Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2019-01047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2019-01047-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
25 de agosto de 2022
Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., . veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: ONEIDA LARA PALACIOS
Temas: Acción de revisión. Artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a) y
b). Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de
transición. Ley 33 de 1985.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-049-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 16 de abril de 2013 proferida por
el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó, modificada el 13 de
noviembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Oneida Lara Palacios
contra la extinta CAJANAL EICE, radicado 27001333170120120008.
ANTECEDENTES DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
La señora Oneida Lara Palacios, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la
acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad de la Resolución
13969 del 2 de abril de 2009, mediante la cual CAJANAL reconoció la pensión de
jubilación en su favor en una cuantía de $619.123, efectiva a partir del 15 de agosto
de 2006.
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Folios 5 a 20 del documento denominado «2012-8 P1» contenido en el índice 13 de sistema informativo
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Demandante: UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió se
condene a la demandada a: i) reliquidar y pagar la pensión de jubilación en favor de la
señora Oneida Lara Palacios, a partir del 15 de agosto de 2006, en un monto
equivalente al 75% del promedio de lo percibido en el último año de servicios, con
inclusión de todos los factores salariales recibidos durante ese período; ii) ajustar las
sumas reconocidas conforme al IPC; iii) indexar la primera mesada pensional; iv)
pagar las diferencias causadas entre la fecha en que se reconoció la prestación y el
momento en que se ordene liquidar aquella con inclusión de todos los emolumentos
devengados durante el último año de servicio; v) cancelar los intereses moratorios de
que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas prescritas en el artículo 55
de la Ley 446 de 1998 y vi) cumplir la sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del CCA.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes:
1. La señora Oneida Lara Palacios nació el 14 de mayo de 1950 y prestó sus
servicios al Estado, así:
Entidad Tiempo
Hospital Departamental San Francisco
Del 15/09/1980 hasta 30/10/1999
de Asís
ESE Hospital Local «Ismael Roldán
Del 1/11/1999 hasta 4/1/2010
Valencia» de Quibdó.
2. Por medio de la Resolución 33820 del 14 de julio de 2006, CAJANAL negó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez en favor de la señora Oneida Lara
Palacios, bajo el argumento de que la documentación en la que consta el tiempo de
servicio, comprendido entre el 1 de noviembre de 1999 y 30 de junio de 2005, no indica
a qué entidad se realizaron los aportes por concepto de pensión.
3. Mediante Resolución 13969 del 2 de abril de 2009, CAJANAL revocó el acto
administrativo descrito en precedencia y, en su lugar, reconoció la pensión de vejez en
favor de la señora Oneida Lara Palacios, en cuantía de $619.123, efectiva a partir del
15 de agosto de 2006. La liquidación la efectuó con el promedio de lo recibido entre el
1.º de julio de 1996 y el 30 de junio de 2006, con inclusión de la asignación básica y la
bonificación por servicios. Condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.
Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
2, 5, 13, 29, 48 y 53-3 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 33 de 1985; 1, inciso
3.º de la Ley 62 de 1985 y 11,14, 21 y 36-2 de la Ley 100 de 1993.
Como concepto de violación, indicó que la resolución demanda adolece de nulidad por
infracción de las normas en que debió fundarse. Argumentó que CAJANAL debió
calcular su prestación de acuerdo con lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985.
Seguidamente, recordó que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 prevé que para las personas que al momento de entrar en vigor el
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Demandante: UGPP
sistema general de seguridad social tengan 35 años de edad si son mujeres o 40 o
más si son hombres, o 15 años de servicio, será aplicable la edad, el tiempo de
servicios y el monto de la pensión determinado en la normativa anterior, esto es, la Ley
33 de 1985. Normativa que, en su concepto, debe aplicarse en el sub examine de
forma integral, en virtud del principio de inescindibilidad, tal y como lo sostuvo el
Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010 2.
De igual manera, destacó que, según la sentencia referida en el párrafo anterior, la
pensión deberá incluir todos los emolumentos devengados de forma habitual y
periódica por el trabajador como retribución directa de sus servicios, dado que la norma
que rige el derecho pensional no tiene una lista taxativa de factores.
