Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00272-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00272-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00272-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00272-00 (0534-2020)
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandadas: Comisión Nacional del Servicio Civil y Departamento del
Atlántico
Medio de control: Nulidad – Ley 1437 de 2011
Tema: Demanda de nulidad del Acuerdo No.
CNSC20191000008636 del Veinte (20) de Agostos de Dos
Mil Diecinueve (2019) proferido por la Comisión Nacional
del Servicio Civil y la Gobernación del Atlántico mediante
el cual determinó la convocatoria No. 1343 de 2019 -
Convocatoria Territorial 2019 II -.
Decisión: Sentencia de única instancia
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio del medio de
control de nulidad, previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó el señor
Fayver Libardo Carrillo Rubio en representación de la Sociedad Carrillo
Abogados S.A.S, contra el Acuerdo No. CNSC20191000008636 del Veinte (20)
de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), suscrito por la Comisión Nacional del
Estado Civil y el Departamento del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1. Pretensiones
1. El ciudadano Fayver Libardo Carrillo Rubio actuando en representación de
la Sociedad Carrillo Abogado S.A.S., presentó medio de control de nulidad,
contenido en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, en el que solicitó la
declaratoria de nulidad del Acuerdo No. CNSC20191000008636 del Veinte (20)
de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019) proferido por la Comisión Nacional del
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Aplicativo Samai- índice 0011 - 8_ED_0534-2020 c1.pdf(.PDF) NroActua 11
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Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
Servicio Civil y la Gobernación del Atlántico, mediante el cual, determinó la
convocatoria No. 1343 de 2019 -Convocatoria Territorial 2019 II -.
1.1.2. Hechos
2. El Ocho (8) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018) entró en vigencia el
Decreto 815, que modificó el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las
competencias comportamentales, creando nuevas competencias y
suprimiendo otras así:
«Competencias comunes
Competencias comunes introducidas: Aprendizaje continuo, Trabajo en equipo,
adaptación al cambio
Competencias comunes suprimidas: Transparencia.
Competencias Comportamentales por nivel jerárquico
Nivel Directivo
Competencias introducidas: Visión estratégica, liderazgo efectivo, gestión del desarrollo
de las personas, resolución de conflictos,
Competencias suprimidas: liderazgo, Dirección y Desarrollo de Personal, pensamiento
sistemático, conocimiento del entorno,
Nivel Asesor
Competencias introducidas: Confiabilidad técnica, creatividad e innovación
Competencias suprimidas: experticia.
Nivel Profesional
Competencias introducidas: Aporte técnico-profesional, Comunicación efectiva, Gestión
de procedimientos, instrumentación de decisiones.
Competencias suprimidas: aprendizaje continuo, experticia profesional, trabajo en
equipo y colaboración, creatividad e innovación.
Nivel Profesional con Personal a Cargo
Competencias introducidas: dirección y desarrollo de personal
Competencias suprimidas: liderazgo de grupos de trabajo
Nivel Técnico
Competencias introducidas: confiabilidad, técnica, disciplina, responsabilidad.
Competencias suprimidas: experticia técnica, trabajo en equipo, creatividad e
innovación.
Nivel Asistencial
Competencias suprimidas: adaptación al cambio, disciplina».
3. Alegó que, mediante Decreto No. 000272 del 9 de julio de 2018 se ajustó
el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los
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Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
empleados que conforman la planta Global de la Gobernación del
Departamento del Atlántico, desconociendo e inaplicando el Decreto 815 de
2018, que ya había entrado en vigencia.
4. Adicionalmente, señaló que, se presentaron discrepancias con el
Decreto 1083 de 2015, puesto que, el Manual de Funciones y Competencias
Laborales se actualizó sin la socialización que establece el parágrafo 3 del
artículo 2.2.2.6.12, de dicha norma.
5. Por lo tanto, aseguró que, sin que el Manual de Funciones estuviera
actualizado, conforme al procedimiento mencionado, se inició la etapa de
planeación del concurso de méritos, contrario a lo dispuesto en el artículo
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 20153.
6. En petición del 31 de julio de 2019 dirigida por SINDEATLAN a la
Comisión Nacional del Servicio Civil, se solicitó indicar si el Manual de
Funciones y Competencias Laborales: «fue actualizado de conformidad con el
decreto 815 de 2018» (sic). Informándose que, el Decreto 815 de 2018 «no fue
incorporado en la actualización efectuada mediante decretos 000272 de 2018».
7. Pese a las infracciones a las normas mencionadas y sin el lleno de los
requisitos, el 20 de agosto de 2019 la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Gobernación del Atlántico suscribieron el acuerdo No. CNSC – 2019000008636
del Veinte (20) de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), por el cual, da inicio la
convocatoria No. 1343 de 2019 Territorial 2019 – II.
8. Manifiesta que, se interpusieron acciones constitucionales el 10 de
septiembre y el 4 de octubre de 2019, para buscar la suspensión provisional en
consideración a las irregularidades presentadas, consecuencia de la falta de
socialización del Manual de Funciones y Competencias Laborales la
inaplicación de la normativa correspondiente, las cuales fueron declaradas
2
PARÁGRAFO 3. La administración antes de publicar el acto administrativo que adopta o modifica el manual de funciones
y competencias y su estudio técnico, en aplicación del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, deberá adelantar un
proceso de consulta en todas sus etapas con las organizaciones sindicales presentes en la respectiva entidad, en el cual se
dará conocer el alcance de la modificación o actualización, escuchando sus observaciones e inquietudes, de lo cual se
dejará constancia. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo
acto administrativo.
3
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado su manual de funciones y competencias
laborales y definir los ejes temáticos.
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Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
improcedentes mediante decisiones proferidas el 23 de septiembre y 7 de
octubre de 2019.
9. El 2 de noviembre de 2019 se convocó a lideres sindicales para la
socialización del Manual de Funciones, lo que da cuenta que el mismo recién
se estaba actualizando.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
10. La Sociedad demandante consideró vulneradas las siguientes:
10.1. Convencionales: Convención 151 Organización OIT, artículo 7.
10.2. Constitución Política: Preámbulo, artículos 1, 2, 13, 25, 26, 29, 40-
7, 125 y 287.
10.3. Legales: Decreto 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Decreto 815
de 2018 y Decreto 051 de 2018.
11. Luego de reiterar el fundamento fáctico, refiere en síntesis que, no se
realizó la socialización del manual de funciones y competencias laborales de la
Gobernación del Atlántico, por lo tanto, nació a la vida jurídica un manual con
errores que no fueron corregidos y se pudo subsanar al ser socializado, es
decir, alega que la convocatoria territorial 2019 – II, se realizó de forma irregular.
12. Como concepto de violación refirió en cuanto a las normas de rango
constitucional que, los servidores públicos no están recibiendo un trato igual
ante la ley, al no concretarse modificaciones requeridas al manual de funciones
que posteriormente fueron incluidas en la oferta pública de empleos de carrera.
De esta manera, se crean y suprimen competencias laborales que debieron
tenerse en cuenta para la elaboración final del manual, privando a muchos
funcionarios de la Gobernación del Atlántico de la libertad de escoger profesión
y oficio.
