Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00012-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00012-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00012-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Jaime Bohórquez Lozano
Temas: Causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reliquidación de pensión de jubilación.
__________________________________________________________________
Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA,
aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede
a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión2
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la UGPP, por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del
14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, que confirmó el fallo del 29 de enero de 2016,
emitido por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda, dentro del proceso 11001 33 35 013 2013 00237 01.
Como consecuencia de lo anterior, la entidad pidió reliquidar la mesada pensional del
1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 al 8 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020)
Demandante: UGPP
señor Jaime Bohórquez Lozano conforme a las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de
2013, SU-230 de 2015 y SU 395 de 2017 todas dictadas por la Corte Constitucional,
adoptando como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3.º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en su defecto, las consagradas en el artículo 21
ibidem, con la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, por
aplicación del artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994.
Así mismo, condenar al accionado devolver las sumas recibidas en exceso,
debidamente indexadas y actualizadas.
1.1.2. Hechos
El apoderado de la entidad recurrente señaló los siguientes:
i) El 5 de diciembre de 1967, nació el señor Jaime Bohórquez Lozano.
ii) Entre el 29 de abril de 1988 y el 30 de junio de 2008, el accionado prestó sus
servicios para el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y el último
cargo que desempeñó fue el de detective profesional 207-10.
iii) El 28 de abril de 2008, el señor Bohórquez adquirió su estatus pensional.
iv) El 25 de junio de 2009, Cajanal expidió la Resolución 21252, a través de la cual
se le reconoció al demandado una pensión de vejez equivalente al 75 % del promedio
de lo devengado en los últimos 10 años de servicio —lapso comprendido entre el 1.°
de julio de 1998 y el 30 de junio de 2008—, en cuantía de $ 1.062.699,83, efectiva a
partir del 1.° de julio de 2008, conforme a lo señalado en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y la Sentencia C-168 de 1995 de la Corte Constitucional.
v) El 16 de mayo de 2013, mediante la Resolución RDP 022405, la UGPP negó
la reliquidación de la mesada pensional del señor Jaime Bohórquez Lozano. Tal acto
administrativo fue confirmado por las Resoluciones RDP 028912 del 25 de junio y RDP
034405 del 29 de julio, ambas de 2013.
vi) Inconforme con lo anterior, el hoy accionado formuló demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las decisiones administrativas enunciadas.
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Demandante: UGPP
vii) El 29 de enero de 2016, el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia,
en la que accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la
nulidad parcial de la Resolución 21252 del 5 de junio de 2009, y la nulidad total de la
Resolución RDP 022405 del 16 de mayo de 2013, así como de los actos fictos
negativos configurados el 11 de agosto de 2013.
Como consecuencia de ello, condenó a la UGPP a liquidar la pensión de jubilación del
señor Jaime Bohórquez Lozano, con la inclusión, además de los factores salariales
reconocidos por la autoridad, los no tenidos en cuenta, tales como: 1/12 de las primas
de servicios, navidad y de vacaciones, en forma proporcional, tomando como base la
suma resultante del promedio de lo devengado durante el último año de servicio, al
cual deberá aplicársele el 75 %, con los respectivos ajustes pensiones.
viii) El 14 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, confirmó en su totalidad el fallo referido en el numeral
anterior.
ix) El 16 de noviembre de 2018, la UGPP expidió Resolución RDP 044275,
mediante la cual dio cumplimiento a las decisiones judiciales, lo cual incrementó la
mesada del señor Bohórquez a la suma de $ 1.352.045, efectiva desde el 20 de junio
de 2010.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 14 de junio de 2018, confirmó en su totalidad el fallo emitido
por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá,
Sección Segunda, que accedió a las pretensiones incoadas por el señor Jaime
Bohórquez Lozano, bajo los siguientes argumentos:
i) Es evidente que el demandante cumple con todas las condiciones exigidas para
ser beneficiario del régimen de transición especial establecido en el parágrafo 5.° del
artículo 2.º de la Ley 860 de 2003, que remite al Decreto 1835 de 1994, pues se
desempeñó en el cargo de detective profesional 207-11. Adicionalmente, al 3 de
3 Folios 213 a 219 del expediente 11001 33 35 013 2013 00237 01, allegado en calidad de préstamo.
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Demandante: UGPP
agosto de 1994, ya estaba vinculado al DAS y, al 29 de diciembre de 2003, tenía más
de 500 semanas de cotización, por lo que su pensión debe ser reconocida según el
régimen especial para los funcionarios de esa entidad, en cuanto a la edad, el tiempo
y el monto.
