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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00777-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00777-00

Fecha
30 de octubre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00777-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO.- DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 10 de noviembre de 2015, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 11001-33-31-014-2011-00587-00/01, que confirmó la sentencia de 13 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - En consecuencia, INFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 10 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que confirmó la sentencia de 13 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, para en su lugar, modificar su numeral segundo en los siguientes términos: «SEGUNDO: MODIFÍCASE el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia antes referida, el cual quedará así: “TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – FONDO PENSIONAL, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora MARIA DORIS BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía 41´ 593.862, en monto equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados por ella durante el último año de servicios, comprendido entre el 30 de noviembre de 2007 y el 29 de noviembre de 2008, teniendo en cuenta además de los ya reconocidos (asignación básica mensual, incapacidad médica patrono, incapacidad médica ambulatoria y bonificación por servicios prestados) la 1/12 parte de la prima de servicios, la 1/12 parte de la sumatoria de la prima de navidad y su ajuste por retiro y, la 1/12 parte de la prima de vacaciones y su ajuste por retiro, partir del 30 de noviembre de 2008. Sobre el nuevo valor de la pensión, deberán aplicarse los respectivos reajustes dispuestos en la Ley atendiendo a las disposiciones señaladas en la parte motiva de esta decisión. La entidad accionada descontará de la condena los aportes en pensión solamente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00777-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00777-00 (2371-2020) (AER)
Accionante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: María Doris Bernal
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Presupuestos
de configuración. Régimen de transición de la Ley 100 de
1993.
Decisión: Declarar fundada parcialmente la acción. Sin condena en costas

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 20032
presentada por la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional, en
contra de la sentencia de 10 de noviembre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que
modificó y confirmó parcialmente la sentencia de 13 de agosto de 2012 dictada
por el Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-31-014-2011-00587-00/01.

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). Accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 La acción de revisión se presentó el 21 de septiembre de 2020 (según se indica en la página principal del

expediente digitalizado en el aplicativo SAMAI), de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del
CPACA, por remisión del inciso 3.º del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial 3

2.1.1. La demanda

2. La señora María Doris Bernal, por intermedio de apoderado, instauró demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo contra la
Universidad Nacional de Colombia, con el objetivo de obtener, en síntesis, las
siguientes declaraciones y condenas:

3. La nulidad parcial de la Resolución CPS 0334 de 6 de octubre de 2008, a
través de la cual la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional, le
reconoció la pensión de jubilación, como también de la Resolución CPS 0086 de
30 de marzo de 2009, por la cual se le reliquidó la prestación en cuantía de
$909.154, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2008, fecha de retiro definitivo
del servicio.

4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la Universidad
Nacional de Colombia - Fondo Pensional, a reliquidarle la prestación teniendo en
cuenta el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios, con inclusión de la asignación básica, la bonificación por servicios
prestados, las primas de antigüedad, de vacaciones, de vacaciones por retiro, de
navidad, de navidad por retiro y de servicio, así como las vacaciones del periodo,
el «ajuste compensación de las vacaciones por retiro», el quinquenio por retiro,
la bonificación bienestar universitario, la bonificación especial de recreación y su
ajuste por retiro, realizando los ajustes de ley desde la fecha de adquisición del
derecho, junto con el pago de las diferencias dejadas de percibir y que se realicen
los aportes a pensión.

5. Finalmente solicitó que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 176, 177 y 178 del CCA.

3 De acuerdo con las sentencias de primera y segunda instancia visibles en el índice 3 del aplicativo SAMAI.
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2.1.2 Hechos relevantes

6. La señora María Doris Bernal nació el 17 de febrero de 1953 y prestó sus
servicios durante más de 20 años en la Universidad Nacional de Colombia, desde
el 1.° de noviembre de 1979 hasta el 30 de noviembre de 2008.

7. Mediante Resolución CPS – 0334 de 6 de octubre de 2008 la entidad le
reconoció la pensión a partir del retiro del servicio, con el 75% de los factores
salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y sobre los cuáles cotizó en
los últimos diez años; así mismo solicitó la nulidad de la Resolución CPS 0086
de 30 de marzo de 2009 por la cual se le reliquidó la pensión de jubilación, sólo
con la inclusión de la asignación básica, la prima de antigüedad y la bonificación
por servicios prestados.

8. El 17 de marzo de 2012, la señora María Doris Bernal le solicitó la reliquidación
de su pensión, en los términos de la Ley 33 de 1985 y la sentencia del 4 de agosto
de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del
consejero Víctor Alvarado Ardila. Su petición fue denegada a través de la
Resolución FP-0233 del 14 de agosto de 2012.

9. Según se indicó la entidad tuvo en cuenta para el reconocimiento pensional
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con los artículos 1.°
y 3.° de la Ley 33 de 1985, así como los Decretos 1158 de 1994 y 691 de 1994.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

10. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados
desconocieron los artículos 1.°, 2.°, 4.° a 6.°, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y
336 de la Constitución Política; las Leyes 4ª de 1966; 33 y 62 de 1985; 100 de
1993, artículo 36 , inciso 2.°.

11. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
incurrieron en violación de la Constitución y la ley, así como en falsa motivación
por cuanto se desconoció que la señora María Doris Bernal se encontraba
amparada por el régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, por
ende, su pensión debió reconocerse teniendo en cuenta la edad, tiempo de
servicio y monto, con las normas contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985.

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12. Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha insistido en la
importancia de liquidar las pensiones con todos los factores salariales y que
fueron devengados en el último año.

2.1.4. Sentencia de primera instancia4

13. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante
providencia de 13 de agosto de 2012, declaró la nulidad parcial de los actos
acusados y concedió parcialmente las súplicas de la demanda.

14. Para tal efecto, señaló que la accionante era beneficiaria del régimen de
transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, de acuerdo
con dicha disposición, las pensiones de quienes cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985 deben liquidarse de
conformidad con consagrado en el inciso final del precitado artículo 36. A su vez,
indicó que, según esta norma, la liquidación debió efectuarse de conformidad con
la Ley 33 de 1985.

15. Sostuvo que, de acuerdo con la sentencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado de 4 de agosto de 2010, los factores salariales mencionados en las
Leyes 33 y 62 de 1985 son enunciativos y no taxativos, y en ese sentido, al
liquidar la pensión deben tenerse en cuenta todos los factores de creación legal
que constituyan salario, por lo que las pretensiones de la demanda estaban
llamadas a prosperar.

16. Luego de examinar la certificación de salarios de la señora María Doris Bernal
en el último año de servicios consideró que tenía derecho a que su pensión de
jubilación le sea reliquidada, sobre la base del 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio comprendido
entre el 30 de noviembre de 2007 al 29 del mismo mes de 2008 y en donde
devengó la bonificación por bienestar universitario, las primas de vacaciones, de
servicios, de navidad, así como el quinquenio, liquidándose por doceavas los que
se pagan de forma anual, previo descuento de los aportes que correspondan y
que no se hubiesen realizado. Esto a partir del 30 de noviembre de 2008, día
siguiente a la adquisición del estatus pensional, sin ocurrencia de la prescripción
trienal, dado que la solicitud de reconocimiento pensional se presentó el 6 de
octubre de 2008.

4 Folios 133 y s.s. del expediente administrativo visible en el archivo 2 del índice 3 del aplicativo SAMAI.
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17. Finalmente ordenó actualizar las sumas resultantes de acuerdo con el IPC y
dar cumplimiento la sentencia en los términos de los artículos 176 y s.s. del CCA.

2.1.5. Recurso de apelación 5

18. Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la entidad
demandada6 interpuso recurso de apelación, en el que indicó que en este caso
se admitió la demanda sin que se hubiera acreditado el requisito de conciliación
prejudicial, así mismo que la sentencia incurrió en incongruencia pues se resolvió
el caso a la luz de disposiciones normativas cuya aplicación no se había solicitado
con lo cual se afectó el principio de la sostenibilidad del sistema pensional, toda
vez que son las previsiones de la Ley 100 de 1993, las que deben aplicarse para
el reconocimiento pensional.

19. El apoderado de la accionante apeló igualmente la decisión a efectos de
que se incluyan no sólo los factores ordenados por el Juzgado, sino todos
aquellos solicitados en la demanda. Así mismo insistió en un pronunciamiento
expreso sobre el monto a descontar por concepto de los aportes aplicados al
trabajador. (fls. 92 al 96).

2.1.6. Sentencia objeto de revisión

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E, dictó sentencia de segunda instancia el 10 de noviembre de 20157, en la cual,
modificó y confirmó parcialmente la providencia proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo de Bogotá el 13 de agosto de 2012.

21. En primer lugar estimó que no le asistía razón a la entidad en cuanto a la
necesidad de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en el
presente caso por cuanto la pensión de jubilación era un derecho cierto,
indiscutible e irrenunciable y por ende no susceptible de conciliación. Igualmente,
que esta jurisdicción contaba con competencia para decidir la controversia toda
vez que se trata de un conflicto jurídico sobre prestaciones sociales de

5 Según se indica en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, visible en el

índice 3. Expediente Administrativo archivo 2. Folios 145 y s.s.
6 Citado a folio 120 ibidem.
7 A folios 114 y s.s. Ibidem.
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empleados públicos al cual se pretende aplicar el régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

22. Para arribar a la anterior determinación analizó el régimen de transición
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con ello la sentencia del
Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010.

23. Asimismo, se refirió al análisis de la sentencia C- 258 de 2013, así como a la
postura del Consejo de Estado plasmada en las sentencias de 4 de agosto de
2010 y de 12 de septiembre de 2014, éstas últimas donde se indicó que en virtud
de la transición se debía atender al régimen anterior en su integridad, tesis que
acogería el Tribunal, dado que la sentencia de 2014 del Consejo de Estado se
profirió luego de la sentencia de la Corte Constitucional de 2013. Además, si bien
ya se había proferido la sentencia SU- 230 de 2015 acataría la tesis del órgano
de cierre de la jurisdicción contenciosa comoquiera que era menos restrictiva de
los derechos pensionales y que se acompasaba con los principios de
inescindibilidad y favorabilidad.

