Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00108-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00108-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00108-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00108-00 (0109-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Franklin Pacheco Rentería y otros1
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Indexación de las pensiones causadas con
anterioridad a la vigencia de la Constitución Política de 1991.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del 11 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, que confirmó la decisión del 17 de abril de 2015, emitida
por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Euclides Pacheco Mena.
ANTECEDENTES
La UGPP interpuso la acción especial de revisión2 establecida en la Ley 797 de
2003, contra la sentencia del 11 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de providencias judiciales
ejecutoriadas «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Los hechos que fundamentan la acción son, en síntesis, los siguientes:
Que el señor Euclides Pacheco Mena nació el 20 de noviembre de 1925 y prestó
sus servicios en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte desde el 1.° de enero
de 1959 hasta el 31 de diciembre de 1985 , adquiriendo su estatus pensional el 1.°
de enero de 1979.
Que la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le reconoció la pensión de
jubilación mediante la Resolución 07072 de 7 de julio de 1983, calculada con el 75%
1 El recurso fue inicialmente presentado en contra de la señora Livia Rentería de Pacheco, en calidad de
cónyuge supérstite del señor Euclides Pacheco Mena. Sin embargo, ante su fallecimiento mediante auto del 27
de mayo de 2022 se tuvo como sucesores procesales a sus hijos Julia Elizabeth Pacheco Rentería, Nohemy
Pacheco Rentería, Zacarías Pacheco Rentería, Franklin Pacheco Rentería, Francisca Pacheco Rentería y Ana
Luisa Pacheco Santos.
2 La presentación de la acción se efectuó el 18 de diciembre de 2019, de acuerdo con el sello que reposa en el
folio 365 vuelto del expediente físico y fue radicada el 17 de enero de 2020 según el acta de reparto obrante en
el folio 516, C3.
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del promedio devengado en su último año de servicio, en cuantía de $18.281.46,
efectiva desde el 1.° de enero de 1983.
Que con la Resolución 05399 del 7 de julio de 1988, la pensión fue reliquidada con
el 75% del promedio de los factores salariales percibidos en el último año de
servicios conforme a los Decretos1848 de 1969 y 1045 de 1978, incrementándola a
$48.697,04, efectiva desde el 1.° de enero de 1986, según declaración juramentada
de retiro del servicio.
Que el demandante solicitó el reajuste de su pensión en un 12.5% más $2.563, en
lugar del 11% más 1.849.20 aplicado desde el 1.° de enero de 1989, toda vez que
en aplicación de la Circular 001 del 8 de enero de 1988, proferida por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social se usó erróneamente el salario mínimo del 10 de
enero de 1987 para calcular las pensiones de 1988, lo que resultó en un ajuste
incorrecto.
Que CAJANAL por medio del auto del 24 de febrero de 1997, negó el reajuste
pensional solicitado por el pensionado bajo la Ley 4 de 1976, decisión confirmada
por la Resolución 003848 del 21 de noviembre de 1997, bajo el argumento que se
aplicaron de forma correcta los reajustes de la Ley 4 de 1976, Ley 71 de 1988 y del
Decreto 2108 de 1992.
Que con la Resolución 10720 del 7 de marzo de 2006, la UGPP rechazó la
reliquidación de la pensión de jubilación argumentando que la mesada pensional se
venía ajustando año a año conforme a derecho.
Que el 1.° de marzo de 2011, el pensionado solicitó que se efectuara la indexación
de la primera mesada pensional desde el diciembre de 1985, cuando se reconoció
su derecho hasta el 14 de septiembre de 1988, fecha en la que se hizo efectivo el
reconocimiento pensional, y a partir de esta, se calcularan los incrementos legales
decretados desde 1986, así como los intereses moratorios.
Que la UGPP mediante la Resolución UGM 000643 resolvió negativamente la
anterior solicitud indicando que el reconocimiento inicial (Resolución 05399) había
incluido todos los factores salariales devengados por el solicitante y que no habían
nuevos elementos de juicio para variar la decisión. Además, señaló que la
legislación solo permite el reajuste anual de las pensiones reconocidas con base en
el IPC a partir de la adquisición del estatus y no contempla el reajuste de los salarios
anteriores al reconocimiento de la pensión.
Que el señor Pacheco Mena interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de CAJANAL con el fin de que se declare la nulidad parcial de
las Resoluciones 07072 del 7 de julio de 1983 y 05399 del 7 de julio de 1998, que
reconocieron la prestación sin indexación de la primera mesada y la nulidad total de
la Resolución UGM 000643 del 8 de julio de 2011, por la cual se negó la solicitud
de reliquidación de la pensión.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó condenar a CAJANAL a : i) reconocer y
pagar la pensión «[...] teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación indexado
de $114.363, para determinar la tasa de reemplazo del 75% equivalente a $85.772,
efectiva a partir del 1.° de enero de 1986, incluyendo todos los factores de salario
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durante el último año de servicio y la indexación de la primera mesada pensional»
y; ii) pagar las diferencias que resulten del valor de la pensión reconocida, la
indexación del ingreso base de liquidación y los ajustes de ley, por un total de
$25.312.954, desde octubre de 2010 hasta octubre de 2013.
