Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00414-00
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00414-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00414-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00414-00 (1006-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandada: Ruth Elena Jiménez González
Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causales de revisión previstas
en los literal a) y b). Ingreso base de liquidación en el régimen de
transición pensional de los servidores de la Rama Judicial y del
Ministerio Público. Decreto 546 de 1971. Procedencia del ajuste
pensional por topes pensionales. DECLARA FUNDADA
PARCIALMENTE.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP) contra la sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C1, para lo cual invocó
las causales contenidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
que permiten la revisión de providencias judiciales ejecutoriadas «cuando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) mediante
Resolución 00192 de 19 de enero de 2009 reconoció y ordenó pagar a la señora
Ruth Elena Jiménez González la pensión de vejez, conforme con el Decreto 546 de
1971, efectuando la liquidación sobre el 75% de lo devengado entre el 5 de febrero
de 1997 y 22 de febrero de 2007, en cuantía de $8.362.375, efectiva a partir del 23
de febrero de 2007, condicionada al retiro definitivo del servicio.
Que CAJANAL cumpliendo un fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Laboral
de Bogotá el 6 de marzo de 2009, reliquidó la pensión de vejez con el 75% de la
1 Decisión que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de
Barranquilla del 22 de octubre de 2013, la cual que negó las pretensiones de la demanda dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Ruth Elena Jiménez González.
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asignación mensual más elevada que hubiera devengado en el último año de
servicio, elevando la cuantía a $12.422.500, efectiva a partir del 1.° de mayo de
2009 y por el término de 4 meses siempre y cuando se aportara constancia de iniciar
la acción pertinente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Que la señora Ruth Elena Jiménez González, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó una demanda contra CAJANAL, con el fin
de obtener la nulidad parcial de la Resolución 05046 del 10 de junio de 2010 y como
consecuencia de ello se condenara a reliquidar las mesadas pensionales sin dar
aplicación al Decreto 510 de 2010 que limita la cuantía a 25 SMLMV.
Que el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Barranquilla, el 22 de
octubre de 2013 profirió sentencia de primera instancia a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue revocada en segunda instancia por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C mediante sentencia del 17 de
mayo de 2017.
Que la UGPP dio cumplimiento a la sentencia mediante la Resolución 012188 del
10 de abril de 2019, reliquidando la pensión en cuantía que ascendía de
$14.930.329, efectiva a partir del 16 de agosto de 2011 y ajustando las mesadas
desde el 1.° de julio de 2013 a los 25 SMLMV por aplicación del reajuste automático
fijado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-258 de 2013.
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
En la sentencia del 17 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, revocó la decisión de primera instancia y declaró la nulidad de la
Resolución 005046 del 10 de junio de 2010. En consecuencia, ordenó a CAJANAL,
hoy UGPP, reliquidar la pensión de la señora Ruth Elena Jiménez González con el
75% de la asignación salarial más alta percibida en el último año de servicios,
considerando todas las sumas que habitualmente se recibieron por remuneración
del servicio, sin aplicar la restricción del tope de 25 SMLMV, desde agosto de 2010
hasta agosto de 2011, fecha en que se concretó su retiro de la Rama Judicial.
Para arribar a dicha conclusión desarrolló los siguientes argumentos:
Que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se encuentran sujetos a un
régimen especial de pensiones contemplado en el Decreto 546 de 1971, cuyo
artículo 6 establece que, al cumplir 55 años en el caso de los hombres o 50 en el de
las mujeres, y con 20 años de servicios continuos o discontinuos, de los cuales al
menos 10 deben ser exclusivos a la Rama Judicial o al Ministerio Público, tienen
derecho a una pensión vitalicia equivalente al 75% de la asignación mensual más
alta percibida en el último año de servicio.
Que en reiterados pronunciamientos jurisprudenciales se ha expresado que el
concepto asignación o salario para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial
a quienes los cobijan las previsiones del Decreto Ley 546 de 1971, lo constituyen
los factores consignados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978.
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Que aunque el mencionado decreto señala algunos factores de salario además de
la asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, debe considerarse que
constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente
recibe el funcionario o empleado como retribución de sus servicios.
Que no era posible aplicar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, como pretendía la entidad, pues hacerlo desvirtuaría la especialidad
del régimen previsto en el Decreto 546 de 1971. Desestimó la solicitud de la parte
actora para incluir el 100% de la bonificación por servicios como factor salarial,
estableciendo que esta debe considerarse en 1/12 parte, al ser una prestación
reconocida y pagada anualmente.
Que no había lugar a incluir el quinquenio, pues este solo puede incluirse en la
liquidación pensional si fue causado durante el último semestre laborado y al no
encontrarse en el expediente evidencia documental que confirmara su existencia en
2011.
Que el Consejo de Estado dejó claro que los funcionarios de la Rama Judicial que
hayan obtenido su pensión antes de la expedición de la Ley 4 de 1992 sí están
sujetos al tope máximo para las mesadas de 25 SMLMV, siempre y cuando estas
se causen después del 31 de julio de 2025. Que como el derecho pensional se
causó el 20 de marzo de 2007, antes del límite establecido por el Acto Legislativo
de 2005, no había lugar a que la mesada estuviera sujeta a las restricciones
establecidas en la Sentencia C-258 de 2013.
Que el Consejo de Estado, reiteró que la Corte Constitucional carece de facultades
para limitar las pensiones a un máximo de 25 SMLMV en procesos relacionados
con este régimen especial.
Que no procedía la condena en costas, dado que la actora no actuó de mala fe ni
incurrió en conductas temerarias o dilatorias, considerando que su actuar procesal
fue legítimo y acorde con el ejercicio del derecho.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
La UGPP, en ejercicio del mecanismo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, presentó acción de revisión al considerar que la sentencia está incursa en las
causales a) y b) del artículo 20 de la citada legislación.
Solicita que se revoque la sentencia y en su lugar, se ordene la reliquidación y pago
de la mesada pensional adoptando como ingreso base de liquidación (IBL) las
directrices fijadas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según el caso, así
como los factores base de cotización taxativamente determinados en el Decreto
1158 de 1994 y con una tasa de reemplazo del 75% prevista en el Decreto 546 de
1971.
