Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00087-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00087-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00087-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
30 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00087-00 (0088-2020)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00087-00 (0088-2020)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ VARGAS
Temas: Acción de revisión. Artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a) y
b). Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-038-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 16 de enero de 2012 proferida por
el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, adicionada el 18 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión de Descongestión No. 9 B, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por el señor Julio César Rodríguez Vargas
contra Cajanal.
ANTECEDENTES
El señor Julio Cesar Rodríguez Vargas, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
del medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 al Ministerio
de la Protección Social y a CAJANAL EICE en Liquidación. Pidió la nulidad parcial de
la Resolución 20652 del 4 de junio de 2009, mediante la cual esta última entidad,
reliquidó su pensión de vejez incrementando la cuantía a $1.093.055.
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Folios 2 a 12 del expediente ordinario, visible en el documento «01.Folio 1-51» del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho obrante en el índice 17 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, pidió que
se condene a las entidades demandadas a: i) Reliquidar la pensión de vejez del señor
Julio César Rodríguez Vargas, en cuantía de $1.536.295, con inclusión de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicio, efectiva a partir del
1 de agosto de 2008; ii) Cancelar las diferencias entre los valores que reconoció y los
que debe reconocer; iii) Reajustar las sumas adeudadas, conforme al IPC, desde el 1
de agosto de 2008 y hasta cuando se cancele su totalidad, tal como se autorizó en los
artículos 177 y 178 del C.C.A. y iv) Cumplir el fallo dentro del término previsto por el
artículo 176 del C.C.A. o, en su defecto, pagar intereses comerciales durante los seis
primeros meses contados después de la ejecutoria de la decisión e intereses
moratorios después de este término.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes:
1. El señor Julio César Rodríguez Vargas laboró en la Registraduría Nacional del
Estado Civil entre el 29 de agosto de 1975 y el 30 de julio de 2008.
2. Por medio de la Resolución 10881 del 12 de marzo de 20082, CAJANAL
reconoció en favor del señor Julio César Rodríguez Vargas una pensión de jubilación
en cuantía de $986.792. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio de lo
devengado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión de acuerdo
con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores previstos en
los Decretos 1158 de 1994 y 1068 de 1995, y sobre los cuales se efectuaron las
cotizaciones correspondientes.
3. Por medio de la Resolución 134 del 20 de junio de 2008 se retiró del servicio al
señor Julio César Rodríguez Vargas quien se desempeñaba como registrador
municipal 4035-05 de Tota, Boyacá.
4. A través de la Resolución 161 del 23 de julio de 20083 se ordenó dar
cumplimiento al acto administrativo descrito en el numeral anterior.
5. El 18 de septiembre de 2008 el señor Julio César Rodríguez Vargas solicitó la
reliquidación de la prestación4.
6. El 4 de junio de 2009, mediante Resolución 206525, CAJANAL reliquidó la
pensión de vejez del señor Julio César Rodríguez Vargas, incrementándola a
$1.093.055 a partir del 1 de agosto de 2008, fecha del retiro definitivo del servicio.
Para esta reliquidación solo tuvo en cuenta la asignación básica, las horas extras y
la prima de antigüedad devengadas por el trabajador.
2
Folios 99 a 102 del cuaderno 1.
3
Folio 109 vuelto del cuaderno 1.
4
Folio 104 del cuaderno 1.
5
Folios 110 vuelto a 112 del cuaderno 1.
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Demandante: UGPP
Como disposiciones vulneradas, adujo que el acto acusado desconoció los artículos
2, 6, 13, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; el artículo 10 del Código Civil; la
Ley 57 de 1887; el artículo 5 de la Ley 4 de 1966; el Decreto 1743 de 1966; el Decreto
1045 de 1978 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Como concepto de violación de la normativa invocada, indicó que la resolución
demandada adolece de nulidad por infracción de las normas en que debió fundarse.
Argumentó que CAJANAL no tuvo en cuenta todos los factores salariales que, en
concordancia con la Ley 4 de 1966, el Decreto 1743 de 1966 y el Decreto 1045 de
1978, debieron tomarse en consideración para el cálculo del IBL, por cuanto quedó
cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Explicó
que al haber realizado la liquidación de manera diferente vulneró el artículo 13 de la
Constitución que consagra el principio de igualdad y equidad.
Adicionalmente, señaló que el acto administrativo demandado adolece de falsa
motivación al violar las normas sobre reconocimiento y reliquidación de las
prestaciones. Explicó que Cajanal motivó falsamente la Resolución 020562 del 4 de
junio de 2009 por cuanto reliquidó la pensión sobre lo devengado en los últimos diez
años de servicio, en aplicación de la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Dentro del plazo legal para ello, tanto el Ministerio de Protección Social, como
CAJANAL y Previsora S.A. contestaron la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Nación - Ministerio de la Protección Social6
El Ministerio de la Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda.
Seguidamente, precisó que dentro de sus funciones constitucionales y legales no se
encuentra el reconocimiento, liquidación, reliquidación y pago de pensiones. Afirmó
que desconoce toda actuación de Cajanal frente al demandante.
En ese mismo sentido, explicó que el Ministerio de la Protección Social es un
organismo perteneciente a la rama ejecutiva del poder público, cuyas funciones se
encuentran expresamente consagradas en disposiciones legales, especialmente en la
Ley 10 de 1990, la Ley 100 de 1993, la Ley 489 de 1998, la Ley 715 de 2001 y el
Decreto 205 de 2003; en consecuencia, enfatizó en que no es posible jurídicamente
que un organismo de orden nacional, como el Ministerio, tome determinaciones de
carácter administrativo asignadas a las entidades descentralizadas como lo es
CAJANAL.