ii) Si bien, en un principio, la Sala consideró que el IBL se debía liquidar en la manera
señalada en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que remite expresamente al
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que por virtud del fallo de tutela del 24
de mayo de 2018,4 emitido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado —que dejó
sin efectos el fallo del 10 de noviembre de 2016—5 se debían acoger las reglas
jurisprudenciales de la sentencia de unificación del 1.º de agosto de 2013.6
iii) Por último, la Sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional no es
aplicable al caso particular, puesto que allí no se hizo referencia al régimen de
transición pensional de los artículos 2.° y 4.° del Decreto 1835 de 1994.
1.2. Las causales de revisión invocadas7
El apoderado de la recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de esta, expuso los siguientes argumentos:
i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se
desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121,
123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución Política.
ii) El señor Jaime Bohórquez Lozano acreditó el cumplimiento de los requisitos para
ser beneficiario de la transición prevista en el artículo 4.º del Decreto 1835 de 1994, y,
4 Expediente 11001 03 15 000 2017 00174 01, con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto.
5 Sobre este punto, vale la pena aclarar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del expediente 11001 33 35 013 2013 00237, había proferido la sentencia del 10 de
noviembre de 2016, mediante la cual revocó el fallo de primera instancia del 29 de enero de 2016 del Juzgado 13
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, D. C. No obstante, dicha providencia de segunda instancia fue dejada
sin efectos en virtud de la decisión de tutela de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, del 24 de mayo de 2018.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 1.º de agosto de
2013, con radicado 44001 23 31 000 2008 00150 01 (0070-11), con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve.
7 Folio 3, revés, al 7 del cuaderno 3 de la acción especial de revisión.
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Demandante: UGPP
por ello, está cobijado por el régimen especial consagrado en los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1994, pero solo respecto de la edad, el tiempo de servicio y el monto.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación, la norma aplicable es la
señalada en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que remite expresamente al
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, que debe computarse con el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión.
Por lo tanto, el ad quem desconoció las referidas normas y el precedente de la Corte
Constitucional fijado en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de
2017.
iii) Debido a lo anterior, la pensión devengada por el accionado se incrementó sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial para tal fin, con lo cual se afectó gravemente
la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión8
El señor Jaime Bohórquez Lozano, por conducto de apoderada judicial, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones incoadas por la UGPP, grosso modo, con el
fundamento de que la entidad busca reabrir el debate ya resuelto en el proceso
ordinario, como si se tratara de una tercera instancia.
1.4. Concepto del Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
8 Índice 27 ibidem.
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Demandante: UGPP
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».9
Así mismo, es oportuno señalar que, de conformidad a los artículos 6.º –numeral 6.º–
del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para
la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asignó la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427
de 2016.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub
lite, la sentencia objeto de revisión quedó en firme el 18 de julio de 201810 y la acción
especial de revisión se interpuso el 12 de diciembre de 2019,11 por lo que es dable
concluir que se radicó dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 35 013 2013 00237 01, está
inmersa en la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la
acción especial de revisión «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
9 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la
UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
10 Folio 224 del expediente en préstamo.
11 Folio 8, revés, del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
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Demandante: UGPP
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la posibilidad de que el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, revisen las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Así mismo,
dicho mecanismo procederá cuando la mesada pensional se haya otorgado como
resultado de una transacción o conciliación.
Por su parte, en cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la precitada
norma dispone que la acción especial estará a cargo del Gobierno nacional (a través
de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público), del contralor general
de la República y del procurador general de la Nación. De igual modo, la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia SU-427 de 2016,12 habilitó a las
administradoras encargadas de reconocer prestaciones periódicas para impetrarla.
A su turno, la mencionada disposición dispuso que la acción especial se adelantará
conforme a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para el
caso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los artículos
248 y siguientes del CPACA.