13. Así mismo, reitera en el marco legal traído como referencia que, se creó un
manual de funciones y competencias laborales incompatible con la Ley 1083
de 2015, Decreto 815 de 2018 y el Decreto 051 de 2018, resaltando que, no se
realizó la socialización con el sindicato, desconociéndose el trámite legalmente
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Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
establecido para la actualización de los manuales que finalmente se ven
representados en la OPEC.
1.1.4. Solicitud de medida cautelar
14. En el mismo escrito de demanda, el actor solicitó la suspensión provisional
de los efectos del Acuerdo No. 20191000008636 del Veinte (20) de Agosto de
Dos Mil Diecinueve (2019), proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil
y la Gobernación del Atlántico, mediante la cual, se determinó la convocatoria
o proceso de selección No. 1343 de 2019 -Convocatoria Territorial 2019-II-, por
considerar que: «al no otorgase la medida se cause un perjuicio irremediable; o que
existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de
la sentencia serían nugatorios».
1.2 Trámite procesal.
15. Por auto de Veintiocho (28) de septiembre de Dos Mil Veinte (2020)4, se
admitió la demanda, y se ordenó la notificación a las entidades demandadas.
En providencia de la misma fecha, se corrió traslado de la medida cautelar
solicitada, por el término de 5 días a las enjuiciadas5.
16. El Veinte (20) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021) la Comisión Nacional
del Servicio Civil, se pronunció frente a la medida cautelar6, y el Dieciséis (16)
de marzo siguiente, contestó la demanda7.
17. Por su parte, la Gobernación del Atlántico, el Veintiuno (21) de enero de
Dos Mil Veintiuno (2021), se opuso a la medida cautelar,8 y el Primero (1) de
Marzo de la misma anualidad, contestó la demanda.9
18. El Doce (12) de Junio de Dos Mil Veintiuno, se fijó en lista las excepciones
propuestas por las demandadas.10
4
Aplicativo Samai- índice 00003.
5
Aplicativo Samai- índice 00004.
6
Aplicativo Samai- índice 00014.
7
Aplicativo Samai- índice 00017.
8
Aplicativo Samai- índice 00015.
9
Aplicativo Samai- índice 00016.
10
Aplicativo Samai- índice 00019.
6
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Demandante: Carrillo Abogados SAS
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19. Mediante auto del Diecinueve (19) de Febrero de Dos Mil Veinticuatro
(2024) se requirió a la Comisión Nacional del Servicio Civil11, para que aportara
la documentación que acreditara la calidad del poderdante; «defecto que fue
corregido por la Comisión, aportando copia de lo requerido»12.
20. Por auto del Veintiséis (26) de julio de Dos Mil Veintidós (2022), el consejero
sustanciador negó la medida cautelar de suspensión provisional del acto
administrativo demandado13, al no acreditarse la concreción de un perjuicio
irremediable, o, que los efectos de la sentencia pudieran ser nugatorios.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Gobernación del Atlántico
21. El Departamento del Atlántico se opuso a las pretensiones de la demanda
y luego de citar los artículo 122 y 305 de la Constitución, los artículos 27, 28 y
29 del Decreto 785 de 2005, refirió que, el Gobernador del Atlántico está
facultado para modificar los manuales de funciones laborales, y que, si bien
conforme lo dispone el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto 1083 de 2015 existe el
deber de socialización previo del manual especifico de funciones y
competencias laborales con las organizaciones sindicales, señala que, la
norma citada aplica a la entidades enlistadas en el título 2 de la misma norma,
las cuales corresponden al orden nacional. Propone las excepciones de
«excepción de cumplimiento del deber legal y validez del acto administrativo» y la
«innominada»
1.3.2. Comisión Nacional del Servicio Civil
22. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en el mismo sentido se opuso a
la pretensión de la demanda, al considerar que, lo que pretende la parte actora
no es la defensa del ordenamiento jurídico, sino un especial interés particular
en «entorpecer» la materialización del principio fundamental de la meritocracia
previsto en el artículo 125 de la Constitución Política de 1991.
11
Aplicativo Samai- índice 00029.
12
Aplicativo Samai- índice 00034.
13
Aplicativo Samai- índice 00022.
7
Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
23. Así mismo, afirma que, la actora desconoce que, en el presente caso en
la etapa de planeación del proceso de selección, se cumplió con las reglas que
rigen la materia y fijan todos los parámetros de proceso, entre ellas, las
dispuestas en el Decreto 815 de 2018.
24. De otro lado, indica que, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1
del Decreto 1083 de 2015, la expedición, adopción, adición, modificación o
actualización del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales,
corresponde a cada Entidad y debe ser generado a través de resolución interna
del jefe del organismo o entidad. Es por ello, que la comisión no tiene injerencia
alguna en estos casos.
25. En vista de lo expuesto, refiere que el Acuerdo CNSC No.
20191000008636 del 20 de agosto de 2019, se expidió conforme a los
requisitos de ley y que, la actora no presentó un cargo concreto, ni un reproche
especifico que se encuadre en lo dispuesto en el artículo 137 del CPACA.
26. Finalmente expone la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Gobernación
del Atlántico participaron activamente en las etapas preliminares y de
planeación del proceso de selección, aprobando el memorando del proceso y
las reglas del concurso, las cuales fueron concertadas, estipuladas y
consolidadas conjuntamente para constituir la oferta pública de empleos de
carrera.
1.4. Trámite de sentencia anticipada
27. En el auto del Once (11) de mayo de dos mil veintiséis (2026)14, se dio
aplicación a lo dispuesto en el artículo 182A del CPACA, respecto de la
sentencia anticipada, se fijó el litigio, se dispuso tener como pruebas, aquellas
presentadas con la demanda y su contestación, y se corrió traslado, para que
los sujetos procesales alegaran de conclusión y el Ministerio Público rindiera el
concepto respectivo.
1.5. Alegatos de conclusión
1.5.1. Comisión Nacional del Servicio Civil15
14
Aplicativo Samai- índice 00036.
15
Aplicativo Samai- índice 00041.
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Número interno: 0534-2020
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28. Insistió en los argumentos de la contestación de la demanda, refiriendo
que, la demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto
acusado, pues, no se probó ninguna irregularidad sustancial, error de hecho o
de derecho y mucho menos vulneración alguna al ordenamiento jurídico que
regula la materia.
29. Resaltó que, el Acuerdo CNSC No. 20191000008636 del 20 de agosto
de 2019, expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Gobernación
del Atlántico, se ajustó a los parámetros dispuestos en la norma, y que, ambas
entidades trabajaron armónicamente en el desarrollo de la etapa de planeación
del proceso de selección y que la actuación se fundamentó en la información
oficial suministrada por la entidad territorial, conforme lo dispuesto en la Circular
No. 05 de 2016 y el artículo 2.2.6.34.
30. Así mismo, alegó que, la expedición y actualización del manual
específico de funciones corresponde a la entidad territorial convocante y esta
actuación es competencia única de aquella, y que, la Comisión solo se limita a
hacer cumplir las normas relacionadas con el sistema de méritos.
31. En concordancia con lo anterior, informa que, la Comisión expidió la
Circular Externa No. 0006 del 19 de marzo de 2020, donde se comunicó la
obligación que le asiste a las entidades de remitir el manual de funciones
vigentes para la planeación y desarrollo del proceso de selección, por lo que,
el contenido del manual de funciones no afecta la legalidad del Acuerdo de
Convocatoria demandado.
