00 (6752-2019) (RER)
Accionante: Bethsy Mosquera Quinto
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Causal 1 artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. Presupuestos
de configuración. Oportunidad para presentar pruebas.
Omisión del deber de aportar pruebas.
Decisión: Declarar infundada la acción
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN- ART. 250 LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo
248 y siguientes de la Ley 1137 de 2011, presentado por la señora Bethsy
Mosquera Quinto1 en contra de la sentencia de 22 de noviembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-003-2015-
00048-01.
II. ANTECEDENTES
2.1 Proceso ordinario inicial
2.1.1 La demanda2
2. Con la demanda se solicitó declarar la nulidad de la Resolución GNR
018023 del 22 de noviembre de 2011, por medio de la cual se negó el
reconocimiento y pago de una pensión gracia a la señora Bethsy Mosquera
Quinto y del acto ficto negativo producto del silencio de la entidad respecto del
recurso de reposición incoado en contra de la Resolución UGM 018023 del 22 de
noviembre de 2011. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la
UGPP, reconocer y pagar la pensión gracia conforme al régimen especial
aplicable a los docentes, en un monto equivalente al 75% del promedio mensual
de los salarios devengados durante el año inmediatamente anterior a la fecha en
que el derecho se hizo exigible, esto es el 17 de enero de 2007, incluyendo todos
1 El escrito de revisión fue presentado ante la secretaría general de esta Corporación el 26 de noviembre de
2019 y remitido por competencia a esta sección el 27 de noviembre de 2019, así se verifica a folio 1 del
expediente físico.
2 Expediente físico folio 1 bis cd – archivo Expediente Judicial 1.pdf folios 4 a 11
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los factores salariales devengados.
3. La demandante nació el 17 de enero de 1957 y se desempeñó como
docente nacionalizada al servicio de los municipios de Sipí e Istmina y de la
administración departamental del Chocó desde el 7 de junio de 1980; por esta
razón el 15 de abril de 2008, solicitó ante la Secretaría de Educación del
Departamento del Chocó, el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
gracia, petición que fue negada a través de la Resolución GNR 018023 del 22 de
noviembre de 2011.
4. Afirma que contra el acto que negó el reconocimiento de la pensión gracia,
interpuso recurso de reposición el 20 de diciembre de 2011, petición que no fue
contestada por la entidad.
2.1.2 Normas violadas y concepto de violación
5. En el concepto de violación, el apoderado de la demandante manifiesta
que la entidad negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, aduciendo
que en sede administrativa no allegó los certificados y factores salariales
percibidos mes a mes desde el año 1980, así como tampoco copia del acto
administrativo de nombramiento, esto es el Decreto 0027 del 7 de junio de 1980,
actuación con la que la demandada infringió los artículos 1 y 4 de la Ley 114 de
1913 y demás normas concordantes, como quiera que dichas disposiciones
precisan los requisitos que deben tener los interesados para gozar del
reconocimiento deprecado, entre los que no se encuentran los requeridos a la
demandante.
2.1.3 Sentencia de primera instancia3
6. En sentencia proferida el 4 de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero
Administrativo de Oralidad de Quibdó, accedió parcialmente a las súplicas y
condenó en costas a la parte vencida. Luego de efectuar el recuento normativo y
jurisprudencial pertinente concluyó que la demandante acreditó los requisitos de
edad y tiempo de servicio para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
teniendo en cuenta que nació el 17 de enero de 1957, razón por la cual, para el
23 de enero de 2009, fecha en la que presentó la primera solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, contaba con 52 años de edad.
7. Así mismo, acreditó la buena conducta en el desempeño del cargo y su
vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, en vista que laboró para
el municipio de Sipí en el cargo de docente del 19 de junio de 1980 al 31 de mayo
de 1988 y en el municipio de Istmina del 24 de mayo de 1990 al 31 de diciembre
3 Expediente físico folio 1 bis cd – archivo Expediente Judicial 2.pdf folios 29 a 42
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de 2002 y del 28 de febrero de 2003 al 1 de enero de 2012.