Ahora, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que
la referida acción presenta aspectos que lo particularizan del recurso extraordinario
de revisión propiamente dicho, por las siguientes razones:
i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación.13
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de
los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor General de
12 En la mencionada sentencia se dijo lo siguiente: «(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de
revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza
de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de
manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero».
13 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Demandante: UGPP
la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que
conceden las pensiones.14
iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.15
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de
nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso
o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.16.
Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, en la que reiteró17 que el recurso extraordinario
14 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia
del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2
de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
17 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada
en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En
este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines
esenciales del Estado».
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Demandante: UGPP
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,18 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
Con referencia a las causales de procedencia, el aludido artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos en específico: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. No
obstante, lo anterior no es óbice para que las entidades legitimadas también invoquen
las causales taxativas que trae el artículo 250 del CPACA.
Pese a ello, para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por
el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador, sin
que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones
propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del
proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5. Del régimen pensional de los servidores del DAS
2.5.1. Régimen especial de pensiones de los detectives del DAS antes de la
entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 5.ª de 1978, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 1047 del 7 de junio de 1978 19, el cual, en su
artículo 1.º,20 dispuso que los empleados que se desempeñaran como dactiloscopistas
en el DAS, por 20 años continuos o discontinuos y que hubieran aprobado el curso de
18 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se
encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia
laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv)
En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el
artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
19 «Por el cual se determina el régimen de pensión vitalicia de jubilación para las personas que desempeñen
funciones de dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad»
20 «Los empleados públicos que ejerzan por veinte años continuos o discontinuos las funciones de las
dactiloscopistas en el Departamento Administrativo de Seguridad, y que hayan aprobado el curso de formación en
dactiloscopia impartido por el instituto correspondiente de dicho Departamento, tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación cualquiera sea su edad.»
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Demandante: UGPP
formación impartido por el instituto del citado ente, tendrían derecho a gozar de una
pensión de jubilación a cualquier edad. Adicionalmente, en el artículo 2.º, ordenó que
los servidores que hubieran aprobado el curso ya referido y permanezcan al servicio
de la entidad por un término no inferior a 18 años continuos como dactiloscopistas,
pueden acceder a la prestación al cumplir 50 años de edad, siempre que para ese
momento estuvieran vinculados.
Posteriormente, el Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 21 dictó una norma
general y dispuso que los empleados del DAS serían beneficiarios de las prestaciones
sociales previstas para las entidades públicas del orden nacional, en los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984 y en las demás reglas que
los adicionen o modifiquen22, y, en el artículo 1023, previó que los empleados del
referido departamento se regirían por los cánones generales sobre pensión de
jubilación, al tiempo que quienes desarrollaran funciones de dactiloscopistas en los
cargos de detective agente, profesional o especializado, así como los detectives en
sus diferentes grados y denominaciones, se gobernarían por lo previsto en el Decreto
Ley 1047 de 197824.
En este contexto, comoquiera que el régimen especial para algunos servidores del
DAS no prevé lo relativo a la liquidación de pensión, en atención a la remisión a las
normas generales, aquella se debe ajustar a lo señalado por el Decreto 1848 de 1969,
reglamentario del Decreto 3135 de 1968, esto es, que su monto debe corresponder al
75 % del ingreso base de liquidación.
2.5.2. De las actividades de riesgo en el sector público
21 «Por el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad»
22 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad tendrán derecho a
las prestaciones sociales previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984, artículo 3º y en los que los adicionan, modifican,
reforman o complementan y, además, a las que este decreto establece.»
23 «Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión de jubilación previstas para los
empleados de la administración pública del orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad.
Los empleados que cumplan funciones de dactiloscopistas en los cargos de Detective Agente, Profesional o
Especializado, se regirán por lo establecido en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto-
ley 1047 de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives en sus distintos grados y
denominaciones.»
24 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior y que permanezcan
al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad por un término no menor de 18 años continuos en el
desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir 50 años de edad,
siempre que para esta época fueren funcionarios de ese Departamento.»
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Radicación: 11001 03 25 000 2020 00012 00 (0012-2020)
Demandante: UGPP
El artículo 14025 de la Ley 100 de 1993 previó, en un principio, lo siguiente:
Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en
cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades
de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales
como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin
desconocer derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.
