Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00790-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00790-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00790-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandado: Miguel Bernardo Estrada
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 31 de agosto
de 2017, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 22 de febrero de
2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP)
por conducto de apoderado judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 31 de agosto
de 2017, a través de la cual se confirmó la providencia emitida por el Juzgado
Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 22 de febrero de
2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada
por el señor Miguel Bernardo Estrada contra el FONCEP, dentro del proceso de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00790-00 (2403-2020)
Demandante: FONCEP
nulidad y restablecimiento del derecho de radicado 11001 33 35 021 2014 00109
02.
Con fundamento en lo anterior, además, solicitó i) declarar que el señor Miguel
Bernardo Estrada, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es
acreedor de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y ii)
ordenar la reliquidación de la mesada pensional del demandado, teniendo en cuenta
la tasa de reemplazo del 75 %, el ingreso base de liquidación previsto en los
artículos 36, inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158
de 1994, de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional.1
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El señor Miguel Bernardo Estrada laboró para el Estado y adquirió el estatus
jurídico pensional el 16 de agosto de 2002.
ii) El 22 de febrero de 2017, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá,
Sección Segunda, profirió sentencia de primera instancia en el sentido de acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Miguel
Bernardo Estrada contra el FONCEP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:2
PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No.
20I4EE44 O 1 del 3 de enero de 2014, proferido por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones - FONCEP, a RELIQUIDAR la pensión de jubilación del demandante, señor
MIGUEL BERNARDO ESTRADA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.184.110
expedida en Bogotá, así como a INDEXAR la primera mesada pensional, en los términos
señalados en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO.- La entidad demandada deberá efectuar los reajustes legales de ley sobre
las mesadas e igualmente, RECONOCER Y PAGAR al demandante, las diferencias que
1 La entidad recurrente cita las Sentencias C-168 de 1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 y en los Autos
326 de 2014 y 229 de 2017.
2 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: FONCEP
resulten a su favor, debidamente actualizadas, conforme a lo señalado en la parte
motiva de esta sentencia, pero solamente de las mesadas causadas A PARTIR 12 DE
ABRIL DE 2011, por haberse declarado la cosa juzgada sobre las mesadas causadas
con anterioridad a la ejecutoria de la sentencia proferida por el Juzgado 18 Laboral del
Circuito de Bogotá D.C., descontando los aportes correspondientes a los factores
salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción
legal, sin que por ello se obstaculice el pago inmediato de los valores decretados a su
favor, conforme lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. […] (Resaltado y
subrayado originales del texto)
iii) El 31 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, profirió sentencia de segunda instancia, mediante la cual
confirmó la providencia expedida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de
Bogotá, Sección Segunda.3
iv) El 2 de octubre de 2017, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.
v) El 28 de febrero de 2018, el FONCEP expidió la Resolución SPE-GP 0250 mediante
la cual dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y por el Juzgado Cincuenta y Seis
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 31 de agosto de 20174 confirmó la providencia proferida por
el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, el 22 de
febrero de 2017, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda, con sustento en las siguientes consideraciones jurídicas:
i) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,5 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas
3 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
4 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación
2500023250002006-0750901 (0112-09).
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Demandante: FONCEP
aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio.
ii) En el sub lite se acreditó que el señor Miguel Bernardo Estrada es beneficiario de
la Ley 33 de 1985, porque nació el 16 de agosto de 1947 y laboró como empleado
público en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, desde el 12 de junio de 1974
hasta el 1° de diciembre de 1996. En ese orden, se hallaba amparado como
empleado público territorial por dicha normativa, al haber laborado por más de 20
años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial.
Se precisa que la Sentencia SU-230 de 2015 no es aplicable a la situación fáctica
del demandante, comoquiera que lo posición ahí fijada por la Corte Constitucional
se refiere a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y
como aquel cumplió los 20 años de servicio como servidor público antes del 30 de
junio de 1995, quedó sometido en su integridad a la Ley 33 de 1985, en los términos
de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado.