Por último, indicó que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema
de Justicia han emitido múltiples sentencias sobre la indexación del IBL para liquidar
la primera mesada pensional.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3
CAJANAL se opuso a las pretensiones de la demanda. Al respecto, precisó que el
hecho de que la demandante se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de
1993 implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985,
en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la
prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló que se rige por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 y, los factores salariales
que se deben atender son aquellos sobre los cuales el empleado efectivamente cotizó.
Por otro lado, en cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, indicó que
es una figura jurídica de competencia exclusiva de los jueces de la república, con la
cual se pretende hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las
obligaciones dinerarias. Para el efecto citó la providencia del 8 de agosto de 1996
proferida por el Consejo de Estado.
De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:
i) Cobro de lo no debido: Indicó que la pensión se liquidó con fundamento
en los emolumentos que para tal efecto prevé la ley, por lo que la entidad no
adeuda suma alguna a la pensionada.
ii) Inexistencia de la obligación: Señaló que la prestación discutida se
reconoció con observancia de las normas que le eran aplicables a la
trabajadora.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 4 de agosto de 2010, radicado: 2006-07509
(0112-09).
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Folios 54 a 66 del documento denominado «2012-8 P1» contenido en el índice 13 de sistema
informativo SAMAI.
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Demandante: UGPP
iii) Prescripción: Solicitó que se declare la prescripción trienal en los términos
previstos en los artículos 488 del CST, 151 del CPT y 102 del Decreto 1848
de 1969.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 4
El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó profirió sentencia el
16 de abril de 2013, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda
instaurada por la señora Oneida Lara Palacios contra CAJANAL, con fundamento en
los argumentos que siguen:
Expuso brevemente las normas que rigen el derecho pensional de los empleados
públicos. Seguidamente, consideró que, del material probatorio allegado al plenario,
es razonable inferir que la demandante está cobijada por el régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, que le resulta aplicable la Ley 33 de 1985.
En este sentido, destacó que el Consejo de Estado en sentencia del 12 de abril de
2007 manifestó que los factores salariales contenidos en la Ley 33 de 1985 deben ser
comprendidos de forma enunciativa y no taxativa, por lo cual para el cálculo del IBL
deben tenerse en cuenta todos aquellos que fueron devengados por el trabajador
durante el último año de servicios, salvo que estén excluidos expresamente por
disposición legal.
Así las cosas, estimó que la pensión de la demandante se debe reliquidar en un monto
equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el último
año de servicio, a partir del 15 de agosto de 2006. Asimismo, ordenó indexar la primera
mesada pensional, con el fin de evitar la devaluación monetaria de la pensión de
jubilación.
RECURSO DE APELACIÓN 5
Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de CAJANAL presentó recurso de
apelación con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se negaran las pretensiones de la demanda.
Explicó que el acto objeto de nulidad fue proferido conforme lo dispone la ley, pues si
bien la demandante es beneficiaria del régimen de transición que prevé la Ley 100 de
1993 y, por ende, le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985
en lo que tiene que ver con la edad, el tiempo de servicio y el monto, lo cierto es que,
el IBL será el promedio de los emolumentos sobre los cuales cotizó el afiliado durante
los últimos diez años, como lo establece la Ley 100 de 1993, y los factores para
calcular la mesada son los previstos en el Decreto 1158 de 1994.
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Folios 41 a 59 del documento denominado «2012-8 P2» obrante en el índice 13 del sistema informático
SAMAI.
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Folios 63 a 69 del documento denominado «2012-8 P2» obrante en el índice 13 del sistema informático
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Demandante: UGPP
Finalmente, reiteró la solicitud dirigida a que se declare la prescripción de los derechos
laborales no reclamados en tiempo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 6
El Tribunal Administrativo del Chocó, a través de sentencia del 13 de noviembre de
2014, modificó la providencia emitida en primera instancia, en el sentido de excluir del
cálculo del IBL la bonificación por recreación. Confirmó en lo demás. Dicha decisión la
adoptó con apoyo en las siguientes consideraciones:
Explicó que con la expedición de la Ley 100 de 1993 se pretendió homogenizar el
sistema pensional en Colombia, propendiendo por el desaparecimiento de los
regímenes especiales sin desconocer los derechos adquiridos de los beneficiarios de
estos. Es así, que la referida normativa previó un régimen de transición, dentro del cual
se determina que la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la prestación de las personas que al momento
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tengan 35 o más años de edad para las
mujeres, o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios
cotizados, será la prevista en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado el
trabajador.