Para sustentar la acción, la entidad presentó los siguientes argumentos:
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Que la decisión de reliquidar la pensión de vejez aplicando el 75% de la asignación
básica más alta del último año, junto con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en ese lapso, desconoce el precedente judicial establecido por la Corte
Constitucional con respecto a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de
19932.
Este precedente establece que el ingreso base de liquidación no forma parte de los
elementos de transición y constituye un punto de interpretación de cumplimiento
obligatorio, por lo que cualquier desviación de esta interpretación constituye una
violación al debido proceso.
Que la causante demostró, de manera judicial, que era beneficiaria del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber acumulado
más de 15 años de servicio y contar con más de 40 años en la fecha de entrada en
vigencia de la Ley, pero los jueces de conocimiento se apartaron de los establecido
en la normativa y en la jurisprudencial al realizar la reliquidación de la prestación
conforme a una interpretación errada.
Que, de no acogerse la anterior causal, procede la revisión por la causal b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 ya que la liquidación ordenada excede lo
establecido por ley, en tanto la señora Ruth Elena Jiménez González, beneficiaria
del régimen de transición según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho
al reconocimiento de su pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicio y
monto definidas por el Decreto 546 de 1971. Sin embargo, el IBL está regulado en
el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que especifica que debe ser
el promedio de lo devengado en los últimos diez años, o el tiempo que le falte para
adquirir el derecho. Una apreciación diferente a esta estaría basada en una norma
inexistente.
Que la causante no adquirió su derecho pensional antes del 1.° de abril de 1994,
fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, sino
posteriormente. Por lo tanto, los jueces de conocimiento pasaron por alto que las
reglas del ingreso base de liquidación no forman parte del régimen anterior, sino de
las disposiciones expresamente señaladas en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, establecidas por el legislador.
Que los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no son contradictorios,
sino complementarios, ya que el inciso tercero aclara y amplía el concepto de IBL
como un factor distinto al monto pensional mencionado en el inciso segundo. Este
último se limita a la tasa de reemplazo, que sigue rigiendo bajo las disposiciones del
régimen anterior, mientras que el IBL se asigna conforme a las reglas de la Ley 100
de 1993.
Que el régimen de transición no conservó íntegramente la normativa pensional
previa sobre la causación del derecho, limitándose a mantener los requisitos de
edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y monto pensional entendido como
tasa de reemplazo. Sin embargo, extraer el IBL de la normativa derogada para
2 Citó las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 210 de 2017, SU-
395 de 2015, SU 631 de 2017 y T-039 de 2018 y los Autos 326 de 2014 y 229 de 2017.
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liquidar pensiones bajo el régimen de transición equivale a revivir una norma sin
respaldo legal, lo cual resulta en una interpretación arbitraria.
Que los emolumentos utilizados para calcular la mesada pensional deben seguir la
lista taxativa de los conceptos considerados como factores salariales en el Decreto
1158 de 1994.
Que el máximo tribunal constitucional ha trazado una línea pacífica y clara acerca
de la forma en la que deben liquidarse las pensiones sometidas al régimen de
transición indicando que se afectan las reglas del artículo 21 y 36 de la Ley 100 de
1993, pero conservando únicamente requisitos de tiempo, monto y edad del régimen
anterior; así es como procede a efectuar una citación in extenso de las sentencias
C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de
2016, Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU- 631 de 2017.
Que en la Sentencia C-258 de 2013, la Corte Constitucional determinó que, desde
el 1.º de julio de 2013, ninguna mesada pensional financiada con recursos públicos
puede superar el tope de 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
(SMLMV), tal como también lo dispone el Acto Legislativo 1 de 2015. Por lo tanto,
cualquier decisión contraria a este límite desconoce una sentencia con fuerza de
cosa juzgada y de obligatorio cumplimiento.
Que la decisión judicial cuestionada impacta negativamente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, ya que la mesada devengada se incrementó en un
240.66%, sin justificación legal o jurisprudencial.
Que teniendo en consideración la edad de la pensionada (63) y las 371.2 mesadas
que deberán pagarse de conformidad con la expectativa de vida, es claro que se
genera un detrimento al erario en tanto la proyección de los pagos futuros
debidamente indexados dan un total de $7.312.225.040.
Que con el reconocimiento pensional que por orden judicial se profirió configura un
abuso palmario del derecho, pues no solo malinterpretó el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, sino porque desconoció precedente obligatorio y vinculante de la Corte
Constitucional.
Contestación a la acción especial de revisión3
La señora Ruth Elena Jiménez González solicitó desestimar los cargos presentados
por la UGPP y mantener íntegramente la pensión reconocida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, con fundamento en los siguientes planteamientos:
Que la decisión del Tribunal se fundamentó en fallos de la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado, que permitían una interpretación favorable del
régimen de transición para la pensión de jubilación.
3 Folios 344 a 357 del cuaderno 2.
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Que la acción de revisión no es una tercera instancia, sino un mecanismo limitado
a verificar el reconocimiento del derecho o la liquidación que vulnere el debido
proceso.
Que en un fallo de la Sección Segunda del Consejo de Estado (Exp. 2018-01884),
se desestimó el cargo de violación al debido proceso porque el demandante, como
en este caso, cuestionaba el IBL reconocido mediante sentencia, así como los
factores tenidos en cuenta, sin hacer manifestación alguna en relación con la
vulneración de los núcleos fundamentales que componen el debido proceso (juez
natural, ser juzgado según las formas propias de cada juicio o procedimiento y a las
garantías de audiencia y defensa).
Que la causal por el presunto exceso en la mesada pensional tampoco se configura,
pues la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional no mantenían
la misma tesis sobre si el IBL forma parte del régimen de transición, estando vigente
en 2017 – fecha de la expedición del fallo – el precedente que lo incluía.
Que, si bien la Corte Constitucional había desarrollado una línea jurisprudencial
diferente, en virtud de la teoría del apartamiento judicial, así como de la autonomía
e independencia judicial, tanto el a quo como el ad quem estaban facultados para
acoger la postura desarrollada por el Consejo de Estado.
Que la sentencia del Tribunal respetó el precedente vigente al momento,
sustentándose en pruebas y normativa aplicable, sin arbitrariedad o contradicción
al derecho.
