Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00089-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00089-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00089-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
18 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001 03 25 000 2020 00089 00 (0090-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Demandado: Flor María Pinzón Pedraza (como beneficiaria pensional del señor
Adán Moya Pinzón, q. e. p. d.)
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación.
__________________________________________________________________
Cumplidas las etapas procesales previstas en los artículos 253, 254 y 255 del CPACA,
aplicables por remisión expresa del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Sala procede
a decidir de fondo la acción especial de revisión de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión2
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la UGPP, por conducto de apoderada judicial, solicitó infirmar la sentencia del
9 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, que confirmó el fallo del 25 de julio de 2013, emitido
por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá, mediante la cual ordenó reliquidar la pensión de jubilación del señor Adán
Moya Pinzón (q. e. p. d.) con el 75 % del promedio de lo devengado durante el último
1 En adelante UGPP.
2 Folios 1 al 11 del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 25 000 2020 00089 00 (0090-2020)
Demandante: UGPP
año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales por él percibidos en
dicho lapso.
Como consecuencia de lo anterior, la entidad pidió reliquidar la mesada pensional del
señor Moya Pinzón (hoy sustituida a la señora Flor María Pinzón Pedraza) conforme
a las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, SU 395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 y a los Autos 326
de 2014 y 229 de 2017, todos emitidos por la Corte Constitucional, ajustando el
ingreso base de liquidación a las directrices fijadas en los artículos 21 o 36, numeral
3.º, de la Ley 100 de 1993, con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994,
debidamente cotizados.
1.1.2. Hechos
La apoderada de la entidad recurrente señaló los siguientes:
i) El 22 de noviembre de 1946, nació el señor Adán Moya Pinzón.
ii) Entre el 1.º de julio de 1970 y el 24 de marzo de 1993, el causante prestó sus
servicios para el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y el último cargo que
desempeñó fue el de mecánico 601006.
iii) El 5 de mayo de 2002, la extinta Cajanal profirió la Resolución 10279, a través
de la cual le reconoció al señor Adán una pensión de vejez liquidada con el 75 % del
promedio de lo devengado en el último año de servicio, en cuantía de
$ 299.442,75 COP, a partir del 22 de noviembre de 2001, condicionada al retiro del
servicio.
iv) El 15 de junio de 2004, la mencionada entidad expidió la Resolución 12053, por
la cual reliquidó la pensión otorgada al causante, sobre el promedio de lo percibido en
el último año de servicios, lo cual elevó la cuantía a $322.325,50 COP, efectiva desde
el 22 de noviembre de 2001.
v) El 27 de agosto de 2009, mediante la Resolución PAP 00750, Cajanal negó la
reliquidación de la prestación del señor Adán Moya. Acto administrativo que fue
confirmado por la Resolución 52772 del 12 de mayo de 2011.
vi) El 25 de julio de 2013, el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Bogotá emitió sentencia de primera instancia, en la que declaró la
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Demandante: UGPP
nulidad de las Resoluciones PAP 00750 del 27 de agosto de 2009 y PAP 52772 del 12
de mayo de 2011, proferidas por Cajanal, y ordenó reliquidar la pensión de jubilación
del señor Adán Moya Pinzón en cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de
lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión del sueldo básico, el
incremento por antigüedad, las horas extras, los dominicales y festivos, los auxilios de
alimentación y de transporte, la bonificación por servicios prestados, y las primas de
vacaciones, de servicios y de navidad.
vii) El 9 de abril de 2014, falleció el señor Moya Pinzón.
viii) El 3 de julio de 2014, la UGPP profirió la Resolución RDP 20694, a través de la
cual le reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora Flor María Pinzón
Pedraza, efectiva a partir del 10 de abril de 2014, en el 100 % de la mesada
devengada por el causante.
ix) El 9 de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Segunda, Subsección E, confirmó parcialmente el fallo de primera instancia y modificó
el numeral cuarto de la parte resolutiva.
