RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00015-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00015-00

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00015-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 11 de diciembre de 2014, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 23001 33 33 002 2013 00510 00/01, que confirmó la sentencia de 2 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.- SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones señaladas. 29 Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 835 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Acción especial de revisión Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020) Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP CUARTO.- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00015-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Ruth Elisa Villalva Martínez
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declara infundada la acción especial de revisión.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP en contra de la sentencia de 11 de
diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 23001 33 33 002
2013 00510 01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario2

2. La señora Ruth Elisa Villalba Martínez, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/jadmin02mtr_notificacionesrj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpers
onal%2Fjadmin02mtr%5Fnotificacionesrj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%20Maria%2FCITA
DOR%2DDOCUMENTOS%2FTRANSITORIO%20VISITA%20%20CONSEJO%2FREPARTO%202014%2
FNLIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F23001333300220130051000&ga=
1, archivo “Cuaderno1 Principal.pdf” paginas 33-45

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo
contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en
síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

• La nulidad de la Resolución UGM 045474 del 8 de mayo de 2012, proferida por
la Caja nacional de previsión social - CAJANAL E.I.C.E en liquidación, a través
de la cual se negó la solicitud de reliquidación pensional de la señora Ruth Elisa
Villalba Martínez. con el objetivo de que se tuviera en cuenta el promedio de lo
devengado por esta durante el último año de servicio, según lo contemplado en
la Ley 33 de 1985 y el Decreto 3135 de 1968.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la demandada
reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985 y Decreto
3135 de 1966; (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75%
del promedio de los factores devengados durante el último año de servicios, (iii)
el reconocimiento de los reajustes legales sobre las mesadas pensionales
dejadas de percibir con la indexación correspondiente y (iv) se reconozcan los
intereses contemplados en el artículo 188 y 193 del CPACA.

3. Como fundamento factico, señaló que la señora Ruth Elisa Villalba Martínez
nació el 8 de enero de 1945. Ingresó a laborar en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC el 6 de junio de 1969, y permaneció allí hasta
el 30 de septiembre de 2003. En virtud de ese tiempo de servicio, la Caja Nacional
de Previsión Social – CAJANAL, mediante Resolución 12883 del 12 de mayo de
1998, le reconoció su pensión de jubilación, condicionada al retiro definitivo del
cargo. Como dicha desvinculación tuvo lugar el 1.º de septiembre de 2003, la
entidad procedió a emitir la Resolución 20240 del 30 de septiembre de ese mismo
año, mediante la cual se reliquidó la pensión. No obstante, en este acto
administrativo no se incluyeron todos los factores salariales percibidos por la
señora Villalba Martínez durante su último año de trabajo.

4. Inconforme con la anterior decisión, la señora Villalba presentó una solicitud
de reliquidación pensional. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales –
UGPP respondió mediante la Resolución UGM 045474 del 8 de mayo de 2012,
en la que manifestó que no era viable incorporar todos los factores salariales
devengados, basándose en las disposiciones del régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

5. Posteriormente, la UGPP negó el recurso de reposición y en subsidio
apelación, presentado por la señora Villalba, confirmando en su totalidad lo
dispuesto en la resolución impugnada, a través de la Resolución 031620.

6. En cuanto al concepto de violación, indicó que el acto demandado vulneró lo
dispuesto en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 de
1085, según el cual, su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo
devengado durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los salarios
devengados.

2.1.1. Sentencia objeto de revisión.3

7. El Tribunal Administrativo de Córdoba dictó sentencia de segunda instancia el
11 de diciembre de 2014, en la cual confirmó parcialmente la providencia
proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Montería
del 2 de abril de 2014, con los siguientes argumentos:

8. Señaló, si bien hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda y a
reliquidar el derecho prestacional, según la jurisprudencia consolidada del
Consejo de Estado, el régimen de transición debe aplicarse de manera integral,
no solo en cuanto a la edad y tiempo de servicios, sino también respecto al monto
y base de liquidación pensional.

