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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00772-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00772-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de Pensiones de la Universidad Nacional presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 14 de octubre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 21 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00772-00 (2343-2020) Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KGO 22

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00772-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00772-00 (2343-2020)
Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
Accionado: Bernardo Vásquez

Tema: Causales de revisión de los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003

Sentencia de única instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia contra la sentencia proferida el 14 de octubre de
2015 por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por medio de la cual se confirmó parcialmente el fallo de primera
instancia dictado por el Juzgado Diecisiete Administrativo de Descongestión de
Bogotá D.C., que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por Bernardo Vásquez.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción1 prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 el Fondo

1 Samai, índice 3, archivo DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00772-00 (2343-2020)
Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

Pensional de la Universidad Nacional de Colombia solicitó la revisión de la sentencia
proferida el 14 de octubre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-021-2010-00535-00 (01),
que confirmó parcialmente el fallo dictado por el Juzgado Diecisiete Administrativo
de Descongestión de Bogotá D.C., por medio del cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Bernardo Vásquez contra la
Universidad Nacional de Colombia, y se ordenó incluir todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio para la reliquidación de su pensión.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la revocatoria de las sentencias
proferidas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; ii) la reliquidación
de la pensión reconocida con el IBL de los últimos 10 años de servicio, conforme
con las reglas de las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015,
entre otras proferidas por la Corte Constitucional, y SU del 28 de agosto de 2018
expedida por el Consejo de Estado; iii) la restitución de los dineros percibidos en
exceso; iv) la indexación de las sumas que resultaren; v) el reajuste conforme con
el IPC; y vi) la condena en costas y agencias en derecho al demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Bernardo Vásquez nació el 20 de agosto de 1949 y prestó sus servicios en la
Universidad Nacional de Colombia entre el 18 de julio de 1988 y el 30 de noviembre
de 2008. El último cargo que desempeñó fue el de «celador 532-03 PCA en la división
de vigilancia y seguridad de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá.».

3.2. Mediante la Resolución CPS 0337 del 6 de octubre de 2008, la Universidad
Nacional le reconoció una pensión de jubilación, efectiva a partir del retiro del
servicio, con el 75% del promedio de los factores devengados en los últimos 10
años, y previstos en el Decreto 1158 de 1994.

3.3. Con la Resolución CPS 0084 del 30 de marzo de 2009, la entidad reliquidó la
pensión en una cuantía de $921.392, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2008
fecha de su retiro, con el 75% del promedio de los factores devengados en los
últimos 10 años, y previstos en el Decreto 1158 de 1994.

3.4. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en
el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo2, Bernardo Vázquez presentó

2 En adelante CCA.

2

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Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

demanda contra la Universidad Nacional con el fin de que se declarara la nulidad
de los actos administrativos que le reconocieron su pensión con el 75% de los
factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio. Este asunto le
correspondió al Juzgado Diecisiete Administrativo de Descongestión de Bogotá
D.C., el que por medio de la sentencia del 11 de septiembre de 20123 accedió a las
pretensiones, para lo cual resolvió:

«[…] PRIMERO. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas, de acuerdo con
las consideraciones de la parte motiva.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución N° 0337 de 6 de octubre de
2008 y Resolución N° 0084 de 30 de marzo de 2009, proferidas por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA, que niegan la inclusión de la totalidad de los factores
devengados durante el año anterior al retiro del servicio, de acuerdo con lo sostenido en
la parte motiva de esta sentencia

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA, RELIQUIDAR la pensión de jubilación del demandante con el equivalente
al 75% de la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior al retiro
del servicio, incluyendo como factores la asignación básica, asignación compensatorios,
bonificación bienestar universitario, dominicales y festivos, recargo nocturno, horas
extras nocturnas ordinarias, horas extras diurnas ordinarias, subsidio alimentación,
auxilio transporte, indemnización días compensatorios, prima de navidad, dominicales y
festivos del mes, recargo nocturno del mes, horas extras nocturnas ordinarias del mes,
horas extras diurnas ordinarias del mes, asignación por encargo, bonif. bienest. Univers.
encargo, bonificación servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones y
quinquenio, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. […]» [sic]

3.5. Inconforme con lo decidido, las partes presentaron recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante sentencia del 14 de octubre de 20154, que confirmó
parcialmente la providencia recurrida, así:

«[…] PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de septiembre de
2012, proferida por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo de Descongestión del
Circuito de Bogotá́ D.C., que accedió́ parcialmente a las pretensiones de la demanda en
el proceso promovido por BERNARDO VÁSQUEZ contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA, por las razones anotadas en la presente decisión.