24. Luego de ello, se refirió al régimen prestacional del personal administrativo
adscrito a la Universidad Nacional de Colombia y con ello al Decreto 1210 de
1993 según el cual dicho ente universitario es autónomo y del orden nacional,
vinculado al Ministerio de Educación Nacional, así como al Acuerdo 67 de 1996
por el cual el Consejo Superior Universitario de esa institución expidió el estatuto
del personal administrativo, que en su artículo 32 estableció el régimen jurídico
de las prestaciones sociales de este tipo de personal y que se remite a la
normatividad general aplicable a los servidores públicos, en especial a la Ley 4ª
de 1992.

25. Luego, estableció como probado que la señora María Doris Bernal nació el
17 de febrero de 1953 y laboró en la Universidad Nacional de Colombia con
vinculación como «administrativo» entre el 1.° de noviembre de 1979 y el 29 de
noviembre de 2018. Así mismo que devengó entre el 30 de noviembre de 2007
y el 29 de noviembre de 2009 la asignación básica, la incapacidad médico
patrono, la incapacidad médico ambulatoria, la bonificación por bienestar
universitario, la bonificación especial de bienestar, la bonificación por servicios
prestados, las primas de servicios, de navidad, de vacaciones, las vacaciones del
periodo, la bonificación especial por recreación, el ajuste de compensación de
vacaciones por retiro, el ajuste prima de vacaciones por retiro, el ajuste de
bonificación por recreación por retiro, el ajuste prima de navidad por retiro y el
ajuste del quinquenio por retiro.
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26. Sin embargo, en el acto de reconocimiento pensional la entidad liquidó la
pensión atendiendo al 75% del promedio de lo devengado por concepto de
asignación básica mensual, la bonificación por servicios prestados, las
incapacidades médico patrono y médico ambulatoria, percibidos en los últimos
diez años de servicios anteriores al 29 de noviembre de 2008 y con efectividad
desde el 30 del mismo mes y año.

27. Por ello, estimó que como a la demandante le amparaba el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 porque a su entrada en vigencia contaba con
más de 35 años de edad, le era aplicable en su integridad la Ley 33 de 1985 y
con ello los factores salariales percibidos en el último año de prestación de
servicios, por lo que era procedente la reliquidación desde el 30 de noviembre de
2008, con la inclusión, además de los ya reconocidos (asignación básica,
bonificación por servicios prestados, incapacidad médica ambulatoria y la
incapacidad “médica patrono”) las vacaciones del periodo, la 1/12 parte de la
prima de servicios, la doceava parte de la sumatoria de la prima de navidad y su
ajuste por retiro, la doceava parte de sumatoria de la prima de vacaciones y su
ajuste por retiro, al igual que la doceava parte del ajuste del quinquenio por
retiro. Igualmente indicó que la entidad debía reliquidar sobre el nuevo valor de
la pensión los respectivos reajustes dispuestos por ley.

28. Sin embargo, no debían incluirse las bonificaciones por bienestar universitario
y ni la bonificación por recreación ni su ajuste, así como el ajuste de la
compensación de vacaciones, dado que los dos primeros no tenían carácter
salarial según el Acuerdo 055 de 1988 y por cuanto el tercero no puede incluirse
dada la línea de la jurisdicción que señala que no debe hacer parte de liquidación
pensional.

29. Por las anteriores razones anterior confirmó parcialmente la decisión apelada
y dispuso lo siguiente:

«SEGUNDO: MODIFÍCASE el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia antes referida, el cual quedará así:

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad ya a título de
restablecimiento del derecho, se CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA – FONDO PENSIONAL, a RECONOCER, RELIQUIDAR Y PAGAR a
partir del 30 de noviembre de 2008 a la señora MARIA DORIS BERNAL […], el valor
de su pensión de jubilación equivalente al 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados por ella durante el último año de servicios, para este caso, el
periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2007 y el 29 de noviembre de
2008, teniendo en cuenta además de los ya reconocidos ( asignación básica
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mensual, incapacidad médica patrono, incapacidad médica ambulatoria y
bonificación por servicios prestados) las vacaciones del periodo, la 1/12 parte de la
prima de servicios, la 1/12 parte de la sumatoria de la prima de navidad y su ajuste
por retiro, la 1/12 parte de la prima de vacaciones y su ajuste por retiro, así como la
1/12 parte del ajuste del quinquenio por retiro.

Sobre el nuevo valor de la pensión, deberán aplicarse los respectivos reajustes
dispuestos en la Ley atendiendo a las disposiciones señaladas en la parte motiva de
esta decisión.

La entidad accionada descontará de la condena los aportes en pensión solamente
sobre los factores salariales que aquí se ordenan incluir y que no fueron objeto de la
deducción legal, por todo el tiempo de servicios prestados por la demandante, de
conformidad con la normatividad vigente al momento en que debió efectuarse el
aporte y únicamente en la proporción que le correspondía en su condición de
trabajadora, sin lugar a prescripción alguna y dichos valores deberán ser actualizados
al valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga
una cifra real de lo que corresponde sufragar al empleador y a la demandante”.

30. En lo demás confirmó la providencia dictada el 13 de agosto de 2012 por el
Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Bogotá.