Que el cambio de postura del Consejo de Estado en 2018 sobre el IBL para los
beneficiarios del régimen de transición protegió la seguridad jurídica de los
beneficiarios, impidiendo catalogar las pensiones reconocidas bajo el precedente
anterior como abusivas o fraudulentas.
Que la UGPP aplicó el límite de 25 SMLMV al pagar la pensión, y nunca se recibió
una suma superior, por lo que no existió abuso del derecho. Además, que, al
desempeñarse como magistrada del Tribunal Superior de Barranquilla desde 10 de
agosto de 2001 y 15 de agosto de 2011, su pensión se ajustó al valor de lo cotizado,
sin que se haya incurrido en los reproches que trae la sentencia SU-427 de 2016.
Que para la fecha de la presentación de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho no existía fallo de la Corte Constitucional sobre la liquidación de pensiones
del régimen de transición, actuándose siempre de buena fe, máxime que, al
ajustarse unilateralmente la pensión en 2019 por la UGPP, no se presentó objeción
alguna.
Concepto del Ministerio Público
La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió concepto.
Se decidirá previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
Debe resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas por
la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación de la
señora Ruth Elena Jiménez González, como beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, con la inclusión del 75% de la asignación mensual más
elevada que devengadas en el último año de servicio y sin tener en cuenta el tope
de los 25 SMLMV, se obtuvo con violación al debido proceso y excedió lo debido
conforme a lo previsto por la Ley.
Para ello, la Sala abordará los siguientes aspectos: i) las generalidades de la acción
especial de revisión, ii) las causales de revisión invocadas; iii) los aspectos
jurisprudenciales y normativos del régimen pensional contenido en el Decreto 546
de 1971 y de las pensiones de jubilación de beneficiarios del régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 y, iv) el tope de las mesadas pensionales y, v) examinará el
caso concreto.
Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones4 formularan la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas o
pensiones de cualquier naturaleza.
Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa
juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para
el recurso extraordinario de revisión, al interior de la jurisdicción contenciosa
administrativa ha sido considerada como un mecanismo especial5 por al menos tres
razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación en quien
está habilitado para ejercer la acción.
En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...)
a las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
5 Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12),
CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: «es claro que las particularidades de la “acción especial de revisión”
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente
en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y
Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite,
pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la
viabilidad financiera del sistema pensional […]».
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que se encuadren en dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer
el recurso se advierte que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos
250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados
en el inciso primero de la norma pueden ejercer la acción.
Luego, la intención para la que fue creada la norma fue contrarrestar los graves
casos de corrupción e impactos fiscales en el erario por los reconocimientos
pensionales, salvaguardando el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además
de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia
y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira7 y no la de reabrir un nuevo debate probatorio.
Causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003
La UGPP invocó como sustento de la acción de revisión las causales previstas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, las cuales disponen:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.».
Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de las causales
especiales aludidas.
En lo que respecta a la causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003, debe resaltarse que la Constitución Política en su artículo 29, prevé el
debido proceso como un derecho fundamental, encaminado a garantizar a la
persona el respeto de las formas propias de cada juicio en todas y cada una de las
actuaciones administrativas o judiciales en las que se vea vinculada o haga parte,
con el propósito último de lograr la aplicación correcta de la justicia.
Sobre el particular, tanto el Consejo de Estado8 como la Corte Constitucional9 son
concordantes en el sentido de establecer que el derecho fundamental previsto en el
artículo 29 ídem, comprende al menos tres elementos:
«i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es, conforme con
las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público
y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el
derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
6 Ibidem.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 1° de agosto de 2017. Exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00 (REV). C.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión.
Sentencia del 5 de febrero de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-01884-00 (REV). MP: Alberto Yepes Barreiro,
9 Corte Constitucional, Sentencias T-115 de 2018 y T-010 de 2017. M.P. M.P. Alberto Rojas Ríos
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Acerca de la segunda causal, relativa a la liquidación de la pensión sobre una
cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto de la Ley 797
de 2003, obedeció precisamente a la necesidad «[…] de construir esquemas
sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos
para todos los ciudadanos […]»10. De igual manera, se advierte que se manifestó
en dicha ocasión por parte del Gobierno Nacional y se estudió por parte del
Congreso de la República la conveniencia de establecer un mecanismo para revisar
las pensiones irregularmente otorgadas o por montos que no establece la ley, con
el fin de «[…] afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación. […]»
Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem está dirigido a reducir el déficit
fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
Régimen pensional contenido en el Decreto 546 de 1971
El Decreto 546 de 1971, que trata de manera particular el Sistema de Seguridad y
Protección Social para los servidores de la Rama Judicial y del Ministerio Público,
detalla en su artículo 6 los criterios necesarios para acceder a la pensión de
jubilación, al establecer que:
«Artículo 6º. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto,
tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son
mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o
posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido
exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75%
de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año
de servicio en las actividades citadas.»
Por otro lado, el artículo 12 del Decreto Ley 717 del 20 de abril de 1978 11,
modificado por el Decreto 911 del 17 de mayo de 197812, amplió la definición de
salario para incluir diversos beneficios adicionales recibidos regularmente como
parte de la remuneración, tales como:
«[…] Son factores de salario:
a) Los gastos de representación.
b) La prima de antigüedad.
c) El auxilio de transporte.
d) La prima de capacitación.
e) La prima ascensional.
f) La prima de servicio.
g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en
desarrollo de comisiones de servicio».
10 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222
11 «Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente
a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones.»
12 «Por el cual se modifican los Decretos-leyes 717 y 718 de 1978, sobre régimen de nomenclatura, clasificación
y remuneración de empleos de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público.»
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En este contexto, las Subsecciones A13 y B14 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en una serie de sentencias emitidas entre el 24 de julio de 2003 y el 27
de octubre de 2011, señalaron de manera unánime que aquellos funcionarios que
cumplen los requisitos para pensionarse según el Decreto 546 de 1971, tienen
derecho a una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual más alta
percibida en el último año de servicio, teniendo en cuenta todos los factores
salariales recibidos durante ese período. En la sentencia de 27 de octubre de
201115, se precisó lo siguiente:
«[…] La especialidad del régimen se traduce en que la pensión se liquida con el
75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de
servicios, siempre y cuando el funcionario cumpla por lo menos diez (10) años de
servicio en las citadas entidades, aspecto que en este proceso no se discute.
