Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00323-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00323-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00323-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
10 de noviembre de 2022
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00323-00 (0616-2020)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00323-00 (0616-2020)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: JOSÉ ARNULFO SÁNCHEZ LORA
Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Reconocimiento pensional de técnico aeronáutico.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-65-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, con el fin de que se infirme la sentencia del 10 de diciembre de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral,
que adicionó la providencia del Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito
de Medellín del 22 de mayo de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho promovido por el señor José Arnulfo Sánchez Lora contra la UGPP.
ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO
DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO1
El señor José Arnulfo Sánchez Lora, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo,
CPACA, demandó la nulidad parcial de las Resoluciones 58794 del 21 de noviembre
de 2007 de CAJANAL y RDP 035568 del 24 de noviembre de 2014 de la UGPP, por
las cuales resolvió sobre la solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se condenara a la UGPP a: i) reliquidar la pensión de jubilación en el 75% del
1 Índice 10 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
promedio mensual de las asignaciones devengadas en el último año de servicio, con
inclusión de la totalidad de factores salariales recibidos, conforme al régimen especial
previsto en la Ley 7 de 1961 y el Decreto 1372 de 1966; ii) indexar las sumas
adeudadas; iii) cancelar los intereses corrientes y moratorios de conformidad con el
artículo 177 del CCA; iv) pagar los intereses moratorios; v) que se condene en costas
y agencias en derecho a la demandada; vi) cumplir la sentencia en los términos
previstos en los artículos «176 y 177 del C.C.A.» y vii) «Que se condene ultra y extra petita».
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes fundamentos fácticos relevantes:
1. El señor José Arnulfo Sánchez Lora nació el 9 de julio de 1952 y prestó sus
servicios en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil desde el 15 de
julio de 1985 hasta el 31 de octubre de 2006. Durante dicho periodo desempeñó los
cargos de técnico en electrónica, grados 10 y 12, técnico aeronáutico III grado 22 y 18,
técnico en electricidad IV grado 22 y controlador de tránsito aéreo grado 21.
2. Mediante Resolución 33991 del 17 de julio de 2006, CAJANAL le reconoció una
pensión en el 75% del promedio de lo devengado entre el 1 de agosto de 1995 y el 30
de julio de 2005, efectiva a partir del 1 de agosto de 2005, condicionada al retiro
definitivo del servicio.
3. Por Resolución 58794 del 24 de diciembre de 2007, la entidad de previsión
social reliquidó la prestación teniendo en cuenta la fecha de retiro definitivo del
demandante. En el cálculo incluyó los siguientes factores salariales: asignación básica
mensual; dominicales y feriados; horas extras y bonificación por servicios prestados.
4. Más adelante, el señor José Arnulfo Sánchez Lora solicitó la reliquidación de la
pensión de jubilación en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
labor, petición que denegó la entidad a través de la Resolución RDP 035568 del 24 de
noviembre de 2014.
Como disposiciones vulneradas, citó los artículos 2, 6, 13, 25, 58 y 230 de la
Constitución Política; Ley 7 de 1961; artículo 6 del Decreto 1372 de 1966; artículo 1 de
la Ley 33 de 1985; artículo 2 de la Ley 4 de 1992 y artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Como concepto de violación, sostuvo que los actos acusados están viciados por
desconocimiento de las normas en que debieron fundarse. Lo anterior, por cuanto el
demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, dado que para el 1.° de abril de 1994 tenía una edad superior a los 40 años y
desarrolló una actividad de alto riesgo. Explicó que el hecho de haber desempeñado
el cargo de técnico aeronáutico IV, grado 21, implica que se le debe aplicar el Decreto
1237 de 1946, el artículo 21 de la Ley 7 de 1961, los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto
1372 de 1966, el Decreto 1045 de 1978, así como el Decreto 1835 de 1994 en armonía
con el artículo 140 de la Ley 100 de 1993. Precisó que tales disposiciones le permiten
acceder a la prestación con 20 años de servicio, liquidada con el 75% del promedio de
las asignaciones que hubiera devengado en el último año de labor.
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Demandante: UGPP
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2
La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Como
fundamentos de defensa propuso las siguientes excepciones:
• Ausencia de vicios en los actos administrativos demandados: Indicó que los
actos demandados no están afectados por los vicios alegados y resultan
obligatorios puesto que su presunción de legalidad no ha sido desvirtuada por
el demandante.
• Inexistencia de la obligación: Sostuvo que el peticionario se encuentra cobijado
por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y reúne los
requisitos para ser beneficiario de una pensión de jubilación especial prevista
para los servidores de la Aeronáutica Civil, de acuerdo con los artículos 2, 6 y
7 del Decreto 1835 de 1994. Por ende, la prestación fue correctamente liquidada
con el mencionado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los emolumentos
enlistados en el Decreto 1158 de 1994, de acuerdo con lo señalado por la
jurisprudencia de la Corte constitucional.
• Prescripción total del derecho pretendido: Indicó que se configuró el fenómeno
prescriptivo, por cuanto tenía 3 años a partir del reconocimiento de la pensión
para solicitar su reliquidación y su petición excedió dicho término.
• Subrogación para el cobro del valor insoluto de los aportes debidos al sistema
general de seguridad social en pensiones: En el evento en que se considere
que se deben incluir factores adicionales a los ya reconocidos, pidió que se
efectúe pronunciamiento en relación con el derecho a reclamar al empleador
las cotizaciones que debió efectuar sobre aquellos y frente al descuento a cargo
de la parte demandante del valor correspondiente al porcentaje que debió
aportar por dicho concepto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3
El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el 22 de mayo de
2017, profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad parcial de la
Resolución 58794 del 21 de noviembre de 2007 «únicamente en cuanto no se incluyó en
la liquidación de la pensión del señor JOSÉ ARNULFO SÁNCHEZ LORA todos los factores
salariales devengados durante los diez últimos años de servicio». A título de
restablecimiento del derecho le ordenó a la UGPP reliquidar y pagar la prestación con
inclusión de los factores salariales devengados en los últimos diez años de servicio, a
saber: «sueldo básico, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación por servicios
prestados, bonificación semestral, prima de navidad, recargo nocturno ordinario, recargo
nocturno dominical, horas extras diurnas ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, jornada
ordinaria dominical, compensatorio dominical, hora extra diurna dominical, hora extra nocturna
2 Ibidem.
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Demandante: UGPP
dominical y la prima de productividad debidamente actualizadas». Igualmente, condenó en
costas a la demandada.
Así mismo, declaró que, del monto a reconocer, la entidad demandada podría
descontar los aportes correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se
ordenó y sobre los cuales no se hubiera efectuado deducción legal, en aras del
equilibrio financiero del sistema. Denegó las demás pretensiones de la demanda.
Para lo anterior, el juez de primera instancia inicialmente indicó que no se agotaron los
recursos procedentes contra la Resolución 035568 de 2014. Por ese motivo se abstuvo
de efectuar pronunciamiento frente a dicho acto, por medio del cual la UGPP denegó
la reliquidación de la pensión del entonces demandante.
