Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00561-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00561-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00561-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020) acumulado con
11001-03-25-000-2021-00140-00 (0826-2021)
Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros
Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil1
Tema: Nulidad del Acuerdo CNSC – 2018000007556 del 17 de
diciembre de 2018, por medio del cual se establecieron las
reglas para el proceso de selección 833 del municipio de
Caucasia (Antioquia).
Sentencia de única instancia
Asunto
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide las
demandas de nulidad interpuestas en contra del Acuerdo CNSC – 2018000007556
del 17 de diciembre de 2018, «[p]or el cual se convocan y se establecen reglas del
concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la
Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA, PROCESO DE SELECCIÓN No. 833 de 2018 –
MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (Municipios de 5º y 6º
categoría)”».
I. Antecedentes
1.1. Las demandas
1.1.1. Las pretensiones
1. Miguel Ángel Muñoz Pérez, Oscar William Santana Mazo, María del Carmen
Mendoza Arias, Manuel Salvador Torres Mendoza, Luz Mari Quintero, Alexander
Luis Tus Heredia, Gabriel Antonio Durán Méndez, Eva Samara Correa, Cuello, Rosa
Irene Ríos Arias, Janet Patricia Vélez Morales, Melva Cecilia Avilez Sotomayor,
1 En adelante CNSC.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)
Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros
Olga Amparo Viana Medina, Norcira Noriethna Navarro Landero, Aceneth Montoya
Ochoa, Anderson Bladimir Arrieta Cardozo, Elba Lucía Aristizábal Castaño, José
Isaac Menco Flórez, Félix Antonio Ayala Baldovino, Angélica María Figueroa
Jaraba, Nany Peñate Coronado, Wilmar Jhoan Hernández Villera, Luis Antonio
Meneses Meriño, Luis Eduardo Gutiérrez Álzate, Gilma Esther Hernández Rivera,
William Barbosa Díaz, Temilda Rosa González Bertel, Ernesto José Miranda,
Gerardo Dannis Padilla Barrera, Esteher Posada Arias, Adalberto Urbino Zabaleta,
Lacides Enrique Caly Estrada, Pedro Nolasco Lozano Ruiz, María Magdalena
Jiménez Ochoa [del proceso 1284-2020]; y Leonardo Reyes Contreras [del proceso
0826-2021] en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2
acudieron a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes
actos:
1.1. En ambos procesos, del Acuerdo CNSC – 201800007556 del 17 de diciembre
de 2018 «[p]or el cual se convocan y se establecen reglas del concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de
CAUCASIA – ANTIOQUIA, PROCESO DE SELECCIÓN No. 833 de 2018 –
MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST CONFLICTO (Municipios de 5º y 6º
categoría)”
1.2. En el proceso 1284-2020, de la «Oferta Pública de Carrera Administrativa – OPEC
contenida en el Decreto 1038 de 2018 “[p]or el cual se adiciona el Decreto 1083 de
2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los
requisitos de ingreso, selección, capacitación y estímulos para los empleos de los
municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017”, expedido por el Departamento
Administrativo de la Función Pública».
1.1.2. Normas violadas y concepto de la violación
1.1.2.1. Proceso 11001-03-25-000-2020-00561-00 (1284-2020)
2. Como tales se señalaron los artículos 2, 13, 29, 125 y 209 de la Constitución
Política; 8 del CPACA; 9 de la Ley 1006 de 2006; y 8 de la Ley 1409 de 2010; en su
concepto, porque:
3. El «Departamento Administrativo para la Prosperidad» social desconoció el
principio de publicidad, toda vez que la Resolución 1602 del 1 de julio de 2014 no
se divulgó en el diario oficial, con lo cual se quebrantó el artículo 29 de la
Constitución.
4. El municipio de Caucasia omitió expedir y publicar la resolución en la que
2 En adelante CPACA.
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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros
adoptara el manual de funciones y competencias laborales como principal
instrumento para definir las funciones, los requisitos y el perfil de competencias de
los empleos de la entidad. No se demostró la ocurrencia de una situación
constitutiva de fuerza mayor que le impidiera llevar a cabo dicha actuación.
5. Con lo anterior también se desconocieron las etapas establecidas para acceder
a las vacantes definitivas en los municipios priorizados para el posconflicto, pues
aquellas con enfoque diferencial estaban sujetas a los principios de mérito, libre
concurrencia e igualdad «en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización de los
órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de selección, imparcialidad,
confiabilidad y validez de los instrumentos, eficacia y eficiencia».
6. Igualmente, «de acuerdo con el artículo 65 del CPACA, el Decreto 1038 de 2018 no
era obligatorio y no podía ser tenido en cuenta por la CNSC para la convocatoria del
concurso de méritos».
7. Respecto de las personas con discapacidad física, en la convocatoria no se
plasmaron las reglamentaciones pertinentes para su acceso efectivo, lo cual generó
desigualdad al momento de enfrentar las pruebas de conocimiento dentro de los
términos establecidos para contestar.
8. El acuerdo expedido por la CNSC vulneró los derechos de participación y mérito
al permitir la presentación a un solo cargo. El ciudadano «debería contar con la
posibilidad de poder acceder a varios cargos, ya que como se realiza[ban] funciones casi
idénticas, el participante tendría la opción que con sus pruebas pu[diera] acceder al cargo
en el que mejor se [hubiera] desempeñado. El concurso [debía] garantizar que el ciudadano
[pudiera] escoger varias opciones para concursar».
1.1.2.2. Proceso 11001-03-25-000-2021-00140-00 (0826-2021)
9. Se invocaron los artículos 4 [parágrafo 2] de la Ley 769 de 2002; 20 del Decreto
785 de 2005; y 7 de la Ley 1310 de 2009, normas que se quebrantaron, en su
concepto, porque:
10. La entidad territorial contaba con 7 cargos de agentes de tránsito que estaban
vacantes, razón por la cual fueron ofertados cuando suscribió con la CNSC el
Acuerdo 20181000007556 de 2018, de acuerdo con los requisitos establecidos en
el Decreto 123 de 2019.
11. En dicho acuerdo se tomaron los requisitos previstos en el Decreto 123 de 2019
y estableció unas equivalencias, lo cual desconoció la exigencia legal del título de
técnico profesional [leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009, Decreto 785 de 2005]
avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2006, «así como la
prohibición de establecer equivalencias cuando los requisitos son establecidos por la
Constitución o una Ley especial».
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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros
12. El requisito exigido para el cargo de agente de tránsito se acreditaba con el título
emitido por una entidad de educación superior regulada por la Ley 30 de 1992 [arts.
24 y 25] y, si bien era cierto que la Ley 769 de 2002 se refirió a una formación
técnica, no determinó si debía ser profesional o laboral; sin embargo, en la sentencia
antes referida se determinó que debía pertenecer en carrera administrativa al nivel
técnico.
13. En ese orden, de acuerdo con el Decreto 785 de 2005, dicho cargo del nivel
técnico código 340 exigía para su ingreso la formación académica técnica
profesional y, además, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 7 de
la Ley 1310 de 2009, entre los cuales se encontraba el de «cursar y aprobar el
programa de capacitación (cátedra de formación e intensidad mínima establecida por la
autoridad competente)».
14. Por lo anterior, el legislador planteó unos requisitos previos y posteriores para
ocupar el cargo de agente de tránsito, pues de haber querido que todos fueran
anteriores, se hubiesen conjugado los verbos de manera distinta, esto es «“haber
cursado y aprobado” o “acreditar programa de capacitación”». Entonces, el requisito se
refería a una capacitación que el aspirante debía cursar y aprobar de conformidad
con el pénsum establecido por el Ministerio de Transporte, pero después de ingresar
al cargo de agente de tránsito, pues al momento de la inscripción no se solicitaba
acreditar dicha capacitación.
