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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00795-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00795-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 4 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00795-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones1
Demandado: Dora Cecilia Torres Quesada

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del
29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía
reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Foncep contra la sentencia
proferida el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B2, por medio de la cual se confirmó parcialmente
la decisión del 10 de marzo de 2015 emitida por el Juzgado 27 Administrativo del
Circuito de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
Dora Cecilia Torres Quesada.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Foncep solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 4 de mayo de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que
confirmó parcialmente la decisión del 10 de marzo de 2015 emitida por el Juzgado

1
En adelante Foncep.
2
Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001-33-35-027-2013-00896-01;
actor: Dore Cecilia Torres Quesada, demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones, Foncep.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

27 Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-027-2013-00896-01, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Dora
Cecilia Torres Quesada y, en consecuencia, declaró la nulidad del Oficio
2013EE7409 del 23 de julio de 2013, por medio del cual se le negó la reliquidación
de la pensión de jubilación.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que Dora Cecilia
Torres Quesada no era acreedora de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía
derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados
en el último año de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo
dispuesto en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-
427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018,
y en los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidos por la Corte Constitucional,
es decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o
en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización
taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del
75%, por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Dora Cecilia Torres Quesada laboró por más de 20 años en el Distrito Capital y
para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años
de edad, situación que la hizo beneficiaria del régimen de transición previsto en el
artículo 36 ibidem.

3.2. Mediante la Resolución 1578 del 28 de diciembre de 2004, el Foncep le
reconoció una pensión mensual vitalicia de jubilación, con una tasa de remplazo
del 75% del promedio mensual de los factores salariales devengados durante el
tiempo que le hacía falta para obtener el derecho a la pensión. Dicha prestación
fue reliquidada con la Resolución 1170 del 17 de julio de 2007.

3.3. Posteriormente, el 2 de julio de 2013, la pensionada solicitó la reliquidación de
la prestación, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente a través
del Oficio 2013EE7409 del 23 de julio de 2013.

3.4. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de

2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara su nulidad, por cuanto, a su juicio, el Foncep no aplicó el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la Ley 33 de
1985, para determinar la cuantía de su pensión, es decir, no incluyó la totalidad de
los factores salariales devengados en el último año de servicio.

3.5. El Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en sentencia del
10 de marzo de 2015, declaró la nulidad del acto demandado y, en consecuencia,
ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a Dora Cecilia Torres
Quesada con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año
inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio (1° de enero al 31 de
diciembre de 2005).

3.6. Contra la anterior providencia el Foncep interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, mediante sentencia del 4 de mayo de 2017, en la que se confirmó
la providencia recurrida y modificó en cuanto al modo de descontar los aportes no
realizados y la prescripción.

3.7. Mediante Resolución SPE GDP0829 del 28 de junio de 2018, la entidad dio
cumplimiento a la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la pensión
de jubilación de la solicitante sobre el 75% de los factores salariales devengados
en el año anterior al retiro definitivo del servicio.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 4 de mayo de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el Foncep, en la cual confirmó parcialmente la decisión del 10 de
marzo de 2015 emitida por el Juzgado 27 Administrativo del Circuito de Bogotá,
que ordenó la reliquidación de la pensión de Dora Cecilia Torres Quesada, sobre
el 75% del promedio de todos los factores salariales percibidos durante el último
año de servicio (1° de enero al 31 de diciembre de 2005), de conformidad con las
disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1985 y en concordancia con la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 20104 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

3
En adelante CPACA.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, expediente 25000-23-
25-000-2006-07506-01, M.P. Doctor Victor Hernando Alvarado Ardila.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos5:

5.1. Dora Cecilia Torres Quesada nació el 11 de marzo de 1948 y a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, tenía más de 35 años de edad, por tanto, era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 ibidem y, en
consecuencia, podía acceder al beneficio pensional con los requisitos de la Ley 33
de 1985, esto es con el 75% de los factores salariales devengados durante el último
año de servicio.

5.2. Según la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, para el reconocimiento de la prestación
era válido tener en cuenta todos los factores salariales que conformaban la base
de liquidación, de modo que el monto de la pensión se debía establecer con el 75
% del promedio de salarios devengados en el último año de servicio bajo el
entendido de que son factores de salario aquellas sumas que percibió el servidor
de manera habitual y periódica como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé.

5.3. El año inmediatamente anterior al retiro definitivo del servicio corresponde al
comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2005 y los factores
devengados fueron los siguientes: i) asignación básica; ii) bonificación anual;
iii) primas de antigüedad, de navidad, semestral y de vacaciones; y iv) bonificación
por recreación.

5.4. No resulta admisible la decisión del a quo en tanto dispone que el monto de la
pensión es del 85% del IBL previsto en la Ley 33 de 1985, pues se vulneraría el
principio de inescindibilidad de la ley.

