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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00109-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00109-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Quince (15) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala primera oral de decisión, que confirmó y adicionó el fallo del Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), proferido por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Neiva, dictadas dentro del expediente radicado No. 41-001-33-33-005-012-00273-00, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las constancias del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00109-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

Bogotá D. C., Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026).

Radicado : 11001-03-25-000-2020-00109-00 (0110-2020)1.
Demandante : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
Demandado : Rosa Elvira Cadena Rojas
Trámite : Acción especial de revisión.
Tema : Revisión de la sentencia proferida el 15 de diciembre de
2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
Causal regulada en los literales a y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
Decisión : Sentencia de única instancia.

La Sala decide la acción especial de revisión interpuesta por la UGPP, contra la sentencia
del Quince (15) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Sala Primera
Oral de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó el fallo del Veintiséis
(26) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), emitido por el Juzgado Quinto (5) Administrativo
del Circuito de Neiva, que accedió a las súplicas de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, instaurada por la señora Rosa Elvira Cadena Rojas

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de acción especial de revisión2.

1. La UGPP formuló la acción especial de revisión, prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con la que pretende, se infirmen las sentencias del Quince (15) de
diciembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por la Sala Primera Oral de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, que confirmó el fallo del Veintiséis (26) de mayo de Dos
Mil Catorce (2014), emitido por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Neiva, dictadas

1
Expediente físico
2
Folios 1 a 10, expediente físico, cuaderno 1.

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

dentro del expediente radicado No. 41-001-33-33-005-2012-00273-00 y, en su lugar, se
revoquen las mencionadas providencias

1.2 Como consecuencia de lo anterior, el accionante pretende que:

2 Se declare que, la señora Rosa Elvira Cadena Rojas, no es titular de un derecho
adquirido respecto de la liquidación de su mesada pensional, susceptible de amparo por
el ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, se ordene la reliquidación y pago
de la pensión que actualmente percibe, tomando como ingreso base de liquidación, las
directrices previstas en el inciso tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, así como los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994, de
conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-247 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017,
SU-631 de 2017, auto 229 de 2017, T-039 de 2018, fijando como monto o tasa de
remplazo el 75%, sobre el promedio devengado sobre el salario de los últimos diez (10)
años de servicio.

3 Como sustento fáctico de sus pretensiones, refiere que, la Caja Nacional de
Previsión Social E.I.C.E, con Resolución No. 1098 del veintinueve (29) de enero de Dos
Mil Tres (2003), reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a la señora Cadena
Rojas, liquidando la prestación, con el setenta y cinco (75%) del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio, en cuantía de ($1.085.932), efectiva a
partir del primero (1) de mayo de Dos Mil Siete (2007). Mediante acto administrativo No.
09445 del veintitrés (23) de mayo de Dos Mil Tres (2003), resolvió recurso de reposición
confirmando la decisión.

4 Por medio de Resolución No.1661 del tres (3) de marzo de Dos Mil Cuatro (2004),
se resolvió el recurso de apelación, revocando el acto 09445 del veintitrés (23) de mayo
de Dos Mil Tres (2003), y modificó la resolución No. 1098 del veintinueve (29) de enero
de Dos Mil Tres (2003), elevando la cuantía de la pensión a ($1.211.684,84), efectiva a
partir del Dieciocho (18) de junio de Dos Mil Dos (2002), condicionado al retiro definitivo.

5 Mediante resolución No. 34089 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Siete (2007),
CAJANAL reliquidó la pensión, con el 85% promedio de lo devengado entre el primero
(1) de julio de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), hasta el treinta (30) de junio de

2

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

Dos Mil Cuatro (2004), en cuantía de ($1.374.619,92) a partir del primero (1) de julio de
Dos Mil Cuatro (2004), condicionado al retiro definitivo del servicio3.

6 Finalmente, la entidad demandante, niega la reliquidación de la pensión con la
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, a través
de Resolución No. RDP 009540 del dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil Doce
(2012)4, decisión confirmada mediante acto No. RDP 014966 del nueve (9) de noviembre
de Dos Mil Doce (2012)5.

7 Por lo tanto, la señora Rosa Elvira Cadena Rojas, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó la legalidad de los citados actos
administrativos.

8 El Juzgado Quinto (5) Administrativo de Neiva, en sentencia del veintiséis (26) de
mayo de Dos Mil Catorce (2014), accedió a las pretensiones de la demanda, disponiendo:
(i) declarar la nulidad de las resoluciones demandadas; (ii) como consecuencia de la
anulación decretada, ordenó la reliquidación sobre el setenta y cinco (75%) de los
factores devengados en el último año de servicio, incluyendo como factores adicionales,
los de bonificación por primer semestre, bonificación por segundo semestre y la prima de
vacaciones.

9 La anterior decisión, fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo del
Huila, mediante providencia del Quince (15) de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), en
la cual, ordenó confirmar y adicionar, en punto a señalar: «que las deducciones por aportes
sobre dichos factores deben actualizarse en las misma forma que las sumas salidas a deber a la actora
sic»

10 En cumplimiento de las decisiones judiciales objeto de revisión, la subdirectora de
determinación de derechos pensionales de la UGPP, reliquidó la pensión de la señora
Cadena Rojas, a través de la Resoluciones RDP 036913 del Diez (10) de septiembre de
Dos Mil Quince (2015)6, fijando el monto de la mesada pensional en $1.376.685, efectiva
a partir del Primero (1) de julio de Dos Mil Cuatro (2004), con efectos fiscales a partir del
Trece (13) de junio Dos Mil Nueve (2009).