15. El municipio de Caucasia expidió el Decreto 123 de 2019 que contenía el
manual de funciones de los cargos, entre ellos, el de agente de tránsito que exigía:
(i) en estudios, técnico en agente de tránsito (art. 7 de la Ley 1310 de 2009); y (ii) 6
meses de experiencia relacionada. Como alternativa, 1 año de experiencia y las
equivalencias establecidas en el Decreto 785 de 2005 adoptado por la entidad a
través del Decreto 138 del 29 de julio de 2014.
16. El requisito de estudios como «técnico en agente de tránsito» se derivó del «fatal
error» cometido por el Ministerio de Transporte en la Resolución 4548 de 2013, en
la cual se anotó que los agentes de tránsito código 340 debían ser del nivel «técnico
laboral» aun cuando, de conformidad con la sentencia y normas citadas, se debía
acreditar el título de formación técnica profesional en tránsito y transporte.
17. Las autoridades territoriales no podían establecer competencias laborales,
funciones y requisitos específicos de un empleo cuando estuvieran previstos en la
Constitución o la ley. Fue el Decreto 785 de 2005 el que estableció que se debía
acreditar mínimo el título de bachiller y máximo el de técnico profesional o tecnólogo.
18. En consecuencia, la CNSC desconoció las leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009,
así como el Decreto 785 de 2005 y la sentencia C-577 de 2006 dictada por la Corte
Constitucional al establecer como requisito el cumplimiento de las exigencias
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previstas en el Decreto 123 de 2019 [manual de funciones].
19. Lo anterior generaba una inestabilidad del orden jurídico y transgredía los
derechos fundamentales de todos los aspirantes al cargo de agente de tránsito.
Además, podía causar las siguientes situaciones: (i) el aspirante con técnico laboral
que superaba las pruebas, pero era descalificado por no acreditar el requisito de
ley; (ii) el aspirante con técnico profesional que no aprobaba las pruebas, pero era
superado por quien no cumplía con el requisito de ley; (iii) el aspirante con técnico
laboral en lista de elegibles que no se podía posesionar porque la entidad territorial
ajustó su manual de funciones a técnico profesional.
20. En conclusión, el acuerdo expedido por la CNSC era nulo «por ser contrario a la
ley 769/02, decreto 785/05, ley 1310/09, en cuanto establec[ió] como requisito para ocupar
el cargo de agente de tránsito, unos requisitos señalados por el decreto 123 de 2019, los
cuales hacen referencia a una formación correspondiente a la educación no formal
(certificado de aptitud ocupacional por competencias); cuando por ministerio de la ley se
debe exigir una formación académica correspondiente a la educación superior (técnico
profesional en tránsito y transporte)».
1.2. Auto que ordenó acumular y admitió demanda
21.El 31 de agosto de 2021 se resolvió acumular el proceso 0826-2021 y admitir la
demanda. Asimismo, se suspendió el trámite del proceso 1284-2020 hasta tanto el
expediente acumulado alcanzara el mismo estado.
1.3. Medida cautelar3
22. En auto del 27 de septiembre de 2023 se negó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del acto demandado.
1.4. Contestación de la demanda4
23. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con sustento en lo
siguiente:
23.1. El demandante explicó de manera superficial el concepto de la violación y
«trat[ó] de confundir» haciendo parecer que la CNSC trató el cargo de agente de
tránsito como un empleo asistencial y no técnico. El acto acusado se expidió de
acuerdo con las funciones legales y constitucionales asignadas a la comisión.
23.2. El actor discutió el contenido de los requisitos para el cargo de agente de
tránsito establecidos en el Decreto 123 de 2019 expedido por el municipio de
3 Samai, índice 30.
4 Samai, índice 36.
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Caucasia, acto distinto de la convocatoria.
23.3. El acuerdo se profirió con fundamento en la OPEC reportada por la entidad
territorial, en la cual se estableció el mencionado empleo como del nivel técnico.
Frente a los requisitos exigidos del empleo de agente de tránsito código 340, se
exigieron los requisitos mínimos de la Ley 1310 de 2009, reglamentada por la
Resolución 4548 de 2013 expedida por el Ministerio de Transporte. De cualquier
modo, la entidad no tuvo participación laguna en la adopción del manual de
funciones, en tanto su función se circunscribe a la vigilancia y control y, por lo tanto,
no podía verificar su legalidad ni responsabilizarse de la OPEC realizada por la
entidad territorial.
24.Propuso las excepciones de «inexistencia de la causal de nulidad del acto
administrativo», «incumplimiento de la carga probatoria» y «pronunciamiento frente al
problema jurídico y a los argumentos hechos por el demandante».
1.5. Decisión sobre excepciones previas5
25. En proveído del 4 de marzo de 2024 se declaró que las excepciones propuestas
por la CNSC no eran excepciones previas ni mixtas que debieran ser resueltas. Ello,
con sustento en que no estaban previstas en los artículos 100 del Código General
del Proceso y 175 del CPACA, sino que correspondían a argumentos de fondo para
defender la legalidad del acto administrativo objeto de control de legalidad, los
cuales debían resolverse en la sentencia.
1.6. Trámite de sentencia anticipada6
26. En auto del 24 de mayo de 2024 se resolvió: (i) incorporar las pruebas aportadas
con la demanda y sus contestaciones; (ii) requerir a la CNSC para que remitiera la
OPEC que sustentó el acuerdo demandado; (iii) correr el traslado de las pruebas;
(iv) fijar el litigio; y (v) correr traslado por el término de 10 días a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran sus alegaciones finales y concepto,
respectivamente.
27. El litigio se fijó en los siguientes términos: «¿debe declararse la nulidad de los actos
administrativos demandados por haberse proferido con desconocimiento de las normas en
que debían fundarse?» [sic].
1.7. Alegatos de conclusión
28. Las partes y el agente del Ministerio Público guardaron silencio.
5 Samai, índice 61.
6 Samai, índice 66.
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II. Consideraciones
2.1. Competencia
29. De conformidad con los artículos 125.2, 137 y 149.1 del CPACA, le corresponde
a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado decidir en única
instancia las demandas de nulidad simple interpuestas contra los actos
administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional. Asimismo, por el
criterio de especialidad, los artículos 13 7, modificado por el artículo 1 del Acuerdo
434 del 10 de diciembre de 2024, y 15 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 8
señalan que la Sección Segunda conoce de los asuntos de carácter laboral.
2.2. Problema jurídico
30. Sin desconocer la fijación del litigio definida en el auto que resolvió impartir el
trámite de sentencia anticipada, en atención a los argumentos expuestos por los
sujetos procesales, se considera necesario efectuar unos ajustes para mayor
precisión conceptual, para señalar que el problema jurídico se contrae a resolver los
siguientes interrogantes:
30.1. ¿Debe declararse la nulidad del Acuerdo CNSC-20181000007556 del 7 de
diciembre de 2018 expedido por la CNSC porque (i) se tuvo en cuenta el
Decreto 1038 de 2018 a pesar de que el municipio de Caucasia no expidió el
manual de funciones y competencias laborales; (ii) vulneró el derecho al
trabajo al impedir que los concursantes se presentaran a varios cargos; (iii) se
tomaron los requisitos del Decreto 123 de 2019 expedido por el municipio de
Caucasia en contravía de la exigencia legal del título de técnico profesional y
de la prohibición de establecer equivalencias?; (iv) no se estableció la
reglamentación pertinente para el acceso de las personas en situación de
diversidad cognitiva, funcional y/o anatómica; y (v) la omisión en la expedición
y publicación del manual de funciones afecta la legalidad de la convocatoria?
