Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00797-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00797-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00797-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
1 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
Demandante: FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS
Y PENSIONES (FONCEP)
Demandado: María del Rosario Mora Hernández
Tema: Acción especial de revisión. Causales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003/ Reliquidación pensión/ Régimen de
transición de la Ley 100 de 1993
Decisión: Declara infundada la acción. No condena en costas.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado conoce
la acción especial de revisión presentada por el FONCEP contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B1 del
28 de abril de 2016, que confirmó parcialmente la del Juzgado Quince
Administrativo de Bogotá del 18 de julio de 2013, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, dentro del proceso 11001-33-35-015-2012-00362-
00/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. La acción especial de revisión2
2.1.1 Pretensiones
El FONCEP solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y, en su lugar, proferir una
nueva decisión en la que se declare lo siguiente:
• Revocar la sentencia de 18 de julio de 2013 dictada por el
Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y la sentencia de
1 Con ponencia del magistrado José Rodrigo Romero Romero.
2 Demanda visible a índice 1 del sistema Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia 1
www.consejodeestado.gov.co
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18 de abril de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, proferida dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por María
del Rosario Mora Hernández contra el FONCEP, «en el proceso radicado
con el No. 2012 – 00362».
• Declarar que María del Rosario Mora Hernández, «en cuanto a la
liquidación de su mesada pensional, no es acreedor (a) de un
DERECHO».
• Ordenar que la reliquidación y pago de su mesada pensional se
realice «[…] conforme a las reglas previstas en las sentencias C-168 de 1995,
C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210
de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018
proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, esto es, adoptando
como ingreso base de liquidación las directrices fijadas en el inciso 3º del
artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el
caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE
determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE
REEMPLAZO el 75%; por haber adquirido su status pensional conforme a las
condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el Sistema General
de Pensiones, y no antes».
2.1.2 Hechos
El fondo demandante relató lo siguiente:
(i) La señora María del Rosario Mora Hernández adquirió el estatus pensional el
11 de agosto de 2008.
(ii) El FONCEP a través de la Resolución 001844 del 23 de diciembre de 2008,
le reconoció el pago de la pensión de jubilación, con aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo a los últimos diez años de servicios.
(iii) La señora Mora Hernández solicitó la reliquidación pensional con base en el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, que le fue denegada a través de los
Oficios 2009ER6137 del 19 de mayo de 2009 y 2012ER494 de 16 de enero de
2012.
(iv) La interesada inició proceso contencioso administrativo que le correspondió
en primera instancia al Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
con el rad. 2012 - 00362, despacho que mediante sentencia de 18 de julio de
2013 declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó al FONCEP reliquidar
la pensión con el «75% del promedio de salarios devengados en el último año de
servicio como empleada pública, esto es desde el 2 de noviembre de 1993 al 02
de noviembre de 1994», con inclusión de la asignación básica, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte, prima de antigüedad, prima de navidad, prima
semestral y prima de vacaciones; negó la inclusión del salario de vacaciones y
las demás pretensiones de la demanda.
2
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(v) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B, mediante fallo del 28 de abril de 2016, revocó el numeral séptimo de la
sentencia mencionada y confirmó en lo demás la decisión. Dicha providencia
quedó ejecutoriada el 28 de febrero de 2018.
(vi) El FONCEP dio cumplimiento a los fallos a través de las Resoluciones SPE
GDP N° 0989 del 30 de Julio de 2018, con ello se incrementó la mesada
pensional.
2.2 Sentencia objeto de revisión3
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
por medio de la sentencia del 28 de abril de 2016, confirmó parcialmente la
decisión de primera instancia salvo el numeral séptimo, que había impuesto
condena en costas en contra del FONCEP.
Lo anterior, con fundamento en lo que sigue:
La señora María del Rosario Mora Hernández i) es beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 33 de 1985, ya que cuando entró en vigor esa normativa (13
de febrero de 1985), tenía más de 15 años de servicio por su vinculación a la
Secretaría Distrital de Gobierno, desde el 2 de febrero de 1970 hasta el 9 de
septiembre de 1979 y desde el 30 octubre de 1979 al 2 de noviembre de 1994.