Finalmente, señaló que si bien la Corte Constitucional en sentencia T-502A de 2007
consideró necesario integrar el litisconsorcio con el Ministerio de la Protección Social,
por cuanto el FOPEP es una cuenta adscrita a esta entidad, lo cierto es que, no por
esto debe ser condenado el Ministerio, pues es Cajanal la entidad exclusivamente
6
Folios 1 a 35 del documento denominado «05. Folio241-276» del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, obrante en el índice 17 del sistema informático SAMAI.
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Demandante: UGPP
responsable de reconocer, liquidar y reliquidar prestaciones sociales, mientras que
FOPEP es solo la entidad pagadora.
De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:
i) Falta de legitimación en la causa por pasiva: Reiteró que el Ministerio de
la Protección Social no tiene dentro de sus competencias constitucionales ni
legales el reconocimiento, liquidación, reliquidación y pago de pensiones.
Igualmente, resaltó que tampoco tuvo relación directa ni solidaria con las
deducciones hechas al actor respecto del reconocimiento pensional. Señaló
que la entidad que debe reconocer las obligaciones exigidas es Cajanal.
ii) Inexistencia de la obligación: Destacó que al no ser el Ministerio de la
Protección Social el organismo encargado de la reliquidación y el pago de la
pensión no existe obligación por parte de esta entidad sobre las
pretensiones de la demanda.
iii) Inexistencia de la facultad y consecuente deber jurídico del Ministerio
para reconocer, reajustar, negar, sustituir, liquidar, reliquidar y revisar
un derecho pensional: Insistió en que al no ostentar el Ministerio de la
Protección Social la facultad constitucional o legal para reconocer, liquidar o
reliquidar la prestación social a la que se hace referencia, si durante el
proceso se llegara a probar la existencia de una obligación de este tipo, no
sería viable tener al Ministerio como sujeto pasivo de aquella.
iv) Prescripción: Indicó que debe declararse la prescripción trienal de carácter
laboral en caso de constatarse.
v) Otras excepciones: Solicitó que se declare cualquier otra excepción que se
encuentre probada durante el proceso.
Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.7
Cajanal se opuso a las pretensiones de la demanda. Seguidamente, invocó el Acto
Legislativo 01 de 2008 por el cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Política
que establece que para la liquidación de las pensiones solo deben tenerse en cuenta
los factores sobre los cuales cada persona hubiera efectuado las cotizaciones. En
virtud de ello, sostuvo que la petición del demandante no es viable, pues reclama la
inclusión de factores sobre los cuales no cotizó; enfatizó en que esto último resulta
violatorio de los principios de solidaridad, legalidad y sostenibilidad presupuestal.
De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:
i) Inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido: Señaló que la
prestación fue liquidada conforme a la normativa vigente, que no admite la
7
Folios 1 a 7 del documento denominado «06. Folio 277-335» del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, visible en el índice 17 del programa informático SAMAI.
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Demandante: UGPP
inclusión de factores diferentes a aquellos sobre los cuales se cotizó
efectivamente.
ii) Genérica e innominada: Solicitó declarar cualquier otra excepción que se
encuentre probada durante el proceso.
iii) Prescripción de mesadas: Indicó que debe declararse la prescripción
trienal de carácter laboral en caso de acceder a las pretensiones de la
demanda.
Previsora S.A.8
La Fiduciaria Previsora S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que
no está encargada de realizar ningún tipo de reconocimiento o liquidación pensional,
por lo que, en caso de accederse a las pretensiones de la demanda, las obligaciones
deben ser asumidas por Cajanal, quien fue la entidad encargada de reconocer, liquidar
y reliquidar dicha prestación.
Argumentó que la Fiduciaria Previsora S.A. solo actuó como vocera del patrimonio
autónomo PAP BUENFUTURO, por lo que no puede ser demandada en este proceso
ni en ninguno en donde se demanden actos administrativos proferidos por Cajanal y
Fiduprevisora S.A. Insistió en la intangibilidad del patrimonio propio de la fiduciaria La
Previsora S.A. e invocó los artículos 1227 y 1233 del Código de Comercio que
consagran que los bienes objeto de la fiducia solo garantizan las obligaciones
contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida y deberán mantenerse
separados del resto del activo fiduciario y de los que correspondan a otros negocios
fiduciarios.
Añadió que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
aplicado sin condicionamientos la separación patrimonial prevista en el Código de
Comercio, como es el caso de la sentencia del 26 de marzo de 2004 (radicado 21124).
Recordó que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido que, a pesar de la
ausencia de personería jurídica, debido a la separación patrimonial, cuando la
Fiduciaria actúa como vocera de un patrimonio autónomo, el sujeto es diferente a
cuando lo hace en nombre propio.
De igual manera, enmarcó su defensa dentro de las siguientes excepciones:
i) Inexistencia de la obligación: Señaló que en virtud de la naturaleza de la
relación que liga a la fiduciaria La Previsora S.A. con Cajanal, no existe
ninguna obligación con el demandante que se encuentre en cabeza de la
primera.
8
Folios 15 a 33 del ítem 6 del expediente ordinario, visible a índice 17 de SAMAI.
Mediante auto del 24 de marzo de 2010 el Juzgado Primero Administrativo de Santa Rosa de Viterbo
ordenó notificar la demanda al Patrimonio Autónomo PAP BUENFUTURO, tal como consta en el folio
34 del documento denominado «02.Folio52-94» del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
obrante en el índice 17 del sistema informático SAMAI.
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ii) Falta de legitimación en la causa por pasiva: Indicó que no existe relación
jurídica entre la fiduciaria La Previsora S.A. y el señor Julio César Rodríguez
Vargas, por lo que no está llamada la entidad a concurrir en el proceso.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA9
El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo, mediante sentencia del 16 de enero de 2012 accedió a las
pretensiones de la demanda instaurada por el señor Julio César Rodríguez Vargas
contra Cajanal, y declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-
Ministerio de Protección Social10, por lo que negó las pretensiones en lo que a ella se
refería.