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral 3º de la sentencia del 11 de septiembre de 2012, el
cual quedará de la siguiente manera:

3 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,
visible a folios 474 a 471.
4 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,

visible a folios 523 a 561.

3

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Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

"TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, a reliquidar y pagar el valor de la mesada
pensional de jubilación de la cual es titular el demandante BERNARDO VÁSQUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 19.096.524 de Bogotá́ , en cuantía equivalente
al 75% del promedio de todos los factores salariales que devengó el demandante durante
el último año de servicios, en el periodo comprendido del 1º de diciembre de 2007 al 30
de noviembre de 2008, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: asignación
básica, dominicales y festivos, recargo nocturno, horas extras nocturnas ordinarias,
horas extras diurnas ordinarias, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de
navidad, dominicales y festivos del mes, recargo nocturno del mes, horas extras
nocturnas ordinarias del mes, horas extras diurnas ordinarias del mes, ajuste recargo
nocturno, ajuste horas extras diurnas festivos, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, prima de vacaciones ajuste prima de vacaciones por retiro, ajuste prima de
navidad por retiro y quinquenio, que deberán ser tenidos en cuenta en forma proporcional
a como se hubieren percibido teniendo en cuenta que los percibidos anualmente, deben
ser proporcionales a una doceava parte inclusive el quinquenio y los semestrales en una
sexta parte. La entidad demandada podrá́ descontar los aportes correspondientes a los
factores sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal para pensión, sobre
los cuales se ordenará su inclusión en la liquidación, efectiva a partir del retiro del
servicio, esto es, 30 de noviembre de 2008. […]» [sic]

3.6. Mediante la Resolución FP-0156 del 16 de mayo de 2016 el Fondo Pensional de
la Universidad Nacional dio cumplimiento al fallo del tribunal y reliquidó la pensión
de Bernardo Vásquez en cuantía de $1.217.198 efectiva a partir del 30 de
noviembre de 2008.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
mediante sentencia del 14 de octubre de 2015 confirmó parcialmente la sentencia
dictada por el Juzgado Diecisiete Administrativo de Descongestión de Bogotá D.C.,
que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 5:

5.1. Bernardo Vásquez fue beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, porque para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más
de 40 años de edad, lo que le permitió acceder al régimen pensional anterior
contenido en la Ley 33 de 1985.

5.2. Por ser beneficiario del régimen de transición tenía derecho al reconocimiento
de la pensión de jubilación al haber cumplido 20 años de servicio, 55 años de edad

5 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,
visible a folios 523 a 561.

4

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y el monto debió liquidarse sobre el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

5.3. El monto prestacional reconocido debió ser liquidado de acuerdo con las Leyes
33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el
último año de servicio, y no los previstos en el Decreto 1158 de 1994.

5.4. Porlo anterior, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, y
modificó el ordinal 3 en atención a que la prestación se debió reliquidar con el 75%
del promedio de todos los factores salariales que devengó Bernardo Vásquez
durante el último año de servicio [1º de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de
2008], estos son «asignación básica, dominicales y festivos, recargo nocturno, horas
extras nocturnas ordinarias, horas extras diurnas ordinarias, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, prima de navidad, dominicales y festivos del mes, recargo nocturno
del mes, horas extras nocturnas ordinarias del mes, horas extras diurnas ordinarias del mes,
ajuste recargo nocturno, ajuste horas extras diurnas festivos, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de vacaciones ajuste prima de vacaciones por retiro,
ajuste prima de navidad por retiro y quinquenio, que deberán ser tenidos en cuenta en forma
proporcional a como se hubieren percibido teniendo en cuenta que los percibidos
anualmente, deben ser proporcionales a una doceava parte y los semestrales en una sexta
parte.».