9. Así, determinó, con fundamento en el acervo probatorio, que la demandante
era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En ese sentido, indicó que el IBL de su pensión debió liquidarse de
acuerdo con lo estipulado en las leyes 33 y 62 de 1985, es decir, teniendo en
cuenta la totalidad de los factores salariales que constituyen salario y que fueron
devengados por esta durante su último año de servicio, lo anterior, en atención a
lo dispuesto en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, que indica
que los factores salariales no son taxativos sino enunciativos.

2.1.2. La acción especial de revisión4

3 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/jadmin02mtr_notificacionesrj_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpers
onal%2Fjadmin02mtr%5Fnotificacionesrj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%20Maria%2FCITA
DOR%2DDOCUMENTOS%2FTRANSITORIO%20VISITA%20%20CONSEJO%2FREPARTO%202014%2
FNLIDAD%20Y%20RESTABLECIMIENTO%20DEL%20DERECHO%2F23001333300220130051000&ga=
1, archivo “Cuaderno 2 Tribunal.pdf” paginas 27-39.
4 Expediente físico, Cuaderno principal pagina 1-10.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

10. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la
posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o
providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.»

11. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 11 de diciembre de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por Ruth Elisa Villalba Martínez contra
la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social - UGPP, radicado 23001 33 33 002 2013 00510 00/01 que
confirmó el fallo de primera instancia dictado por el Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad del Circuito de Montería del 2 de abril de 2014.

ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional de la señora Ruth Elisa
Villalba Martínez, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por
la Corte Constitucional, de parte de esta corporación y de la normativa legal
dispuesta en la ley 100 de 1993.

iii) Ordenar a la señora Ruth Elisa Villalba Martínez, a reintegrar al recurrente, los
valores cancelados, por concepto de reliquidación de su pensión de vejez de las
sentencias aquí enjuiciadas que excedan el tope legal de la mesada pensional.

12. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo
que, la señora Ruth Elisa Villalba Martínez no tiene derecho a obtener la
reliquidación ordenada, toda vez que la pensionada en vida, fue beneficiaria del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por
ello, su pensión debe liquidarse de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 3. ° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 21 de la misma ley, con los
factores de cotización establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

13. Sostuvo que la sentencia cuestionada configura un abuso del derecho al
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

desconocer los precedentes obligatorios vinculantes de la Corte Constitucional e
interpretar de manera errónea el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

14. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018 y la sentencia de 28 de agosto de 2018
proferida por el Consejo de Estado.

2.1.3. Contestación

15. La señora Ruth Elisa Villalba Martínez fue notificada personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 9 de febrero de 2021, como se
advierte en el índice 7 del expediente digital del proceso primigenio en primera
instancia disponible en Samai. No obstante, no se pronunció frente a las
pretensiones incoadas en su contra.

2.1.4 El agente del ministerio público no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2 Oportunidad

17. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20035, declaró la inexequibilidad de dicha

5 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que tienen fuerza
vinculante a partir de este fallo [...]».

18. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, que en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».

19. Por lo anterior, se concluye que la solicitud de revisión se presentó en tiempo,
toda vez que, la decisión judicial de segunda instancia que se cuestiona fue
proferida el 11 de diciembre de 20146 , la ejecutoria y/o firmeza de esa decisión
se cumplió el 19 de diciembre de 20147 y el escrito de revisión se radicó en la
Secretaría de la Corporación el 16 de diciembre de 2019.8

3.2. Cuestión previa
20. El recurrente fundamenta su inconformidad en la supuesta configuración de
un abuso del derecho, reprochando al Tribunal Administrativo de Córdoba haber
incurrido en dicha figura al proferir la sentencia impugnada. No obstante, esta
apreciación parte de una interpretación equivocada de la institución jurídica
invocada.
21. En efecto, el abuso del derecho es una figura que solo puede predicarse de
quien, siendo titular de un derecho subjetivo, lo ejerce de manera desleal,
desproporcionada o contraria a los fines legítimos para los cuales fue reconocido,

Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
6Folio 162-174 del expediente
7
Folio 10 vto del expediente.
8 Folio 190 del expediente.
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

causando un perjuicio a otro. Por su naturaleza, esta figura se aplica
exclusivamente a las partes del proceso, mas no a la autoridad judicial.
22. En consecuencia, el análisis se centrará en determinar, siempre que se
acrediten los presupuestos de la acción, si la orden de reliquidar la pensión a la
señora Ruth Elisa Villalba Martínez, excedió lo legalmente debido.

