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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00078-00

Fecha
8 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00078-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 28 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño , que confirmó parcialmente la sentencia de 3 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Ci rcuito de Pasto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 520013331002201200055-00/01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO.- SE CONDENA EN COSTAS a la UGPP y a favor del señor Edgar Javier Santacruz S alas, en la modalidad de agencias en derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta providencia serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del CGP. TERCERO.- EFECTUAR las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAM AI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00078-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

8 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00078-00 (0079-2020)
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP-
Demandado: Edgar Javier Santacruz Salas

Decisión: Declara infundada la acción especial

Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración. Régimen especial de pensiones
de los servidores del DAS antes de la entrada en vigor del
Sistema General de Seguridad Social

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN - ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
decide la acción especial de revisión 1 consagrada en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 2 presentada por la UGPP en contra de la
sentencia de 28 de noviembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño 3, por la cual se confirmó parcialmente la
sentencia de 3 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Pasto dentro del proceso de nulidad y

1Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001 -03-25-
000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social,
Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.

2 El recurso se presentó el 18 de diciembre de 2019 (f. 221 vto Cdno. Principal),

de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por
remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Con ponencia de la magistrada Dra. Beatriz Isabel Melodelgado Pabón .

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Radicación: 11001032500020200007800 (0079-2020)
Demandante: UGPP

restablecimiento del derecho con radicado
520013331002201200055-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial

2.1.1. La demanda 4

2. El señor Edgar Javier Santacruz Salas, por intermedio de
apoderado, instauró demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138
del CPACA, contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, con el
objetivo de obtener, en síntesis, las siguientes declaraciones y
condenas :

• La nulidad parcial de la Resolución PAP 016911 de 8 de
octubre de 2010, suscrita por la Caja Nacional de Previsión
Social EICE en liquidación, por medio de la cual se le realizó
una liquidación pensional con base en la Ley 100 de 1993 , sin
tener en cuenta «el régimen especial de los detectives del Das
contenido en los Decretos 1047/78, 1993/89, 1835/94, en
concordancia con el inciso 2.° del a rtículo 1.° de la Ley 33 de
1985» por lo que se debieron tener en cuenta los factores
devengados en el último año de prestación de servicios,
comprendido entre el 30 de diciembre de 2010 al 30 de
diciembre de 2011».
• La ocurrencia del silencio administra tivo negativo frente al
recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución
PAP016911 de 8 de octubre de 2010 expedida por CAJANAL.

• Declarar la nulidad del acto administrativo ficto presunto ya
mencionado señalado en el inciso anterior.

• A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene
a la demandada a: (i) reliquidar su pensión de jubilación con
el 75% del promedio de todos los factores salariales
devengados en el último año de prestación de servicios
(asignación básica, b onificación por servicios prestados, prima
de riesgo, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de
navidad, «factores por vacaciones», bonificación por
recreación y prima de clima, en cuantía no inferior a

4 Obra a folios 130 y ss. del cuaderno principal. Expediente hibrido.
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Demandante: UGPP

$1´776.594, efectiva a partir del 1.° de octu bre de 2008; que
se le paguen las diferencias generadas y dar cumplimiento a
la sentencia en los términos establecidos en los artículos 176
y s.s. del C.C.A.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. Según se indicó en la demanda, el señor Edgar Javier Santacruz
Salas nació el 20 de noviembre de 1964 y prestó sus servicios al
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, como detective
profesional 207 -10, desde el 4 de mayo de 1988 hasta el 30 de
noviembre de 2011.

4. Por pertenecer al régimen especial establecido en los Decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1989 adquirió su estatus jurídico el «19» de
mayo de 2008, cuando cumplió los 20 años de servicio a la entidad.

5. La Caja Nacional de Previsión S ocial EICE en Liquidación le
reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución
PAP016911 de 8 de octubre de 2010 , donde para determinar el
ingreso base de liquidación atendió al artículo 21 y el inciso 3.° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, sobre el 75% del
promedio de los salarios y rentas sobre los cuales cotizó durante los
últimos diez años de servicios (1.° de octubre de 1998 al 30 de
septiembre de 2008), con inclusión de la asignación básica y la
bonificación por servicios, per o sin comprender a los demás factores
percibidos en el último año de prestación de servicios.

6. Lo anterior en cuantía de $1´0 06.122, efectiva a partir del 1.° de
octubre de 2008.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

7. Como disposiciones vul neradas, adujo que los actos acusados
desconocieron los artículos 13, 23, 48, 53, 58 y 230 de la
Constitución Política, 36 y 41 de la Ley 100 de 1993, 4.° del Decreto
1835 de 1994 y el Decreto 1933 de 1989.

8. En cuanto al concepto de violación, explicó q ue su pensión debe
liquidarse conforme a las disposiciones especiales que rigen a los
detectives del DAS, contenidas en los Decretos 1848 de 1969 y 1933
de 1989, y que este último, en su artículo 18, contiene una lista de
factores que integran el IBL pensi onal de sus destinatarios.

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Demandante: UGPP

9. Precisó que dentro del ingreso base de liquidación pensional,
deben tenerse en cuenta todos los emolumentos recibidos por el
trabajador durante el último año de servicios, independientemente
de si sobre ellos se realizaron ap ortes.

2.1.4. Sentencia de primera instancia 5

10. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto ,
mediante providencia de 3 de abril de 2013, declaró la nulidad parcial
del acto acusado Resolución PAP 016911 de 8 de octubre de 2010,
así como la nulidad total del acto ficto producto del silencio de la
Administración y, en tal sentido, accedió a las pretensiones de la
demanda.

11. Para tal efecto estimó que, se refirió al marco de la normatividad
aplicable a los detectives del DAS, por lo que se remitió a los
Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, que estableci eron cuáles
actividades eran de alto riesgo y para quienes se les reconocería la
pensión de jubilación con 20 años de servicios continuos o
discontinuos y cualquier edad o 18 años de servicios y 50 años.

12. Según lo explicó, el Decreto 1835 de 1994 , consagró un régimen
de transición para quienes estuviesen vinculados con anterioridad a
su vigencia, en actividades de alto riesgo. Asimismo, a la fecha de
entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003 el señor Santacruz Salas
tenía en promedio 750 semanas cotizadas en actividades
catalogadas como de alto riesgo.

13. Estimó que el señor Santacruz Salas se encontraba vinculado
como detective del DAS desde el 4 de mayo de 1988, es decir, desde
antes de la vigencia del Decreto 1835 de 1994 y por lo tanto su
situación se regía conforme con la normatividad anterior, contenida
en los Decretos 1933 de 1989 y 1047 de 1978.

14. En cuanto a los factores consideró que debía remitirse al artículo
18 del Decreto 1933 de 1989 que no son taxativos, según
jurisprudencia del Consejo de Estado de 2010 , con ponencia del
consejero Gustavo Eduardo Góm ez Aranguren núm interno. 0568 -08.

15. En cuanto a la prima de riesgo explicó que esta se encontraba
plasmada en los Decretos 1933 de 1989 y 2646 de 1994 , donde no
constituía factor salarial, pero según sentencia del Consejo de
Estado de 10 de noviembre de 2010 , con ponencia del consejero Dr.

5 Folios 263 vto y s.s. del expediente administrativo.
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Demandante: UGPP

Gustavo Gómez Aranguren núm. Interno 0568 -08, dicha prima tiene
proyección en la liquidación según el artículo 73 del Decr eto 1848
de 1969.