32. Finalmente, refiere que, en la convocatoria Territorial 209-II se
garantizaron los principios de transparencia, publicidad, igualdad y confianza
legítima que orientan la carrera administrativa y se dio aplicación a la Ley 909
de 2004, el Decreto 760 de 2005, el Decreto 785 de 2005, el Decreto 1083 de
2015, el Decreto 648 de 2017, el Decreto 051 de 2018, el Decreto 815 de 2018
y demás normas concordantes y vigentes sobre la materia.
33. Para concluir que, no se acreditó que el acto demandado se hubiera
expedido con infracción a las normas superiores que debía fundarse, ni
tampoco que existiera falta de competencia, falsa motivación, expedición
irregular o desviación de poder y que, contrario a ello se evidencia que la
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Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
convocatoria fue expedida conforme a la normativa aplicable y conforme las
competencias legales de la Comisión.
1.5.2. Departamento del Atlántico16
34. La entidad reitera que, lo dispuesto en el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto
1083 de 2015, se encuentra incorporada en el título relativo a las entidades de
orden nacional, razón por la cual no resulta aplicable a las entidades
territoriales.
35. Así mismo, indica que, ante una eventual ausencia de publicación o
socialización previa, esta no constituye causal autónoma de nulidad del acto
administrativo, puesto que, conforme al precedente de la sección que cita17, se
estableció que la publicidad corresponde a una formalidad accidental o no
sustancial, cuya omisión no afecta la validez del acto administrativo, sino
únicamente su oponibilidad frente a terceros.
36. En conclusión, refiere que, el demandante edificó sus pretensiones en
apreciaciones subjetivas sin aportar prueba técnica o jurídica que desvirtuara
la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, y mucho menos,
demostró la configuración de falsa motivación, expedición irregular, violación
de normas superiores o desviación de poder. Por el contrario, se evidenció que
el proceso de selección fue adelantado conforme de la normatividad vigente,
respetando, además, los principios de igualdad, moralidad y eficiencia
administrativa.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
37. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA,
en armonía con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 18, expedido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, la Sección Segunda es competente para conocer
16
Aplicativo Samai- índice 00043.
17
Cita Consejo de Estado, auto 10 de diciembre de 2019, Radicado 11001-03-25-000-2018-00151-00 (5060-2018)
18
«Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los asuntos de que
conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de
especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Segunda: 1. Los procesos de simple nulidad de actos
administrativos que versen sobre asuntos laborales».
10
Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
en única instancia de los actos administrativos expedidos por autoridades del
orden nacional y de naturaleza laboral.
2.2. Problema jurídico
38. De acuerdo con el auto del Once (11) de mayo de dos mil veintiséis
(2026), mediante el cual, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada,
y se fijó el litigio, corresponde a la Sala, determinar lo siguiente:
«el Acuerdo CNSC – 20191000008636 de Veinte (20) de agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019), proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y
la Gobernación del Atlántico, se encuentra incurso en causal de nulidad, al
vulnerar presuntamente los artículos 1, 2, 13, 25, 26, 29, 40-7 y 125 de la
Constitución Política; el artículo 7 de la Convención 151 Organización OIT
y los Decretos 909 de 2004; 1083 de 2015; 815 de 2018 y; 051 de 2018.»
39. Se destaca que el anterior problema jurídico está fundamentado en la
inconformidad de la parte actora frente al trámite preliminar del Acuerdo CNSC-
2019000008636 del Veinte (20) de agosto de Dos Mil Diecinueve (2019), esto
es, en cuanto al incumplimiento de la socialización del manual especifico de
funciones y competencias laborales con las organizaciones sindicales
conforme lo dispone el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Régimen general de carrera19
40. El artículo 125 de la Constitución Política dispone que los empleos en
los órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección
popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. El sistema de nombramiento será por concurso público, el
ingreso y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades
de los aspirantes.
19
Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 5 de septiembre de 2024. Exp.
11001-03-25-000-2019-00887-00 (6375-2019). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
41. El artículo 130 de la Constitución contempló la existencia de la Comisión
Nacional del Servicio Civil como la autoridad encargada de la administración y
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, “responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción
hecha de las que tengan carácter especial”.
42. La presencia de un órgano nacional del más alto nivel, autónomo e
independiente de las ramas del poder público se explica ante la necesidad de
la puesta en marcha de la carrera administrativa y su permanente veeduría se
encuentre revestida de las máximas garantías de imparcialidad y transparencia,
al margen del influjo de otras instancias del poder público20.
43. En concepto del 13 de diciembre de 2019, la Sala de Consulta y Servicio
Civil de la Corporación21 recordó que en el sistema jurídico existen tres
categorías de carrera: (i) el general, previsto en el artículo 125 ante dicho y
contenido en la Ley 909 de 2004; (ii) los sistemas especiales de origen
constitucional sujetos a una regulación diferente por parte del legislador y, (iii)
los sistemas especiales de carrera de origen legal.
44. La misma Sala22 ha señalado también, en concepto posterior del 18 de
diciembre de 2020, que en vigencia de la Constitución de 1991 se expidió la
Ley 443 de 199823 para regular la carrera administrativa. Dicha ley fue derogada
por la Ley 909 de 200424, actualmente vigente, con algunas modificaciones.
Entre los asuntos regulados por la Ley 909 están el empleo público y la carrera
administrativa.
45. En su artículo 1º, la Ley 909, con base en las normas constitucionales,
establece que hacen parte de la función pública los empleos públicos de carrera
y de libre nombramiento y remoción, los empleos de periodo fijo y los empleos
temporales.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Providencia del 29 de mayo de 2020, Radicado No. 11001-
03-25-000-2018-00605-00.
21
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2019-00202-00(2437).
22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Radicado No. 11001-03-06-000-2020-00205-00 (2455).
23
“Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones”.
24
“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones”.
12
Número interno: 0534-2020
Demandante: Carrillo Abogados SAS
Demandada: CNSC – Departamento del Atlántico
46. En el artículo 5º reitera que los empleos públicos son de carrera, a la vez
que señala cuáles son los empleos de libre nombramiento y remoción en los
distintos órganos, organismos y entidades del Estado.
47. En el Título IV, la Ley 909 regula el ingreso y el ascenso al empleo
público; en su artículo 23 clasifica los nombramientos en: i) ordinarios, para los
cargos de libre nombramiento y remoción; y ii) en periodo de prueba y iii) en
ascenso, para los empleos de carrera, salvo lo que se prevea en las carreras
especiales. En el artículo 24, trata del encargo como un derecho de los
empleados de carrera para ocupar empleos inmediatamente superiores a los
que desempeñan en propiedad, si reúnen los requisitos señalados en la norma.
48. En el artículo 27 se definió la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la
eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar
este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera
administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna.
49. El artículo 28 enlistó y definió los principios que deberán orientar la
ejecución de dichos procesos, entre los que se encuentran: el mérito, la libre
concurrencia e igualdad en el ingreso, la publicidad, la transparencia, la eficacia
y la eficiencia.
50. En el artículo 15 de la Ley 443 de 1998 preveía como regla general que
los concursos de ascenso fueran cerrados, en la medida en que solo podían
participar los empleados de carrera administrativa de cualquier entidad, que
reúnan los requisitos exigidos para el empleo y las demás condiciones que
establezcan los reglamentos.