Que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Quibdó, en sentencia de 17 de abril
de 2015, declaró la nulidad parcial de los actos demandados y condenó a CAJANAL
a actualizar el salario base para la liquidación de la primera mesada pensional, con
la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados, conforme a lo
establecido en los artículos 73 del Decreto 1848 de 1969 y 45 del Decreto 1045 de
1978.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
buscando que se revocara la misma, al argumentar que el accionante adquirió el
estatus en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que este es el régimen jurídico
aplicable a su pensión. También sostuvo que la pensión del actor no perdió poder
adquisitivo, ya que se actualizó retroactivamente tras su reliquidación.
El Tribunal Administrativo del Chocó el 11 de agosto de 2017 confirmó la decisión
adoptada por el juez de primera instancia, la cual quedó ejecutoriada el 25 de
septiembre de 2017.
Que tras el fallecimiento del señor Euclides Pacheco Mena, la UGPP mediante la
Resolución RDP 045912 del 5 de diciembre de 2017, reconoció provisionalmente
una pensión de sobrevivientes (sic) a favor de su cónyuge, Livia Rentería de
Pacheco, basándose en la declaración y documentos aportados según los cuales
se cumplió con el requisito de convivencia durante los cinco años anteriores al
fallecimiento, con una cuantía igual a la que devengaba el causante a partir del 24
de octubre de 2017.
Que en 2018, la UGPP cumplió con la orden judicial mencionada indexando la
primera mesada pensional a partir del 1.° de enero de 1986 mediante la Resolución
RDP 042995 del 30 de octubre de 2018, pero con efectos fiscales a partir del 1.° de
marzo de 2008, por prescripción trienal. Esta decisión fue modificada
posteriormente con la Resolución RDP 006993 del 4 de marzo de 2019, ajustando
la fecha de efectividad de la pensión post mortem (sic) al 1.° de agosto de 1988 para
evitar un doble pago.
Finalmente, con el Auto ADP 009188 del 30 de noviembre de 2018, la UGPP
resolvió que no procedía la aclaratoria solicitada por el área de nómina de la entidad
relativa a validar los índices que se tuvieron en cuenta para indexar la mesada, ya
que la orden judicial especificaba el uso del IPC de diciembre de 1985 en lugar del
IPC de enero de 1986, lo cual fue considerado que debía dársele estricto
cumplimiento.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Administrativo del Chocó en providencia del 11 de agosto de 2017,
confirmó la decisión de primera instancia que declaró procedente la actualización
del salario base para la liquidación de la primera mesada pensional para lo cual
tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:
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Que el artículo 48 señala que la seguridad social es un servicio público a cargo del
Estado, quien tiene la obligación de controlar las actividades relacionadas con la
prestación de este servicio como garantía para que todas las personas tengan los
medios suficientes para la satisfacción de las necesidades mínimas cuando
soliciten la prestación de este servicio.
Que a su vez el artículo 53 ibidem señala cuales son los principios mínimos que
deben tenerse en cuenta al momento de expedirse el Estatuto del Trabajo,
resaltando que el trabajo tiene una connotación como derecho fundamental.
Que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido reiterativa en señalar que el
trabajador pensionado tiene derecho a recibir su mesada pensional sin valores
menguados por la pérdida de valor adquisitivo del dinero, para lo cual citó la
decisión del 18 de febrero de 2010, expediente radicado núm. 1020-88.
Que de acuerdo con la decisión del 3 de febrero de 2015, dentro del expediente
con radicado núm. 2871-13, la indexación de la primera mesada pensional de la
pensión de jubilación debe ser objeto de la aplicación de los principios
constitucionales de equidad, justicia y favorabilidad del orden laboral. En ese orden
de ideas, estas deben actualizarse al momento de realizar la liquidación
correspondiente para evitar la pérdida del valor adquisitivo conforme a los artículos
48 y 53 de la Constitución Política.
Que respecto a la fórmula que se debe aplicar para la indexación de la primera
mesada pensional deben seguirse los parámetros de la sentencia del 27 de agosto
de 2015, expediente con radicado núm. 0432-14, según la cual no puede ser otra
que la establecida en los artículos 178 del Decreto 01 de 1984 y 187 de la Ley 1437
de 2011.