Seguidamente, se refirió al régimen especial de pensión de los trabajadores de la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la aplicabilidad de la sentencia
SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, con el propósito de determinar el personal
de técnicos aeronáuticos que son beneficiarios del régimen especial anterior al sistema
general de seguridad social. Estos son quienes a 31 de diciembre de 1993 tuvieran 35
o 40 años de edad, según sean mujeres u hombres, o 10 años o más de servicio
prestado o cotizado para la fecha de entrada en vigor del Decreto 1835 de 1994 (4 de
agosto de 1994), quienes pueden pensionarse según lo estipulado en el artículo 2 de
la Ley 7 de 1961, con 20 años de labor sin tener en cuenta la edad.
Igualmente, precisó que el personal que para la entrada en vigor del Decreto 2090 de
2003 que hubiera cotizado al menos 500 semanas en cualquier actividad de alto
riesgo, también están cobijados por el régimen anterior, siempre que cumplan con el
mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003.
Seguidamente, puso de presente las reglas definidas por la Corte Constitucional en lo
relacionado con la interpretación sobre el ingreso base liquidación de las pensiones
reconocidas en aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, para indicar que excluye el promedio que debe servir para el cálculo de la
prestación. Por otra parte, expuso la posición adoptada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a partir de las sentencias del 25 de febrero de 20164 y del 15 de
diciembre de 20165. De lo anterior, el juez concluyó que el régimen de transición
permite que a sus beneficiarios se les exijan las condiciones de edad, tiempo de
servicio o cotizaciones y tasa de reemplazo de la normativa anterior, mientras que el
IBL será el dispuesto por el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En lo atinente al caso particular y concreto, sostuvo que el allí demandante tenía
derecho al porcentaje de liquidación previsto por el Decreto 1372 de 1966. Sin
embargo, como dicha norma no discriminó los factores que componen la base,
corresponde atender la Ley 5 de 1969, que hace referencia a la asignación entendida
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicación:
25000234200020130154101. De esta última providencia, destacó que la consideración de que el
monto de las pensiones del régimen de transición pensional el sector oficial comprende no solo el
porcentaje sino también la base.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2006, radicación:
110010315000201601334 01(AC). De esta providencia destacó que el presente contenido en la
sentencia SU-230 de 2015 es de obligatorio cumplimiento para todo órgano judicial y estatal.
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como el promedio de lo devengado como retribución de servicios. Empero, excluyó la
bonificación especial por recreación, dado que el artículo 14 del Decreto 1374 de 2010
indicó que no constituye factor salarial.
RECURSO DE APELACIÓN6
La entidad demandada presentó recurso de alzada en contra de la decisión anterior.
Insistió en que el derecho a la reliquidación pensional se encontraba prescrito. En su
criterio, es la posibilidad de reclamación del reconocimiento del estatus jurídico de
pensionado la que no es susceptible de dicho fenómeno. Recalcó que la prescripción
se interrumpe por una sola vez, por ende, únicamente la primera solicitud puede tener
tal efecto y no es viable predicar la misma consecuencia de peticiones sucesivas y
posteriores que sean radicadas por el interesado, tal y como lo ha considerado la Corte
Suprema de Justicia7.
Por otra parte, cuestionó la condena en costas decretada por el juez de primera
instancia, con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP. Manifestó
que, de los documentos que obran en el expediente, no era posible comprobar el pago
de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el apoderado del
demandante haya generado otro tipo de erogaciones, es decir, las agencias en
derecho.
Con base en lo anterior, pidió que se revocara la sentencia y, en su lugar, que se
declararan probadas las excepciones propuestas por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN8
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral,
profirió sentencia el 10 de diciembre de 2018, por medio de la cual adicionó el fallo de
primera instancia en el sentido de aclarar que la prescripción se predica de las
mesadas pensionales anteriores al 19 de agosto de 2011, revocó el numeral noveno
que condenó en costas y confirmó en lo demás. Dicha decisión la adoptó con apoyo
en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, delimitó el marco de su competencia en segunda instancia, para
precisar que se circunscribiría a estudiar si en el asunto concreto se configura la
prescripción trienal y si la condena en costas se encuentra ajustada a derecho. En
segundo lugar, se ocupó de resolver cada uno de los planteamientos propuestos, en
el siguiente orden:
• Sobre la prescripción de mesadas: Bajo los parámetros expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia T-762 de 2011, señaló que, si las entidades de
seguridad social no reconocieron correctamente la pensión o lo hacen de
manera precaria, con afectación de los intereses del trabajador, este tiene
6 Índice 10 SAMAI.
7 Citó apartes de las sentencias que identificó como «SU 298 de 2015» y «expediente N.° 39272».
8 Folios 229 a 240 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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derecho a presentar la respectiva reclamación en cualquier tiempo. Indicó que
la pensión de jubilación no admite la prescripción extintiva del derecho, dada su
naturaleza de periódica y vitalicia.
No obstante, advirtió que, en el caso concreto, el señor José Arnulfo Sánchez
Lora radicó la petición de reliquidación el 19 de agosto de 2014, de ahí que, el
fenómeno en mención ocurrió respecto de las mesadas causadas con
«anterioridad a los tres años contados hacia atrás».
• De la condena en costas: Observó que el presente asunto es de puro derecho,
en el que el procedimiento no implica mayor grado de controversia como en
otros medios de control, además, de acuerdo con el artículo 179 del CPACA se
puede agotar en la audiencia inicial. Por ello, consideró no probada la causación
de costas en primera instancia.
ACCIÓN DE REVISIÓN9
La UGPP, a través de apoderado, presentó acción de revisión de reconocimiento de
sumas periódicas a cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata
el artículo 20, literal b.) de la Ley 797 de 2003 que dispone: «b.) Cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral, el 10 de diciembre de 2018, que adicionó la
providencia del Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín
emitida el 22 de mayo de 2017, dentro del proceso instaurado por el señor José Arnulfo
Sánchez Lora contra la UGPP con radicado 05001333302920140188800.
2. Declarar que el señor José Arnulfo Sánchez Lora no es acreedor de un derecho
adquirido en cuanto a la liquidación de su mesada pensional.
3. Se ordene a la UGPP liquidar y pagar las mesadas pensionales al demandante
calculadas con el ingreso base de liquidación señalado por el inciso 3.° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, en armonía con el artículo 21 ibidem, con los factores base de
cotización taxativamente determinados por el artículo 1.° del Decreto 1158 de 1994 y
las reglas definidas en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
SU-395 de 2017, SU-023 de 2018 de la Corte Constitucional y del 28 de agosto de
2018, radicado: 52001233300020120014301 emitida por el Consejo de Estado.
4. Se ordene al señor José Arnulfo Sánchez Lora restituir a la UGPP los valores
adicionales recibidos por la inclusión indebida de los siguientes factores: sueldo de
vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de productividad « y
recibidos por el reconocimiento de la pensión de vejez especial reconocida, con la
9 Folios 1 a 6 del cuad. ppal.
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correspondiente indexación, como consecuencia de las ordenes impartidas en las sentencias
objeto de revisión y en adelante».
Como fundamento de la acción, expuso que la decisión adoptada en la sentencia
objeto de revisión contraría la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, Convenios 102 y 108 de la OIT sobre seguridad social; preámbulo y los artículos
1, 2, 4, 6, 13, 48, 121, 123 inciso 2.° y 104 de la Constitución Política; artículo 36 de la
Ley 100 de 1993; Ley 7 de 1961; Decreto 1372 de 1966; artículo 7 del Decreto 1835
de 1997; Decreto 1158 de 1994 y el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003.