Posteriormente, se expidió el Decreto 691 de 1994, por el cual se incorporaron los
servidores públicos al Sistema General de Pensiones, y del que cabe resaltar su
artículo 5.º, pues a través de este se extendió el régimen general a los servidores que
laboren en actividades de alto riesgo para su salud.
No obstante, en atención a esta preceptiva y bajo los parámetros de la Ley 4.ª de
1992, el Gobierno nacional profirió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, por medio
del cual reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos, que
circunscribió a las siguientes:
Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
1. En el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS: Personal de
detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado,
profesional y agente. (Resaltado fuera del texto)
2. En la Rama Judicial.
Funcionarios de la jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuito, Fiscales y
empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los
siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía:
Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales I y II,
jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales I y II, técnicos judiciales
I y II y escoltas I y II. […].
De acuerdo con lo anterior, es claro que la labor de los detectives del DAS también se
clasificó como de alto riesgo, por lo que amerita aplicarles consideraciones
25 Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-003 de 1996.
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particulares en materia prestacional; entre ellas, un régimen de transición especial 26
para aquellos que a su entrada en vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, laboraran
en dicha actividad con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones
indicadas por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos 1047
de 1978 y 1933 de 1989.
Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 200327 derogó el Decreto 1835 de
1994 y definió una vez más cuáles actividades son consideradas de alto riesgo, sin
incluir al DAS.
Finalmente, la Ley 860 del 26 de diciembre de 200328 nuevamente se ocupó de regular
la materia pensional para los servidores que desempeñan labores de alto riesgo en el
DAS y, entre otras cosas, incluyó a la prima de riesgo en el ingreso base de cotización. 29
2.5.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS cobijados por el régimen
de transición
En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal beneficiario de las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de
1989, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre
de 2000,30 consideró que debe aplicarse en su integridad la normativa precedente.
Así las cosas, inicialmente estimó que debían atenderse aquellos factores salariales
que estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, es decir, los
siguientes:
Artículo 18. factores para la liquidación de cesantía y pensiones. Para efectos
del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a que tuvieren
26 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que laboren en las actividades
descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con
anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a
la pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas y el monto de
ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100 de 1993.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez o jubilación, se regirán
por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al
monto de las cotizaciones a cargo del respectivo empleador.»
27 «Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades.»
28 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se dictan otras disposiciones.».
29 Artículo 2.º, parágrafo 4.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30
de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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derecho los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad se tendrán
en cuenta para su liquidación, los siguientes factores:
a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios prestados;
d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gastos de representación;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o fuera del país,
cuando se hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta (180) días
en el último año de servicio;
j) La prima de vacaciones.
No obstante lo anterior, en lo relativo a las actividades de alto riesgo, el Decreto 1137
del 2 de junio de 199431 creó la prima mensual de riesgo equivalente al 30 % de la
asignación básica, entre otros servidores, para los detectives del DAS, con la salvedad
de que aquella no constituía factor salarial y no podría devengarse simultáneamente
con las primas de orden público, de clima y de riesgo de que tratan los artículos 2, 3
y 4 del Decreto 1933 de 1989 y la de riesgo señalada por el Decreto 132 del 17 de
enero de 1994. Luego, el Decreto 2646 del 29 de noviembre de 1994 32 aumentó el
porcentaje de dicho emolumento al 35 % y la hizo incompatible solamente con las
prestaciones con la misma denominación previstas en los Decretos 1933 de 1989 y
132 de 1994, pero reiteró su exclusión como factor salarial.
En ese escenario, el Consejo de Estado, en un primer momento, se abstuvo de
ordenar su inclusión en atención a que el Decreto 2646 de 1994 precisó que aquella
prima de riesgo no constituye factor salarial.33
Sin embargo, más adelante consideró que debía acogerse el criterio de favorabilidad
expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201034, según el cual es válido tener en
cuenta todas aquellas sumas que el servidor percibe de manera habitual y periódica
31 «Por el cual se crea una prima especial de riesgo con carácter permanente para algunos empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad».
32 «Por el cual se establece la Prima Especial de Riesgos para los empleados del Departamento Administrativo de
Seguridad».