De igual manera, señaló que el Consejo de Estado en concepto 1393 del 18 de julio
de 2002 y en sentencia del 4 de agosto de 2010, en desarrollo de los principios de
igualdad, favorabilidad, progresividad y primacía de la realidad sobre las formalidades,
sostuvo que la pensión de los beneficiarios del régimen de transición debía liquidarse
con inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el
último año de servicios, en razón a que las Leyes 33 y 62 de 1985 no traen un listado
taxativo de aquellos, circunstancia que no impide la inclusión de otros que el empleado
hubiere recibido de forma habitual, periódica y como contraprestación de su labor.
De conformidad con lo anterior, y analizadas las probanzas obrantes en el dossier
concluyó que la pensionada tiene derecho a que se reliquide su pensión con el
promedio de todos los factores recibidos durante el último año de servicio, a saber, la
asignación básica, la bonificación por servicios, la prima de alimentos, el auxilio de
transporte, la prima de servicio, la prima de navidad y la prima de vacaciones. Con
exclusión de la bonificación por recreación, habida cuenta de que este emolumento no
constituye factor salarial en los términos descritos en los Decretos 2710 de 2002 y 660
de 2002, ni tampoco remunera directamente la prestación del servicio.
Por último, consideró que en el sub examine no operó la prescripción trienal,
comoquiera que la resolución acusada fue expedida el 2 de abril de 2009 y la demanda
se presentó el 20 de enero de 2012.
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Folios 228 a 237 del cuaderno 2.
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Demandante: UGPP
LA ACCIÓN DE REVISIÓN7
La UGPP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales a.) y
b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó, el 16 de abril de 2013, modificada por el Tribunal
Administrativo del Chocó, el 13 de noviembre de 2014, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Oneida Lara Palacios, bajo el
radicado 27001333170120120008.
2. Declarar que la señora Oneida Lara Palacios, en cuanto a la liquidación de su
mesada pensional, no es acreedora de un derecho adquirido.
3. Ordenar que la pensión de la señora Oneida Lara Palacios se liquide conforme
a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039
de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidas por la Sala Plena de la
Corte Constitucional. De acuerdo con aquellas providencias, se debe(n) adoptar como
ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las
consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Los factores
base de cotización son los taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y
demás disposiciones que expresamente consagren la condición de factor salarial con
incidencia pensional, con una tasa de reemplazo del 75% previsto en la Ley 33 de
1985, por haber adquirido su estatus pensional conforme a las condiciones del régimen
de transición creado por el Sistema General de Pensiones.
A continuación, explicó la configuración de las causales de revisión, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso.
Expuso que la decisión objeto de revisión viola el derecho al debido proceso, por
cuanto desconoció lo consagrado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993
respecto al IBL, así como los factores enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994, que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar la liquidación de la
pensión. En su concepto, la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la
normativa y jurisprudencia aplicables. Con ello se genera un aumento en la mesada,
que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema
general de seguridad social en pensiones que la nación debe administrar.
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Folios 1 A 10 del cuad. ppal. parte 1.
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Demandante: UGPP
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Advirtió que el derecho reconocido en la decisión emitida por el Tribunal Administrativo
del Chocó excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una
reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En este sentido, explicó que la señora Oneida Lara Palacios al estar cobijada
por el régimen de transición, dado que tenía más de 35 años de edad al momento de
la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tiene derecho al
reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicios y
monto, previstas por la Ley 33 de 1985. No obstante, el IBL se encuentra regulado en
el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Así mismo, aseguró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, pues aumenta en un 21,2% la mesada pensional de la demandada, sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada
actual es de $1.070.024 cuando debía equivaler a $842.944, con lo cual se genera una
diferencia de $227.079. En su criterio, tal situación permite observar que se configura
un abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento del
precedente de la Corte Constitucional.
