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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00687-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00687-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado por el señor Luís Ángel Lozada Olaya en contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 9 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001 33 33 002 2012 00385 01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00687-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)
Accionante: Luís Ángel Lozada Olaya
Demandado: Departamento del Caquetá
Temas: Causal 5.° del artículo 250 de la Ley 1137 de 2011.
Presupuestos de configuración. Vulneración al debido proceso.

I. ASUNTO

1. Se decide el Recurso Extraordinario de Revisión consagrado en el artículo
248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, presentado por el señor Luís Ángel Lozada
Olaya1 en contra de la sentencia del 9 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 18001 33 33 002 2012 00385 01.

II. ANTECEDENTES

Del proceso ordinario que motivó la presentación del recurso extraordinario.

Las pretensiones.

2. A través de la demanda se solicitó anular el Decreto 000669 de 31 de mayo
de 2012, a través del cual se suprimieron unos cargos en la planta de personal de
la Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá.

3. A título de restablecimiento del derecho, se exigió el reintegro del actor al
cargo de profesional universitario código 219 grado 12 y el pago de los emolumentos
salariales y prestacionales dejados de percibir desde el día de su retiro y hasta el
momento de su reincorporación, los cuales deben ser actualizados conforme al IPC.

4. Así mismo, se peticionó el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo
señalado en el artículo 192 del CPACA y la condena en costas y agencias en
derecho de la entidad accionada.

1 El escrito de revisión fue remitido a través del correo electrónico de la secretaría de esta Sección el 3 de julio

de 2020. Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado “AL DESPACHO POR REPARTO -
CORREORADICACION-1-01CorreoRadicacion.pdf”.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00687-00 (2072-2020)
Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

Hechos relevantes.

5. En el año 2009 el Ministerio de Educación Nacional contrató una firma
consultora para adelantar un estudio sobre la estructura organizacional de la
Secretaría de Educación de la Gobernación del Caquetá. Ello, dadas las
competencias de administración educativa asumidas por ese ente territorial de
acuerdo con la Ley 715 de 2001 y la financiación, con recursos del sistema general
de participaciones, de los costos derivados de la planta de personal.

6. El 21 de octubre de ese año se entregó el proyecto de modernización de esa
dependencia, el cual recomendó la creación de 18 empleos de profesional
universitario para brindar apoyo a las labores misionales de esa institución.

7. En cumplimiento de lo anterior, y previa creación de esos cargos, el
gobernador del departamento, mediante el Decreto 000074 de 13 de enero de 2011,
nombró provisionalmente al accionante como profesional universitario código 219,
grado 03. Posteriormente, ese empleo fue homologado al de profesional
universitario código 219, grado 12- a través del Decreto 000922 del 16 de mayo de
2011.

8. A principios del año 2012, los nuevos directivos departamentales
evidenciaron su deseo de retirar del servicio a los trabajadores que venían
vinculados con la administración anterior. Fue así como al demandante le asignaron
una sobrecarga laboral y, además, lo sometieron a climas laborales tensos e
inadecuados.

9. El 1.° de junio de 2012, el actor y algunos de sus compañeros de labor fueron
citados al despacho de la secretaria de educación con la finalidad de discutir la
propuesta de incremento salarial. Sin embargo, en esa sesión les fue leído el
contenido del acto administrativo que ahora se demanda, cuyo fundamento principal
lo constituyó el déficit presupuestal para el sostenimiento de la nómina de cargos.

10. Inconforme con esa decisión, los trabajadores solicitaron la intervención de
la Procuraduría Regional del Caquetá, quien en la visita realizada a las
dependencias de la secretaría de educación no encontraron el estudio técnico que
sirvió de base a la supresión de cargos.

11. En fecha posterior se encontró el documento denominado «JUSTIFICACIÓN
TÉCNICA PARA LA SUPRESIÓN DE UNOS CARGOS EN PROVISIONALIDAD DE
LA PLANTA DE EMPLEOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ», el cual fue
presuntamente plagiado de una página web y, por demás, carece de la firma de su
autor.

12. Tal estudio no satisface los lineamientos técnicos y legales exigidos para ello.
Adicionalmente, en tres párrafos se justificó la supresión de algunos empleos
adscritos a la secretaría de educación departamental, sin hacer mención de las
razones de déficit presupuestal depositadas en el decreto sometido a juicio.
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Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

13. Mediante el Decreto 000710 de 6 de junio de 2012 se modificó el acto
cuestionado, en el sentido de señalar que eran 11 y no 13 los empleos de
profesional universitario que serían eliminados.

Normas violadas y concepto de violación.

14. Para la abogada de la parte actora, el acto administrativo demandado vulneró
las siguientes disposiciones:

• Artículos 6.°, 14, 25, 29, 125 y 209 de la Constitución Política.
• Artículo 228 del Decreto 019 de 2012.
• Artículo 2.° de la Ley 909 de 2004.
• Artículos 95, 96 y 97 del Decreto 1227 de 2005.