8. Finalmente probó que prestó sus servicios como docente por espacio de
29 años, 5 meses y 3 días, razón por la cual cumple con el tiempo mínimo de
servicio para efectos del reconocimiento pensional, en consecuencia declaró la
nulidad del acto demandado, esto es la Resolución UGM 018023 del 22 de
noviembre de 2011 y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP
reconocer, liquidar y pagar con carácter vitalicio la pensión de jubilación gracia
en cuantía equivalente al 75% del promedio de todo lo devengado y
efectivamente cotizado durante el año anterior a la adquisición del estatus.
9. En torno a la prescripción, señaló que la demandante adquirió el estatus
pensional el 17 de enero de 2007, presentó solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia el 23 de enero de 2009, que fue negada a través de la Resolución
UGM 011823 del 22 de noviembre de 2011; de otra parte, aduce que impetró
recurso de reposición contra el acto primigenio que le negó el derecho, solicitud
que no fue resuelta por la entidad, no obstante en el expediente no obra
constancia de notificación de la Resolución UGM 011823 de 2011, razón por la
cual no es posible establecer si el recurso de reposición fue incoado en tiempo.
10. En consecuencia, para analizar la prescripción, tomó la fecha de
expedición de la Resolución UGM 011823, esto es el 22 de noviembre de 2011,
razón por la cual podía presentar la demanda hasta el 22 de noviembre de 2014,
sin embargo, se interpuso el 16 de diciembre de 2014, razón por la cual las
mesadas causadas con anterioridad al 16 de diciembre de 2011 se encuentran
prescritas.
2.1.4 Recursos de apelación
11. El apoderado de la demandante4, apeló la decisión en torno a la
declaratoria de la prescripción, teniendo en cuenta que la demandante se notificó
de la Resolución UGM 018023 del 22 de noviembre de 2011, el día 20 de
noviembre de 2011 y presentó recurso de reposición en las oficinas de la UGPP
el 23 de diciembre de 2011, solicitud que no fue resuelta por la entidad.
12. La demandante adquirió el estatus pensional el 17 de enero de 2007 y
solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la Secretaría de Educación
del Departamento del Chocó el 15 de abril de 2009 (sic), entidad encargada de
recoger las solicitudes y enviarlas a CAJANAL, hecho que en el presente asunto
ocurrió el 23 de enero de 2009, bajo radicado 1154/2009.
4 Expediente físico folio 1 bis cd – archivo Expediente Judicial 2.pdf folio 47
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13. En respuesta a dicha solicitud la UGPP profirió la Resolución UGM 018023
del 22 de noviembre de 2011, por medio de la cual negó el derecho reclamado,
decisión que le fue notificada el 20 de diciembre de 2011 y presentó recurso de
reposición el 23 de diciembre de 2011, sin que la entidad se hubiere pronunciado
sobre su contenido, razón por la cual acudió a la jurisdicción a reclamar su
derecho.
14. La entidad demandada5, alegó que la demandante no estaba vinculada
a la docencia territorial al 31 de diciembre de 1980; que el a quo no le dio el valor
probatorio que correspondía al certificado expedido por el FOMAG, según el cual
la demandante laboró como rectora de grado 112 en el escalafón nacional desde
el 1 de enero de 2003 al 16 de septiembre de 2003, nombrada por el Ministerio
de Educación Nacional, por lo que no era beneficiaria de la pensión gracia.
15. No existe en el expediente prueba documental que demuestre que la
demandante en sede administrativa con la solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia, aportara los certificados y factores salariales mes a mes desde
el año 1980 y copia auténtica de los actos administrativos de nombramiento -
decreto 0027 del 7 de junio de 1980-, en este sentido no acreditó el tipo de
vinculación ante la entidad, razón por la cual no le asistía el derecho pretendido.
2.1.5 Sentencia objeto de revisión6
16. El 22 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó
la sentencia de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas a la parte
vencida. En relación con los requisitos exigidos por el artículo 4º de la Ley 114
de 1913, advirtió que la demandante cumplió los 50 años de edad el 7 de julio de
2007, además prestó sus servicios como docente durante 20 años en las
modalidades exigidas en la ley, así como los demás requisitos.