En ese mismo sentido, indicó que teniendo en consideración la edad de la pensionada
y las 287 mesadas que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al
erario en tanto que la proyección de los pagos futuros debidamente indexados dan un
total de $87.816.378.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN8
La señora Oneida Lara Palacios contestó la acción de revisión y, solicitó declararla
infundada. Señaló que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó,
el 13 de noviembre de 2014, atendió el precedente jurisprudencial vigente del Consejo
de Estado, contenido en la sentencia del 4 de agosto de 2010.
Seguidamente, explicó que la referida providencia debía ser acatada por las
autoridades administrativas y judiciales, pues fue proferida en virtud de la función de
unificación atribuida al Consejo de Estado, en virtud del artículo 103 de la Constitución
Política. Bajo esa misma línea argumentativa, citó algunas sentencias de la Corte
Constitucional 9, con base en las cuales destacó la importancia de la unificación
jurisprudencial y el carácter vinculante del precedente fijado por el órgano de cierre de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Luego, insistió en que la pensionada es beneficiaria del régimen de transición que
prevé la Ley 100 de 1993, y, por ende, su derecho pensional se rige por las
disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y demás normas complementarias;
8
La demandada se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda el 30 de julio de 2021
(folio 370 c. ppal). contestación visible a índice 14 de SAMAI.
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T-330 de 2005, C-634 de 2011 y C-816 de 2011.
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Demandante: UGPP
dentro de las cuales los factores salariales no se encuentran enlistados taxativamente,
tal y como lo sostuvo no solo el Consejo de Estado, sino también la Corte
Constitucional en sentencias T-631 de 2002, T-386 de 2005, T-158 de 2006 y T-251
de 2007.
Finalmente, advirtió que, si bien el 28 de agosto de 2018, el Consejo de Estado rectificó
su posición sobre la forma de liquidación del IBL, para los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, dicha circunstancia no puede afectar
la decisión que el Tribunal Administrativo adoptó en la sentencia del 13 de noviembre
de 2014, ya que esta atendió la interpretación que sobre el particular efectuó el alto
tribunal en la providencia del 4 de agosto de 2010, jurisprudencia vigente al momento
de resolver el caso.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .10.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 11.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:
«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación ».
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.
Ahora, es necesario precisar que la UGPP formuló la demanda de revisión en contra
de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión de Quibdó el 16 de abril de 2013. Sin embargo, en esta oportunidad
10
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
11
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
corresponde aplicar la regla de competencia sobre el recurso extraordinario contra la
sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó, del 13 de noviembre de 2014, por ser
la de mayor jerarquía, en la que se analizó el punto que es objeto de debate en la
acción de revisión. Es decir, se asumirá el conocimiento por la Subsección A, de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 249 del CPACA.
Legitimación
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión 12, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección13.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
12
Ibidem.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la
acción de revisión.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 13 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó quedó ejecutoriada el 9 de diciembre de 2014 14. Así las
cosas, como en este caso la demanda fue radicada el 5 de diciembre de 201915, se
concluye que aquella se encuentra dentro del término de los 5 años previsto por el
artículo 251 del CPACA.
Acción de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 16 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»17.
Es de resaltar que si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
14
Tal como consta en el oficio obrante e a folio 234 del cuad. ppal. parte 2.
15
Folio 10 vuelto del cuad. ppal. parte 1.
16
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
17
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación 18.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones 19.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira 20.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 21.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión de la señora Oneida
Lara Palacios, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo
el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 modificada por el artículo 1.º de la
Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% de todos los factores
salariales devengados por la trabajadora durante último año de servicios, y no el
previsto por los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, con los factores
descritos por el Decreto 1158 de 1994?
18
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
19
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Demandante: UGPP
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para la acción de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia22. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 23:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
22
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
23
Sentencia C-341 de 2014
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judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales24, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 25 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables. ». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»26.
Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo
20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible
en términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese
orden, las causales de procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de
conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Oneida Lara Palacios debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base de
liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y con el inciso 3 del artículo 36 o el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por
el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido
en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito se analizarán el i) El ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de las causales de revisión en el caso concreto.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985
24
Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
25
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
26
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».
Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».
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De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
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las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia27, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 28 y 929 de 1976 29.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 30 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios. […]».
27
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
28
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
29
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Demandante: UGPP
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídic amente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Verificación de las causales de revisión invocadas
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio,
ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la ley. Esta
cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en el
literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del artículo 20
Ley 797 de 2003
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
Para comenzar, cabe precisar que no se discute que la señora Oneida Lara Palacios
es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. En efecto, nació el 14 de mayo de 1950 31 y laboró para la ESE Hospital
Departamental San Francisco de Asís y la ESE Hospital Local «ISMAEL ROLDAN
VALENCIA» de Quibdó, en su orden, entre el 15 de septiembre de 1980 y el 30 de
octubre de 1999 32 y desde el 1.º de noviembre de 1999 hasta el 4 de noviembre de
201033, es decir que, para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la
mencionada Ley 100 de 1993 para el orden nacional, contaba con más de 13 años de
servicio y 44 años de edad. Lo anterior implica que adquirió el estatus de pensionada
el 14 de mayo de 2005 cuando cumplió 55 años de edad.
Ahora, el jefe de Talento Humano de la ESE Hospital Local «ISMAEL ROLDAN
VALENCIA» de Quibdó34 certificó que la señora Oneida Lara Palacios devengó los
siguientes emolumentos durante el último año de servicio, de noviembre de 2009 a
noviembre de 2010:
• Asignación básica
• Subsidio de alimentos
• Auxilio de transporte
• Prima de vacaciones
• Bonificación especial por recreación
• Bonificación por servicios prestados
• Prima de servicios
• Prima de navidad
Por medio de la Resolución 33820 del 14 de julio de 2006, CAJANAL negó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez en favor de la señora Oneida Lara
Palacios, bajo el argumento de que la documentación en la que consta el tiempo de
servicio, comprendido entre el 1 de noviembre de 1999 y 30 de junio de 2005, no indica
a qué entidad se realizaron los aportes por concepto de pensión.
Mediante Resolución 13969 del 2 de abril de 2009, CAJANAL revocó el acto
administrativo descrito en precedencia y, en su lugar, reconoció la pensión de vejez en
favor de la señora Oneida Lara Palacios, en cuantía de $619.123, efectiva a partir del
15 de agosto de 2006. La liquidación la efectuó con el promedio de lo recibido entre el
1.º de julio de 1996 y 30 de junio de 2006, con inclusión de la asignación básica y la
bonificación por servicios. Condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.
El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó, mediante sentencia,
dictada el 16 de abril de 2013, accedió a las pretensiones de la demanda instaurada
por la señora Oneida Lara Palacios, en los siguientes términos:
31
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 69 del cuad. ppal. parte 1.
32
Tal como consta en los folios 100, 104, 106 al 114 del documento denominado «2012-8 P1» contenido
en el índice 13 del sistema informático SAMAI.
33
Conforme al certificado obrante en el folio 30 del documento denominado «2012-8 P1», obrante en el
índice 13 del sistema informático SAMAI.
34
Folios 30 a 36 del documento denominado «2012-8 P1» 72 obrante en el índice 13 del sistema
informático SAMAI.
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
«[…] PRIMERO: DECLARESE la nulidad parcial de la Resolución Nro. 13969, por
medio de la cual se ordeno (sic) reconocer y pagar la pensión de jubilación de la
señora ONEIDA LARA PALACIOS […]
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDENASE a la
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL - CAJANAL, liquidar en debida forma,
reconocer reliquidar y pagar a la señora ONEIDA LARA PALACIOS […] el valor de
la pensión y la reliquidación de la misma a partir del 15 DE AGOSTO DE 2006,
indexando la primera mesada pensional, en un monto del 75% de lo devengado
en el último año de servicios, teniendo en cuenta todos los factores salariales
devengados, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este fallo. Al momento
de hacer la liquidación para cancelar los valores resultantes de lo aquí dispuesto,
se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el valor
anteriormente reconocido. Igualmente se harán los descuentos, que por aportes
se deban realizar. La suma correspondiente deberá ser reajustada y actualizada
en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la formula señalada.
