RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00182-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00182-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00182-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00182-00 (0183-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones1
Demandada: Luz Amparo Corredor de Pérez

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Foncep contra la sentencia
proferida el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A2, por medio de la cual se confirmó la decisión de
primera instancia emitida el 15 de julio de 2015 por el Juzgado Doce Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió de manera parcial a
las pretensiones de la demanda presentada por Luz Amparo Corredor de Pérez
contra esa entidad.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Foncep
solicitó la revisión de la sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la
decisión del 15 de julio de 2015 dictada por el Juzgado Doce Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-010-2014-00335-00(01), a
través de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Luz

1 En adelante Foncep.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado 11001-33-35-010-2014-00335-01;
demandante: Luz Amparo Corredor de Pérez, demandado: Foncep.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

Amparo Corredor de Pérez contra esa entidad, encaminadas a la reliquidación de la
pensión de jubilación con inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año anterior al retiro del servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la anulación de la sentencia del 30 de
junio de 2016; ii) la declaratoria de que Luz Amparo Corredor de Pérez, en cuanto a
la liquidación de su pensión de jubilación, no era acreedora de un derecho adquirido;
y iii) la reliquidación de la prestación en un monto o tasa de reemplazo del 75%
previsto en el artículo «6 del Decreto Ley 546 de 1971» y con una base de liquidación
con fundamento en lo previsto en los artículos 36, inciso 3, o 21 de la Ley 100 de
1993, según corresponda, y los factores de salario de acuerdo con lo señalado en el
Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que expresamente dispongan esa
condición, tal y como lo determinó la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 y el
Consejo de Estado4.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Luz Amparo Corredor de Pérez nació el 30 de enero de 1949 y prestó sus
servicios al Departamento Administrativo de Bienestar Social desde el 10 de enero
de 1972 hasta el 31 de mayo de 2005.

3.2. A través de la Resolución 0034 del 3 de enero de 2005, la Alcaldía Mayor de
Bogotá, Secretaría de Hacienda, le reconoció la pensión de jubilación, efectiva a
partir del retiro del servicio.

3.3. Por medio de la Resolución 1307 del 12 de mayo de 2005, la prestación fue
reliquidada con el 85% del promedio de la asignación básica y la inclusión de otros
factores salariales devengados entre los años 1995 y 2004. La mesada pensional
resultó en $967.656.

3.4. El 18 de junio de 2013, la demandada solicitó la reliquidación de la pensión de
jubilación en consideración a lo previsto en la Ley 33 de 1985; sin embargo, fue
negada por el Foncep mediante el Oficio 2013EE109501 del 30 de septiembre de
2013.

3.5. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Luz

3 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 del 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017,

SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T039 de 2019, A326 de 2014 y A229 de 2017.
4 Sentencia SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del agosto 28 de 2018.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

Amparo Corredor de Pérez presentó demanda contra el Foncep en orden a que se
declarara la nulidad del Oficio 2013EE109501 del 30 de septiembre de 2013, a través
de las cuales la entidad le negó la reliquidación de la pensión de jubilación en
consideración a la totalidad de los factores de salario que percibió en el último año
de servicio.

3.6. El asunto le correspondió al Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá, el que por medio de la sentencia del 15 de julio de 2015 accedió
de forma parcial a las pretensiones de la demanda para lo cual declaró la nulidad del
acto administrativo acusado y ordenó al Foncep reliquidar la pensión de jubilación de
Luz Amparo Corredor de Pérez con el 75% del promedio de los factores devengados
en último año de servicio, como lo eran «asignación básica, ajuste sueldo, trabajo
suplementario recargo nocturno, domingo festivo extra nocturno, prima de riesgo, (1/60)
quinquenio, (1/12) prima de antigüedad, (1/12) prima semestral, (1/12) bonificación por
servicios prestados, (1/12) prima de vacaciones, (1/12) prima de navidad y (1/12) prima
semestral ajuste, desde el 1° de junio de 2005, pero con efectos fiscales a partir del 18 de
junio de 2010 por prescripción trienal» (sic).

3.7. La anterior decisión fue apelada por el Foncep y a través de la sentencia recurrida
fue confirmada parcialmente en sede de segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

3.8. El Foncep mediante la Resolución SPE-GP 0976 del 12 de diciembre de 2016 dio
cumplimiento a la providencia proferida por el Tribunal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, confirmó la decisión del 15 de junio de 2015 emitida
por el Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 5:

5.1. Comoquiera que Luz Amparo Corredor de Pérez era beneficiaria del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, podía acceder a la pensión
de jubilación con los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985, esto es, con el
75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicio.