31. Para resolver los anteriores cuestionamientos, se abordará el marco normativo
y jurisprudencial y el caso concreto frente a las dos demandas acumuladas.
2.3. La Comisión Nacional del Servicio Civil. Marco normativo y
jurisprudencial
32. Para cumplir con sus fines esenciales9, el Estado desarrolla sus funciones a
7 Reglamento interno del Consejo de Estado.
8 «Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le
adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90».
9 El artículo 2 de la Constitución Política prevé: «Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
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través de sus diferentes órganos. Si bien cada uno de aquellos tiene labores
específicas, lo cierto es que deben colaborar de forma coordinada y armónica en el
ejercicio de las labores que les asignan la ley y los reglamentos10. En atención a la
trascendencia de las funciones públicas, como regla general, la Carta Política
ordena que el personal que las desarrolla esté vinculado a través del sistema de
carrera administrativa11.
33. Lo anterior supone el cumplimiento de requisitos y condiciones previamente
delimitadas, con el propósito de determinar el mérito y las calidades de cada
aspirante. Con estas medidas se busca garantizar que la actividad estatal se
desenvuelva bajo los principios de moralidad administrativa, imparcialidad política
de los funcionarios, igualdad de oportunidades para quienes aspiren a ocupar
empleos públicos y la estabilidad en ellos12. La finalidad de la selección de acuerdo
con el principio del mérito fue reconocida por la jurisprudencia constitucional, en los
siguientes términos:
«[…] busca que la administración pública cuente con servidores de las más
altas calidades para enfrentar con éxito las responsabilidades que la
Constitución y las leyes han confiado a las entidades del Estado13,
responsabilidades que exigen, para su adecuado cumplimiento, “la aplicación
de criterios de excelencia en la administración pública que posibiliten la
realización de los fines y objetivos estatales más próximos, como lo son el
servicio a la comunidad, la satisfacción del interés general y la efectividad de
los principios, derechos y deberes que la propia constitución reconoce a todos
y cada uno de los habitantes del territorio nacional” 14 [...]»15
34. Con esa orientación, el artículo 130 de la Constitución Política creó una entidad
responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores
públicos, con excepción de las de carácter especial. Se trata de la Comisión
Nacional del Servicio Civil cuya naturaleza se encuentra descrita en el artículo 7 de
la Ley 909 de 200416 en los siguientes términos:
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.»
10 Artículo 113 de la Constitución Política: «[…] Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.»
11 Artículo 125 de la Constitución Política: «Los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. […]»
12 Sentencia C-1230 de 2005.
13 En la providencia se citó: «Sentencias C-479/92, C-195 de 1994 y C-1079 de 2002»
14 En la sentencia se citó: «Sentencia C-1079 de 2002»
15 Sentencia C-1320 de 2005
16 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones»
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«[…] Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión Nacional
del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política,
responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las
carreras especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito
en el empleo público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter
permanente de nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder
público, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio.
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo
público de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará
de acuerdo con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.
[…]»
35. Las funciones concretas de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la
administración de la carrera administrativa están descritas en el artículo 11 de la
Ley 909 en mención, así:
«a) Establecer de acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos
generales con que se desarrollarán los procesos de selección para la provisión
de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se aplica
la presente ley;
b) Acreditar a las entidades para la realización de procesos de selección de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento y establecer las tarifas para
contratar los concursos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30 de
la presente ley;
c) Elaborar las convocatorias a concurso para el desempeño de empleos
públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que establezcan
la presente ley y el reglamento;
d) Establecer los instrumentos necesarios para la aplicación de las normas
sobre evaluación del desempeño de los empleados de carrera administrativa;
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan
sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de
Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia;
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores,
las listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad
con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal
anterior;
g) Administrar, organizar y actualizar el registro público de empleados inscritos
en carrera administrativa y expedir las certificaciones correspondientes;
h) Expedir circulares instructivas para la correcta aplicación de las normas que
regulan la carrera administrativa;
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i) Realizar los procesos de selección para el ingreso al empleo público a través
de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior,
que contrate para tal fin;
j) Elaborar y difundir estudios sobre aspectos generales o específicos de la
gestión del empleo público en lo relacionado con el ingreso, el desarrollo de las
carreras y la evaluación del desempeño;
k) Absolver las consultas que se le formulen en materia de carrera
administrativa.»
36. De otra parte, las labores propias de la atribución de vigilancia de aplicación de
las normas sobre carrera administrativa que debe atender la Comisión Nacional del
Servicio Civil son las siguientes:
«a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en
cualquier momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de
verificación y control de la gestión de los procesos con el fin de observar su
adecuación o no al principio de mérito; y, dado el caso, suspender
cautelarmente el respectivo proceso, mediante resolución motivada;
b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se
compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan
producido actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados
con los derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al
seleccionado dentro del proceso de selección impugnado;
c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de
los medios autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar
las investigaciones por violación de las normas de carrera que estime
necesarias y resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia,
economía e imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será motivada y
contra las mismas procederá el recurso de reposición17;
d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su
conocimiento en asuntos de su competencia;
e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de
Empleados Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes se
les aplica la presente ley;
f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del
desempeño de los empleados de carrera;
g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos
constitutivos de violación de las normas de carrera, para efectos de establecer
las responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar;
h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta
aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo
17 Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1265 de 2005,
únicamente por los cargos formulados.
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de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente
ley;
i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez (10)
primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus
actividades y el estado del empleo público, en relación con la aplicación efectiva
del principio de mérito en los distintos niveles de la Administración Pública bajo
su competencia.
Parágrafo 1º. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta materia,
la Comisión Nacional del Servicio Civil estará en contacto periódico con las
unidades de personal de las diferentes entidades públicas que ejercerán sus
funciones de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
Parágrafo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los
servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de
multa, previo el debido proceso, cuando se compruebe la violación a las normas
de carrera administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones
impartidas por ella. La multa deberá observar el principio de gradualidad
conforme el reglamento que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil,
cuyos mínimos serán cinco (5) salarios mínimos legales vigentes y máximos
veinticinco (25) salarios mínimos legales vigentes.»18
37. El artículo 15 de la Ley 909 de 2004 establece que las unidades de personal de
las entidades son la unidad básica de la gestión de recursos humanos en la
administración pública, para lo cual tienen las siguientes funciones específícas:
a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos;
b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo
de la Función Pública, información que será utilizada para la planeación del
recurso humano y la formulación de políticas;
c) Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual
podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función
Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o
profesionales en administración pública;
d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante
proceso de selección por méritos;
e) Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo
con lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación;
f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de
su entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de
decisiones. Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones
y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública;
18 Artículo 12 de la Ley 909 de 2004.
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g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad,
de acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la
Comisión Nacional del Servicio Civil;
h) Todas las demás que le sean atribuidas por la ley, el reglamento o el manual
de funciones.» (se destaca)
38. En línea con lo anterior, el artículo 17 de la misma ley establece como uno de
los instrumentos de ordenación del empleo público los planes de previsión de
recursos humanos, elaborados y actualizados anualmente, por las unidades de
personal. Dicho instrumento debe contener:
«[…]
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin
de atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus
competencias;
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de
ingreso, ascenso, capacitación y formación;
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas
anteriores y el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado
[…]»
39. La misma norma señala que todas las entidades deben mantener actualizadas
las plantas de personal que requieren para cumplir de forma eficiente sus funciones
de acuerdo con las medidas de racionalización del gasto. Esta labor implica, al
mismo tiempo, observar el concepto de «empleo público» así como los aspectos que
se deben tener en cuenta para su diseño, materias que están desarrolladas en el
artículo 19 de la Ley 909 de 2004.