15. Se señaló que el acto administrativo demandado y, especialmente, el estudio
técnico presuntamente realizado no se fundó en razones de necesidad del servicio
y/o de modernización de la administración, sino que fueron emitidos para
satisfacción de los fines políticos del gobernador de turno.

16. El citado estudio no se ajustó a los parámetros definidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP, pues está ausente el análisis de los procesos técnicos misionales,
la evaluación de los servicios prestados, el examen de las funciones, perfiles y
cargas de trabajo, entre otros lineamientos. Además, ese estudio jamás fue
estructurado con el apoyo de los funcionarios cuyos empleos fueron objeto de
valoración.

17. Existe contradicción entre los fundamentos citados como soporte de esa
supresión y que se encuentran depositados en ese estudio técnico y en el decreto
demandado, pues mientras en el primero de ellos se alude a un superávit de la
oferta institucional frente a la demandada ciudadana, en el segundo se da cuenta
de un déficit presupuestal para el sostenimiento de la planta de personal que, por
cierto, es financiada con recursos del sistema general de participaciones.

18. En consecuencia, la decisión demandada está viciada por violación del
derecho de audiencias y defensa, falsa motivación, desviación de poder e infracción
de las normas en las que debería fundarse, por lo que amerita ser anulado.

Sentencia de primera instancia.

19. Mediante sentencia de 31 de julio de 2017, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Florencia, accedió a las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandada.

20. Con tales fines, después de referenciar brevemente el marco normativo de
los procesos de reestructuración de la administración pública y la profesionalización

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Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

de la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá
concluyó que:

21. El estudio técnico que justificó la supresión de cargos adolece de varias
irregularidades que tornan procedente la nulidad del decreto demandado, entre
ellas: a) el desconocimiento de su autor, su experticia profesional e idoneidad para
la emisión de ese documento; b) su único sustrato lo constituye la racionalización
del gasto público, sin ninguna evidencia al respecto; c) la ausencia de análisis de
los procesos técnico misionales y de apoyo prestados por la dependencia, de los
servicios brindados por la entidad y de las funciones de los empleos, perfiles de
trabajo y cargas laborales.

22. Es evidente la falsa motivación del acto demandado y del reseñado estudio
técnico, pues no es comprensible que la administración departamental haya
desconocido en su totalidad el proceso de reestructuración administrativa
adelantado en el año 2010 por el Ministerio de Educación Nacional, que concluyó
que la planta de cargos de la Secretaría de Educación Departamental del Caquetá
requería para su buen funcionamiento de 49 empleos de distinto nivel, para lo cual
recomendó la supresión de 27 empleos.

23. Tampoco son aceptables las razones de déficit presupuestal para el pago de
la nómina pues, según se demostró, es financiada en su totalidad con los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.

Recurso de apelación.

24. Inconformes con la anterior decisión, las partes la recurrieron en apelación.
Con tales fines, arguyeron:

25. Parte demandante. Los límites impuestos a la medida del restablecimiento
del derecho -pago de salarios sin exceder los veinticuatro meses y el descuento de
lo recibido por cualquier vínculo laboral público y/o privado- no se avienen al criterio
de justicia según el cual cada quien debe recibir lo que corresponde.

26. Aunque tal restricción se fundó en la sentencia de unificación 556 de 2014,
lo cierto es que esa providencia constituye, a la luz de la carta política, un criterio
auxiliar de la actividad judicial que no patrocina la justicia ni la equidad, pues se
basó en datos estadísticos generales que no se compadecen de la situación
particular del demandante.

27. La regla jurisprudencial en referencia, al ser fuente de derecho, no puede ser
aplicada a casos que se concretaron con anterioridad a su expedición, máximo
porque las disposiciones judiciales de unificación se proyectan hacía el futuro. De
manera que, con su aplicación, se restó fuerza a la tesis de indemnización plena del
daño elaborada por el Consejo de Estado.

28. La limitación impugnada desconoce disposiciones internacionales ratificadas
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Demandante: Luís Ángel Lozada Olaya

por Colombia -artículo 7.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en materia de derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios
158 de la OIT y la recomendación 166 de ese mismo organismo- que ratifican el
derecho a la indemnización integral en materia de desvinculaciones ilegales del
servicio.

29. La Gobernación del Caquetá. El a quo no debió anular el oficio SED 01896
de 1.° de junio de 2012, que comunicó al actor la supresión de su empleo, en razón
a que dicha decisión no fue demandada.

30. Además, se ordenó el reintegro del demandante sin tener en cuenta que, de
acuerdo con lo señalado en la sentencia SU-556 de 2014, tal orden es pertinente
en la medida en que el empleo no haya sido suprimido. Por tanto, como la ocupación
que el accionante tenía en la Gobernación del Caquetá fue eliminada, no procede
la orden en cuestión.