Que de la lectura de las Resoluciones 07072 del 7 de julio de 1983 y 053399 del 7
de julio de 1988, se evidencia que CAJANAL no actualizó el ingreso base de
liquidación que tuvo en cuenta para establecer el monto de la pensión de jubilación
reconocida al demandante, circunstancia que hace concluir que se debe efectuar
la indexación de la primera mesada pensional.
Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida al no encontrar
que haya actuado de una manera irrazonable, ilegal ni desleal.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión en contra de la sentencia del 11 de agosto de
2017, al considerar que está incursa en la causal b) del artículo 20 de la citada
legislación.
Solicitó que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó y en su lugar: (i) se declare que al señor Euclides Pacheco no le asiste el
derecho a la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada
pensional ni a la indexación de la primera mesada, (ii) que se ordene a la señora
Livia Rentería de Pacheco en su calidad de beneficiaria de la pensión de vejez del
señor Mena a restituir de forma indexada y actualizada las totalidad de los dineros
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percibidos como consecuencia de la sentencia objeto de revisión.
En resumen, los razonamientos expuestos para atacar la decisión son los
siguientes:
Que el señor Euclides consolidó su estatus pensional el 1.° de enero de 1979 y se
retiró del servicio oficial el 1.° de enero de 1986. Durante su vida laboral, fue
beneficiario de la Resolución 07072 de 1983, que inicialmente le otorgó una pensión
basada en el promedio devengado en su último año de servicio, y posteriormente,
mediante la Resolución 05399 de 1988, se reliquidó su pensión con el 75% del
promedio de los factores salariales, aumentando la cuantía de $18.281,46 a
$48.697,04, efectiva desde el 1.° de enero de 1986.
Que adquirió el estatus pensional antes de la expedición de la Constitución de 1991
y la Ley 100 de 1993, por lo cual los artículos 13, 29, 38, 53 y 230 del texto
constitucional invocados por el Tribunal no son aplicables a su caso.
Que, por el contrario, su situación pensional estuvo regida por los Decreto 1848 de
1969, 1045 de 1978 y las Leyes 4 de 1966 y 71 de 1988, lo cual invalida la
actualización y la indexación del salario base y de la primera mesada pensional
ordenadas en las sentencias objeto de revisión, más cuando no se evidencia
perjuicio irremediable ni violación de derechos fundamentales como el mínimo vital
o la igualdad.
Que las normativas anteriores a la Ley 100 de 1993 y la Constitución de 1991 no
contemplaban la actualización o indexación del valor de la pensión o de la base
salarial utilizada en la liquidación o reliquidación de la misma y por ello, la pensión
se liquidaba en función de lo devengado o cotizado al momento del retiro, conforme
lo establecido por CAJANAL en las Resoluciones proferidas en los años 1983 y
1988.
Como resultado del fallo bajo revisión, la entidad ha realizado pagos adicionales
significativos, que se traducen en un excedente de $161.803.598 conforme a la
liquidación efectuada, toda vez que inicialmente, la pensión reconocida ascendía a
la suma $48.697 según la Resolución 05399 de 1988, pero incrementó a $85.772
debido a los efectos de las sentencias impugnadas.
Que tras el fallecimiento del señor Euclides Pacheco el 23 de octubre de 2017,
corresponde a su beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, la señora Livia
Rentería de Pacheco, asumir el pago y reintegro de los dineros dispuestos en la
sentencia revisada.
Contestación de la acción especial de revisión3
Los sucesores procesales de la señora Livia Rentería de Pacheco se opusieron en
su totalidad a las pretensiones planteadas, basando su inconformidad en los
siguientes puntos:
3 Los demandados se notificaron personalmente del auto admisorio de la demanda por intermedio de su
apoderada, el 25 de febrero de 2021 (f. 538, c.ppal) y para el 3 de marzo de la misma anualidad presentaron la
contestación de la demanda (índice 13 del sistema informático SAMAI).
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Que la decisión adoptada el Tribunal Administrativo del Chocó se sustenta
constitucionalmente en los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución, así como en la
jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional, específicamente en las
sentencias C-862, C-891A de 2006, SU-120 de 2003, SU-1073 de 2012, SU-131 de
2013, SU-415 de 2015, SU-542 de 2015, SU-637 de 2016 y SU-168 de 2017.
Que el precedente judicial establecido por las altas cortes debe ser acatado
obligatoriamente por las autoridades públicas, en virtud del principio fundamental
del Estado Social de Derecho. Para respaldar esta afirmación, citan las sentencias
C-539 de 2011 y SU-241 de 2015.
Que cualquier desconocimiento abierto de un precedente constitucional por parte
del juez constituiría un defecto que afecta la coherencia orgánica de la Constitución.
En consecuencia, defienden que la decisión adoptada respecto a la indexación de
la primera mesada pensional debe mantenerse.