5 CD folio 18, archivo «FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA».

3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

5.2. Tal y como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, especialmente
6
la proferida el 4 de agosto de 2010 , para el reconocimiento de la pensión de
jubilación era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban
la base de liquidación, de modo que el monto de la prestación se debió establecer
con el 75% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio, bajo
el entendido de que eran factores de salario aquellas sumas que percibía el servidor
de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les hubiere otorgado.

5.3. Así las cosas, debía confirmarse la decisión de primera instancia que declaró la
nulidad del oficio demandado y ordenó la reliquidación pensional con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, es
decir asignación básica, prima de antigüedad, trabajo suplementario y recargo
nocturno, ajuste del sueldo, prima de riesgo, prima de vacaciones, quinquenio, prima
semestral, bonificación por servicios y prima de navidad, con efectos fiscales por
prescripción desde el 18 de junio de 2010.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La sentencia recurrida desconoció los lineamientos y reglas establecidas por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que determinaron que las pensiones de
los beneficiarios del régimen de transición se liquidarían conforme con las reglas
previstas en los artículos 36 o 21 de la Ley 100 de 1993, según fuera el caso, y con
la inclusión de los factores indicados en el Decreto 1158 de 1994, pero que se
conservarían los requisitos de edad, tiempo de servicio y monto del régimen anterior.
No obstante, la prestación que fue reconocida a Luz Amparo Corredor de Pérez se
reliquidó en consideración a todos los emolumentos de salario devengados en el
último año de servicio.

6.2. Por tanto, aquella, al haber sido beneficiaria del régimen de transición, tenía
derecho al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de
servicio y monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tenía que ver con
el ingreso base de liquidación8, el cual se encontraba regulado en el artículo 36 o 21
de la Ley 100 de 1993, según el caso, y el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, expediente 25000 23 25

000 2006 07509 01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
7 Folios 4 vuelto a 12 vuelto.
8 En lo sucesivo IBL.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

6.3. El principio de sostenibilidad financiera del sistema se vio afectado toda vez que
se aumentó la mesada pensional en un 42.40% sin que existiera justificación legal o
jurisprudencial para ello.

6.4. Así entonces, la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto del
IBL.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Luz Amparo Corredor de Pérez se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
las razones que se expresan a continuación9:

7.1. La sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se confirmó el fallo
del Juzgado Doce Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá el 15 de
julio de 2015, se profirió conforme con las normas legales y la jurisprudencia vigente
para esa época, en especial la sentencia de unificación del Consejo de Estado
emitida el 4 de agosto de 2010.

7.2. El Foncep desconoció que el recurso extraordinario de revisión no era una tercera
instancia para debatir el derecho o no a la reliquidación de su pensión con todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. Elprocurador delegado ante esta Corporación solicitó declarar infundado el
«recurso extraordinario de revisión», toda vez que «no se encuentra acreditada la causal
de revisión extraordinaria contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sin
embargo, en lo referente a la causal prevista en literal b) de la misma ley no se pudo
determinar si esta se configuraba o no, por no contar en este caso con los medios de prueba
para proferir un juicio de valor» (sic)10.

9 Samai, índice 28, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«28_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 28».
10 Samai, índice 9, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento «Concepto0183-2020-

REVISIÓN FONCEP vs Luz Amparo Corredor-concepto MinPüblico.pdf(.pdf) NroActua 9».

5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA11.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a partir del
día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del perfeccionamiento
del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 9 de agosto
de 2016 y la presente acción fue radicada el 21 de agosto de 2020, lo que permite
concluir que se presentó en oportunidad.

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, se
expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

11 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».

6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser revisadas
por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus
competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades
que realizan el reconocimiento de pensiones.

13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley

100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
14 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.
15 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de

2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas;
y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P. William
Hernández Gómez.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra
de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como
el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre
el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel
(literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o en un
valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las entidades
públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una herramienta judicial
para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas
causales»16.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 17 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se
haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad
de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio
de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que
tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de

16 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-

03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985

21. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder a
la pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio percibido el último año de
servicio.

22. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado por
el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los siguientes
factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los
mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

23. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial, podrá
ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad de
sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el Gobierno.

(…)

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad
a la presente Ley» (se resalta).

24. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales que
para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas que
estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.

25. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6a de 194519 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley
33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»20;
este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»21.

26. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 22, esta corporación23
señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicaría el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era de orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194524 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial (…).

(…)

El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual se
dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el sector
público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de jubilación
que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y tuviera 55
años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley 33 consagró

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010, radicación:

25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
21 Artículo 27.
22 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
23 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
24 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a la fecha de su
entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15) años continuos
o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de
jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca), que para el
caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135 de 1968, y
frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).

27. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200925 y del 16 de diciembre de 200926, en las que se indicó lo
siguiente:

«(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).

Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el contemplado
en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de la pensión de
jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma
posterior de carácter general que determina los factores salariales que deben tenerse en
cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)

Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación (…).

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la Ley
33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas legales
diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión, como lo
hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe
la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).

28. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios»27.

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado

29. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201828, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

30. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso
3 de dicha norma».

31. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para
sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría
varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
28 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

12

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa
de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3,
y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional,
porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de
Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

32. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho
conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos.

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente
con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)».

33. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de
servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».

34. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base de
liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el

13

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

35. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

36. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio29 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los
que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.5. Caso concreto

37. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

38. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.

39. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los siguientes
tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente; ii) (e)l derecho a
ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con las

29 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos
de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional
disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir
al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha
limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa
del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su
función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las
autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial
emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones
(…)».

14

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o administrativa; y iii) (l)as
garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir
la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el
derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

40. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación del causante, sin hacer manifestación alguna en
relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental
al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco
de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

41. En torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la acción,
la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, profirió la decisión objeto de revisión con sustento en la
posición jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de
agosto de 201030 según la cual, la expresión «monto», contenida en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera
habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente
de la denominación que se les dé».

42. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional de
tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen de
transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a partir
del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

43. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca del 30 de junio de 2016 no fue caprichosa y, por el
contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la época había trazado
el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y
órgano de cierre de la jurisdicción.

44. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de

30Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

15

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir a la
normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los aspectos
inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», especialmente, cuando ello
resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.

45. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición de
la sentencia de unificación del año 2018, por lo que es claro que para la época en
que se profirió la sentencia recurrida (30 de junio de 2016), la posición era que las
pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo en cuenta todos los
factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que la aplicación del
régimen de transición debía respetar el principio de la inescindibilidad de la norma.

46. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, ordenó que la pensión de jubilación de Luz Amparo Corredor de Pérez
se reliquidara con la inclusión de los siguientes factores: i) asignación básica; ii)
prima de antigüedad; iii) trabajo suplementario y recargo nocturno; iv) ajuste del
sueldo; v) prima de riesgo; vi) prima de vacaciones; vii) quinquenio; viii) prima
semestral; ix) bonificación por servicios; y x) prima de navidad.

47. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea jurisprudencial
fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que
conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.

(…)

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales
trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener
en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que
percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por
sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como,
asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas
extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar
algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya
denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que
se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen

16

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver
enfrentando.» [Negrillas del original].

48. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificado de
factores devengados expedido el 29 de agosto de 2005 por el Departamento
Administrativo de Bienestar Social, según la cual, Luz Amparo Corredor de Pérez
devengó en el último año de servicio (1 de abril de 2004 a 31 de mayo de 2005) los
siguientes factores: i) asignación básica; ii) prima de antigüedad; iii) trabajo
suplementario recargo nocturno; iv) ajuste sueldo; v) prima de riesgo; vi) quinquenio;
vii) prima semestral; viii) domingo festivo extra nocturno; ix) bonificación por servicios
prestados; x) prima de vacaciones; xi) salario vacaciones; xii) prima de navidad; y
xiii) prima semestral ajuste31.

49. Así entonces, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

50. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el quinquenio fue
incluido de forma proporcional para reliquidar la pensión concedida a Luz Amparo
Corredor de Pérez, asimismo se ordenó incluir la prima de riesgo; no obstante, al
analizar el contenido del escrito de la acción de revisión, ello no fue motivo de
inconformidad y tampoco fue alegado por el Foncep en el trámite del proceso
ordinario. Por lo tanto, en consideración a que el juez debe pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el recurrente, la Sala no hará manifestación sobre ese
emolumento.

51. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:

31 Samai, índice 48, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«43RECIBE MEMORIAL_Correo_WilmarRiveraF(.pdf) NroActua 48», link:
«11001333501020140033500», archivo «001Fls01_64.pdf» folios 24 y 25.

17

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

51.1. Luz Amparo Corredor de Pérez nació el 30 de enero de 194932 y laboró al servicio
del Departamento Administrativo de Bienestar Social entre el 10 de enero de 1972 y
el 31 de mayo de 2005. El último cargo que desempeñó fue el de instructor 415-1033.

51.2. Por medio de la Resolución 1034 del 3 de enero de 200534, la subdirectora de
obligaciones pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá le reconoció una
pensión de jubilación, en cuantía de $897.323, la cual sería efectiva al día siguiente
del retiro del servicio. La prestación se liquidó con el 85% del promedio de lo cotizado
en el tiempo que le hacía falta entre la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones y la fecha del estatus pensional, según lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.