Para comenzar, respecto de la legitimación del Ministerio de la Protección Social,
explicó que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado11 y, de
conformidad con los artículos 2 y 4 del Decreto 205 de 2003, no es una función del
Ministerio de la Protección Social adelantar actuaciones encaminadas al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales.
Luego, explicó que, si bien existe un régimen especial para las pensiones de los
funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil consagrado en el artículo 17
del Decreto Ley 603 de 1977, lo cierto es que, este no resulta aplicable al señor Julio
César Rodríguez Vargas, comoquiera que no ocupó ninguno de los cargos descritos
en el citado artículo.
A continuación, consideró que, del material probatorio allegado al plenario, es posible
inferir que el demandante está cobijado por el régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, es decir, que le resulta aplicable la Ley 33 de 1985. En este
sentido, destacó que el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010 manifestó que los factores salariales contenidos en la Ley 33 de 1985 deben
ser comprendidos de forma enunciativa y no taxativa, por lo cual para el cálculo del
IBL deben tenerse en cuenta todos aquellos que fueron devengados por el trabajador
durante el último año de la prestación de servicios.
En ese sentido, el Despacho observó que la Resolución 20652 del 4 de junio de 2009,
por medio de la cual se le reliquidó la pensión al demandante a partir de su retiro
definitivo del servicio, solo tuvo en cuenta la asignación básica, la prima de antigüedad
y las horas extras, y excluyó los demás emolumentos devengados por el trabajador
durante su último año de servicio, a saber: prima de alimentación, prima geográfica,
prima de vacaciones, prima de navidad y prima de elecciones.
En consecuencia, estimó procedente acceder a las pretensiones de la demanda y
dispuso la reliquidación de la pensión del señor Julio César Rodríguez Vargas en
9
Folios 145 a 152 vuelto del cuaderno 1.
10
No efectuó pronunciamiento alguno sobre la intervención de La Fiduprevisora.
11
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 17 de junio de 2004. C.P. María Elena Giraldo
Gómez. Radicado 1993-0090-01.
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proporción del 75% de lo devengado por él durante su último año de servicio, con
inclusión de todos los factores salariales, debidamente indexados.
En suma, declaró la nulidad parcial de la Resolución 20652 del 4 de junio de 2009
proferida por Cajanal y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a dicha entidad
reliquidar y pagar al demandante el valor de la prestación calculada como se indicó,
con el descuento de los aportes correspondientes a los factores salariales cuya
inclusión se decretó y sobre los cuales no se efectuó la deducción legal
oportunamente.
RECURSO DE APELACIÓN12
El señor Julio César Rodríguez Vargas, durante la oportunidad pertinente para ello,
presentó solicitud de aclaración y adición del fallo de primera instancia, bajo el
argumento de que en la liquidación también debían incluirse la prima de servicios y la
bonificación por servicios prestados, toda vez que fueron recibidos durante el último
año de labor13. En el mismo escrito indicó que, de no acogerse su solicitud de adición
de la sentencia, interpone recurso de apelación contra el fallo.
Los argumentos de la apelación fueron los siguientes:
En primer lugar, insistió en que el Juzgado ordenó, a título de restablecimiento del
derecho, reliquidar y pagar al demandante su pensión teniendo en cuenta todos los
emolumentos que hacían parte del salario devengado por él durante su último año de
servicio, lo cual además de incluir la prima de alimentación, la prima geográfica, la
prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima de elecciones, incluía también la
prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, estos dos últimos factores
fueron desconocidos por el fallador de primera instancia.
En segundo lugar, argumentó que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
reiterado que para el cálculo de las pensiones deben tenerse en consideración todos
los factores que constituyan salario, es decir, todas aquellas sumas devengadas por
el trabajador de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus
servicios, independientemente de la denominación que se les dé; en este sentido,
deben incluirse en el cálculo del IBL del señor Julio César Rodríguez Vargas todos los
emolumentos devengados por él, incluidos la prima de servicios y la bonificación por
servicios prestados que fueron devengados de forma habitual y periódica. Aclaró que,
debido a que sobre dichos factores no se realizó oportunamente el descuento por
concepto de aportes, de ninguna manera esto puede ser un impedimento para
reconocer el derecho pensional, sino que dichas deducciones deben ser decretadas al
momento de su inclusión, tal y como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de lo
contencioso administrativo.
12
Folios 5 a 9 del documento denominado «07Folio336-346» del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, visible a índice 17 del sistema informático SAMAI.
13
El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo,
mediante auto del 22 de febrero de 2012 negó la solicitud. Folios 1 a 7 del documento denominado
«08.Folio347-393» del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, visible en el índice 17 del
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En último lugar, recordó que la Corte Constitucional ha insistido en que la condición
más beneficiosa para el trabajador se encuentra plenamente garantizada mediante la
aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, que se consagró tanto a
nivel legal como constitucional, y que corresponde al fallador determinar en cada caso
concreto cuál es la norma que resultaría más beneficiosa para el trabajador y aplicarla.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA14
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión de Descongestión núm. 9 B,
Despacho núm. 4, profirió sentencia el 18 de septiembre de 2014 por medio de la cual
adicionó el numeral tercero y aclaró el numeral cuarto del fallo de primera instancia,
en el sentido de incluir en el IBL la prima de servicios y la bonificación por servicios, y,
ordenar a la entidad realizar el descuento de los aportes correspondientes a los
factores salariales que se incluyeron. Confirmó en lo demás la providencia recurrida.
Dicha decisión la adoptó con apoyo en las siguientes consideraciones:
Inicialmente, señaló que la Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social
integral y en su artículo 36 estableció un régimen de transición en virtud del cual, las
mujeres y los hombres que contaran con 35 y 40 años de edad, respectivamente, o
con 15 de servicio cotizados, continúan bajo las condiciones de la ley anterior. Afirmó
que no existe duda de que el señor Julio César Rodríguez Vargas se encontraba
cobijado por dicho régimen pues al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia
de la ley) contaba con 42 años de edad y 18 años de servicio; en este sentido, en lo
concerniente a su pensión le resultaba aplicable la Ley 33 de 1985.