La entidad argumentó que el reconocimiento de la pensión especial de vejez al
demandado se dio sin el pleno cumplimiento de los requisitos, transgrede los artículos
1, 6, 29, 121, 123 inciso 2.° y 124 de la Carta Política y constituye un defecto sustantivo.
Explicó que el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 prevé que la transición allí definida
cobija a los controladores de tránsito aéreo que estuviesen vinculados al 31 de
diciembre de 1993 y tuvieran más de 35 años (mujeres) o 40 (hombres), o más de 10
años de servicio al 4 de agosto de 1994, fecha de entrada en vigor de aquel decreto.
Afirmó que el señor José Arnulfo Sánchez Lora cumplía con las anteriores exigencias,
por lo tanto, tenía derecho a pensionarse una vez acreditara las condiciones de edad
y tiempo de servicio impuestas en el régimen anterior, contenido en la Ley 7 de 1961,
dado que tenía la edad de 41 años, 8 meses y 23 días.
Sin embargo, sostuvo la entidad que, el Decreto 2090 de 2003, que derogó el Decreto
1835 de 1994, previó otro régimen de transición, en el artículo 6, que exigía, además
de cumplir con los supuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, demostrar 500
semanas de cotización especial, para su entrada en vigencia, las cuales no alcanzó el
demandado, pues para el 28 de julio de 2003 solamente tenía 488 semanas.
Así las cosas, para la entidad la liquidación de la pensión del señor José Arnulfo
Sánchez Lora debe calcularse con los factores enlistados por el Decreto 1158 de 1994,
con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o, en su defecto,
con el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho al tenor de lo dispuesto en
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, sin incluir el sueldo de vacaciones, la prima
de vacaciones, la prima de navidad y la prima de productividad.
Agregó que el régimen de transición no conservó en su integridad las normas sobre
pensión anteriores, pues solo conservó la edad, el tiempo de servicio o semanas
cotizadas y el monto, este último entendido como la tasa de reemplazo, para
diferenciarla de la fijada por el Sistema General de Pensiones que va desde el 65%
hasta el 85%, actualmente 80%, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Aseguró que
interpretar lo contrario es tanto como aplicar la reviviscencia de la ley derogada basada
«en una interpretación caprichosa de la misma ley posterior» sin reconocer que el artículo
21 de la Ley 100 de 1993, en materia de IBL, reemplazó el período de liquidación.
En su concepto, el pago de las sumas ordenado en la providencia que controvierte
implica el compromiso de dineros públicos, sin sustento legal ni constitucional, lo que
podría conllevar para los funcionarios judiciales investigaciones disciplinarias, fiscales
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e incluso penales, pues el artículo 6 Superior impone a los servidores públicos el
sometimiento de sus decisiones al imperativo legal con proscripción de la omisión o
extralimitación de funciones.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN DE REVISIÓN10
Dentro del término, el señor José Arnulfo Sánchez Lora, mediante apoderada, contestó
la demanda. Solicitó que se denieguen las pretensiones, comoquiera que la decisión
objeto de revisión se profirió con observancia del régimen pensional aplicable a su
caso, sin exceder lo debido, por cuanto la sentencia recurrida tuvo en cuenta la
totalidad de los factores salariales devengados, en garantía del principio de
favorabilidad en materia laboral y del debido proceso.
De la misma forma, resaltó que en la misma demanda se afirmó que el pensionado
acreditó haber laborado por 21 años, 3 meses y 18 días, sin embargo, ahora sostiene
que solamente demostró 488 semanas. Insistió en que la UGPP no argumentó ni
demostró la causal de revisión invocada ni mucho menos una vulneración al debido
proceso.
Propuso las siguientes excepciones:
• «Buena fe»: por cuanto los jueces de instancia actuaron de conformidad con las
normas constitucionales y legales vigentes al momento de emitir sus
respectivas sentencias. Agregó que no se genera el derecho a la devolución de
las sumas pagadas en cumplimiento de la providencia del 10 de diciembre de
2018, en virtud de los principios de buena fe y confianza legítima, amparada por
los efectos de la cosa juzgada formal, presunción que no se ha desvirtuado.
• «Adecuación de los actos administrativos demandados a los(sic) principios(sic) de
legalidad»: esta excepción la sustentó en que el acto administrativo emitido en
cumplimiento de la sentencia fue expedido por autoridad competente, con
respeto al debido proceso, por lo tanto, no adolece de vicio alguno.
• Genérica: pidió que se declare probada cualquier otra que se encuentre
demostrada.
Finalmente, solicitó que se condene en costas a la UGPP.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala
en el inciso segundo del artículo 249 que, de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia11.
10 Índice 11 de SAMAI.
11 «Artículo 249. Competencia.
[…]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
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Demandante: UGPP
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa que «las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación».
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de acuerdo con el artículo 13, numeral 3 del Acuerdo 80 de 201912.
Por lo anterior, esta Subsección es competente para conocer de la acción de revisión
formulada por la UGPP contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral,
mediante la cual se adicionó y confirmó la decisión emitida por el Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral del Circuito de Medellín el 22 de mayo de 2017.
Legitimación por activa de la acción de revisión
Sobre la legitimación de la UGPP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.».
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión13, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección14.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
12 Reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Ibidem.
14Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite, ello se traduce en que la UGPP adquirió la legitimación como
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, la UGPP se encuentra legitimada para la formulación de la
acción de revisión.
Oportunidad
Sobre el particular, se observa que la acción de revisión fue presentada dentro del
plazo que prevé el artículo 251 del CPACA, esto es, dentro de los 5 años siguientes a
la ejecutoria de la providencia cuestionada. La sentencia del Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral, proferida el 10 de diciembre de
2018, quedó ejecutoriada el 11 de enero de 201915 y la demanda fue radicada el 29
de enero de 202016, por lo que se concluye que aquella se encuentra en tiempo.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200317 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
15 Tal como se observa en la constancia suscrita por la secretaria del Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral del Circuito de Medellín en el índice 10 de SAMAI.
16 Folio 8 vto. del cuaderno principal de la acción de revisión.
17 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»18.
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación19.
Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones20.
Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira21.
De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia22.
18 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
19 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
20 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, en la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral, al confirmar la
orden de reliquidación de la pensión de jubilación, en favor del señor José Arnulfo
Sánchez Lora, pensionado según el régimen especial aplicable a los empleados de la
Aeronáutica Civil, con la totalidad de los factores salariales devengados durante el
período tomado para definir el ingreso base de liquidación?
Para resolver lo anterior, se abordará: i) La causal de revisión contemplada en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; ii) Régimen pensional especial de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; iii) La verificación de la causal de revisión
en el caso particular y concreto.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la procedencia de la acción de revisión
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del
proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella
obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»29. Así las
cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20
ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en
términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese
orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben
interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento
procesal.
Bajo ese entendido, la Subsección estima que el caso objeto de estudio se enmarca
en tales parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene
derecho el señor José Arnulfo Sánchez Lora debe liquidarse teniendo en cuenta el
ingreso base de liquidación en cuantía equivalente al 75% del promedio de lo
devengado durante los últimos diez años de servicio, incluyendo todas aquellas sumas
que recibió en aquel periodo, y no con los factores señalados por el Decreto 1158 de
1994 y, en esa medida, si la mesada que se le paga mensualmente debe verse
reducida en la misma proporción a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera
del sistema general de seguridad social en pensiones.