iii) En audiencia inicial celebrada el 7 de diciembre de 2016, se declaró probada
parcialmente probada la excepción de cosa juzgada respecto a las mesadas
pensiónales causadas con anterioridad al 11 de abril de 2011, decisión que quedó
en firme. Por su parte, el demandante elevó la solicitud de reliquidación pensional
el 16 de diciembre de 2013, de manera que no transcurrió un período superior a 3
años entre dichas fechas. En consecuencia, no operó el fenómeno jurídico de la
prescripción trienal de mesadas, de conformidad con lo establecido en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, tal como lo hizo el a
quo.
iv) El demandante tiene derecho a la reliquidación de su pensión de jubilación a
partir del 16 de agosto de 2002, con pago de las diferencias pensionales a partir del
12 de abril 2011, más los incrementos anuales de ley. La liquidación de la prestación
se efectuará con el 75 % del promedio del último año de servicio, esto es, del 1° de
diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1996, teniendo en cuenta la asignación
mensual, los subsidios de transporte y alimentación, y las primas de navidad,
semestral, de vacaciones y de servicios.
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Demandante: FONCEP
v) Resulta procedente la actualización del promedio devengado en el último año de
servicio (1° de diciembre de 1995 al 30 de noviembre de 1996) hasta la fecha en
que se hizo efectiva la pensión (16 de agosto de 2002), en virtud al hecho notorio
de la constante y permanente devaluación de la moneda, que disminuye en forma
continua el poder adquisitivo del ingreso, según como lo ha indicado la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo.
vi) De otra parte, no le asiste razón al demandante cuando en el recurso de
apelación afirma que sobre el descuento sobre los factores ordenados debe
aplicarse la prescripción quinquenal, ya que, por un lado, la normativa determina
que es obligación del trabajador realizar los aportes a la seguridad social para
acceder a la pensión y, por otro lado, porque cuando mediante sentencia judicial se
ordena la inclusión de factores salariales para efectos de la reliquidación pensional,
debe procederse al descuento de los aportes a la seguridad social correspondientes
a dichos factores sobre los cuales no se realizó la deducción legal.
vii) Por lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada. 6
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) El juzgador vulneró el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de
la Constitución Política, porque se apartó de la interpretación que había desarrollado
la Corte Constitucional sobre los artículos 21 y 36, inciso 3.º de la Ley 100 de 1993
respecto al IBL y a los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de
6 El 22 de febrero de 2017, el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda,
a través de la sentencia de primera instancia ordenó, entre otras cosas, la reliquidación de la pensión
de jubilación del señor Miguel Bernardo Estrada, en el equivalente al 75% del salario promedio
devengado en el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de diciembre de 1995 al 30 de
noviembre de 1996, incluyendo todos los factores salariales certificados por el empleador a saber:
asignación mensual, subsidios transporte y de alimentación y primas navidad, semestral, de
vacaciones y de servicios. Ordenó el reconocimiento de la prestación a partir del 16 de agosto de
2002, con efectos fiscales a partir del 12 de abril de 2011. Expediente digital del proceso ordinario
visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: FONCEP
liquidar la prestación. Con ello, además el fallo acusado transgrede los principios
superiores de legalidad consagrados en los artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2.º y
124 de la Constitución Política.
ii) Es indiscutible que el régimen especial aplicable al demandado «es el
contemplado en el Decreto 546 de 1971, de conformidad al artículo 36 de la [L]ey
100 de 1993, por estar inmerso en el régimen de transición».
En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al
cual se encontraban afiliadas, esto es, en el Decreto 546 de 1971, en lo que tiene
que ver con la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio y el
monto de la prestación.
Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.7
iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional del demandado.
iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional del señor
Estrada se incrementó sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello,
con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
7 La entidad recurrente advierte que en igual sentido lo ha señalado la Corte Constitucional en
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012
00143 01.
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Demandante: FONCEP
Vencido el término para presentar contestación a la acción especial de revisión, la
parte demandada guardó silencio.8
2. Consideraciones
2.1. Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del inciso 2.º del artículo 249 del CPACA.9 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.10
2.2. Oportunidad
El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 2 de octubre de 201711
y la acción especial de revisión se interpuso el 21 de agosto de 2020,12 por lo que
es dable concluir que fue presentada dentro del término establecido en la ley.
2.3. Legitimación
8 Tras revisar el sistema SAMAI, la Sala advierte que el señor Miguel Bernardo Estrada, guardó
silencio. Lo anterior, pese a que el 12 de septiembre de 2022, esta corporación le notificó
personalmente el contenido de la acción especial de revisión interpuesta por el FONCEP. Actuación
visible a índice 19 de la plataforma SAMAI.