TERCERO: NIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda. […] »
El Tribunal Administrativo del Chocó, profirió sentencia el 13 de noviembre de 2014
por medio de la cual modificó el fallo de primera instancia, para en su lugar, excluir de
la liquidación la bonificación por recreación y confirmó en lo demás, así:
«[…] En el presente asunto la Caja nacional de Previsión Social- EICE en
Liquidación, aplicó el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, salvo en el cálculo
del Ingreso Base de Liquidación, con la primera regla del inciso 3.º ibídem, esto
es, con el promedio de lo devengado durante el tiempo que le hiciere falta al
empleado para acceder a la pensión a partir de la vigencia de la Ley 100, cuando
éste fuere inferior a 10 años, tal como se puede observar en el acto acusado.
[…]
En las anteriores condiciones, la Sala comparte la decisión de primera instancia
en cuanto el juez declaró la nulidad parcial de acto acusado y ordenó la
liquidación de pleno derecho, pues nótese del certificado de factores salariales
obrante de folios 16-19 del expediente, la liquidación aplicable por CAJANAL al
actor (sic) no es más favorable, ya que la empleada no obtuvo mayores ingresos
salariales precisamente en los años que precedieron el último año de servicios.
Igualmente observa la Sala que la entidad demandada no tuvo en cuenta todos
los factores salariales devengados por el actor (sic) el año inmediatamente
anterior del retiro definitivo del servicio, pues en dicha liquidación solo tuvo en
cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, cuando
además de ellos percibió prima de alimentos, auxilio de transporte, prima de
servicio, prima de navidad y prima vacacional.
Por asignación mensual debe entenderse no solo la remuneración básica
mensual, sino todo lo que el funcionario o empleado percibe por concepto de
salario, es decir, todo lo que devengue como retribución por sus servicios. […]
Entonces, el ordenamiento jurídico prescribe que la bonificación por recreación no
constituye factor salarial para efectos prestacionales, por lo cual no puede
accederse en este aspecto a la petición de la demandante.
Adicionalmente, tampoco puede perderse de vista que el objeto de dicho
reconocimiento no es remunerar directamente la prestación del servicio del
empleado, sino, por el contrario, contribuir en el adecuado desarrollo de uno de
los aspectos de la vida del mismo, como lo es la recreación, razón por la cual, es
válido afirmar que esta es una prestación social y, en consecuencia, no puede ser
incluida como factor para la liquidación de la pensión, máxime si, como se anotó
anteriormente, el legislador así lo estableció expresamente. […]
En consonancia con la norma transcrita, los derechos o prestaciones que no son
reconocidos por la entidad obligada pueden ser reclamados por el sujeto afectado
desde el momento a partir del cual se hacen exigibles.
En el caso concreto, comoquiera que la resolución acusada fuera expedida el 02
de abril de 2009 y la actora acudió a esta Jurisdicción el 20 de enero de 2012, es
claro que no ha operado dicho fenómeno.
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
Así las cosas, el proveído impugnado, que accedió a las súplicas de la demanda,
será modificado en cuanto ordenó la inclusión de la bonificación por recreación
como factor base de liquidación de la pensión que devenga la actora y será
confirmado en lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia. […]
FALLA
[…] NIÉGASE la inclusión de la bonificación por recreación, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]» (Ortografía, cursiva y negrilla
del texto original).
La entidad dio cumplimiento al fallo citado mediante las Resoluciones RDP 011256 del
24 de marzo de 2015 y RDP 032323 del 10 de agosto de 2015 35. En esta última
determinó que la prestación seria efectiva una vez se demostrara el retiro definitivo del
servicio.