x) El 22 de octubre de 2015, la UGPP emitió la Resolución RDP 043668 del 22 de
octubre de 2015, a través de la cual dio cumplimiento a las decisiones judiciales
mencionadas, y, en consecuencia, reliquidó la pensión post mortem del señor Adán
Moya Pinzón (q. e. p. d.), en cuantía de $ 424.229 COP, efectiva a partir del 16 de
febrero de 2006, por prescripción trienal.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, profirió
sentencia el 9 de diciembre de 2014, en la que, por un lado, confirmó parcialmente el
fallo del 25 de julio de 2013, del Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión
del Circuito Judicial de Bogotá. Por el otro, modificó el numeral cuarto de la parte
resolutiva de dicha providencia en el sentido de ordenar a la UGPP reliquidar la pensión
del señor Adán Moya Pinzón (q. e. p. d.) desde el 22 de noviembre de 2001 —fecha
en la que adquirió el estatus pensional—, equivalente al 75 % del promedio «de todos
los salarios devengados durante el último año de servicio», incluyendo, además de
3 Folios 244 a 259 del cuaderno 2.
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Demandante: UGPP
las dispuestas por el a quo, una doceava de la primas de servicios y de navidad, así
como del quinquenio, con efectividad para su pago a partir del 26 de febrero de 2006,
por prescripción trienal. Como argumento de lo anterior, el ad quem precisó, a grandes
rasgos, lo siguiente:
i) El señor Moya Pinzón (q. e. p. d.) es beneficiario del régimen de transición
previsto en el parágrafo 1.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, ya que para el 13 de
febrero de 1985 (fecha de vigencia de la citada ley), él contaba con 16 años, 7 meses
y 11 días de servicio. Por lo tanto, su pensión de jubilación debía reconocerse
conforme a la legislación anterior, es decir, según los Decretos 3135 de 1968 y 1848
de 1969.
ii) Con relación al monto de la prestación, esta debe liquidarse en proporción del
75 % del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicios, «sin
especificar los factores a tener en cuenta para el reconocimiento de dichas
prestaciones», en atención a lo establecido en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978
y en concordancia con la tesis jurisprudencial prevista en la sentencia de unificación
del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado.4
1.2. Las causales de revisión invocadas
La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) El juzgador se apartó de la interpretación que había desarrollado la Corte
Constitucional sobre el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Con ello, se
desconoció el derecho al debido proceso, las formas propias de cada juicio y los
principios superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 121,
123 –inciso 2.º– y 124 de la Constitución Política.
ii) En el expediente se acreditó que el señor Adán Moya Pinzón (q. e. p. d.) era
beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 4 de agosto de 2010,
proferida bajo el radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09), con ponencia del magistrado Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
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Demandante: UGPP
1993, por ende, el régimen pensional aplicable es el dispuesto en la Ley 33 de 1985,
de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En este sentido, conforme al inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, las
prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden cobijadas por
estas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al cual se
encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la pensión
de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación, la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la pensión
de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10 años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del IPC, según certificación del DANE. En igual
sentido, lo ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-
258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017,
SU-631 de 2017 y T-039 de 2018, las cuales constituyen precedente obligatorio.
iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la prestación que percibe la demandada, comoquiera que, se insiste, el
causante adquirió el estatus jurídico de pensionado en vigencia de la citada norma.
iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la pensión devengada por el señor
Adán Moya Pinzón (q. e. p. d.) se incrementó sin que exista justificación legal ni
jurisprudencial para tal fin, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera
del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La señora Flor María Pinzón Pedraza guardó silencio.
1.4. Concepto del Ministerio Público5
5 Índice 22 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: UGPP
El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado emitió concepto en el que
solicitó declarar infundada la acción especial de revisión de la referencia, dado que la
reliquidación ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en favor del señor Adán Moya Pinzón (q. e. p. d.) se dio
conforme al criterio jurisprudencia imperante para la época, esto es, en virtud de la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, lo cual la hace inmodificable.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra las providencias judiciales
«que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación».6
Así mismo, es oportuno señalar que, de conformidad a los artículos 6.º –numeral 6–
del Decreto 575 de 2013 y 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP está legitimada para
la interposición de este recurso, teniendo en cuenta que se le asigna la función de
adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427
de 2016.
De igual modo, y a pesar de que la providencia objeto de revisión fue proferida por un
juzgado administrativo, se advierte que la acción especial de revisión que hoy ocupa
la atención de la Sala se interpuso con anterioridad a la expedición de la Ley 2080 de
2021,7 por lo tanto, es dable concluir, tal y como se indicó en el auto admisorio del 19
6 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció a la
UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
7 Sobre este punto, conviene indicar que el artículo 68 de la Ley 2080 de 2021 adicionó el artículo 249 del CPACA,
en el sentido de establecer que las reglas de competencia allí establecidas también aplican para conocer de las
solicitudes de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, reguladas en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Por tal motivo, y a partir del 25 de enero de 2022 (en atención del artículo 86 de la mencionada
Ley 2080), las acciones de revisión incoadas contra las providencias emitidas por los juzgados administrativos
deberán ser resultas por los tribunales administrativos, y no por el Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
de junio de 2019,8 que la competencia para su resolución recae de manera exclusiva
en el Consejo de Estado.