3
Pagina 212-215 cuaderno No. 2
4
Pagina 293-295 cuaderno No. 2
5
Pagina 276-277 cuaderno No. 2
6
Pagina 284-287 cuaderno principal No. 2

3

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

11 Frente al citado acto administrativo, el ICBF interpuso recurso de reposición y
apelación, frente al cobro de los aportes a la seguridad social. No obstante, la UGPP
desestimó los recursos y confirmó la decisión inicial, mediante resolución No. RDP
016552 del nueve (9) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)7, y RDP No. 020851 del siete
(7) de junio de Dos Mil Dieciocho (2018)8.

1.2. Sentencia objeto de revisión.

12 El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Primera Oral de Decisión, mediante
sentencia del quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014) 9, confirmó la decisión
de primera instancia, al considerar que, la señora Cadena Rojas, al momento de entrar
en vigencia la Ley 100 de 1993, quedó amparada por el régimen de transición. En
consecuencia, el reconocimiento de su pensión debía efectuarse conforme a lo previsto
en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985.

13 Bajo ese entendido, sostuvo que, los factores salariales enunciados en la Ley 33
de 1985, no tienen carácter taxativo, razón por la cual, resultaba procedente reliquidar la
prestación, con base en el setenta y cinco por ciento (75 %) de la totalidad de los factores
devengados durante el último año de servicio. Asimismo, precisó que, en aplicación de
los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y
favorabilidad en materia laboral, no era procedente aplicar las disposiciones contenidas
en el Decreto 1158 de 1994. En suma, adicionó en el sentido que, debía aplicarse los
descuentos de ley sobre los factores salariales objeto de reliquidación pensional.

14 En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de mayo 26 de 2014 proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Neiva, debiéndose Adicionar dicha decisión en el sentido de señalar
que las deducciones deben indexarse en la misma forma que las sumas que resulten a favor
de la demandante.».

15 De acuerdo con lo anterior, se destaca que, el fallo de primera instancia del
veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), dictado por el Juzgado quinto (5)
Administrativo de Neiva, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes

7
Pagina 249-254 cuaderno No. 2
8
Pagina 256-261 cuaderno No. 2
9
Pagina 312 reverso -317 cuaderno No. 2

4

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

términos10:

16 Determinó que, la señora Rosa Elvira Cadena Rojas, se encontraba amparada por
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; en
consecuencia, su mesada pensional debía reliquidarse conforme a lo dispuesto en la Ley
33 de 1985, tomando como base, el setenta y cinco (75%) sobre la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicio. Dentro de dichos factores
debían incluirse, la bonificación del primer semestre, bonificación del segundo semestre
y prima de vacaciones, que fueron omitidos.

17 En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:
«
1. Declarar no probada las excepciones de presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados e inexistencia de la obligación propuesta por la unidad
administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la
protección social UGPP.
2. Declarar probadas de oficio la excepción de prescripción de las diferencias en las
mesadas pensionales de la señora Rosa Elvira Cadena Rojas causadas con
anterioridad al 13 de junio del 2009 conforme a lo expuesto en la parte motiva.
3. Declarar la nulidad de las resoluciones numero RDP 009540 del 18 de septiembre del
2012 y RDP 014966 del 9 de noviembre del 2012 mediante las cuales se niega el
reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de vejez a la señora Rosa
Elvira Cadena Rojas con forme (sic) a las consideraciones expuestas.
4. A título de restablecimiento del derecho ordenara a la unidad administrativa especial
de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la protección social UGPP que
proceda a reconocer liquidar y pagar a la actora en término legal que corresponda las
diferencias de las mesadas pensionales dejadas de pagar desde el 13 de junio del
2009 liquidadas como se indicó en la parte motiva es decir incluyendo como factores
adicionales los de bonificación por primer semestre bonificación por segundo
semestre y la prima de vacaciones como devengados durante el año anterior al retiro
del servicio previa deducción de los descuentos que por aportes de ley dejaron de
efectuarse»

1.3. Causales de revisión invocadas.

18 En principio, aunque en las pretensiones de la demanda no se menciona la causal
del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en el apartado «Concepto de violación» sí

10 Pagina 327 reverso-335 cuaderno No. 2

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Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

se hace referencia a ella, por lo tanto, la Sala infiere que la UGPP la propone como causal
de revisión. En efecto, manifiesta que: «pues la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido
proceso, en tanto la reliquidación de la pensión de jubilación de la causante en los términos ordenados en
estas no le corresponde, pues lo correcto es que tuviera en cuenta las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 21 de la ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores que deben ser tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, por lo anterior se considera que el fallo acusado trasgrede los principios
superiores de legalidad consagrados en los artículo 1,2,6 y 29 de la carta política 11».

19 Por otra parte, La UGPP invocó la causal de revisión establecida en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de pensiones
«[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».

20 Aduce que la sentencia cuya revisión solicita, ordenó un ajuste pensional que
excede lo establecido por la legislación, pues es claro que de acuerdo con las sentencias
C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-247 de 2016, SU-210 de 2017, SU-
395 de 2017, SU-631 de 2017, auto 229 de 2017, T-039, el ingreso base de liquidación
no hace parte del régimen de transición, de manera que, una correcta aplicación del inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, impone liquidar la pensión de la señora
Cadena Rojas, con los aportes efectuados durante los últimos 10 años de servicio y los
factores de salario taxativos establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y aquellos que
constituyan factor salario.