Explicó que en virtud del principio de inescindibilidad de la ley, al demandante le
resultaba aplicable el monto consagrado en la Ley 33 de 1985 que corresponde al 75%
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, y no solo de
los requisitos de edad y tiempo para acceder a la pensión 15. Insistió además en que
los factores salariales contenidos en dicha ley debían ser entendidos de manera
enunciativa y no taxativa, por lo que deben ser considerados en el cálculo del IBL todas
aquellas sumas devengadas por el trabajador de manera periódica y habitual como
contraprestación directa de sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, de conformidad con lo dicho por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación del 4 de agosto de 2010.
Seguidamente, advirtió que si bien, conforme al marco normativo y jurisprudencial, el
demandante tenía derecho a que se le liquidara su pensión teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados por él durante el último año de servicio, lo cierto es
que en la resolución que le reconoció dicha prestación solo se tuvieron en cuenta la
asignación básica, la prima de antigüedad y las horas extras. Posteriormente, el
fallador de primera instancia al realizar la reliquidación ordenó incluir, además de los
factores ya mencionados, la prima de alimentación, la prima geográfica, la prima de
elecciones, la prima de navidad y la prima de vacaciones; decisión que dejó de lado la
prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, emolumentos que han sido
reconocidos como factores salariales y que debieron incluirse.
14
Folios 153 a 164 vuelto del cuaderno 1.
15
En este sentido, citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 21 de septiembre de
2000, expediente 470-99. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Así las cosas, adicionó el numeral tercero para disponer la reliquidación de la pensión
del señor Julio César Rodríguez Vargas teniendo en cuenta, además de los factores
ya señalados por el a quo, la prima de servicios y la bonificación por servicios
prestados. En cuanto al numeral cuarto de la providencia, aclaró que CAJANAL podrá
realizar los descuentos sobre los factores prima de servicios y bonificación por
servicios prestados, según el método señalado por el Consejo de Estado en sentencia
del 9 de abril de 201416.
En los demás aspectos confirmó la sentencia recurrida y no condenó en costas.
LA ACCIÓN DE REVISIÓN17
La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo
20, literales a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo del 16 de enero de 2012
adicionada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión de
Descongestión 9B, Despacho núm. 4, del 18 de septiembre de 2014, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por Julio César
Rodríguez Vargas, bajo el radicado 156933331703201000083.
2. Declarar que el señor Julio César Rodríguez Vargas no es acreedor de un
derecho adquirido.
3. Ordenar la reliquidación y pago de su mesada pensional conforme a las reglas
previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427
de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, y los autos 326 de 2014
y 229 de 2017, proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional. De acuerdo con
aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las
directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda. Los factores base de cotización son los
taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional, con
una tasa de reemplazo del 75% previsto en el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, por
haber adquirido su estatus pensional conforme a las condiciones del régimen de
transición creado por el Sistema General de Pensiones.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda. Abril 9 de 2014. Expediente 1849-2013.
17
Folios 1 a 11 del cuaderno 1.
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A continuación, explicó la configuración de las causales de revisión, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación del debido
proceso.
Expuso que la decisión objeto de revisión viola el derecho al debido proceso, por
cuanto desconoció lo consagrado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993
respecto al IBL, así como los factores enlistados en el artículo 1 del Decreto 1158 de
1994, que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar la liquidación de la
pensión. En su concepto, la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la
normativa y jurisprudencia aplicables. Con ello se genera un aumento en la mesada,
que trae consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema
general de seguridad social en pensiones que la nación debe administrar.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Advirtió que el derecho reconocido en la decisión objeto de revisión excede lo debido
de acuerdo con la ley, al haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía
de lo dispuesto por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. Explicó que el señor
Julio César Rodríguez Vargas al estar cobijado por el régimen de transición, dado que
tenía más de 40 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema
General de Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas por la Ley 33 de 1985,
salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el cual se encuentra regulado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1.º del Decreto 1158 de 1994.
Así mismo, aseguró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad financiera del
sistema, pues aumenta en un 21,84% la mesada pensional del demandado, sin que
exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que el valor de la mesada
actual es de $2.091.180 cuando debía equivaler a $1.634.402, con lo cual se genera
una diferencia de $456.777. En su criterio, tal situación permite observar que se
configura un abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento
del precedente de la Corte Constitucional.
En ese mismo sentido, indicó que teniendo en consideración la edad del pensionado
y las 248 mesadas que deberán pagarse, es claro que se genera un detrimento al
erario en tanto que la proyección de los pagos futuros debidamente indexados dan un
total de $145.108.169.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN18
El señor Julio César Rodríguez Vargas, mediante apoderado judicial, contestó la
demanda19 y se opuso a las pretensiones. Expuso que en el proceso ordinario dentro
18
Visible a índice 13 de SAMAI.
19
El señor Julio César Rodríguez Vargas se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda
el 19 de febrero de 2021 (página 4 del índice 12 de SAMAI), razón por la cual es posible concluir que la
oportunidad para contestar la demanda transcurrió desde el 22 de febrero hasta el 5 de marzo de 2021.
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del cual se profirió la decisión atacada, se garantizó el derecho al debido proceso de
las partes, se observaron los principios constitucionales de favorabilidad,
inescindibilidad, progresividad, así como la normativa que le era aplicable al
pensionado y se acogió la tesis vigente, desarrollada por el Consejo de Estado,
contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010.
Destacó que no es razonable aseverar que la orden de reliquidación afecta la
sostenibilidad del sistema, comoquiera que, de forma paralela con ella, también se
ordenó descontar los aportes correspondientes sobre los factores incluidos.