En reiterados pronunciamientos la Sala ha expresado que el concepto asignación
o salario para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial a quienes los
cobijan las previsiones del Decreto Ley 546 de 1971, lo constituyen los factores
consignados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en los términos precisados
por el juzgador de primera instancia.
El mencionado decreto señala algunos factores de salario, no obstante, debe
tenerse en cuenta que también consagra una regla general: además de la
asignación mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de
salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el funcionario o
empleado como retribución de sus servicios. […]»16
Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación
La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.
«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años,
es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 2
de marzo de 2010. Exp. 68001-23-15-000-2003-02355-01 (9556-05). C.P. Jaime Moreno García; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de marzo de
2010. Exp. 25000-23-25-000-2005-10472-01 (1054-07). C.P. Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 6 de julio de 2011, Exp. 25000-
23-25-000-2008-00977-01 (1494-10). C.P. Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2011. Exp. 25000-23-25-000-
2007-00849-01 (0145-09). C.P. Alfonso Vargas Rincón
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del
28 de octubre de 2004. Exp. 76001-23-31-000-2001-05461-01 (5884-03). C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de marzo
de 2005. Exp. 25000-23-25-000-1998-02814-01 (1327-03). C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 1 de septiembre
de 2005. Exp. 66001-23-31-000-2002-00328-01 (1244-04). C.P. Tarsicio Cáceres Toro
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de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere
falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente
ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado
en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1)
año para los servidores públicos […]».
Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.
En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en dicha
normativa, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.
Es relevante mencionar que el criterio del Consejo de Estado, establecido en la
sentencia del 4 de agosto de 2010, no se limitaba al régimen general, sino que se
aplicaba también a regímenes especiales como los de la Rama Judicial y el
Ministerio Público, como se desprende de las sentencias proferidas con
posterioridad por la Sección Segunda el 9 de febrero de 201717 y el 2 de marzo de
la misma anualidad18.
Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en principio referida
a los beneficiarios de la Ley 33 de 1985, para lo cual fijó unas reglas y subreglas.
17 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 9 de
febrero de 2019. Exp. 25000-23-42-000-2013-04652-01 (2489-15). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
18 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de
marzo de 2017. Exp. 25001-23-42-000-2013-05374-01 (1363-15). M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985».
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE».
La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones».
Como consecuencia de lo anterior, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en su sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
estableció criterios jurisprudenciales respecto al ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del Decreto 546 de 1971, amparados por el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993. En dicho pronunciamiento, se delinearon las condiciones que
deben cumplir aquellos considerados como beneficiarios del régimen especial de
pensiones para la Rama Judicial o el Ministerio Público, según lo estipulado en los
artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 6 del Decreto 546 de 1971.
En primer lugar, se definió que los funcionarios o empleados de la Rama
Jurisdiccional o del Ministerio Público que son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 tienen derecho a la
pensión de jubilación si cumplen con los siguientes requisitos:
1. Para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 a
nivel nacional, o para el 30 de junio de 1995, cuando empezó a regir a nivel
territorial, deben cumplir con uno de los siguientes criterios:
a. Tener 40 años de edad si son hombres, 35 años de edad si son mujeres; o
b. Contar con 15 años o más de servicios efectivamente cotizados.
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2. Además, deben satisfacer los requisitos establecidos en el régimen de la Rama
Judicial y del Ministerio Público, según lo dispuesto en el artículo 6.º del Decreto
546 de 1971, que incluyen:
c. Alcanzar la edad de 50 años si son mujeres, o 55 años si son hombres.
d. Acumular un periodo de 20 años de servicios, continuos o discontinuos,
anteriores o posteriores a la entrada en vigor del Decreto 546 de 1971 el
16 de julio de 1971.
e. De estos 20 años de servicio, al menos 10 años deben haber sido
dedicados exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Público,
o a ambas actividades.
En segundo lugar, se precisó que las condiciones de edad, tiempo de servicio y tasa
de reemplazo que se deben cumplir para el reconocimiento pensional son las
establecidas por el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.
En tercer lugar, se señaló que el ingreso base de liquidación no forma parte del
régimen de transición pensional, sino que está determinado por los artículos 21 y
36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Al tenor literal de la regla
jurisprudencial:
«[…] e) el ingreso base de liquidación de que tratan los artículos 21 y 36,
inciso 3.°, de la Ley 100 de 1993, según el caso, es decir, si le faltare más de
10 años, será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado
el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión
actualizados anualmente con base en la IPC certificado por el DANE, si faltare
menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de
liquidación será: (i) El promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) El cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior
actualizado anualmente con base en IPC certificado por el DANE; […]»
En cuarto lugar, la sentencia también abordó los factores salariales que deben
considerarse en el ingreso base de liquidación indicando que además de los
establecidos por el Decreto 1158 de 1994 para los servidores públicos en general,
otros emolumentos posteriores que tienen relevancia para los empleados y
funcionarios de la Rama Judicial. Para esto, enfatizó que estos últimos factores
deben estar respaldados por los actos de creación de las prestaciones económicas
correspondientes y que los aportes pertinentes hayan sido realizados para que sean
considerados como parte del ingreso base de cotización. La regla se formuló de la
siguiente manera:
«[…] con los factores de liquidación contemplados por el artículo 1.° del
Decreto 1158 de 1994 al igual que por los artículos 14 de la Ley 4ª. de 1992
con la modificación de la Ley 332 de 1996; 1.° del Decreto 610 de 1998; 1.° del
Decreto 1102 de 2012; 1.° del Decreto 2460 de 2006; 1.° del Decreto 3900 de
2008; y 1.° del Decreto 383 de 2013, según se trate de magistrados o
empleados de la Rama Judicial o del Ministerio Público, siempre que respecto
de ellos se hubieren realizado las cotizaciones respectivas. […]»
En relación con este último punto, se aclaró que ciertas prestaciones como las
primas de vacaciones, de servicios y de navidad no deben ser consideradas en la
liquidación de la pensión, ya que no constituyen factor salarial.
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Por último, la sentencia aclaró que sus efectos serían retrospectivos, aplicándose a
asuntos similares que «[...] actualmente se están tramitando en la administración y
[...] en procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado», pero no afectaría aquellos casos en los que
ya existe sentencia ejecutoriada, los cuales estarían protegidos por la cosa juzgada.
