Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00072-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00072-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00072-00 (0073-2020)1
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Demandado: Luciano Peinado Herrera
Medio de control: Acción especial de revisión (artículo 20 de la Ley 797 de
2003)
Tema: Reliquidación de la pensión de jubilación
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, contra la sentencia del veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014),
proferida por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Montería, confirmada
parcialmente por la sentencia del veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015),
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. 23001-33-33-003-2013-00437-00.
I. ANTECEDENTES
1. La acción especial de revisión.
1.1. Pretensiones2.
1. La entidad accionante, por intermedio de apoderado judicial, formuló la acción
especial de revisión prevista en el artículo 20, literales a) y b), de la Ley 797 de
2003, con la que pretende que se infirme la sentencia del veinte (20) de junio de dos
mil catorce (2014), proferida por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Montería,
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Expediente físico.
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Folios 1-20.
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Número Interno: 0073-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Luciano Peinado Herrera
confirmada parcialmente por la sentencia del veinticinco (25) de junio de dos mil
quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. 23001-33-33-003-
2013-00437-00, mediante las cuales, se ordenó a la entidad la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida al señor Luciano Peinado Herrera, con inclusión
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, la entidad accionante solicitó: (i)
ordenar la reliquidación de la pensión de la que es beneficiario el señor Peinado
Herrera, de conformidad con las reglas adoptadas en las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de
2018, proferidas por la Corte Constitucional, esto es, adoptando como ingreso base
de liquidación los parámetros consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
así como, los factores base de cotización taxativamente señalados en el Decreto
1158 de 1994; fijando como tasa de reemplaza el 75% previsto en la Ley 33 de
1985; (ii) ordenar la restitución de la “totalidad de dineros percibidos y recibidos en exceso
por la reliquidación de la mesada pensional con la correspondiente indexación ”; y (iii) ordenar la
actualización de las sumas que resulten, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 del CPACA, así como, el reconocimiento de los respectivos intereses.
1.2. Los hechos3.
3. Narró que, el señor Luciano Peinado Herrera nació el veinticuatro (24) de mayo
de mil novecientos cincuenta y dos (1952), y que acreditó los siguientes tiempos de
servicio público: (i) en la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el ocho (8)
de octubre de mil novecientos setenta y nueve (1979) hasta el treinta (30) de junio
de dos mil nueve (2009), por espacio de veintinueve (29) años, ocho (8) meses y
veintitrés (23) días; y (ii) en un segundo período en la misma entidad, desde el
primero (1º) de julio de dos mil nueve, hasta el treinta (30) de junio de dos mil once
(2011), por espacio de dos (2) años y veintinueve (29) días. Precisó que, el último
cargo desempeñado fue el de “Registrador Municipal 4035-05”.
4. Indicó que, el señor Peinado Herrera adquirió el estatus pensional el veinticuatro
(24) de mayo de dos mil siete (2007), y que mediante la Resolución PAP 012809
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Folios 1-20.
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Número Interno: 0073-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Luciano Peinado Herrera
del nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010), la extinta CAJANAL le reconoció
una pensión de vejez sobre el 75% de lo devengado, sobre el salario promedio de
los últimos diez (10) años, en cuantía de $1.174.315, efectiva a partir del primero
(1º) de dos mil nueve (2009), condicionada al retiro definitivo del servicio.
5. Agregó que, a través de la Resolución RDP 017901 del tres (3) de septiembre de
dos mil doce (2012), la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, negó la reliquidación
pensional pretendida, al sostener que, el peticionario se encontraba amparado por
el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6. Por medio de la Resolución RDP 011001 del seis (6) de marzo de dos mil trece
(2013), la entidad, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión
anterior, confirmó en todas sus partes el acto primigenio, toda vez que, en su criterio,
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece la aplicación de la norma anterior
respecto al tiempo, monto y edad para pensionarse, pero los demás requisitos son
los establecidos en la norma vigente al momento de la obtención del estatus.
