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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01045-00

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01045-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 27 de noviembre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Reconocer personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio, identificado con cédula de ciudadanía 7.711.118 y tarjeta profesional 141.941 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado sustituto de la Ugpp, en los términos y para los efectos de la sustitución del poder que se encuentra en el índice 57 de la plataforma digital Samai. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. 20 Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019) Demandante: Ugpp Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2019-01045-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Rafael Apolinar Herrera León

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 27 de noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por
medio de la cual se confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado
Tercero Administrativo Oral de Montería, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Rafael Apolinar Herrera León.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 la Ugpp
solicitó la revisión de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del medio de control de nulidad y

1 En lo que sigue Ugpp.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

restablecimiento del derecho con radicado 23001-33-33-003-2013-00476-00 (01),
que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Montería
el 30 de mayo de 2014, por medio del cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Rafael Apolinar Herrera León contra la
Ugpp y se ordenó incluir todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio para la reliquidación de su pensión.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la declaratoria
de que Rafael Apolinar Herrera León no era acreedor de un derecho adquirido
amparable en la legislación colombiana; iii) la orden de reliquidación y pago de la
pensión reconocida conforme con las reglas de las sentencias C-168 de 1995, C-
258 de 2013, SU-230 de 2015, entre otras proferidas por la Corte Constitucional, de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Rafael Apolinar Herrera León nació el 14 de junio de 1950 y prestó sus servicios
en la Caja Agraria desde el 21 de enero de 1974 hasta el 21 de julio de 1983 y en
el ICA desde el 10 de junio de 1988 hasta el 30 de junio de 2007.

3.2. Mediante la Resolución «30473 del 30 de junio de 2006» (sic) Cajanal le reconoció
una pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de septiembre de 2005 en una cuantía
de «$4521.444.63» (sic) condicionada al retiro del servicio.

3.3. Con la Resolución RDP 12158 del 18 de octubre de 2012 Cajanal negó la
reliquidación de la pensión reconocida. Decisión confirmada por la Resolución RDP
19644 del 14 de diciembre de 2012.

3.4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo2, Rafael Apolinar Herrera León presentó demanda contra la Ugpp con
el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que le negaron la
reliquidación de su pensión. Este asunto correspondió al Juzgado Tercero
Administrativo Oral de Montería, el que por medio de la sentencia del 30 de junio de
20143 accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual resolvió:

2 En lo sucesivo CPACA.
3 Índice 8 de Samai, archivo denominado 9_110010325000202000269001EXPEDIENTEDIG

I2020112413334 páginas 128 a 139.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

«PRIMERO: Declarar probada parcialmente la excepción de Prescripción, invocada por
el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales -UGPP- por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de Legalidad de los Actos Administrativos
Demandados, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declarar la nulidad de la Resolución RDP 012158 de 189 de octubre de 2012
expedida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP
por medio de la cual negó la reliquidación de pensión del señor RAFAEL APOLINAR
HERRERA LEÓN, sobre la base del 75% de lo devengado en su último año de servicios,
con la inclusión de todos los factores salariales.

CUARTO: Declarar la nulidad de la Resolución No. RDP 019644 del 14 de diciembre de
2012 que resuelve apelación y decidió confirmar en todas sus partes la Resolución
anterior RDP 0012158 de 18 de octubre de 2012 que negó reliquidación de pensión de
jubilación del actor señor RAFAEL APOLINAR HERRERA LEÓN, sobre la base del 75%
de lo devengado en su último año de servicios, con la inclusión de todos los factores
salariales.

En consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho:

QUINTO: ORDENÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales -UGPP- reliquide la pensión de jubilación del señor
RAFAEL APOLINAR HERRERA LEÓN sobre la base del 75% del promedio del salario
devengado por él durante el último año de servicios que va desde el 30 de junio de 2006,
al 30 de junio del año 2007, teniendo en cuenta los factores salariales devengados y
acreditados en el proceso, tales como: Sueldo Básico, Incentivo de Localización,
Auxilio de Alimentación, Auxilio de Transporte, Doceavas partes de la Bonificación
por Servicios Prestados, Prima de Vacaciones, Prima Semestral, Prima de Navidad
y Quinquenio, en proporción que resultará de la división del valor certificado de dicho
factor entre los cinco años que sirvieron para su causación y luego la doceava parte de
la misma.