16. De acuerdo con lo anterior sostuvo que la pensión debía
liquidarse con base en el 75% del promedio de los salarios y
prestaciones recibidos en el último año de servicios (30 de
noviembre de 2010 a 30 de noviembre de 2011) incluyendo como
factores salariales «la asignación básica, prima de riesgo, prima de
servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por
servicios prestados, bonificación por recreación en la proporción
correspondiente.»

17. Además de lo anterior, ord enó el pago actualizado de las
diferencias pensionales originadas .

2.1.5. Sentencia de segunda instancia 6

18. El Tribunal Administrativo de Nariño , profirió sentencia el 28 de
noviembre de 2014 , en la cual confirmó parcialmente la providencia
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto .

19. Modificó el numeral tercero para precisar que los factores que
debían excluirse de la liquidación pensional eran la bonificación por
recreación y «factores por vacaciones». Ordenó además , descontar
«las sumas dejadas de retener por concepto de aportes sobre los
factores en relación con los cuales se ordena reliquidar teniendo en
cuenta los porcentajes legales (sueldo básico, primas de riesgo, de
servicios, de navidad, de vacaciones y bonificación por servicios)» y
actualizar el salario de 1994 a 2003 y declaró la prescripción sobre
las mesadas anteriores al 10 de marzo de 2008.

20. Como fundamento de su decisión se refirió a la normativa que
rige el derecho pensional de los trabajadores del DAS y con base en
ella explicó que, si bien el demandante no se hallaba dentro de las
previsiones de la Ley 100 de 1993, sí se encontraba amparado por
el régimen de transición establecido en los artículos 2° y 4.° del
Decreto 1835 de 1994, comoquiera que ingresó al DAS el 2 de mayo
de 1988 es decir, antes de la entrada en vigor de la norma (3 de
agosto de 1994) y se desempeñó hasta octubre de 2011, siendo su
último cargo el de detective profesional 207 -11.

6 Folios 150 y s.s. cuaderno principal
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Demandante: UGPP

21. Por tanto, estimó que la pensión del señor Santacruz Salas debía
ser liquidada de acuerdo con el régimen especial para los
funcionarios de esa entidad, establecido en los Decretos 1047 de
1978 y 1933 de 1989, en cuanto a la edad, tiempo de servicios y el
monto de esta.

22. En relación con los factores explicó, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, que consagra el listado
de aquellos que deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de
las cesantías y pensiones, que el demandante tenía derecho a la
inclusión de todos los devengados en el último año de prestación del
servicio, comprendido entre el 1.° de diciembre de 2010 al 30 de
noviembre de 2011, es decir, además de los ya reconocidos
(asignación básica y bonificación por servicios) la s primas de
servicios, de navidad y de vaca ciones.

23. Igualmente estimó que era procedente incluir la prima de riesgo
de acuerdo con lo señalado por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado en sentencia s de 8 de abril de 2010, radicado
1026-2008 y de 1.° de agosto de 2014 , dentro del proceso radicado
interno 0070 -11 7; esto porque se encontraba demostrado que el
demandante la devengó en el último año de prestación de servicios.

24. No ordenó la inclusión de «los factores por vacaciones» al
advertir que no estaban enlistados en el artículo 18 del Decreto 1933
de 1989. Explicó que tampoco era procedente ordenar la bonificación
por recreación percibida por el demandante en el último a ño de
prestación de servicios toda vez que no constituye factor salarial.

2.1.6. La acción especial de revisión 8

25. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP- invocó
como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la
posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos
conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y
especialmente:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso, y

7 Con ponencia del consejero Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
8 Folios 211 y s.s. cuaderno primero.
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o conve nción colectiva que le eran
legalmente aplicables.

26. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis,
lo siguiente:

(i) «[…] Revocar la sentencia de JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO de fecha 03 de
abril de 2013 conf irmado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NARI ÑO DE PASTO en sentencia de fecha 28 de noviembr e
de 2014 la cual quedo debidamente ejecutoriada el 13 de ener o
de 2015 dentr o del proceso de nulidad y restablecimiento
instaurado por EDG AR JAVIER SANTACRUZ SALAS contr a la
CAJA NACIONAL DE PREVI SIÓN SOCI AL - CAJANAL, en el
proceso radicado con el No. 520013331002201200055 ».

(ii) «Declar ar que a EDGAR JAVIER SA NTACRUZ SALAS, en
cuanto a la liquidación de su mesada pensional. no es
acreedora de un DERECHO ADQUIRIDO amparable por la
Legislación Colombiana, y en su lugar, ORDENAR LA
RELIQUI DACIÓN Y PAGO de su mesada pensiona l conforme a
las r eglas previstas en las Sent encias C - 168 de 1995, C-258 de
2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU- 427 de 2016, SU-
210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU- 631 de
2017, T -039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la Corte
Const itucional, esto es, adoptando com o INGRESO BASE DE
LIQUIDACIÓ N las directrices f ijadas en el inciso 3° del articulo
36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACI ÓN
TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y
demás disposiciones que EXPRESAM ENTE consagren esa
condición de FACTORES SALARIALES con incidencia
pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE
REEM PLAZO el 75% previsto en Decr eto 1835 de 1994; por
haber adquir ido su status pensiona! conf orme a las condiciones
del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN cr eado por el Sist ema General
de Pensiones, y no antes.
(iii) «Como consecuencia de lo anter ior, O RDENAR a la Unidad
Administrat iva de Gestión Pensiona! Y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, RELIQUIDA R y
PAGAR la mesada pensiona l de EDGAR JAVIER SANTACRUZ
SALAS, conforme a las reglas previstas en las Sentencias C-
168 de 1995, C -258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-
395 de 2017 y SU - 631 de 2017 proferi das por la Sala Pl ena
de la Corte Constitucional, esto es, adoptando como INGRESO
BASE DE LIQUIDA CIÓN las directr ices fijadas en el inciso 3°
del articulo 36 o las consignadas en el ar tículo 21 de la Ley 100
de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE
COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE determinados en el Decr eto
1158 de 1994 y demás disp osiciones que EXPRESAMENTE
consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensiona!, y fijando como MONTO PENSIONAL o
TASA DE REEM PLAZO el 75% del promedio de lo devengado
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sobre el salar io de los 10 últ imos años o el tiempo que le hiciera
falta para adquir ir el derecho; por haber adquir ido su stat us
pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE
TRANSICIÓN creado por el Sistema General de Pensiones, y no
antes».

27. Para fundamentar sus pretensiones la UGPP sostuvo que el
señor Edgar Javier Santacruz Salas no tenía derecho a obtener la
reliquidación ordenada, toda vez que desconocía los artículos 13,
48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política, 1.° del Decreto 1047
de 1978, 1.° de la Ley 860 de 2003; 36 de la Ley 100 de 1993, 1.°
del Decreto 1158 de 1994 y 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005.

28. En cuanto al desconocimiento del debido proceso, argumentó
que el reconocimiento del derecho pensional efectuado en la
decisión cuestionada no se ajusta a derecho, toda vez que lo
correcto es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas
en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y
factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de liqui dar la
prestación, por lo que consideró que el fallo acusado transgrede los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1.°,
2.°, 6.°, 29, 121, 123 inciso 2° y 124 de la Carta Política.