Régimen especial del personal técnico de la aeronáutica civil
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A través de la Ley 7 del 10 de marzo de 1961 el Congreso dictó normas sobre
pensiones de jubilación de los radio-operadores, técnicos de radio y electricidad
oficiales de meteorología al servicio de la Empresa Colombiana de Aeródromos23.
Dicha norma previó que «Los Radiooperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría
"R" y del Servicio Fijo, de acuerdo con las definiciones dadas en el Decreto 3418 de 1954 y
su reglamentario 2427 de 1956; los Técnicos de Radio y Electricidad y los Oficiales de
Meteorología» tendrían derecho a la pensión de jubilación al cumplir 20 años de
servicio, sin importar su edad.
La anterior norma fue reglamentada por el Decreto 1372 del 26 de mayo de 1966. Este
definió a los radioperadores24, a los oficiales de meteorología25, así como a los
técnicos de radio y de electricidad26. Para dichos servidores dispuso que podrían
pensionarse así:
«Artículo 6° De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto
1237 de 194627. el personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la
pensión vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75) del
promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado durante el último
año de servicios.»
Hasta este punto, se observa que los requisitos para acceder a una pensión liquidada
sobre el 75% del promedio mensual de lo que hubiera devengado durante el último año
de servicio, en aplicación del régimen especial bajo estudio se reducen a: i) desarrollar
funciones de radioperador, oficial de meteorología, técnico de radio y de electricidad en
la Aeronáutica Civil; y, ii) 20 años de servicio, sin importar la edad.
Régimen de transición en el Sistema de Seguridad Social y actividades alto
riesgo
En vigencia de la Constitución Política de 1991, se expidió la Ley 100 de 1993, la cual
tenía dentro de sus propósitos el de unificar los regímenes pensionales que antes de
su promulgación, se encontraban difusos en el ordenamiento jurídico, estableciendo
reglas comunes aplicables a todos los trabajadores del territorio colombiano, sin
considerar la naturaleza de su relación laboral, sin embargo, la disposición en
comento, en el artículo 36, concibió un régimen de transición que ha sido entendido
como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos requisitos para la
entrada en vigor de aquella, lo cual les permitirá, regirse por las normas aplicables en
23 Creada por el Decreto 3269 de 1954.
24 «Artículo 1° Son Radioperadores del Servicio Móvil Aeronáutico Categoría "R" y del Servicio Fijo,
definidos en el Decreto 3418 de 1954, los funcionarios que operan los circuitos de radio que integran
tales servicios, sea cual fuere la naturaleza de estos circuitos y la denominación de planta de los cargos
o nomenclatura dentro de la organización del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. De la
Empresa Colombiana de Aeródromos o del Departamento Administrativo del Servicio Civil. »
25 «Artículo 2° Son oficiales de meteorología los funcionarios calificados por el Departamento
Administrativo de Aeronáutica Civil como idóneos para atender los requerimientos meteorológicos
aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de planta de los cargos o nomenclatura dentro de la
organización del organismo meteorológico aeronáutico al cual pertenece o del Departamento
Administrativo del Servicio Civil.»
26 «Artículo 3° Son técnicos de radio y de electricidad, los funcionarios que desarrollen las actividades
propias de su profesión con fines exclusivamente aeronáuticos, sea cual fuere la denominación de
planta de los cargos o nomenclatura dentro de la organización del organismo aeronáutico al cual
pertenecen o del Departamento Administrativo del Servicio Civil.»
27 Modificado por el artículo 10 del Decreto 1080 de 1947.
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el régimen anterior al que se encontraban afiliados, en cuanto a la edad, tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas y monto de la prestación. Así lo señaló:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»
En este sentido, solo quienes hubieran acreditado la exigencia de edad o de tiempo
de servicios previsto en este contenido normativo, para la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 tendrían la posibilidad de pensionarse con arreglo a las normas que
venían aplicándose con anterioridad.
De forma particular, la Ley 100 de 1993, en el artículo 140 previó que aquellas
personas que desarrollaran actividades de alto riesgo estarían reguladas por normas
especiales de la siguiente forma:
«Artículo 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De
conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de
los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en
cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades
de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como
el Cuerpo de Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer
derechos adquiridos.
El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de
cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada
actividad.»
Por su parte, el artículo 5 del Decreto 691 de 1994, «por el cual se incorporan los
servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones»,
preceptuó: «[…] Actividades de alto riesgo. Los servidores públicos que laboren en
actividades de alto riesgo para su salud, se entienden incorporados al sistema general de
pensiones, pero les aplicarán las condiciones especiales que para cada caso se determinen
[…]».
De acuerdo con las normas en comento, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1835
de 1994 «por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores
públicos», el cual definió en su artículo 1.º su campo de aplicación en los siguientes
términos:
«Artículo 1º. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones contenido
en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios se aplica a los servidores
públicos de todos los niveles, de conformidad con el Decreto 691 de 1994.
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Igualmente les son aplicables las normas consagradas en los Decretos 1281 de
1994 y 1295 de 1994.
Sin perjuicio de lo anterior, y en desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993,
el presente Decreto contiene las normas especiales sobre actividades de alto
riesgo de todos los servidores públicos, salvo aquellos de la Registraduría Nacional
del Estado Civil y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, quienes
serán objeto de decisión especial.
En virtud del Decreto 691 de 1994, a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y
sin perjuicio de los servidores públicos beneficiarios del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la misma, no se reconocerán pensiones especiales
diferentes a las previstas en el presente Decreto y en el Régimen General de
Actividades de Alto Riesgo.
Parágrafo. El régimen de pensiones especiales sólo le será aplicable a los
servidores públicos a los que se refiere este Decreto, siempre que permanezcan
afiliados al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.
Cuando estos servidores se afilien voluntariamente al régimen de ahorro individual
con solidaridad se regirán por las normas propias de éste, salvo en lo que respecta
al monto de las cotizaciones que se regirán por lo dispuesto en el presente
Decreto.».
A su turno, el artículo 2 ejusdem definió cuáles eran las actividades de alto riesgo,
entre las que se encuentran las siguientes relacionadas con la Aeronáutica Civil:
«Artículo 2º. Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley
100 de 1993, sólo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
[…]
4. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Técnicos
aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo, con licencia
expedida o reconocida por la oficina de registro de la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, de conformidad con la reglamentación contenida en
la Resolución No. 03220 de junio 2 de 1994 por medio de la cual se modifica el
manual de reglamentos aeronáuticos; y demás normas que la modifiquen,
adicionen o aclaren.
Técnicos aeronáuticos con funciones de radio operadores, con licencia expedida
o reconocida por la Oficina de Registro de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil, con base en la reglamentación contenida en la Resolución
No.2450 de diciembre 19 de 1974 por medio de la cual se adopta el manual de
reglamentos aeronáuticos, y demás normas que la modifiquen, adicionen o
aclaren. […]» (Se resalta).
En virtud de lo anterior, las actividades de alto riesgo desarrolladas en la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se limitaron a las de técnico aeronáutico
con funciones de: i) controladores de tránsito aéreo o; ii) radio operadores.