17. En lo que se refiere a la prescripción, señaló que la demandante solicitó el
reconocimiento y pago de la prestación el 23 de enero de 2009, petición que fue
resuelta en forma negativa a través de la Resolución UGM 018023 del 22 de
noviembre de 2011, acto administrativo del cual no existe constancia de
notificación, no obstante, el 23 de diciembre de 2011, radicó recurso de
reposición, el cual no fue resuelto por la entidad. En ese orden, concluyó que el
derecho se hizo exigible a partir del 18 de enero de 2009, día siguiente a la fecha
en que adquirió el estatus; si bien es cierto elevó solicitud de reconocimiento
pensional el 23 de enero de 2009, esto es dentro de los tres años siguientes a la
causación del derecho, la entidad negó el reconocimiento a través de la
5 Expediente físico folio 1 bis cd – archivo Expediente Judicial 2.pdf folios 49 a 53
6 Expediente físico, Cuaderno 1 Folios 510-521.
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Resolución UGM 018023 del 22 de noviembre de 2011, y solo hasta el 16 de
diciembre de 2014, presentó la demanda, transcurriendo más de los 3 años
establecidos legalmente para la configuración del fenómeno prescriptivo.
18. Precisó que la parte demandante no acreditó haber interpuesto en forma
oportuna el recurso de reposición en contra del acto primigenio que le negó el
reconocimiento pensional. En consecuencia, operó la prescripción trienal de pago
de las mesadas de la pensión gracia con anterioridad al 16 de diciembre de 2011,
tal como lo ordenó el a quo.
2.1.6 El Recurso Extraordinario de Revisión7
19. La señora Bethsy Mosquera Quinto, a través de apoderado, señaló que en
este asunto se configuró la causal de revisión contenida en el numeral 1.° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por su importancia aquí, se
transcribe a continuación:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. […]».
20. Manifiesta el profesional del derecho, que solo tuvo acceso al expediente
administrativo de la demandante el 22 de agosto de 2018, a través de un correo
que le remitió la UGPP, fecha en la que ya se había proferido sentencia de
primera instancia y se encontraba ejecutoriado el auto mediante el cual el
Tribunal Administrativo del Chocó admitió el recurso de apelación, no obstante a
pesar de encontrarse vencida la oportunidad para aportar pruebas, el 2 de
octubre de 2018, allegó en medio magnético copia del expediente administrativo
en donde reposa la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante
la UGPP.
21. Con el expediente administrativo, queda en evidencia que el recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución UGM 018023 del 22 de
noviembre de 2011, se radicó en el término de ley, prueba decisiva con la cual
se hubiera podido proferir una decisión diferente en la sentencia de primera y
segunda instancia, en relación con la configuración del fenómeno prescriptivo
respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 16 de diciembre de 2011.
7 Expediente físico folios 4 a 5
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22. Como pretensiones del recurso, solicitó modificar o revocar la sentencia
de segunda instancia del 22 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en relación con los efectos fiscales de las mesadas
pensionales y ordenar el pago de la pensión a partir de la fecha en que adquirió
el estatus pensional, esto es el 17 de enero de 2007.
2.1.7 Pronunciamiento de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP8
23. Como argumentos de defensa señaló que la demandante presentó recurso
extraordinario de revisión contra dos sentencias debidamente ejecutoriadas,
actuación con la que pretende subsanar sus propios errores, por no haber hecho
uso en tiempo de los recursos que le otorga la ley en la oportunidad procesal
pertinente, como quiera que pretende incorporar una prueba, que pudo allegar
con la demanda, pues se trata de la notificación del acto administrativo que le
negó el reconocimiento de la pensión gracia y copia del recibido del recurso de
reposición.
24. Aduce que contra el auto que decretó pruebas en primera instancia, la
parte demandante no presentó recursos, sin embargo, pretendió la incorporación
de pruebas en segunda instancia una vez quedó ejecutoriado el auto que admitió
la alzada, circunstancia con la cual queda en evidencia que pretendía subsanar
los errores que cometió en el curso del proceso.
25. En el escrito de oposición formuló las excepciones de caducidad, ineptitud
del recurso por falta de requisitos formales, principio de buena fe y seguridad
jurídica.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
26. Esta Subsección es competente para resolver el presente recurso de
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de
2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del
Reglamento Interno de esta Corporación.
3.2 De la oportunidad para interponer el recurso
27. De conformidad con lo señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011,
cuando el recurso se fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral
1°, entre otras, podrá presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia».