33 Entre otras se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de
marzo de 2006, radicación: 250002325000200103086 01(4096-04), demandante: Norma Constanza Castro
Quintero; sentencia del 4 de octubre de 2007, radicación: 25000232500020031688 01 (8439-2005), demandante:
Nelson Tiberio Ortiz Zárate.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000 23 25 000 2006
07509 01 (0112-09).
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como contraprestación del servicio, independientemente de su denominación. 35 Lo
anterior, en consideración a que el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que
el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio de los salarios y
primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio, lo cual sustentó la
inclusión de la prima de riesgo y otras prestaciones que no estaban previstas por el
artículo18 del Decreto 1933 de 1989 en la pensión de los detectives del DAS.
Bajo esta nueva perspectiva, en la sentencia del 1.º de agosto de 2013,36 la Sección
Segunda unificó su criterio sobre el tema para acoger esta última posición y agregó
que una interpretación distinta vulneraría las garantías que la Constitución Política de
1991 impuso como referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho
fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y móvil, así como los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formas. Al respecto,
precisó que como la prima de riesgo se percibía en forma permanente y mensual,
formaba parte de la contraprestación directa que recibían los servidores del DAS, por
lo que debía integrarse en el ingreso de cotización y en la liquidación de la pensión.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se tiene que la inconformidad
de la UGPP consiste en sostener que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 14 de junio de 2018, habría
incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, en tanto confirmó el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Trece
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, el 29 de
enero de 2016, que accedió a las pretensiones incoadas por el señor Jaime
Bohórquez Lozano, en el sentido de reliquidar su pensión de jubilación con el 75 %
del promedio de lo devengado por él en el último año de servicio, y con la inclusión
de todos los factores salariales percibidos en dicho lapso.
Con ello, en su concepto, se desconoció que el IBL pensional debió computarse según
lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994, que remite expresamente al
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2010, radicación
250002325000200500052 01(0568-2008).
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1.° de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150
01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con los factores salariales previstos en el Decreto
1158 de 1994, así como en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
plasmada en las Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, a
partir de las cuales se determinó que para los beneficiarios del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación
aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el artículo 21 ibidem.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite, la
Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión, con
base en las siguientes razones:
En primer lugar, se debe precisar que el ad quem, con sustento en la sentencia del 1.º
de agosto de 201337 —proferida por la Sección Segunda de esta colegiatura—, en la
que se señaló que el valor de la pensión debe ser equivalente al 75 % del promedio
de los salarios y primas de toda especie, recibidos durante el último año de servicio;
aunado a que ello sustentó la inclusión de la prima de riesgo, que no estaba prevista
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, en la pensión de los detectives del DAS.
En efecto, en la referida providencia de unificación esta corporación señaló, entre
otras cosas, lo siguiente:38
Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar criterios en torno al
asunto específico de la prima de riesgo de los servidores del Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, como factor para el reconocimiento de las
pensiones de jubilación o de vejez de quienes sean sujetos del régimen de
transición pensional, la Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha prima
sí debe ser tenida en cuenta para los fines indicados.
La tesis expuesta en precedencia fue replanteada mediante sentencia de 10 de
noviembre de 2010. Rad. 568-2008. MP. Gustavo Gómez Aranguren, en la cual se
deja de lado una lectura literal del Decreto 2646 de 1994, para dar paso a una
interpretación que atiende a la tesis39 mayoritaria de la Sala de Sección respecto
a la interpretación favorable de las normas que contemplan los factores salariales
a tener en cuenta al momento de establecer el ingreso base de liquidación, IBL,
de una prestación pensional, en aplicación de los dispuesto en el artículo 7340 del
Decreto 1848 de 1969.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 1.º de agosto de
2013, con radicado 44001 23 31 000 2008 00150 01 (0070-11), con ponencia del magistrado Gerardo Arenas
Monsalve.
38 Ibidem.
39 Concretamente en lo que se refiere a los factores a tener en cuenta para liquidar la prestación pensional prevista
en la Ley 33 de 1985. Ver sentencia de 4 de agosto de 2010, Rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01.
40 “ARTICULO 73. CUANTIA DE LA PENSION. El valor de la pensión mensual vitalicia de jubilación será
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos
en el último año de servicios por el empleado.”.