Sentencia objeto de revisión.

31. El Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante providencia del 9 de mayo
de 2019 revocó la sentencia apelada y se condenó en costas en ambas instancias
a la parte demandante. Para ello, después de reseñar una sentencia de esta
Corporación en la que se hace claridad de las decisiones que deben ser
cuestionadas en tratándose de supresión de cargos, concluyó:

32. El acto que lesionó los derechos particulares del actor no fue el decreto aquí
demandado, sino el oficio SED 01898 de 1.° de junio de 2012, a través del cual la
administración departamental le informó a aquel que su empleo había sido
suprimido y, por ende, que su relación laboral finiquitaba en esa calenda.

33. En consecuencia, como esa decisión no fue sometida a juicio, es imposible
desplegar sobre él un análisis de legalidad, por lo que se estima que la demanda
fue indebidamente planteada y, por tanto, se debe revocar la sentencia impugnada.

Del recurso extraordinario de revisión.

34. La causal invocada. El señor Luís Ángel Lozada Olaya, a través de
apoderada, señaló que en este asunto se configuró la causal de revisión contenida
en el numeral 5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, la cual, por su importancia
aquí, se transcribe a continuación:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación […]».

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35. Los fundamentos del recurso. Para el recurrente, la providencia
impugnada vulneró los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, por cuanto:

36. Desconoció que, frente a la excepción de inepta demanda -invocada ante el
no sometimiento a juicio del oficio SED 01898 de 1.° de junio de 2012- había
operado el fenómeno de cosa juzgada, pues había sido despachada negativamente
en la audiencia inicial sin oposición alguna de la parte demandada. Esa omisión
conllevó, a su vez, la violación del principio de seguridad jurídica.

37. Adicionalmente, ese postulado superior fue desconocido por el tribunal, pues
el referenciado oficio no fue demandado en aplicación de la teoría “del acto
próximo”. Según esta tesis, ante la imposibilidad de definir un criterio general para
identificar cuál o cuáles son las decisiones que, en el marco de los procesos de
supresión de cargos deben ser cuestionadas, se acude, en principio, a la que
contiene la orden de eliminación, en tanto primera manifestación de voluntad de la
administración y, de contera, causa remota del retiro del servicio.

38. Se infringió el derecho a la tutela judicial efectiva y, junto con él, la
prerrogativa del debido proceso, pues el ad quem se inhibió para emitir una
resolución de fondo, sin tener una razón para ello. Tal injusticia se cristalizó con la
conclusión según la cual debía demandarse el oficio en referencia, el cual, por
cierto, no es un acto administrativo, pues no creó, modificó y/o extinguió una
situación jurídica, sino que se limitó a comunicar al demandante que su empleo
había sido suprimido.

39. El juez de segundo grado pasó por alto su propio precedente, pues existían
decisiones anteriores en las que se había definido que era innecesario demandar el
oficio de comunicación que aquí se ha venido señalando. Entre tales providencias
se encuentran las proferidas los días 14, 20 y 25 de febrero de 2014, en trámites
judiciales similares.

40. La sentencia impugnada adoptó dentro de sus fundamentos una providencia
del Consejo de Estado (expediente 0471-2014) que fue emitida con posterioridad a
la presentación de la demanda, desconociendo que los precedentes no son
retroactivos y, por demás, que no pueden emplearse en perjuicio de los derechos
ciudadanos.

41. Pretensiones. El recurrente solicitó dejar sin efectos la sentencia impugnada
y, en consecuencia, devolver el expediente al tribunal de origen para que emita una
nueva decisión.

42. Intervención de la Gobernación del Caquetá y del Procurador Delegado
ante esta Corporación. Los señalados sujetos procesales guardaron silencio en
esta instancia.

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III. CONSIDERACIONES

43. Competencia. Esta Subsección es competente para resolver el recurso de
revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de
2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, contentivo del
Reglamento Interno de esta Corporación.

44. De la oportunidad para interponer el recurso. De conformidad con lo
señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, cuando el recurso se
fundamente en la causal de revisión prevista en el numeral 5°, entre otras, podrá
presentarse «dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

45. En el presente asunto, la providencia objeto de revisión fue proferida el 9 de
mayo de 2019 y quedó ejecutoriada el día 17 de ese mes, tal y como lo certificó el
Tribunal Administrativo del Caquetá. Por tanto, la Sala concluye que el recurso,
radicado a través del correo electrónico de la secretaría de esta Sección el 3 de julio
de 2020, fue presentado dentro de la oportunidad legal.

46. Lo anterior, en razón a que, con ocasión a la pandemia vivida en el año 2020,
los términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio
de esa anualidad,2 esto es, por espacio superior a tres (3) meses. En consecuencia,
la adición de ese tiempo al plazo inicial -contado a partir del 17 de mayo de 2019,
fecha de ejecutoria de esa providencia-, permite confirmar que el fenómeno extintivo
no tuvo lugar.