29. De otra parte, en cuanto a la causal del lite ral b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 señaló que el señor Santacruz Salas, es
acreedor del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, y tenía derecho a que se apliquen «las
prerrogativas de transición que consiste (si c) se les aplique la
normatividad anterior a la cual se encontraba afiliado, que en el
presente caso es el Decreto 1835 de 1994, respetando las
condiciones de edad, tiempo y monto , pero en cuanto a la liquidación
o porcentaje del ingreso base de liquidació n sería aplicable el 75%
del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años,
o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón por la
cual la extinta Cajanal anteriormente había reconocido la pensión de
vejez con dichas condic iones.

30. Es indiscutible que el régimen especial aplicable a Edgar Javier
Santacruz Salas es el contemplado en el Decreto 1835 de 1994, de
conformidad al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por estar inmerso
en el régimen de transición , esto, con los fa ctores expresamente
señalados en el Decreto 1158 de 1994. Destacó que así lo ha
interpretado la Corte Constitucional en las providencias C -168 de
1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU -230 de 2015, SU -427
de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU -395 de 2017, SU-
631 de 2017 y T-039 de 2018.

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31. Finalmente indicó que en este caso se produjo una afectación al
patrimonio público toda vez que la orden judicial originó un
incremento del 43.62%:

V A LO R D E L A M E S A D A A CT U AL $ 2´ 18 4. 2 0 1, 22

V A LO R D E L A M E S A DA AJ U ST A D A A $ 1´ 23 1. 5 5 6, 78
L A F E CH A
DIF E R EN CI A S $ 9 52 .6 4 4, 4 4

PO RC E NT AJ E D E IN C RE M E NTO 43 , 62 %

ED A D 54

DIF E R EN CI A $ 9 52 .6 4 4, 4 4

VI D A M E DI A 2 B, 1

M E S AD A S FUT UR A S 39 8 ,4

PR O YE CC IÓ N P AG O S FUT UR O S EN $ 3 79´ 5 33 . 54 4, 9 0
P E SO S 2 01 9
PR O YE CC IÓ N PA G O S F UT URO S $ 5 87´ 8 39 . 08 4, 7 2
IN DE X A DO

2.1.8. Contestación

32. El señor Edgar Javier Santacruz Salas, contestó la demanda a
través de apoderado judicial 9, oponiéndose a las pretensiones
formuladas por la UGPP, al indicar que la sentencia cuestionada hizo
tránsito a cosa juzgada y que lo que pretende el apoderado es revivir
una discusión jurídica que ya fue objeto de debate por parte de los
funcionarios judiciales.

33. Explicó, además, que para CAJANAL nunca existió duda en
cuanto al régim en aplicable al demandante pues estimó en la
resolución de reconocimiento pensional que debía acreditar 20 años
de prestación de servicios en el DAS sin importar la edad, por
aplicación del régimen especial para los funcionarios del DAS que
se desempeñaran como detectives. Lo único que quedaba en
discusión era los valores que podían resultar de la reliquidación
pensional producto de la inclusión de los factores salariales
contenidos en el Decreto 1933 de 1989, luego de aplicar el IBL
correspondiente al 75% de todo lo devengado en el último año de
prestación de servicios.

9 Folios 374 y s.s. del cuaderno principal.
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34. En cuanto a la prima de riesgo estimó que debía incluirs e, de
conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de Estado
de 1.°de agosto de 2013, radicado interno 0070 -2011, co n ponencia
del consejero Gerardo Arenas Monsalve.

35. Finalmente explicó que en este caso no se puede aplicar la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, la cual se refiere
al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y la misma decisión
señala que solo se aplica a casos que estén pendientes de decisión
judicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

36. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es
competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de
conformidad con el artículo 249 del CPACA norma que estableció
que cuando se trate de sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos, conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia. Igualmente, corresponde su
conocimiento a la Sección Segunda, según el art. 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 2019.

3.2. Oportunidad y legitimación.

37. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo
señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de
revisión de las sentencias allí mencionadas podía instaurarse «en
cualquier tiempo», no obstante, la Corte Constitucional en la
sentencia C-835 de 2003 10, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentem ente, la solicit ud de re visión que establece el
artículo 20 acusado deberá formular la el respect ivo funcionar io, de
acuerdo con la jur isdicción que envuelva al acto adm inistr ativo,
dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro d el término previsto en el

10 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la
solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado deberá formularla el
respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto
administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código
Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a
partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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Demandante: UGPP

artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen
fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

38. En el sub lite , la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011,
comoquiera que la solicitud de revisión fue pres entada en vigencia
de esta 11, la cual en su artículo 251 dispone que, por regla general,
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la
respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a dicha
regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos pr evistos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
el recurso deber á presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos
de que ella no se requiera, dentro del mism o término cont ado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliat orio […]».( Negrilla de la Sala).

39. En este caso, la solicitud de revisión se presentó en tiempo, toda
vez que, la decisión judicial de segunda instancia que se cuestio na
fue proferida el 28 de noviembre de 2014 por parte del Tribunal
Administrativo de Nariño , y según constancia secretarial se indica
que quedó ejecutoriada el 13 de enero de 2015 (fl. 149 vto.); por su
parte el escrito de revisión se radicó en la Secretaría de la
Corporación el 18 de diciembre de 2019 12.

40. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad
recurrente fue contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y está considerada precisamente como una acción especial 13, con
algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la
causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las
sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de c ubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza
pagadas con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de

11 El recurso se presentó el 4 de octubre de 2019 (f. 10 vto Cdno. Principal).
12 Í n d i c e
3 vto. del expediente.
13 C o n s e j o de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014.
Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Tr abajo. Demandado: Rafael
Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se
le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se
refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno
Nacional y a los mecan ismos de control –Contraloría y Procuraduría- para
promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de
proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la vi abilidad financiera
del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
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Demandante: UGPP

corrupción en esta materia 14 y para ejercerla se requiere de un
solicitante calificado 15, que a su vez puede ser un tercer o que no
intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

41. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 16 facultó al
Gobierno para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito P úblico, del
contralor general de la República o del procurador general de la
Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se
reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública.

42. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del
Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009 17, reproducido en el
Decreto 575 de 2013, el Gobierno Nacional delegó como función de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social adelantar o
asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.

3.3. Problema jurídico

43. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 28 de
noviembre de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, que confirmó parcialmente la providencia de 3 de abril de
2013 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuit o de
Pasto incurrió en las causales de revisión previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la UGPP,

14 C o n s e j o d e E s t a d o . S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o . S e c c i ó n S e g u n d a

– Subsección A. consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D.
C. diez (10) de agosto dos mil dieci siete (2017). Radicado:
250002325000200205275 01. Número Interno: 1273 -2006. Accionante: Fondo
de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel
Moreno. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de
enero de 1984, CCA.
15 C o n s e j o de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00
(0704 2014). Demandante: Unidad Admin istrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-.
Demandado: José Efraín Mora Sánchez -. Admite acción de revisión.
16 P o r l a c u a l s e r e f o r m a n a l g u n a s d i s p o s i c i o n e s d e l s i s t e m a g e n e r a l d e

pensiones previst o en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
17 P o r e l c u a l s e e s t a b l e c e l a e s t r u c t u r a y o r g a n i z a c i ó n d e l a U n i d a d

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
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Demandante: UGPP

a reliquidar la pensión de jubilación del señor Edgar Javier Santacruz
Salas, con la inclusión de todos los fact ores salariales devengados
durante el último año de servicios (1.° de diciembre de 2010 al 30 de
noviembre de 2011) como detective del DAS.