2.1.7. La acción especial de revisión8

31. La Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional invocó como causal
de revisión la consagrada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
norma que se refiere a la posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra
acuerdos conciliatorios o providencias judiciales que reconozcan pensiones a
cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública y especialmente:

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

32. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

• Declarar fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto y
consecuencia, infirmar, anular, dejando sin valor y efecto la sentencia del 10 de
noviembre de 2015 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda, Subsección “E”, mediante la cual se confirmó, modificó y
adicionó la sentencia de fecha 13 de agosto de 2012 emitida por el Juzgado 14
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 11001333101420110058700/01.

8 Archivo digitalizado índice 3 del aplicativo SAMAI.
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33. De igual, manera solicitó (sic para toda la cita):
«[…]
13.2.1. REVOCAR dejando sin VALOR Y EFECTO, la providencia (sentencia)
de fecha 26 de julio de 2016 emitida por el JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 11001333101420110058700- de MARÍA DORIS
BERNAL contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FONDO
PENSIONAL a través de la cual declaró la nulidad de los actos allí demandados y
ordenó la reliquidación de la pensión del mencionado señor con un 75% de la
totalidad de lo devengado en el último año de servicio.

13.2.2. Como consecuencia de lo anterior. el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA EN DESCONGESTIÓN, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“E”, MAGISTRADO (A) PONENTE: PONENTE FANNY CONTRERAS ESPINOSA
debe ordenar a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FONDO PENSIONAL
proferir la nueva liquidación de la pensión de vejez del (la) señor (a) MARÍA DORIS
BERNAL, tasando el IBL con el promedio de los últimos diez años de servicio de esta,
haciendo pronunciamiento y aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional
en las providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-
631 de 2017 y T-039 de 2018 y la del CONSEJO DE ESTADO del 28 de agosto de
2018 disminuyendo el monto de la mesada pensional que le fue reliquidada

13.3. Se condene y ordene a MARÍA DORIS BERNAL, el pago, devolución y/o
compensación de los mayores valores, sumas de dinero que le fueron cancelados
por conceptos de pensión (mesadas pensionales), retroactivo y demás ordenados en
la resolución por medio de la cual se le dio cumplimiento al fallo del proferido por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA EN DESCONGESTIÓN,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, MAGISTRADO (A) PONENTE:
PONENTE FANNY CONTRERAS ESPINOSA de segunda instancia de fecha 10 de
noviembre de 2015 notificado por edicto el día 17 de noviembre y desfijado el 19 de
noviembre de 2015, que modificó, adicionó y confirmo la sentencia de primera
instancia, proferida por el JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C de fecha 13 de agosto de 2012, dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el (la) señor (a) MARÍA DORIS
BERNAL, proceso radicado bajo el No. 11001333101420110058700- que fueron
liquidadas con lo devengado en el último año de servicio y las sumas que se obtengan
por los mismos ítems, pero con la liquidación de lo devengado en los últimos 10 años,
desde la fecha de reconocimiento de la pensión, en razón a la SU230 de 2015.

13.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene y ordene
a MARÍA DORIS BERNAL, el pago, devolución y/o compensación de los mayores
valores y/o diferencias, que se obtengan de comparar las sumas de dinero que le
fueron cancelados por conceptos de pensión (mesadas pensionales), retroactivo y
demás, ordenados en la resolución a través de la cual se le dio cumplimiento al fallo
proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA EN
DESCONGESTIÓN, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “E”, […] proceso
radicado bajo el No. 11001333101420110058700-, que fueron liquidadas con lo
devengado en el último año de servicio y las sumas que se obtengan por los mismos
ítems, pero con la liquidación de lo devengado en los últimos 10 años, desde la fecha
de reconocimiento de la pensión, en razón a la SU230 de 2015.
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13.5. Que se ordene liquidar y pagar a expensas del (la) señor(a) MARÍA DORIS
BERNAL, y a favor de mi representada, las compensaciones por los mayores valores
pagados en razón al reconocimiento de la pensión.
13.6. Condenar a del (la) señor(a) MARÍA DORIS BERNAL para que las sumas a devolver
al FONDO PENSIONAL sean ajustadas conforme a lo dispuesto en el inciso final del
artículo 187 del CPACA»

34. Para fundamentar la causal de revisión la Universidad Nacional de Colombia
• Fondo Pensional sostuvo que la señora María Doris Bernal no tenía derecho a
obtener la reliquidación ordenada, toda vez que es beneficiaria del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ello, su
pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y exclusivamente con los factores de cotización
establecidos taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

35. Adicionalmente estimó que la pensión se liquidó con desconocimiento de las
providencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
además de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 28 de agosto
de 2018.

36. Señaló que la mesada obtenida como resultado de la reliquidación ordenada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
E estaba causando un detrimento patrimonial al tesoro público comoquiera que
pasó de tener una mesada de $ 908.206 a tener una de $1´190.452. (fl. 43 índice
3).

2.1.8. Contestación

37. La señora María Doris Bernal fue notificada personalmente de la admisión de
la acción de revisión tanto en la dirección como en el correo electrónico
suministrado por el apoderado de la entidad recurrente9, tal como se advierte en
el archivo visible en el índice 11 de Samai. Sin embargo, no emitió
pronunciamiento alguno.