En su criterio, dentro del sub examine se configuran las siguientes excepciones:
I. «Caducidad»: Sobre el punto, consideró que la entidad presentó la demanda
extemporáneamente, pues los dos años que prevé el artículo 137 del CPACA,
para el efecto, contados a partir de la fecha en que se expidieron los actos
administrativos se encuentran vencidos.
II. «DE ACOGERSE POR PARTE DEL CONSEJO DE ESTADO LA REVISIÓN SE
VIOLARÍA EL MÍNIMO VITAL DEL DEMANDADO»: Argumentó que de acceder a
las pretensiones se le violaría el derecho fundamental al mínimo vital del
pensionado pues el señor Julio César Rodríguez Vargas adquirió su derecho a
la pensión de forma legal y depende de dicha prestación para su congrua
subsistencia.
III. «AMPLIACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN RELACIÓN CON LA
SEGURIDAD JURÍDICA»: Explicó que en virtud del principio de seguridad
jurídica no es posible solicitar la revisión de un fallo pasados tres años de que
este fue proferido por el Juzgado y por la segunda instancia, pues esto no
permitiría al trabajador tener seguridad sobre su prestación.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .20.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 21:
Lo anterior significa que, para el 25 de febrero de 2021, fecha en la que se radicó la contestación de la
demanda (índice 13 de SAMAI), se encontraba dentro del término previsto para el efecto.
20
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
21
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa:
«Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».
De conformidad con lo expuesto, corresponde a esta corporación conocer de los
recursos extraordinarios y las acciones de revisión que se interpongan contra las
sentencias proferidas por los tribunales administrativos.
Ahora, es necesario precisar que la UGPP también formuló la demanda de revisión en
contra de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Santa Rosa de Viterbo, el 16 de enero de 2012.
Sin embargo, en esta oportunidad corresponde aplicar la regla de competencia sobre
el recurso extraordinario contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión de Descongestión núm. 9 B, Despacho núm. 4, del 18 de septiembre
de 2014, por ser la de mayor jerarquía, en la que se analizó el punto que es objeto de
debate en la acción de revisión. Es decir, se asumirá el conocimiento por la Subsección
A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 249 del
CPACA.
Legitimación
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión22, admitió expresamente que la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social está
habilitada para adelantar esta clase de procesos.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
22
Ibidem.
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de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el Decreto
575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar acciones
de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la presentación de
la acción de revisión.
Acción de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 23 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»24.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
23
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
24
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
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es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación25.
• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones26.
• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira27.
• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia 28.
Cuestión previa
La parte demandada en la contestación aseguró que la entidad presentó la acción de
revisión de forma extemporánea, bajo el argumento de que aquella solo contaba con
dos años para atacar «LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS objeto de la presente REVISIÓN ».
Al respecto, la Subsección estima necesario pronunciarse desde dos puntos, el
primero la oportunidad de la acción y el segundo el objeto de esta. Veamos.
25
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
26
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 18 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión de Descongestión núm. 9 B, Despacho núm.
4, quedó ejecutoriada el 19 de enero de 201529. Así pues, teniendo en cuenta que la
acción de revisión se presentó con fundamento en las causales previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 y, que, respecto de ellas, el artículo 251 del CPACA establece
un término de cinco años para su interposición, al haberse radicado la demanda el 14 de
enero de 202030, la entidad se encontraba dentro del término legal.
De ahí que no le asista razón al pensionado, pues la demanda se promovió dentro de
los cinco años que la ley prevé para tal efecto.
Objeto de la acción de revisión
Sobre el punto, es preciso recordar que la acción de revisión es el mecanismo
adecuado y especial que el legislador previó para controvertir las providencias
judiciales, transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que decreten o
reconozcan la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza a cargo del tesoro público, con el propósito de reducir el déficit
fiscal y hacer viable financieramente el sistema pensional.
En estos términos, es razonable colegir que, dado que en el sub lite se pretende la
revisión de la decisión judicial que reconoció una suma periódica de dinero a cargo de
la UGPP, y no la nulidad de unos actos administrativos expedidos por el fondo
pensional mediante los cuales se reconocieron unos derechos prestacionales, es la
acción de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el medio adecuado
para efectuar dicho análisis, y dentro del cual la entidad puede exponer sus
inconformidades, pues, se insiste, el objeto del presente proceso es examinar si el fallo
judicial contraviene los postulados constitucionales o legales, mas no si los actos
administrativos adolecen de nulidad.
Así las cosas, no prospera la excepción denominada de forma general
«CADUCIDAD».
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el reconocimiento de la pensión del señor Julio César
Rodríguez Vargas, cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 modificada por el
29
Constancia de ejecutoria visible a folio 144 del cuaderno 1.
30
Folio 1 del cuaderno 1.
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artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía equivalente al 75% de
todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de
servicios, y no el previsto por los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según el
caso, con los factores descritos por el Decreto 1158 de 1994?
Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: i) La causal de revisión
contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) La causal de
revisión consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; iii) El ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, iv) El
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y v) La verificación de las causales de
revisión invocadas en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para la acción de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso».
Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para
proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia31. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 32:
«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y
31
Ver: sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
32
Sentencia C-341 de 2014
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(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.».
Adicionalmente, deben tenerse presentes otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales33, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 34 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por
ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia de la acción de revisión, «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es importante
anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…] de construir
esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y,
equitativos para todos los ciudadanos […]»35. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.
Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
el señor Julio César Rodríguez Vargas debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso
base de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985 y con el inciso 3.° del artículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados
por el Decreto 1158 de 1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación
que la sentencia objeto de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido
en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema
general de seguridad social en pensiones.