1.4. Contestación de la demanda de revisión.

21 El auto admisorio de la acción, fue notificado personalmente a la señora Rosa
Elvira Cadena Rojas, el Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024)12,
quien, dentro del término otorgado, contestó la demanda13.

22 La demandada argumenta que, la interpretación restrictiva invocada por la UGPP,
surgió con posterioridad a las decisiones judiciales cuestionadas. Para la época en que
se resolvió el proceso de la señora Cadena Rojas, la interpretación vigente era la fijada
en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del cuatro (4) de agosto de Dos Mil

11
Pagina 4 cuaderno 1
12
Samai, índice 30
13
Samai, índice 36

6

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

Diez (2010), según la cual, el IBL debía calcularse incluyendo la totalidad de los factores
salariales devengados en el último año de servicios, criterio que era obligatorio para
jueces, tribunales y la administración.

23 Asimismo, invoca la sentencia de Sala Plena del Consejo de Estado, del veintiocho
(28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)14 la cual, precisó que, las pensiones
reconocidas o reliquidadas bajo la tesis anterior, no pueden considerarse obtenidas con
abuso del derecho o fraude a la ley, y los casos en los que ya operó la cosa juzgada, son
inmodificables en virtud del principio de seguridad jurídica.

24 En consecuencia, solicita negar las pretensiones de la UGPP y mantener
incólumes las sentencias de 2014, que ordenaron la reliquidación pensional, por cuanto,
fueron proferidas conforme al precedente vigente en ese momento y se encuentran
amparadas por la cosa juzgada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

25 La Subsección es competente para conocer y decidir la presente acción, según lo
previsto en los artículos 249 del CPACA15 y 20 de la Ley 797 de 200316, en concordancia
con lo previsto en el artículo 13 del reglamento de esta Corporación, contenido en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201917.

2.2. Oportunidad.

26 La acción de revisión del epígrafe resulta oportuna, toda vez que, la sentencia
revisada fue notificada el Diecinueve (19) de enero de Dos Mil Quince (2015)18, cobró
ejecutoria el 22 de ese mismo mes y año y la demanda fue presentada el catorce (14) de
enero de Dos Mil Veinte (2020)19, razón por la cual, no fue superado el término de 5 años
establecido en el artículo 251 del CPACA.

14
(rad. 52 001 23 33 000 2012 00143 01),
15
«[…] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia. […]»
16
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]»
17
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
18
Pagina 325 y reverso cuaderno No. 2
19
Pagina 1 sello de recibido en la sección segunda del Consejo de Estado

7

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

2.3. Problema jurídico.

27 Corresponde a la Sala de Subsección establecer, si la sentencia del Quince (15)
de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
está incursa en la causal de revisión consagrada en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es, si el beneficio pensional de la demandada fue obtenido con
violación del debido proceso y, si la cuantía de la pensión reconocida excedió lo
preceptuado por la ley.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1. Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003 – Objeto y alcance.

28 El artículo 20 de la Ley 797 de 2003, instituyó una acción especial de revisión de
providencias judiciales, de la siguiente manera:

«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de
acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

29 Dicha acción, entonces, está orientada a restablecer la justicia material20 y
comporta una herramienta excepcional que se opone a los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica, razón por la cual, esta Corporación ha sostenido que «solo debe admitirse
frente a un fin legítimo, que en estos asuntos es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con

20
Ver Corte Constitucional, Sala Plena; sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.

8

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

violación al debido proceso o, si como en este caso se invoca, la cuantía reconocida excede lo ordenado
por la ley»21.

30 Por tanto, las causales que el legislador prevé como únicas para superar y quebrar
la seguridad jurídica que se deriva de una sentencia judicial, en caso de su prosperidad,
atienden a circunstancias específicas y objetivas, que no corresponden a un
cuestionamiento de valoraciones de tipo jurídico, fáctico o probatorio, adelantado por el
juzgador en el proceso que dio lugar a la decisión cuestionada. Por ello, no puede
utilizarse este medio impugnativo, so pretexto de reabrir el debate jurídico o revivir una
valoración probatoria, que fue realizada por el juez de instancia.

31 De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que,
la rigurosidad de esta clase de asuntos, no permite que el juzgador se aproxime a alguna
causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta
vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de
instrumentos extraordinarios22.

32 Finalmente, resulta necesario aclarar que, la adopción del trámite propio del
recurso extraordinario de revisión establecido en el CPACA, no significa, como lo explicó
la Sala Especial de Decisión 25 de esta Colegiatura, en sentencia del 4 de junio de 2019,
«que la acción especial contenida en esa normativa y el referido recurso sean equiparables jurídicamente,
sino solo que el trámite23 […] pues esta acción especial “tiene un carácter sui generis 24, dado que, más allá
de que pueda infirmar una sentencia ejecutoriada –al igual que el recurso extraordinario de revisión –,
presenta unas particularidades que le otorgan una entidad propia 25», tal como el análisis que sobre

su configuración realiza el juez de esta acción especial26.