8 Expediente físico folios 32 vto. a 36
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28. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 22
de noviembre de 2018 y notificada a las partes el día 26 de noviembre de 2018.9
Por tanto, como el recurso fue radicado en la secretaría general de esta
Corporación el 26 de noviembre de 2019,10 esto es, dentro del año siguiente a la
comunicación de aquella -no a su ejecutoria que, por supuesto, se concretó en
fecha posterior-, se concluye que su presentación fue realizada dentro de la
oportunidad legal. Bajo este análisis, no le asiste razón al apoderado de la entidad
demandada, en tanto alegó la configuración de la excepción de caducidad.
3.3 Asunto previo
29. En escrito de oposición presentado por la UGPP, formuló entre otras la
excepción de ineptitud del recurso por falta de requisitos formales, sobre el
particular la Sala no efectuará pronunciamiento, teniendo en cuenta que de
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 253 del C.P.A.C.A.,
dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión no es posible proponer
excepciones previas.
3.4 Problema jurídico
30. De acuerdo con lo planteado en el recurso extraordinario, corresponde a
la Sala determinar si: ¿La sentencia de 22 de noviembre de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en la causal prevista en el numeral
1.° del artículo 250 del CPACA?
31. Para resolver ese interrogante se reseñará: i) la naturaleza y objeto del
Recurso Extraordinario de Revisión y; ii) el contenido y alcance de la causal 1.°
del artículo 250 del CPACA.
3.5 Normas y jurisprudencia aplicables. La naturaleza y objeto del Recurso
Extraordinario de Revisión.
32. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».
33. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza,
el Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que,
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por excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
sentencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada. Lo anterior, en
razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias ejecutoriadas
proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la jurisdicción de lo
contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así como las
subsecciones y secciones de esta Corporación-.
34. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el
restablecimiento de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada,
a través de situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del
proceso ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del
principio de cosa juzgada.
35. En sentencia de 3 de marzo de 2020,11 la Sala Décima Especial de Revisión
de este Tribunal, se refirió a los aspectos generales del recurso objeto de estudio,
por un lado, frente al objeto del mismo, se sostuvo que se encamina a obtener el
restablecimiento de la justicia material de la decisión cuestionada, en la mediad
que esta haya sido afectada por situaciones exógenas que fue posible ventilar en
el proceso correspondiente, pero que, en todo caso, a juicio del legislador,
revisten tal gravedad que es procedente desvirtuar el principio de cosa
juzgada12. Además, se destacó que dicho recurso:
I) Se ha definido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado como «un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas
sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la
intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser
decisiones injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra
la ley».13
II)
Mediante el recurso extraordinario de revisión, se pueden controvertir sentencias
ejecutoriadas proferidas por las Secciónes y Subsecciones de la Sala de Contencioso
Administrativo de esta Corporación, así como las emitidas en cualquier instancia por
tribunales administrativos y por los juzgados administrativos cuya naturaleza permita la
procedencia del recurso.
III)
Respecto a la naturaleza de dicho recurso, la doctrina lo estima como una vía de
impugnación que tiene la virtud de afectar de manera excepcional el principio de
inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, ello, en tanto, «se
abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno
11 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra
Vélez.
12 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-
15- 000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes
Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
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de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.14»
36. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las
providencias; iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los
errores por falta de aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al
momento de resolver el caso sometido a juicio.
37. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre
una argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente
entre los fundamentos y la causal alegada.15 En la sentencia que se viene
citando, esta Corporación expresó:
«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del
juez16 o para corregir errores «in iudicando»17, sino que fue consagrado para discutir y
ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión
mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o
adulterados18-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para
la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con
mejor derecho19-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca
14 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia,
o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que
declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado
la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su
expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada».
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión,
sentencia de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero
Ponente Dr. Alberto Montaña Plata.
16 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-
15- 000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
17 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los
errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación
indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…».
18 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos
falsos o adulterados».
19 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
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de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,20- o deben poder ser objeto de
examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no
era objeto de recurso de apelación21-.
47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está
limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente
realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o
corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de
contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se
tratara de una nueva instancia.