47. Problema jurídico. De acuerdo con lo planteado en la impugnación,
corresponde a la Sala determinar sí: ¿La sentencia recurrida incurrió en la causal
de revisión establecida en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A. y, por tanto,
amerita ser anulada?

48. Para resolver ese interrogante, se reseñará: i) la naturaleza y objeto del
Recurso Extraordinario de Revisión; ii) el contenido y alcance de la causal 5 del
artículo 250 del CPACA y; iii) el alcance del fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

Normas y jurisprudencia aplicables.

La naturaleza y objeto del Recurso Extraordinario de Revisión.

49. El artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, establece lo siguiente:

«ARTÍCULO 248. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos».

2 Decreto 564 de 2020 «Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del

sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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50. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, por su naturaleza, el
Recurso Extraordinario de Revisión es un medio judicial de impugnación que, por
excepción, no encuentra límites en el principio de inmutabilidad propio de las
providencias que han adquirido la connotación de cosa juzgada.

51. Lo anterior, en razón a que puede ser dirigido en contra de las sentencias
ejecutoriadas proferidas por cualquiera de las autoridades que integran la
jurisdicción de lo contencioso administrativo -jueces y tribunales administrativos, así
como las subsecciones y secciones de esta Corporación-.

52. En cuanto a su objeto, se ha dicho que radica en obtener el restablecimiento
de la justicia material desconocida en la decisión cuestionada, a través de
situaciones externas que no pudieron ser ventiladas en el trámite del proceso
ordinario, pero que revisten tal gravedad que prohíjan la superación del principio de
cosa juzgada.

53. En sentencia de 3 de marzo de 2020,3 la Sala Décima Especial de Revisión
de este Tribunal, expresó:

«[…] 2.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

43. El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Título VI Capítulo
I el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley
1437 de 2011-, el cual ha sido definido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado como «un medio de impugnación excepcional
que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante
la demostración inequívoca de ser decisiones injustas, por incurrir en alguna de las
causales que taxativamente consagra la ley».4

44. A través del citado medio de impugnación extraordinario es posible controvertir
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las proferidas en cualquier
instancia por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos cuya
naturaleza permita la interposición del recurso. En consecuencia, el recurso
extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por la doctrina5
como un medio de impugnación con la virtud de afectar de manera excepcional el
principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues
con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se
configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.6

3 Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02008-00 (REV), Consejera Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes

Barreiro Sentencia de 30 de septiembre de 2014.
5
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016,
Pág. 884.
6 «1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado

después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para
reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento,
la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en
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45. Resulta imprescindible mencionar que el recurso extraordinario de revisión tiene
por objeto, procurar el restablecimiento de la justicia material de la decisión
controvertida, cuando quiera que esta ha sido afectada por situaciones exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del
legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa
juzgada […]».7

54. Sin embargo, se destaca que este medio no fue diseñado para: i) reabrir el
debate propio de las instancias del proceso ordinario; ii) suplir las falencias
probatorias de las partes; iii) discutir los fundamentos jurídicos de las providencias;
iv) controvertir la actividad interpretativa del juez; v) corregir los errores por falta de
aplicación de las normas y/o su indebida adscripción al momento de resolver el caso
sometido a juicio.

55. De ahí que el legislador haya enlistado unas causales taxativas para la
procedencia del recurso y, además, que la jurisprudencia exija de quien recurre una
argumentación precisa, técnica y rigurosa que evidencie el nexo existente entre los
fundamentos y la causal alegada.8 En la sentencia que se viene citando, esta
Corporación expresó:

«46. En ese sentido, el citado recurso no es una oportunidad para reabrir un debate
propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso
extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa
del juez9 o para corregir errores «in iudicando»10, sino que fue consagrado para
discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en
la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos
falsos o adulterados11-, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser
determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición
de una persona con mejor derecho12-, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen
que esta última carezca de razón de ser – como en el caso de la causal cuarta,13- o
deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada
en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación14-.

dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia
contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.
Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada».
7 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15- 000-

2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de
29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia

de 13 de octubre de 2020, expediente No. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV), Consejero Ponente Dr.
Alberto Montaña Plata.
9 Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-

000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.
10 En sentencia C- 998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: «(…) Los errores

in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de
una norma sustancial o por interpretación errónea…».
11 Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos

falsos o adulterados».
12 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales

se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
13 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la

sentencia.
14 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de

apelación.
9

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47. Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia
está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación
elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo,
debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los
hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

48. En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos
en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al
recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios
de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho
de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si
se tratara de una nueva instancia.

49. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder
la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la
sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo».15

El contenido y alcance de la causal 5 del artículo 250 del CPACA.

56. El numeral 5.° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo dice, a la letra, que:

«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación».

57. De acuerdo con el anterior dispositivo, los presupuestos para su
configuración son los siguientes: i) que exista nulidad procesal y; ii) que esta se
origine en una sentencia que ponga fin al proceso y contra la cual no proceda el
recurso de apelación.

58. En relación con las causales de invalidación que pueden invocarse en contra
de la sentencia, se han identificado dos posiciones principales al interior de esta
Corporación. En la primera de ellas, se ha defendido la tesis de la legalidad y la

15 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios
pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de
27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: «… no
constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o
sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley,
cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)». En ese mismo
sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó
que con el recurso extraordinario especial de revisión «(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración
propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a
convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente
los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)».
10

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taxatividad de las nulidades, pregonando que solo pueden emplearse las enlistadas
en el Código General del Proceso y aquellas que impliquen la vulneración del
derecho al debido proceso contenido en el artículo 29 superior.16

59. Por su parte, en la segunda teoría, se ha señalado que la causal en estudio
no se configura únicamente con situaciones taxativas, sino también a través de otras
circunstancias que el juez, basado en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
adecuación, identifique y revele en cada caso concreto como contrarias a los
mandatos constitucionales que necesariamente conlleven a infirmar la decisión
judicial.17 A partir de esta última tesis se ha sostenido que:18

«[…] En esta última corriente, que admite hipótesis no contempladas en forma
expresa como causales de nulidad, la jurisprudencia ha identificado, a modo
enunciativo, ciertos casos de afectación del derecho al debido proceso, al igual que
del de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, admitiendo
que hay lugar a revisar la sentencia de instancia por vía extraordinaria cuando la
decisión (i) es inhibitoria; (ii) se profiere sin motivación alguna; (iii) transgrede el
principio de la no reformatio in pejus; (iv) condena a un tercero que no ha sido
vinculado como parte al proceso; (v) se pronuncia sobre aspectos que no le
corresponden, esto es, sin competencia o jurisdicción, según el caso; (vi) se profiere
en un proceso que había terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no cuenta con el número de votos requerido para su aprobación y (viii) desconoce
el principio de congruencia19 bien sea por una condena extra, ultra o infra petita.

Visto lo anterior, la presente decisión acoge los planteamientos que expuso la
sentencia de unificación del 8 de mayo de 201820 proferida por la Sala Plena de la
Corporación, de manera que adhiere a la tesis que defiende la no taxatividad de las
causales de nulidad que configuran el supuesto del artículo 250 numeral 5 del
CPACA. En ese orden de ideas, la nulidad predicable de la sentencia de instancia
se estructura por:

• El acaecimiento de alguna de las hipótesis que regula el artículo 133 del
CGP;
• La existencia de irregularidades que afecten sustancialmente el derecho al
debido proceso;
16 Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 3 de febrero de 2015, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, Radicación 11001-03-15-000- 1998-00157-01(REV), Actor:
Sociedad de Mejoras Publicas de Cali; del 1 de octubre de 2019 radicación 11001-03-15-000-2017-00811-
00(REV), actor: Odilio Fernández Sánchez y otros; del 3 de diciembre de 2019, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veintiuno Especial de Decisión, radicación 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV), actor:
Panadería La Victoria S.A.
17
A esta postura se adscriben, entre otras, las siguientes decisiones judiciales adoptadas por esta Corporación:
sentencia del 8 de mayo de 2018, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-15-000-
1998-00153-01, actor: Julio César Mancipe Estupiñán; sentencia del 7 de octubre de 2019, Sección Tercera,
Subsección B, radicación 11001-33-31-035-2008-00180- 01(52615); actor: Ferney Darío Lis Fula y otros;
sentencia del 24 de octubre de 2019, Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2014-
00325-00(0997-14), actor: Carlos Januario Montero Pérez.
18 Sobre el particular se puede consultar, entre otras, la sentencia de 26 de agosto de 2021, proferida por esta

Subsección dentro del expediente con radicado 11001-03-25-000-2017-00852-00(4598-17).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, radicación REV

2014-00440-00.
20
Expediente 1998-00153. La decisión sostuvo que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando
se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vigente para la época en que se
dictó el fallo de segunda instancia, objeto del recurso de revisión, (actualmente artículo 133 del Código General
del Proceso) y ii) por desconocimiento del artículo 29 de la Carta Política, como expresamente lo reconoció
esta Corporación en la sentencia de 7 de febrero de 2006, expediente REV-00150 y la Corte Constitucional en
la Sentencia C-739 de 2001. Pero además, determinó que un fallo inhibitorio no justificado es causal de nulidad
constitucional por violación de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y a una
tutela judicial efectiva.
11

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• Otros vicios que, sin estar relacionados con el ejercicio de valoración
probatoria y jurídica que efectuó la providencia, tengan la entidad suficiente para
que, en sede de revisión y luego de un estudio que consulte parámetros de
ponderación, razonabilidad y mesura, el juez concluya que la sentencia objetada
quebrantó la legalidad y la justicia.