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[…]
Lo anterior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de esta Corporación41, ha
entendido por salario la remuneración que percibe el trabajador por la prestación
de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el
cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también,
por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en
especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus
servicios.
Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de manera habitual
y periódica perciba el trabajador, son factores que integran el salario que éste
percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen los
ingresos base de cotización y liquidación de una prestación pensional.
En otras palabras, se observa que en la decisión proferida por el tribunal de segunda
instancia, luego de concluir que el régimen aplicable al señor Bohórquez Lozano era
el contenido en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989 —en razón de su cargo de
detective del DAS—, examinó lo referente a los factores salariales y señaló que debían
incluirse en la liquidación de su pensión de jubilación todos aquellos devengados en
el último año de servicio, en virtud del criterio vigente para esa época en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, contenido en la pluricitada
sentencia del 1.° de agosto de 2013.42
En ese orden, confirmó la sentencia de primera instancia del Juzgado Trece
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, el 29 de enero de 2016 y le
reconoció al hoy accionado la reliquidación de su pensión de jubilación con el 75 %
del promedio de lo devengado durante el último año de servicios, con la inclusión de
todos los factores salariales percibidos en ese período, tales como: 1/12 de las primas
de servicios, navidad y vacaciones, adicionales a los emolumentos ya tenidos en
cuenta en sede administrativa.
Así las cosas, es preciso reiterar que la entidad recurrente, en la acción de revisión,
circunscribió su argumento a discutir que para calcular el IBL del pensionado, debieron
atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 13 del Decreto 1835 de 1994,
que remite expresamente al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los
factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la jurisprudencia que
41 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013, radicación: 4400123310002008150
01(0070-2011); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No obstante, no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección, siguiendo
el criterio de anteriores decisiones,43 contraerá su análisis a ello.
Pese a ello, y en gracia de discusión, cabe advertir que los factores previamente
descritos fueron devengados por el hoy demandado, tal como lo certificó el subdirector
financiero del Departamento Administrativo de Seguridad (hoy liquidado), para el
período comprendido desde junio de 2009 hasta junio de 2010, visible en el folio 7 del
cuaderno del expediente 11001 33 35 013 2013 00237 01, allegado en calidad de
préstamo, en el que se evidencia que el señor Bohórquez Lozano percibió los
siguientes: asignación básica, las primas de servicios, de vacaciones, de riesgo, y la
bonificación por servicios.
En segundo lugar, respecto al presunto desconocimiento de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, cabe señalar que si bien, para entonces, en la Sentencia C-258
del 7 de mayo de 2013, la alta corporación se había pronunciado sobre el IBL y el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición que
no reúne el señor Jaime Bohórquez Lozano.
Por otra parte, en relación con las Sentencias SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017, es
importante señalar que ninguna de ellas puede considerarse como precedente para
el caso particular, ya que no se refirieron al régimen especial de pensiones de los
servidores del DAS.
Por consiguiente, a juicio de esta Sala, la posición adoptada por el tribunal guardó
armonía con la jurisprudencia imperante en el órgano de cierre de lo contencioso
administrativo para la fecha, razón por la cual debe mantenerse incólume, por ser una
situación consolidada que goza de los efectos de cosa juzgada.
En este punto, esta Subsección debe recordar que el respeto hacia las decisiones
proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época,
43 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 11001 32 50 002 018 00914 00 (3158-2018);
C.P. William Hernández Gómez.
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constituye la salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la
seguridad jurídica y la confianza legítima.44
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial, valoró las
pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo
llevaron a acoger el criterio judicial imperante para la época de su expedición.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por la UGPP, al no haberse configurado la causal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, comoquiera que, como quedó visto, la sentencia cuestionada se
profirió bajo los parámetros de la jurisprudencia vigente para aquella época en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, por ende, no excedió lo debido de
acuerdo con la ley.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento favorable
a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio,
y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe
ser declarada infundada, debido a que no se acreditó la configuración de la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
44 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes para la época
en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo de Estado, Sala Seis
Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV),
demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-
03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante:
UGPP.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 14 de junio de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
11001 33 35 013 2013 00237 01.
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente allegado en calidad de
préstamo al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
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