7. Puso de presente que, el señor Peinado Herrera promovió una demanda ante la
jurisdicción con el propósito de obtener la nulidad de los administrativos que
negaron la reliquidación de la pensión. En primera instancia, el Juzgado Tercero
(3º) Administrativo de Montería, mediante sentencia del veinte (20) de junio de dos
mil catorce (2014), accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en
consecuencia, ordenó a la entidad reliquidar la pensión “sobre la base del 75% del
promedio devengado por él durante el último año de servicios, desde el 1º de julio al 30 de junio del
año 2011, teniendo en cuenta los factores salariales devengados y acreditados en el proceso, tales
como: sueldo básico, auxilio de alimentación, horas extras, doceavas partes de la bonificación por
servicios prestados, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad y prima electoral ”.
8. Por su parte, en virtud de la sentencia de segunda instancia del veinticinco (25)
de junio de dos mil quince (2015), el Tribunal Administrativo de Córdoba, al resolver
el recurso de apelación, modificó la sentencia impugnada, en punto a ordenar a la
entidad a “reliquidar la pensión del señor Luciano Peinado Herrera, teniendo en cuenta los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, tales como: sueldo básico, auxilio de
alimentación, horas extras, bonificación por servicios prestados (1/12), prima de servicios prestados
(1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de navidad (1/12) ”. El fallo quedó ejecutoriado el
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Número Interno: 0073-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Luciano Peinado Herrera
cinco (5) de julio de dos mil quince (2015).
9. Mediante la Resolución RDP 012198 del diecisiete (17) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), la entidad dio cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Córdoba. Más adelante, a través de la Resolución RDP 020060
del veinticuatro (24) de mayo de la referida anualidad, suprimió uno de los artículos
de la resolución anterior, al sostener que, no se encontraba ajustado a derecho.
10. Con las Resoluciones RDP 022317 del dieciocho (18) de junio de dos mil
dieciocho (2018), y RDP 028628 del dieciséis (16) de julio de ese mismo año, la
entidad accionante resolvió los recursos interpuestos contra la Resolución RDP
012198 del diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), confirmando en
todas sus partes el acto administrativo impugnado.
1.3. Sentencia(s) objeto de revisión4.
11. Mediante la sentencia del veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014),
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
tramitado con el Rad. 23001-33-33-003-2013-00437, el Juzgado Tercero (3º) Oral
Administrativo del Circuito Judicial de Montería accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Al respecto, en la parte resolutiva dispuso:
PRIMERO. Declarar no probadas por las razones antes expuestas las excepciones de
“límites expresamente contenidos en las normas que regulan el régimen de transición
pensional y violación a los principios constitucionales de eficiencia y sostenibilidad del
sistema pensional”, propuestas por el apoderado de la entidad demandada Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
SEGUNDO. Declarar la nulidad parcial de la Resolución PAP 012809 de 9 de septiembre de
2010 expedida por el gerente liquidador de Cajanal en liquidación por medio de la cual
reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación al actor Luciano Peinado Herrera.
TERCERO. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 017901 del 3 de diciembre de 2012
expedida por la subdirección de determinación de derechos pensionales de la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio
de la cual negó la reliquidación de la pensión de jubilación al actor con inclusión de todos los
factores devengados en el último año de servicio.
CUARTO. DECLARAR la nulidad de la Resolución RDP 011001 del 6 de marzo de 2013
expedida por la dirección de pensiones de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por medio de la cual se resolvió recurso (sic)
de apelación confirmando en todas sus partes la Resolución RDP 017901 del 3 de diciembre
de 2012 que negó la reliquidación de la pensión.
En consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho:
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Folios 99-104.
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Número Interno: 0073-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Luciano Peinado Herrera
QUINTO. ORDÉNASE a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP, reliquide la pensión de jubilación del señor LUCIANO
PEINADO HERRERA, sobre la base del 75% del promedio salarial devengado por él durante
el último año de servicios que va desde el 1º de julio de 2010, al 30 de junio del año 2011,
teniendo en cuenta los factores salariales devengados y acreditados en el proceso, tales
como: sueldo básico, auxilio de alimentación, horas extras, doceavas partes de la
bonificación por servicios prestados, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de
navidad y prima electoral.
SEXTO. Condenar a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, a pagar al señor LUCIANO PEINADO HERRERA, las diferencias
resultantes de las mesadas pensionales causadas desde el 1º de julio de 2011, hasta la
fecha de ejecutoria de la presente sentencia por concepto de la reliquidación aquí ordenada.