Análisis de la Subsección
La UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión de la aquí demandada, debió
tenerse en cuenta el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, al
considerar que el ingreso base de liquidación no resultaba objeto de transición. Como
sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, que
consideró desconocido por la sentencia objeto de revisión. Así las cosas, el análisis se
concretará a tal argumento.
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de segunda
instancia, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de
201036, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley, pues también hacía parte de la transición.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se tiene lo siguiente:
En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a las sentencias que se revisan,
se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 37 ii) derecho a la
igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
35
Folios 134 a 138 vuelto y 161 vuelto a 163 del cuad. ppal. parte 1.
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
37
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección advierte que,
en ella, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de
1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta para los beneficiarios del régimen
especial de congresistas, determinó las siguientes reglas: i) el régimen pensional
contenido en la mencionada ley no podrá extenderse a quienes con anterioridad al 1
de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo; ii) los factores de liquidación
serán aquellos efectivamente recibidos por el beneficiario y sobre los cuales se
hubiesen efectuado las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en
los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas
no podrán superar los veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, a partir
del 1 de julio de 2013. Este régimen difiere del que rige el derecho pensional de la aquí
demandada quien no es beneficiaria de dicha normativa especial.
A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
De otra parte, en lo que tiene ver con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los Autos 326
de 2014 y 229 de 2017, es importante señalar que son posteriores a la providencia
que se revisa, además de que no se les otorgó efectos retrospectivos. De esta manera,
no se les puede considerar precedente en este caso.
En consecuencia, se observa que el juez de instancia valoró los argumentos
esbozados por las partes, en consonancia con las pruebas allegadas y la normativa
aplicable, además explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior
funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
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De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso
base de liquidación, es importante señalar que el criterio acogido por el juez de
segunda instancia fue el sostenido por el Consejo de Estado según el cual, la relación
de emolumentos contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 no era taxativa sino
enunciativa, por lo que es plausible tener todos aquellos que percibe el servidor como
retribución de su labor durante el último año.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Chocó, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa
aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior funcional
y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no puede
admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante. De ahí que mantuvo la decisión del a quo de condenar a la UGPP a
reliquidar la pensión de la señora Oneida Lara Palacios en un monto equivalente al
75% de promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de
todos los factores recibidos en dicho lapso, a saber, asignación básica, subsidio de
alimentos, auxilio de transporte, prima de vacaciones, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios y prima de navidad. Con exclusión de la bonificación por
recreación.
En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Oneida Lara Palacios era
beneficiaria del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de discusión.
Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de servicio con
una tasa de reemplazo del 75%, según lo previsto en la Ley 33 de 1985, modificada
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que consagra las disposiciones de las
prestaciones sociales para el sector público. Tal normativa le era aplicable por haber
tenido la edad de 44 años al momento en que la Ley 100 de 1993 entró en vigor y
haber prestado más de 20 años de servicio público. Este criterio guarda armonía con
la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, vigente para ese momento, que
entendía que el IBL hacía parte del régimen de transición y se debían incluir todos los
factores salariales devengados.
Finalmente, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado
modificó su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen
general, en la sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, también es cierto que
en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que « No puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante
para la época.
Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
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salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 38.
Así las cosas, no se demostró la vulneración de las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993,
ni del Decreto 1158 de 1994, citadas como desconocidas por la UGPP en el escrito
contentivo de la acción de revisión, en consideración a que la interpretación que la
sentencia cuestionada impartió a tales contenidos normativos se alineó con el criterio
jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado. 0104701
En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conclusión: No se configuran las causales de que tratan los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer la pensión de la señora Oneida Lara
Palacios atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985, modificada
por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75%
del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, con inclusión de los
factores recibidos en dicho lapso, a saber: la asignación básica, el subsidio de
alimentos, el auxilio de transporte, la prima de vacaciones, la bonificación por servicios
prestados, la prima de servicios y la prima de navidad.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 13 de noviembre de 2014, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 270013331701201200008.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación 39 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.
38
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Radicado: 110010325000201901047 00 (6776-2019)
Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP, contra la
señora Oneida Lara Palacios, por las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, el 13 de noviembre de 2014 dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 270013331701201200008, de acuerdo con
la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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24
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