Que la acción presentada por la entidad busca desconocer una serie de
disposiciones constitucionales y legales, entre ellos, los artículos 1, 2, 4, 11, 13, 46,
48, 53, 228 y 373 de la Constitución, 1 y 2 de la Ley 71 de 1998, 36 de la Ley 100
de 1993, 19 de la Ley 153 de 1887, 19 de la Ley 6 de 1945, 11 del Decreto 3135 de
1968, 27 del Decreto 1848 de 1969, 1, 3,7 y 68 del Decreto 1045 de 1978, 3, 4, 5,
6, 44 y 45 de la Ley 33 de 1985, 1613, 1614, 1626 y 1649 del Código Civil.
Que desde la sentencia del 8 de abril de 1991, radicado número 4087, se unificó la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo que la inflación
constituía un problema social al afectar el poder adquisitivo de la moneda. Por tanto,
sostienen que se deben adoptar medidas correctivas como la indexación para
restaurar el equilibrio económico, incluso para pensiones causadas antes de la
Constitución de 1991, basándose en los principios de equidad y justicia.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no emitió
pronunciamiento.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
La Subsección en primer lugar, se ocupará de determinar si, en efecto, los
presupuestos procesales de la acción especial de revisión están dados en el caso
concreto, para luego, en caso afirmativo resolver si se configura la causal de revisión
alegada por la entidad demandante. Específicamente, se evaluará si, al ordenar el
Tribunal Administrativo del Chocó la indexación de la primera mesada pensional del
señor Euclides Pacheco Mena, la cual fue posteriormente sustituida a favor de la
señora Livia Rentería de Pacheco, se terminó reconociendo una mesada pensional
por un monto superior al establecido por la ley.
Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades de la acción especial de
revisión, ii) Causal de revisión invocada; iii) Indexación de la primera mesada
pensional y iv) se examinará el caso concreto.
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Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones4 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para el
recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial5 por
al menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la
calificación en quien está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
que se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en
el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad,
además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión la causal prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la cual dispone:
4 Corte Constitucional, SU-427 de 2016.
5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]».
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00108-00 (0109-2020)
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
La exposición de motivos del proyecto de la Ley 797 de 2003 reflejó la necesidad
«[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y
sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»8. En ese
contexto, tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República
consideraron necesario establecer un mecanismo para revisar las pensiones
otorgadas de manera irregular o por montos que no se ajusten a lo establecido por
la ley, con el objetivo de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]».
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y garantizar la sostenibilidad económica del sistema pensional, permitiendo la
revisión de prestaciones periódicas cuyo monto supere lo legalmente estipulado.
Indexación de la primera mesada pensional
La jurisprudencia constitucional ha establecido que, aunque no exista normativa
expresa que contemple la actualización del ingreso base de liquidación (IBL) de una
pensión, la indexación de la primera mesada pensional es necesaria cuando el
reconocimiento del beneficio ocurre tiempo después del retiro del servicio. Esta
posición se basa en los artículos 48, 53 y 230 de la Constitución, así como en los
principios de equidad y justicia social.
El propósito de la indexación es entonces proteger al trabajador de las
consecuencias negativas de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y de la
inflación, fenómenos económicos que afectan directamente el valor real del salario
o la pensión del empleado.
Además, dicha corporación ha afirmado que «el derecho a la indexación de la
primera mesada tiene un carácter universal y, por ende, se predica de todos los
pensionados sin discriminación en razón al momento en que se causó la pensión,
el origen de la misma (si es legal, convencional o sanción) o su naturaleza (de vejez,
de invalidez, etc.).»9
En esa línea, en la sentencia SU-1073 de 2012, la Corte Constitucional unificó los
criterios sobre el derecho a indexar la primera mesada pensional de quienes
adquirieron este derecho antes de la Constitución de 1991 y al referirse a la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indicó que la indexación es una
modalidad de daño emergente y reiteró el carácter universal de este derecho,
aplicable a todas las personas jubiladas, sin importar el tiempo o el régimen en el
que se encuentren, en los siguientes términos:
«“2.6.1. El derecho a la indexación de la primera mesada pensional es predicable
de todas las categorías de pensionados, y por tanto, resulta vulneratorio de los
principios constitucionales que informan la seguridad social y el derecho laboral
negar su procedencia a aquellos que adquirieron el derecho con anterioridad a la
Constitución de 1991, pero cuyos efectos irradian situaciones posteriores.
8 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
9 Corte Constitucional, Sentencia Su 637 de 2016.
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2.6.2. La garantía de indexación no sólo fue reconocida por la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, S.L., con anterioridad de la expedición de la Carta, sino
que en la Constitución de 1991 se constitucionaliza en los artículos 48 y 53.