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 20036, para lo cual expuso los siguientes argumentos7:

6.1. La sentencia del tribunal vulneró el derecho del debido proceso, porque la
reliquidación de la pensión de vejez no se ordenó de acuerdo con los postulados
legales y jurisprudenciales, pues lo procedente era aplicar los artículos 36 y 21 de
la Ley 100 de 1993 en cuanto al IBL, y los factores salariales previstos en el artículo
1° del Decreto 1158 de 1994.

6.2. La decisión del tribunal trasgredió el derecho a la igualdad, «ya que los valores a
los cuales tendrían derecho las partes demandante y demandada, no gozan de las mismas
garantías en cuanto a la descripción de la forma de liquidar y actualizar, los periodos a
cobrar y el efecto de la prescripción.».

6.3. La cuantía de la pensión de jubilación excedió lo debido de acuerdo con la ley,
porque se accedió a la reliquidación de la prestación en contravía de lo dispuesto

7 Samai, índice 3, archivo DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3, visible a folios 2 a 49.

5

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en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y previsto por la Corte Constitucional en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU 427 de 2016 entre
otras, y el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018.

6.4. En las sentencias de unificación se establece que los afiliados y pensionados a
los que se les liquide la pensión con el promedio total de lo devengado en el último
año de servicio incluyendo factores sobre los cuales no se efectuó ningún tipo de
cotización, conlleva a que estos obtengan pensiones «que no corresponden con su
vida laboral, imponiéndole al Estado la obligación de proveer un subsidio para poder pagar
la pensión reconocida y sacrifican el cumplimiento de las metas de cobertura y de
universalidad, en detrimento del mandato de progresividad en el ámbito de los derechos
sociales.».

6.5. Los recursos del Fondo Pensional de la Universidad Nacional para el pago del
pasivo pensional provienen del presupuesto general de la nación, por lo cual son
dineros del tesoro público, y con la decisión judicial se afectó el interés general, por
cuanto impuso el pago de una suma periódica a cargo de fondos de naturaleza
pública, que excedió lo debido de acuerdo con las normas.

1.3 Contestación a la acción especial de revisión

7. Bernardo Vásquez contestó la acción especial de revisión en los siguientes
términos8:

7.1. Es improcedente «el recurso extraordinario de revisión interpuesto, por haber operado
el fenómeno jurídico de la caducidad. Bástenos simplemente recordar, que en la sentencia
del 14 de octubre del 2015 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, mediante la cual confirmó la
Sentencia del 11 de septiembre del 2012 proferida por el JUZGADO DIECISIETE
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTIÓN DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, cobró ejecutoria
el 27 de octubre del 2015. Quiere significar lo anterior que, es a partir de dicha fecha que
se contabiliza el término para acudir ante esta Honorable Corporación a efectos de
interponer el Recurso Extraordinario y que, si la Entidad hubiese acudido a estas causales,
bajo el imperio de la Ley 1437 del 2011 (C.P.A.C.A), el plazo venció el 27 de octubre del
2016.» [sic]. Tampoco se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 del 2003. Además, la sentencia del 14 de octubre del 2015 «no fue
errónea o injusta, ni contraria a derecho.».

7.2. La entidad solicitó el recaudo de los dineros pagados en cumplimiento de una
orden juridicial proferida por la autoridad competente, por lo cual desconoció que

8 Samai, índice 19, archivo 23_MemorialWeb_Otro(.pdf) NroActua 19

6

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los pagos recibidos por concepto de mesadas pensionales fueron de buena fe, por
lo cual no era procedente el reintegro de dineros.

7.3. Por lo anterior, solicitó declarar infundada la acción especial de revisión.

1.4 El Ministerio Público

8. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto9.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo10, que estableció:

«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia».