(…)”.
12. El juez de primera instancia encontró acreditado que, el reconocimiento
pensional se realizó bajo la égida de las reglas del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que, la liquidación se efectuó con
base en el 75% del salario promedio devengado en el período comprendido entre el
primero (1º) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), y el treinta (30)
de julio de dos mil nueve (2009), esto es, de los últimos diez (10) años, para lo cual
se tuvieron como factores salariales la asignación básica, la bonificación por
servicios prestados y las horas extras, sin incluir los demás factores devengados.
13. Frente a la jurisprudencia aplicable, consideró procedente dar aplicación a la
sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), a efectos de determinar
que el artículo 3º de la Ley 33 de 1985 no señala de forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, “sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios”. En ese sentido, concluyó que: “las normas
del sistema general de pensiones prevalecen sobre las del régimen especial cuando en este último
no se determine con precisión la fórmula para calcular el valor de la pensión de jubilación, y como la
Ley 33 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978 fijaron el método y los haberes prestacionales a tener en
cuenta en la liquidación de esa prestación, no cabe duda entonces que su aplicación aquí se torna
procedente, entendiendo igualmente que los factores salariales contenidos en ella no son taxativos ”.
14. El Tribunal Administrativo de Córdoba, en la sentencia del veinticinco (25) de
junio de dos mil quince (2015)5, al resolver el recurso de apelación interpuesto por
la entidad demandada (en ese momento), confirmó parcialmente el fallo de primera
instancia, salvo por el numeral 5º, cuya modificación dispuso, así:
“TERCERO (sic). ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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Folios 105-110.
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Número Interno: 0073-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a reliquidar la pensión de
jubilación del señor LUCIANO PEINADO HERRERA, teniendo en cuenta los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, tales como: sueldo básico, auxilio
de alimentación, horas extras, bonificación por servicios prestados (1/12), prima de servicios
prestados (1/12), prima de vacaciones (1/12) y prima de navidad (1/12).
Sobre los factores salariales cuya inclusión aquí se ordena, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
efectuará los descuentos en la proporción establecida en la Ley, siempre que no hayan sido
objeto de cotización alguna”.
15. Para sustentar la decisión, reafirmó que, el acto administrativo acusado, en lo
que respecta a la cuantía de la prestación reconocida al demandante, se encuentra
viciado de nulidad, comoquiera que, al liquidar la pensión, tomó como base el 75%
del promedio del tiempo cotizado durante los últimos diez (10) años de servicio, en
aplicación de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
16. En esa línea, el Tribunal sostuvo que, no era admisible liquidar el ingreso base
de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición, de acuerdo
con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que, por un lado, se
desnaturaliza el régimen de transición y, por el otro, se afecta el monto de la pensión
de los beneficiarios de dicho régimen, “vulnerándose de contera el principio de
inescindibilidad de la ley”. A partir de lo anterior, aseveró que, al actor se le debió aplicar,
de forma integral, las normas anteriores a la Ley 100 de 1993 que regían su caso.
17. Atendiendo a la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez
(2010), proferida por esta Corporación, concluyó que, en el asunto examinado, “ se
debió reconocer la pensión teniendo en cuenta no sólo los factores salariales establecidos en el
artículo 3º de la Ley 33 de 1985, sino además todos aquellos factores que constituyen salario
devengado durante el último año de servicios”, sin incluir la denominada “prima electoral”, por
tratarse de una prestación expresamente excluida por el ordenamiento como factor
salarial (con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 1042 de 2011).
1.4. Las causales de revisión invocadas.
18. La entidad accionante invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al sostener que, con la reliquidación de la pensión
de la que es beneficiario el señor Peinado Herrera, en los términos ordenados en el
marco del proceso de la referencia, se vulneró el debido proceso, y, además, la
cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley.
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Número Interno: 0073-2020
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
19. Frente a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la entidad
arguyó que, como la reliquidación pensional no se ajustó a derecho, se le vulneró el
debido proceso, pues, lo procedente, según adujo, era “dar una correcta interpretación a
las disposiciones contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, en cuanto se refieren al
cálculo del Ingreso Base de Liquidación”. Reiteró que, los factores salariales considerados
al momento de liquidar la prestación no corresponden a los establecidos en el
artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, por lo que, las providencias acusadas
transgredieron directamente los artículos 1º, 2º, 6º, 29, 121, 123 y 124 superiores.