40. En efecto, el empleo público se traduce en el « conjunto de funciones, tareas y
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para
llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo
y los fines del Estado». De ahí que en su diseño, se deban tener en cuenta la
descripción de las funciones que tendrá a su cargo, así como el perfil de
competencias requeridas para su desempeño.
2.4. Análisis de legalidad del acto acusado
2.4.1. Solución a los cargos expuestos en el proceso 1284-2020
41. Los demandantes afirmaron que, como el municipio de Caucasia omitió expedir
y publicar el acto que adoptara el manual de funciones y competencias laborales,
se desconocieron las etapas establecidas para acceder a las vacantes definitivas
en los municipios priorizados para el posconflicto; además, el Decreto 1038 de 2018
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no era obligatorio y la CNSC no podía tenerlo en cuenta para expedir la
convocatoria.
42. Pues bien, en el Acto Legislativo 01 de 201619 se facultó al presidente de la
República para expedir los decretos con fuerza de ley, cuyo contenido tenía por
objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera [art. 2].
43. En cumplimiento de lo anterior, expidió el Decreto 893 del 28 de mayo de
201720, «por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)»,
para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el
marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establecía
el Acuerdo Final en articulación con los planes territoriales. Según los artículos 3 y
4 ibidem, se desarrollarían 16 PDET en 170 municipios, entre ellos, el municipio de
Caucasia y, en el plan de acción tendría en cuenta ─entre otras cosas─ el enfoque
diferencial que incorporara la perspectiva étnica y cultural de los pueblos y
comunidades de los territorios.
44. Al mismo tiempo, se expidió el Decreto 894 del 28 de mayo de 2017, en el cual
se expuso que se requería adoptar un enfoque diferencial en los procesos de
selección que se adelantaran en el sistema específico de nomenclatura, requisitos,
competencias, salarios y prestaciones, en el proceso de evaluación del desempeño
laboral y el sistema de estímulos para los servidores públicos que tuviera en cuenta
las particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población
de los municipios priorizados para la implementación de los planes y programas del
Acuerdo de Paz.
45. Por lo anterior, en el artículo 4º se dispuso que, para el ingreso por mérito al
empleo público en los municipios priorizados por el gobierno nacional para la
implementación de los planes y programas del Acuerdo de Paz, la CNSC ─en
coordinación con los jefes de las respectivas entidades─ debía diseñar los procesos
de selección objetiva e imparcial con enfoque diferencial que tuviera en cuenta las
particularidades económicas, sociales, educativas y culturales de la población. Esta
disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-527
de 2017.
46. Posteriormente se expidió el Decreto 1038 del 21 de junio de 2018, en el cual
se adicionó el Decreto 1083 de 201521 en lo relacionado con los requisitos de
ingreso, selección, capacitación y estímulos para los empleos de los municipios
19 «Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la
implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera».
20 Declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-730 de 2017.
21 Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
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priorizados en el Decreto 893 de 2017. Este tuvo por objeto reglamentar las
disposiciones previstas en este último, tendientes al fortalecimiento del empleo
público y la gestión del talento humano.
47. En el artículo 1 adicionó el título 36 a la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de
2015 y en el capítulo 2 estableció los requisitos para participar en los procesos de
selección o concurso de méritos para ingresar a los empleos de los municipios
priorizados. A su turno, en el artículo 2.2.36.2.1 adicionado, se dispuso lo que sigue:
«Artículo 2.2.36.1.2 Campo de aplicación. Las normas contenidas en el
presente Título aplicarán de manera integral a los municipios de quinta y sexta
categorías, señalados en el Decreto-ley 893 de 2017.
Así mismo, el presente Título se aplicará a los municipios de categorías
especial, primera, segunda, tercera y cuarta señalados en el Decreto-ley 893
de 2017, con excepción de lo regulado en materia de requisitos, los cuales se
regirán por lo señalado en sus respectivos manuales de funciones y de
competencias laborales.
[...] Artículo 2.2.36.2.1 Requisitos para participar en los procesos de
selección en los municipios de quinta y sexta categorías. Los aspirantes
a ocupar los empleos de carrera administrativa en los municipios de quinta y
sexta categorías, identificados en el Decreto-ley 893 de 2017, que sean
convocados a concurso por la Comisión Nacional del Servicio Civil en
cumplimiento de lo previsto en el Decreto-ley 894 de 2017, y para efectos del
proceso de selección, solo deberán acreditar, sin sujeción a los señalados en
el manual de funciones y de competencias laborales, los siguientes
requisitos:
Nivel Asesor: Título profesional.
Nivel Profesional: Título profesional.
Nivel Técnico: Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
Nivel Asistencial: Terminación y aprobación de educación básica primaria.
Los títulos de las disciplinas académicas a exigir para ocupar el empleo serán
los que correspondan al (a los) núcleo(s) básico(s) del conocimiento o títulos
señalados en el respectivo manual específico de funciones y de competencias
laborales vigente al momento de reportar los empleos a la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
Para el ejercicio de los empleos no se exigirá experiencia.
Artículo 2.2.36.2.2 Requisitos para participar en los procesos de
selección en los municipios de categorías especial, primera, segunda,
tercera y cuarta. Los aspirantes a ocupar los empleos de carrera
administrativa en los municipios de categorías especial, primera, segunda,
tercera y cuarta identificados en el Decreto-ley 893 de 2017, que sean
convocados a proceso de selección por la Comisión Nacional del Servicio Civil
en cumplimiento de lo previsto en el Decreto-ley 894 de 2017, deberán
acreditar los requisitos señalados en el manual de funciones y de
competencias laborales de las respectivas entidades.
[...]
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Artículo 2.2.36.2.4 Requisitos especiales. El aspirante al proceso de selección en
los municipios priorizados, además de los requisitos señalados en los artículos
anteriores, debe acreditar una de las siguientes condiciones:
1. Haber nacido, en alguno de los 170 municipios priorizados que se encuentran
relacionados en el Decreto 893 de 2017.
2. Acreditar, a través de certificado de vecindad, de estudio o laboral otorgado por
autoridad competente, haber tenido la calidad de residente, estudiante o trabajador
al menos dos (2) años continuos o discontinuos en cualquiera de los 170 municipios
priorizados por el Gobierno nacional, los cuales se encuentran relacionados en el
Decreto 893 de 2017.
3. Estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada.
4. Estar inscrito en el Registro Único de Víctimas.
5. Estar inscrito en el Sistema de Información de la Reintegración.
[...] Artículo 2.2.36.3.1 Operador del Proceso. El proceso de selección con
enfoque diferencial que tenga en cuenta las particularidades económicas,
sociales, educativas y culturales de la población para ingresar a los empleos
de los municipios priorizados, será adelantado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, a través de la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP), como institución acreditada ante la CNSC para ser operador del
proceso. La ESAP asumirá en su totalidad el costo que genere el proceso de
selección.» [se resalta]
48. En cumplimiento de las normas citadas, la CNSC expidió el Acuerdo CNSC –
2018100007556 del 7 de diciembre de 2018, por el cual se establecieron las reglas
del proceso de selección 833 de 2018. En este se dispuso lo siguiente:
«ARTÍCULO 2º.- ENTIDAD RESPONSABLE. El Concurso Abierto de Méritos
para proveer las ciento seis (106) vacantes de la planta de personal de la
Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA, objeto de presente Convocatoria, será
adelantado por la Comisión Nacional de Servicio Civil a través de la Escuela
Superior de Administración Pública -ESAP-, institución determinada por el
Decreto 1038 de 2018 y acreditada ante la CNSC para ser operador del
proceso.