2.4.2. Sobre la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 1° de agosto de 2024; consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-
000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-
15-000-01027-00.
23
Esta Corporación ha indicado que con la demanda de revisión se inicia una instancia con trámite propio y diferentes etapas procesales que culminan
con un fallo definitorio sobre la legalidad de la sentencia ejecutoriada, conclusión que la ha llevado a concluir que el recurso extraordinario de revisión
constituye un nuevo proceso o inclusive una acción o medio de control más. Ver: Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de agosto de
2014 [Rad. 11001-03-15-000-2013-02110-00]. MP. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Salas Especiales de Decisión No. 22 y 25. Sentencias de 3 de marzo
de2015 [Rad. 11001-03-15-000-2014-00579-00 (REV)]. MP. Alberto Yepes Barreiro [Rad. 11001-03-15-000-2012-01776-00 (REV)]. MP. (E) Hernán Andrade
Rincón. La Corte Constitucional, en el marco de la acción especial revisión, ha aceptado que esta se realiza a través de una demanda sometida a las
formalidades y requisitos del recurso extraordinario de revisión. Ver: Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003. MP. Jaime Araújo Rentería. En esta providencia se indicó, como una novedad del artículo
20 de la Ley 797/03, que la acción especial o “sui generis” de revisión procedía no solo contra sentencias sino también contra los actos contentivos de
transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, con base en las causales generales y el trámite previsto para el recurso extraordinario de
revisión en el CCA – hoy en el CPACA –. Agregó que las dos (2) causales especiales introducidas por esa norma sólo se predicaban únicamente respecto
de las sentencias.
25
Esta Corporación ha destacado que las particularidades de la acción especial de revisión le otorgan una entidad propia, reflejada principalmente en la
legitimación por activa calificada y su finalidad. Ver: Sección Segunda. Auto de 27 de marzo de 2014 [Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12)].
MP. Gerardo Arenas Monsalve, y [sA] sentencia de 17 de mayo de 2018 [Rad. 11001-03-25-000-2014-00665-00(2074-14)]. MP. William Hernández
Gómez.
26
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, Exp. 2014-02013-00. M.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

• Debido proceso - Reconocimiento pensional obtenido con violación del
debido proceso.

33 Así las cosas y conforme al contenido del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimientos, que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública, la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, podrán ser revisadas
por esta Corporación, en los casos que sean de su competencia, cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.

34 En efecto, en asuntos de similares contornos fácticos, en cuanto a los elementos
esenciales que integran el derecho fundamental al debido proceso, la Sala 22 Especial
de Revisión de esta Colegiatura ha señalado : 27

«Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad
• libertad que surge entre el Estado y los asociados, y está prevista en favor de las partes y
de los terceros interesados en una actuación administrativa o judicial.

Según la norma en comento, el debido proceso comprende fundamentalmente tres grandes
elementos:

i) El derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer
y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa
técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de
non bis in ídem.»

35 Igualmente, sobre el contenido y alcance de la aludida causal de revisión, esta
Sección ha sostenido que «es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido proceso
en relación con los núcleos esenciales que lo componen» 28 y «la parte interesada debe promover la acción
especial de revisión y aportar los elementos sobre los cuales estructura su petición» 29.

2.4.3. Alcance de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - Ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas de acuerdo

27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión; sentencia de 5 de febrero de 2019; expediente 11001-
03-15-000-2018-01884-00; consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
28
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección B; sentencia de 30 de mayo de 2024; expediente: 11001-03-25-000-2019-00728-00 (5558-2019);
consejero ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 8 de agosto de 2024; expediente:

10

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

con el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

36 La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», es decir, cuando la sentencia reconoce una prestación
por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente viable.

37 Ahora bien, en asuntos como el que nos ocupa, la inconformidad de la recurrente
se funda en la falta de aplicación de las reglas establecidas por la Corte Constitucional
en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017,
SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, a partir de las cuales, se advierte que el ingreso base
de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 de dicha norma, pues,
aquel no hace parte de los beneficios que este otorga.

38 No obstante, el estado del arte normativo y jurisprudencial respecto de la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, revela que, la controversia no se
agota en la simple confrontación de las normas aplicables y la sentencia revisada, sino
que impone un análisis más detallado y cuidadoso.

39 En efecto, se tiene que, antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, los
requisitos y condiciones generales para acceder a la pensión de jubilación, por parte de
los servidores públicos, se encontraban contenidas en la Ley 33 de 1985, norma que
tenía previsto que todo «empleado oficial» que acumulara 20 años de servicio y llegara a los
55 años de edad, tendría derecho al reconocimiento y pago de «una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para
los aportes durante el último año de servicio».

40 Así, aunque la citada Ley 100 de 1993, supuso el establecimiento de unas nuevas
reglas, con arreglo a las cuales, resulta posible causar el derecho a devengar una
pensión, el Legislador dispuso la posibilidad de acceder a un régimen de transición, en
los términos señalados en el artículo 36 de la norma en cuestión 30, aludiendo a los

30
«ARTICULO. 36.- Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y
62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas
que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si
son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,

11

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

componentes de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión, a efectos de proteger
las expectativas legítimas de las personas próximas a pensionarse.

41 Dicho articulado no siempre fue interpretado de manera uniforme, motivo por el cual,
la Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación proferida el Cuatro
(4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010)31, acogió el principio de inescindibilidad, conforme
al cual dispuso que, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993
les debía ser aplicada, en su totalidad, la normativa de la cual eran destinatarios al
momento en que esta entró en vigor, y concluyó que «la Ley 33 de 1985 no indicó en forma
taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante
el último año de prestación de servicios».