3.3. Problema jurídico

23. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 11 de diciembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, incurrió en la causal
de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al
condenar a la UGPP, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Ruth Elisa
Villalba Martínez con el 75% del promedio de los salarios devengados durante el
último año de servicio, incluyendo además de la asignación básica, el subsidio
de transporte, subsidio de alimentación, la doceava parte de la bonificación por
servicios, de antigüedad, de servicio, de vacaciones y de navidad.

24. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

3.3. La naturaleza y objeto de la acción especial de revisión

25. El Consejo de Estado ha sostenido que la solicitud de revisión contemplada
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 constituye una variante del recurso
extraordinario de revisión, por lo que ha sido catalogada como una acción de
naturaleza especial,9 con algunas particularidades en cuanto a su finalidad y
legitimación en la causa por activa.

26. En efecto, su finalidad apunta a controvertir las providencias judiciales que
reconocen obligaciones de cubrir sumas periódicas de dinero y/o pensiones de
cualquier naturaleza que deban ser pagadas con cargo al tesoro público y/o a
fondos del mismo carácter.10 Asimismo, tal mecanismo de defensa podrá ser
activado cuando dichos reconocimientos emanen de acuerdos transaccionales o
de conciliaciones judiciales y/o extrajudiciales.

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 27 de marzo de 2014, expediente N.° 11001-03-25-000-2012-
00561-00 (2129-12) C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
10
Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 10 de agosto 2017, expediente N.° 25000-23-25-000-2002-05275-01,
C.P. Dr. William Hernández Gómez.
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

27. Por su parte, la legitimación en la causa por activa está en cabeza de un
sujeto calificado que no intervino en el trámite del proceso ordinario y/o de la
conciliación judicial o extrajudicial.11

28. Lo anterior, dado que en el artículo 20 ibidem12 y en el artículo 6 del Decreto
5021 de 200913 se facultó para presentar esta solicitud al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Contralor
General de la República, al Procurador General de la Nación y a la UGPP.

29. En cuanto a las causales de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece lo siguiente:

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública.14 Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o
a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

30. Esta corporación15 ha señado que estas causales constituyen una
herramienta útil para fortalecer el principio de moralidad administrativa y,
consecuentemente, corregir todos aquellos reconocimientos pensionales16

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 1.° de julio de 2016, expediente N.° 11001-03-25-
000-2014-00238-00, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
13
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y las funciones de sus dependencias.
14
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-835 de 2003.
15
Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1.º de agosto de 2017, expediente N.° 11001-03-15-000-2016-02022-
00, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16
Entiéndase también cualquier suma económica de naturaleza periódica reconocida con cargo a fondos públicos, pues
ellas también están comprendidas dentro del referido recurso.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

fraudulentos y en exceso de los topes previstos en las respectivas leyes y/o
pactos o convenciones colectivas de trabajo. Por tanto, se ha pregonado que «el
principal objetivo de la introducción de las causales especiales para la acción era
garantizarle a la administración que pudiera insistir en un nuevo estudio de las
pensiones reconocidas de forma fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago
de cantidades injustas que afectaran gravemente al erario».17

31. En lo que concierne a la primera causal, la jurisprudencia ha expresado que
el derecho fundamental al debido proceso fue erigido como garantía en la relación
existente entre el Estado y los asociados, de manera que exista equilibrio entre
la autoridad que aquél ejerce frente a la libertad con que el ciudadano acude a él
para hacer valer sus derechos18.

32. Por tanto, se ha venido señalando que las prerrogativas del debido proceso
corresponden a:19

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;

ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y

iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.

33. Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.

34. Y en lo que corresponde a la segunda causal, esta ha sido considerada
jurisprudencialmente20 como un instrumento que persigue fortalecer el principio
de la moralidad administrativa21 y permite corregir los reconocimientos
pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los principios

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 5 de noviembre de 2020, expediente N.° 11001-
03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
18
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019,
expediente N.° 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV), C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
19
Ejusdem.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-
15-000-2016-02022-00.
21 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones22, en especial, el
principio de solidaridad23 y equilibrio financiero.