3.4. La acción especial de revisión y las causales contempladas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

44. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar
una providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se
configuren, de manera expresa, las causales señaladas en el artículo
250 del CPACA 18 (antes artículo 188 del C CA), situación que es
posible entenderse como una de las excepciones al principio de la
cosa juzgada 19, que se aplica exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que
cobija a las sentencias, ellas no pu eden subsistir por el grave
desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

45. En este caso, las causales alegadas por la UGPP son las
contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, norma que establece:

«a) Cu ando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido pr oceso, y

18 A r t í c u l o
250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado despué s de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sent encia con fundamento en documentos falsos o
adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohe cho
en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con
mejor derecho par a reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para
su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre
las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar
a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada
y fue rechazada.
19 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , S u b s e c c i ó n A , s e n t e n c i a d e v e i n t i d ó s

(22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número: 25000 -23-25-000-
2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán,
demandado: Registraduría Nacional del Esta do Civil.
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido
de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».

3.4.1. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003: «a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso».

46. Esta causal se estructura cuando la sentencia atacada reconoce
una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza
pública con violación del debido proceso. En relación con ella, es
claro que la parte interesada debe promover la acción especial de
revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su
petición.

47. Ahora bien, la UGPP cuestio na la sentencia de 28 de noviembre
de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño , con base
en que incurrió en la violación al debido proceso, toda vez que en su
parecer la pensión debió liquidarse con base en los artículos 21 y el
inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, atendiendo
únicamente a los factores expresamente señalados en el Decreto
1158 de 1994.

48. Al respecto, la Sala precisa que e l derecho fundamental al debido
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución P olítica, es
una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad que surge
entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes
y de los terceros interesados en una actuación administrativa o
judicial.

49. Según la citada norma, el debido proceso comprende
fundamentalmente tres grandes garantías:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas
procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derech o a ofrecer y producir la prueba de
descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem.

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50. Como se advierte, ninguno de los argumentos empleados por la
UGPP para fundamentar el cargo de violación del derecho
fundamental al debido proceso, se refieren al desconocimiento de
las garantías citadas por parte de la autoridad judicial al proferir la
sentencia que se revisa.

51. Al contrario, los razonamientos empleados por la entidad no
hacen manifestación alguna en relación con la vulneración del citado
derecho, supuestamente ocasionada con la sentencia de 28 de
noviembre de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño ,
sino que cuestionan el régimen normativo aplicado al reconocimiento
pensional, asunto que no atañe a la violación del derecho al debido
proceso comoquiera que no se alega el desconocimiento del derech o
al juez natural o competente, ni que se ignoraron las normas
procesales correspondientes o que se omitió algún aspecto del
derecho de audiencia y defensa en los términos ya indicados . En
consecuencia, los citados argumentos se analizarán a luz de la
causal del literal b) como sigue a continuación.

3.4.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003: «Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran l egalmente aplicables».

52. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente 20 como un
instrumento que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa 21 y permite corregir los reconocimientos pensionales
que se han efectuado en exceso y que afectan los principios
filosóficos que orientan el Sistema General de Pension es 22, en
especial, el principio de solidaridad 23 y equilibrio financiero.

53. Ahora bien, la entidad señaló que en este caso se ocasionó un
detrimento al patrimonio público del 43.62% como quedó explicado
en precedencia, por lo que se encuentra la Sala h abilitada para
conocer los argumentos con los cuales, a través de la causal b) en
cita, la entidad solicita la revisión de la sentencia de 28 de noviembre
de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño.

20 C o n s e j o de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de
Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número:
11001-03-15-000-2016-02022-00.
21 A r t í c u l o 2 0 9 d e l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a , A r t í c u l o 3 . º d e l C P A C A y a r t í c u l o

3.º de la Ley 489 de 1998.
22U n i v e r s a l i d a d , integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad,
subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
23 R a t i o o r a z ó n d e s e r d e l a s e g u r i d a d s o c i a l .

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54. Ahora bien, examinados los razonamientos empleados por el
apoderado de la UGPP se advierte que adolecen de algunas
contradicciones toda vez que, de un lado, indic ó que las sentencias
recurridas incurrieron en la citada causal, comoquiera que ignoraron
que la liquidación del pensionado Edgar Javier Santacruz Salas,
exservidor del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-,
«cobijado por el régimen de transición», debi ó atender a las reglas
del Decreto 1835 de 1994, en cuanto a las condiciones de edad,
tiempo de servicios y monto y el IBL debe corresponder al señalado
en el inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con los factores
del Decreto 1158 de 1994. A su vez, en otros apartes de su
intervención señaló que al pensionado sólo le es aplicable la Ley 100
de 1993.

55. Para dilucidar si en este caso se configura la citada causal la
Sala se referirá al régimen especial de pensiones de los ex
servidores del DAS, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, con el fin de establecer si el reconocimiento pension al que le
fue otorgado en la sentencia objeto de revisión excede la cuantía del
derecho reconocido.

3.4.2.1. Régimen especial de pensiones de los servidores del
DAS antes de la entrada en vigor del Sistema General de
Seguridad Social 24.

56. El Decreto Ley 1933 del 28 de agosto de 1989 25 dictó una norma
general según la cual los empleados del DAS serían beneficiarios de
las prestaciones sociales señaladas para las entidades públicas del
orden nacional en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045
de 1978, 451 de 1984 y en las demás reg las que los adicionen o
modifiquen 26. En el artículo 10 27 previó que los empleados del

24A n á l i s i s
normativo efectuado por esta Subsección en sentencia del 26 de
agosto de 2021 dentro del proceso radicado 11001 -03-25-000-2016-00680-
00(2852-16), con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.

25 « P o r
el cual se expide el régimen prestacional especial para los empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad».

26 «Artículo 1º Norma General. Los empleados del Departamento
Administrativo de Seguridad tendrán derecho a las prestaciones sociales
previstas para las entidades de la administración pública del orden nacional
en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 451 de 1984,
artículo 3º y en los que los adicionan, modifican, reforman o complementan y,
además, a las que este decreto establece.»

27«Artículo 10. Pensión de jubilación. Las normas generales sobre pensión
de jubilación previstas para los empleados de la administración pública del
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Departamento Administrativo de Seguridad se regirían por los
cánones generales sobre pensión de jubilación. De otra parte,
quienes desarrollaran funciones de dactiloscop istas en los cargos de
detective agente, profesional o especializado, así como los
detectives en sus diferentes grados y denominaciones, se
gobernarían por lo previsto en el Decreto Ley 1047 de 1978 28.

57. En cuanto a los factores para la liquidación de l a pensión y de
las cesantías el mencionado decreto previó:

«ARTÍCULO 18. Factores para la liquidaci ón de cesantía y
pensiones. Para efectos del r econocimiento y pago del auxilio de
cesantía y de las pensiones a que tuvieren der echo los empleados
del Depar tamento Administrativo de Seguridad se t endrán en cuenta
para su liquidación, los siguientes factores:

a) La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;

b) Los incrementos por antigüedad;
c) La bonificación por servicios pr estados;

d) La prima de servicio;
e) El subsidio de alimentación;
f) El auxilio de transporte;
g) La prima de navidad;
h) Los gast os de representación;
i) Los viát icos que reciban los funcionar ios en comisión, dentro o
fuera del país, cuando se hayan percib ido por un térm ino no inferior
a ciento ochenta (180) días en el último año de servicio;
j) La prima de vacaciones.»