Para los servidores públicos que desarrollaran alguna de las dos funciones
mencionadas, el artículo 6 del decreto en cita previó que estos podrían obtener una
pensión especial de vejez así:
i) a los 45 años de edad, siempre que hubiesen cotizado 1000 semanas continuas
o discontinuas, es decir, que hubiesen desarrollado esas actividades
exclusivamente por la densidad exigida;
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ii) a los 55 años, aquellos técnicos aeronáuticos que tuvieran 1000 semanas de
cotización, de las cuales, al menos 500 semanas, se hubiesen cotizado en ejercicio
de actividades de alto riesgo.
En este último caso, la edad para el reconocimiento podía descender un año por cada
60 semanas adicionales de cotización a las primeras 1000, hasta los 50 años de edad.
Adicionalmente, el artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 reglamentó un régimen de
transición especial para los servidores públicos de la Aeronáutica Civil que reunieran
determinados requisitos, de la siguiente forma:
«Artículo 7º. Régimen de transición. El régimen general de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 se aplica a los servidores públicos de la
Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.
No obstante, se establece el siguiente régimen de transición para los funcionarios
de dicha unidad administrativa que tuviesen 35 o más años de edad si son mujeres,
o 40 o más años de edad si son hombres, ó 10 ó más años de servicios prestados
o cotizados, así:
1. Para los servidores descritos en el artículo 6º de este Decreto.
2. Para los servidores que a 31 de diciembre de 1993 se encontraban incorporados
a la planta de personal del Sector Técnico Aeronáutico.
Los requisitos de edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación, el tiempo
de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de dicha pensión, de los
funcionarios descritos en los numerales 1º y 2º de este artículo, serán los
establecidos en el régimen anterior que les era aplicable.
Para los demás servidores, las condiciones y requisitos para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley 100 de
1993 y sus reglamentos, particularmente en lo relacionado al monto de las
cotizaciones a cargo del respectivo empleador.» (Se subraya)
En ese orden, se advierte que a los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil descritos en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994, que a su
vez remite al artículo 2 numeral 4 ejusdem, y a aquellos técnicos aeronáuticos
vinculados a la planta de personal de la entidad al 31 de diciembre de 1993, y que a
la fecha de entrada en vigencia de la norma en cita tuviesen 35 o más años de edad
en el caso de las mujeres, 40 o más años de edad en el caso de los hombres, o 10 o
más años de servicio prestado o cotizado, les aplicaría el régimen de transición allí
regulado.
Por consiguiente, su derecho a la pensión se regiría en lo relacionado con los
requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto, previstos en
las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, conforme a la Ley 7.ª de 1961 y
su Decreto Reglamentario 1372 de 1966.
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Para el efecto, se advierte que el artículo 2 de la Ley 7.ª de 1961 previó que la pensión
de jubilación se adquiría al cumplir 20 años de servicio, sin importar la edad28, mientras
que el artículo 6 del Decreto 1372 de 1966 reguló lo relacionado con el monto, para lo
cual definió que este sería el equivalente al 75% del promedio mensual de las
asignaciones percibidas en el último año de servicio29.
De igual forma, para aquellos servidores de la Aeronáutica Civil que no colmaron las
condiciones para ser beneficiarios del régimen de transición contemplado en el
precitado artículo 7 del Decreto 1835 de 1994 o del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
el monto de la pensión, de acuerdo con lo contemplado en los artículos 140 de la Ley
100 de 1993 y 5 del Decreto 691 de 1994, se regirá por las previsiones contenidas en
el artículo 34 de la primera norma30, puesto que el régimen especial de actividades de
alto riesgo abarca únicamente los requerimientos para acceder a esa prestación.
Posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 2090 de 2003, «por el cual se
definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las
condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran
en dichas actividades», que a su vez derogó el citado Decreto 1835 de 1994 y, en lo
pertinente, modificó las actividades de alto riesgo desarrolladas en la Aeronáutica
Civil, así:
28 «Artículo 2º Para los efectos indicados se aplicará a los mencionados trabajadores lo dispuesto por
el artículo 21 del decreto 1237 de 1946 y tendrán derecho a la pensión de jubilación al cumplir veinte
(20) años de servicio, cualquiere que fuere su edad.
Parágrafo. Es bien entendido que para poder gozar de la pensión de jubilación en los términos
anteriores los trabajadores señalados deberán reintegrar o compensar a la Caja Nacional de Previsión
Social las sumas que por concepto de auxilio de cesantía hubieren recibido de Aerovías Nacionales de
Colombia, S.A. (Avianca).»
29 «Artículo 6° De acuerdo con los artículos 2° de la Ley 7ª de 1961 y 21 del Decreto 1237 de 1946. el
personal de que trata el presente Decreto tendrá derecho a la pensión vitalicia de jubilación equivalente
al setenta y cinco por ciento (75) del promedio mensual de las asignaciones que hubiere devengado
durante el último año de servicios.»
30 «Artículo 34. Monto de la pensión de vejez. El monto mensual de la pensión de vejez,
correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base
de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje
se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación.
Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3%
en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la
pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización
requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho
porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
r = porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65
y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de
ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de
semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán
en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje
se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión
entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de
cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la
pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión
mínima».
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Demandante: UGPP
«Artículo 2º. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. Se
consideran actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores las
siguientes:
[…]
5. En la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o la entidad que haga
sus veces, la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de
controladores de tránsito aéreo, con licencia expedida o reconocida por la Oficina
de Registro de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, de
conformidad con las normas vigentes.
[…]».
Es decir que con la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, los únicos servidores
públicos que laboraran en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
beneficiarios de las normas que regulaban las actividades de alto riesgo, son los
técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo.
Del mismo modo, el decreto en cita señaló un régimen de transición, en los siguientes
términos:
«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia
del presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida
en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban
las actividades de alto riesgo [31].
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente
decreto cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición,
deberán cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los
previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 18 de
la Ley 797 de 2003.».
Ahora, de la lectura del parágrafo de este último artículo se advierte que este exige,
además de los requisitos contemplados en dicha norma, el cumplimiento de las
condiciones reguladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen
pensional de alto riesgo. Al respecto, esta Corporación sostuvo:
«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen
especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto
2090 de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige
para el caso del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el
señor […] cumple con el requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un
reconocimiento pensional bajo las condiciones establecidas en el artículo 6º del
Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos
similares al presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se
refiere el parágrafo del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación
desventajosa, en virtud del tránsito legislativo, al demandante que se encontraba
31 En sentencia C-663 de 29 de agosto de 2007, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado
Manuel José Cepeda Espinosa, declaró este artículo exequible condicionalmente «[…] en el entendido
que para el cómputo de las 500 semanas, también se podrán acreditar semanas de cotización
efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».
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Demandante: UGPP
próximo a cumplir los requisitos para obtener la pensión de vejez en las condiciones
previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de 1994.
La finalidad de un régimen de transición consiste en que el legislador establezca un
sistema de protección para que los cambios producidos por un tránsito legislativo no
afecten a quienes, si bien no han adquirido el derecho a la pensión por no haber
cumplido los requisitos para ello, tienen una expectativa legítima de adquirir ese
derecho.