Sobre el tope de las mesadas pensionales
El artículo 2 de la Ley 4.ª de 1976 dispuso que las pensiones de jubilación, invalidez,
vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus
órdenes en el sector privado, «no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo salario».
Posteriormente, el artículo 2 de la Ley 71 de 1988 preceptuó que ninguna pensión
podría exceder de 15 veces el SMLMV. A su vez, el artículo 18 de la Ley 100 de
1993 limitó la base de cotización a 20 SMLVM.
Con la Ley 797 de 2003 se modificó el inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de
1993, en el sentido de que el límite de la base de cotización sería de 25 SMLMV
para trabajadores del sector público y privado y, a través del Acto legislativo 01 de
2005, se elevó a rango constitucional el límite para el reconocimiento pensional.
La Corte Constitucional precisó, en cuanto a los regímenes especiales, que también
les son aplicables las normas generales que fijan los topes pensionales, siempre y
cuando establezcan un límite superior al previsto por la normativa especial.19
Uno de los sistemas especiales anteriores a la Ley 100 de 1993 es el establecido
para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y el Ministerio Público,
contenido en el Decreto 546 de 1971, pero en esa normativa no se fijó límite máximo
de los montos de las pensiones.
No obstante lo anterior, tal omisión no habilita sustraerse de aplicar los topes
pensionales, toda vez que como de manera puntual lo sostuvo la Corte
Constitucional en los fallos C-258 de 2013 y T-360 de 2018, estos son un límite
existente desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005 y que su
incorporación en el texto superior mediante su artículo 48 busca establecer los topes
«para todas las mesadas pensionales con cargo a los recursos de naturaleza
pública», con el fin último de limitar y reducir los subsidios que el Estado destina a
la financiación de las pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los
regímenes pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100 de
1993.
De manera que «deviene desproporcionado y contrario a los principios
constitucionales del Estado Social de Derecho y a los que inspiran el sistema
19 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 1997. M.P. Jorge Arango Mejía.
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general de pensiones, la interpretación conforme a la cual las mesadas de quienes
se encuentran en transición no están sujetas a tope».20
Adicionalmente, en la Sentencia C-258 de 2013, en la cual se analizó la
exequibilidad del artículo 4 de 1992, que estableció el régimen especial para los
congresistas y demás cargos homologados a estos, reivindicando el mandato
constitucional previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005 señaló que en ausencia de
norma expresa para los regímenes especiales, rige la del Sistema General de
Pensiones, conforme a la cual las pensiones sí están sujetas a un límite, y ese tope
es 25 SMLMV:
«En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico de los
regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de 1997 y C-155
de 1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de que las normas
especiales de tales regímenes no dispusieran un límite cuantitativo para las
mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las reglas generales,
específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que la modifican en lo
pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el ordenamiento la
regla de la ausencia de topes en el régimen de pensiones materia de análisis.
Hacerlo, como en el caso de los anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría
el principio de igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios
públicos excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición
de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla general
pertenecen a un sector privilegiado de la población; y (ii) avalaría la continuidad
de un sacrificio desproporcionado de los principios y finalidades de la seguridad
social».
En efecto, dicha Corporación determinó que, si bien es posible acceder a una
pensión mediante un régimen especial, ello resulta constitucional siempre y cuando
las diferencias que surjan de su aplicación no sean manifiestamente
desproporcionadas y carentes de correspondencia entre lo cotizado y el monto del
respectivo derecho.
Adicionalmente, esta Subsección frente a la limitación del monto de las pensiones
indicó21:
«Ahora bien, como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial, con la
modificación del artículo 48 de la Constitución Política por el Acto Legislativo 01
de 2005 se buscó imponer topes para todas las mesadas pensionales que se
pagan con cargo a recursos de naturaleza pública con el propósito de proteger
la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones limitando los
subsidios y por ello, la Corte Constitucional ordenó como efecto inmediato de la
sentencia C-258 de 2013 ajustar de manera automática al tope de 25 SMMLV
las mesadas pensionales que se cancelan con recursos públicos».
Finalmente, la Sentencia SU-210 de 201722 sostuvo que el límite del monto de las
pensiones a los 25 SMLMV aplica para el sistema general de pensiones, incluyendo
20 Corte Constitucional. Sentencia T-360 de 2018, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de junio de 2023. Exp 25000-23-42-
000-2016-05606-01 (3281-2020). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
22 Mediante la cual revocó las sentencias de tutela de primera y segunda instancia proferidas por las Secciones
Cuarta y Quinta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y en su lugar, concedió el
amparo del derecho fundamental al debido proceso, invocado por la Fundación Externado de Colombia en
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específicamente el régimen especial de magistrados, muchos de ellos pensionados
conforme al Decreto 546 de 1971. Se indicó en la referida decisión:
«Además, como se señaló en la Sentencia C-258 de 2013, la fijación de límites
a los subsidios que el Estado destina al pago de las más altas pensiones por
medio del establecimiento de topes, es un asunto previsto desde antes de la
expedición del mismo Acto Legislativo 01 de 2005, e incluso con anterioridad a
la promulgación de la Ley 100 de 1993. Así por ejemplo, la Ley 4ª de 1976
(pensiones del ISS original), establecía un valor máximo de 22 salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Posteriormente, la Ley 71 de 1988 (pensión por
aportes) disminuyó el tope a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes,
y finalmente, la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su artículo 18, a 20 salarios
mínimos mensuales legales vigentes para los afiliados al régimen de prima
media».
Según lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.
Caso concreto
El reproche de la UGPP se centra en dos aspectos principales. Por un lado,
cuestiona el período de liquidación y los factores considerados para el
reconocimiento pensional, argumentando que el Tribunal debió ajustarse al artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y al cómputo de los factores enlistados en el Decreto 1158
de 1994. Por otro lado, critica la inaplicación de los topes a las mesadas pensionales
establecidos en la Sentencia C-258 de 2013.