Sobre los factores salariales cuya inclusión aquí se ordena, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -
UGPP- efectuará los descuentos en la proporción establecida en la Ley, siempre
que no haya sido objeto de cotización alguna.

SEXTO: Condenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales -UGPP- a pagar al señor RAFAEL APOLINAR HERRERA
LEÓN las diferencias resultantes de las mesadas pensionales causadas desde el 12 de
junio de 2009, hasta la fecha de ejecutoria de la presente sentencia por concepto de la
liquidación aquí ordenada. (…)» (sic)

3.5. Inconforme con lo decidido, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante
sentencia del 27 de noviembre de 2014, que confirmó la providencia recurrida, así:

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

«PRIMERO. Confírmese por las razones anotadas en esta providencia, la sentencia
proferida en audiencia el día 30 de mayo de 2014, por el Juzgado Tercero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Montería, conforme a lo expresado en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin costas en la segunda instancia. (…)»

3.6. Mediante la Resolución RDP 046985 del 14 de diciembre de 2016 la Ugpp
reliquidó la pensión de vejez en cuantía de $848,396 efectiva a partir del 1 de julio
de 2007, con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 2009.

3.7. A través de la Resolución RDP 003361 del 31 de enero de 2017, se modificó el
artículo segundo de la Resolución RDP 046985 del 14 de diciembre de 2016.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del 27 de noviembre
de 2014 confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Administrativo Oral
de Montería que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 4:

5.1. A Rafael Apolinar Herrera León se le debió aplicar en forma integral las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993 que regían su situación pensional por cuanto, de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no era admisible liquidar
el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de
transición de acuerdo con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 pues esto
desnaturaliza el régimen de transición y afecta el monto de la pensión vulnerándose
el principio de la inescindibilidad de la ley.

5.2. En relación con el argumento de la Ugpp en relación a que no son aplicables las
normas contenidas en el Decreto 1045 de 1978 y, que debió aplicarse en su
integridad lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y 62 de 1985 sin que puedan incluirse
factores salariales que no se encuentran enlistados en estas normas, el Consejo de
Estado, en la providencia de unificación del 4 de agosto de 2010 recalcó que si bien
ese decreto no es aplicable a los asuntos que se gobiernan por la Ley 33 de 1985,
tal precepto es una norma orientadora, por lo cual los factores salariales
devengados por el actor durante su último año de servicios debieron ser incluidos
al momento del reconocimiento de la prestación, siendo procedente su reliquidación.

5.3. Acerca del argumento según el cual no deben incluirse los factores salariales

4 Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001
EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 141 a 165.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

sobre los cuales no se realizó ningún tipo de aportes al sistema, el Consejo de
Estado reafirmó la tesis según la cual el no haberse realizado los respectivos
aportes no es impedimento para incluir los factores salariales que se hayan
devengado durante el último año de servicio, de tal suerte, lo procedente es el
descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena
y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20035, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso porque la
reliquidación de la pensión «de jubilación de la causante» (sic) en los términos
ordenados no le corresponde, pues lo procedente era que se tuvieran en cuenta las
disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 en cuanto
se refieren al IBL, asimismo, los factores salariales no correspondieron a los
establecidos en el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, por tanto las decisiones
judiciales como las acusadas que otorgan un aumento en la mesada pensional sin
asistir el derecho, atentan contra los principios, derecho y deberes de los
ciudadanos.

6.2. La cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación aplicando en el
ingreso base de liquidación el 75% de lo devengado en el último año de servicio con
la inclusión de todos los factores salariales, por ende, fue en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU 427 de 2016 entre otras.

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. Rafael Apolinar Herrera León no contestó la demanda7:

6 Índice 9 de Samai, expediente digital, archivo denominado D110010325000202000075001
EXPEDIENTEDIGITALCdo1Demanda202098102542, páginas 4 a 23.
7 La demandada recibió la notificación personal del auto admisorio de la acción de revisión el 27 de

marzo de 2024 como se indicó en el auto de 24 de mayo de 2024 y en el índice 48 de Samai.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo8, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia de la
Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
derecho, la Ugpp tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un
término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 5
de diciembre de 201410 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 5 de
diciembre de 201911 fue oportuna.