58. Es conveniente señalar que a pesar de que la norma transcrita
no incluyó la prima de riesgo , la jurisprudencia del Consejo de
Estado admitió su cómputo en la sentencia del 1.° de agosto de

orden nacional se aplicarán a los empleados del Departamento Administrativo
de Seguridad.

Los empleados que cumplan funciones de dactilocopistas en los cargos de
Detective Agente, Profesional o Especializado, se regirán por lo establecido
en cuanto a régimen de pensión vitalicia de jubilación, por el Decreto -ley 1047
de 1978, cuyas normas serán igualmente aplicables al personal de detectives
en sus distintos grados y denominaciones.»

28 «Los empleados públicos que hayan aprobado el curso a que se refiere el
artículo anterior y que permanezcan al servicio del Departamento
Administrativo de Segurida d por un término no menor de 18 años continuos en
el desempeño de funciones de dactiloscopista, tendrán derecho a la pensión
de jubilación al cumplir 50 años de edad, siempre que para esta época fueren
funcionarios de ese Departamento.»

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2013 29, providencia en la que consideró que debía acogerse el
criterio de favorabilidad expuesto en la sentencia del 4 de agosto de
2010 30, según el cual es válido tener en cuenta todas aquellas sumas
que el servidor percibe de manera habitual y periódica como
contraprestación del servicio, independientemente de su
denominación. Agregó que una interpretación distinta vulneraría las
garantías que la Constituci ón Política de 1991 previó como
referencia para garantizar el desarrollo y la efectividad del derecho
fundamental al trabajo, entre ellas, la remuneración mínima, vital y
móvil, así como los principios de favorabilidad y primacía de la
realidad sobre las f ormas. Al respecto, precisó que la prima de riesgo
es percibida en forma permanente y mensual. En consecuencia, hace
parte de la contraprestación directa que recibían los servidores del
DAS, por lo que debía ser parte del ingreso base de cotización y de
la liquidación de la pensión.

59. En ese contexto y dada la naturaleza del cargo que ocupaba el
hoy demandado (detective profesional 207 -10 del DAS) 31 es
necesario poner de presente las denominadas actividades de alto
riesgo en el sector público, para las cuales el artículo 140 32 de la
Ley 100 de 1993 previó, lo siguiente:

«ARTÍCULO 140. ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS. De conformidad con la Ley 4a. de 1992,
el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos
que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una
menor edad de jubilación o un númer o menor de semanas de
cotización, o ambos requisit os. Se consideran para este efect o como
actividades de alt o riesgo para el trabajador aquellas que cumple n
algunos sectores tales como el Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Nacional Penitenciar ia. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos por centuales
adicionales de cot ización a cargo del empleador, o del empleador y
el trabajador, según cada act ividad».

60. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1835
del 3 de agosto de 1994, por medio del cual reglamentó las
actividades de alto riesgo de los servidores públicos, que
estableció lo siguiente:

29Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013,
radicación: 4400123310002008150 01(0070 -2011), demandante: Héctor
Enrique Duque Blanco.

30Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010,
radicación: 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

31 C o m o se indica a folio 10 del cuaderno principal del expediente originario.
32 D e c l a r a d o e x e q u i b l e p o r l a C o r t e C o n s t i t u c i o n a l e n s e n t e n c i a C - 0 0 3 d e 1 9 9 6 .

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Demandante: UGPP

«1. En el Depart amento Administrativo de Seguridad, DAS:
Personal de det ectives en sus distintos grados y
denominaciones de especi alizado, profesional y
agente. (Negr illa fuera del or iginal)

2. En la Rama Judicial.

Funcionarios de la jurisdicción pena l:

Magistrados, Jueces Regionales, Jueces Penales del Circuit o,
Fiscales y empleados de los Cuerpos de Segur idad de la Fiscalí a
General de la Nación y los siguientes funcionar ios del cuerpo
técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales
judic iales especiales, profesionales universitar ios judiciales I y
II, jefes de sección de cr iminalíst ica, investigadores judiciales I
y II, técnicos judiciales I y II y escoltas I y II.

[…]». 33

61. De lo anterior se puede colegir, que la labor de los detectives del
DAS se clasificó como de alto riesgo, por ello se encuentran bajo un
régimen de transición especial 34 para aquellos que, a su entrada en
vigencia, esto es, el 4 de agosto de 1994, labo raran en dicha actividad
con el beneficio de acceder a la pensión en las condiciones indicadas
por las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, es decir, los Decretos
1047 de 1978 y 1933 de 1989.

62. Ahora bien, el Decreto Ley 2090 del 26 de julio de 2003 35 derogó el
Decreto 1835 de 1994 y precisó cuáles actividades son consideradas
de alto riesgo, sin incluir al DAS. No obstante, en su artículo 6.°
introdujo un régimen de transición para las personas que para esa
época tuvieran al menos 500 semanas de cot ización especial 36.

33 A r t í c u l o
2 del Decreto 1835 de 1994
34 «Artículo 4. Los funcionarios de las Entidades señaladas en este capítulo, que
laboren en las actividades descritas en los numerales 1o. y 5o. del artículo 2o., de
este Decreto, que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no
tendrán condiciones menos favorables, e n lo que respecta a la edad para acceder a la
pensión de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas
cotizadas y el monto de ésta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes
con anterioridad a la Ley 100 de 19 93.
Para los demás servidores las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de
vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1993
y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las cotizacione s a
cargo del respectivo empleador.»
35 « P o r e l c u a l s e d e f i n e n l a s a c t i v i d a d e s d e a l t o r i e s g o p a r a l a s a l u d d e l t r a b a j a d o r y

se modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de
pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.»
36 S o b r e l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l r é g i m e n d e t r a n s i c i ó n p r e v i s t o e n e l a r t í c u l o 6 d e l D e c r e t o

2090 de 2003 se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, sentencia de 12 de junio de 2014, radicación: 3287 -2013, y de la Subsección A,
sentencia de 22 de abril de 2015, radicación: 2555 -13.
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63. Posteriormente la Ley 860 del 26 de diciembre de 2003 37 se ocupó
de regular la materia pensional para los servidores que desempeñan
labores de alto riesgo en el DAS e incluyó a la prima de riesgo en el
ingreso base de cotización. La norma también estableció un nuevo
régimen de transición en el parágrafo 5.° de l artículo 2°: «Los detectives
vinculados con anterioridad al 3 de agosto de 1994 que a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley hubieren cotizado 500 semanas
les serán reconocida la pensión de vejez en las mismas condiciones del
régimen de transición contenidas en el Decreto 1835 de 1994».

3.4.2.2. El Sistema General de Seguridad Social en pensiones y el
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

64. El artículo 48 de la Constitución Política de 1991 consagró la
seguridad social como un derecho irrenunciable y como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo
establezca la ley.

65. La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social
Integral como un conjunto de obligaciones del Estado y la sociedad, con
instituciones y recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico , de salud y servicios
complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar
normativamente en el futuro, con el objeto de garantizar esos derechos
irrenunciables de las personas 38, a través de la protección de las
contingencias que las puedan afectar 39, y les permitan tener una calidad
de vida acorde con la dignidad humana.

66. El propósito de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar los regímenes
pensionales que, antes de su promulgación, se encontraban dispersos
en el ordenamiento jurídico, establecie ndo reglas comunes para todos
los trabajadores del territorio nacional y sin atención a la naturaleza de
su relación laboral. No obstante, en el artículo 36, la norma concibió un
régimen de transición en favor de las personas que cumplieran con unos
requisitos a su entrada en vigor, lo cual les permitiría regirse por la
legislación aplicable en el régimen anterior al que se encontraban
afiliadas, en cuanto a la edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas y monto de la prestación.