3.4. Caso concreto

35. Para el análisis de la causa b) el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

36. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 16.51%% en el monto en que se reconoció la pensión de
la señora Ruth Elisa Villalva Martínez respecto de la que debió liquidarse, así
como la proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la
orden judicial, considerando la expectativa de vida de la pensionada.

37. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

38. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:

39. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que a
la señora Ruth Elisa Villalva Martínez le es aplicable el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló la UGPP en la solicitud de revisión y en la
providencia objeto de la misma.

40. Revisado el expediente se observa que nació el 8 de enero de 1945 como lo
indica la copia de la cédula de ciudadanía.24

22 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y
progresión racional.
23 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
24 Folio 220 C2..
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

41. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró al servicio del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, desde el 4 de junio de 1969 hasta el 1 de
septiembre de 2003.25 y en ese lapso desempeñó los siguientes cargos:
Mecanógrafa I-Categoría 9, Oficinista II Categoría 11, Oficinista Clase I-Grado 5,
Ayudante de Oficina Código 5551-1, Ayudante de Oficina Código 5551- Grado
05 y Auxiliar Administrativo Código 51206 Grado 11.26

42. De lo anterior se concluye que el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, la señora Ruth Elisa Villalva Martínez, tenía más
de 15 años de servicio, así como también 48 años de edad.

43. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional de la Ley 33 de
1985, esto es con el 75% del promedio de los factores devengados durante el
último año de servicios, en los términos de la citada ley, consistentes en: además
de la asignación básica y la bonificación por servicios, la prima de antigüedad,
prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, subsidio de
transporte y subsidio de alimentación, en el periodo de 1° de septiembre de 2002
a 1° de septiembre de 2003.

44. Tales factores fueron efectivamente devengados por la pensionada durante
el citado interregno, tal como se advierte al verificar la certificación de salarios
mes a mes -Formato 3- expedido por la Coordinadora del Grupo de Tesorería del
INPEC.27

45. No obstante, si bien la UGPP, manifestó que para calcular el IBL del
pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha
desarrollado sobre el tema; lo cierto es, que no expuso ningún reparo frente a
algún emolumento en particular.

46. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan

25 Folio 318 y ss C.2.

26 Documentos 16 y 17 de la Carpeta CC2564842 del Cd obrante a folio 81 del C.1
27 Folios 197-200 C. Anexo.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la
pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.

[…]

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33
de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base
de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicios.

Esta decisión coincide con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la
Sección Segunda de esta Corporación».

47. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

48. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

49. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones, y se fijó en los siguientes términos:

835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».

50. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

51. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 7 de
noviembre de 2014, lo cierto es, que no se puede entender que la reliquidación
de la prestación ordenada en el proceso ordinario excedió la cuantía, en razón a
que aumentó considerablemente el valor reconocido en la prestación al incluir la
totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, pues
se señaló que se habría de adoptar la liquidación con base en el artículo 3. ° de
la Ley 62 de 1985 de conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto
de 2010, vigente para la fecha en la que se profirió la decisión.

52. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso28

53. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 395 de 2017 y SU - 631 de 2017, se advierte que, la decisión
que se revisa, proferida el 7 de noviembre de 2014, justificó su decisión
acogiendo sentencias que remiten al precedente de esta Corporación establecido
el 4 de agosto de 2010. Por ello, no se advierte una actuación caprichosa,
arbitraria o contraria a derecho, sino una decisión razonablemente sustentada,

28 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01
(3138-2020)
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

fundamentada en consideración a la obligatoriedad del precedente vertical y en
ejercicio de su autonomía e independencia judicial .

54. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la UGPP.

3.6. Condena en costas

55. Dado que esta Sección29 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se abstendrá
de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto controvertir
providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como ocurre en el
presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- Declarar INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia de 11 de diciembre de 2014, proferida en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 23001 33 33 002 2013 00510 00/01, que confirmó
la sentencia de 2 de abril de 2014 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Montería, de acuerdo con lo señalado en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones
señaladas.

29
Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020).
C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00015-00 (0015-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

CUARTO.- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.