49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales
enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá
ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo».22
3.6 El contenido y alcance de la causal 1 del artículo 250 del CPACA.
38. El numeral 1.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo dispone:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.»
20 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de
la sentencia.
21 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
22 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia
de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «…
no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate
probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales
señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(....)». En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia
López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de
controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes
adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del
proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo
de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
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39. De acuerdo con el anterior dispositivo, la causal en cita se cristaliza
cuando: i) Se trata de una prueba documental que; ii) preexistente a la sentencia
cuestionada en revisión; iii) es encontrada o recobrada con posterioridad a la
emisión de aquella decisión y, por tanto; iv) tiene un impacto determinante en
ella, al punto que prohíja su modificación y/o revocatoria, pero que; v) no pudo
ser incorporada oportunamente al proceso primigenio por fuerza mayor, caso
fortuito y/o acción de la contraparte.
40. Esta Corporación ha sido insistente al pregonar que la causal en referencia
solo se aplica a pruebas documentales, por lo que no es admisible frente a otro
tipo de evidencias como los testimonios o las inspecciones judiciales.23
41. Así entonces, se extiende a los elementos enlistados en el artículo 243 del
C.G.P., esto es «los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de
datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos
y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo,
y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.»
42. En cuanto a que debe tratarse de una prueba encontrada o recobrada
después de dictada la providencia objeto de revisión, la jurisprudencia de este
tribunal ha indicado que debe tratarse de una evidencia documental que,
preexistente al fallo de instancia -pero no posterior a él-, solo pudo ser obtenida
por la parte recurrente con posterioridad a la emisión de aquél.
43. Por tanto, cuando tales elementos no fueron aducidos, incorporados o
solicitados dentro de las etapas procesales pertinentes por circunstancias
distintas a las señaladas en la norma, no deviene procedente la causal. 24
44. Igualmente, el documento debe poseer un nivel de persuasión tal que
resulte suficiente para incidir en el sentido de la decisión o generar en el juzgador
una convicción distinta respecto de hechos que, en el desarrollo del proceso, no
consideró debidamente acreditados.
45. En relación con el último requisito señalado, esto es, que la imposibilidad
de aportar la prueba documental obedezca a fuerza mayor, caso fortuito y/o
acción de la parte contraria, esta corporación ha indicado que:
23 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 19, sentencia de 19 de septiembre
de 2022, expediente 11 001 03 15 000 2021 11456 00, C.P. Dr. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado, Sección tercera, Subsección B, sentencia de 11 de noviembre de 2016, expediente
No. 25000-23-26-000-1996-13158-01(34697), Consejera Ponente Dra. Stella Conto Díaz del Castillo.
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«66. Ahora bien, es necesario que el recurrente demuestre25 que la razón por la cual
no pudo aportar el documento al proceso fue atribuible al actuar intencional de la
contraparte, orientado a impedir que la prueba se pudiera arrimar a la actuación
judicial, o una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito; sin embargo, en torno a
las dos últimas situaciones, esta Corporación ha sostenido que solo en caso de
demostrarse la fuerza mayor se podría configurar la causal:
«[…]
Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso
fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal,
en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la
relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien
asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad,
por lo que, aún imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco
conlleva responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a
reparar por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo. De donde
no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”, 26 por parte de quien pretende
beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la
ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”. 27
Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la
obra de la parte contraria, deben probarse, 28 esto es, aportar elementos de
convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que
hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos. 29
Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe
probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es
criterio fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da
dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de
la fuerza mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño. 30.»31
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión;
sentencia del 7 de febrero de 2017, radicación 11001 03 15 000 2016 01440 00 (rev); M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio «Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en
el proceso, “el simple olvido, incuria o abandono de la parte” 2 7 que habría sido beneficiada con la prueba
no constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia. -/ También se ha dicho que “no
basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’
apreciada objetivamente...” 2 8 - / De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito
o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse 2 9 y, además, que la prueba debe establecer
que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los
documentos.3 0 » (cursiva y números de cita propios del texto transcrito).
26 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de
febrero de 2010, Rad. 2597-07.».
27 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).».
28 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. rev-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(rev).»
29 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(rev). En este caso hubo un incendio que destruyó unos
registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho
después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la
razón que impidió aportarlos en su momento.»