51. En efecto, el concurso está orientado a identificar y calificar las
destrezas, aptitudes, experiencia, idoneidad física y moral, así como otras
aptitudes y cualidades de los aspirantes25.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Radicado No. 11001-03-24-000-2015-00542-00, providencia
del 14 de mayo de 2020.
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52. Por su parte, para la Corte Constitucional26, la carrera administrativa es
el mecanismo preferente previsto por la Constitución para proveer los cargos
de los organismos y entidades del Estado, de acuerdo con el criterio objetivo
del mérito, privilegiando la igualdad en el acceso a la función pública, así como
la eficacia, eficiencia, moralidad, imparcialidad y transparencia.
53. La Corte27 recordó que en la Ley 909 de 2004 se establecieron las etapas
del proceso de selección o concurso, en los siguientes términos: (i) la
convocatoria, que debe ser suscrita por la CNSC y por el jefe de la entidad u
organismo cuyas necesidades de personal se pretenden satisfacer, y que se
convierte en el acto administrativo que regula todo el concurso; (ii) el
reclutamiento, que tiene como objetivo atraer e inscribir a los aspirantes que
cumplan con los requisitos para el desempeño del empleo convocado; (iii) las
pruebas, cuyo fin es identificar la capacidad, aptitud, idoneidad y adecuación
de los participantes y establecer una clasificación de candidatos; (iv) la
elaboración de la lista de elegibles, por estricto orden de mérito, la cual tendrá
una vigencia de dos años y con la cual se cubrirán las vacantes, y (v) el
nombramiento en período de prueba de la persona que haya sido seleccionada
por el concurso.
54. Con la expedición de la Ley 1960 de 201928 se hicieron cambios a la Ley
909 de 2004. El artículo 2 de esta normativa dispone:
“(…) Artículo 2. El artículo 29 de la Ley 909 de 2004 quedará así: Artículo 29. Concursos.
La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa se hará
mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los cuales adelantará la Comisión
Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta delegue o desconcentre la función.
En los procesos de selección o concursos abiertos para ingresar a la carrera podrán
participar las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el
desempeño de los empleos.
El concurso de ascenso tiene como finalidad permitir la movilidad a un cargo superior
dentro de la planta de personal de la misma entidad, del mismo sector administrativo o
dentro del cuadro funcional de empleos. (…)”.
26
Sentencia C-514 de 1994.
27
Sentencia T-340-20.
28
Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones.
14
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2.3.2. Administración y vigilancia de la carrera administrativa. Funciones
de la Comisión Nacional de Servicio Civil
55. La Constitución Política de 1991 creó la Comisión Nacional del Servicio
Civil - CNSC, como una autoridad del más alto nivel, autónoma e independiente
de las ramas del poder público, encargada de la administración y vigilancia de
la carrera administrativa de los servidores públicos, con excepción de aquella
de carácter especial, con el fin de asegurar su implementación y adecuado
funcionamiento.
56. De esta forma, el artículo 130 de la Carta prevé:
“Artículo 130. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la
administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción
hecha de las que tengan carácter especial”.
57. Dentro este marco constitucional, mediante la Sentencia C-1230 de 2005,
la Corte Constitucional29 precisó que la CNSC es la autoridad que tiene asignada
la función constitucional de “administrar” y “vigilar” el sistema general de carrera
y los sistemas especiales creados por el legislador, de manera que únicamente
están excluidos de su competencia los sistemas especiales de rango
constitucional.
58. El artículo 7º de la Ley 909 de 2004, por su parte, hizo referencia a la
naturaleza de la CNSC en los siguientes términos:
“Artículo 7º. NATURALEZA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. La
Comisión Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política,
responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras
especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo
público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de nivel
nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público de
carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo con los
principios de objetividad, independencia e imparcialidad”.
59. En cuanto a las competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
el artículo 11 de la Ley 909 de 2004 señala:
“(…) a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión
29
Corte Constitucional, Sentencias C-1262 de 2005 y C-471 de 2013, entre otras.
15
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de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica la
presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para contratar
los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan la
presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas sobre
evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco
de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido
suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de
empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las
listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos en
carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;
i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través de las
universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior, que contrate
para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la gestión
del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las carreras y la
evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera administrativa”.
60. En concordancia con el literal i) anterior, el artículo 30 de la Ley 909 de
2004 regula la competencia de la CNSC para adelantar los concursos púbicos
de méritos, así:
"Artículo 30. Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o procesos de
selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de
contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o
privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los
costos que genere la realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos
de las entidades que requieran la provisión de cargos.
Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades
acreditadas que tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual esté
ubicada la entidad para la cual se realiza el concurso.
La Comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los concursos a las
universidades públicas y privadas y a las instituciones de educación superior que lo
soliciten y demuestren su competencia técnica en procesos de selección, experiencia
en el área de selección de personal, así como capacidad logística para el desarrollo de
concursos. El procedimiento de acreditación será definido por la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos
adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos
determinados por la citada Comisión".
61. De conformidad con lo anterior, en síntesis, la CNSC tiene las siguientes
competencias en materia de concursos públicos de méritos: (i) fijar los
lineamientos generales de los procesos de selección (artículo 11-a);
(ii) acreditar a las entidades que podrán adelantar tales procesos (artículo 11-
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b); "elaborar" las convocatorias (artículo 11-c); (iv) "realizar" y "adelantar" los
concursos para el ingreso al empleo público (artículos 11-i y 30) y (v) determinar
los costos de los mismos (artículo 30, inciso final).
2.3.1. El Manual de funciones y competencias laborales
62. Las entidades del estado tienen dispuesto un numero de empleos para
el desarrollo de las funciones que son asignadas por el ordenamiento jurídico,
para la materialización de los fines del Estado. Esto, en materia de función
pública, se conoce como planta de personal.
63. La creación de la planta de personal y la regulación de la misma, esta
determinada por la necesidad del servicio y su definición clara consiente un
diseño de la estructua organizacional a nivel global, lo que permite concretar
con la cantidad, naturaleza y el contenido funcional de los empleos requeridos,
los cuales, además se encuentran debidamente clasificados.
64. Así las cosas, se destaca que, el fundamento constitucional y legal de
los manuales de funciones se encuentra contenido en los artículos 122, inciso
1.º, y 125, inciso 3, de la C.P. y 19 de la Ley 909 de 2004, normas de las cuales,
se deduce la importancia y tracendencia del instrumento jurídico que, además,
de estar relacionado con el cumplimiento de los fines estatales tiene la
virtualidad de afectar las situaciones particulares y concretas de quienes son
designados para el desarrollo de las funciones públicas.
65. En vista de lo anterior, se tiene entonces que el manual de funciones y
competencias laborales es una herramienta de gestión del empleo que
establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo
que integra la planta de personal, además de las exigencias de conocimientos,
experiencia y otros aspectos que permitan acreditar las aptitudes y condiciones
requeridas para desempeñar las labores encomendadas.
66. De otro lado, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, aplicable a las
entidades de la Rama Ejecutiva30, en el artículo 2.2.2.6.1. estabelce:
30
Artículo 2.1.1.2 del Decreto 1083 de 2015.
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«[…] ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los
cuales se refiere el presente Título expedirán el manual específico de
funciones y de competencias laborales describiendo las funciones que
correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los
requisitos exigidos para su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se
efectuará mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título.
Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada
organismo o entidad, adelantar los estudios para la elaboración,
actualización, modificación o adición del manual de funciones y de
competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones
aquí previstas. […]»
67. Asimismo, el parágrafo 2 de la norma en mención dispone:
«El Departamento Administrativo de la Función Pública brindará la asesoría
técnica necesaria y señalará las pautas e instrucciones de carácter general para
la adopción, adición, modificación o actualización de los manuales específicos.
Igualmente, este Departamento Administrativo adelantará una revisión selectiva
de los manuales específicos de funciones y de competencias laborales de los
organismos y las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, para
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. Las entidades
deberán atender las observaciones que se efectúen al respecto y suministrar la
información que se les solicite»
68. Por su parte, el artículo 2.2.2.6.1 paragrafo 3, refiere que:
«La administración, previo a la expedición del acto administrativo lo socializará
con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la autonomía del
jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.»
69. El artículo 2.2.2.6.2. precisa el contenido del manual específico de
funciones y competencias laborales, así:
1. La identificación y ubicación del empleo.
2. El contenido funcional, dentro del cual debe señalarse el propósito y la
descripción de funciones esenciales del empleo.
3. Los conocimientos básicos o esenciales.
4. Los requisitos de formación académica y de experiencia.
18
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70. Ahora, es pertinente señalar que los artículos 2.2.3.5, parágrafo 4, y
2.2.3.9 del Decreto 1083 de 2015 señalaron la necesidad de ajustar y actualizar
los manuales de funciones. En especial, las entidades territoriales debían
hacerlo hasta el 1 de junio de 2015. Mientras ello se cumplía, continuarían
rigiendo los que hasta ese momento se encontraran vigentes.
2.3. Análisis de legalidad del acto acusado
71. Conforme a los conceptos de violación establecidos, y la pretensión de
nulidad que nos ocupa, es claro que el demandante alega, en síntesis, el
desconocimiento del debido proceso en la etapa preliminar adelantada en la
convocatoria CNSC – 20191000008636 de Veinte (20) de agosto de Dos Mil
Diecinueve (2019), suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la
Gobernación del Atlántico, por lo que, la Sala debe recordar que el mismo se
predica respecto de las actuaciones administrativas como de los procesos
judiciales. Esto, en el marco del artículo 29 constitucional, a cuyo tenor se lee:
“Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
(…)”.
72. De esta forma, el derecho al debido proceso se erige en una garantía
fundamental que debe aplicarse a toda actuación -administrativa o judicial-,
desde la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación. Por
tanto, las autoridades están obligadas a observar el principio de legalidad,
marco dentro del cual, deben ejercer sus atribuciones. De esta manera, se
delimita la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y una actuación
arbitraria o caprichosa31.
73. La parte actora adujo que, el acuerdo demandado desconoció, en
síntesis, el derecho al debido proceso, en la medida en que no se cumplió con
la socialización del manual de funciones y su modificación con las
organizaciones sindicales, tal y como lo exige el ordenamiento jurídico, en
31
Corte Constitucional. Sentencia T-1082-2012.
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especial, el Decreto 051 de 2018, por medio del cual, se modificó parcialmente
el Decreto 1083 de 2015, a cuyo tenor los artículos 1º y 3º disponen -se
destacan los apartes sobre los cuales se fundamentó el cargo-:
“Artículo 1. Adicionar el Parágrafo 3 al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, el cual quedará así: "Parágrafo
3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las
entidades deberán publicar, por el término señalado en su reglamentación, las
modificaciones o actualizaciones al manual especifico de funciones y de competencias
laborales. La administración, previo a la expedición del acto administrativo lo
socializará con las organizaciones sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la
autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo”.
“Artículo 3. Adicionar el artículo 2.2.6.34 al Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:
"Artículo 2.2.6.34 Registro de los empleos vacantes de manera definitiva. Los jefes de
personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas
general de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la Comisión
Nacional del Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva,
en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca. Las entidades
deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en el proceso de planeación
conjunta y armónica del concurso de méritos.
La convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y por el
jefe de la entidad pública respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener actualizado
su manual de funciones y competencias laborales y definir los ejes temáticos.
En la asignación de las cuotas sectoriales las dependencias encargadas del manejo
del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar el monto de los recursos
destinados para adelantar los concursos de méritos. Teniendo en cuenta lo establecido
en el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto - EOP y el techo del Marco de
Gasto de Mediano Plazo, las entidades del nivel nacional deberán priorizar el gasto
para adelantar los concursos de méritos. Igualmente, los cargos que se sometan a
concurso deberán contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal,
de acuerdo con lo establecido en el EOP” (Negrillas fuera de texto).
74. Así las cosas, en el presente asunto, la Sala no encuentra acreditado el
desconocimiento del derecho al debido proceso y los cargos alegados por la
parte actora, por las siguientes razones:
75. El acto administrativo acusado fue expedido teniendo en cuenta la
modificación o actualización que se hizo del manual de funciones, tal y como lo
exige el inciso 3º del Decreto 051 de 2018, para el efecto, en informe técnico
allegado por la CNSC, se puso de presente que “en el año 2019, el
representante legal y el jefe de talento humano de la Gobernación del Atlántico
consolidaron la Oferta Pública de Empleos de Carrera que en adelante se
denominará OPEC, establecido que contaba con vacantes definitivas”32 Así
mismo, se indicó que “remitió mediante correo institucional el 10 de mayo de
32
Expediente Samai 20_110010325000202000272004MemorialWeb202131619543
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2019 a la CNSC la certificación suscrita por el representante legal y el jefe de
talento humano de la gobernación, información que, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por la CNSC, debía corresponder íntegramente con lo
establecido en el manual especifico de funciones y competencias laborales
vigente de dicha entidad”.
76. En ese sentido, se tiene que, el único cargo planteado en la demanda,
referente a socializar el manual de funciones y su modificación con las
organizaciones sindicales, se fundamenta en lo relativo a la expedición irregular
del acto administrativo, en la medida en que se trata de un requisito formal
previsto en la ley, previo a su formación o expedición.
77. En efecto, el artículo 1º del Decreto 051 de 2018, “Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de
Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 2009”, que adicionó el
parágrafo 3º al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario
Único del Sector de la Función Pública, prevé que, en el marco de lo señalado
en el numeral 8º del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, las entidades deberán
publicar, por el término señalado en su reglamentación, las modificaciones o
actualizaciones al manual específico de funciones y de competencias laborales.
78. Así mismo, dispone que la administración, previo a la expedición del acto
administrativo lo socializará con las organizaciones sindicales, sin perjuicio de
la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo.
79. Precisado lo anterior, cabe anotar que la expedición irregular de un acto
como causal de nulidad, como se señaló en líneas atrás, debe verificarse con
la finalidad de tener certeza que, tal irregularidad en el proceso logra afectar la
decisión, por cuanto es sustancial o trascendente, al punto de concluirse que
su configuración podría cambiar el sentido de la decisión administrativa. Por
lo tanto, cuando el defecto es formal e intrascendente, no hay lugar a decretar
su anulación.
80. Ahora bien, respecto al cumplimiento de dicho requisito formal, de la
revisión de la norma, la Sala encuentra que, si bien se exige previo a la
expedición del acto administrativo que adopta, modifica o actualiza el manual
de funciones, que la administración lo socialice con las organizaciones
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sindicales, al tiempo dispone que es sin perjuicio de la autonomía del jefe o
representante legal de la entidad, lo que permite concluir, en principio, que tal
requerimiento no constituye, per se, una condición sine qua non de formación
o exigibilidad del acto administrativo, entendido como expresión unilateral de la
voluntad de la administración pública, con la finalidad de generar efectos
jurídicos.