En efecto, la Subsección considera que esta tesis resulta más coherente con los
valores que busca proteger el ordenamiento superior pues, de un lado, satisface la
finalidad a la que responde el recurso extraordinario de revisión, permitiendo que
decisiones manifiestamente injustas sean examinadas, pero también garantiza el
principio de seguridad jurídica al limitar la procedencia de la causal a situaciones
excepcionales, en las que el peso de la anomalía sea tal que se transgreda el núcleo
esencial de derechos que se caracterizan por tener una marcada relevancia
constitucional21 y que se configuren en la sentencia».

60. Corolario, se tiene que las causales de nulidad que se pueden pregonar
frente a las sentencias ejecutoriadas no son taxativas sino enunciativas, entendidas
estas últimas como aquellas irregularidades que afecten con magnitud y gravedad
las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso.

El alcance del fenómeno jurídico de la cosa juzgada.

61. El artículo 303 del C.G.P. dispone que «[l]a sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes».

62. En igual sentido, el artículo 189 del C.P.A.C.A. pregona esos mismos efectos
sobre las decisiones plasmadas en las decisiones de esa misma naturaleza
proferidas por esta jurisdicción.

63. Con base en ello, la jurisprudencia esta Corporación ha señalado que la cosa
juzgada es un atributo propio de las sentencias ejecutoriadas que, por tanto, les
otorga un carácter definitivo, inmutable y vinculante y, de contera, les impide a los
jueces reabrir los debates resueltos en sede judicial.22

64. No obstante, tal condición también es predicable de los autos que, de manera
atípica, terminan el proceso judicial, pues solo frente a estos es que se pregonan
las características arriba señaladas.

65. En un caso de contornos similares al del presente, la Corte Constitucional
expresó23:

«Teniendo en cuenta el anterior recuento probatorio, la Sala Plena considera que
respecto de los autos que declararon no probadas las excepciones de inepta

21 En este mismo sentido se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala

Especial de Decisión N.° 19, sentencia del 18 de agosto de 2020, radicación: 11001-03-15-000-2017-02369-00,
demandante: Pedro José Vaca López.
22 Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 17 de marzo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-

00356-00(AC), C.P. Dr. William Hernández Gómez.
23 Sentencia SU-335 de 2023, M.P. Dra. Diana Fajardo Rivera.

12

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demanda por escogencia del medio de control y de caducidad del medio de control
de reparación directa, y que rechazó el recurso de apelación contra esa decisión
porque el Ministerio Público carecía del interés para recurrir, no es predicable el
principio procesal de la cosa juzgada judicial que fijan los artículos 189 del CPACA
y 303 del CGP, en tanto son providencias judiciales que están lejos de
constituir una sentencia ejecutoriada o un auto ejecutoriado que pone fin al
proceso de forma atípica. Solo respecto de estas categorías de providencias
judiciales es que opera la cosa juzgada judicial bajo las características de ser
definitiva, inmutable e inmodificable. (El énfasis es nuestro)

Sobre el punto, la Sala estima que la decisión de declarar no probadas las
excepciones que presentó el departamento de Casanare no era vinculante ni
obligatoria para la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
al menos tres razones. Primero, es diferente que un acto procesal adquiera firmeza,
a que respecto de mismo se predique el principio de la cosa juzgada procesal. En el
presente caso lo que existió fue una decisión judicial que quedó en firme luego de
haberse proferido el auto de obedézcase y cúmplase. Segundo, esa Subsección al
momento de conocer el recurso de apelación contra ese auto no emitió un
pronunciamiento de fondo sobre la escogencia del medio de control, es decir, jamás
definió de manera previa el tema y por ello no desconoció los estándares propios de
la seguridad jurídica. Tercero, como supremos directores del proceso, los jueces de
la República deben adelantar un control de legalidad sobre el trámite que tienen a
cargo con miras a garantizar que los procedimientos fijados por el Legislador sean
acogidos y correctamente aplicados según las pretensiones y la causa petendi que
proponga la parte actora. De allí que detenten las facultades de saneamiento y
gocen de la potestad de adecuar el trámite procesal de acuerdo con contenido real
que refleje la demanda, sumado a que los magistrados y jueces de la jurisdicción
contenciosa administrativa cuentan con la potestad oficiosa de declarar la ocurrencia
del fenómeno de la caducidad del medio de control por el cual se debe conducir el
trámite judicial.24 Esto justifica que la Subsección A accionada si estaba habilitada
para pronunciarse sobre la idoneidad de reconducir el asunto del medio de control
de reparación directa que adujo la demandante, al de controversias contractuales».