51.3. A través de la Resolución 1307 del 12 de enero de 200535, suscrita por la
subdirectora de obligaciones pensionales (e) de la Secretaría de Hacienda de
Bogotá, se reliquidó la prestación y en consecuencia su cuantía se elevó a la suma
de $967.656; sin embargo, su disfrute quedó condicionado al retiro del servicio.

51.4. Con el Oficio 2013EE10950 del 30 de septiembre de 201336 se negó la
reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio según la Ley 33 de 1985.

51.5. A través de la Resolución SPE-GP 0976 del 12 de diciembre de 201637, en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, el Foncep reliquidó la pensión de jubilación
y, por ende, el monto de la mesada pensional aumentó a $2.167.305, efectiva a partir
del 1 de septiembre de 2016.

32 De conformidad con la cédula de ciudadanía. CD folio 18, archivo «RESOLUCION DE
CUMPLIMIENTO FALLO JUDICIAL», folio 37.
33 De conformidad con la certificación del 7 de junio de 2013. Samai, índice 48, actuación «RECIBE

MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento «43RECIBE
MEMORIAL_Correo_WilmarRiveraF(.pdf) NroActua 48», link: «11001333501020140033500»,
archivo «001Fls01_64.pdf» folio 23.
34 Samai, índice 48, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«43RECIBE MEMORIAL_Correo_WilmarRiveraF(.pdf) NroActua 48», link:
«11001333501020140033500», archivo «001Fls01_64.pdf» folios 3 a 5.
35 Samai, índice 48, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«43RECIBE MEMORIAL_Correo_WilmarRiveraF(.pdf) NroActua 48», link:
«11001333501020140033500», archivo «001Fls01_64.pdf» folios 7 a 16.
36 Samai, índice 48, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«43RECIBE MEMORIAL_Correo_WilmarRiveraF(.pdf) NroActua 48», link:
«11001333501020140033500», archivo «001Fls01_64.pdf» folios 19 a 22.
37 CD folio18, carpeta «RESOLUCION DE CUMPLIMIENTO FALLO JUDICIAL».

18

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

51.6. Según certificación del 20 de noviembre de 201938, expedida por el gerente de
pensiones del Foncep informó que el valor de la mesada pensional que percibía la
demandada antes del fallo judicial era de $1.728.497.

52. Expuesto lo anterior, se tiene que la diferencia que resulta entre el valor que Luz
Amparo Corredor de Pérez recibía antes de presentar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho ($1.728.497) y la reliquidación efectuada en
cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, ($2.167.305) corresponde a la suma de $438.808.

53. Adicionalmente, se encuentra acreditado que Luz Amparo Corredor de Pérez
laboró al servicio Departamento Administrativo de Bienestar Social por más de 20
años. El último cargo que desempeño fue el de instructor 415-10, sin que sea posible
establecer si ocupó otros cargos en ese tiempo, pues la entidad no lo planteó en la
presente acción de revisión y, de las pruebas que reposan en el plenario, no se
puede determinar con certeza.

54. Asimismo, que en el acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia se
dispuso el descuento por aportes sobre los conceptos incluidos en la reliquidación y
que no se hubieran realizado.

55. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, sobre la pensión
de vejez reconocida a Luz Amparo Corredor de Pérez, no evidenció un incremento
desproporcionado.

56. En consecuencia, la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) era beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 30 de junio de 199539 contaba
con más de 35 años de edad; ii) prestó sus servicios por más de 20 años en el
Departamento Administrativo de Bienestar Social; y iii) durante el último año de
servicio percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación
de la prestación.

57. Lo anterior, se armoniza con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010,
vigente para ese momento según la cual el IBL hacía parte del régimen de
transición y se debían incluir todos los factores salariales devengados. Esta posición

38 CD folio18, carpeta «Pages from
CERTIFICACIONESRECURSOEXTRAORDINARIODEREVISIÓN_20191120165853404».
39 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del

orden territorial.

19

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

permite salvaguardar pilares y principios superiores tales como la seguridad
jurídica40.

58. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 201841 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión
contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

59. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 30 de junio de 2016
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) de la Ley 797 de 2003 y por tanto se declarará infundada la acción de revisión
interpuesta por el Foncep.

2.6. Costas

60. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que
el recurso se presentara con manifiesta carencia de fundamento legal.

3. Conclusión

61. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -

40 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante:
Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019,
radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

20

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00189-00 (0183-2020)
Demandante: Foncep

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Foncep presentó
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, el 30 de junio de 2016, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

21

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.