30 Cita propia del texto transcrito: «Consejo de Estado, sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de
diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.».
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de mayo de 2018, radicación:
11001-03-25-000-2014-00329-00, número interno: 1001-14, m.p. Sandra Lisset Ibarra Velez.
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67. Así las cosas, para verificar si le asiste razón a la parte recurrente cuando alega la
configuración de esta causal es necesario, en principio, verificar si los documentos que
se aducen como recobrados, en efecto, lo son, dentro de los parámetros expuestos
por la jurisprudencia y si está demostrado que la falta de aportación de estos al
proceso, ocurrió por una situación de fuerza mayor o por una causa atribuible al actuar
de la parte contraria.»32
3.7 Caso concreto
46. De cara a los elementos que la integran y que fueron señalados en el
acápite anterior, esta Sala anticipa que el recurso extraordinario de la referencia
debe declararse infundado, dado que, aunque la prueba allegada es de
naturaleza “documental” y, además, “preexistente a la sentencia impugnada”, no
se trata de una evidencia “encontrada o recobrada” con posterioridad a la
sentencia y, que haya dejado de ser aportada al proceso primigenio por fuerza
mayor y/o por obra de la parte contraria.
47. En primer lugar, se dirá que los señalados verbos rectores apuntan y
demandan que la prueba documental exista antes de la emisión del fallo de
instancia, pero que, por motivos ajenos a la voluntad del interesado, no pudieron
ser allegados al proceso judicial de manera oportuna.
48. Ello indica que las pruebas documentales producidas luego de emitida la
sentencia recurrida no avalan la procedibilidad de la causal en estudio. Tampoco
prohíjan esa prosperidad aquellos documentos que, siendo anteriores a la
providencia definitiva, no fueron aportados y/o solicitada su incorporación al
proceso por incuria y/u omisión de la parte. Por eso, se recuerda que el Recurso
Extraordinario de Revisión no constituye una herramienta de defensa que permita
corregir las omisiones probatorias de los sujetos procesales.
49. En sentencia de 4 de junio de 2019,33 la Sala Cuarta Especial de Decisión
de esta Corporación expresó:
«30. El precepto contempla el verbo « encontrar o recobrar» lo cual implica que la
prueba documental existía, no se tuvo oportunamente por las razones que dice la ley
(fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria), pero se logró conseguir ya
terminado el proceso, ello se traduce en que, para la prosperidad del recurso, es
indispensable entre otros requisitos, que el recurrente hubiere estado durante todo
el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria.
31. Por ello, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados
con posterioridad al fallo, como tampoco es válido edificar la causal con documentos
32 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 18 de diciembre
de 2020, expediente 11 001 03 15 000 2018 00164 00, C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
33 Expediente 11 001 03 15 000 2014 00447 00 (REV), C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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que, aun siendo anteriores a la providencia que se cuestiona, claramente pudieron
haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales
correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede convertirse en
el medio para subsanar yerros o falencias de las partes respecto de la carga
probatoria, de manera que, al haber calificado expresamente la ley los motivos de la
falta de la prueba documental en el proceso, «el simple olvido, incuria o abandono
de la parte»34 que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen razones
válidas para promover la revisión de una sentencia.»
50. Descendiendo al caso actual, la prueba documental que se pretende hacer
valer está constituida por el expediente administrativo de la señora Bethsy
Mosquera Quinto que contiene la constancia de notificación de la Resolución
UGM 018023 del 22 de noviembre de 2011, documento con el que la demandante
pretende probar que presentó en tiempo el recurso de reposición en contra de
dicha decisión y que por tanto el pago de la prestación debe ordenarse a partir
de la fecha en que adquirió el estatus, sin prescripción.
51. Sin embargo, tal documento no detenta la calidad de “encontrado o
recobrado” porque, aunque existía antes del fallo que ahora se cuestiona, sí
pudo ser aportado al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes de
que se decidiera de fondo.
52. Así las cosas, no son aceptables los argumentos izados en el recurso de
revisión, relacionados con que la imposibilidad de aportar el medio de prueba
obedeció a que no tenía acceso al expediente administrativo de la demandante,
toda vez que no obra en el plenario documento que demuestre las gestiones que
en el curso del proceso ordinario adelantó para obtener el mencionado medio de
prueba y menos aún que demuestren negligencia de la entidad para su entrega.