ARTÍCULO 3º.- ENTIDAD PARTICIPANTE. El Concurso Abierto de Méritos
se desarrollará para proveer setenta y siete (77) empleos con cientos seis
(106) vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal de la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA de 5ª
Categoría y que corresponden a los niveles Profesional, Técnico y Asistencial,
de conformidad con las vacantes definitivas reportadas a la CNSC y que se
encuentran de manera detallada en el artículo 11º del presente Acuerdo.
49. Como se observa, para el momento de expedición de este acto administrativo
el municipio de Caucasia era de quinta categoría, razón por la cual los requisitos
que debían cumplirse eran los previstos en el artículo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038
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de 2018 sin que estuvieran sujetos en ese aspecto al manual de funciones y de
competencias laborales. Incluso, así se definió en el artículo 9 del acto acusado:
«ARTÍCULO 9º.- REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN: Los
requisitos generales de participación son:
1. Ser ciudadano(a) colombiano(a).
2. Cumplir con alguno de los requisitos especiales de participación
contemplados en el artículo 2.2.36.2.4 del Decreto 1083 de 2015,
adicionado por el Decreto 1038 de 2018 (Criterios diferenciadores de la
población por su calidad de actores del conflicto), a saber: [...]
3. Cumplir con los requisitos mínimos de empleo que escoja el aspirante,
señalados en el artículo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de 2018, teniendo en
cuenta que los títulos de las disciplinas académicas serán los que
correspondan a los núcleos básicos del conocimiento o títulos señalados
en el respectivo Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales reportado en la OPEC, cargada en el aplicativo SIMO, empleos
pertenecientes a la planta de personal Alcaldía de CAUCASIA –
ANTIOQUIA, según la categoría del Municipio Priorizado.
4. [...].
ARTÍCULO 33º.- VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.
[...] PARÁGRAFO 3: La Verificación de Requisitos Mínimos se realizará
exclusivamente con base en la documentación aportada por el aspirante
en el SIMO, en la forma y oportunidad establecidos por la CNSC, y de acuerdo
con las exigencias señaladas en el artículo 2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de
2018, teniendo en cuenta que los títulos de las disciplinas académicas serán
los que correspondan a los núcleos básicos del conocimiento o títulos
señalados en el respectivo Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales reportado en la OPEC de la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA
que estará publicada en los sitios web de la CNSC, de la ESAP y en las
instalaciones de la Alcaldía.»
50. Pero, además, en gracia de la claridad, la Sala encuentra acreditado que el
municipio de Caucasia adoptó el manual específico de funciones a través del
Decreto 138 del 19 de junio de 2015, el cual fue actualizado y modificado con los
decretos 188 del 28 de octubre de 2016 y 145 del 7 de septiembre de 2018, este
último con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 815 de 201822.
51. Tampoco se pasa por alto que después la CNSC expidió el Acuerdo 0114 del
27 de febrero de 2020 «[p]or el cual se modifica el Acuerdo No. 20181000007556 del 07
de diciembre de 2018, modificado por el Acuerdo No. 20191000002156 del 11 de marzo de
2019[23], de la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA en el marco del PROCESO DE
SELECCIÓN No. 833 de 2018 – MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA EL POST
CONFLICTO», en el cual se modificaron las reglas del concurso, en razón a que por
22 «Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de
los distintos niveles jerárquicos».
23 Que modificó los artículos 1, 2, 3 y 11 del Acuerdo 2018100007556 del 7 de diciembre de 2018 en
cuanto al número de empleos y vacantes.
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medio del Decreto 0167 del 9 de octubre de 2019 se cambió la categoría del
municipio a cuarta24; sin embargo, comoquiera que se trata de un acto posterior a
la convocatoria, e incluso a la demanda, en tanto se radicó el 14 de enero de 2020,
la Sala se releva de hacer un análisis de este acto.
52. A todo lo expuesto se debe agregar que los actores no solicitaron la anulación
del manual de funciones expedido por el municipio de Caucasia y que, de cualquier
modo, la pretensión respecto de la convocatoria no permite examinar su legalidad,
en tanto es autónomo e independiente.
53. También es del caso precisar que esta Sección ha señalado que la convocatoria
y el manual de funciones no integran un acto complejo. Ello en atención a que las
decisiones no guardan una relación de interdependencia ni cumplen con las
características de unidad de finalidad u objeto y contenido 25. Sobre el punto, se
explicó:
«[…] en cuanto a la carencia de unidad de contenido, finalidad u objeto, se pone
de presente que, por un lado, el manual específico de funciones y competencias
laborales de una entidad es una herramienta de gestión del empleo que
establece las responsabilidades, labores y facultades propias de cada cargo que
compone la planta de personal de esta, al igual que las exigencias para su
desempeño, las cuales están referidas a conocimientos, experiencia y otros
factores con los que se miden las aptitudes requeridas para ocupar un
determinado empleo26. En ese sentido, no obstante que estos manuales son de
suma relevancia para las convocatorias de carrera administrativa, ya que a partir
de ellos se estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota
allí, pues estos también sirven de parámetro para otras formas de provisión de
los empleos y, en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier
empleado público, tal y como lo consagra el artículo 122 de la Constitución27.
Por otro lado, el objeto de la norma reglamentaria de la convocatoria de carrera
administrativa se circunscribe a la determinación de disposiciones que
garanticen la transparencia y la objetividad en los procesos de selección para
ocupar los cargos vacantes de esta naturaleza, la cual, si bien como se dijo
24 En el acto se expuso: «Ahora bien, se debe precisar que la reglamentación del proceso de
selección para la Alcaldía de CAUCASIA – ANTIOQUIA, se efectuó con base en las características
de los municipios de categorías 5 y 6; no obstante, comoquiera que, con fundamento en lo señalado
en el artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 153° del Decreto Ley 2106 de 2019,
el Alcalde del municipio de CAUCASIA – ANTIOQUIA, profirió el Decreto No. 0167 del 09 de octubre
de 2019, “Por medio del cual se categoriza al Municipio de Caucasia Antioquia para la Vigencia Fiscal
2020”, en el cual se establece que el municipio es de cuarta (4ª) categoría, se hace necesario
modificar el Acuerdo de Convocatoria en su integridad con el fin de adecuarlo a la nueva categoría
que ostenta el Municipio y a su realidad actual, por lo tanto la normatividad que en adelante regirá el
concurso abierto de mérito para la respectiva entidad, es la que corresponde a la de los Municipios
Priorizados para el Posconflicto catalogados como de 1ª a 4ª categoría.»
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2013, radicado:
11001032500020210020900 (1324-2021), demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo y otros.
26 La providencia citó: «Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de julio de 2022, rad. 11001-03-25-000-2020-00724-00
(2125-2020)»
27 La providencia citó: «CP, art. 122: “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas
en ley o reglamento […]”».