Atendiendo a las causales planteadas por la recurrente, la Sala evaluará, en primer
lugar, si el cargo relativo al reconocimiento de la prestación periódica reliquidada
con violación al debido proceso está debidamente fundamentado. De ser así, se
procederá al análisis de fondo, y en caso contrario, se analizará si la segunda
causal, relativa al reconocimiento excesivo de la pensión, tiene fundamento para
prosperar, determinando si corresponde ordenar la reducción de su monto según lo
solicitado en la acción.
Se advierte que la entidad accionante únicamente sustenta la vulneración al debido
proceso en la errónea interpretación que efectuó el juez de conocimiento en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la normativa 23 y la
jurisprudencia vigente24; situación que, a su juicio, genera un detrimento en los
recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones que la Nación debe administrar.
contra de esta sección del Consejo de Estado debido a que entre otros aspectos, no podía ordenar como lo hizo
en la parte resolutiva de la Sentencia de 21 de agosto de 2014, que «[l]os parámetros establecidos por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258-13 no son aplicables en este caso, así como tampoco el tope de 25
salarios mínimos de las mesadas pensionales (…)», pues sobre dicho aspecto había cosa juzgada
constitucional.
23 Artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política; 1 de la Ley 33 de 1985; la Ley 100
de 1993; el Decreto 1158 de 1994 y el Acto Legislativo 01 de 2005.
24 Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, emitidas por la Corte
Constitucional y la sentencia de unificación de agosto 28 de 2018, emitida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
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En ese sentido, de lo planteado por la UGPP puede inferirse que no se soporta con
suficiencia ni se traen en el recurso elementos sólidos que den cuenta de que el
juzgador de primera instancia incurrió en una equivocación que conlleve la presunta
afectación de las garantías al debido proceso. Tampoco se alega circunstancia
alguna que involucre la trasgresión al derecho fundamental de defensa — el cual se
encuentra atado con los principios de celeridad, transparencia e imparcialidad — en
la decisión ni se pone en evidencia irregularidad alguna en las etapas procesales
surtidas en el proceso objeto de discusión, por lo que, no están dados los
presupuestos para el estudio de la acción de revisión bajo la causal a) de la Ley 797
de 2003.
Por tal motivo, no se continuará estudiando el reproche establecido en el escrito del
recurso respecto de la causal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se
proseguirá a efectuar las consideraciones pertinentes sobre el cargo restante.
Para el análisis de la causal invocada en el literal b) del mencionado artículo,
corresponde al juez determinar si los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por
la entidad recurrente encuadran dentro del contenido en ella dispuesto por el
legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo del asunto.
Para la Sala los planteamientos enunciados en la acción se refieren a exponer en
qué consiste la afectación del patrimonio público, siempre que la UGPP establece
la diferencia monetaria y porcentual existente entre el monto sobre el que se
reconoció la prestación periódica y aquel sobre el que debió liquidarse y la
proyección de los pagos que se realizarían de más, según la orden judicial de
conformidad con la expectativa de vida de la pensionada.
Al respecto, señala la entidad recurrente que actualmente desembolsa una mesada
pensional equivalente a $20.329.810 mcte., valor que confrontado con la liquidación
de la mesada que en derecho le correspondería representa un aumento del
240.66% de la pensión; situación que constituye un menoscabo de los recursos
públicos de la seguridad social y que con la proyección de pagos de acuerdo con la
expectativa de vida de la pensionada el valor presente actuarial equivaldría a
$7.312.225.040 mcte25.
Por ello, al haberse expuesto de manera sucinta la presunta afectación al patrimonio
público, la parte demandante puede cuestionar la presunción de veracidad que
cobija la decisión, pues indica de manera precisa y razonada la causal invocada,
situación que habilita a analizar esta corporación a continuar con el estudio del
asunto. De ahí que se examinará, si en el caso concreto, se configura la
consecuencia procesal prevista en el precepto normativo mencionado, esto es, si el
quantum de la pensión desbordó el límite legalmente establecido y si se dio por la
indebida aplicación del precedente jurisprudencial.
En el presente caso, no se cuestiona que la señora Ruth Elena Jiménez González
sea beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. No obstante, la
UGPP enfoca su argumentación en el período de liquidación, los factores utilizados
25 Según lo establecido en el folio 10 de la demanda de revisión.
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para el reconocimiento pensional y la aplicación del límite a la mesada pensional.
Por lo anterior, se procederá al análisis de la causal según los reproches planteados.
De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación y los factores que integran
el ingreso base de liquidación
Según las pruebas que reposan en el expediente, la señora Ruth Elena Jiménez
González fue pensionada por parte de la extinta CAJANAL, hoy UGPP, en
aplicación del Decreto 546 de 1971 y la Ley 797 de 2003. Con ocasión a la decisión
que hoy se revisa, se determinó que la prestación debía liquidarse en un 75 % de la
asignación más alta devengada en el último año de servicio.
Respecto de los factores que se ordenó tener en cuenta en la liquidación de la
pensión de la demandada, se advierte que el Tribunal consideró posible la inclusión
de todas las sumas que habitual y periódicamente recibió como contraprestación
directa por sus servicios, además de los establecidos en el Decreto 717 de 1978.
Con base en las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, para
esta Sala, si bien la reliquidación ordenada en el proceso ordinario incrementó el
valor de la prestación al incluir la totalidad de los factores salariales devengados por
la señora Ruth Elena Jiménez González, dicha situación no configura, por sí sola,
la causal alegada, pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente al momento en
que se profirió el fallo, como se explicará a continuación.
La sentencia objeto de revisión fue proferida el 17 de mayo de 2017 y quedó
ejecutoriada el 29 de junio de ese mismo año26; es decir, en vigencia de la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010 y mucho antes de la sentencia de unificación
del 11 de junio de 2020. Por lo tanto, no es posible concluir que la pensión ordenada
en dicha sentencia representó un abuso del derecho, ya que esto desconocería los
efectos atribuidos por la Sección Segunda de esta Corporación a la sentencia de
unificación de 2020 y vulneraría los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
El Tribunal, aunque no hizo mención explícita del precedente mencionado ni a las
sentencias dictadas en esa línea27 interpretó en el caso concreto que estar bajo el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 implicaba la aplicación de normas
anteriores favorables, como los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978 y la inclusión
de todas las sumas que habitual y periódicamente se percibieran como
remuneración del servicio. De esta manera, terminó adoptando el criterio vigente en
26 De acuerdo la constancia de notificación que reposa en el expediente ordinario, la decisión fue notificada por
edicto que fue fijado el 21 de junio de 2017.