Para el propósito descrito se analizarán el i) El ingreso base de liquidación de las
pensiones reconocidas al amparo de la Ley 33 de 1985, (ii) el régimen de transición
33
Ver entre muchas otras, Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
34
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
35
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
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de la Ley 100 de 1993, posiciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado y (iii) configuración de las causales de revisión en el caso concreto.
El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley
33 de 1985
En relación con el reconocimiento y la liquidación de la mesada pensional la Ley 33 de
1985, en el artículo 1, previó lo siguiente:
«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.».
Por su parte, la Ley 6 del mismo año, en relación con los factores a tener en cuenta
para efectos de determinar el ingreso base liquidación, definió:
«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de
liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del
orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de
los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes.».
Régimen de transición de la Ley 100 de 1993
La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro, con el
objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en condiciones que
les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, a través de la
protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella, lo cual les permitiría regirse por las
normas aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
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18
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00087-00 (0088-2020)
Demandante: UGPP
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]».
De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto.
• Criterio de la Corte Constitucional
En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, frente a la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado, sin fijar ninguna regla frente
a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de transición. Posteriormente, la
mencionada Corporación, a través de sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie
de pronunciamientos, según los cuales, el ingreso base de liquidación se encontraba
inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía entenderse que en este
aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se
indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de
2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007,
T-711 de 2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.».
Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:
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Demandante: UGPP
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca» (Negrilla por fuera
de texto).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última
providencia36, la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra
sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los
regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 37 y 929 de 197638.
Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos de los
artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija a quienes
venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258
de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación ultractiva de los
regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado
con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo,
pero excluyendo el ingreso base de liquidación.
• Criterio del Consejo de Estado
Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 39 así se refirió al tema:
«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1.° de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
36
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
37
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
38
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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Demandante: UGPP
[…]
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios. […]».
La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».
Verificación de las causales de revisión invocadas
La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003
En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
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normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio,
ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido según la ley. Esta
cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en el
literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que pasa a estudiarse.
La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003
Para comenzar, cabe precisar que no se discute que el señor Julio César Rodríguez
Cuartas era beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993. En efecto, nació el 12 de junio de 195140 y laboró para la Registraduría
Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental Boyacá desde el 29 de agosto
de 197541 hasta el 30 de julio de 200842, es decir que, para el 1.° de abril de 1994,
fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley 100 de 1993 para el orden nacional,
contaba con 18 años, 7 meses y 3 días de servicio y 42 años de edad. Lo anterior
implica que adquirió el estatus de pensionado el 12 de junio de 2006 cuando cumplió
55 años de edad.
Ahora, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió reporte de nómina43 en el que
se observa que el señor Julio César Rodríguez Vargas devengó los siguientes
emolumentos durante su último año de servicio, de julio de 2007 a julio de 2008:
• Asignación básica
• Horas extras
• Prima de antigüedad
• Prima de alimentación
• Prima geográfica
• Prima de vacaciones
• Prima de navidad
• Prima de elecciones
• Prima de servicios
• Bonificación por servicios prestados
Por medio de la Resolución 10881 del 12 de marzo de 200844, Cajanal reconoció en
favor del señor Julio César Rodríguez Vargas una pensión de jubilación en cuantía de
$986.792. La liquidación se efectuó con el 75% del promedio de lo devengado durante
los últimos 10 años de servicio, de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993,
y, con inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad y las horas extras.
40
De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía que obra en el folio 85 del cuaderno 1.
41
Folio 86 vuelto del cuad. ppal.
42
Folio 104 vuelto cuad. ppal.
43
Folio 27 del documento denominado «01. Folio 1-51» del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, obrante en el índice 17 del sistema informático SAMAI. También en los folios 105 y 107 vueltos
del cuad. ppal.
44
Folios 54 a 57 del documento denominado «04 Folio159-240» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 17 del sistema informático SAMAI. También a folios
99 a 102 del cuaderno 1.
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A través de las Resoluciones 134 del 20 de junio de 2008 y 161 del 23 de julio de la
misma anualidad45 la Registraduría Nacional del Estado Civil retiró del servicio al señor
Julio César Rodríguez Vargas quien se desempeñaba como registrador municipal
4035-05 de Tota, Boyacá.
Mediante Resolución 2065246 del 4 de junio de 2009, Cajanal EICE reliquidó la mesada
pensional por retiro definitivo del servicio, incrementándola a $1.093.055 a partir del 1
de agosto de 2008. Para la liquidación tuvo en cuenta la asignación básica, las horas
extras y la prima de antigüedad devengadas por el trabajador.
El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Santa
Rosa de Viterbo en sentencia del 16 de enero de 2012 accedió a las pretensiones de
la demanda instaurada por el señor Julio César Rodríguez Vargas, en los siguientes
términos:
«[…] PRIMERO.- Declarar la FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR
PASIVA, en lo que respecta a LA NACION – MINISTERIO DE LA PROTECCION
SOCIAL. En consecuencia, negar las pretensiones de la demanda en lo que a
dicha Entidad se refiere.
SEGUNDO.- Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 20652 del 4 de
junio de 2009, proferida por LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
E.I.C.E, por la cual se reliquida la pensión de vejez por retiro definitivo del servicio,
reconocida al señor JULIO CESAR RODRÍGUEZ VARGAS.
TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISION
SOCIAL E.I.C., EN LIQUIDACION, reliquidar y pagar a favor del señor JULIO
CESAR RODRIGUEZ VARGAS, en debida forma, el valor de la pensión de vejez
por retiro definitivo del servicio, de conformidad con los parámetros plasmados en
en la parte motiva de la presente providencia.