42 Tal interpretación permaneció invariable hasta la expedición de la sentencia SU-230
de 2015, en la cual, la Corte Constitucional modificó el sentido de su jurisprudencia
referente al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y precisó que, el ingreso
base de liquidación no es un elemento del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal razón, dichas pensiones deben ser liquidadas
calculando el porcentaje previsto a manera de monto por el régimen anterior, sobre el
ingreso base de liquidación previsto en la Ley 100 de 1993.

43 Lo anterior, generó una divergencia interpretativa que, solo fue superada hasta la
emisión de la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2018 32, en la
cual, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, modificó la postura que sostenía la
Sección Segunda, en los siguientes términos:

«[…] 92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el
IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el
tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será
el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. […]»
31
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010. Radicación: 0112-2009. Demandante: Luis Mario Velandia.
Demandado: Cajanal. Magistrado ponente: Víctor Hernán Alvarado Ardila.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

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Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a
las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones[…]».

44 En consecuencia, si bien es cierto que, la jurisprudencia en vigor de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, prevé que el ingreso base de liquidación no es un
elemento integrante del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, también lo
es que, con antelación a la emisión del citado fallo de veintiocho (28) de agosto de Dos
Mil Dieciocho (2018), la posición unificadora del Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo era distinta, postura que, con pleno sustento legal y constitucional,
acogieron no pocos juzgados y tribunales administrativos del país a la hora de proferir
sus sentencias.

45 Dicha situación no fue desatendida en la sentencia de unificación de veintiocho (28)
de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018), y con el objeto de clarificar la aplicación de las
reglas jurisprudenciales fijadas, estableció los efectos de la decisión de la siguiente
manera:

«[…] 115. La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al
precedente en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo
que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de
acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud
del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

116. Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede
invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación de esta sentencia.

13

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

117. No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición,
con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada […]».

46 Así las cosas, en punto a concretar el alcance de la causal prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aquellos casos en los que, en el marco de
interpretación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se acusa una
determinada providencia judicial, de ordenar la liquidación de una pensión en una cuantía
que excede lo que legalmente corresponde, conforme a la copiosa jurisprudencia de esta
Corporación, es viable compilar las siguientes subreglas de aplicación normativa:

a. El cambio jurisprudencial adoptado con la sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 201833 no configura, por sí solo, infracción de las normas pensionales que fijan el ingreso base
de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

b. Las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia de unificación
jurisprudencial de 28 de agosto de 201834 en las que se hubiere preferido dar aplicación a la posición
de unificación impuesta por esta Corporación con fallo de 4 de agosto de 2010 y no así a la tesis
expuesta en sentencia SU-230 de 2015 no contravienen, por ese solo hecho, las normas que rigen
el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

c. En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las particularidades de
cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de una pensión con abuso del
derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió el límite legal.

47 En todo caso, corresponde al juez de revisión establecer, de acuerdo con las
particularidades de cada caso, si la sentencia objetada hizo posible el reconocimiento de
una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía excedió
el límite legal.

2.4.4. Alcance de la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el
régimen de transición de la Ley 33 de 198535

48 Al respecto, esta Corporación ha precisado el alcance de la regla general prevista en
la Ley 33 de 1985 y el régimen de transición, señalando que36, se encuentran amparados

33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-
01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente núm. 52001-23-33-000-2012-00143-
01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.
35
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019), sentencia del 29 de octubre del 2025.
Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera
36 EXPEDIENTE No. 250002325000200404442 01 No. INTERNO: 0208-2007 AUTORIDADES NACIONALES ACTOR: JORGE HERNANDEZ
VASQUEZCONSEJERA PONENTE: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAEZ Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009)

14

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

por el régimen de transición establecido en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 33 de
1985, los empleados oficiales que, a la fecha de expedición de la ley, acreditaban más
de quince (15) años de servicio, conservando así las condiciones del régimen anterior en
materia de edad, tiempo y monto de la pensión de jubilación.

49 Con fundamento en lo anterior, la Sala detalló que el monto pensional debía
liquidarse conforme al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
año de servicios, tal como lo establecen los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968, 73 del
Decreto 1848 de 1969 y 4° de la Ley 4 de 1966.

50 En efecto, precisó que, las liquidaciones pensionales deben ajustarse a los
parámetros legales, incluyendo los factores salariales efectivamente devengados durante
el último año de servicios. Además, puntualizó que la relación de factores prevista en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 tiene carácter enunciativo y no taxativo, lo cual
permite incorporar otros conceptos de naturaleza salarial cuando se acredite su
habitualidad y periodicidad conforme a las circunstancias del caso.

51 Así las cosas, en atención al derrotero jurisprudencial citado en torno al régimen de
transición, se procede a resolver el asunto objeto de revisión.

2.5. Caso concreto.

52 Debe precisarse que, en el presente asunto, no se controvierte el reconocimiento
del derecho pensional de la señora Rosa Elvira Cadena Rojas, sino la forma en que debe
reliquidarse la pensión de jubilación, conforme a las directrices establecidas en el inciso
tercero del artículo 36 y el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como, los factores
salariales previstos en el Decreto 1158 de 1994, fijando una tasa de reemplazo
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%).