9 mdbernal@unal.edu.co. Notificación visible en el índice 10 del aplicativo SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

38. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad con el artículo
249 del CPACA norma que estableció que cuando se trate de sentencias
proferidas por los Tribunales Administrativos, conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

3.2. Oportunidad

39. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 200310, declaró la inexequibilidad de
dicha expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20
acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la
jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido
en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término
previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen
fuerza vinculante a partir de este fallo [...]».

40. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso
deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la
providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo
término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio […]».

10 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: «[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece

el artículo 20 acusado deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del Código Contencioso
Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de 2001. Términos que en todo
caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
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41. En este caso, la Sala considera que la acción de revisión se presentó
oportunamente por lo siguiente:

42. La decisión judicial cuestionada fue proferida el 10 de noviembre de 2015 por
parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y en la página principal del aplicativo SAMAI del expediente
digitalizado figura como fecha de presentación de la demanda de revisión el 21
de septiembre de 2020, es decir, en término.

3.3. Problema jurídico

43. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 10 de noviembre de
2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al condenar a la Universidad Nacional de
Colombia - Fondo Pensional, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora
María Doris Bernal con el 75% del promedio de los factores salariales de ley
devengados durante el último año de servicios11.

44. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión y la causal contemplada en el literal b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

45. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA12 (antes artículo

11 Esto es con exclusión de la bonificación por bienestar universitario, la bonificación por recreación, su

ajuste, así como el ajuste de la compensación de vacaciones,
12 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son

causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.

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188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada13, que se aplica exclusivamente a aquellas
situaciones «críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija
a las sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.

46. Ahora bien, la solicitud de revisión formulada por la entidad recurrente está
contemplada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y está considerada
precisamente como una acción especial14, con algunas diferencias referidas a
su finalidad y la legitimación en la causa por activa. De esta manera, se estableció
para controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen la obligación de
cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas
con cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en esta
materia15 y para ejercerla se requiere de un solicitante calificado16, que a su vez
es un tercero que no intervino dentro del proceso ordinario o la conciliación.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil

quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez
Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede
al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión,
quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar
con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema
pensional […]»(subrayas de la Sala).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero

ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017).
Radicado: 250002325000200205275 01. Número Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera

ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238
00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

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47. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 17 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o
del procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la
Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde
se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

48. Adicionalmente, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 2016, señaló
que «[…] como quiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en
la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues
son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por
su buen funcionamiento financiero». Por ello, se advierte que la Universidad
Nacional de Colombia, cuenta con legitimidad para interponer la presente acción
especial de revisión.

3.5. Análisis de la Sala

3.5.2. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

49. La causal alegada por la Universidad Nacional de Colombia - Fondo
Pensional es la contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
norma que señala:

«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

50. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente18 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa19 y permite

Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-. Admite acción de
revisión.
17 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de

1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera

Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
19 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.

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corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones20,
en especial, el principio de solidaridad21 y equilibrio financiero.

51. Frente a esta causal, el apoderado de la Universidad Nacional de Colombia -
Fondo Pensional estimó que es errónea la interpretación efectuada por el Ad
quem, frente al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al
caso de la señora María Doris Bernal, a quien por ser beneficiaria de dicho
régimen, le asiste derecho a que, se reliquide su pensión con el promedio de lo
devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta
para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales sobre los cuales
cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.

52. Frente a este aspecto, es de anotar que al explicar la causal no se hizo alusión
a ningún emolumento en especial, sustentándose en que solo debe atenderse a
los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, no obstante, se advierte que
en la demanda de revisión sí trajo a colación los argumentos de la contestación
de la demanda y del recurso de apelación22 del proceso ordinario donde indicó
que no deben incluirse algunos de los emolumentos devengados por la señora
María Doris Bernal comoquiera que unos fueron de creación del ente universitario
a través de Acuerdos del Consejo Directivo y otros en tanto no son factores
salariales.

53. Ahora bien, para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los
supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran
dentro del contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es
dable evaluar el fondo del asunto planteado.

54. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento, toda vez que la pensión incluyó factores que no son de creación legal,
como el quinquenio, por lo que se incrementó el valor en relación con el que
realmente le corresponde.

20 Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
21 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
22 Folio 7 y s.s. Visible en el índice 3 del aplicativo SAMAI.

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55. Al respecto, advierte la Sala que, en efecto, se generó una diferencia en el
valor percibido por concepto de mesada pensional, por cuanto, como lo indicó la
demanda de revisión, al darse cumplimiento a la decisión judicial objeto de
revisión a través de la Resolución FPO 163 de 16 de mayo de 2016 la pensión
se liquidó en suma de $1´190.452, pero el valor inicial correspondía a $908.206.

56. De acuerdo con lo anterior, se advierte la presunta afectación al patrimonio
público, por lo que la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

3.5.2.2. Caso concreto

57. Para la Sala, esta causal se encuentra configurada parcialmente en el
presente asunto por los siguientes motivos:

58. En primer lugar, es necesario precisar que en este caso no se discute que a
la señora María Doris Bernal le sea aplicable el régimen de transición de la Ley
100 de 1993, tal como lo señaló la Universidad Nacional de Colombia - Fondo
Pensional, en la solicitud de revisión y las providencias judiciales cuestionadas.