9 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
10 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11 Expediente digital del proceso ordinario visible a índice 21 de la plataforma SAMAI.
12 Índice 3 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: FONCEP
Sobre la legitimación del FONCEP para promover la acción de revisión contra
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la
Corte Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla:
(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de
un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la
Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del
pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las
primeras institu ciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de reconocer y
pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está
legitimado para interponer la presente acción de revisión.
2.4. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, del 31 de agosto de 2017, se encuentra inmersa
en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión «Cuando
el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y «Cuando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
2.5. Marco normativo
2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
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Demandante: FONCEP
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo las sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación.13
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
13 Sobre el punto se puede consultar la Sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
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Demandante: FONCEP
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y
a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del
debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró14 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,15 procede contra
14 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
15 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
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Demandante: FONCEP
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.5.2. Alcance de las causales de revisión invocadas
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas y de esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».16
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».17
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto
de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con
el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas
en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de
carácter patrimonial al erario».18 (Resaltado fuera del texto).
16 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
17 Ibidem.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
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Por su parte, esta Corporación en sentencia de 30 de noviembre de 2021, sostuvo:19
36. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa juzgada
que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador para
enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales providencias.
37. […] Así las cosas, y en la medida en que a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras20; taxatividad
que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica providencias
amparadas por el principio de cosa juzgada y, por ello, las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido21.
38. […] La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200322, señaló que la
transcrita norma [artículo 20 de la Ley 797 de 2003] estableció una acción de revisión
sui generis, cuyo ejercicio tiene las siguientes características: (i) está restringido a una
parte activa calificada, es decir, son determinadas entidades las llamadas a instaurarla;
ii) procede únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad la
protección y recuperación del patrimonio público, y iii) su objeto es delimitado y el
análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido
reconocidas.
Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primera medida, la Sala advierte que en relación con la causal de revisión
establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando
«el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario
que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión, sentencia de 30 de noviembre de 2021, radicado N.° 11001-03-15-000-2017-01538-
00(REV).
20 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor
Eduardo Montealegre Lynett.
21 Ibidem.
22 Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.
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Demandante: FONCEP
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión23 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»
Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta
al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la
Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Así, la inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 31
de agosto de 2017, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal b)
del artículo 20 de la referida ley, en tanto confirmó la providencia emitida por el
Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, del 22 de
febrero de 2017.
En ese orden, el FONCEP solicita se atiendan las condiciones de edad, tiempo de
servicio y monto previstos en el Decreto 546 de 1971 y en lo atinente al ingreso
base de liquidación lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en razón
a que, señala, el demandado, en su concepto, es beneficiario del régimen de
transición contenido en la referida ley.
23 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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Demandante: FONCEP
Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
contenida en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016 y SU-395 de 2017 y de esta corporación en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018, a partir de las cuales se determinó que para los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el ingreso base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de
dicha norma o en el artículo 21 ibidem.
Pues bien, la Sala advierte que el tribunal realizó la subsunción de los supuestos
fácticos del señor Estrada a la luz de la Ley 33 de 1985, para lo cual confirmó la
providencia emitida por el Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá,
Sección Segunda, del 22 de febrero de 2017. En consecuencia, mantuvo la orden
de reliquidación de la pensión de jubilación reconocida al hoy demandado, con
efectos fiscales desde el 12 de abril de 2011, en el equivalente al 75 % del promedio
de los factores salariales devengados en el último año de servicio, comprendido
desde el 1.° de diciembre de 1995 hasta el 30 de noviembre de 1996, a saber: la
asignación mensual, los subsidios de transporte y alimentación, y las primas de
navidad, semestral, de vacaciones y de servicios.
De acuerdo con lo anterior, esta Subsección observa que la sentencia acusada se
remitió a las condiciones de la Ley 33 de 1985; sin embargo, la entidad recurrente
no presentó reparo particular alguno y, por el contrario, reprochó la forma de
aplicación del régimen de transición plasmado en el artículo 36 de Ley 100 de 1993
en concordancia con el Decreto 546 de 1971, en lo relacionado con la forma de
determinación del IBL y con los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de
1994. Así pues, no corresponde a esta Sala realizar ningún análisis sobre el
particular.