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resulta influida por el contenido de los manuales de funciones a través de la
OPEC, aborda otros temas que la diferencian de dichos actos administrativos y
que son propios de la regulación de un concurso abierto de méritos, como son la
inscripción, las pruebas del certamen y las reclamaciones y recursos que se
pueden presentar en él […]
54. Ahora bien, otro cargo de la demanda se dirigió a que el municipio «no cumplió
con el deber legal de emitir dicha resolución [manual de funciones], materializado, como
acto administrativo de carácter general, el cual debía cumplir con el deber de publicación
en el Diario Oficial, ni demostró la ocurrencia de una situación constitutiva de fuerza mayor
que le impidiera llevar a cabo dicha actuación. Por ende, en consonancia con el artículo 65
de la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1038 de 2018 no es obligatorio, y no podía ser tenido
en cuenta por la Comisión Nacional del Servicio civil, para la convocatoria a Concurso
Abierto de Méritos, [...]».
55. El artículo 65 del CPACA prevé que «[l]os actos administrativos de carácter general
no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en las gacetas
territoriales». La publicación es un presupuesto necesario para su ejecutoriedad,
obligatoriedad y ejecutividad, pero en caso de su incumplimiento, se afectaría la
eficacia y no su validez28; además, a la CNSC no le era exigible hacer un control
respecto del manual de funciones y, en todo caso, fue en la OPEC que se
establecieron los cargos y las funciones que se desarrollarían.
56. Otro argumento de la demanda consistió en que el acuerdo acusado vulneró los
derechos de participación y mérito al permitir la presentación a un solo cargo. En
sentir del actor, el ciudadano «debería contar con la posibilidad de poder acceder a varios
cargos, ya que como se realiza[ban] funciones casi idénticas, el participante tendría la
opción que con sus pruebas pu[diera] acceder al cargo en el que mejor se [hubiera]
desempeñado. El concurso [debía] garantizar que el ciudadano [pudiera] escoger varias
opciones para concursar».
57.Tal como lo anotó la parte actora, el artículo 14 del acuerdo acusado estableció
que la inscripción solo podía efectuarse en un empleo: «[i]dentificado el empleo para
el cual cumple los requisitos, el aspirante podrá inscribirse al mismo a través del aplicativo
SIMO. La inscripción sólo podrá efectuarse en un (1) empleo, toda vez que la aplicación de
pruebas escritas se realizará en una misma sesión y en un único día».
58. Al respecto, debe señalarse que el artículo 130 de la Constitución prevé que la
CNSC es la responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los
servidores públicos, por lo tanto, puede regular el contenido del concurso dentro de
los límites constitucionales y legales y debe garantizar los principios de eficacia,
28 Al respecto, en sentencia del 4 de mayo de 2023, radicación 11001-03-25-000-2019-00835-00
(6080-2019), se puntualizó: «[...] el hecho de que el manual de funciones [...] no se hubiera publicado
en la gaceta distrital no conlleva automáticamente la nulidad del concurso demandado, ya que la
convocatoria establece canales específicos para que la comunidad y los aspirantes conozcan de
antemano las bases del certamen, los cargos ofertados, los requisitos para ocuparlos y las funciones
asignadas».
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economía y celeridad.
59. Ciertamente, esta Subsección puntualizó que la posibilidad de inscribirse a un
solo cargo no constituye una transgresión de los postulados constitucionales de
acceso al empleo público y el trabajo, toda vez que los interesados pueden «aspirar
al cargo que mejor se adapte a su perfil», con lo cual se garantiza la libre concurrencia
y el fin mismo del concurso: medir el mérito de forma eficiente.
60. En el mismo sentido, la Subsección A29 precisó que el derecho a cargos públicos
«se respeta con la garantía de inscripción de los aspirantes en igualdad de condiciones a
un concurso público de méritos, exigencia que se satisface aun cuando [...] se restringe la
inscripción a un solo cargo». Ello, sin dejar de lado que la CNSC tiene amplia libertad
de configuración que le permite definir el contenido y alcance de todo el proceso de
selección, incluida la fase de inscripción, «teniendo como única limitante el
sometimiento a la Constitución Política, los principios en los que se cimienta el sistema de
carrera administrativa y las reglas básicas que define la Ley 909 de 2004»30. Es así por
cuanto la normativa no reguló la forma en que debe surtirse la inscripción, lo cual
permite que ese vacío sea suplido con la reglamentación que para tales efectos
profiera la comisión.
61. En ese orden, la limitación de la inscripción a un solo cargo no vulnera el
derecho de participación, sino que, por el contrario, materializa los principios que
rigen la función pública. En consecuencia, la pretensión de nulidad del Acuerdo
CNSC – 201800007556 del 17 de diciembre de 2018 no está llamada a prosperar.
62. Frente al argumento relacionado con que la Resolución 1602 del 1 de julio de
2014 expedida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad social
desconoció el principio de publicidad porque no se divulgó en el diario oficial, ha de
indicarse que es un acto administrativo que ─ni por asomo─ guarda relación con
este asunto, razón por la cual no se hará pronunciamiento alguno.
63. En lo que corresponde al cargo relacionado con que no se estableció la
reglamentación pertinente respecto de las personas en situación de diversidad
cognitiva, funcional o anatómica, basta señalar que en el artículo 14 [numeral 12]
de la convocatoria sí se dispuso que «[e]l aspirante en condición de discapacidad deb[ía]
manifestarlo en el formulario de datos básicos en SIMO, a fin de establecer los mecanismos
necesarios para que pu[diera] presentar las pruebas y acceder a las mismas cuando a ello
hubiere lugar», disposición que, en criterio de la Sala, resultaba suficiente ante la
existencia de diversas condiciones de los participantes y posibles medidas a
adoptar.
64. Por último, el actor también solicitó la «simple nulidad de la Oferta Pública de
Carrera Administrativa – OPEC contenida en el decreto 1038 de 2018 “Por el cual se
29 Sentencia del 20 de febrero de 2020, radicación 11001-03-25-000-2015-00294-00 (0595-15).
30 Ibidem.
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adiciona el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en
lo relacionado con los requisitos de ingreso, selección, capacitación y estímulos para los
empleos de los municipios priorizados en el Decreto Ley 893 de 2017” emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública».
65. Frente a esta, es menester indicar que la OPEC no se encuentra en el Decreto
1038 de 2018. Como se anotó, es el acto por medio del cual la entidad territorial le
comunica a la CNSC los empleos que se encuentran vacantes definitivamente con
la finalidad de que sean provistos a través del respectivo proceso de selección. Tan
es así que en el parágrafo 2 del artículo 11 de la convocatoria se dispuso que
formaba parte integral de esta.
66. Se recuerda que el artículo 162 del CPACA prevé que toda demanda deberá
contener los fundamentos de derecho de las pretensiones, las normas violadas y
explicarse en el concepto de su violación. Al respecto, esta Sección ha señalado
que este requisito es de especial importancia para examinar la eventual nulidad del
acto administrativo, en tanto la argumentación «es la que delimita el estudio de fondo
que debe adelantarse por parte del juez en la sentencia correspondiente»31.
67. Ciertamente, la exigencia del concepto de la violación «se satisface cuando en la
demanda se señalan las normas que se consideran violadas o desconocidas por el acto
demandado, así como la sustentación de los cargos que se formulan, sin que ello demande
que su exposición se haga bajo un modelo estricto de técnica jurídica. Así las cosas,
solamente si el escrito introductor carece por completo de este requisito se considerará
defectuoso por la falta de uno de sus presupuestos»32.