59. Examinadas las pruebas allegadas se observa que nació el 17 de febrero de
195323 y prestó sus servicios durante más de 20 años en la Universidad Nacional
de Colombia, en el periodo comprendido entre el 1.° de noviembre de 1979 hasta
el 30 de noviembre de 2008 siéndole aceptada la renuncia según la Resolución
3574 de 10 de noviembre de 200824. Allí se indicó que su último cargo
desempeñado fue el de auxiliar de servicios generales 533-PCA y en la
certificación que obra a folio 74 del índice 3, sobre el ingreso base de cotización
para pensión expedida por la Universidad Nacional se indica que es empleada
de carácter «administrativa». Es de anotar que la naturaleza de su vinculación
no es objeto del recurso por lo que la Sala no se pronunciará al respecto.

60. De lo anterior se concluye que a la fecha de entrada en vigencia la Ley 100
de 1993 la pensionada tenía 40 años de edad y más de 15 años de servicios.

23 Según copia de la cédula de ciudadanía aportada en el folio 65 del índice 3 del aplicativo SAMAI.
24 Folio 73 ibidem.
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61. Adicionalmente se advierte que a través de la Resolución CPS 334 de 6 de
octubre de 200825, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia
le reconoció una pensión por el cumplimiento de 20 años de servicios y 55 años
de edad, que según indicó, se cumplieron el 17 de febrero de 2008. Esto en una
75% del «promedio de los factores que constituyen salario base de cotización
para pensión establecidos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales ha
cotizado la afiliada en los últimos diez años contados del 01 de septiembre de
1998 al 31 de agosto de 2008, certificados por la División Nacional Salarial y
Prestacional, actualizados a valores de 2008 con los índices de precios al
consumidor certificados por el DANE». Esto para una mesada de $908.206 sin
indicar los factores que se tuvieron en cuenta para ello.

62. Posteriormente, su pensión fue reliquidada a través de la Resolución 0086 de
30 de marzo de 2009, por nuevos tiempos de servicios (hasta el 29 de noviembre
de 2008) en un monto de $ 909.154 con efectividad desde el 30 de noviembre de
200826.

63. Ahora bien según, certificado expedido por la Universidad Nacional de
Colombia27 aportado por la entidad en el expediente administrativo, la señora
María Doris Bernal devengó durante el último año de servicios: (noviembre de
2007 a noviembre de 2008) asignación básica, asignación compensatorios,
incapacidad médica patrono, incapacidad médica ambulatoria, bonificación
bienestar universitario, bonificación por servicios prestados, prima de servicios,
prima de navidad, vacaciones del periodo, prima de vacaciones, bonificación
especial de recreación, ajuste compensación vacaciones por retiro, ajuste prima
de vacaciones por retiro, ajuste bonificación especial recreación por retiro, ajuste,
prima de navidad por retiro, ajuste quinquenio por retiro. Veamos28:

25 Folio 71 y s.s. Ibidem.
26 Folio 78 Ibidem
27 Aportado en el folio 158 ibidem. Índice 4.
28 Archivo que puede ser visualizado en el índice 89 del aplicativo SAMAI.
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64. Como ya se indicó, el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá ordenó la
liquidación pensional «[…] en un monto equivalente al 75% del salario promedio
únicamente en los siguientes factores salariales devengados durante el último
año de servicio: además de la asignación básica, bonificación por servicios
prestados, la bonificación bienestar universitario, junto con las primas de
vacaciones, de navidad, de servicios, y el quinquenio, advirtiendo que sobre
aquellos que se reconocen y pagan anualmente, se deberán tomar las doceavas
partes».

65. Esta decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la sentencia que se revisa, donde como se vio, se aplicó la
cuantía prevista en el sistema pensional anterior, en virtud del régimen de
transición del que es beneficiaria la señora María Doris Bernal, bajo los
parámetros fijados por la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vigente para la época en que se definió el proceso judicial
(noviembre de 2015), esto es con el 75% del promedio de los factores
devengados durante el último año de servicios (2007-2008), en los términos de
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la Ley 33 de 1985, que fueron efectivamente devengados por la pensionada
durante el citado interregno, tal como se advierte al verificar la certificación ya
referida.

66. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».

67. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

68. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:
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«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

69. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».

70. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

71. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 10 de
noviembre de 2015, lo cierto es que no se puede entender que el reconocimiento
se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

72. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso29.

29 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01

(3138-2020)]

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73. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, se advierte que, la
sentencia que se revisa, proferida el 10 de noviembre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, justificó su decisión acogiendo el precedente
de esta Corporación establecido en las sentencias de 4 de agosto de 2010 y de
el 12 de septiembre de 2014, dictada dentro del proceso 25000-23-42-000-2013-
00632-01 (1434-2014).

74. Cabe señalar que si bien para entonces, en la sentencia C- 258 del 7 de mayo
de 2013, la Corte Constitucional se había pronunciado sobre el IBL y el régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 en ella únicamente se refirió al régimen
pensional de los congresistas y de los altos dignatarios del Estado, una condición
que no reúne el pensionado. Por eso, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.

75. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
frente al argumento del desconocimiento del precedente jurisprudencial
contenido en las sentencias C- 258 de 2013 y SU- 230 de 2015 y la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018.

76. Por otra parte, como ya se indicó, la Universidad Nacional de Colombia –
Fondo de Pensiones advirtió que, en la sentencia objeto de revisión, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debían incluirse solo los factores del Decreto
1158 de 1994 y, al citar el recurso de apelación que presentó dentro del proceso
ordinario, trajo a colación su disenso con las órdenes judiciales en tanto
ordenaron la inclusión de factores que no cuentan con carácter salarial y otros de
creación por parte del ente universitario.

77. Sobre el tema, revisada la orden impartida por el Tribunal, contempló la
reliquidación pensional con el 75% del promedio de todos los factores salariales
que devengó entre el 30 de noviembre de 2007 y el 29 de noviembre de 2008,
teniendo en cuenta «[…] además de los ya reconocidos (asignación básica
mensual, incapacidad médica patrono, incapacidad médica ambulatoria y
bonificación por servicios prestados) las vacaciones del periodo, la 1/12 parte de
la prima de servicios, la 1/12 parte de la sumatoria de la prima de navidad y su

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ajuste por retiro, la 1/12 parte de la prima de vacaciones y su ajuste por retiro,
así como la 1/12 parte del ajuste del quinquenio por retiro».

78. Para la Sala, los factores cuya inclusión ordenó el Tribunal solo merecen
reproche el ajuste del quinquenio por retiro y las vacaciones del periodo, esto
comoquiera que los demás se encuentran contemplados en el Decreto 1045 de
1978.

79. Frente a este aspecto no se discute que el quinquenio en mención fue el
creado por el Acuerdo 57 de 1978 expedido por el ente universitario, «"Por el cual
se establecen unas prestaciones sociales extralegales a los Empleados Públicos
no docentes de la Universidad" (Bonificación por Antigüedad quinquenio y Auxilio
Funerario)», sin embargo, como se vio, el Tribunal Administrativo no se detuvo
a analizar la naturaleza del citado factor, lo cual hacía parte de la discusión de la
correcta liquidación pensional que debía aplicarse a su caso, de acuerdo con el
régimen correspondiente, siendo un punto de la controversia verificar su
naturaleza jurídica y si correspondía a los enlistados en el Decreto 1045 de 1978
para determinar si podía ser incluido en la liquidación pensional, de acuerdo con
la posición jurídica que adoptara el Tribunal.

80. Sin embargo, el Tribunal Administrativo ordenó la inclusión del citado
quinquenio sin reparar en que la determinación del régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos no hace parte de la competencia de las Universidades
y únicamente es predicable del Gobierno Nacional, tal como lo señaló la Corte
Constitucional en sentencia C-053 de 1998:
«Las universidades públicas, como se ha dicho, son órganos autónomos del
Estado que por su naturaleza y funciones gozan de esa condición y están sujetas
a un régimen legal especial que en la actualidad está consagrado en la Ley 30
de 1992; dada esa caracterización sus servidores son servidores públicos, que
se dividen entre docentes empleados públicos, empleados administrativos y
trabajadores oficiales, cuyos salarios y prestaciones sociales cubre el Estado a
través del presupuesto nacional, específicamente de asignaciones para gastos
de funcionamiento.

Es decir, que en principio, la intervención del legislador en materia de salarios y
prestaciones sociales en las universidades oficiales, encuentra fundamento en el
literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política que le atribuye
al Congreso la responsabilidad de fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos».

81. Ahora bien, sobre este tema, es de recordar que esta Corporación ha
señalado que a los docentes de las universidades públicas, no les asisten
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derechos adquiridos sobre prestaciones sociales, concedidas a través de
acuerdos o cualquier acto administrativo, fuera de lo previsto en la Constitución
y en la ley, esto por la falta de competencia de los órganos que los profirieron,
por cuanto «ni antes de la Constitución de 1991, ni a partir de su vigencia, los
entes universitarios, a través de su directivas, están facultados para ello: « […]
las universidades estatales u oficiales no tienen competencia para emitir su
propio régimen salarial y prestacional, extrañas a las normas generales, como
quiera que la Constitución no le atribuyó esa competencia. Siendo ello así, los
acuerdos universitarios no son el instrumento normativo apto para reglamentar lo
atinente a estos temas»30.

82. De acuerdo con lo anterior, el quinquenio creado por la Universidad Nacional
se trató de un emolumento extralegal, por lo que, si el Tribunal estimaba que
debía incluirse en la liquidación pensional, debió analizar su naturaleza y justificar
su posición citando algún precedente jurisprudencial que permitiera avalar esa
decisión.