2.6.3. Además, también tiene sustento en el principio de favorabilidad laboral
contenido en el artículo 53 Superior. Este principio obliga a las autoridades
judiciales, incluyendo las Altas Cortes, a elegir, en caso de duda, por la
interpretación que más favorezca al trabajador. En el caso de la indexación, no es
otra que su reconocimiento universal, inclusive de las personas que adquirieron su
derecho con anterioridad a la Constitución de 1991, por cuanto el fenómeno
inflacionario afecta a todos por igual.»
Esta Corporación ha respaldado esta postura, señalando que la actualización
monetaria de la primera mesada busca evitar la disminución del poder adquisitivo
de las pensiones debido al tiempo transcurrido entre el cumplimiento de los
requisitos para pensionarse y el reconocimiento efectivo de la prestación10. Se ha
establecido que la actualización no debe limitarse a la primera mesada, sino también
incluir el salario base de liquidación, garantizando así el mínimo vital de las personas
mayores afectadas por la inflación.
Respecto a la aplicación de la indexación de la primera mesada pensional en
función del tiempo transcurrido, la Corte Constitucional ha determinado que es
adecuada cuando existe un intervalo considerable entre la finalización del vínculo
laboral y la exigibilidad de la pensión, debido a la depreciación del último salario por
inflación. En contraste, esta Sección ha especificado que, a diferencia de la Corte
Constitucional, se requiere un período mínimo para considerar que ha habido una
pérdida del poder adquisitivo. En sentencia del 7 de marzo de 201311, la Sección
sostuvo:
«La indexación de la primera mesada se justifica cuando, tras el retiro del servicio
en un año específico, el pensionado completa los requisitos para acceder al derecho
en un año o más después del retiro, momento en el cual el salario base para la
liquidación de la pensión podría haber perdido valor. No obstante, en situaciones
como la analizada, donde el retiro del servicio y el cumplimiento de todos los
requisitos para la pensión ocurrieron en el mismo año, y el reconocimiento también
se realizó en ese año, no se puede hablar de pérdida del poder adquisitivo del
ingreso base de liquidación, ya que no ha transcurrido un período que permita dicha
depreciación.»
Asimismo, en sentencia del 23 de mayo de 201812, esta Sección reafirmó el criterio
anterior al determinar que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional se origina cuando, habiendo cumplido el tiempo de servicio, el beneficiario
se retira sin haber alcanzado la edad requerida. Una vez cumplida esta edad, la
administración procede a reconocer y liquidar la pensión con los factores
devengados en el último año de servicios, es decir, en el momento del retiro,
siempre y cuando entre el retiro y el cumplimiento del requisito de edad haya
transcurrido más de un año.
En atención a lo expuesto, se procede a resolver la controversia a la luz de dichos
parámetros.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A. Sentencia 7 de
marzo de 2013. Radicación número: 76001-23-31-000-2008-01205-01(1995-11)
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 7 de marzo de 2013, radicado 2008-
01205-01; C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 23 de mayo de 2018, C.P. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, Radicado 2017-01559-01.
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Caso concreto
Con el propósito de emitir un pronunciamiento sobre el caso, es necesario tener en
cuenta que la controversia se centra en el reconocimiento de la indexación de la
primera mesada de la pensión de jubilación del señor Euclides Pacheco efectuado
por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho.
En ese sentido, y antes de proceder al análisis de la causal contenida en el literal
b), corresponde determinar si los hechos y argumentos jurídicos presentados por la
entidad recurrente se ajustan a lo dispuesto por el legislador en dicha causal, con el
fin de decidir si es pertinente evaluar el fondo del asunto planteado.
La Sala constata que los argumentos expuestos en la acción se centran en exponer
en qué consiste la afectación al patrimonio público dado que la UGPP argumenta
que, como resultado de la sentencia bajo revisión, el monto de la prestación
inicialmente reconocida aumentó de $48.687, según la Resolución 05399 de 1988,
a $85.772. Este ajuste, basado en los últimos tres años ($49.561.304), resultó en
un exceso total de $161.803.59813, de acuerdo con la liquidación realizada por la
entidad.
Por ello, al exponerse de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio
público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de veracidad que cobija
la decisión, pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada, situación
que habilita a analizar esta corporación a continuar con el estudio del asunto. De
ahí que se examinará si se configura la consecuencia procesal prevista en el
precepto normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el
límite legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación de la norma y/o
del precedente jurisprudencial.
De acuerdo con el material probatorio allegado, se encuentra que al señor Euclides
Pacheco Mena, mediante la Resolución 07072 de julio de 1983, CAJANAL le
reconoció y ordenó el pago una pensión ordinaria en cuantía de $18.281,46, efectiva
a partir del 1.° de enero de 1983, condicionada al demostrar el retiro definitivo del
servicio; el cual se entendió acreditado de forma posterior el 1.° de enero de 1986,
según la declaración juramentada de retiro.