37 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras disposiciones.»
38 A r t í c u l o 1 d e l a L e y 1 0 0 d e 1 9 9 3 .
39 I b i d e m .

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«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder
a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para
las mujer es y sesenta (60) par a los hombres, hasta el año 2014,
fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, ser á
de 57 años par a las mujeres y 62 para los hombres.
La edad par a acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o
el número de semanas cotizadas, y el m onto de la pensión de vejez
de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema
tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son muj eres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o
más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren af iliados. Las demás condiciones y
requisit os aplicables a estas personas para acceder a la pensión de
vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la pr esent e
Ley.
[…]»

67. Bajo ese entendido, solo quienes hubieran acreditado los
requisitos de edad o de tiempo de servicios previstos por el artículo
36 para la fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, tendrían
la posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas q ue venían
aplicándose con anterioridad en cuanto a edad, tiempo de servicios o
semanas cotizadas y monto. En cuanto a esto último, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha debatido si el
ingreso base de liquidación forma o no parte del régimen de transición.
Las posturas frente al particular fueron las siguientes:

a) Criterio de la Corte Constitucional

68. En la sentencia C -168 de 1995, la Corte analizó la
constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993,
frente a la diferenciación que hacía la norma original entre
trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna
regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición.

69. Por su parte, en la sentencia C -258 de 2013, al referirse al
régimen de transición de los congresistas, fijó una regla según la cual
el IBL no hacía parte de las normas de transición, al respectó
manifestó:

«[…]
En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas
de IBL de los reg ím enes pensionales vigentes antes de la Ley 100
fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 2 1
y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó
unif icar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unif icación coincide con los objetivos perseguidos por
el Acto Legislat ivo 01 de 2005, específicamente con los de crear
reglas uniformes que eliminen privilegios injustif icados y permitan
diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del si stema -de
ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley
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100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durant e el últ im o
año” debe ser llenado acudiendo a las reglas gene rales pr evistas en
las dos disposiciones de la Ley 100 refer idas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además
de declarar inexequible la expresión “durante el últim o año”
contenida en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibi lidad del
resto del precepto será condicionada a que se ent ienda que las
reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese r égimen
especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso ter cero,
de la Ley 100 de 1993, según el caso.».

70. Posteriormente, en la sentencia SU -230 de 2015, definió que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial y
expuso:

«Aunque la interpret ación de las reglas del IBL establecidas en la
Sentencia C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del r égimen
especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con
fundament o (i) en que dicho régimen vulneraba el derecho a la
igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favor ecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de
congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas
frente a los demás regímenes especiales, ello no excluye la
interpretaci ón en abstracto que se real izó sobre el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 en el sentido de establ ecer que el IBL no es
un aspect o de l a transición y, por tanto, son las reglas
conteni das en este las que deben observarse para det erminar el
monto pensional con independencia del régimen especial al que
se pertenezca ». (Negrilla por fuera de texto).

71. A partir de las citadas decisiones, la Corte Constitucional ha
emitido varias sentencias de unificación en las cuales ha mantenido
su criterio, entre ellas, las sentencias SU -427 de 2016, SU-631 de
2017, SU-210 de 2017 y SU -395 de 2017.

72. En esta última providencia, esto es, la SU -395 de 2017 40, la
Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con
fundamento en los regímenes especiales previstos por los Decretos
546 de 1971 41 y 929 de 1976 42, y consideró que la regla general de
liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales, según lo había analizado

40 R e i t e r a d o
en la sentencia SU -023 de 2018.
41 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus
familiares»
42 « P o r e l c u a l s e e s t a b l e c e e l r é g i m e n d e p r e s t a c i o n e s s o c i a l e s d e l o s f u n c i o n a r i o s y

empleados de la Contraloría General de la República y sus familiares.»
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la sentencia C-258 de 2013, que precisó que la transición consiste
en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el servidor, solo en lo relacionado con los requisitos de
edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplaz o, pero
excluyendo el ingreso base de liquidación.

b) Criterio del Consejo de Estado

73. El Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí
forma parte del régimen de transición, estableciendo, en la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4 de
agosto de 2010 43, lo siguiente:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido
entendido como un benef icio consagrado en favor de las personas
que cumplan deter minados requisitos, para que al en tr ar en
vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas y mont o de la pensión, se sigan
rigiendo por lo establecido en el régimen anter ior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuent a las pruebas allegadas al expedient e, se
acreditó que al 1.° de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años
de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este ca so para ef ectos
de det erminar los requisit os de edad, tiempo de servicios y,
especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes
33 y 62 de 1985.
[…]

En aras de garant izar los principios de igualdad mater ial, primacía
de la realidad sobr e la s formalidades y favorabilidad en materia
laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en
antecedentes históricos, normativos y jur isprudenciales, a través de
la presente sentencia de unificación arr iba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indi ca en forma taxat iva los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los
mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de
otros conceptos devengados por el trabajador durant e el últ imo año
de prestación de s er vicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sent encia de 9 de julio
de 2009, profer ida por la Sección Segunda de esta Corporación».

43 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , s e n t e n c i a d e l 4 d e a g o s t o d e 2 0 1 0 , r a d i c a c i ó n :

250002325000200607509 01.
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74. No obstante, mediante la sentencia de unificación CE -SUJ-SIII,
de 28 de agosto de 2018 44, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia respecto de
los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al
IBL, señaló que la interpretaci ón que debe dársele al inciso 3.º del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que el legislador previó en
esa disposición jurídica, es decir, que las personas beneficiarias del
régimen de transición pueden adquirir su pensión de vejez con la
edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de
reemplazo del régimen anterior; mientras que los restantes requisitos
y condiciones, como el IBL, deben regirse por lo previsto en el inciso
3.º del artículo 36 y artículo 21 de la Ley 100 de 1993 45.

3.4.2.3. La liquidación de pensiones de agentes del DAS
cobijados por el régimen de transición del régimen especial.

75. En cuanto al ingreso base de liquidación para el personal
beneficiario de las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es,
de los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de noviembre de 2000 46,
consideró que debe aplicarse en su integridad la normativa
precedente.

76. Estimó que debían atenderse aquellos factores salariales qu e
estuvieran previstos por el artículo 18 del Decreto 1933 de 1989, es
decir, los siguientes:

• La asignación básica mensual señalada para el respectivo
cargo;
• Los incrementos por antigüedad;
• La bonificación por servicios prestados;
• La prima de serv icio;
• El subsidio de alimentación;
• El auxilio de transporte;

44 Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo;
sentencia de 28 de agosto de 2018, Radicado 2012 -00143, C.P.: César
Palomino Cortés.
45 L a s r e g l a s j u r i s p r u d e n c i a l e s q u e s e f i j a r o n e n l a s e n t e n c i a d e u n i f i c a c i ó n
del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos pendientes de solución,
tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de acciones
ordinarias. En otras palabras, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de
la seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto
de situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
46 C o n s e j o de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de n oviembre de 2000. Radicación
2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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• La prima de navidad;
• Los gastos de representación;
• Los viáticos que reciban los funcionarios en comisión, dentro o
fuera del país, cuando se hayan percibido por un término no
inferior a ciento ochenta (180) días en el último año de
servicio;
• La prima de vacaciones.