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En el sub
lite, la sentencia objeto de revisión quedó en firme el 15 de enero de 20159 y la acción
especial de revisión se interpuso el 14 de enero de 2020,10 por lo que es dable concluir
que se radicó dentro del término establecido en la ley.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del 9 de diciembre de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 31 010 2011 00589
01, está inmersa en las causales contempladas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, que permite acudir a la acción especial de revisión «[c]uando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», y «[c]uando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la posibilidad de que el Consejo de
Estado y la Corte Suprema de Justicia, según sus competencias, revisen las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Así mismo,
dicho mecanismo procederá cuando la mesada pensional se haya otorgado como
resultado de una transacción o conciliación.
8 Folios 296 al 299 del expediente.
9 Índice 13 del aplicativo SAMAI. Expediente 11001 33 31 010 2011 00589 01. Y folio 175 del cuaderno 2 de la
acción especial de revisión.
10 Folio 1, del cuaderno 1 de la acción especial de revisión.
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Por su parte, en cuanto a las entidades legitimadas para su interposición, la precitada
norma establece que la acción especial estará a cargo del Gobierno nacional (a través
de los Ministerios del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público), del contralor general
de la República y del procurador general de la Nación. De igual modo, la Corte
Constitucional, mediante la Sentencia SU-427 de 2016,11 habilitó a las
administradoras encargadas de reconocer prestaciones periódicas para impetrarla.
A su turno, la mencionada disposición dispuso que la acción especial se adelantará
conforme a las normas que regulan el recurso extraordinario de revisión, que, para el
caso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, está regulado en los artículos
248 y siguientes del CPACA.
Ahora, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han establecido que
la referida acción presenta aspectos que lo particularizan del recurso extraordinario
de revisión propiamente dicho, por las siguientes razones:
i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación.12
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno nacional –por conducto de
los Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público–, del contralor General de
la República o del procurador General de la Nación y las administradoras públicas que
conceden las pensiones.13
iii) Respecto a su alcance, la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
11 En la mencionada sentencia se dijo lo siguiente: «(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de
revisión por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza
de las administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de
manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero».
12 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
13 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
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Demandante: UGPP
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.14
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita analizar de
nuevo sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la
liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso
o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde, respectivamente.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.15.
Por otra parte, vale advertir que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, en la que reiteró16 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,17 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4, sentencia
del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2
de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
16 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter
absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha
consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada
en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En
este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines
esenciales del Estado».
17 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario de revisión se
encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia
laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv)
En materia contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el
artículo 57 de la Ley 446 de 1998)». Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia
contencioso-administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Radicación: 11001 03 25 000 2020 00089 00 (0090-2020)
Demandante: UGPP
Con referencia a las causales de procedencia, el aludido artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos en específico: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención. No
obstante, lo anterior no es óbice para que las entidades legitimadas también invoquen
las causales taxativas que trae el artículo 250 del CPACA.
Pese a ello, para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas,
corresponde al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por
el recurrente encuadren en las causales taxativamente previstas por el Legislador, sin
que sea posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones
propias de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del
proceso, sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que en relación
con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido
proceso», es necesario que se exponga la vulneración a este derecho en relación con
los núcleos esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión18 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes tres
elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a
ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a
ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que
18 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03 15
000 2018 01884 00.
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Demandante: UGPP
se produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía
de non bis in idem.»
Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que sus
argumentos se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación con la
vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la Sala
efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Así, la inconformidad de la UGPP consiste en sostener que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la sentencia del 9 de
diciembre de 2014, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto confirmó parcialmente el fallo de primera
instancia emitido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Bogotá, el 25 de julio de 2013.
En ese orden, la entidad solicitó atender las condiciones de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en la Ley 33 de 1985 y, en lo atinente al ingreso base de liquidación,
lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en razón a que, señala, el
demandado, en su concepto, es beneficiario del régimen de transición contenido en
la referida ley.