5.5. A los beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 se les debe aplicar en su integridad la Ley 33 de 1985, esto es, se
debe liquidar la pensión con el 75% del promedio mensual de los factores salariales
devengados en el último año de servicio.

5.6. La bonificación por recreación no puede incluirse en la liquidación de la pensión,
por cuanto no constituye factor salarial «teniendo en cuenta que con el mismo no se
remunera directamente la prestación del servicio» (sic).

5
Samai,índice 43, 1RECIBEMEMORIAL_11001333502720130089600PDF(.pdf) NroActua 43,
folios 317 al 335.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Dora
Cecilia Torres Quesada no tenía derecho a la reliquidación de la pensión de
jubilación en los términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes
jurisprudenciales indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones
contenidas en los artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y
los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

6.2. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 por cuanto la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en
la jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL
de manera expresa del régimen de transición.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Dora Cecilia Torres Quesada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por
las razones que se expresan a continuación:7

7.1. La entidad recurrente formuló sus pretensiones de revisión en contravía de los
principios de igualdad, favorabilidad, inescindibilidad de la ley, debido proceso,
cosa juzgada y autonomía del juez, toda vez que las sumas de dinero reconocidas
en los fallos judiciales objeto de revisión tuvieron lugar bajo los preceptos legales
y lineamentos jurisprudenciales vigentes para la época.

7.2. Cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, a la fecha de su
entrada en vigencia, tenía más de 35 años de edad y contaba con más 15 años de
servicio.

7.3. En la fecha en la que se profirió la sentencia objeto de revisión, aún no existían
los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional ni del Consejo de

6
Samai, índice 4, ED-4-05 S141-D1Demanda-202082118411.pdf(.pdf) NroActua 4.
7
Samai, índice 18,
19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.PDF)
NroActua 18.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

Estado, que fijaron derroteros frente a la interpretación del régimen de transición,
diferentes de los que se siguieron en esa providencia, motivo por el cual resulta
inviable pretender su aplicación retroactiva con el fin de que sea infirmada en esta
etapa procesal.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el
que solicitó declarar fundado el recurso e infirmar la sentencia objeto de revisión,
con fundamento en los siguientes argumentos8:

8.1. La sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó reliquidar la
pensión de Dora Cecilia Torres Quesada en cuantía que excede injustificadamente
lo debido de acuerdo con la ley, en perjuicio del erario.

8.2. La pensión reconocida debe ser reliquidada con fundamento en los precedentes
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado referentes a
los factores que se deben incluir en el IBL, tales como las sentencias C-258 de
2013, SU-230 de 2015, SU-530 de 2015, SU-627 del 2017, T-615 de 2016 y la del
28 de agosto de 2018 proferida dentro del expediente con radicado 52001-23-33-
000-2012-00143-01.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA9.

8
SAMAI, índice 19.
MemorialWebCG_20CONCEPTO_CONCEPTOMINISTERIOPUBLICONO238202120200079500
NI24132020RECEXTRAORDINARIOREVISION(.PDF) NroActua 19.
9
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].

6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201910, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 15 de
mayo de 201811 y la presente acción fue radicada el 24 de septiembre de 2020, lo
que permite concluir que se presentó oportunamente.

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B se profirió con
vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de
revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿la cuantía del
derecho reconocido a Dora Cecilia Torres Quesada excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se
configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

10
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
11
Samai, índice 4, ED-4-05 S141-D1Demanda-202082118411.pdf(.pdf) NroActua 4, folio 65.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen14.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

12
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
13
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
14
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes15:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se

15
Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

encuadren en dichas causales»16.

19. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación17 han admitido
expresamente que la UGPP está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:

«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en
las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término
de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes
del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».

20. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985

21. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201819, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

22. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma».

16
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
17
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado
11001-03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
19
Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

23. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión» . Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables(…)».

24. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme con las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa
de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
(…)».

25. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

26. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto
en el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

27. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

28. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio20 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de

20
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias;
salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.5. Caso concreto

29. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

30. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

31. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión21 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem».

32. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar el IBL y los factores tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión
de jubilación reconocida a Dora Cecilia Torres Quesada pues, a su juicio, «la
reliquidación de la pensión de jubilación del causante en los términos ordenados en esta
no le corresponden, pues lo correcto es que se tuvieran en cuenta las disposiciones
contenidas en el artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que
deben ser tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación […] para efectos de los
factores salariales se debe aplicar los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 y teniendo
en cuenta el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para
adquirir la pensión o 10 años», sin hacer manifestación alguna en relación con la
vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental al debido

aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».
21
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.

13

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

proceso; por lo tanto, el examen del recurso se debe realizar en el marco de la
causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

33. Ahora, en torno a esa causal de revisión, esto es la del literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B profirió la decisión objeto de
revisión con sustento en la posición jurisprudencial de la Sección Segunda del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 201022 según la cual, la expresión «monto»,
contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comprendía «aquellas sumas que
percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por
sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé».

34. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás había fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del
régimen de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte
Constitucional a partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica
para el caso de las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

35. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la
Sala considera que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del
4 de mayo de 2017 no fue caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.

36. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte
del régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto
de 2010 que señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir
a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los
aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial,
cuando ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera
que fue respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección
Segunda del Consejo de Estado para la época.

37. En efecto, el criterio del Consejo de Estado únicamente se modificó con la
expedición de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es
claro que para la época en que se expidió la sentencia recurrida (4 de mayo de

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

14

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

2017), la posición era que las pensiones de los servidores públicos debían
liquidarse teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la
consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el
principio de la inescindibilidad de la norma.

38. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, ordenó que la pensión de jubilación de Dora Cecilia Torres
Quesada se reliquidara con la inclusión de los siguientes factores: i) asignación
básica; ii) bonificación anual; y iii) las primas de antigüedad, navidad, semestral y
de vacaciones. En relación con lo anterior, se advierte que el Tribunal siguió la
línea jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que
en lo particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba
a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por
el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

(…)

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando.» [Negrillas del original].

39. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra la certificación
de factores salariales expedida el 6 de abril de 201323 por la directora de gestión
humana de la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
según la cual Dora Cecilia Torres Quesada devengó en el último año de servicio
los siguientes factores: i) asignación básica; ii) prima de antigüedad; iii) bonificación

23
Samai,índice 43, 1RECIBEMEMORIAL_11001333502720130089600PDF(.pdf) NroActua 43,
folio 18.

15

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

anual; iv) prima de navidad; v) prima semestral; vi) prima de vacaciones; y
vii) bonificación por recreación.

40. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:

40.1. Dora Cecilia Torres Quesada nació el 11 de marzo de 194824.

40.2. Mediante la Resolución 1578 del 28 de diciembre de 200425, la subdirectora
de obligaciones pensionales de la Secretaría de Hacienda le reconoció la pensión
de jubilación en cuantía equivalente a $707.280, esto es con el promedio de lo
devengado en el tiempo que le hacía falta para tener derecho a la pensión,
condicionada al retiro definitivo del servicio.

40.3. A través de la Resolución 882 del 19 de octubre de 200526, el secretario de
gobierno de Bogotá le aceptó la renuncia al cargo de auxiliar administrativo, código
550, grado 16 de la planta de la Secretaría de Gobierno, a partir del 1° de enero
de 2006.

40.4. Con la Resolución 1170 del 17 de julio de 200727, el Foncep reliquidó la
prestación en cuantía equivalente a $917.260, efectiva a partir del 1° de enero de
2006.

40.5. De acuerdo con el certificado expedido el 1° de mayo de 2020, por el gerente
de pensiones del Foncep28, antes de que se diera cumplimiento al fallo proferido
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
la mesada pensional de Dora Cecilia Torres Quesada correspondía a $1’562.685.

40.6. Mediante la Resolución SPE-GP 0829 del 28 de junio de 201829, proferida en
cumplimiento del fallo objeto de revisión, el director general del Foncep reliquidó la
pensión de jubilación y en consecuencia el monto de la mesada aumentó a
$1’861.664.

40.7. En el artículo sexto del acto administrativo que dio cumplimiento a la sentencia
se dispuso el descuento por aportes sobre los conceptos incluidos en la
reliquidación y que no se hubieran realizado.

24
Ibidem, folio 23.
25
Ibidem, folios 104 al 109.
26
Ibidem, folio 110.
27
Ibidem, folios 154 al 159.
28
Samai, índice 4, ED-4-05 S141-D1Demanda-202082118411.pdf(.pdf) NroActua 4, folio 36.
29
Ibidem, folios 71 al 82.

16

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

41. Así las cosas, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre la pensión de jubilación
reconocida a Dora Cecilia Torres Quesada, no evidencia un incremento
desproporcionado o que no guarde relación con su trayectoria laboral.

42. Tampoco excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) la
demandada era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, toda vez que nació el 11 de marzo de 1948, por lo que tenía
47 años de edad al 30 de junio de 1995 [fecha de entrada en vigencia de la Ley
100]; ii) demostró que completó más de 20 años de servicio; y iii) durante el último
año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación
de la pensión.

43. Finalmente, valga resaltar que en la sentencia del 28 de agosto de 201830 la
Sala Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación
serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial,
por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a
cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo
esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada».

44. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 4 de mayo de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en las
causales de revisión previstas en los literales a) y b) de la Ley 797 de 2003 y, por
lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta por el Foncep.

2.6. Costas

45. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

46. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,
expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00795-00 (2413-2020)
Demandante: Foncep

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones presentó contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, el 4 de mayo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva
de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

18

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