Posteriormente, en sede administrativa, se observa que, mediante la Resolución
05399 del 7 de julio de 1988, CAJANAL reliquidó la pensión de jubilación «por
nuevos tiempos14 y factores de salario». Esta reliquidación se calculó con el 75% de
los factores devengados en el último año de servicio, incluyendo «los reajustes de
ley», y se hizo efectiva a partir del 1.° de enero de 1986, por retiro del servicio. Para
ello, se consideraron como factores la asignación básica, que discriminó en
$203.082 por 181 días y $278.704 por los restantes 184 días, así como las primas
de navidad, de vacaciones, de servicios, de alimentación, de servicios y las horas
extras y festivos devengadas en el año 1985.
13
Verificada la liquidación de la entidad se advierte que el valor neto que se atribuye haberse pagado en
exceso asciende a la suma de $163.038.474. Folio 60, cuaderno principal.
14 Los cuales fueron percibidos entre el 1.° de enero de 1983 y el 31 de diciembre de 1985.
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El 17 de abril de 2015, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Quibdó
dictó sentencia en la que declaró la nulidad de las Resoluciones 7072 del 7 de julio
de 1983 y 5399 del 7 de julio de 1988. Como restablecimiento del derecho, ordenó
la actualización del salario base para la liquidación de la pensión de jubilación y la
indexación de la primera mesada pensional con la formula R=RH x (Índice final/
índice inicial), teniendo en cuenta la fecha de retiro del servicio (enero de 1986)
hasta la fecha de la reliquidación pensional (julio de 1988) para ajustar el monto a
valor presente.
El a quo accedió a las pretensiones basándose en el argumento de que, toda vez
que el retiro de la parte demandante ocurrió en enero de 1986 y la consolidación de
todos los requisitos para acceder al derecho pensional o ajustar el ingreso base de
liquidación de la pensión se completó en julio de 1988, se produjo una pérdida del
poder adquisitivo del ingreso base utilizado para la liquidación, puesto que el cálculo
se realizó con un salario desactualizado.
La anterior decisión posteriormente fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Chocó, a través de la sentencia que ahora es objeto de revisión. Al verificar la
providencia cuestionada se observa que el fallador consideró que era procedente la
indexación de la primera mesada por los motivos detallados a continuación:
«El señor ECLUÍDES PACHECO MENA a través del presente medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho pretende obtener la indexación del ingreso
base de liquidación de su pensión de jubilación, reconocida por la Caja Nacional de
Previsión Social, CAJANAL, mediante Resolución No. 07072 del 7 de julio de 1983.
De las pruebas obrantes en el expediente observa la Sala, que el señor Euclides
Pacheco Mena nació el 20 de noviembre de 1925 (fl.9).
Asimismo, que laboró al servicio del Estado 23 años 10 meses y 19 días (fl.9).
Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución No.07072 del 7 de julio de 1983
la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, dispuso el reconocimiento y pago
de una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor del demandante, efectiva a
partir del 1 de enero 1983, en cuantía de $18.281 (fls. 9 - 13).
A través de la Resolución Nº 05399 del 7 de julio de 1988, la Caja Nacional de
Previsión Social, reliquidó la pensión de jubilación del actor, elevando la cuantía de
la misma a la suma de $48.697,04 (fl.14 – 16).
De la lectura que se hace de las resoluciones números 07072 del 7 de julio de 1983
y 053399 del 7 de julio de 1988, advierte la Sala que la Caja Nacional de Previsión
Social, CAJANAL, no actualizó el ingreso base de liquidación que tuvo en cuenta
para establecer el momento de la pensión de jubilación reconocida al demandante,
circunstancia que hace concluir a la Sala que en el presente asunto, se debe
efectuar la indexación de la primera mesada pensional; razón por la cual se
confirmará la sentencia apelada».
No obstante, se observa que entre el retiro del servicio del empleado y la fecha en
que se adquirió el estatus pensional no transcurrió ningún periodo de tiempo que
afecte el ingreso base por efectos de la inflación, es más, cuando el señor Euclides
Pacheco adquirió el estatus pensional —1.° de enero de 1979 — todavía se
encontraban laborando, ya que prestó sus servicios hasta el 1.° de enero de 1986,
según la declaración juramentada de retiro15.
15 Folio 168, ARCHIVO DIGITALD ENOMINADO «9_ED_CUADERNO PRINCIPAL_CUADERNO PRINCIPAL
FOLIO 1 AL 202.pdf», índice 9 SAMAI.