66. Pues bien, conforme con lo analizado, la Sala resolverá el problema jurídico
planteado en precedencia.
Caso concreto.

Interrogante único: ¿La sentencia recurrida incurrió en la causal de revisión
establecida en el numeral 5 del artículo 250 del C.P.A.C.A. y, por tanto, amerita ser
anulada?

67. La Subsección responde que la sentencia impugnada no incurrió en ninguna
causal de nulidad, pues no se demostró que haya vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la parte activa.

68. En primer lugar, y de acuerdo con lo arriba estudiado, se concluye que la

24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión 16. Exp. 11001-03-15-

000-2012-02124-00. Sentencia del 27 de enero de 2023. C.P. César Palomino Cortés. En esa decisión se indicó
que “[l]a caducidad es un fenómeno jurídico de orden público, por lo tanto, se debe declarar de oficio cuando se
encuentre probada; y por su carácter de orden público no es susceptible de renuncia o disposición por las partes
y solo puede ser suspendida o interrumpida por disposición legal expresa.” Posteriormente, en esa misma
decisión, el Consejo de Estado iteró que “[s]obre la facultad oficiosa del juez para declarar la caducidad de la
acción, la jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que ‘Por ser de orden público, la caducidad
es indisponible, irrenunciable y el juez, cuando encuentre probados los respectivos supuestos fácticos, puede
declararla de oficio, aún en contra de la voluntad de las partes.”
13

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decisión adoptada en la audiencia inicial, en cuanto despachó negativamente la
excepción de inepta demanda formulada por la Gobernación del Caquetá, no está
arropada con el atributo de cosa juzgada, dado que no implicó la finalización del
proceso.25

69. En un asunto similar, la Sala Once Especial de Decisión de este tribunal,26 al
resolver la censura formulada en contra de una sentencia dictada en segunda
instancia por la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación, frente a
la que se invocó el desconocimiento del principio de cosa juzgada, manifestó:

«Respecto al desconocimiento de la cosa juzgada, porque la excepción de
caducidad propuesta por Bogotá Distrito Capital ya había sido resuelta en apelación
por el Consejo de Estado en el curso del proceso ordinario27, pese a lo cual se
abordó nuevamente su análisis en la sentencia de segunda instancia, es preciso
mencionar que, si bien la cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas28, no se puede
obviar que, la caducidad es una institución de naturaleza procesal a través de la
cual el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el
tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de
obtener pronta y cumplida justicia; así, se trata de una figura que impide el ejercicio
de la acción en el evento de haberse configurado29.

A juicio de esta corporación, si la «caducidad de los medios de control sometidos a la
competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo constituye un instituto de
orden público que, por tanto, no admite renuncia y en caso de resultar acreditado debe
declararse por el juez, independientemente del estado en que se encuentre el proceso»30,
frente a la misma no es viable predicar la cosa juzgada, aun cuando su estudio se
haya abordado en etapa previa a la sentencia de segunda instancia, como ocurrió
en este caso, todo porque, «dicha circunstancia no eximía al ad quem de su deber de
declarar, en cualquier etapa del proceso y aún de oficio, la caducidad de la acción en
cualquier evento en que la hubiese encontrado acreditada»31.

En efecto, conforme al inciso segundo del artículo 187 del CPACA -este
ordenamiento fue el que rigió el trámite del proceso ordinario-, en la sentencia se
deberá decidir «sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el
fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus»; es esta autorización al juez -de primera o segunda
instancia- de declarar cualquier hecho exceptivo que encuentre probado, ya sea a
solicitud de parte o incluso de oficio, la que valida la actuación de la Sección Tercera
de esta corporación de declarar la caducidad de la pretensión indemnizatoria en el
fallo censurado, porque aun cuando ya hubiere emitido pronunciamiento previo
sobre dicha figura, esta puede ser declarada en segunda instancia, en tanto una
vez se ha configurado, impide el ejercicio válido del derecho de acción».

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, expediente 05001-23-33-000-2014-00834-01(57718),

C.P. Dra. Marta Nubia Velásquez Rico.
26 11001-03-15-000-2022-05737-00, C.P. Dr. Wilson Ramos Girón (E).
27
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante auto de 01 de agosto de 2016 revocó
en lo referente a la prosperidad de la excepción de caducidad del medio de control, lo decidido el 05 de febrero
de 2014 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
28 Corte Constitucional C-100/19, MP. Alberto Rojas Ríos.
29 Corte Constitucional C-832/01, MP. Rodrigo Escobar Gil.
30 En ese sentido, cfr. la sentencia de 14 de diciembre de 2022, Sala Cuarta Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-
2021-11535-00, CP: Pedro Pablo Vanegas Gil).
31 Ibidem.

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70. Las anteriores consideraciones sirven de base para descartar la vulneración
del principio de seguridad jurídica.