(ii) A la demandante le es aplicable el Decreto 3135 de 1968 que estableció la
pensión de jubilación en 50 años, para las mujeres; (iii) para los demás requisitos
de tiempos de servicios, montos de liquidación y factores salariales se debe
acudir a las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir con el «75% del promedio mensual
obtenido en el último año de servicio».
Para el Tribunal las Leyes 33 y 62 de 1985 no hacen una enumeración taxativa
de los factores salariales para tener en cuenta en la liquidación pensional y la
falta de aportes sobre factores no es impedimento para su inclusión pues
posteriormente se pueden hacer las compensaciones a que hubiere lugar.
Estimó que no era posible aplicar al caso las sentencias C - 258 de 2013 y SU
230 de 2015, esto porque la primera se refiere al régimen pensional de los
congresistas y magistrados de alta corte y respecto de la segunda se fundamentó
en la sentencia C – 258 de 2013, que se aplica únicamente frente al artículo 17
de la Ley 4 de 1992.
Por lo anterior, consideró que acogería el precedente del Consejo de Estado, en
sentencia de 4 de agosto de 2010, favorable a los beneficiarios del régimen
general de pensiones, diferente al régimen analizado por la Corte Constitucional
en las sentencias referidas.
Por tanto, como la entidad, reconoció la pensión el 23 de diciembre de 2008
teniendo en cuenta el 75% del promedio de lo devengado y cotizado en el tiempo
3 Índice 4.
3
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que le hiciere falta para adquirir el derecho es decir los últimos 10 años tomando
como factor la asignación salarial y la demandante solicitó la reliquidación con
base en la Ley 33 de 1985 que le fue denegada a través de los actos
administrativos demandados se advierte que sí tenía derecho a la reliquidación
pensional solicitada con base en el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 y en los
demás requisitos de las Leyes 33 y 62 de 1985.
Advirtió que la demandante devengó durante su labor en la secretaría distrital de
gobierno entre el 2 de noviembre de 1993 y el 1.° de noviembre de 1994 los
siguientes conceptos: asignación básica, alimentación, transporte, primas de
antigüedad, de navidad, semestral, de vacaciones y salario de vacaciones. En
este sentido, consideró que debía reconocerse la pensión con tales factores,
salvo el sueldo de vacaciones, en atención a lo previsto en el artículo 3.° de la
Ley 33 de 1985 modificada por el artículo 1.° de la Ley 62 del mismo año, así
como los alcances fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
En cuanto a la prescripción consideró que no se configuró dado que la
demandante solicitó la reliquidación el 19 de mayo de 2009 y presentó la
demanda el 14 de diciembre de 2012.
Finalmente revocó la condena en costas impuesta por la primera instancia al
establecer que no había incurrido en una conducta dilatoria ni temeraria, sino que
hizo un adecuado ejercicio de su derecho a la defensa.
Lo decidido cobró ejecutoria el 28 de febrero de «2018»4.
2.3 Causal de revisión invocada
El FONCEP considera que la sentencia del 28 de abril de 2016 está inmersa en
las causales de los literales a y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por
cuanto se profirió con violación del debido proceso y exceso de lo debido de
acuerdo con la ley. Esta afirmación la sustentó, así:
Las órdenes que se emitieron en dicho pronunciamiento desconocen los artículos
21 y 36 de la Ley 100 de 1993, las providencias de la Corte Constitucional C-168
de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039
de 2018, y la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de
2018, precedentes que han trazado una línea acerca de la forma en la que se
deben liquidar las pensiones sometidas al régimen de transición, indicando que
dichas prestaciones se liquidan conforme las reglas previstas en los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993, pero conservando los requisitos de edad, tiempo de
servicios y monto (entendido como tasa de reemplazo) del régimen anterior.
Concretamente, precisó que la sentencia del 28 de abril de 2016 vulnera el debido
proceso, por cuanto no tuvo en cuenta las disposiciones rectoras, respecto a la
conformación del IBL y los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, omisión
4 Asi se indicó en el índice 4 demanda y anexos, el documento digitalizado aparece con el folio 23.
4
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que transgrede los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 29, 48, 121, 123 (inciso 2.º) y 124 de la
Constitución Política.