2.3 Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba se expidió con vulneración del debido proceso

8 En lo que sigue CPACA.
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001
EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 302.
11 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001

EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 23.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

y en consecuencia está inmersa en la causal de revisión establecida en el literal a)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003? y; ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido
excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de
una pensión de jubilación en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y por lo tanto se configuran los supuestos del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003?

2.4 Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes14:

12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor
general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra
de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como
el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre
el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»15.

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

20. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.

21. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

22. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

23. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.

24. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6a de 194517 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley
33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»18;
este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»19.

25. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 20, esta corporación21
señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194522 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial (…).

(…)

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley
33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
19 Artículo 27.
20 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
21 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
22 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

10

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).

26. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló, entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200923 y del 16 de diciembre de 200924, en las que se indicó lo
siguiente:

«(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).

Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)

Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación (…).

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).

27. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia

23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

11

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»25.

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

28. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201826 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

29. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma».

30. En efecto, a juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
26 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

31. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

33. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base

13

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

34. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

35. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio27 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la
decisión.

2.5 Caso concreto

36. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

37. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la vulneración a
este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.

38. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los

27 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) (e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial
o administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

39. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación del demandante, sin hacer manifestación alguna
en relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho
fundamental al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar
en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

40. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal Administrativo
de Córdoba profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que acogía el Consejo
de Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en aplicación del
régimen de transición de las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, era el expuesto en la
sentencia del 4 de agosto de 201028, antes referida, según la cual, la expresión
«monto», contenida en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe
el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus
servicios, independientemente de la denominación que se les dé».

41. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

42. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2014 por el Tribunal

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

Administrativo de Córdoba, no fue caprichosa y por el contrario respetó los
derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado
como máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

43. Lo anterior es así, toda vez que fundamentó su decisión en la referida sentencia
del 4 de agosto de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es
preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno
de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial,
cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera
que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la época.

44. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición de
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que para
la época en que se expidió la sentencia recurrida (27 de noviembre de 2014), la
posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo
en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que
la aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la
inescindibilidad de la norma.

45. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Córdoba, confirmó la providencia que
ordenó que la pensión de jubilación reconocida a Rafael Apolinar Herrera León se
reliquidara con la inclusión de todos los factores salariales legalmente devengados
por ella. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios
de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.

(…)

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentado» (negrillas del original).

46. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificación
del
1 de octubre de 2012 expedida por la coordinadora del Grupo de Gestión del Talento
Humano del ICA según la cual consta que Rafael Apolinar Herrera León devengó
entre el 30 de junio de 2006 y el 30 de junio de 2007 los siguientes factores:
asignación básica, bonificación por servicios, incentivo de localización, prima de
alimentación, auxilio de transporte, prima de vacaciones, prima semestral, prima de
navidad y quinquenio29.

47. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo contencioso-administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

48. Por otro lado, aunque el quinquenio fue incluido para reliquidar la pensión
concedida al demandado, al analizar el contenido del escrito de la acción de
revisión, ello no fue motivo de inconformidad y tampoco fue alegado por la UGPP.
Por lo tanto, en consideración a que el juez debe pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por el recurrente, la Sala no hará manifestación sobre ese factor.

49. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

49.1. RafaelApolinar Herrera León nació el 14 de junio de 195030, prestó sus
servicios en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación desde el
21 de enero de 1974 hasta el 21 de julio de 198331, y en el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA entre el 10 de junio de 1988 hasta el 30 de junio de 2007, el último

29 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001
EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 196.
30 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001

EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 página 203.
31 Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado
D110010325000201901045001EXPEDIENTEDIGITALAdmiterevision20209815216 página 7.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

cargo desempeñado fue el de operario calificado.

49.2. Mediante la Resolución 36571 del 15 de mayo de 2006 Cajanal le reconoció
una pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía de $521,444 efectiva a partir
del 1 de septiembre de 200532.

49.3. Con la Resolución RDP 12158 del 18 de octubre de 2012 Cajanal negó la
reliquidación de la pensión reconocida33. Decisión confirmada por la Resolución
RDP 19644 del 14 de diciembre de 201234.