68. Al revisar el acápite de «concepto de violación al orden superior» se extrae que el
demandante no expuso argumento alguno que justificara la pretensión, omisión que
configura la excepción de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales prevista en el artículo 100 del Código General del Proceso; en
consecuencia, así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
2.4.2. Solución a los cargos propuestos en el proceso 0826-2021
69.El actor sostuvo que el Decreto 123 de 2019 [manual de funciones] estableció
unos requisitos para el cargo de agente de tránsito que no correspondían a los
mínimos señalados en la ley; además, «la entidad territorial no se encontraba facultada
para establecer requisitos o funciones para dicho cargo, toda vez que el legislador asumió
dicha competencia; de igual manera, el ente territorial establecido equivalencias para el
cargo de agente de tránsito, cuando al ser requisitos establecidos por la Ley no permit[ía]
equivalencias, según lo dispuesto en el Decreto Ley 785 de 2005» [sic].
31 Subsección A, auto del 26 de septiembre de 2019, radicación 25000-23-42-000-2015-02179-02
32 Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, radicación 11001-03-25-000-2011-00068-00
(0193-11).
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70. Asimismo, argumentó que el acuerdo expedido por la CNSC estableció
requisitos para el cargo de agente de tránsito que no concordaban con los
dispuestos legal y jurisprudencialmente, «generando un perjuicio irremediable a los
aspirantes a dicho cargo, así como al orden jurídico y al patrimonio público». Este se
expidió con desconocimiento de las leyes 769 de 2002 y 1310 de 2009, así como
del Decreto 785 de 2005 porque estableció los requisitos previstos en el Decreto
123 de 2019, «los cuales [hacían] referencia a una formación correspondiente a la
educación no formal (certificado de aptitud ocupacional por competencias); cuando por
ministro de la ley se deb[ía] exigir una formación académica correspondiente a la educación
superior (técnico profesional en tránsito y transporte).
71. Lo primero que ha de señalarse es que el manual de funciones referido por el
actor, Decreto 123, fue expedido por el municipio de Caucasia el 11 de julio de 2019,
es decir, después del acuerdo acusado que se profirió el 7 de diciembre de 2018,
luego entonces devenía imposible que este fuera el que sirviera de sustento.
72.Ahora, en el artículo 9º del acuerdo acusado la CNSC estableció que se debía
cumplir con los requisitos mínimos previstos en el artículo 2.2.36.2.1 del Decreto
1038 de 2018, «teniendo en cuenta que los títulos de las disciplinas académicas ser[ían]
los que correspond[ieran] a los núcleos básicos del conocimiento o títulos señalados en el
respectivo Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales reportado en la
OPEC, cargada en el aplicativo SIMO, [...]».
73. Como supra se expuso, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución
Política, la función de la CNSC se concreta en la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, con excepción de las de carácter especial. A su
turno, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 establece que se trata de un órgano de
garantía y protección del sistema de mérito en el empleo público y que está dotada
de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio; ello, sin dejar
de lado que sus actuaciones se rigen, entre otros, por el principio de independencia.
Esta última también señaló que una de las funciones de la CNSC es «[e]laborar las
convocatorias a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo
con los términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento».
74. En ese orden, la convocatoria elaborada por la CNSC se fundamenta en la
OPEC, que es la herramienta por la cual la administración le informa al responsable
del concurso cuáles son los cargos para proveer y es a partir de ella que se
estructuran las pruebas e instrumentos de selección que deben ser proporcionales
a las condiciones que exige cada empleo.
75. A su vez, se estructura a partir del manual de funciones y competencias
laborales expedido por los alcaldes y gobernadores en virtud de los artículos 305.7
y 315.7 de la Constitución Política. Es decir que solo en estas autoridades recae la
facultad de crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus
funciones especiales y fijar sus emolumentos.
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76. En efecto, el artículo 2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015 dispuso:
Artículo 2.2.6.34. Registro de los empleos vacantes de manera
definitiva. Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades
pertenecientes a los sistemas general de carrera y específico o especial de
origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, deberán
reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta
Pública de Empleos de Carrera (OPEC) de la Comisión Nacional del Servicio
Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca.
Las entidades deben participar con la Comisión Nacional de Servicio Civil en
el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos. La
convocatoria deberá ser firmada por la Comisión Nacional de Servicio Civil y
por el jefe de la entidad pública respectiva.
Previo al inicio de la planeación del concurso la entidad deberá tener
actualizado su manual de funciones y competencias laborales y definir los
ejes temáticos. [...]» [se destaca]
77. Norma que se acompasa con el artículo 2.2.18.6.1 ibidem, el cual prevé que
corresponde a la CNSC iniciar los procesos de selección mediante la suscripción de
la convocatoria «con base en las funciones, los requisitos y el perfil de los empleos
definidos de acuerdo al Manual Específico de Requisitos y Funciones» y también con el
artículo 2.2.36.3.2 ibidem, según el cual, la entidad mencionada, mediante acto
administrativo, adopta la convocatoria a concurso «para la provisión de las vacantes
definitivas ofertadas en la OPEC».
78. Es así porque el manual de funciones y competencias laborales se dirige
esencialmente a determinar los empleos, las labores y requisitos de la planta de
personal, es decir que sus efectos se contraen a establecer el marco de la
convocatoria, mientras que esta última, expedida por la CNSC, se limita a establecer
las reglas de participación para ocupar los cargos vacantes en la entidad.
79. Sobre el particular, esta Sección33 ha señalado que (i) «no obstante que estos
manuales son de suma relevancia para las convocatorias de carrera administrativa, ya que
a partir de ellos se estructura la OPEC y las pruebas del concurso, su objeto no se agota
allí, pues estos también sirven de parámetro para otras formas de provisión de los empleo
y, en general, para el cumplimiento de las funciones de cualquier empleado público, tal y
como lo consagra el artículo 122 de la Constitución34»; (ii) si bien la convocatoria «resulta
influida por el contenido de los manuales de funciones a través de la OPEC, aborda otros
temas que la diferencian de dichos actos administrativos y que son propios de la regulación
de un concurso abierto de méritos, como son la inscripción, las pruebas del certamen y las
33 Sección Segunda Subsección A, sentencia del 26 de enero de 2023, expediente 11001-03-25-
000-2021-00209-00 (1324-2021), CP. William Hernández Gómez. Criterio reiterado en la sentencia
del 29 de junio de 2023, radicación 11001-03-25-000-2019-00447-00 (3314-2019), CP. Rafael
Francisco Suarez Vargas.
34 CP, art. 122: «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento
[...]».
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reclamaciones y recursos que se pueden presentar en él»; y (iii) «sin perjuicio de la
colaboración armónica que debe existir entre los órganos del Estado, la competencia de la
CNSC para reglamentar las convocatorias de carrera es exclusiva y excluyente, y no
depende de la aprobación de ninguna otra autoridad, ni siquiera de las entidades
beneficiarias de los concursos. Por lo tanto, estas existen y producen efectos una vez son
expedidas por la Comisión, y su nacimiento a la vida jurídica y validez no depende de la
aprobación o firma del representante legal de la entidad para la cual se realiza el
concurso35.».
80. Entonces, el acto de convocatoria se ciñe exclusivamente a lo que reporta la
entidad territorial y es a partir de esa información que se ofertan los cargos, tal como
ocurrió en el sub examine, pues en el artículo 11 del Acuerdo CNSC –
20181000007556 de 2018 se dispuso:
«ARTÍCULO 11º.- EMPLEOS CONVOCADOS. Los empleos vacantes de la
Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, de la Alcaldía de CAUCASIA
– ANTIOQUIA, que se convocan por este concurso abierto de méritos son:
NÚMERO DE NÚMERO DE
NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO
EMPLEOS VACANTES
[...] [...] [...] [...] [...] [...]