“Los regímenes de transición, en consecuencia, (i) recaen sobre expectativas legítimas
de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento es el de
salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho
específico de conformidad con el régimen anterior y (iii) su propósito es el de evitar
que la subrogación, derogación o modificación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados, especialmente si existe la
posibilidad de minimizar esa incidencia y de armonizar las expectativas ciudadanas y
los cambios legislativos a través de un régimen de transición”32
La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella
establecido cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo
36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica
establece requisitos para la transición de un régimen pensional especial y a su vez
requisitos para ser beneficiario del régimen de transición general, la interpretación que
más favorece al demandante es la que permite, ante dos normas concurrentes, la
aplicación preferente de la regla de transición que le posibilite el reconocimiento de su
pensión especial de vejez.
[…]
De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500
semanas, la Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la exequibilidad
condicionada de dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los
trabajadores “que es aquella que les permite acreditar el número de semanas de
cotización para mantenerse en el régimen de transición, con las semanas cotizadas
en los diferentes regímenes previos donde tales cotizaciones hayan sido jurídicamente
calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones no tuvieren el carácter de
“especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”. Y, frente a la
coexistencia del régimen de transición previsto en el Decreto 2090 de 2003 y el que
establece la Ley 100 de 1993 señaló que “El régimen de transición previsto en el
Decreto 2090 de 2003 […] resulta ser un régimen de transición distinto al de la Ley 100
de 1993, lo cual plantea cuestiones atinentes a la aplicación del régimen más favorable
al trabajador […] En ese orden de ideas, en el hipotético caso en que en una situación
concreta un trabajador se vea amparado por ambos regímenes de transición, el de la
Ley 100 y el del Decreto 2090 de 2003-, lo cierto es que al existir dos normas vigentes
y aplicables para una misma situación, debe prevalecer a la luz de la Constitución
aquel régimen que resulte más favorable y benéfico para el trabajador involucrado, por
tratarse de disposiciones pensionales”.
Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del
demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho
en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de
inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un
régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de
transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse
en el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y
entender que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber
acreditado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de
32 Sentencia C-663 de 2007.
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Demandante: UGPP
2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 […]»33. (cursiva del
original).
De lo anterior, se concluye que el régimen de transición previsto por el Decreto 2090
de 2003 consistente en que quienes a 28 de julio de 2003 hubieren cotizado al menos
500 semanas en actividades calificadas como de alto riesgo, tendrán derecho a que
una vez cumplidas 1000 semanas34, la pensión de vejez les sea reconocida en las
mismas condiciones previstas en la norma anterior que regula las actividades de alto
riesgo, esto es, el Decreto 1835 de 1994.
En cuanto a la liquidación de la pensión de los servidores de la Aeronáutica Civil,
incluso los beneficiarios del régimen especial, la tesis que ha venido acogiendo la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado corresponde a la
adoptada en la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 201835. Así se
puede constatar en las sentencias de 18 de marzo de 202136, de 26 de mayo de 202237
y del 2 de diciembre de 202138, en las que se observa, que a partir del pronunciamiento
de la Sala Plena se ha considerado que la liquidación de tales pensiones debe
realizarse según lo ordenado por el inciso 3 del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según corresponda, así:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los
servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.»
Lo anterior obedece a los efectos que la misma sentencia de la Sala Plena otorgó a
su precedente, al señalar:
33 Véanse entre otras, sentencia de 12 de junio de 2014 proferida dentro del proceso
05001233100020120010001(3287-2013), demandante: Jaime Villamil Castro; y sentencia de 22 de abril
de 2015 proferida dentro del proceso 25000232500020110080701(2555-13), demandante: Fernando
Sandoval Cabrera.
34 Artículo 9º de la Ley 797 de 2003. «[…] A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas
se incrementará en 50 y a partir del 1º.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar
a 1.300 semanas en el año 2015».
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
radicación 52001-23-33-000-2012-00143-01.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2021,
radicación: 05001-23-33-000-2014-00857-01(1764-19).
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 26 de mayo de 2022, radicación:
05001-23-33-000-2014-00857-01(1764-19)
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección a, sentencia de 2 de diciembre de 2021,
radicación: 050012333000 20160007101 (1162-2021).
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Demandante: UGPP
«Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia, en relación con los temas objeto de unificación,
son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa
como judicial, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha
operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables.»
La verificación de la causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003
La parte demandante consideró que se presenta la causal descrita en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Aseguró que el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral, ordenó liquidar la pensión de jubilación en
favor del señor José Arnulfo Sánchez Lora bajo el régimen especial aplicable a los
técnicos aeronáuticos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, sin
que aquel hubiese acreditado los requisitos para tal efecto, particularmente el de las
500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo al que se refiere el artículo 6
del Decreto 2090 de 2003, planteamiento que pasa a analizarse.
En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
El señor José Arnulfo Sánchez Lora nació el 9 de julio de 195239.
De acuerdo con la certificación emitida el 26 de mayo de 2014 por el jefe de grupo de
situaciones administrativas de la dirección de talento humano de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el demandado laboró en la entidad en
forma ininterrumpida desde el 15 de julio de 1985 hasta el 31 de octubre de 2006,
así40:
Cargos desempeñados Desde Hasta
Técnico en electrónica grado 10 15-07-1985 01-09-1988
Técnico en electrónica grado 12 02-09-1988 31-01-1994
Técnico aeronáutico III 22-18 01-02-1994 25-08-1997
Técnico aeronáutico IV grado 21 26-08-1997 31-10-2006
Según los reportes de nómina de la Aeronáutica Civil41 el pensionado devengó los
siguientes emolumentos desde diciembre de 1995 hasta diciembre de 2005:
• Sueldo básico
• Prima de vacaciones
• Bonificación por servicios prestados
• Bonificación semestral
• Prima de navidad
• Bonificación especial de recreación
• Prima de productividad
• Horas extras
39 Índice 10 de SAMAI.
40 Folios 47 y 102 vuelto del del cuaderno principal.
41 Ff. 66 vto. a 72 vto. cuaderno principal.
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• Dominicales y festivos
• Diferencia de horario
Igualmente, la Aeronáutica Civil certificó que durante el año 2006 42 el ex servidor
devengó:
• Sueldo básico
• Prima de vacaciones
• Bonificación por servicios prestados
• Bonificación semestral
• Prima de navidad
• Prima de productividad
• Recargo nocturno ordinario
• Recargo nocturno dominical
• Horas extras diurnas ordinarias
• Horas extras nocturnas ordinarias
• Jornada ordinaria dominical
• Compensatorio dominical
• Horas extras diurnas dominicales
• Horas extras nocturnas dominicales
Por medio de la Resolución 33991 del 17 de julio de 200643, Cajanal le reconoció una
pensión de jubilación, a partir del 1 de agosto de 2005, condicionada al retiro definitivo
del servicio. En dicho acto se indicó que el estatus jurídico de pensionado lo adquirió
el 14 de julio de 2005 y que laboró un total de 1030 semanas. Las normas invocadas
para el reconocimiento fueron el artículo 1.° de la Ley 7 de 1961, Decretos 1372 de
1966 (art. 6) y 2334 de 1977, Ley 100 de 1993, Decreto 1158 de 1994 y Decreto 01
de 1984.