53. Sea del caso precisar que, si bien el cuaderno administrativo se aportó al
proceso ordinario, esto ocurrió con posterioridad a la ejecutoria del auto que
admitió el recurso de apelación en segunda instancia, razón por la cual no fue
válidamente incorporado al plenario.
54. Contrario a lo dicho por la recurrente, se evidencia que, en el proceso
ordinario en las etapas probatorias surtidas en primera y segunda instancia, la
parte actora no solicitó el decreto y práctica de la prueba que ahora pretende
incorporar al expediente, sin que se encuentre probada una causa valida que
justifique la omisión en la incorporación del medio de prueba.
55. En segundo lugar, se tiene que la no aportación de la documental al trámite
de nulidad y restablecimiento del derecho no obedeció a una fuerza mayor y/o a
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.
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obra de la parte contraria. En efecto, el apoderado de la demandante refiere que
solo hasta el 2 de octubre de 2018, radicó ante la autoridad judicial el expediente
administrativo de la demandante, esto es, con posterioridad a la ejecutoria del
auto que admitió el recurso de apelación en segunda instancia, teniendo en
cuenta que con anterioridad no había podido tener acceso a tal documento, por
circunstancias atribuibles a la entidad demandada, esto último lo cual es una
mera afirmación, pues no aportó prueba al respecto.
56. Contrario a lo señalado por la parte recurrente, observa la Sala que, en el
curso del proceso ordinario, en audiencia inicial celebrada el 13 de octubre de
201635, en la etapa correspondiente al decreto de pruebas, la parte actora y la
entidad demandada no solicitaron la práctica de pruebas distintas a las aportadas
con la demanda y su contestación, pese a que, dentro de ellas, no se encontraba
la constancia de notificación de la Resolución UGM 018023 del 22 de noviembre
de 2011.
57. Así mismo, se verifica que en el término otorgado por el artículo 212 del
C.P.A.C.A.36, el apoderado de la demandante tampoco solicitó la incorporación
del mencionado medio de prueba, pese a conocer la decisión que sobre la
prescripción contenía la sentencia de primera instancia, y solo con posterioridad
a la ejecutoria del auto que admitió el recurso de apelación en segunda instancia
aportó al proceso dicho documento, esto es, por fuera de las oportunidades
legales establecidas para tal efecto, pese a la existencia de la documental
referida antes de iniciar el proceso.
58. Finalmente señala la parte actora que en los alegatos de conclusión
presentados en segunda instancia solicitó decretar como prueba de ofició la
constancia de notificación de la Resolución UGM 018023 de 2011, no obstante,
se recuerda que esa no es la etapa correspondiente para solicitar el decreto de
pruebas, y que contaba con la facultad de hacerlo incluso desde la presentación
de la demanda y no lo hizo.
59. En ese orden de ideas, no prosperan los cargos formulados, por lo que la
Sala declarará infundado el aludido medio de impugnación.
35 Expediente físico folio 1 bis cd – archivo Expediente Judicial 2.pdf folios 21 a 27
36 Artículo 212 Oportunidades probatorias.
(…)
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretaran únicamente en los siguientes casos:
(…)
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3.8 Condena en costas
60. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original,37 establece
que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil». A su turno, el artículo 365 del
Código General del Proceso prevé que:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:
1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]. ».
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.
61. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó,
es procedente la imposición de esta condena, por cuanto la UGPP intervino en
este trámite a través de abogado, quien se aprestó a defender sus intereses. Por
lo que sigue, se condenará en costas y agencias en derecho al recurrente. En
cuanto a esta última se refiere, corresponderá a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente.
62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión
formulado por la señora Bethsy Mosquera Quinto en contra de la sentencia de
segunda instancia proferida el 22 de noviembre de 2018, por el Tribunal
Administrativo del Chocó dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001333300320150004801, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. Condenar en costas y agencias en derecho al recurrente. En cuanto
a estas últimas, ascenderán a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. La
37 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la
vigencia de la Ley 2080 de 2021.
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Demandante: Bethsy Mosquera Quinto
secretaría de esta Sección realizará la respectiva liquidación.
TERCERO. – Efectuar las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión
judicial SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.
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