81. La Sala destaca que, en el presente asunto reposa copia del oficio
20190510009243 del 06 de agosto de 201933, mediante el cual, la Gobernación
del Atlántico otorgó respuesta a un derecho de petición, en el cual dio cuenta
de haber adelantado varias actuaciones, así:
Es importante señalar que nos encontramos en el proceso de actualización y
ajuste del manual de funciones y de competencias laborales en el cual además
de las disposiciones señaladas serán tenidas en cuenta las consideraciones
contenidas en los Decretos reglamentarios 1083 de 2015 y 815 de 2018.
Es importante señalar que se consultó con la CNSC sobre la necesidad de
ajustar los manuales de funciones considerando necesario incorporar el Decreto
815 de 2018, a lo que nos manifestaron entre otras cosas que las modificaciones
del Decreto citado están relacionadas solamente con aspectos
comportamentales, no obstante para cumplir con lo normado se dará estricto
cumplimiento a lo señalado en el citado decreto.
82. Posteriormente, se presenta dos nuevas peticiones por parte de
”SINDETLAN”, el 12 de agosto de 2019, en las que solicita: “A la fecha no se
han actualizado los Manuales de Funciones, no se han firmado la Convocatoria
de la Gobernación del Atlántico, según información de talento humano” y
“solicitamos con carácter urgente se capacite o socialice a la mayor cantidad
de Servidores Públicos de esta Entidad, para evitar que se cometan errores y
se apruebe una actualización que no corresponde a la realidad y de acuerdo al
Decreto 815 de 2018”34
83. Por su parte, la Gobernación en respuesta del 13 de agosto de 2019 expuso
lo siguiente: “manifiesto a usted que en fecha 2 de agosto de 2019, se realizó
la socialización a los enlaces designados por cada dependencia para el
proceso, quienes tenían la responsabilidad de ser multiplicadores de la
información. (…) hemos venido asesorando y orientando a nuestros servidores
33
10_110010325000202000272001EXPEDIENTEDIGICD12020111710848 – folio 34
34
10_110010325000202000272001EXPEDIENTEDIGICD12020111710848 – folio 36-37
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en este tema, en razón a que el plazo establecido para la entrega de
información es el día 14 de agosto de 2019”.35
84. Al respecto, la Sala considera que, del dossier probatorio no es posible
establecer que las peticiones referidas estuvieron encaminadas a lograr la
socialización o capacitación del manual específico de funciones y competencias
laborales dispuestas en el Decreto 272 de 2018, puesto que, conforme las
fechas de las peticiones, los requerimientos guardarían plena relación con el
Decreto 418 de 2019, en razón a que, este fue publicado el 6 de diciembre de
2019, mientras que el Decreto 272 de 2018 fue publicado el 29 de agosto de
2018.
85. Así las cosas, ante la falta de certeza por la ausencia de pruebas aportadas
al plenario, destaca la Sala que, si se presentó una omisión en socializar el
manual de funciones con las organizaciones sindicales, sin embargo, la misma
no vicia de nulidad la convocatoria y permite que la entidad territorial adopte o
modifique el manual de funciones mediante acto administrativo, en ejercicio de
su autonomía, como en efecto ocurrió en el sub lite.
86. Para sustentar lo anterior, la Sala realizará un barrido jurisprudencial sobre
la materia.
87. Mediante sentencia del 3 de junio de 202136, la Sección Segunda privilegió
la presunción de legalidad del acuerdo que convocó a un concurso de méritos,
al ponderar los principios de publicidad o socialización con los de la función
pública y de interés general. En este caso se negaron las súplicas de la
demanda, porque la omisión de la socialización del manual de funciones con
las organizaciones sindicales no era suficiente para invalidar un proceso de
selección. Se destaca el siguiente aparte:
“(…) en este medio de control no se probó que la omisión del requisito procedimental en
comento haya tenido implicaciones en la decisión final adoptada por la administración. Así
pues, en este trámite, la parte demandante no explicó ni demostró, por ejemplo, que la
expedición del manual específico de funciones del municipio, que fue tomado como base
para la OPEC del concurso de méritos, se apartó de los criterios de funcionalidad y cargas
de trabajo, o que en el certamen reglamentado por el acuerdo acusado se quisiera
privilegiar a determinadas personas, o que de alguna manera se estuvieran desarrollando
las referidas competencias sin sujeción al principio del interés general. Así pues, por el
contrario, en este caso sí resulta evidente que la anulación de los actos acusados
35
10_110010325000202000272001EXPEDIENTEDIGICD12020111710848 – folio 38
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de junio de
2021, rad. 110010325000201801551 00 (5060-2018).
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implicaría la eventual vulneración de derechos y expectativas legítimas de los
concursantes de la Convocatoria […] Por esto, cabe concluir que la sola omisión del
requisito de publicidad previa no es suficiente para invalidar el concurso, pues su
legalidad también tiene la vocación de proteger otras importantes finalidades relacionadas
con la realización del principio del mérito como pilar fundamental de la función pública, el
principio de eficacia en la función administrativa y también garantizar el derecho a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que puede
materializarse, según el numeral 7.° del artículo 40 de la Constitución, a través del
desempeño de funciones y cargos públicos […]» (Negrillas fuera de texto).
88. Con la sentencia del 26 de mayo de 202237, la Sección Segunda fue
enfática en afirmar que los principios de publicidad y participación se satisfacen
haciendo uso de cualquier medio que resulte efectivo para tales fines, más aún
cuando no existe reglamentación que contenga los parámetros bajo los cuales
se ha de llevar a cabo dicha socialización con los sindicatos. Además, la
obligación de socializar las modificaciones al manual específico de funciones y
competencias laborales, no se traduce en la necesidad de convocar a una
reunión con las organizaciones sindicales. De igual forma, se hizo referencia a
la necesidad de realizar un juicio de ponderación de los principios en mención
con los propios de la función pública y el interés general. Sobre el particular, se
sostuvo:
“De otro lado, la inconformidad del sindicato referida a la falta de «citación a un espacio
de socialización» de los proyectos de acto administrativo en comento es fruto de una
interpretación que no se desprende del artículo 8.º, numeral 8 de la Ley 1437 de 2011 ni
del parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015. El alcance de estos
preceptos debe fijarse ponderadamente, de manera que se garantice tanto la satisfacción
de los principios de publicidad y participación como el adecuado ejercicio de la potestad
reglamentaria de la administración. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la
teleología de tales normas se satisface razonablemente cuando, haciendo uso de
cualquier medio que resulte efectivo para tal fin, (i) se da a conocer el contenido del
proyecto de acto administrativo a sus destinatarios; (ii) se concede la oportunidad y los
mecanismos para que los interesados puedan expresar sugerencias, desacuerdos,
propuestas o cualquier otro tipo de manifestaciones; y (iii) la administración se pronuncia
de fondo frente a estas últimas. Es cierto que para cumplir tal cometido las autoridades
administrativas deben expedir un reglamento en el que señalen los parámetros bajo los
cuales se ha de llevar a cabo el proceso de publicación de los proyectos de regulación.