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. De conformidad con el artículo 251 del CPACA de 2011 y la sentencia de la Corte
Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho,
la entidad tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en un término
de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

12. En el sub judice, la sentencia cuya revisión se pretende quedó ejecutoriada el 27
de octubre de 201512 por lo tanto, la acción de revisión que se interpuso el 14 de

9 Samai, índice 37, archivo 42ALDESPACHOPAR_ConsejodeEstadopdf(.pdf) NroActua 37.
10 En lo que sigue CPACA.
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,
visible a folio 562.

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agosto de 202013 fue oportuna.

2.3 Los problemas jurídicos

13. Se circunscriben a establecer lo siguiente: i) ¿si la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, se
expidió con vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la
causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?;
y ii) ¿si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley,
al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuran los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4 Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200314 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», la Sala
precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho al debido
proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen15.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

13 Samai, índice 3, archivo DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3.
14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

8

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señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes16:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor
general de la República o del procurador general de la Nación y las entidades que
realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el debate
probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en contra
de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la prestación
y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del tesoro
público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como
el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre
el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»17.

16 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno a la liquidación de la pensión de los beneficiarios del régimen
de transición de la Ley 33 de 1985

20. La Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los «empleados oficiales», es
decir, empleados públicos y trabajadores oficiales. Al efecto, señaló que quienes
acumularan 20 años de servicio y contaran con 55 años de edad, podrían acceder
a la pensión de jubilación equivalente al 75 % del promedio percibido el último año
de servicio.

21. En relación con la base de liquidación, el artículo 3 de la citada ley (modificado
por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985) dispuso que estaría constituida por los
siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio». Agregó que, en todo caso «las
pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán
sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes».

22. Ahora bien, la norma aludida previó un régimen de transición, en los siguientes
términos

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

En todo caso, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, ningún empleado oficial,
podrá ser obligado, sin su consentimiento expreso y escrito, a jubilarse antes de la edad
de sesenta años (60), salvo las excepciones que, por vía general, establezca el
Gobierno.

(…)

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00772-00 (2343-2020)
Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan
cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley» (se resalta).

23. De lo anterior se advierte que los empleados públicos o trabajadores oficiales
que para el 13 de febrero de 1985 tuvieran 15 años de servicio prestados de manera
continua o no, podrían regirse, en cuanto a la edad de jubilación, por las normas
que estaban vigentes antes de ese momento; empero, en caso de no completarlos,
tendrían que acumular los 20 años de servicio y contar con 55 años de edad para
acceder a la pensión.

24. En línea con lo dicho, la norma anterior a la Ley 33 de 1985 era el Decreto Ley
3135 de 1968; sin embargo, el artículo 25 de la Ley 33 del 1985 lo derogó. En
consecuencia, esta corporación ha acudido a las disposiciones contenidas en la Ley
6a de 194519 , que permitía el acceso a la prestación con 50 años de edad, así como
a las del derogado Decreto 3135, con fundamento en que «(a) pesar de que la Ley
33 de 1985 no señaló nada en cuanto a la liquidación, (…) en este aspecto se debe
aplicar también el régimen anterior, porque resulta más favorable al demandante»20;
este último exigía 55 años de edad «si es varón, o 50 si es mujer»21.

25. Con posterioridad, en sentencia del 6 de agosto de 2020 22, esta corporación23
señaló que si el servidor era del orden nacional se aplicará el Decreto Ley 3135 de
1968 y si era del orden territorial se acudiría a la Ley 6 de 1945, ello en cuanto a la
edad de jubilación. Así se indicó:

«Ahora bien, en principio la Ley 6ª de 194524 se aplicó para efectos de las prestaciones
sociales de los empleados de los sectores público nacional y privado, así como a los
servidores públicos del nivel territorial (…).
(…)
El mencionado Decreto 3135 de 1968 fue derogado por la Ley 33 de 1985, por la cual
se dictaron disposiciones respecto de las cajas de previsión y las prestaciones para el
sector público, que estableció como exigencia para acceder a la pensión ordinaria de
jubilación que el empleado oficial hubiera servido 20 años continuos o discontinuos y
tuviera 55 años de edad. Sin embargo, en el artículo 1º (parágrafo 2º) de la aludida Ley