49.4. A través de la Resolución RDP 046985 del 14 de diciembre de 2016 la Ugpp en
cumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Córdoba reliquidó
la pensión de vejez en cuantía de $848,396 efectiva a partir del 1 de julio de 2007,
con efectos fiscales a partir del 12 de junio de 200935.

49.5. A través de la Resolución RDP 003361 del 31 de enero de 2017, se modificó el
artículo segundo de la Resolución RDP 046985 del 14 de diciembre de 2016 así36:

«ARTICULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al
interesado (a) las diferencias que resulten de aplicar el artículo anterior y la(s) resolución
(es) mencionadas en la parte motiva de la presente decisión hasta la fecha de
ejecutoria de la orden judicial, es decir hasta el 05 de diciembre de 2014, teniendo
especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa con los
ajustes correspondientes previas las deducciones ordenadas por la ley (…)»

50. Examinado lo anterior, se tiene que la reliquidación de la prestación efectuada
resultó con una diferencia de $ 326.952 a la reconocida inicialmente.

51. Adicionalmente, se encuentra acreditado que laboró al servicio de la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero en Liquidación y del ICA por más de 20 años.

52. Asimismo, se observa que el acto administrativo que dio cumplimiento a la
sentencia ordenó descontar, de las mesadas atrasadas a que tenía derecho el
entonces demandado, la suma de $2.707.285 por concepto de «aportes para pensión
de factores de salario no efectuados».

32 Índice 8 de Samai, expediente digital archivo denominado 7_110010325000202000269001
EXPEDIENTEDIGI202011241322 - 23-Acto administrativo con Notificación-Causante.PDF.
33
Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001
EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 páginas 229 a 232.
34
Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001
EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 páginas 245 a 249.
35
Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001
EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 páginas 234 a 244.
36
Índice 8 de Samai, expediente digital - archivo denominado D110010325000201901045001
EXPEDIENTEDIGITALcuadernoprincipal202098151950 páginas 255 a 257.

18

Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

53. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, sobre la pensión de jubilación reconocida a
Rafael Apolinar Herrera León, no evidenció un incremento desproporcionado o que
no guardara relación con su trayectoria laboral. Por lo que la Sala concluye que la
situación en estudio no es de aquellas que puedan ser consideradas como un abuso
del derecho o fraude a la ley.

54. En consecuencia, la liquidación de su pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) fue beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993; ii) completó más de 20 años de servicio; y iii) durante el último
año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación
de la pensión.

55. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

56. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 27 de noviembre de
2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba no incurrió en las causales
de revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se
declarará infundada la acción de revisión interpuesta por la Ugpp.

2.6 Costas

57. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que el
recurso se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

2.7 Reconocimiento de personería

Mediante escritura pública 1957 del 16 de septiembre de 2024 la Uggp otorgó poder
general a la firma Casación Laboral Estudio S.A.S representada legalmente por
Jorge Iván Palacio Palacio para que «ejerza la representación judicial y extrajudicial

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

tendiente a la adecuada y correcta defensa de los intereses de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP ante la Rama Judicial y el Ministerio Público».

Mediante memorial que obra en el índice 57 de la plataforma Samai el abogado
Jorge Iván Palacio Palacio identificado con cédula de ciudadanía 8.299.453 de
Medellín y tarjeta profesional 12.100 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura sustituyó el poder otorgado al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio,
identificado con cédula de ciudadanía 7.711.118 y tarjeta profesional 141.941
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, razón por la cual se le reconocerá
para actuar como apoderado sustituto de la Ugpp en los términos del poder
otorgado.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, la de los literales a) y b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (Ugpp) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba el 27 de noviembre de 2014, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Reconocer personería al abogado Manuel Alfonso Ospina Osorio,
identificado con cédula de ciudadanía 7.711.118 y tarjeta profesional 141.941
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado
sustituto de la Ugpp, en los términos y para los efectos de la sustitución del poder
que se encuentra en el índice 57 de la plataforma digital Samai.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-25-000-2019-01045-00 (6774-2019)
Demandante: Ugpp

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

ACCR

21

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