Sobre el asunto, esta corporación ha enfatizado lo siguiente:24
Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias
indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar
con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda el recurso y aportar las
pruebas necesarias.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: FONCEP
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención de
corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos
sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia. Antes bien, es
riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas en el
mencionado artículo 250 del CPACA y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que
deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(Resaltado fuera del texto).
Así las cosas, como se dijo líneas atrás, el objeto de la acción especial de revisión
consiste en incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un
estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en
últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario. Se trata de un medio
de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la comprobación inequívoca de
ser decisiones que incurran en alguna de las causales que taxativamente consagra
la ley.
En esta línea argumentativa, la Sala advierte que debe existir correspondencia entre
los argumentos en que se fundamenta el recurso y la causal invocada, que en el
sub lite se concretaron en que el FONCEP acude al literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 para lograr la aplicación de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993
y del Decreto 1158 de 1994.
No obstante, la entidad recurrente omite que el razonamiento del tribunal se enfocó
en la aplicación de la Ley 33 de 1985, ante lo cual no hizo referencia alguna con el
fin de sustentar la presente acción especial de revisión. De manera que, en atención
a los precedentes citados previamente y a la naturaleza excepcional de la acción
especial de revisión, no corresponde a la Sala exceder la demarcación impuesta por
la entidad recurrente al explicar y fundamentar la causal de revisión de la sentencia,
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Demandante: FONCEP
pues se reitera aquella debe ser «[…] examinada dentro de un estricto y delimitado
ámbito interpretativo.».25
Bajo este panorama, no es posible realizar el estudio de los argumentos expuestos
por el FONCEP, en relación a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
Sobre el asunto, esta Subsección trae a colación la sentencia del 21 de abril de
2022, a través de la cual se abordó un caso similar al presente, pues en aquella
oportunidad la entidad recurrente incurrió en error al fundamentar la acción especial
de revisión en normas jurídicas distintas a las aplicadas en la sentencia censurada.
Allí se dijo:26
Pues bien, es preciso anotar que el Decreto 546 de 1971 resulta aplicable a los
funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público que
acrediten los requisitos contemplados en esa normativa para adquirir la prestación. No
obstante, la señora Ardila Herrera por haber prestado sus servicios en la Contraloría
General de la República desde el 4 de febrero de 1975 hasta el 15 de marzo de 2000,
es destinataria del régimen especial contenido en el Decreto 929 de 1976.
[…] En esta línea argumentativa, la Sala advierte que debe existir correspondencia entre
los argumentos en que se fundamenta el recurso y la causal invocada, que en el sub lite
se concretaron en acudir al literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para lograr la
aplicación de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto
546 de 1971.
No obstante, es claro que la entidad recurrente se equivoca en la invocación normativa
realizada con el fin de sustentar el recurso impetrado, como se indicó. De manera que
en atención a los precedentes citados previamente y a la naturaleza excepcional del
recurso extraordinario de revisión, no corresponde a la Sala exceder la demarcación
impuesta por la entidad recurrente al explicar y fundamentar la causal de revisión de la
sentencia, pues se reitera aquella debe ser «[…] examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo.».27
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 21 de abril de 2022, radicado 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018).
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
En similar sentido se pronunció esta Subsección a través de la sentencia del 18 de mayo de 2023,
radicación 11001-03-25-000-2019-00898-00 (6445-2019)
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: FONCEP
Por lo expuesto, la Sala encuentra infundada la acción de revisión interpuesta por
el FONCEP, al no haberse configurado las causales contempladas en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003.
3. De la condena en costas
Con fundamento en el inciso 2.° del artículo 188 del CPACA, en el presente caso, los
sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que contaban con
suficiente respaldo legal y jurisprudencial para obtener un pronunciamiento
favorable a sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena
en costas.
4. Conclusión
Con base en los anteriores argumentos, en los derroteros jurisprudenciales trazados
por el Consejo de Estado en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al
que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la
presente acción de revisión debe ser declarada infundada, puesto que no se
acreditó la configuración de las causales invocadas, esto es, las señaladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, del 31 de agosto de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
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Demandante: FONCEP
Segundo. Sin condena en costas.
Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001 33 35 021 2014 00109 02 al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
18
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