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Ahora, aunque entre la fecha de obtención del estatus pensional y la emisión de la
Resolución 05399 de 7 de julio de 1988, la cual ordenó la reliquidación pensional
considerando nuevos tiempos y factores salariales, transcurrió un tiempo
significativo, dicha situación fue abordada mediante el mandato de pago de los
montos adeudados con los ajustes pertinentes, como se detalla en el acto
administrativo:
«ARTICULO PRIMERO. - RELIQUIDAR la pensión de jubilación que esta entidad
reconoció a favor de EUCLIDES PACHECO MENA ya identificado, elevando la
cuantía de la prestación a la suma de CUARENTA Y OCHOMIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS ($48.697.04) Mcte, efectiva a partir de; 1 de enero de
1986, según declaración jurada de retiro y de conformidad con las razones puestas
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO.- La pensión reliquidada continuará a cargo de las siguientes
entidades:
CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, en su totalidad.
ARTÍCULO TERCERO.- Descontar el 5% del valor de cada mesada pensional para
los servicios médico asistenciales. Ley 4/66
ARTÍCULO CUARTO.- Los reajustes de ley a que tenga derecho así como las
operaciones de orden contable a que haya lugar, se efectuarán por la Oficina de
Registro de Pensiones de esta Entidad, teniendo especial cuidado en deducir los
valores que se hubieren cancelado por concepto de la resolución que inicialmente
reconoció pensión (sic), de los valores que por la presente se reconocen y ordenan
pagar […]» (Negrillas fuera del testo original)
En este contexto, al tratar el objeto de litigio, el Tribunal debía diferenciar entre los
distintos escenarios legales posibles: la indexación de la primera mesada pensional
y la reliquidación para incluir nuevos periodos de servicio y factores salariales, una
vez reconocida y disfrutada la pensión.
A fin de clarificar esta diferencia, resulta pertinente referirse a un precedente en el
que esta Corporación, en sede de tutela, resolvió un caso similar. En dicho
precedente, se explicaron las figuras de la siguiente manera:
«5.12. Así las cosas, resulta importante no confundir, como lo hace la tutelante, la
situación fáctica en virtud de la cual es necesario indexar la primera mesada
pensional, como lo han indicado tanto la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, con aquella circunstancia en la que el acto administrativo que declara la
reliquidación pensional es posterior a la adquisición del correspondiente estatus.
5.13. En efecto, en el primero de los casos se trata de aquellas circunstancias en
las que el funcionario se retira del servicio, sin que hubiera completado los requisitos
pensionales y posteriormente, ante el lleno de los mismos, solicita el reconocimiento
pensional que se hace efectivo únicamente en ese momento, lo que amerita que la
primera mesada pensional, sea indexada, para evitar la pérdida de poder adquisitivo
del salario que devengaba al momento del retiro del servicio.
5.14. Por otro lado, estamos frente al caso en el cual el retiro del servicio se da
posteriormente a que se cumpla con el estatus pensional, situación que por ende,
no requiere que la primera mesada sea indexada, independientemente de que el
acto administrativo sea posterior, pues en dicha circunstancia se ordenarán los
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reajustes correspondientes, como en efecto se dispuso en el acto administrativo que
ordenó la reliquidación.»16
Luego, al liquidarse la pensión en la forma indicada, esto es, teniendo en cuenta los
valores respectivos obtenidos efectivamente en el último año de servicios (1985)
previo a obtener el estatus pensional, con reconocimiento efectivo a partir del 1.° de
enero de 1986, es decir, la fecha de retiro, no puede afirmarse que se dio una
pérdida efectiva del poder adquisitivo de la mesada personal, que implique la
indexación de la primera mesada, dado que acreditó retiro definitivo del servicio con
posterioridad a la fecha en que adquirió el estatus pensional, no habiendo diferencia
de tiempo entre el periodo de liquidación y la efectividad de la misma.
Ahora, dado que la sentencia objeto de esta revisión no goza de la inmutabilidad
absoluta de la cosa juzgada y, por lo tanto, puede ser modificada mediante la
presente acción especial, se declarará fundada la solicitud interpuesta por la UGPP
contra la sentencia del 11 de agosto de 2016, emitida por el Tribunal Administrativo
del Chocó. En consecuencia, se procederá conforme a lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 255 del CPACA.
Sentencia de reemplazo
Resulta imperioso subrayar que el marco normativo y jurisprudencial desarrollado
en las consideraciones anteriores es plenamente aplicable al análisis del caso
concreto.
En relación con este asunto, la Sala reitera lo expuesto en las consideraciones
preliminares, aclarando que el problema jurídico a resolver se centra
exclusivamente en determinar si era procedente la indexación de la primera mesada
del señor Euclides Pacheco.