2.5.1 Sobre la primera causal invocada

53 La Sala advierte que, lo pretendido por la entidad recurrente, bajo este cargo, es
que se reexamine el fundamento normativo que condujo al Tribunal a adoptar la decisión
cuestionada, pues, a su juicio, se desconocieron las disposiciones que regulan el
reconocimiento y la reliquidación de las pensiones.

15

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

54 En efecto, la parte demandante no cuestiona la competencia del juez que emitió la
providencia, ni las normas procesales aplicadas para resolver el caso. Tampoco señala
la existencia de vulneraciones al derecho de audiencia, defensa o contradicción, ni la falta
de motivación en la decisión. En lugar de ello, centra su argumentación en un análisis
normativo e interpretativo, orientado a debatir la forma en que debe integrarse el ingreso
base de liquidación de la pensión reconocida al accionante.

55 En consecuencia, se concluye que la demanda de revisión no desarrolló
adecuadamente la causal prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por tanto, no es procedente acoger dicha causal, dado que, el accionante incumplió con
el deber procesal de motivar debidamente su solicitud.

2.5.2 Sobre la segunda causal invocada

56 Descendiendo al sub lite, la UGPP solicita se infirme la sentencia del Quince (15)
de diciembre de Dos Mil Catorce (2014), emitida por el Tribunal Administrativo del Huila,
que confirmó y adicionó el fallo del veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Catorce (2014),
por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva y, en su lugar, se declare que la
señora Rosa Elvira Cadena, no tiene derecho a que su pensión de jubilación se liquide
con la totalidad de factores de salario devengados en el último año de servicio,
contrariando las directrices fijadas en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, Decreto 1158 de 1994 y el precedente Constitucional.

57 Expuesto el extremo de la controversia que corresponde a la presente acción, la
Sala reitera la subregla de aplicación normativa, identificada en el estudio que antecede,
según la cual, las sentencias proferidas con antelación a la ejecutoria de la providencia
de unificación jurisprudencial del veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018)37,
en las que se hubiere decidido dar aplicación a la posición de unificación impuesta por
esta Corporación con fallo de Cuatro (4) de Agosto de Dos Mil Diez (2010) y, no así, a la
tesis expuesta en sentencia SU-230 de 2015, no contravienen, por ese sólo hecho, las

37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 28 de agosto de 2018, Expediente 52001-23-33-
000-2012-00143-01, C.P. Dr. César Palomino Cortés.

16

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

normas que rigen el reconocimiento de pensiones al amparo del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

58 En ese sentido, está demostrado que, mediante sentencia del veintiséis (26) de
mayo de Dos Mil Catorce (2014), proferida por el Juzgado Quinto (5) Administrativo Oral
de Neiva, dispuso la reliquidación de la pensión de la señora Cadena Rojas, sobre el
«75% sobre la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicio». Decisión

confirmada por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual, adicionó, en el
sentido de «las deducciones deben indexarse en la misma forma que las sumas que resulten a favor de
la demandante sic».

59 Como sustento de la decisión, el Tribunal determinó que, la señora Rosa Elvia
Cadena Rojas, al ser beneficiaria del régimen de transición, previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, tenía derecho a la reliquidación de su pensión, con base en los
factores salariales legales percibidos durante el último año de servicio, conforme al
artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

60 Señaló que, en lo concerniente a los factores salariales aplicables, debía estarse
a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1 de la Ley
62 de 1985, en el entendido que, no solo deben tenerse en cuenta los factores
expresamente consagrados en la ley, sino también aquellos reconocidos por la
jurisprudencia, dado que la enumeración allí contenida no es taxativa. Lo anterior, en
atención a derechos de rango constitucional y a los principios estructurales de la
Constitución Política de 1991, en especial el de progresividad.

61 En ese orden, sostuvo que la liquidación pensional de la actora, debía
corresponder al setenta y cinco por ciento (75 %) del salario promedio, con inclusión de
todos los factores salariales previstos legalmente y aquellos percibidos de manera
habitual y periódica, como contraprestación del servicio, sin que resultara procedente
aplicar las limitaciones contenidas en el Decreto 1158 de 1994.

17

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

62 Asimismo, señaló que, en aras de proteger el patrimonio público, debían aplicarse
las deducciones legales sobre los factores objeto de reliquidación.

63 Así las cosas, en este evento se advierte que, la pensión de la accionada fue
reliquidada por orden judicial, teniendo en cuenta la asignación básica, la bonificación
por servicios prestados, prima de antigüedad, además de la bonificación primer
semestre, bonificación segundo semestre y prima de vacaciones, de acuerdo con la
certificación expedida el veinticinco (25) de enero de Dos Mil Doce (2012), por el
coordinador del grupo administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
regional Huila38.

64 Por tanto, la Sala vislumbra que, la sentencia materia de censura, atendió la
posición jurisprudencial de esta Corporación, que se encontraba en vigor al momento en
que se profirió, razón por la cual, no se observa que configure una trasgresión normativa
directa, ni es, por sí sola, contraria al régimen legal.

65 Ahora bien, también corresponde al Juez de revisión establecer, de acuerdo con
las particularidades de cada caso, si la sentencia objetada, hizo posible el reconocimiento
de una pensión con abuso del derecho o fraude a la ley, en la medida que la cuantía
excedió el límite legal.