71. En segundo lugar, el tribunal de segunda instancia fue claro al referenciar las
diferentes tesis que la jurisprudencia de esta Corporación ha elaborado para
identificar los actos administrativos que deben ser sometidos a juicio en casos de
supresión de cargos en la administración pública.

72. Por tanto, el reparo formulado por la abogada del recurrente con apoyo en la
teoría del “acto próximo” no es más que un intento de reabrir el debate jurídico
resuelto en el trámite del proceso ordinario, lo que se opone a la finalidad y alcance
del recurso de marras, tal y como fue explicado en el acápite anterior.

73. En tercer lugar, la exigencia plasmada en la decisión impugnada no infringió
el derecho a la tutela judicial efectiva del otrora demandante, pues la inhibición allá
consignada se fundó en la excepción de inepta demanda proveniente de la falta de
cuestionamiento del oficio SED 01898 de 1.° de junio de 2012 que, por cierto,
contuvo la determinación administrativa de retiro del servicio por supresión del
cargo.

74. Así entonces, contrario a lo argüido por la jurista reclamante, el oficio en cita
es más que una simple comunicación, pues a través suyo se extinguió la relación
laboral existente entre el señor Luís Lozada Olaya y la Gobernación del Caquetá.
Esa ruptura, aunque se fundó en el decreto demandado, logró su concreción frente
al actor en virtud de aquel.

75. En otras palabras, sin el oficio en reseña, no se hubiera producido la
desvinculación objeto de reproche, pues en el acto general no se señaló que entre
los empleos a suprimir se encontraba el ejercido por el accionante.

76. En cuarto lugar, no es cierto que el Tribunal Administrativo del Caquetá haya
pasado por alto su propio precedente. En primer término, las decisiones que se
dicen desconocidas (autos de 14, 20 y 25 de febrero de 2014, proferidos dentro de
los expedientes 001-2012-00443-01, 001-2012-00384-01 y 001-2012-00383-01) no
resolvieron la excepción de inepta demanda por no falta de cuestionamiento del
oficio que individualizó el retiro del servicio.

77. En efecto, tales providencias resolvieron los recursos de apelación
presentados por la Gobernación del Caquetá, a través de los cuales discutía la
procedencia de la excepción de inepta demanda por dos motivos puntuales: la falta
de agotamiento de la vía gubernativa y la ausencia del requisito de conciliación
frente a todas las decisiones sometidas a juicio.

78. Por su parte, en el proceso ordinario que dio paso a este recurso se avizora
que, al contestar la demanda, el ente territorial formuló, además de las
anteriormente señaladas, la excepción de inepta demanda por no cuestionar la
totalidad de los actos administrativos.
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79. Así las cosas, en este caso se presentó una situación nueva no discutida en
los proveídos que se tildan como desconocidos.

80. En segundo término, y sin perjuicio de lo señalado, en la sentencia
cuestionada se señaló el fundamento jurisprudencial en que se apoyó la Sala de
Decisión para determinar que era obligatorio incluir dentro de la pretensión
anulatoria el oficio tantas veces citado.

81. Por tanto, a través de esta censura la parte activa pretende que se redefina
el debate resuelto en oportunidad anterior, lo que a todas luces deviene
improcedente.

82. Finalmente, ninguna norma obliga a los jueces a emplear en sus decisiones
únicamente las sentencias de los órganos jurisdiccionales de cierre proferidas con
anterioridad a la presentación de la demanda respectiva. Aceptarlo, implicaría limitar
la actividad interpretativa del fallador y, de contera, desconocer la fuerza vinculante
que tienen las decisiones de las altas cortes de justicia.

83. En consecuencia, se reitera, este argumento, al igual que los anteriores,
persiguen reabrir los debates jurídicos surtidos en la instancia ordinaria, por lo que
no son de recibo a través de este medio de impugnación.

84. Por lo que sigue, y en atención a que los reparos formulados no prosperaron,
se declarará infundado el aludido recurso.

Condena en costas

85. El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en su versión original,32 establece
que «[s]alvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil».

86. A su turno, el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil prevé que:

«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:

1. [s]e condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.

[…]. ».

32 Se acude a esta norma, en razón a que el recurso fue radicado en el año 2020, esto es, antes de la vigencia

de la Ley 2080 de 2021.
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8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.

87. En este contexto, atendiendo a que el recurso extraordinario no prosperó,
seria procedente la imposición de esta sanción. Sin embargo, como el departamento
del Caquetá no intervino en este trámite, no se condenará en costas al recurrente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar INFUNDADO el Recurso Extraordinario de Revisión formulado
por el señor Luís Ángel Lozada Olaya en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida el 9 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Caquetá,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
18001 33 33 002 2012 00385 01, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión,
archivar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo de
Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes del Código
General del Proceso.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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