27 En el caso particular de la Rama Judicial entre otras las sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 3 de marzo de 2005. Exp. 25000-
23-25-000-1998-02814-01 (1327-03). C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 1 de septiembre de 2005. Exp.
66001-23-31-000-2002-00328-01 (1244-04). C.P. Tarsicio Cáceres Toro; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 2 de marzo de 2010. Exp. 68001-
23-15-000-2003-02355-01 (9556-05). C.P. Jaime Moreno García; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de marzo de 2010. Exp. 25000-23-25-000-
2005-10472-01 (1054-07). C.P. Alfonso Vargas Rincón, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 6 de julio de 2011, Exp. 25000-23-25-000-2008-
00977-01 (1494-10). C.P. Alfonso Vargas Rincón; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 27 de octubre de 2011. Exp. 25000-23-25-000-2007-00849-01
(0145-09). C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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ese momento, el cual estipulaba que el IBL debía abarcar no solo la asignación
básica, sino también todas las sumas percibidas regularmente por el trabajador en
virtud de su labor.
En consecuencia, y contrario a lo señalado por la parte accionante, el juez de
conocimiento aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo
de Estado, en cumplimiento del precedente vertical y la sujeción al superior
funcional.
En estas condiciones, no se encuentra probada la causal de revisión prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en relación con el reproche planteado.
De los topes máximos a la mesada pensional
Por otra parte, respecto a los topes o límites a la mesada pensional de la hoy
demandada, debe recordarse que el Tribunal Administrativo del Atlántico, revocó la
providencia de primera instancia en este aspecto, con fundamento en que habiendo
consolidado su estatus pensional al amparo del Decreto 546 de 1971, le asiste el
derecho al reconocimiento de la pensión jubilatoria, sin sujeción a las restricciones
establecidas por la Sentencia C-258 de 2013. Además, advirtió que esa decisión
encontraba respaldo en sentencias del Consejo de Estado que, aunque no
referenció de la citación se logra advertir que hacía referencia a la Sentencia de
unificación de 25 de febrero de 2016, exp. 4683-2013.
En este punto, cabe destacar que aunque la sentencia objeto de revisión siguió el
criterio jurisprudencial vigente en su momento —lo que en otras oportunidades ha
sido el criterio que en otros asuntos ha llevado a declarar infundada la acción de
revisión, al considerar que el operador judicial aplicó correctamente la tesis
imperante al momento de la decisión, como pasó con el reproche anterior—, esta
Subsección ha señalado, en casos similares, que es indispensable que el operador
judicial analice en este medio impugnativo si se está frente a una decisión
manifiestamente ilegal que amerite, de manera excepcional, una rectificación.
Veamos:
«[…] ante circunstancias como la descrita, surge en el juzgador la necesidad de
resolver la tensión que se presenta entre el interés particular de quien resulta
beneficiado por una decisión, debidamente sustentada, la prevalencia del
interés general, como principio orientador de la función pública consagrado,
entre otros, en el artículo 1.° constitucional, y lo dispuesto en la Ley 797 de 2003
que contempla la posibilidad de revisar las decisiones judiciales, conciliaciones
o transacciones a través de las cuales se disponga el reconocimiento pensional
en forma irregular o por montos que excedan lo dispuesto en la ley.
A partir de lo anterior, tanto la justicia ordinaria como la de lo contencioso
administrativo han sostenido la tesis de que las decisiones manifiestamente
ilegales no cobran ejecutoria y no atan al juez; en todo caso, la Corte
Constitucional, en relación con la aplicación de esa excepción con miras a la
modificación y/o revocación de la decisión que se considera ilegal, ha señalado
que su aplicación debe limitarse a «criterios eminentemente restrictivos, pues
de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador
jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas constituidas de buena
fe respecto de terceros con fundamento en las providencias judiciales y
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desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio de
preclusión de las etapas procesales».
Siendo así, es necesario que el operador judicial verifique si, en efecto, está
ante una decisión manifiestamente ilegal que amerite rectificación, caso en el
cual esta deberá adoptarse dentro de un término prudencial entre aquella que
se dice ilegal y la que tiene como propósito enmendarla.
En tal sentido, al entender que el legislador fijó unos límites máximos
pensionales con el propósito de reducir los subsidios del Estado a las pensiones
más altas, garantizar que los pensionados de menores ingresos también
tuvieran acceso al pago oportuno de sus prestaciones y el derecho a la igualdad,
la Sala advierte que estas razones impiden concebir un régimen pensional sin
topes en las mesadas y la inspiran a que se realice un análisis de cara al interés
general.
Bajo el escenario expuesto, la Sala considera necesario señalar que la
Sentencia C-258 de 2013 impartió una orden a todas las entidades que
administran el régimen pensional financiado con recursos públicos de reajustar
las mesadas que superaran los 25 SMLMV, el cual debe operar de manera
automática y sin que sea necesario iniciar un proceso de reliquidación, pues se
trata de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento. La orden
adoptada en esta decisión, tuvo como fundamento lo dispuesto en las Leyes 4.ª
de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, por manera que aplica a las
pensiones reconocidas con anterioridad a la expedición de la aludida sentencia
de la Corte Constitucional.
Como se desprende de lo anterior, la normativa general que regía la materia ha
impuesto umbrales a las mesadas pensionales, los cuales son extensivos a
todas aquellas pensiones reconocidas incluso a los beneficiarios de los distintos
regímenes especiales de acuerdo con la transición ordenada por la Ley 100 de
1993. Tal interpretación no solo atiende el sentido real de las disposiciones que
el ordenamiento jurídico consagraba, sino que garantiza el principio de
sostenibilidad presupuestal del sistema pensional28».
Así las cosas, considerando que todas las pensiones reconocidas y por reconocer
deben respetar el tope establecido en las normas previamente citadas, la Sala
concluye que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 17
de mayo de 2017 está parcialmente incursa en la causal de revisión prevista en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues la cuantía del derecho
reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, al ordenar la reliquidación de la
pensión sin atención a ningún tope.