66 Al respecto, en sentencia del Veintisiete (27) de mayo de Dos Mil Veintiuno (2021),
se indicó39:

«[…] 34. Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que la acción de revisión se
erige como una herramienta judicial cuyo ejercicio hace prevalecer el interés de la colectividad
por encima del particular al detener o armonizar con la ley el pago de pensiones reconocidas
en exceso, bien sea por error, ignorancia o desconocimiento del funcionario judicial o
administrativo de las disposiciones reguladoras de la pensión o ya sea por adoptarse una
interpretación que no se acompasa con los principios reguladores del sistema de seguridad
social en pensiones vertidos en la Carta Superior.

35. En ese sentido, un abuso del derecho en el sistema de seguridad social en pensiones se
produce cuando en ejercicio de las garantías que aquel cobija, un individuo con una posición
económica privilegiada obtiene, además de las ventajas que ostenta en la sociedad, otras
adicionales que desafían los principios de la seguridad social en pensiones y resisten su
orientación equitativa, tal como lo reconoció la Sentencia C-258 de 2013 al sostener que

38
Pagina 265 cuaderno No. 2
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 27 de mayo de 2021. Radicado: 11001-03-25-000-2018-01538-
00. M.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

18

Número Interno: 0110-2020
Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

<<para que se produzca este abuso del derecho, el aumento [de la mesada pensional], se
repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su
historia laboral>>. Subrayado nuestro.

36. Entonces, se justifica la revisión de las sentencias controvertidas por vía de las acciones
extraordinaria de revisión, en aquellos casos en los cuales, al constatar que la ventaja
irrazonable que generó el fallo cuestionado pone en riesgo el sostenimiento fiscal del sistema
y por ende, la expectativa de los demás afiliados del sistema de seguridad social, con ocasión
de una anomalía en la interpretación judicial, carga que por supuesto, está a cargo de quien
invoca la causal y que tiene el deber de demostrarlo. […]»

67 A su vez, la Sala Especial de Decisión 2 del Consejo de Estado, en sentencia del
veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiuno (2021), estableció40:

«[…] 65. Evidentemente, no puede considerarse que el presente caso se trate de una pensión
obtenida con abuso del derecho o con fraude a la ley o que se trate de una pensión
injustificada o excesivamente privilegiada, teniendo en cuenta que la cuantía de la pensión
inicialmente determinada en $1.356.900,61 fue reliquidada por el retiro del señor García
García a la suma de $1.541.1540,41 mediante Resolución 15191 del 12 de agosto de 2003
(aclarada por la Resolución 004902 del 27 de febrero de 2004) y, posteriormente, determinada
en $1.932.465,13, mediante Resolución 27739 del 13 de junio de 2007, a través de la cual
CAJANAL EICE dio cumplimiento al fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, según
consta en el folio 106 del cuaderno de anexos del recurso extraordinario de revisión.

66. Por otra parte, a juicio de la Sala, la pensión, en el monto así reconocido por el Consejo
de Estado hace más de 15 años, no atenta contra el interés general, ni tiene una repercusión
en detrimento de los recursos estatales; además, que, en tales condiciones, no pone en
desequilibrio la sostenibilidad fiscal del sistema pensional, primero porque no corresponde a
una de aquellas pensiones excesivas, privilegiadas, o a uno de los beneficios
desproporcionados que, entre otros aspectos, dieron origen a la necesidad de modificar el
sistema pensional para ponerles término41 y, segundo, porque la sentencia recurrida en
revisión, dispuso que en el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la
Caja debería realizar las compensaciones correspondientes, lo cual, responde precisamente
a la observancia de este criterio de sostenibilidad financiera del sistema, como reiteradamente
lo consideraba el Consejo de Estado, en sus diferentes salas, al señalar, en algunos de sus
pronunciamientos, que “la decisión que accedió al reconocimiento de la reliquidación
pensional, no podía pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta
Política (art. 48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema
general de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar […]» 42».

68 En el caso bajo estudio, la Sala advierte que, la señora Rosa Elvira Cadena Rojas,
nació el primero (1) de septiembre de Mil Novecientos Cuarenta y Seis (1946)43, trabajó

40
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2. Sentencia del 24 de septiembre de 2021. Radicado: 11001-03-15-000-2018-01426-00. Recurrente:
UGPP. M.P. César Palomino Cortés.
41
En la Sentencia de Unificación del 11 de junio de 2020, citada anteriormente, se explicó como la sostenibilidad financiera fue el fundamento del
esquema pensional instituido por el Acto Legislativo 01 de 2005, así: “Como era alarmante la situación fiscal por la que venía atravesando el Estado,
puesto que había comprometido seriamente sus finanzas públicas, producto del reconocimiento y pago de excesivas pensiones a su cargo, hecho
sumado al retraso en la vigencia plena del nuevo sistema pensional, con ocasión de un régimen de transición que estipuló el derecho a jubilarse con el
régimen anterior que fuera aplicable, se presentó la necesidad de adicionar el artículo 48 de la Constitución Política a través del Acto Legislativo 01 de
2005, en cuyo artículo 1.° se estableció que al Estado, no solo le corresponde respetar los derechos adquiridos de conformidad con la ley, sino que,
además, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, al igual que asumir el pago de la deuda pensional que estuviera a su cargo
(subraya fuera del texto).
42
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018 (exp. 2017-01534-01), reiterada en sentencia del 14 de marzo de 2019, (exp.
2018-00683-01(AC), C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
43
Pagina 162, cuaderno 1

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Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el primero (1) de mayo de Mil
Novecientos Setenta y Dos (1972), hasta el treinta (30) de junio Dos Mil Cuatro (2004).