20. Anotó que, se otorgó un aumento en la mesada pensional del demandado, cuyo
pago “implica el compromiso de dineros públicos sin sustento constitucional y legal para ello ”,
situación que, en su criterio, también vulnera la observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio, siendo este un pilar esencial del debido proceso.
21. En lo que toca a la causal prevista en el literal b) ejusdem, puso de presente
que, la cuantía del derecho reconocido al señor Peinado Herrera excede lo debido
de acuerdo con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de
vejez en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
22. Para el efecto, explicó que, al ser el demandado beneficiario del régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (teniendo en cuenta que contaba
con más de 40 años para el 1º de abril de 1994), debía darse aplicación a la Ley 33
de 1985, respetando las condiciones de edad, tiempo y monto o tasa de reemplazo
(75%), pero, en cuanto al cálculo del ingreso base de liquidación, debía observarse
lo establecido en el inciso 3º “del artículo 36 y/o 21” de la pluricitada Ley 100 de 1993,
así como, los factores salariales del artículo 1º del Decreto 1158 de 1994.
23. Hizo énfasis en que la Corte Constitucional ha trazado una línea pacífica y clara
sobre la forma en que se deben liquidar las pensiones sometidas al régimen de
transición, indicando que tales prestaciones se liquidan conforme a las reglas
previstas en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, “pero conservando los
requisitos de edad, tiempo de servicio y monto-tasa de reemplazo del régimen
anterior. Sobre este particular, trajo a colación los precedente contenidos en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y SU-0223 también de 2018.
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Número Interno: 0073-2020
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
1.5. Contestación de la demanda.
24. La acción especial de revisión fue admitida mediante el auto del diez (10) de
octubre de dos mil veinticinco (2025)6, notificado a la parte demandada el quince
(15) de diciembre de la anualidad en cita 7 . No obstante, vencido el término de
traslado correspondiente, el demandado no allegó contestación alguna, limitándose
únicamente a solicitar el acceso al expediente, como se observa en el memorial
radicado el veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)8.
1.6. Concepto del Ministerio Público.
25. Según las constancias secretariales que reposan en el plenario 9, a pesar de
haber sido notificado en debida forma10, el Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
26. La Sala es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA 11 y 20 de la Ley 797 de 2003 12 , en
concordancia con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación,
contenido en el Acuerdo 080 del doce (12) de marzo de dos mil diecinueve (2019)13.
2.2. Oportunidad.
27. La acción especial de revisión bajo examen resulta oportuna, toda vez que, la
sentencia de segunda instancia cuya revisión se pretende fue proferida el veinticinco
(25) de junio de dos mil quince (2015) y, aunque no obra constancia de la fecha de
ejecutoria, se tiene que, la demanda fue radicada el dieciséis (16) de enero de dos
mil veinte (2020)14, por lo que, en gracia de discusión, no fue superado el término
de cinco (5) años establecido en el artículo 251 del CPACA.
6
Índice 00023 del Samai.
7
Índice 00029 del Samai.
8
Índice 00030 del Samai.
9
Índice 00049 del Samai.
10
Índice 00044 del Samai.
11
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán
las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
12
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias»
13
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14
Índice 00001 del Samai.
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
2.3. Problema jurídico.
28. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
(i) ¿Se configuró la causal de revisión contenida en el literal a) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, al haberse reconocido la reliquidación de la
pensión de vejez del señor Luciano Peinado Herrera, con violación del
debido proceso?
(ii) ¿Se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) ibídem, por
haberse reconocido un derecho en cuantía que excede lo debido de
acuerdo con la ley?
(iii) En caso afirmativo, ¿resulta procedente infirmar las sentencias objeto de
revisión y, en consecuencia, dictar sentencia de reemplazo?
2.4. Marco normativo y jurisprudencial.
2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003: objeto y alcance.
29. El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
30. Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material 15 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa
15
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
juzgada y seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que
«sólo debe admitirse frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si
el reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o, si como en
este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley»16.
31. Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y
quebrar la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su
prosperidad, atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden
a un cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio,
adelantado por el juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada.
Por ello, no puede utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate
jurídico o revivir una valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.
32. De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco, permite
convertir esta vía en una tercera instancia, pues, ello desnaturalizaría la función de
esta clase de instrumentos extraordinarios17.
33. Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo
explicó la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del cuatro
(4) de junio de 2019, «que la acción especial contenida en esa normativa y el
referido recurso sean equiparables jurídicamente, sino solo que el trámite 18 […]
pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 19, dado que, más allá de
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael
Francisco Suárez Vargas.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
18
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas
procesales que culminan con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado
a concluir que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control
más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de 2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-
00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo de2015 [Rad.
11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E)
Hernán Andrade Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza
a través de una demanda sometida a las formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena.
Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó,
como una novedad del artículo 20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra
sentencias sino también contra los actos contentivos de transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base
en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de revisión en el CCA – hoy en el CPACA –.
Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto de las
sentencias.
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que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario
de revisión –, presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 20»,
tal como el análisis que sobre su configuración realiza el juez de esta acción21.
2.4.2. Alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003: violación del debido proceso.
34. Conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las
providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser
revisadas por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso. Así, en asuntos
de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos esenciales que integran
el derecho fundamental al debido proceso, la Sala Veintidós (22) Especial de
Revisión de esta Colegiatura ha señalado22:
“Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial. Según la norma en
comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes elementos:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y
producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica,
el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem”.
35. Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que, “es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen”23 y “la
parte interesada debe promover la acción especial de revisión y aportar los
elementos sobre los cuales estructura su petición”24.
20
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia,
reflejada principalmente en la legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de
2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)]. MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de
2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández Gómez.
21
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero
de 2019; expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
23
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-
2019-00728-00 (5558-2019); consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:
12
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2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003 – Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de
acuerdo con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
36. La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que “cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, es decir,
cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto que no corresponde a
lo legal o convencionalmente viable.
37. Ahora bien, en asuntos como el que ocupa la atención, la inconformidad de la
accionante se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que, el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36
de dicha norma, pues, aquel no hace parte de los beneficios que éste otorga.
38. No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial con respecto a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no
se agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada,
sino que impone un análisis más detallado y cuidadoso. En efecto, se tiene que,
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los requisitos y condiciones
generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de los servidores
públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que tenía previsto
que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los 55
años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio».
39. Así, aunque la Ley 100 de 1993 supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el legislador previó la posibilidad de acceder a un régimen de transición,
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en los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 25, aludiendo a
los componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de
proteger las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.
40. Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el
cual, la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de unificación
proferida el cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)26, acogió el principio de
inescindibilidad, conforme al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que esta entró en vigor, y concluyó que:
«(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios».
41. Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-
230 de 2015, en la que la Corte Constitucional modificó el sentido de su
jurisprudencia referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
precisó que el ingreso base de liquidación no es un elemento del régimen de
transición previsto en el artículo 36 ibídem y, por tal razón, dichas pensiones deben
ser liquidadas calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen
anterior, sobre el ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.
42. La postura antedicha generó una divergencia interpretativa que sólo fue
superada con la emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial del veintiocho
25
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión
de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la
establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. El ingreso base
para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo
el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a
la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los
dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
26
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
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(28) de agosto de 201827, en la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
modificó la postura que sostenía la Sección Segunda, en los siguientes términos:
«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial: “El Ingreso Base de Liquidación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición
para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los
requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme
a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.
[…] 96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones […]».
43. En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado prevé que el ingreso base de liquidación no
es un elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993,
también lo es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), la posición unificada del Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y
constitucional, acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a
la hora de proferir sus decisiones.
44. Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) y, con el objeto de clarificar la aplicación
de las reglas jurisprudenciales fijadas, se establecieron los efectos de la decisión:
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01, C.P. César Palomino Cortés.
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«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia,
disponiendo que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se
aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en
vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.
116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad
jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por
ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.
117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen
de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada […]».
45. Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco
de interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa
una determinada providencia judicial de ordenar la liquidación de una pensión en
una cuantía que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa
jurisprudencia de esta Corporación, es viable compilar las siguientes sub-reglas de
aplicación normativa:
a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28
de agosto de 201828 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que
fijan el ingreso base de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993.
b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 29 en las que se hubiere preferido dar aplicación
a la posición de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de
2010 y no así a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no configuran, por ese
solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.
44. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm.
52001-23-33-000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
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reconocimiento de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la
medida en que la cuantía haya excedido el límite legal.
2.5. Análisis del caso concreto.
45. En el asunto sub examine, la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, pretende que se
infirme la sentencia del veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014), proferida por
el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Montería, confirmada parcialmente en
virtud de la sentencia del veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015) 30 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. 23001-33-33-003-2013-00437-00.
46. Mediante las decisiones en cita, se ordenó a la parte actora la reliquidación de
la pensión de jubilación reconocida al señor Peinado Herrera, con inclusión de todos
los factores salariales devengados durante el último año de servicios, a saber, el
sueldo básico, auxilio de alimentación, horas extras, bonificación por servicios
prestados (1/12), prima de servicios prestados (1/12), prima de vacaciones (1/12) y
prima de navidad (1/12), decisión que encontró sustento en las reglas acogidas en
la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010)31.
46.1. En la providencia de unificación, esta Corporación respaldó el principio de
inescindibilidad de la ley, al disponer que, a los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa
de la cual eran destinatarios al momento en que ésta entró en vigor, y concluyó que,
“(…) la Ley 33 de 1985 no indicó en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de
liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión
de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”.
47. La accionante invocó las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual sostuvo que, a través de las sentencias cuya
revisión se pretende, se le vulneró el debido proceso, y se reconoció un derecho
que excedió lo debido de acuerdo con la ley. Al respecto, hizo hincapié en que, con
la orden de reliquidación de la pensión de vejez, en los términos señalados por los
30
Folios 105-110.
31
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009.
Demandante: Luis Mario Velandia. Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
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jueces de instancia, se “malinterpretó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”, y se desconoció
el precedente constitucional contenido, entre otras, en las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039
de 2018, de conformidad con las cuales, se hubiere ordenado la reliquidación
“teniendo en cuenta para ello el promedio de lo percibido en los últimos 10 años anteriores al status
pensional conforme a lo estipulado en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (…) y
la inclusión estricta de los factores salariales enlistados en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 ”.
47. Ahora bien, para efectos metodológicos, la Sala bifurcará el análisis de las
causales invocadas por la actora respecto a las previdencias objeto de revisión, así:
2.5.1. De la alegada vulneración del debido proceso.
48. En lo que respecta a la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, relacionada con la presunta vulneración del debido proceso, la Sala
observa que, los argumentos de la entidad se dirigen, esencialmente, a cuestionar
la interpretación normativa y jurisprudencial acogida por los jueces de instancia, en
torno al alcance del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y, particularmente, frente a la forma de determinar el ingreso base de
liquidación, así como los factores salariales a tener en cuenta para el efecto.
49. No obstante, esa sola circunstancia no resulta suficiente para configurar la
causal de revisión alegada, toda vez que, la acción especial de revisión no
constituye una instancia adicional, orientada a reabrir el debate jurídico resuelto en
el proceso ordinario, ni habilita al juez extraordinario para sustituir el criterio
interpretativo adoptado por los jueces naturales del asunto, salvo que, se evidencie
una afectación real y concreta de las garantías que integran el debido proceso.
50. Así pues, la Sala no advierte que, en el trámite del proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, se hubiese configurado una irregularidad procesal
sustancial, relacionada con la competencia del juez natural, la pretermisión de
etapas esenciales del proceso o la vulneración de los derechos de defensa,
contradicción y audiencia de la entidad demandada. Por el contrario, se evidencia
que, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, ejerció plenamente su derecho de
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contradicción, formuló excepciones, participó en la audiencia inicial, interpuso
recurso de apelación y desplegó sendas actuaciones procesales en el trámite32.