Sin embargo, de no existir aquella norma, las entidades no se encuentran atadas a una
vía o procedimiento determinado, de allí que en esos eventos interese definir si
sustancialmente se respetaron esas condiciones que constituyen el contenido mínimo de
la obligación objeto de estudio.
(…)
Ahora, es importante anotar que, según el Diccionario de la Lengua Española, «socializar»
significa «2. Tr. Extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos». En
ese sentido, mal podría entenderse que, para cumplir con la obligación de socializar las
modificaciones al manual específico de funciones y competencias laborales, la UAESP
tenía que haberle convocado a una reunión. Este criterio, abanderado por la parte
demandante, no se comparte pues se insiste que, no existiendo una regulación interna
que así lo dispusiera, la socialización podía efectuarse a través de cualquier
mecanismo que permitiera poner en conocimiento de la organización sindical el
contenido de las resoluciones cuestionadas.
37
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 26 de mayo de 2022. Exp. 11001032500020190034700 (2234-
2019). M.P. William Hernández Gómez.
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(…)
Aunque en este caso no se evidenció la transgresión de aquel mandato, es importante
anotar que, incluso en eventos en los que se ha constatado su desobediencia, esta
Sala de Subsección ha negado la declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados
cuando, al ponderar los principios de participación ciudadana y de eficacia en la
función administrativa que entran en colisión, advierte que este último tiene mayor
peso según las circunstancias particulares del caso. Lo anterior, como se explicó en
precedencia, bajo el entendido de que el deber de darle publicidad a los proyectos
específicos de regulación no es per se un requisito esencial de validez de los actos
administrativos, lo que permite que las irregularidades asociadas a su cumplimiento se
resuelvan acudiendo a la ponderación anunciada” (Negrillas fuera de texto).
89. Mediante sentencia del 16 de febrero de 202338, la Sección Segunda
también negó las pretensiones en torno a los cargos de ilegalidad propuestos
contra una convocatoria a concurso de méritos. En cuanto a la socialización de
los manuales, se estableció que, per se, no conllevaba a la nulidad del acto
administrativo, pues se requería ponderar los principios en juego y, así mismo,
establecer la transcendencia de la afectación en la decisión enjuiciada. Al
respecto, se señaló:
“(…) esta garantía [socialización] no influye en la unilateralidad que caracteriza al
acto administrativo, pues las observaciones y sugerencias de los interesados carecen
de efectos vinculantes para las autoridades quiénes sólo están sujetos a la Constitución y
la ley y en general a los principios que rigen la función administrativa. De esta manera se
contempla en el Decreto 051 de 2018 cuando se establece que la socialización se realiza
sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo que lo expide.
(…)
(…) es necesario precisar que la Corporación ha señalado de manera reiterada que
en virtud de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal las irregularidades que
no tengan trascendencia en los derechos y garantías fundamentales pueden ser
subsanadas y no implican necesariamente la anulación del acto.
En este sentido, a pesar que la entidad demandada dejó de aplicar una norma legal que
contiene una regla referida a una ritualidad prevista para el ejercicio del derecho de
participación, la Subsección ha sostenido que para concluir si el incumplimiento del
requisito de socialización conlleva a la nulidad del acto administrativo es necesario acudir
al mecanismo de ponderación y determinar la transcendencia de la afectación, que se vea
representada en la posibilidad de haberse tomado una decisión diferente a si la formalidad
omitida o incumplida hubiese sido observada.
(…)
En el caso sub examine no se probó que la omisión de la socialización haya tenido
repercusiones graves en el contenido final de las decisiones (…).
Así las cosas, cabe concluir que la omisión de requisito de socialización no invalida
per se la adopción del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias del Plan de
Vacantes 2018 de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, pues no es un requisito
esencial de validez del acto administrativo lo que permite resolver las
irregularidades acudiendo a la ponderación realizada” (Negrillas fuera de texto).
38
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 16 de febrero de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00295-00 (1892-
2019). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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90. Mediante sentencia del 6 de julio de 202339, la Sección Segunda de esta
Corporación al resolver una demanda de nulidad contra el Acuerdo CNSC -
20181000006056 de 24 de septiembre de 2018, «Por el cual se establecen las
reglas del concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos
vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la
planta de personal de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD,
CONVIVENCIA Y JUSTICIA -SDSCJ», identificado como «Proceso de
Selección N° (sic) 741 de 2018- Distrito Capital», reiteró la postura adoptada en
las sentencias del 26 de mayo de 2022 y del 16 de febrero de 2023, en los
siguientes términos:
“Ahora bien, tal como lo ha señalado esta Subsección en casos similares 40, de la norma
“[…] se desprende la intención de democratizar el procedimiento administrativo que como
lo ha indicado esta Subsección41 tiene por objetivo facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan, lo que permite que el acto administrativo tenga en
consideración los intereses de dichos grupos”. […] No obstante, esta garantía no influye
en la unilateralidad que caracteriza al acto administrativo, pues las observaciones y
sugerencias de los interesados carecen de efectos vinculantes para las autoridades
quiénes sólo están sujetos a la Constitución y la ley y en general a los principios que rigen
la función administrativa. De esta manera se contempla en el Decreto 051 de 2018
cuando se establece que la socialización se realiza sin perjuicio de la autonomía del
jefe del organismo que lo expide” (Negrillas fuera de texto).
91. Cabe anotar que, una vez realizada la aclaración que precede, en esta
decisión la Sección Segunda sí encontró acreditada la socialización del manual
de funciones con las organizaciones sindicales.
92. Mediante sentencia del 31 de agosto de 202342, la Sección Segunda
señaló:
“De otro lado, es pertinente recordar que el artículo 2.2.2.6.1., parágrafo 3, del Decreto
1083 de 2015, establece que la socialización de las modificaciones de los manuales de
funciones se realiza “[…] sin perjuicio de la facultad de la administración para la
adopción y expedición del respectivo acto administrativo””.
93. Lo anterior, “bajo el entendido que la administración es la encargada de
expedir el acto administrativo definitivo, debido a que tiene la atribución legal,
así como la capacidad técnica para determinar los perfiles de los empleos,
39
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 6 de julio de 2023. Exp. 11001 03 25 000 2019 00339 00 (2215 -
2019). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
40
[ ] Sentencia de 16 de febrero de 2023 en el proceso radicado 11001- 03 -25 - 000 -2019 -00295 -00 (1892- 2019).
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de mayo
de 2022, Radicación 11001032500020190034700 (2234-2019).
42
Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 31 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-25-000-2019-00098-00 (0517-
2019) 11001-03-25-000-2019-00035-00 (0097-2019) Acumulados. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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especialmente su denominación, nivel y grado; requisitos de formación
académica y experiencia para ocuparlos; deberes y funciones”.
94. Realizada dicha precisión, es importante advertir que en el caso concreto
estudiado en la providencia en mención sí quedó probada la socialización del
manual.
95. Por último, en sede de suspensión provisional, mediante auto del 30 de
mayo de 202443, la Sección Segunda, Subsección B, negó la medida cautelar
formulada por la parte actora contra el acto administrativo que estableció el
manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de
la planta de personal de la Secretaría de Educación; y el Acuerdo
20191000005906 del 14 de mayo de 2019 expedido por la CNSC, por el cual
se abrió el proceso de selección por mérito para proveer de forma definitiva los
empleos vacantes pertenecientes al sistema general de carrera administrativa
de la planta de personal de la Gobernación del Chocó, identificado como
convocatoria 1325 de 2019.