También estimó que se produjo afectación a la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, al aumentarse en un 83.5% la mesada pensional de la
accionada sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello. Dicho
porcentaje está soportado en la liquidación comparativa de los valores
devengados antes y después de la sentencia recurrida, así:
VALOR DE LA MESADA DESPUÉS DEL FALLO PESOS (sic) 2019 $1´959.195
VALOR DE LA MESADA RECONOCIDA ANTES DE FALLO (sic) $1´067.154
PESOS 2019
DIFERENCIA $892.041
PORCENTAJE DE INCREMENTO 83,5%
Y comporta una reserva para el pago de las diferencias, así:
EDAD (Años) 66
VIDA MEDIA (Años) 22
MESADAS FUTURAS 305,6
RESERVA DIFERENCIAS A DICIEMBRE DE 2019
$191´139.505
(PROYECCIÓN PAGOS FUTUROS)
2.4 Contestación y concepto en la acción de revisión
La señora Mora Hernández no presentó contestación pese a que fue notificada
del auto admisorio de la demanda como se aprecia en los índices 17 y 33 del
aplicativo SAMAI.
El agente del Ministerio Público no conceptuó.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
Como la demanda se presentó el 24 de septiembre de 20205, en vigencia del
CPACA, esta Corporación es competente para conocerla, en aplicación de lo
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 249 ejusdem6.
Por otro lado, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Consejo
de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales “que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas
5 Índice 1 aplicativo SAMAI.
6 «Artículo 249. Competencia. […]
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos
conocerán los Tribunales Administrativos.» (Resalta la Sala).
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periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza […] a solicitud del
Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación”.7
3.2 Legitimación
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente
regla jurisprudencial:
“[...] frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló
la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los
sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras
de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas
dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero”.
(negrita fuera del texto)
De acuerdo con lo anterior, el FONCEP, al ser una entidad administradora
encargada de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a
cargo del Distrito Capital, está legitimado para interponer la presente acción de
revisión.
3.3 Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se
evidencia que el artículo 251 del CPACA dispone que el término para interponer
la acción de revisión es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la
sentencia.
Puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B quedó ejecutoriada el 28 de febrero de 20188 y la acción
de revisión se presentó el 24 de septiembre de 2020, resulta evidente que la
demanda de la referencia se encuentra dentro del término atrás aludido.
3.4 Problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B del 28 de abril de 2016, se
encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
7 Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también reconoció
a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
8 Índice 4 demanda y anexos, el documento digitalizado aparece con el folio 23.
6
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3.5. Análisis de la controversia
3.5.1 Generalidades de la acción especial de revisión
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20031, habilitó al Gobierno para
que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la República o del procurador
general de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones2 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas
periódicas o pensiones de cualquier naturaleza.
Resulta importante precisar que está acción, tal como el recurso extraordinario
de revisión, tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se
encuentra ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de
la cosa juzgada, y las causales para su procedencia están establecidas
taxativamente en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
También señalar que el fin principal de esta revisión está en salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de
los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del
Sistema de Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo
inspira6.
3.5.2 Causales de revisión invocadas
La entidad demandante invocó como sustento de la acción de revisión las
causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
que a su tenor señalan lo siguiente:
«Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública.
[…]
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
3.5.3 Aspectos normativos y jurisprudenciales respecto de la pensión de
jubilación
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagró un régimen de transición en materia
pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones
particulares más favorables.
Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
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Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta
ley.
En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras,
la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto
en la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye
edad, monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por
lo previsto en el régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables,
pues, de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo
constituían los factores salariales devengados en el último año de acuerdo con
la posición unificada por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de
2010; mientras que la Corte Constitucional indicó que aquel estaba constituido
por los factores salariales devengados en los últimos 10 años.
Respecto de esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar
jurisprudencia frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para lo cual fijó unas reglas y subreglas.
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la
referida sentencia de unificación es:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias
del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de
reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.
En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:
• “Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE”.
La segunda, determina “que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
8
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Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en
estudio en la vía judicial y administrativa.
3.5.4 Transición dentro de la Ley 33 de 1985
La Ley 33 de 1985 previó un régimen de transición para aquellos servidores que
para el momento de su entrada en vigor tuvieran 15 años de servicios,
otorgándoles la prerrogativa de regirse por la normatividad anterior en relación
con las exigencias sobre edad, así:
«[…] PARÁGRAFO 2°. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente
Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio,
continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente Ley.
Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como empleados
oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando
cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55),
si son varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo
con las disposiciones que regían en el momento de su retiro […]».