51. Vistas así las cosas, la controversia planteada por la entidad accionante se
inscribe en una discrepancia hermenéutica sobre el alcance del régimen de
transición, la determinación del ingreso base de liquidación, y los factores salariales
a tener en cuenta, aspecto que, se insiste, corresponde a un debate de legalidad
sustancial, y no a la configuración de un defecto procesal constitutivo de una
violación del derecho al debido proceso, motivo por el cual, la causal prevista en el
literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 no está llamada a prosperar.
2.5.1. Sobre el presunto exceso en la cuantía del derecho reconocido.
52. Para el estudio de la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, la Sala recuerda la sub-regla de aplicación normativa, identificada en
el estudio que antecede, según la cual, las sentencias proferidas con antelación a
la ejecutoria de la providencia de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de
agosto de dos mil dieciocho (2018), en las que se hubiere decidido dar aplicación a
la posición de unificación adoptada por esta Corporación en el fallo del cuatro (4) de
agosto de dos mil diez (2010) y, no así, a la tesis expuesta en sentencia SU-230 de
2015, no configuran, por ese solo hecho, un abuso del derecho o fraude a la ley.
53. En el presente asunto, se evidencia que, mediante la sentencia del veinte (20)
de junio de dos mil catorce (2014)33, el Juzgado Tercero (3º) Oral Administrativo del
Circuito Judicial de Montería ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del
señor Peinado Herrera, sobre la base del 75% del promedio salarial devengado
durante el último año de servicios (esto es, desde el 1º de julio de 2010, al 30 de
junio del año 2011), teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: sueldo
básico, auxilio de alimentación, horas extras, doceavas partes de la bonificación por
servicios prestados, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de navidad y
prima electoral. Para tal fin, el juzgado acogió las reglas prohijadas en la sentencia
del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010), en orden a precisar que, la Ley 33
de 1985 y el Decreto 1045 de 1978 fijaron el método y los haberes prestacionales a
tener en cuenta en la liquidación de la prestación, por lo que se tornaban aplicables.
32
Actuaciones relacionadas en los fallos de instancia, visibles en los folios 99-110 del expediente físico.
33
Folios 99-105.
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
54. En la sentencia del veinticinco (25) de junio de dos mil quince (2015) 34 , el
Tribunal Administrativo de Córdoba modificó el ordinal quinto de la parte resolutiva
del fallo apelado, en punto a los factores salariales a tener en cuenta, a saber, el
sueldo básico, el auxilio de alimentación, las horas extras, la bonificación por
servicios prestados (1/12), prima de servicios prestados (1/12), prima de vacaciones
(1/12) y prima de navidad (1/12), excluyendo la prima electoral que fue considerada
por el juez de primer grado, habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1042 de 2011, se trata de un emolumento sin carácter salarial. En criterio
del Tribunal, no era dable que, a los beneficiarios del régimen de transición, se les
liquidara la prestación de acuerdo con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, aserto que fundamentó en el principio de inescindibilidad de la ley, en armonía
con las reglas de la sentencia del cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).
55. Como consecuencia de la anterior decisión, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, mediante la Resolución Nº. RDP 012198 del diecisiete (17) de marzo de dos
mil dieciséis (2016)35, en cumplimiento de los fallos objeto de revisión, ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez del señor Peinado Herrera, en cuantía de
$1.530.809, con fecha de efectividad a partir del primero (1º) de julio de dos mil once
(2011). Dicho acto fue modificado posteriormente en virtud de la Resolución Nº.
RDP 006164 del veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019)36, en el
sentido de reconocer las sumas indexadas y pagar los intereses moratorios.
56. Con base en lo expuesto, la Sala vislumbra que, las sentencias censuradas
observaron la posición jurisprudencial de esta Corporación, que se encontraba en
vigor al momento en que se profirió, esto es, la sentencia del cuatro (4) de agosto
de dos mil diez (2010), razón por la cual, no se avizora que la decisión comporte
una transgresión normativa directa, ni resulta, por sí sola, contraria al régimen legal.
57. Ahora bien, conforme se precisó ut supra, no basta con constatar la aplicación
de una determinada postura jurisprudencial, sino que, corresponde verificar si, en el
caso de autos, la reliquidación ordenada comportó un reconocimiento pensional
excesivo, constitutivo de abuso del derecho o fraude a la ley. Sobre este punto, la
34
Folios 105-110.
35
Folios 84-86.