La UGPP reprochó la orden de indexación dictada por el a quo, argumentando que
la pensión del actor no había perdido poder adquisitivo, dado que se actualizó
retroactivamente tras su reliquidación. Señaló que, en el momento en que el señor
Euclides Pacheco adquirió el estatus de pensionado, aún estaba en servicio, por lo
que no había transcurrido un periodo que justificara la indexación del último salario
devengado, el cual constituía el IBL pensional.
Efectivamente, se observa que el causante, en su momento, solicitó bajo la figura
de la indexación de la primera mesada pensional, que se actualizara el valor de la
pensión, pero erradamente la autoridad judicial de primera instancia no advirtió que
su situación fáctica no le otorga el derecho al reconocimiento pedido.
En este contexto, es importante señalar que entre el retiro del servicio y el momento
en que se adquirió el estatus pensional (1.º de enero de 1979) no transcurrió ningún
periodo sustancial que dé lugar a la aplicación de la indexación de la primera
mesada, pues aquí el retiro ocurrió después de haber adquirido el estatus pensional
y el supuesto de hecho para la procedencia de la figura solicitada se da cuando el
retiro del servicio ocurre sin haber cumplido los requisitos pensionales. De hecho,
el señor Euclides Pacheco continuó trabajando hasta el 1.º de enero de 1986, según
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia 4 de abril de 2019,
radicado núm. 11001-03-15-000-2018-04130-01, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate.
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su declaración juramentada de retiro, lo que llevó a que posteriormente solicitara la
reliquidación de la pensión debido a que el salario que percibía al momento del retiro
era inferior al que estaba establecido en el acto de reconocimiento.
Se destaca que la entidad, en respuesta a la solicitud, reliquidó la pensión utilizando
los factores devengados en el año anterior al retiro, asegurando que la mesada
refleja adecuadamente el esfuerzo laboral del pensionado durante su vida
productiva y ordenó los reajustes correspondientes.
Así las mesadas causadas desde la fecha de adquisición del estatus (1979) hasta
la fecha de reconocimiento (1983) y la posterior reliquidación de la pensión (1988)
fueron ajustadas conforme a la legislación vigente. Estos ajustes, ordenados por los
actos administrativos expedidos por CAJANAL, se realizaron de acuerdo con la Ley
4 de 1976, la Ley 71 de 1988, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2108 de 1992.
En consecuencia, dado que la indexación de la pensión es procedente únicamente
cuando el reconocimiento se basa en un IBL distinto al del año en el que se adquirió
el estatus pensional, no resultaba apropiado ordenar la indexación de la primera
mesada pensional en este caso. Tampoco era justificable afirmar una pérdida del
poder adquisitivo, dado que los ajustes se realizaron de acuerdo con la normativa
vigente y, en todo caso, el a quo no se podía ir más allá de lo solicitado por el
demandante, quien en ningún momento requirió el reajuste de la pensión
reconocida, sino que exclusivamente perseguía la indexación de la primera mesada.
Por lo tanto, es necesario revocar la sentencia del Juzgado Primero Administrativo
de Quibdó de 17 de abril de 2015 que dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el señor Euclides Pacheco Mena en
contra de la extinta CAJANAL (hoy UGPP) que accedió a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar, se denegarán las pretensiones de la demanda.
De la devolución de dineros recibidos de buena fe
En virtud de lo anterior, si en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Chocó, CAJANAL o la UGPP hubiesen efectuado el pago de las
diferencias pensionales derivadas de la indexación de la primera mesada pensional
del señor Euclides Pacheco, no se dispondrá el reintegro de dichas sumas, pues
cabe entender que los dineros fueron recibidos de buena fe bajo la presunción
establecida en la parte final del artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA, la cual
admite prueba en contrario y en el caso concreto, no fue aportada.
Condena en costas
Dado que en este caso la acción especial de revisión prosperó parcialmente, no hay
lugar a imponer condena en costas, en tanto el artículo 365 del Código General del
Proceso dispuso tal consecuencia únicamente respecto de la parte vencida a la que
se le resuelva desfavorablemente el recurso y no respecto de la parte pasiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero: Declarar FUNDADA la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), respecto de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó el 11 de agosto de 2017, que confirmó la decisión proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó el 17 de abril de 2015, que accedió
a las súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: INFIRMAR la sentencia del 11 de agosto de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó. En consecuencia, se dicta sentencia de
reemplazo en los siguientes términos:
«Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.»
Tercero: Declárese que no hay lugar a ordenar devolución de los reembolsos que
por concepto de indexación de la primera mesada hubiese efectuado
eventualmente CAJANAL (hoy UGPP), en cumplimiento del fallo que ahora se
infirma a la señora Livia Rentería de Pacheco, según las razones antes expuestas.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Una vez en firme esta providencia, realizar las correspondientes anotaciones
en el aplicativo SAMAI y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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