3.5. Caso concreto

• En el sub lite se demostró que el señor Edgar Javier Santacruz
Salas es beneficiario del régimen de transición de que trata
el Decreto 1835 de 1994, toda vez que (i) nació el 20 de
noviembre de 1964 47, (ii) prestó sus servicios en el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde el 4 de
mayo de 1988 48 y hasta el 30 de noviembre de 2011 49, como
detective profesional 207 -11 para un total de 23 años, 6 meses
y 26 días de servicios.

• A través de la Resolución PAP016911 de 8 de octubre de
2010, suscrita por el liquidador de la Caja Nacional de
Previsión Social EICE en liquidación, se le reconoció la
pensión de jubilación donde s i bien se tuvo en cuenta la
acreditación de 20 años de servicios como detective del DAS ,
y se indicó que estaba amparado por el régimen de transición
del Decreto 1835 de 1994 ; para determinar el ingreso base de
liquidación atendió al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es
decir, sobre el 75% del promedio de los salarios y rentas sobre
los cuales cotizó desde el 1.° de octubre de 1998 al 30 de
diciembre de 1998 , con inclusión de la asignación básica y la
bonificación por servicios, en cuantía de $ 754.591, efectiva a
partir del 1.° de octubre de 20 08, condicionada al retiro
definitivo del servicio 50.

• Contra dicha decisión solo procedía el recurso de reposición
que fue interpuesto por el señor Santacruz Salas 51, sin que se
advierta que la entidad haya dado respuesta al interesado.

47 C o p i a de cédula obrante a folio 50 del expediente.
48 S e g ú n certificación expedida por el subdirector de Talento Humano del Das
visible a folio 51.
49 C o m o s e i n d i c a e n e l c e r t i f i c a d o d e s a l a r i o s e x p e d i d o p o r e l c o o r d i n a d o r

Administrativo y Financiero , visible a folio 259 vto.
50 f f . 6 2 y s . s . d e l e x p e d i e n t e
51 f o l i o 6 6 i b i d e m .

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• Los actos administrativos fueron demandados ante la
jurisdicción contencioso administrativa, cuyo conocimiento
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Pasto, proceso radicado 520013331002201200055-00,
despacho que a través de la sentencia de 3 de abril de 2013
estimó que pese a qu e el demandante no se encontraba dentro
de las previsiones establecidas en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, le era aplicable el artículo 4.° del Decreto 1835 de
1994 que estableció un régimen de transición para ciertas
actividades catalogadas como de alto riesgo, por lo cual, las
normas aplicables a su caso eran los Decretos 1933 de 1989 y
1047 de 1978, que regularon las prestaciones de los
empleados del DAS, pues acreditó haber prestado sus
servicios a dicha entidad en el cargo de detective profesiona l
por un tiempo superior a los 20 años, desde el 4 de mayo de
1988.

Por ende, sostuvo que la pensión debía liquidarse con base en
el 75% del promedio de los salarios y prestaciones recibidos
en el último año de servicios incluyendo como factores
salariales en forma proporcional , «la asignación básica, prima
de riesgo, prima de servicios, prima de navidad , prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación
por recreación en la proporción correspondiente», que
aparecen como devengados por el demandante en su último
año de servicio s.

77. Ahora bien, e n el sub lite , la UGPP solicitó in firmar la sentencia
del 28 de noviembre de 2014 dictada por el Tribunal Administrativo
de Nariño por considerar que dicha decisión se encuentra incursa en
la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda
vez que no se debió confirmar la sentencia de 3 de abril de 2013
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pasto .

78. Destaca la Sala que para el momento en el que se produjo la
decisión (28 de noviembre de 2014 ), estaba vigente la tesis asumida
en la sentencia de un ificación del 1.° de agosto de 2013 52 en la cual
la Sección Segunda se refirió a los servidores amparados por el
régimen especial del DAS . Allí se acogió la tesis del 4 de agosto de
2010 del Consejo de Estado, referente a la determinación del IBL con
inclusión de todas aquellas sumas que el servidor percibía de manera

52Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de agosto de 2013,
radicación: 440012331000200800150 01(0070 -2011), demandante: Héctor
Enrique Duque Blanco.
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Radicación: 11001032500020200007800 (0079-2020)
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habitual y periódica como contraprestación del servicio,
independientemen te de su denominación.

79. Además, el Tribunal Administrativo de Nariño hizo énfasis en la
aplicación de las sentencias de la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado, de 8 de abril de 2010, radicado 1026 -2008 y
de 1.° de agosto de 2014, dentro del proceso radicado interno 0070 -
11 53, y a partir de allí concluyó que el régimen aplicable al
demandante debido a su cargo de detective del DAS era el contenido
en el Decreto 1933 de 1989, por encontrarse en el régimen de
transición del artículo 4.° de l Decreto 1835 de 1994.

80. Ahora bien, como ya se indicó, en la sentencia de unificación de
1.° de agosto de 2013 54 se plasmaron los siguientes parámetros de
interpretación normativa, que no pugnan con la decisión objeto del
recurso.

«Bajo estos supuest os, estima la Sala que a partir de la expedición
del Decreto 1047 de 1978, el legislador extraordinar io, estableció
un régimen pensional especial a favor de los empleados del
Departamento Administrativo de Segur idad, DAS, que
desempeñaban las funciones de dact iloscopistas, exigiendo como
requisit os para el reconocim iento de una prestación pensional
vitalicia de jubilación 20 años de servicios continuos o discontinuos
y, adicionalmente, haber aprobado el curso de formación en
dactiloscopia im partido por el instituto correspondiente de dicho
Departamento Administrativo.

Así mismo, se reiter a que con post erior idad, el Presidente de la
República mediant e Decreto 1933 de 1989, reguló en forma
detallada lo co ncer niente al r égimen pensional de los empleados
del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, al señalar, en
primer lugar, i) que las normas generales sobre pensiones de
jubilación previstas para los empleados de la adm inistración
pública en el orden nacional resultaban aplicables a los empleados
del Departamento Administrat ivo de Segur idad, DAS., y, en
segundo lugar, ii) que para el caso de los dact iloscopistas en los
cargos de detectives agentes o especializados, y detect ives en
general le resultaba aplicable lo dispuesto en el artículo 1 del
Decreto 1047 de 1978, previendo en todo caso en su artículo 18 los
factores salariales a tener en cuenta para determinar el ingreso
base de liquidación, IBL, de la pensión de jubilación pr evista en su
artículo 1 0.
[…]

Teniendo en cuenta lo anterior, y con la finalidad de unificar
criterios en torno al asunto específ ico de la pr ima de riesgo de los
servidores del Departamento Adm inistrativo de Seguridad, DAS,
como factor para el reconocim iento de las pensiones de jubilac ión

53 C o n ponencia del consejero Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
54 R a d i c a c i ó n
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o de vejez de quienes sean sujet os del régimen de transición
pensional, la Sala en esta ocasión se permite precisar que dicha
prima sí debe ser tenida en cuenta para los fines indicados.

Lo anter ior, en primer lugar, porque la jurisprudencia de e sta
Corpor ación 55, ha entendido por salar io la remuneración que
percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del
empleador, de forma personal, dir ecta y subordinada, el cual, no
sólo está integrado por una remuneración básica u ordinar ia sino
también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o
concepto, en diner o o en especies, ingrese al patrimonio del
trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

Bajo estos supuestos, ha de decirse que todas las sumas que de
manera habitual y periódica perciba el trabajador, son factores
que int egran el salario que éste per cibe lo que incide de manera
directa en la forma cómo se establecen los ingresos base de
cotización y liquidación de una prestación pensional».