19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de agosto de 2008, radicado

25000-23-25-000-2002-12846-01 (0640-08), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio de 2010,

radicación: 25000-23-25-000-2001-2014-01 (1183-07), demandante: Jaime Severo Torres Morales
21 Artículo 27.
22 Expediente 47001-23-33-000-2015-00314-01 (3049-2017).
23 En igual sentido puede verse: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

24 de marzo de 2022, expediente 11001-03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019), M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
24 «Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones

profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo».

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00772-00 (2343-2020)
Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

33 consagró un régimen de transición consistente en que los empleados oficiales que a
la fecha de su entrada en vigor (13 de febrero de 1985) «[…] hayan cumplido quince (15)
años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente ley» (se destaca),
que para el caso de los servidores públicos del orden nacional era el Decreto 3135
de 1968, y frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945» (se resalta).

26. Ahora bien, se advierte que ni la Ley 6.ª de 1945 ni el Decreto 3135 de 1968
previeron los factores a tenerse en cuenta para efectos de determinar la base de
liquidación de la pensión de jubilación, por esto, la jurisprudencia de la corporación
acudió a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma posterior y
de carácter general, que enuncia los factores salariales que deberán incluirse al
momento de liquidar las pensiones. Así se señaló, entre otras, en las sentencias del
19 de noviembre de 200925 y del 16 de diciembre de 200926, en las que se indicó lo
siguiente:

«(…) El artículo 1º, parágrafo 2, ibidem, estableció un régimen de transición consistente
en que los empleados que llevaran un tiempo de servicio de 15 años a la fecha de
expedición de la ley, podían pensionarse con los requisitos del régimen anterior de
pensiones contenido en la Ley 6 de 1945 (…).
Encontrándose demostrado que el régimen pensional aplicable al actor es el
contemplado en la Ley 6 de 1945, para efectos de determinar la base de liquidación de
la pensión de jubilación se acudirá a lo preceptuado en el artículo 45 del Decreto 1045
de 1978, norma posterior de carácter general que determina los factores salariales que
deben tenerse en cuenta para efectos de liquidar la cesantía y la pensión de jubilación
(…)
Las normas transcritas señalan unos factores que deben ser entendidos como principio
general, pues no pueden tomarse como una relación taxativa de factores, que de hacerlo
así, se correrá el riesgo de que quedaren por fuera otros que por su naturaleza se pueden
tomar para poder establecer la base de liquidación (…).

Es del caso aclarar que por encontrase el actor dentro del régimen de transición de la
Ley 33 de 1985 la liquidación de la pensión debe realizarse conforme a lo dispuesto en
el Decreto 1045 de 1978, por ser la norma anterior aplicable pues aplicar dos normas
legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión,
como lo hizo el A quo, implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley”
que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales (…)» (se subraya).

27. El anterior antecedente evidencia que en relación con el IBL de las pensiones
reconocidas por virtud de los regímenes de transición, la jurisprudencia del Consejo
de Estado fue pacífica en considerar que se debían «garantizar los principios de

25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de noviembre de 2009,

radicación: 25000-23-25-000-2004-01634-01 (1028-07), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 16 de diciembre de 2009, radicación:

250002325000200200474 01(1754-06).

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igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia
laboral», y que, en consecuencia, «la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los
factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados
por el trabajador durante el último año de prestación de servicios»27.

2.4.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado

28. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201828 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

29. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el
previsto en el inciso 3 de dicha norma».

30. En efecto, a juicio de la Sala Plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicio y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-

000-2006-07509-01, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
28 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

31. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

(…)».

32. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones

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sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

33. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

34. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

35. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio29 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la
decisión.