CUARTO.- Ordenar a LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E. EN
LIQUIDACIÓN, realizar el descuento de los aportes correspondientes a los
factores salariales cuya inclusión se decretan y no se hay efectuado la deducción
legal oportunamente. […]»
El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia del 18 de septiembre de 2014,
adicionó el numeral tercero y aclaró el numeral cuarto de la decisión emitida por el a
quo. Explicó que, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado en las
sentencias del 21 de septiembre de 200047, 4 de agosto de 201048, 4 de agosto de
201149, 16 de febrero de 201250 y 9 de abril de 201451, el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993 implica que se debe aplicar en su integridad la normativa anterior,
que para el caso del demandante es la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta todos los
factores devengados por el trabajador de forma habitual y periódica durante el último
año de servicio. Sin embargo, advirtió que: «En la sentencia de primera instancia sólo se
ordenó la reliquidación de la pensión del actor, con inclusión de los siguientes factores
45
Folios 25 a 27 del documento denominado «04 Folio159-240» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 17 del sistema informático SAMAI.
46
Folios 70 a 74 del documento denominado «04 Folio159-240» del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho obrante en el índice 17 del sistema informático SAMAI Folios 110 vuelto a
112 del cuaderno 1.
47
Expediente: 470-99
48
Radicado: 250002325000200607509 01 (0112-2009)
49
Radicado: 200602608 01
50
Radicado: 200700001 01 (0302-2011)
51
Radicado: 250002325000201000014 01 (1849-2013)
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Demandante: UGPP
salariales: […] la prima de alimentación, prima geográfica, prima de elecciones, prima de
vacaciones y prima de navidad, por lo que, el actor tenía derecho a que se incluyeran además
de éstos, la bonificación por servicios prestados y prima de servicio». En cuanto a los
descuentos, indicó que debían efectuarse según lo señalado por el Máximo Tribunal
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la sentencia ya citada, del 9 de
abril de 2014.
Expresamente, el juez de segunda instancia resolvió:
«PRIMERO. ADICIONAR el numeral tercero de la sentencia de 16 de enero de
2012, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que accedió a las pretensiones de la
demanda, de conformidad con lo expuesto en esta providencia, por lo tanto, el
mismo quedará de la siguiente forma:
“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración y a titulo de
restablecimiento del derecho, ordenar a la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN SOCIAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, reliquidar y pagar a
favor del señor JULIO CESAR RODRÍGUEZ VARGAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 19.165.284 de Bogotá el valor de la pensión,
en cuantía del 75%, incluyendo, en la base de liquidación la asignación
básica, prima de antigüedad, horas extra, prima de alimentación, prima
geográfica, prima de elecciones, prima de vacaciones, prima de navidad,
bonificación por servicios prestados y prima de servicio; factores
salariales, devengados en el último año de adquisición del status,
pensional, esto es entre el 30 de julio de 2007 a 30 de julio de 2008, con
efectos fiscales a partir de 1° de agosto de 2008”.
SEGUNDO: Aclarar el numeral cuarto de dicha providencia, el cual quedará así:
“CUARTO: Ordenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL
E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, realizar el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordenó en
esta sentencia, para la reliquidación de su pensión de jubilación, esto es:
asignación básica; prima de antigüedad, horas extra, prima de
alimentación, prima geográfica, prima de elecciones, prima de
vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios prestados y
prima de servicio, sobre los cuales no se haya efectuado la deducción
legal durante la vida laboral del actor, quedando condicionado a la
elaboración, por parte de la entidad demandada, de una fórmula actuarial
cuya protección, permita tanto el cumplimiento del imperativo
consagrado en el Acto Legislativo No. 01 de 2005, que modificó el
articulo 48 de la Constitución Política, como la efectividad del derecho
reclamado por la demandante en términos razonables, y de conformidad
con los parámetros dados en precedencia.”
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia, proferida el 16 de enero de
2012 por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial
de Santa Rosa de Viterbo que accedió a las súplicas de la demanda, conforme a
las razones expuestas en la parte motiva.
[…]»
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La entidad dio cumplimiento al fallo citado mediante la Resolución 027462 del 6 de
julio de 201552, confirmada por medio de las Resoluciones 012654 del 11 de abril de
201853, y, 18535 del 24 de mayo de la misma anualidad54.
Análisis de la Subsección
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación
Es de anotar que, para el momento en el que se produjo la decisión de segunda
instancia, la posición adoptada por el Consejo de Estado en relación con el ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto de
201055, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley, pues también hacía parte de la transición.
En relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional invocada por la UGPP, se
tiene lo siguiente:
En lo atinente a la sentencia C-168 de 1995, anterior a las sentencias que se revisan,
se advierte que en ella se estudiaron los siguientes aspectos que no corresponden al
centro del debate en este asunto: i) constitucionalidad de apartes del inciso 1 del
artículo 11 e incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 56 ii) derecho a la
igualdad y iii) derechos adquiridos. Sobre el artículo 36 ejusdem, señaló que el
legislador con estas disposiciones legales excede la protección de los derechos
adquiridos, para salvaguardar las expectativas de quienes están próximos por edad,
tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión
de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que, en lugar de violar la
Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial protección al trabajo.
Seguidamente, la providencia consideró que el aparte final del inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 contiene una discriminación irrazonable e injustificada para
efectos de la liquidación de la pensión de vejez entre los trabajadores del sector
privado y los del sector público, pues mientras para los primeros se toma como base
el promedio de lo devengado en los 2 últimos años de servicios, para los segundos, tal
promedio se calcula solamente sobre lo devengado en el último año, desigualdad que
contraría el artículo 13 de la Constitución.
De acuerdo con lo anterior, es claro que la ratio decidendi y el problema jurídico que
aquí se analizó no guardan identidad, por lo que no es posible sostener que aquel es
52
Folios 128 vuelto a 131 vuelto del cuaderno 1.
53
Folios 126 vuelto a 128 del cuaderno 1.
54
Folios 132 a 135 del cuaderno 1.
55
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
56
Para lo cual declaró exequible los apartes del inciso 1 del artículo 11 y los incisos 2 y 3 del artículo 36
de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: «Sin embargo, cuando el tiempo que
les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso
base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los
trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos.».