81. Igualmente, para l a fecha en la que se dictó la providencia objeto
de la acción de revisión, la Corte Constitucional sostenía que el
beneficio de la transición pensional consistía en acatar en su
integridad las condiciones del régimen anterior y por esto, el ingreso
base de liquidación debía corresponder a lo previsto por las normas
que venían rigiendo la situación del afiliado 56. Por esa razón, se
admitía que la liquidación debía efectuarse sobre el promedio de lo
devengado en el último año de servicios.

82. Ahora, en la acción de revisión, la UGPP alegó que en la
reliquidación de la pensión del señor Santacruz Salas debió
atenderse el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993, al considerar que el ingreso base de liquidación no
resultaba objeto de transición, por lo que debía acatarse a lo
señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C -258 de
2013 y SU-230 de 2015.

83. Es menester señalar que para la fecha en que se profirió el fallo
objeto de revisión solo se había dictado la sentencia C – 258 de 2013
y en ese momento no se había proferido un criterio unificado por
parte de esta Corporación, siendo razonable que el Tribunal acudiera
a las sentencias citadas en precedencia.

84. Adicionalmente es de señalar que las sentencias de unificación
que enuncia la recurrente de la Corte Constitucional en materia de

55 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026 -2008. M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
56 V e r s e n t e n c i a s T - 6 3 1 d e 2 0 0 2 , T - 1 0 0 0 d e 2 0 0 2 , T - 1 6 9 d e 2 0 0 3 , T - 6 5 1 d e

2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de
2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009, T-610 de 2009.
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IBL, no se refieren a los casos en los que e l ingreso base de
cotización previsto por las normas que regulan un régimen especial,
como el que tenían los detectives del DAS, situación diametralmente
opuesta al de las pensiones de congresistas y altos dignatarios del
Estado.

85. En relación con los f actores para tener en cuenta en la
liquidación de la pensión, se advierte que el Juzgado ordenó la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, esto es, «la asignación básica, prima de
riesgos, prima de servicio s, prima de navidad, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados, bonificación por recreación en
la proporción correspondiente» 57.

86. Ahora bien, una vez revisado el expediente originario, a folio s
313 vto y 314 obran certificaciones de 11 de junio de 2015, suscritas
por el Archivo General de la Nación, en las que aparece que en el
citado periodo el señor Edgar Javier Santacruz Salas devengó los
factores señalados 58 y además «indemnización. Comp. Vacac,
retiro».

87. Al resolver el recurso d e apelación interpuesto por la entidad el
Tribunal hizo un pronunciamiento general acerca de que la pensión
del señor Santacruz Salas debía ser liquidada de acuerdo con el
régimen especial para los funcionarios de esa entidad, establecido
en los Decretos 1047 de 1978 y 1933 de 1989, en cuanto a la edad,
tiempo de servicios y el monto de esta y, en cuanto a los factores
explicó, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1933
de 1989, tenía derecho a la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de prestación del servicio, comprendido
entre el 1.° de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2011, es
decir, además de los ya reconocidos (asignación básica y
bonificación por servicios) la prima de servicios, la prima de navidad,
la prima de vacaciones y la prima de riesgo.

88. Finalmente excluyó los «factores de vacaciones», así como la
bonificación por recreación .

89. Así las cosas, como en el presente asunto se demostró que el
señor Edgar Javier Santacruz Salas es beneficiario del régimen de
transición de que trata el D ecreto 1835 de 1994, según la tesis
jurisprudencial vigente para la época, tenía derecho a que su

57 F o l i o
141 del cuaderno principal.
58 A s i g n a c i ó n
básica y las primas de servicios, de navidad, de vacaciones,
prima de expresidentes, la bonificación por servicios y la prima de riesgo.
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pensión fuese liquidada con base en lo devengado en el último año
de servicios con una tasa de reemplazo del 75%, en cumplimiento
de los Decretos 1047 de 1978 , 1933 de 1989 y 1835 de 1994, por
estar vinculado a la entidad para el 3 de agosto de 1994.

90.Así las cosas, no se acreditó la vulneración de los artículos 13,
48, 53, 83, 95 y 128 de la Constitución Política, 1.° del Decreto 1047
de 1978, 1.° de la Ley 860 de 2003; 36 de la Ley 100 de 1993, 1.°
del Decreto 1158 de 1994 y 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005,
citados como desconocidos por la UGPP en el escrito contentivo de
la acción de revisión, sino que al contrario, la interpretación que se
impartió en la sentencia objeto de revisión se basó en criterios
jurisprudenciales válidos para la época en el Consejo de Estado, con
lo cual se advierte que no se encuentra probada la configuración de
la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.6. Condena en costas – Acción especial de revisión presentada
antes de la expedición de la Ley 2080 de 2021.

91. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos
los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y
comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los
honorarios de abogado o agencias del derecho 59, los llamados en el
CPACA gastos ordinarios del proceso 60 y otros como son los
necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba
pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de
secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.

92. En atención a que la demanda fue presentada el 18 de diciembre
de 2019 61, debe darse aplicación al artículo 188 del CPACA , previo
a la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021, norma que
disponía lo siguiente:

«Salvo en los procesos en que se vent ile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por l as normas del Código de Procedim ient o
Civil.»

93. Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza
jurídica de la entidad accionante para colegir que un asunto verse
sobre la protección del interés público, ni tampoco que por ello que

59 Artículo 361 del Código General del Proceso.
60 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
61 Índice 3 vto.

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deba eximírsele de la imposición de condena en costas, como bien
lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C -539 de 1999.

94. En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365
del CGP, norma aplicable en virtud del mismo artículo 188 en
mención, en cuyos numerales 1.° y 8.° dispone:

«1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablement e el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los caso s especiales previst os en este código.
[…]
8.- Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su compr obación. »

95. En el sub lite se advierte que el demandado compareció al
proceso a través de apoderado, quien en ejercicio de la defensa
presentó contestación a la demanda 62.

96. De acuerdo con lo anterior, se impondrá condena en costas en
la modalidad de agencias en derecho contra la UGPP y a favor de
del accionado. Una vez en firme esta providencia éstas se fijarán de
conformidad con lo señalado en el artículo 366 del CGP 63.

62 Índice 16 aplicativo SAMAI.
63«Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en

el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.

2. Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto
en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las
sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales
hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado.

Los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes serán incluidos en la liquidación de
costas, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables. Si su valor excede los
parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez
los regulará.
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior
de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta,
además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo
de dichas tarifas.

5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo.

6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se
haga a favor o en contra de un tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al superior, según el caso».
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Demandante: UGPP

97. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda , Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA
PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 28 de noviembre de 2014 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño , que confirmó parcialmente
la sentencia de 3 de abril de 2013 dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Ci rcuito de Pasto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado
520013331002201200055-00/01, de conformidad con lo señalado en
la parte motiva.

SEGUNDO.- SE CONDENA EN COSTAS a la UGPP y a favor del
señor Edgar Javier Santacruz S alas, en la modalidad de agencias en
derecho, según las consideraciones señaladas. En firme esta
providencia serán fijadas de conformidad con el artículo 366 del
CGP.
TERCERO.- EFECTUAR las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SAM AI y una vez en firme esta
providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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