La Subsección señala que, a pesar de que tras la emisión de la orden judicial y en
el marco de su cumplimiento, la UGPP ajustó la mesada pensional al tope de 25
SMLMV, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258
de 2013, a partir del 1.º de julio de 2013, persiste la orden judicial que establece
que, para la reliquidación de la pensión, no debe considerarse ningún tope, lo que
resulta insostenible a la luz del principio de sostenibilidad presupuestal del sistema
pensional y del sentido de las disposiciones que consagra nuestro ordenamiento
jurídico.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 6 de julio de 2023, Exp. 2579-2018. MP.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
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En ese sentido, en vista que la sentencia objeto de revisión no goza de la
inmutabilidad absoluta de la cosa juzgada y, por consiguiente, es susceptible de ser
modificada mediante la presente acción de revisión, conforme a los motivos
expuestos se declarará fundada parcialmente la acción de revisión interpuesta por
la UGPP, y se procederá según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 255
del CPACA.
Sentencia de reemplazo
Resulta imperioso dejar sentado que el marco normativo y jurisprudencial delineado
en las consideraciones previas aplica al análisis del caso particular. De modo que,
el problema jurídico circunscribe a establecer si debe aplicarse el tope de 25
SMLMV sobre las mesadas pensionales de la señora Ruth Elena Jiménez
González.
Ahora bien, la Sala encuentra demostrado a partir de los documentos aducidos al
proceso, que la accionante nació el 26 de julio de 1956 y acreditó haber prestado
sus servicios al Estado, así:
Entidad Periodo Interrupciones
Tribunal Superior del Distrito Judicial 01 de febrero de 1980 al 15
Ninguna
de Santa Marta de julio de 1982
16 de julio de 1982 al 09 de
Procuraduría General de la Nación 105 días
agosto de 2001
Tribunal Superior del Distrito Judicial 10 de agosto de 2001 al 15
18 días
de Barranquilla de agosto de 2011
Conforme a ello, para el 1.° de abril de 1994 ya había superado los 35 años de edad
y acumulaba más de 15 años de servicio. Lo anterior implica que adquirió el estatus
de pensionada el 26 de julio de 2007, cuando cumplió la edad de 50 años.
En tal sentido, CAJANAL le reconoció a la demandante la pensión de jubilación al
amparo del régimen especial previsto por el Decreto 546 de 1971 para los
servidores de la Rama Judicial y el Ministerio Público, la cual fue reliquidada
mediante la Resolución 012188 del 10 de abril de 2019 con la asignación más alta
devengada en el último año de servicio, en cumplimiento a la orden judicial proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Ahora, aunque la demandante consolidó el estatus pensional en 2007, ello no es
razón suficiente para afirmar que la cuantía de su prestación estaba exenta de
límites máximos, toda vez que para ese momento también existían topes
pensionales, pues estos fueron previstos en el ordenamiento desde la Ley 4 de 1976
y se siguieron reiterando en las Leyes 71 de 1988, 100 de 1993 y 797 de 2003, así
como en el Acto Legislativo 1 de 2005.
Ahora, si bien el Decreto 546 de 1971 no determinó un tope pensional, dicha
circunstancia no impide aplicar la normativa general, porque se tiene que con la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y posteriormente la Ley 797 de 2003 se
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extendió la sujeción de mesadas pensionales, incluso de regímenes especiales, a
los topes fijados por el régimen general.
En efecto, las Sentencias C-089 y C-155 de 1997 precisaron que cuando la
normativa especial no establece el límite máximo de las mesadas pensionales, es
posible aplicar las reglas generales previstas para esos efectos, pues de lo contrario
se permitiría que algunos pensionados gozaran de privilegios injustificados.
En igual sentido, esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
«[…] 36. Por cuanto resulta evidente, que la intención de legislador siempre ha
sido la de establecer límites inequívocos a la cuantía de la pensión, y así han
quedado expresamente contenidos en los diversos regímenes pensionales por
lo que la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutelas y de
constitucionalidad, y también en su labor unificadora de la interpretación de los
derechos fundamentales, ha decantado una uniforme jurisprudencia alrededor
de los topes pensionales, estableciendo que están en consonancia con la
Constitución Política por sustentarse en los principios de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, igualdad y de solidaridad, y por ello los
encuentra aplicables a todas las pensiones que se financian con recursos
públicos, aun siendo especiales y sin distinguir que su reconocimiento hubiere
sido por virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
37. Tal como ha sido planteado en las providencias T-892 de 2013, T-320 de
2015, T-360 de 2018, T-073 de 2019, SU 230 de 2015, SU 210 de 2017 y C-
258 de 2013, en donde la ratio decidendi es el tope pensional establecido por
el legislador para limitar la cuantía de la pensión, inclusive para aquellas
personas que la obtuvieron por norma especial aplicable por la transición de la
Ley 100 de 1993»29.
Conforme a las razones anteriores, la sentencia del 17 de mayo de 2017 será
infirmada parcialmente en cuanto dispuso no dar aplicación a los topes
contemplados en el Acto Legislativo 01 de 2005 sobre las mesadas pensionales de
la señora Ruth Elena Jiménez.
Condena en costas
Dado que en este caso la acción especial de revisión prosperó parcialmente, no hay
lugar a imponer condena en costas, en tanto el artículo 365 del Código General del
Proceso dispuso tal consecuencia únicamente respecto de la parte vencida a la que
se le resuelva desfavorablemente el recurso y no respecto de la parte pasiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADA PARCIALMENTE la acción de revisión
interpuesta por la UGPP contra la sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil
diecisiete (2017) proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que revocó la
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 13 de noviembre de 2020. Exp. 25000-
23-42-000-2016-01911-01 (5824-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00414-00 (1006-2020)
sentencia proferida el veintidós (22) de octubre de dos mil trece (2013) por el
Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Barranquilla, por la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. INFIRMAR el siguiente aparte del ordinal segundo de la sentencia del
diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017) proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico: «sin la restricción de tope de mesadas de 25
S.M.L.V.»
Tercero. Mantener en lo demás la sentencia del diecisiete (17) de mayo de dos mil
diecisiete (2017) emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Cuarto. DENEGAR LAS DEMÁS PRETENSIONES de la acción especial de
revisión.
Quinto. Sin condena en costas.
Sexto. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y ARCHÍVESE el expediente de la
acción especial de revisión.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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