La liquidación se realizó con el 75% del promedio de lo devengado en los últimos 10
años, comprendidos entre el 1 de agosto de 1995 y el 30 de julio de 2005, con inclusión
de la asignación básica, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por
servicios, diferencia de horario, en atención a lo previsto por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y la sentencia C- 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional.
A través de la Resolución RDP 035568 del 24 de noviembre de 2014, la UGPP negó
la solicitud de reliquidación pensional, con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicio. Argumentó que el peticionario está cobijado
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, sin embargo, el ingreso base de
liquidación debe ser el previsto por esta última norma, con los factores indicados en
el Decreto 1158 de 1994.
El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, en la sentencia
del 22 de mayo de 2017 consideró lo siguiente:
«Así, de acuerdo a las posiciones que sobre el tema se han presentado, este
Despacho resuelve adoptar lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en
42 Ff. 86 y 87 del cuaderno principal.
43 Índice 10 de SAMAI.
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Demandante: UGPP
sentencia SU-230 de 2015, criterio que ha sido respaldado por la H. Corte
Suprema de Justicia, el H. Consejo de Estado y el H. Tribunal Administrativo
de Antioquia, en tal sentido, se tiene que el régimen de transición dispuesto en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permite que a los beneficiarios del mismo
se les reconozca pensión de jubilación con la norma vigente anterior a la Ley
100 de 1993, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de
servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pues en lo que corresponde al
IBL ha de darse aplicación a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 ibidem,
teniéndose que el mismo no fue un aspecto sometido a transición.
Por tanto, para el caso específico de los funcionarios de la Aeronáutica Civil
que gozan de régimen especial, deberá tenerse en cuenta el 75% del promedio
mensual de las asignaciones devengadas en los últimos diez años de servicio
y no del último año como lo establece el artículo 6 del Decreto 1372 de 1966.
[…]
Conforme a lo anterior, se tiene que el señor SÁNCHEZ LORA, al ser
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 7 del Decreto 1835
de 1994, fue pensionado a los veinte años de servicio sin tener en cuenta la
edad.
En relación con la cuantía de la pensión, como bien se determinó en el marco
normativo de esta providencia, el Decreto 1372 de 1966, señaló el porcentaje
de la liquidación de la prestación esto es, el 75% del promedio mensual […],
pero no discriminó los factores salariales que la componen, por lo que debe
entonces atenderse a lo dispuesto en la ley 5 de 1969, como en reiteradas
ocasiones lo ha dicho el Consejo de Estado[…]»
Con base en lo anterior, el mencionado despacho judicial accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en los siguientes términos:
«PRIMERO: DECLÁRESE LA NULIDAD PARCIAL de la Resolución No. 58794
del 21 de noviembre de 2007, mediante la cual se negó la reliquidación de una
pensión de vejez únicamente en cuanto no se incluyó en la liquidación de la
pensión del señor JOSÉ ARNULFO SÁNCHEZ LORA todos los factores
salariales devengados durante los diez últimos años de servicio.
SEGUNDO: ORDÉNESE a título de restablecimiento del derecho, a la entidad
demandada, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, reliquidar y pagar en
favor del señor JOSÉ ARNULFO SÁNCHEZ LORA, la pensión de vejez
incluyendo como factores salariales los devengados en los últimos 10 años de
servicios esto es: sueldo básico, sueldo de vacaciones, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados, bonificación semestral, prima de navidad,
recargo nocturno ordinario, recargo nocturno dominical, horas extras diurnas
ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, jornada ordinaria dominical,
compensatorio dominical, hora extra diurna dominical, hora extra nocturna
dominical y la prima de productividad debidamente actualizadas.
TERCERO: No se ordena la inclusión de la bonificación especial por recreación,
por cuanto el legislador señaló expresamente en el artículo 14 del Decreto 1374
de 2010 que dicho emolumento no constituía factor salarial, conforme se indicó
en la parte motiva.»
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El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema Oral,
mediante sentencia del 10 de diciembre de 2018, adicionó la providencia del Juzgado
Administrativo para declarar la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al
19 de agosto de 2011, revocó el numeral noveno de la sentencia apelada que condenó
en costas a la demandada y confirmó en lo demás la decisión del a quo. Para el efecto,
concretó su pronunciamiento así: «Examinado el marco de competencia para la segunda
instancia, el cual está delimitado por los argumentos expuestos en el recurso, procede la Sala
a resolver si (sic) el presente asunto se configura la prescripción trienal y si la condena en
costas se encuentra ajustada a derecho». En consecuencia, no se ocupó de estudiar
nuevamente lo relativo al régimen pensional del allí demandante.
Análisis de la Subsección
En la demanda de revisión no se debate que el demandado es beneficiario del régimen
de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para su entrada en vigor, el
1.° de abril de 1994, tenía una edad superior a los 40 años. Tampoco discute que el
régimen anterior aplicable es el contenido en la Ley 7 de 1961, que le permitía al
servidor acceder a la pensión al cumplir 20 años de servicio, sin atención a la edad.
La UGPP presenta su inconformidad respecto de la orden de incluir la totalidad de los
factores devengados en el período tomado en cuenta para definir el IBL,
concretamente del sueldo de vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de navidad
y la prima de productividad. Asegura que el señor José Arnulfo Sánchez Lora no
cumplió con el requisito de las 500 semanas de cotización que impone el Decreto 2090
de 2003 para ser beneficiario del régimen de transición especial contenido en el
artículo 6 ejusdem.
En primer lugar, se advierte que si bien en la demanda de revisión, la UGPP sugiere
que el ingreso base de liquidación no debe definirse según las normas anteriores
aplicables, es decir, el último año de servicio, según el artículo 6 del Decreto 1372 de
1966, sino con los últimos diez años, de acuerdo con la Ley 100 de 1993, lo cierto es
que, en el asunto bajo examen, este último fue el tiempo que el juez de primera
instancia consideró que se debía atender. Es así, toda vez que atendió la posición
definida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015, que sostiene que
el régimen de transición permite que a sus beneficiarios se les exijan las condiciones
de edad, tiempo de servicio o cotizaciones y tasa de reemplazo de la normativa
anterior, mientras que el IBL será el dispuesto por el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, por ende, tuvo en cuenta los últimos 10 años para el cálculo del IBL.
Es decir que, por este aspecto no se configura la causal b) de revisión, pues la norma
cuya aplicación reclama, fue precisamente la que se en el caso particular.
En segundo lugar, se advierte que, el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del
Circuito de Medellín, el 22 de mayo de 2017 declaró la nulidad parcial del acto
demandado «únicamente en cuanto no se incluyó en la liquidación de la pensión del señor
JOSÉ ARNULFO SÁNCHEZ LORA todos los factores salariales devengados durante los diez
últimos años de servicio». Ordenó la inclusión de todos los factores devengados por el
demandante, según la Ley 5 de 1969, es decir, a la asignación entendida como el
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promedio de lo devengado como retribución de servicios, en atención a que el Decreto
1372 de 1966 no discriminó los factores que componen la base de liquidación.
Posteriormente, en la sentencia del 10 de diciembre de 2018, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral se contrajo a
estudiar el argumento expuesto en el recurso de apelación por la UGPP. Es decir,
limitó el problema jurídico a la forma en la que opera el fenómeno prescriptivo de
mesadas pensionales y lo relativo a la condena en costas impuesta en primera
instancia. Entonces, el ad quem circunscribió su competencia a los cuestionamientos
presentados por el apelante, según lo impone el artículo 328 del Código General del
Proceso, en cuanto prevé: «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.[…]».