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un precedente que debió atenderse en este caso y que, por lo tanto, hay lugar a
infirmar la sentencia cuestionada.
Ahora, en relación con la sentencia C-258 de 2013, conviene aclarar que esta se refirió
específicamente a las pensiones de congresistas y altos dignatarios del Estado. Este
no es el caso del demandado, pues no se discute que él se desempeñó como
registrador municipal en la Registraduría Nacional del Estado Civil entre el 29 de
agosto de 1975 y el 30 de julio de 2008, razón por la cual, en manera alguna resulta
aplicable al sub examine57.
Ciertamente, en la referida providencia, la Corte Constitucional analizó la exequibilidad
del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse en cuenta
para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las siguientes
reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá extenderse a
quienes con anterioridad al 1 de abril de 1994, no se encontraren afiliados al mismo;
ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos por el beneficiario
y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes cotizaciones; iii) el IBL
será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993, según el
caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen difiere del que rige el
derecho pensional del aquí demandado quien no es beneficiario de dicha normativa
especial.
A lo anterior, se agrega que la misma Corte Constitucional, a través de sus salas de
revisión, venía acogiendo una interpretación según la cual el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 también incluía lo relativo al ingreso base de liquidación pensional
y, por lo tanto, debía atenderse la normativa anterior para su cálculo. Así lo señaló en
las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-386
de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de
2007, T-180 de 2008, T- 019 de 2009 y T-610 de 2009.
De otra parte, en lo que tiene ver con las sentencias SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y los Autos 326
de 2014 y 229 de 2017, es importante señalar que son posteriores a la providencia
que se revisa, además de que no se les otorgó efectos retrospectivos. De esta manera,
no se les puede considerar precedente en este caso.
En consecuencia, se observa que el juez de instancia valoró los argumentos
esbozados por las partes, en consonancia con las pruebas allegadas y la normativa
aplicable, además explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis de su superior
funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En ese sentido, no
puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho,
sino que se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante.
57
En este sentido ver: Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero
de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00087-00 (0088-2020)
Demandante: UGPP
De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación
De otro lado, es preciso destacar que la UGPP, en la acción de revisión, circunscribió
su argumento a discutir que, para calcular el IBL del pensionado, debieron atenderse
las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y, de manera
general, con inclusión de los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994, en armonía
con la jurisprudencia que sobre el asunto ha desarrollado la Corte Constitucional, sin
exponer reparos frente a algún emolumento en particular, por lo que la Subsección
restringe su análisis a ello.
Así pues, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que, en lo atinente a la
inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación, el criterio acogido
por el juez de instancia fue el sostenido para la época por el Consejo de Estado, según
el cual, en aplicación integral e inescindible de la norma pensional, aquellos
trabajadores beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 tendrían
derecho a que su mesada pensional se liquidara de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Decreto 1045 de 1978, en cuanto a los emolumentos que debían
computarse en la base de liquidación de la prestación. En otras palabras, se debían
tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último año
de servicios, tal y como lo resolvió el Tribunal Administrativo.
En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión de
Descongestión núm. 9 B, Despacho núm. 4, en el ejercicio de su independencia y
autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y
explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis según la cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio. En ese sentido,
no puede admitirse que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a
derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada,
máxime cuando varias de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional, que la
UGPP considera desconocidas, no se habían emitido.
Finalmente, no pasa por alto la Sala que esta Corporación, en la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, acogió la interpretación impartida por la Corte
Constitucional en relación con el ingreso base de liquidación de las pensiones
reconocidas bajo las condiciones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con todo, es
de resaltar que en aquella providencia también se sostuvo que «No puede entenderse,
en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley», en esas condiciones, la Sala de Subsección estima que las reglas allí fijadas
no pueden ser extendidas al presente caso, en la medida en que la decisión de los
jueces de instancia se ajustó a la tesis adoptada por el Consejo de Estado para la
época.
Así las cosas, no se demostró la vulneración del debido proceso, del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 ni de la Ley 33 de 1985 aplicada en virtud del régimen de transición.
Lo anterior, en consideración a que la interpretación que la sentencia objeto de revisión
impartió a tales contenidos normativos, se alineó con el criterio jurisprudencial vigente
en el Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
En esas condiciones, tampoco se estructura la causal contenida en el literal a), relativa
a la vulneración del debido proceso, en relación con la liquidación de la pensión
ordenada. Esta posición permite salvaguardar instituciones superiores tales como la
seguridad jurídica58.
En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al ordenar liquidar la pensión del señor Julio
César Rodríguez Vargas atendiendo el ingreso base de liquidación previsto por la Ley
33 de 1985, esto es, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, a saber, la asignación
básica, la prima de antigüedad, las horas extras, la prima de alimentación, la prima
geográfica, la prima de elecciones, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la
bonificación por servicios prestados y la prima de servicios.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, se declarará infundada la acción de revisión
contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión de
Descongestión núm. 9 B, proferida el 18 de septiembre de 2014, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 156933331703201000083 que
ordenó la reliquidación de la pensión del señor Julio César Rodríguez Vargas con la
inclusión de todos los factores salariales devengados por él durante el último año de
servicio, a saber: la asignación básica, las horas extras, la prima de antigüedad, la
prima de alimentación, la prima geográfica, la prima de vacaciones, la prima de
navidad, la prima de elecciones, la prima de servicios y la bonificación por servicios
prestados.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación59 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
58
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-
15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
59
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00 (REV).
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00087-00 (0088-2020)
Demandante: UGPP
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la UGPP, contra el
señor Julio César Rodríguez Vargas, que solicita la revisión de la sentencia del 18 de
septiembre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión de Descongestión núm. 9 B, que adicionó y aclaró la sentencia del 16 de
enero de 2012 del Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 156933331703201000083, de acuerdo con
la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción de
revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con permiso
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