96. En el contenido de la providencia se destaca el siguiente aparte, en torno
a la socialización del manual de funciones con las organizaciones sindicales:
“(…) el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 dispuso que la
socialización de las modificaciones de los manuales de funciones se realiza “[…] sin
perjuicio de la facultad de la administración para la adopción y expedición del respectivo
acto administrativo”, por lo que su ausencia no vicia de nulidad el acto
administrativo.
33. En este sentido, el Consejo de Estado 44 señaló que en estos casos «la
administración es la encargada de expedir el acto administrativo definitivo, debido a
que tiene la atribución legal, así como la capacidad técnica para determinar los perfiles
de los empleos, especialmente su denominación, nivel y grado; requisitos de formación
académica y experiencia para ocuparlos; deberes y funciones” (Negrillas fuera de
texto).
97. De conformidad con el dossier jurisprudencial que antecede, la Sala
comparte los planteamientos allí expuestos, en torno al hecho que la omisión
en socializar los manuales de funciones con las organizaciones sindicales no
invalida el acto administrativo que convoca o da apertura al concurso de
méritos, por cuanto constituye una interpretación acorde con el ordenamiento
43
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Auto del 30 de mayo de 2024. Exp. 11001-03-25000-2022-00682-
00 (6205-2022). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
[44] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto
de 2023, Rad.: 0517-2019.
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jurídico. Además, no se demostró que la omisión en adelantar la socialización
alegada, hubiera afectado el contenido o sentido de los decretos que lo
adoptaron y modificaron o que ello hubiera incidido en las reglas de la
convocatoria. De ahí que, tal omisión no fue sustancial o trascendente, para
que dé lugar a la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado.
98. En efecto, tal y como se anotó en las decisiones a las que se hizo
referencia, la sola omisión del requisito de socialización previa para con las
asociaciones sindicales, no es suficiente para invalidar el concurso, pues su
legalidad también tiene la vocación de proteger otras importantes finalidades
relacionadas con la protección de interés general, la realización del principio del
mérito como pilar fundamental de la función pública, el principio de eficacia en
la función administrativa y también garantizar el derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político.
99. En este orden de ideas, la falta de «socialización» de los manuales de
funciones, no se acompasa con la interpretación que debe darse al artículo 1º
del Decreto 051 de 2018, que modificó el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del
Decreto 1083 de 2015, pues, el alcance de esta norma debe fijarse
ponderadamente, de manera que, se garantice tanto la satisfacción de los
principios de publicidad y participación como el adecuado ejercicio de la
potestad reglamentaria de la administración.
100. La finalidad de esta norma, o lo que es lo mismo, la intención del
legislador está dirigida a satisfacer el principio de publicidad, sin establecer
condicionamientos o restricciones no previstas en la ley. De ahí que, el uso de
cualquier medio que resulte efectivo para dar a conocer el contenido del
proyecto de acto administrativo a sus destinatarios, sea válido.
101. De conformidad con lo anterior, no puede entenderse, desde ninguna
óptica, que la palabra «socializar» prevista en el artículo 1º del Decreto 051 de
2018 signifique que obligatoriamente la CNSC o la entidad territorial tuviera que
haber convocado a una reunión con las organizaciones sindicales.
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102. Según el diccionario de la Real Academia Española45, socializar es
“Extender al conjunto de la sociedad algo limitado antes a unos pocos”, lo que
se traduce en dar a conocer algo o una decisión a un conglomerado social en
general, lo que se cumplió con la publicación del manual en la página web de
la demandada.46
103. De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que, a pesar que no se
probó que se cumplió con la ritualidad contenida en la norma, la jurisprudencia
de la Sección Segunda47 de la Corporación ha sido uniforme al establecer que
el incumplimiento del requisito de socialización no trae como consecuencia
necesaria la nulidad del acto administrativo, en este caso, del acuerdo que
convocó al concurso de méritos, el cual, tuvo como soporte el manual de
funciones, pues, además que no constituye un requisito para la validez del acto
administrativo, no influye en la unilateralidad que lo caracteriza. De esta manera
se contempla en el Decreto 051 de 2018, cuando se establece que, la
socialización del manual de funciones se realiza sin perjuicio de la autonomía
del jefe del organismo que lo expide, en razón a que, emerge de una atribución
legal, que lo habilita para establecer los perfiles de los empleos, determinar su
nivel, grado y funciones; así como prever los requisitos de formación académica
y experiencia para ocuparlos.
104. De lo anterior se desprende que, la socialización de los cambios que se
realicen a los manuales de funciones sirven para expedir otros nuevos y, de
esta manera permitir que se adopten medidas de mejora y actualización
estructural de las entidades públicas, pero, no es una exigencia o requisito para
planear un proceso de selección, y mucho menos para convocar a un concurso.
105. A lo anterior se agrega que, tampoco se probó que la omisión del
requisito procedimental en comento haya tenido implicaciones en la decisión
final adoptada por la administración en el presente caso.
106. La parte demandante no justificó ni probó que la expedición del manual,
que fue tomado en cuenta para la convocatoria del concurso de méritos,
hubiera desconocido los criterios para la nominación, categoría y grado de los
45
www.rae.es.
46
https://www.atlantico.gov.co/index.php/planta-de-personal/10694-manual-de-funciones-decreto-000272-de-2018 -
https://www.atlantico.gov.co/index.php/planta-de-personal/12629-manual-de-funciones-decreto-no-000418-de-2019
47
Consejo de Estado – Sección Segunda Subsección B – Sentencia 30 de enero de 2025 Rad. 11001-03-25-000-2019-
00452-00 (3407-2019) CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera
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cargos o para definir e identificar las funciones y las cargas de trabajo. Tampoco
se acreditó o adujo argumento tendiente a enjuiciar el desconocimiento del
interés general o la configuración de una desviación de poder.
107. Por otro lado, la Sala debe destacar que, aún en eventos en los que se
ha demostrado que no se ha satisfecho la socialización, la Sección Segunda,
como se pudo evidenciar del contenido de las decisiones judiciales a las que
se hizo referencia, ha negado la declaratoria de nulidad de los actos enjuiciados
al ponderar los principios de participación ciudadana y de eficacia en la función
administrativa.
108. Siendo así las cosas, al no configurarse, bajo los argumentos expuestos
por el demandante, ninguna de las causales de nulidad contenidas en el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
2.4. Conclusión
La omisión en socializar los manuales de funciones con las organizaciones
sindicales per se no invalida el acto administrativo que convoca o da apertura
al concurso de méritos, por cuanto constituye una interpretación acorde al
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de esta Sección.
Tampoco, se demostró que la omisión en adelantar la socialización alegada
hubiera afectado el contenido o sentido de los decretos que lo adoptaron y
modificaron o que ello hubiera incidido en las reglas de la convocatoria.
En ese sentido, al considerarse que la omisión no fue sustancial o trascendente,
no hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. NEGAR la pretensión de nulidad del Acuerdo No.
CNSC20191000008636 del Veinte (20) de Agosto de Dos Mil Diecinueve
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(2019), suscrito por la Comisión Nacional del Estado Civil y el Departamento
del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, archívese el
expediente, previas las constancias y anotaciones de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala, en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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