Como sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de
2018, a partir de las cuales se determinó que para los beneficiarios del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de
liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el artículo
21 ibidem.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, encontró probado que el señor Adán Moya Pinzón (q. e. p. d.) era
beneficiario de la transición contenida en la primera parte del parágrafo 2.º del artículo
1.º de la Ley 33 de 1985 porque para el 13 de febrero de 1985, fecha de su entrada
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Radicación: 11001 03 25 000 2020 00089 00 (0090-2020)
Demandante: UGPP
en vigencia, aquel contaba con más de 15 años de servicio. En ese orden, aseveró
que el régimen pensional aplicable al causante era el establecido en los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
En vista de lo anterior, para esta Subsección es claro que si bien la sentencia acusada
se remitió a las condiciones de transición del citado parágrafo 2.° del artículo 1.° de
la Ley 33 de 1985, lo cierto es que la apoderada de la UGPP no presentó reparo
particular alguno sobre tal conclusión; sino que, por el contrario, reprochó la forma de
aplicación del régimen de transición plasmado en el artículo 36 de Ley 100 de 1993,
aspecto que no fue abordado por el tribunal en el proceso ordinario. Así pues, no
corresponde a esta Sala realizar ningún análisis sobre el particular.
Frente a este punto, vale la pena indicar que esta colegiatura ha sido diáfana en
señalar que al juez que conozca de la revisión especial de que trata el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 y, en sí, del recurso extraordinario de revisión propiamente dicho,
no le es posible pronunciarse más allá de los límites argumentativos que trae el
accionante al sustentar las causales invocadas. Al respecto, se ha enfatizado en lo
siguiente:19
Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias
indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá
señalar con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda el
recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de la
intención de corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de
una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe
a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA y a las
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de
la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado
ámbito interpretativo.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, radicado 11001 03 15 000 2018 01884 00(REV).
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Demandante: UGPP
(Resaltado fuera del texto).
Lo mismo ocurre con el argumento según el cual la mesada pensional que hoy percibe
la señora Flor María Pinzón Pedraza (como beneficiaria del señor Adán Moya Pinzón,
q. e. p. d.) excede lo debido con la ley, pues no debió reliquidarse la prestación
tomando como base el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de
servicios, con la inclusión de todos los factores salariales percibidos en dicho lapso
según la Ley 33 de 1985; sino que debió liquidarse según lo dispuesto en el inciso 2.º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con los emolumentos descritos en el Decreto
1158 de 1994.
No obstante, como se indicó en el numeral 1.1.3., ut supra, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, ordenó reliquidar la pensión de
jubilación del causante con el 75 % del promedio de lo devengado durante el último
año de servicio —acorde con el artículo 23 del Decreto 3135 de 1968–, y con la
inclusión de todos los factores salariales por él percibidos durante el último año de
servicios ocurrido entre el 6 de marzo de 1992 y el 24 de marzo de 1993 —según el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978—. Además, sobre este último punto, tuvo en
cuenta la tesis establecida en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,
proferida por esta corporación.
Así las cosas, no existe congruencia entre el reproche traído por la apoderada de la
entidad y lo resuelto en la sentencia objeto de impugnación extraordinaria, ya que,
como se indicó en el párrafo que antecede, el monto de la mesada pensional del señor
Moya Pinzón (q. e. p. d.) no se reliquidó en virtud de la Ley 33 de 1985, sino, se itera,
de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
Dicho de otro modo, es claro que la entidad recurrente se equivocó en la invocación
normativa analizada con el fin de sustentar la presente acción especial de revisión, de
manera que, en atención a los precedentes citados y a la naturaleza excepcional de
la acción especial de revisión, no corresponde a la Sala exceder la demarcación
impuesta por la accionante al explicar y fundamentar la causal de revisión de la
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Demandante: UGPP
sentencia, pues aquella debe ser «[…] examinada dentro de un estricto y delimitado
ámbito interpretativo».20
En consecuencia, la Sala encuentra infundada la acción de revisión interpuesta por la
UGPP, al no haberse configurado las causales contempladas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento favorable
a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio,
y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe
ser declarada infundada, debido a que no se acreditó la configuración de las causales
descritas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 9 de diciembre de 2014, proferida por el
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 21 de abril de 2022, radicado 11001 03 25 000 2018 00950 00 (3196-2018).
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Demandante: UGPP
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro
del proceso 11001 33 31 010 2011 00589 01.
Segundo. Sin condena en costas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
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