2.5 Caso concreto

36. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

37. Se precisa que de acuerdo con el artículo 251 del CPACA y la sentencia de la
Corte Constitucional SU-114 de 2018, en el caso de las causales del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003 o en las situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del
derecho, la entidad tiene legitimación para interponer este medio extraordinario en

29 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00772-00 (2343-2020)
Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

un término de «cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial».

38. En tal sentido, contrario con los argumentos expuestos por el accionado en la
contestación de la acción especial de revisión que «es improcedente porque operó la
caducidad, toda vez que no se presentó el 27 de octubre del 2016»; la sentencia cuya
revisión se pretende quedó ejecutoriada el 27 de octubre de 2015 30, en
consecuencia, el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 14 de agosto de
202031, esto es, de forma oportuna.

39. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación
al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la vulneración a
este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo componen.

40. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) (e)l derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) (e)l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial
o administrativa; y iii) (l)as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».

41. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el porcentaje del IBL reconocido y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación del demandado, sin hacer manifestación alguna
en relación con la vulneración de los elementos que componen el derecho
fundamental al debido proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar
en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003.

42. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal Administrativo

30 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,
visible a folio 562.
31 Samai, índice 3, archivo DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3.

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Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, profirió la decisión objeto de
revisión, el criterio que acogía el Consejo de Estado en relación con el IBL de las
pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición de las leyes 33 de
1985 y 100 de 1993, era el expuesto en la sentencia del 4 de agosto de 201032,
antes referida, según la cual, la expresión «monto», contenida en el artículo 36
ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y
periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la
denominación que se les dé».

43. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de las
pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

44. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia proferida el 14 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, no fue
caprichosa y por el contrario respetó los derroteros jurisprudenciales que para la
época había trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo Contencioso-
administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción.

45. Lo anterior es así, toda vez que fundamentó su decisión en la referida sentencia
del 4 de agosto de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es
preciso recurrir a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno
de los aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial,
cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera
que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la época.

46. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición de
la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que para
la época en que se expidió la sentencia recurrida (14 de octubre de 2015), la
posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse teniendo
en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración de que
la aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la
inescindibilidad de la norma.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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47. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, confirmó parcialmente la providencia que ordenó que la pensión de
jubilación reconocida a Bernardo Vásquez se reliquidara con la inclusión de todos
los factores salariales legalmente devengados. En relación con lo anterior, se
advierte que el tribunal siguió la línea jurisprudencial fijada en la aludida sentencia
del 4 de agosto de 2010, que en lo particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios
de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a
la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador
durante el último año de prestación de servicios.
(…)
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» (negrillas del original).

48. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra certificado de
salarios del 12 de diciembre de 2010 expedida por la jefe de división nacional salarial
y prestacional de la Universidad Nacional de Colombia, en la cual consta que
Bernardo Vásquez devengó entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre
de 2008 los siguientes factores «asignación básica, dominicales y festivos, recargo
nocturno, horas extras nocturnas ordinarias, horas extras diurnas ordinarias, subsidio de
alimentación, auxilio de transporte, prima de navidad, dominicales y festivos del mes,
recargo nocturno del mes, horas extras nocturnas ordinarias del mes, horas extras diurnas
ordinarias del mes, ajuste recargo nocturno, ajuste horas extras diurnas festivos,
bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, ajuste prima
de vacaciones por retiro, ajuste prima de navidad por retiro y quinquenio.»33.

49. Así entonces, contrario a lo alegado por la recurrente, el juez de conocimiento

33 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,
visible a folios 98 y 99.

18

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aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo contencioso-administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, primacía de la realidad sobre las formas, inescindibilidad normativa y
favorabilidad en materia de derechos laborales. Por lo tanto, no se advierte una
actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada.

50. Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, la bonificación
especial o quinquenio fue incluida de forma proporcional a una doceava para
reliquidar la pensión concedida a Bernardo Víquez, además al analizar el contenido
del escrito de la acción de revisión, ello no fue motivo de inconformidad y tampoco
fue alegado por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional en el trámite del
proceso ordinario. Por lo tanto, en consideración a que el juez debe pronunciarse
sobre los argumentos expuestos por el recurrente, la Sala no hará manifestación
sobre ese factor.

51. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:

51.1. Bernardo Vásquez nació el 20 de agosto de 194934, prestó sus servicios en la
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, desde el 18 de julio de 1988 hasta
el 30 de noviembre de 2008, el último cargo desempeñado fue el de celador 532-03
PCA en la división de vigilancia y seguridad de la institución educativa.35

51.2. Mediante la Resolución CPS 0337 del 6 de octubre de 200836, la directora de la
Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional le reconoció una pensión de
jubilación, en cuantía de $916.812, efectiva a partir del retiro del servicio, con el 75%
del promedio de los factores devengados en los últimos 10 años, y previstos en el
Decreto 1158 de 1994.

51.3. Con la Resolución CPS 0084 del 30 de marzo de 200937, la directora de la Caja
de Previsión social de la Universidad Nacional reliquidó la pensión en una cuantía
de $921.392, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2008, con el 75% del promedio

34 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,
visible a folios 7 y 106, en la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento.
35 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,

visible a folio 116.
36 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,

visible a folios 81 y 82.
37 Samai, índice 32 archivo 38RECIBE MEMORIAL_11001333102120100053(.pdf) NroActua 32,

visible a folios 83 y 84.

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Accionante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia

de los factores devengados en los últimos 10 años, y previstos en el Decreto 1158
de 1994.

51.4. Constancia del 10 de noviembre de 201638, suscrita por la directora del Fondo
Pensional de la Universidad Nacional, en la cual se precisó que mediante la
Resolución FP-0156 del 16 de mayo de 2016 dio cumplimiento a la orden del tribunal
y reliquidó la pensión de Bernardo Vásquez en cuantía de $1.217.198 efectiva a
partir del 30 de noviembre de 2008.

52. Por lo anterior, la reliquidación de la prestación efectuada resultó con una
diferencia de $295.806 a la reconocida inicialmente.

53. Aunado a lo anterior, se demostró que laboró al servicio de la Universidad
Nacional por más de 20 años.

54. Asimismo, se observa en el acto administrativo que dio cumplimiento a la
sentencia que se reconoció un retroactivo a favor del pensionado de $40.379.447,
del cual descontaron las sumas de: i) $693.555 para el fondo de solidaridad
Pensional; y ii) $4.507.476 para el Fondo Pensional de la Universidad Nacional; por
lo cual resultó una diferencia para Bernardo Vásquez de $35.178.416.

55. Asílas cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, sobre
la pensión de jubilación reconocida a Bernardo Vásquez, no evidenció un
incremento desproporcionado o que no guardara relación con su trayectoria laboral.
Por lo tanto, la Sala concluye que la situación en estudio no es de aquellas que
puedan ser consideradas como un abuso del derecho o fraude a la ley.

56. En consecuencia, la liquidación de su pensión no excedió lo debido de acuerdo
con la ley, pues se demostró que i) fue beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993; ii) completó más de 20 años de servicio; y iii) durante el último
año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación
de la pensión.

57. Se precisa que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala Plena del
Consejo de Estado indicó que las referidas reglas de unificación serían obligatorias
para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que resultan
inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada, en
garantía del principio de seguridad jurídica, pues «(n)o puede entenderse, en principio,
que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o

38 Samai, índice 3, archivo DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3, visible a folio 417.

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reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de
manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el
que defina la prosperidad o no de la causal invocada».

58. En tal sentido, la Sala concluye que la sentencia del 14 de octubre de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, no incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y
b) de la Ley 797 de 2003 y por lo tanto se declarará infundada la acción de revisión
interpuesta por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia.

2.6 Costas

59. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no se dispondrá sobre la
condena en costas por la naturaleza del asunto y porque no se advierte que el
recurso se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.

3. Conclusión

60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es, la de los literales a) y b) del
artículo 20 de la ley 797 de 2003.

61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de
Pensiones de la Universidad Nacional presentó contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 14
de octubre de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO

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