69 De igual manera, se encuentra demostrado que: (i) adquirió el estatus jurídico de
pensionada, el primero (1) de septiembre de Dos Mil Uno (2001)44; (ii) prestó sus servicios
durante más de 32 años en el ICBF; (iii) y, su último cargo fue de profesional universitario,
código 3020, grado 1245. Al tenor de estas circunstancias, se encontraba amparada por
el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y tenía derecho
a que la reliquidación de su pensión, se hiciera con base en los factores salariales legales
percibidos durante el último año de servicio, conforme al artículo 1 de la Ley 33 de 1985.

70 El derecho pensional fue reconocido a través de Resolución No. 01098 del
veintinueve (29) de enero de Dos Mil Tres (2003)46 y, posteriormente, la pensión fue
reliquidada mediante Resolución No. RDP 34089 del Dieciséis (16) de julio del Dos Mil
Nueve (2009)47. No obstante, la extinta Cajanal, solo incluyó como factor salarial
«asignación básica, bonificación de servicios prestados y prima de antigüedad» omitiendo la totalidad

de todos los conceptos devengados en el último año de servicio, como bonificación primer
semestre, bonificación segundo semestre y prima de vacaciones48.

71 En consecuencia, y contrario a lo sostenido por la parte actora, los factores
salariales incluidos por el Juzgado y confirmados por el Tribunal, se ajustan a los
parámetros fijados en la sentencia de unificación del cuatro (4) de agosto de Dos Mil Diez
(2010), sin exceder sus lineamientos, ni incorporar emolumentos ajenos a la retribución
directa del servicio. Ello, conforme a los factores salariales efectivamente devengados
por la señora Rosa Elvira Cadena Rojas, según la certificación expedida por el
Coordinador del grupo administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
regional Huila.49

72 Así las cosas, no es posible sostener que, la orden de reliquidación, cumplida
mediante la Resolución RDP 036913 del Diez (10) de septiembre de Dos Mil Quince
(2015)50 «por la cual se fijó el monto de la mesada pensional en $1.376.685», configure un pago en

44
Ver Resolución No. 34089 del 16 julio de 2007, pagina 212 cuaderno No. 2
45
Ver Resolución No. 34089 del 16 julio de 2007, pagina 212 reverso cuaderno No. 2
46
Pagina 76 -77 cuaderno 1
47
Pagina 212-215 cuaderno 2
48
El coordinador del grupo administrativo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, regional Huila, certificó los factores salariales devengados en
el ultimo año de servicio. Pagina 265, cuaderno No. 2
49
Pagina 265 cuaderno2
50
Pagina 284-287 cuaderno No. 2

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Accionante: UGPP
Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

exceso, ni que comprometa la sostenibilidad del sistema pensional, pues, en efecto, dicho
monto no supera los 25 SMMLV, es decir, está dentro de los límites pensionales, así
como se estableció en la sentencia de unificación del doce (12) de septiembre de Dos Mil
Catorce (2014), de la Sección Segunda del Consejo de Estado51.

73 Conforme a lo anteriormente expuesto, se concluye que, la reliquidación ordenada
no constituye un abuso del derecho, ni se advierte que la prestación haya sido reconocida
con fraude a la ley, ni que implique un incremento desproporcionado de la mesada
pensional, sobre aquellos casos en los que él reclamante era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 33 de 198552, como lo ha precisado esta Subsección, en asuntos de
condiciones fácticas similares53. En consecuencia, la reliquidación fue el resultado de la
correcta aplicación del régimen especial pensional, respetando en todo momento los
topes legalmente establecidos.

74 Siendo así las cosas, comoquiera que la UGPP no logró acreditar los elementos
constitutivos de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
impone para la Sala declarar infundada la presente acción, tal como será dispuesto en la
parte resolutiva de esta sentencia.

2.6. Condena en costas

75 La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda
haya sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios para
imponer dicha condena.

51
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren (E) Bogotá, D.C.,
Doce (12) de Septiembre De Dos Mil Catorce (2014) Radicación Número: 25000-23-42-000-2013-00632-01(1434-14) Actor: Gladys Agudelo Ordóñez
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones - Colpensiones - Referencia: Sentencia de Unificación
52
Postura que es recogida de forma emblemática dentro expediente referencia: No. 250002325000200404442 01 No. INTERNO: 0208-2007
Autoridades nacionales, demandante: Jorge Hernández Vásquez, Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez, de fecha nueve (9) de julio de
dos mil nueve (2009).
53
Consejo de estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 11001-03-25-000-2019-00959-00 (6670-2019), sentencia del 29 de octubre del 2025.
Consejero Ponente, Jorge Edison Portocarrero Banguera

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Accionada: Rosa Elvira Cadena Rojas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión, interpuesta por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), contra la sentencia del Quince (15) de diciembre de Dos Mil
Catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala primera oral de
decisión, que confirmó y adicionó el fallo del Veintiséis (26) de mayo de Dos Mil Catorce
(2014), proferido por el Juzgado Quinto (5) Administrativo de Neiva, dictadas dentro del
expediente radicado No. 41-001-33-33-005-012-00273-00, de acuerdo con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente, previas las
constancias del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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