36
Folios 80-83.
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Sala reitera que, la acción de revisión se erige como una herramienta judicial, cuyo
ejercicio hace prevalecer el interés general por encima del particular, al detener o
armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas en exceso37.
58. En el sub lite, se advierte que, lejos de ordenarse el pago de una suma excesiva,
o una inclusión indiscriminada de factores salariales, el Tribunal efectuó un análisis
detallado de los conceptos devengados por el demandante durante el último año de
servicios, es decir, desde el primero (1º) de julio de dos mil diez (2010), hasta el
treinta (30) de junio de dos mil once (2011), al punto de excluir aquellos que,
habiendo sido advertidos por el juzgado, estimó improcedentes por no constituir
factor salarial, como fue el caso de la prima electoral.
59. Tal circunstancia pone en evidencia que, la reliquidación ordenada en sede
judicial, no obedeció a un reconocimiento arbitrario o caprichoso de dichos
emolumentos, sino al resultado de un ejercicio argumentativo y probatorio sólido,
encaminado a identificar aquellos factores salariales que, conforme al precedente
aplicable para la fecha en que se profirió la decisión censurada, podían integrar el
ingreso base de liquidación de la prestación.
60. Valga reiterar que, en cumplimiento de los fallos de instancia, la accionante, en
virtud de la Resolución Nº. RDP 012198 del diecisiete (17) de marzo de dos mil
dieciséis (2016), ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Peinado
Herrera, en cuantía de $1.530.809, con fecha de efectividad a partir del primero (1º)
de julio de dos mil once (2011). Para la Sala, la suma antes relacionada no resulta
ostensiblemente desproporcionada, exorbitante, indiscriminada o ajena a su historia
laboral y salarial, pues, la prestación fue calculada con fundamento en factores
efectivamente devengados durante el último año de servicios.
60.1. Sobre el particular, en la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil
veintiuno (2021) 38, la Sección Segunda del Consejo de Estado indicó que, “para que
se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se repite, debe ser
claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral ”.
Entonces, se observa que, el incremento fruto de la reliquidación pensional
37
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-
2018-01538-00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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ordenada, no configura un pago en exceso, ni compromete el equilibrio del sistema
pensional, ni mucho menos hace nugatorio el criterio de sostenibilidad fiscal, al que
los jueces, al tenor del artículo 334 Constitucional, deben estricta observancia.
61. Sobre la base de lo expuesto en precedencia, se concluye que, la reliquidación
ordenada no constituye un abuso del derecho, ni se advierte que, la prestación haya
sido reconocida con fraude a la ley, ni que implique un incremento desproporcionado
de la mesada pensional, sobre aquellos casos en los que el reclamante era
beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de 198539, como lo ha precisado
esta Subsección, en asuntos de condiciones fácticas similares40. En consecuencia,
la reliquidación fue el resultado de la correcta aplicación del régimen especial
pensional, respetando en todo momento los topes legalmente establecidos.
62. Como corolario de lo anterior, es dable sostener que, la entidad accionante no
logró acreditar los elementos constitutivos de las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, motivo por el cual, se impone declarar
infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la parte resolutiva.
62.1. Por último, la Sala precisa que, al no encontrarse configurada ninguna de las
causales de revisión invocadas, por sustracción de materia, deviene improcedente
un pronunciamiento sobre el pretendido reintegro de las sumas pagadas.
2.6. Condena en costas.
63. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Postura que es recogida de forma emblemática dentro expediente referencia: No. 250002325000200404442 01 No.
INTERNO: 0208-2007 Autoridades nacionales, demandante: Jorge Hernández Vásquez, Consejera Ponente: Bertha Lucía
Ramírez de Páez, de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009).
40
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019), sentencia
del 29 de octubre del 2025. Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera
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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
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Demandado: Luciano Peinado Herrera
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta por
la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, contra la sentencia del veinte (20) de junio de dos mil
catorce (2014), proferida por el Juzgado Tercero (3º) Administrativo de Montería,
confirmada parcialmente por la sentencia del veinticinco (25) de junio de dos mil
quince (2015), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, dentro del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con Rad. 23001-33-33-003-
2013-00437-00, de conformidad con las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias y anotaciones del caso.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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