De acuerdo con lo anterior, la inclusión de los factores en la base de liquidación
pensional no fue materia de estudio por parte de la sentencia de segunda instancia.
En consecuencia, no puede inferirse que la causal b) de revisión se estructure en ella,
pues a pesar de ser posterior a la sentencia del 28 de agosto de 2018, la liquidación
de la prestación ordenada no se encontraba dentro del ámbito de su competencia.
Ahora, en cuanto a la valoración efectuada por el juez de primera instancia, en la
sentencia de 22 de mayo de 2017 y, particularmente, en torno a la exigencia de las
500 semanas de cotización especial para ser beneficiario del régimen de transición
del Decreto 2090 de 2003, es importante hacer algunas precisiones.
Al respecto, se pone de presente que tal exigencia fue declarada condicionalmente
exequible en la sentencia C-663 de 2017, en el sentido de señalar que « se podrán
acreditar las semanas de cotización efectuadas en cualquier actividad que hubiere sido
calificada jurídicamente como de alto riesgo». Ello conlleva a que el ahora demandado
debía demostrar que laboró por ese tiempo en una actividad jurídicamente calificada
como de alto riesgo.
Así las cosas, dado que el señor José Arnulfo Sánchez Lora se desempeñó al servicio
de la Aeronáutica Civil como técnico en electrónica grado 10, técnico en electrónica
grado 12, técnico aeronáutico III 22-18 y técnico aeronáutico IV grado 21, sin que obre
certificación alguna en la que se informe que cumplió funciones de controlador de
tránsito aéreo o de radio operador, que fueron las funciones calificadas como de alto
riesgo por el Decreto 1835 de 1994 es razonable concluir que, en efecto, no cumplió
con este requisito.
Sin embargo, se resalta que el señor Sánchez Lora era beneficiario del régimen de
transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ello por cuanto, para el 1
de abril de 1994, tenía la edad de 42 años, dado que nació el 9 de julio de 1952.
Ciertamente, sobre la norma en mención la Corte Constitucional en la misma
sentencia C-663 de 2007 destacó que los derechos que emanan de esta disposición
son plenamente exigibles por quienes se encuentren amparados por aquella44. En
44 La sentencia C-663 de 2002 expresamente indicó: «[…]en el caso de los trabajadores de alto riesgo
que por sus circunstancias particulares estuvieren amparados por el régimen de transición de la Ley
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otras palabras, el hecho de estar inmerso en la transición de la Ley 100 de 1993 le
concedía la posibilidad de pensionarse al amparo de la normativa anterior a esta.
Ahora, comoquiera que no se discute que la norma anterior aplicable al pensionado
es la Ley 7 de 1961, en cuanto a los requisitos para acceder a la prestación, sino
únicamente lo relacionado con la liquidación de aquella, en cuanto a los factores que
se ordenaron incluir, es del caso precisar que, para la fecha en la que el a quo dictó
su sentencia, esto es, el 22 de mayo de 2017, la tesis imperante en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo era aquella que sostenía que era viable incluir todos los
emolumentos salariales que devengaba el servidor como retribución de su servicio.
En efecto, el juez de primera instancia sustentó su interpretación en la posición
adoptada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de las sentencias
del 25 de febrero de 201645 y del 15 de diciembre de 201646, las cuales mantuvieron
el criterio adoptado desde la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, para la
liquidación de la pensión debían incluirse todas las sumas que devengara el trabajador
de manera habitual y periódica como retribución por su servicio, de manera que se
distanciaban de la interpretación taxativa de las disposiciones que relacionaban los
factores salariales que se debían computar.
Así las cosas, el juez de primera instancia en el ejercicio de su independencia y
autonomía judicial valoró las pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y
explicó las razones que lo llevaron a acoger la tesis del máximo tribunal de lo
contencioso administrativo, en cuanto a los factores que integran el IBL. De ahí que
ordenó incluir los siguientes: sueldo básico, sueldo de vacaciones, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación semestral, prima de
navidad, recargo nocturno ordinario, recargo nocturno dominical, horas extras diurnas
ordinarias, horas extras nocturnas ordinarias, jornada ordinaria dominical,
compensatorio dominical, hora extra diurna dominical, hora extra nocturna dominical y
la prima de productividad debidamente actualizadas, certificados por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil47. En ese sentido, no puede admitirse
que su decisión haya sido caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario,
se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente
vinculante.
Por último, en relación con la aplicación de las reglas jurisprudenciales que se fijaron
en la sentencia de unificación definidas por la Sala Plena de esta Corporación, de 28
de agosto de 2018, se advierte que la misma providencia señaló que aquellas se
aplican a todos los casos pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en
sede judicial, a través de acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen los asuntos
100 de 1993, es claro que el artículo 36 de esa ley es una disposición jurídica vigente, exigible
plenamente por quien se encuentre cobijado por ella[…]».
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de febrero de 2016, radicación:
25000234200020130154101. De esta última providencia, destacó que la consideración de que el
monto de las pensiones del régimen de transición pensional el sector oficial comprende no solo el
porcentaje sino también la base.
46 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2006, radicación:
110010315000201601334 01(AC). De esta providencia destacó que el presente contenido en la
sentencia SU-230 de 2015 es de obligatorio cumplimiento para todo órgano judicial y estatal.
47 Ff. 86 y 87 del cuaderno principal.
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pendientes de resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio
de la seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.
Por lo tanto, en el caso de los recursos extraordinarios y acciones de revisión, estos
deben analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que
se profirió la sentencia que contiene la decisión sometida a revisión, precisamente, por
los efectos de la nueva tesis jurisprudencial.
En ese orden, no se configura la causal de revisión b) alegada, en el caso objeto de
estudio.
Conclusión: No se configura la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que la sentencia del 10 de diciembre de 2018,
emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, Sistema
Oral en segunda instancia no analizó lo relativo los factores que integran el ingreso
base de liquidación de la pensión del señor José Arnulfo Sánchez Lora, pues ello no
fue objeto del recurso de apelación. Por su parte, la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el 22
de mayo de 2017, se profirió de acuerdo con la tesis jurisprudencial vigente para la
época en el Consejo de Estado.
Decisión
Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se declarará
infundada la acción de revisión contra la sentencia del 10 de diciembre de 2018,
emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, por
medio de la cual adicionó en cuanto a la prescripción trienal de mesadas pensionales
y confirmó la decisión del adicionó la providencia del Juzgado Veintinueve
Administrativo Oral del Circuito de Medellín, el 22 de mayo de 2017.
Condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público», en esas condiciones,
teniendo en cuenta que esta Corporación48 ha considerado que el ejercicio del
mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, constituye
una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar
el detrimento del Tesoro Público y un mecanismo de defensa de los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el
servicio público esencial de seguridad social, además de una garantía del principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional; la Sala considera improcedente la
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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condena en costas en el caso analizado, a lo que se agrega que no se probó su
causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, UGPP,
contra el señor José Arnulfo Sánchez Lora, por la causal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, con el fin de que se revise la sentencia proferida el 10 de diciembre de
2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
05001333302920140188800.
Segundo: Sin condena en costas.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema SAMAI y archívese el
expediente de la acción de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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