Agentes De 340 2 1 7
TÉCNICO
Tránsito
[...] [...] [...] [...] [...] [...]
PARÁGRAFO 1: Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá
consultar los empleos a proveer mediante este concurso de méritos, en la
OPEC registrada por la entidad objeto de la presente Convocatoria, la cual se
encuentra debidamente publicada en el sitio Web de la CNSC [...] enlace
SIMO.
PARÁGRAFO 2: La OPEC registrada en el aplicativo SIMO forma parte
integral del presente Acuerdo, ha sido suministrada por la Alcaldía de
CAUCASIA – ANTIOQUIA y es de responsabilidad exclusiva de ésta, por lo
que, en caso de presentarse diferencia por error de digitación, de transcripción
o de omisión de palabras entre ésta y la información contenida en el Manual
de Funciones y Competencias Laborales y/o demás actos administrativos que
la determinaron, puntualmente en lo relacionado con la denominación, código
y grado del empleo ofertado, la disciplina académica exigida, la asignación
salarial vigente, el propósito principal y las funciones a ejercer, la OPEC se
corregirá dando aplicación a lo previsto en el artículo 45 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 13º del presente Acuerdo. Así mismo, las
consecuencias que se deriven de dichos errores o inexactitudes, recaerán en
la Entidad que efectuó el reporte.» [se destaca]
81.A la par, es del caso mencionar que la convocatoria expedida en diciembre de
2018 se ofertó con los cargos que fueron reportados en la OPEC y, por consiguiente,
35 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación del 31 de enero de 2019, rad. 11001-03-25-000-2016-01017-00 (4574-16), y Corte
Constitucional, sentencia C-183 de 2019.
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con los requisitos previstos en el manual de funciones y competencias laborales,
acto que se presume legal en los términos del artículo 88 del CPACA.
82. Igualmente, aunque la convocatoria se remitió al manual de funciones para
establecer los requisitos que debían cumplir los aspirantes, no queda duda de que
no fue la que los determinó y, por lo mismo, debe entenderse que los cargos, más
que dirigirse en contra del acuerdo, lo que hacen es cuestionar la legalidad del
decreto expedido por el municipio de Caucasia, el cual no fue demandado.
83. En gracia de la claridad, es del caso precisar que la convocatoria y el manual
de funciones no conforman un acto complejo, por lo tanto, cualquier irregularidad
que a este se le reproche no trasciende automáticamente a la legalidad de aquella.
84. Dicho de otro modo, aunque el manual de funciones pudiera estar viciado de
alguna causal de nulidad, ello no implica que necesariamente la convocatoria tenga
la misma suerte, en razón a que no dependen uno del otro. Al respecto, esta Sección
ha señalado lo que a continuación se transcribe:
«[...] contrario a lo afirmado por la parte actora, no es posible sostener que la
ilegalidad del manual se comunica indefectiblemente al proceso de selección
y mucho menos que la nulidad del primero conduzca a la del segundo.
[...] Bajo este hilo argumentativo, se reafirma la tesis de que la nulidad del
manual de funciones no se traduce necesariamente en la nulidad del acto de
convocatoria a concurso público que lo tuvo en cuenta para conformar la
OPEC, pues debe revisarse en cada caso concreto en qué medida la
irregularidad enrostrada pudo afectar la estructuración del certamen.
En este orden de ideas, la Sala se aparta del razonamiento del sindicato
demandante en el sentido de considerar que las irregularidades del Decreto
111 de 2018 afectaban la convocatoria en una suerte de nulidad por
consecuencia; por el contrario, como no se configura un acto complejo entre
estas decisiones tampoco puede invocarse como único argumento de nulidad
que las deficiencias del manual se traducían automática e inexorablemente
en la validez del proceso de selección.»
85. En consecuencia, comoquiera que el actor únicamente solicitó que se anulara
la convocatoria expedida por la CNSC y no el acto que emanó de la voluntad del
municipio de Caucasia y el cargo se dirige esencialmente a cuestionar la legalidad
de este último por los requisitos establecidos para el cargo de agente de tránsito, la
conclusión no será otra que en este escenario no se puede adelantar un juicio de
legalidad contra el acto que no fue acusado. En consecuencia, se negarán las
pretensiones de la demanda.
2.5. Conclusión
86. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala negará las pretensiones de
la demanda porque (i) para la fecha de expedición del acuerdo acusado el municipio
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de Caucasia era de quinta categoría y, por lo tanto, debía atender el artículo
2.2.36.2.1 del Decreto 1038 de 2018 así como la OPEC presentada ante la CNSC;
(ii) la inscripción a un solo cargo no quebranta los cánones de acceso al empleo
público y trabajo, en tanto al poder escoger el cargo que se adapte al perfil garantiza
la libre concurrencia; (iii) si el acto administrativo acusado es la convocatoria
expedida por la CNSC y no el manual de funciones, no se puede adelantar el
examen de legalidad de este último, en tanto son actos independientes; (iv) en la
convocatoria sí tuvo en cuenta a las personas en condición de diversidad cognitiva,
funcional o anatómica para efectos de la presentación de las pruebas; y (v) la falta
de publicidad del manual de funciones afecta su eficacia, no su validez; además,
una eventual irregularidad en este no genera automáticamente la ilegalidad de la
convocatoria.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar probada de oficio la excepción de ineptitud de la demanda por
falta de los requisitos formales respecto de la pretensión del proceso 1284-2020,
consistente en la «simple nulidad de la Oferta Pública de Carrera Administrativa – OPEC
contenida en el decreto 1038 de 2018 “Por el cual se adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con los requisitos de
ingreso, selección, capacitación y estímulos para los empleos de los municipios priorizados
en el Decreto Ley 893 de 2017” emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública», por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo. Negar las pretensiones de nulidad del Acuerdo CNSC – 201800007556
del 17 de diciembre de 2018 formuladas por Miguel Ángel Muñoz Pérez, Oscar
William Santana Mazo, María del Carmen Mendoza Arias, Manuel Salvador Torres
Mendoza, Luz Mari Quintero, Alexander Luis Tus Heredia, Gabriel Antonio Durán
Méndez, Eva Samara Correa, Cuello, Rosa Irene Ríos Arias, Janet Patricia Vélez
Morales, Melva Cecilia Avilez Sotomayor, Olga Amparo Viana Medina, Norcira
Noriethna Navarro Landero, Aceneth Montoya Ochoa, Anderson Bladimir Arrieta
Cardozo, Elba Lucía Aristizábal Castaño, José Isaac Menco Flórez, Félix Antonio
Ayala Baldovino, Angélica María Figueroa Jaraba, Nany Peñate Coronado, Wilmar
Jhoan Hernández Villera, Luis Antonio Meneses Meriño, Luis Eduardo Gutiérrez
Álzate, Gilma Esther Hernández Rivera, William Barbosa Díaz, Temilda Rosa
González Bertel, Ernesto José Miranda, Gerardo Dannis Padilla Barrera, Esteher
Posada Arias, Adalberto Urbino Zabaleta, Lacides Enrique Caly Estrada, Pedro
Nolasco Lozano Ruiz, María Magdalena Jiménez Ochoa [del proceso 1284-2020];
y Leonardo Reyes Contreras [del proceso 0826-2021].
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Demandante: Yair Almanza Cabrera y otros
Segundo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA,
previas las anotaciones correspondientes en la plataforma digital Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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