83. En cuanto a las vacaciones del periodo, el Tribunal ordenó su inclusión pues
en su apreciación disminuía el salario de los meses en que se disfrutaron, sin
embargo el citado argumento desconoce la naturaleza de las mismas, que fue
analizado inclusive por esta Corporación en la mencionada sentencia de 4 de
agosto de 2010, proferida dentro del proceso No. 250002325000200607509 01
(0112-2009), Actor: Luis Mario Velandia, y que fue acogida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia que se revisa, donde se realizó
la siguiente precisión :

«No es posible incluir la indemnización de vacaciones toda vez que las
vacaciones no son salario ni prestación, sino que corresponden a un descanso
remunerado para el trabajador, por lo cual, no es posible computarlas para fines
pensionales. En efecto, esta Corporación ha precisado que la compensación
monetaria, que se otorga al trabajador cuando no disfruta de sus vacaciones, no
puede servir de base salarial para liquidar la pensión de jubilación. Por estas
razones se comparte la decisión de primera instancia, en la medida que no
ordenó la inclusión de este factor dentro del salario base de liquidación
pensional».

84. De acuerdo con lo anterior es evidente que en este caso se configura la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, frente al
argumento de inclusión de quinquenio y de las vacaciones del periodo en la

30 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, dictada dentro del proceso 25000-23-25-000-2004-03685-01,

con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve.
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pensión de la señora María Doris Bernal, pero no así frente al argumento de
desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional.

85. En ese sentido, el reconocimiento pensional debe mantenerse, pero la
liquidación de dicho reconocimiento debe modificarse en el sentido de excluir el
quinquenio y las vacaciones del periodo, pues no cuentan con sustento legal, ni
jurisprudencial para su inclusión.

86. Finalmente, es de señalar que si bien, la entidad solicitó la devolución de los
dineros pagados en exceso a la pensionada, no se accederá a la citada
pretensión al no probarse que fueron recibidos de mala fe.

87. Decisión: Se infirmará parcialmente la sentencia de 10 de noviembre de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, que confirmó la decisión de 13 de agosto de 2012, dictada por el
Juzgado Catorce Administrativo de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-014-2011-00587-00/01.

88. En su lugar, se revocará parcialmente la sentencia en cuanto incluyó el
quinquenio y las vacaciones del periodo, como factores pensionales.

3.6. Condena en costas

89. El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho28, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso29 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.

90. En este caso, considera la Sala que no hay lugar a la condena en costas,
conforme con el artículo 188 del CPACA, previo a la modificación de la Ley 2080
de 2021, por cuanto el recurso extraordinario de revisión se declarará
parcialmente fundado. Este hecho releva a esta Sala a realizar la fijación pues la
normativa que rige sobre el particular impone su improcedencia cuando ha
prosperado, según se advierte del numeral 1. °, del artículo 365 del CPG,
aplicable por remisión normativa expresa del referido artículo 188 del CPACA.

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91. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:
PRIMERO.- DECLARAR PARCIALMENTE FUNDADA la acción especial de
revisión interpuesta contra la sentencia de 10 de noviembre de 2015, proferida
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 11001-33-31-014-2011-00587-00/01, que confirmó la
sentencia de 13 de agosto de 2012 proferida por el Juzgado Catorce
Administrativo de Bogotá, de acuerdo con lo señalado en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. - En consecuencia, INFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 10
de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, que confirmó la sentencia de 13 de agosto de
2012 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bogotá, para
en su lugar, modificar su numeral segundo en los siguientes términos:

«SEGUNDO: MODIFÍCASE el ordinal tercero de la parte resolutiva de la
sentencia antes referida, el cual quedará así:

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA – FONDO PENSIONAL, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora
MARIA DORIS BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía 41´ 593.862, en
monto equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
por ella durante el último año de servicios, comprendido entre el 30 de noviembre de
2007 y el 29 de noviembre de 2008, teniendo en cuenta además de los ya
reconocidos (asignación básica mensual, incapacidad médica patrono, incapacidad
médica ambulatoria y bonificación por servicios prestados) la 1/12 parte de la prima
de servicios, la 1/12 parte de la sumatoria de la prima de navidad y su ajuste por retiro
y, la 1/12 parte de la prima de vacaciones y su ajuste por retiro, partir del 30 de
noviembre de 2008.
Sobre el nuevo valor de la pensión, deberán aplicarse los respectivos reajustes
dispuestos en la Ley atendiendo a las disposiciones señaladas en la parte motiva de
esta decisión.
La entidad accionada descontará de la condena los aportes en pensión solamente
sobre los factores salariales que aquí se ordenan incluir y que no fueron objeto de la
deducción legal, por todo el tiempo de servicios prestados por la demandante, de
conformidad con la normatividad vigente al momento en que debió efectuarse el
aporte y únicamente en la proporción que le correspondía en su condición de
trabajadora, sin lugar a prescripción alguna y dichos valores deberán ser actualizados
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al valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga
una cifra real de lo que corresponde sufragar al empleador y a la demandante”.

TERCERO. - MANTENER en lo restante la sentencia del 10 de noviembre de
2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en cuanto confirmó en lo demás la sentencia de 13 de
agosto de 2012, dictada por el Juzgado 14 Administrativo del Circuito de Bogotá.

CUARTO.- En lo demás DECLARAR INFUNDADA la acción de revisión
promovida por la Universidad Nacional de Colombia – Fondo de Pensiones en
contra del fallo de 10 de noviembre de 2015, señalado en el numeral primero de
esta providencia.

QUINTO.- SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones señaladas.

SEXTO.- EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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