Por su parte, la Ley 6ª de 1945, en su artículo 17, literal b), estableció una pensión
vitalicia de jubilación en favor de los empleados y obreros nacionales de carácter
permanente que cumplieran 50 años de edad y 20 años de servicios.
Luego, el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968 varió la edad de jubilación de los
varones en los siguientes términos:
«El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá
derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio».
A su vez, el artículo 68 del Decreto 1848 de 1969 dispuso que el «[…] empleado
oficial que preste o haya prestado sus servicios durante veinte (20) años, continua
o discontinuamente, en las entidades, establecimientos o empresas señalados
en el artículo 1o. de este decreto, tiene derecho a gozar de pensión de jubilación
al cumplir cincuenta y cinco años de edad, si es varón, o cincuenta (50) años de
edad, si es mujer».
Sobre la aplicación de una u otra norma, el Consejo de Estado adoptó la tesis
según la cual la aplicación de la Ley 6 de 1945 o del Decreto 3135 de 1968, para
los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, dependerá de
la vinculación nacional o territorial del empleado público, «para el caso de los
servidores públicos del orden nacional era [aplicable] el Decreto 3135 de 1968, y
frente a los del orden territorial, la Ley 6ª de 1945»9.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2022, radicado
11001- 03-25-000-2019-00699-00 (5398-2019).
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
3.5.5 Caso concreto.
3.5.5.1 Causal de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La Sala advierte que en relación con la causal de revisión establecida en el literal
a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se
haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial
de Decisión10 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial
o administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem».
Sin embargo, se observa que lo planteado por el FONCEP es que la sentencia
objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que sus
argumentos se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta al
momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido,
la Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en
el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3.5.5.2 Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
La causal alegada por el FONCEP se encuentra contemplada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente11 como un instrumento que
persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa12 y permite corregir
los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones13, en
especial, el principio de solidaridad 14 y equilibrio financiero.
10 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado 11001 03
15 000 2018 01884 00.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
12 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
13Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
14 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
Frente a esta causal, la apoderada del FONCEP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su aplicación al caso de la
señora María del Rosario Mora Hernández quien es beneficiaria del mismo, por
lo que le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas de la transición según
las cuales, se le debe liquidar la pensión con el promedio de lo devengado sobre
el salario promedio de 10 años, con inclusión de los factores salariales sobre los
que cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de 1994.
Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos fácticos
y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del contenido
en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar el fondo
del asunto planteado.
La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento en el monto en que se reconoció la pensión de la señora Mora
Hernández respecto del que debió liquidarse, pues la prestación asciende a un
valor que no le corresponde según las normas aplicables al caso, con lo cual se
vulnera el debido proceso, es decir, no tuvo en cuenta las disposiciones rectoras
respecto a la conformación del IBL y los factores previstos en el Decreto 1158 de
1994, omisión que transgrede los artículos 1.°, 2.°, 6.°, 29, 48, 121, 123 (inciso
2.º) y 124 de la Constitución Política.
Igualmente, la entidad estimó que se produjo afectación a la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, al aumentarse en un 83.5% la mesada
pensional de la accionada sin que exista justificación legal ni jurisprudencial para
ello. Dicho porcentaje está soportado en la liquidación comparativa de los valores
devengados antes y después de la sentencia recurrida, así:
VALOR DE LA MESADA DESPUÉS DEL FALLO PESOS 2019 $1´959.195
VALOR DE LA MESADA RECONOCIDA ANTES DE FALLO $1´067.154
PESOS 2019
DIFERENCIA $892.041
PORCENTAJE DE INCREMENTO 83,5%
Y comporta una reserva para el pago de las diferencias, así:
EDAD (Años) 66
VIDA MEDIA (Años) 22
MESADAS FUTURAS 305,6
RESERVA DIFERENCIAS A DICIEMBRE DE 2019
$191´139.505
(PROYECCIÓN PAGOS FUTUROS)
Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación al
patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
11
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.
La inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, del
28 de abril de 2016, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación de la señora María del Rosario Mora Hernández con el 75%
del promedio de lo devengado durante el último año de servicio. Decisión que
desconoció los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, las providencias de la
Corte Constitucional C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230
de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017,
SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2018.
En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2012-
00362-00/01, se acreditó lo siguiente15:
• La señora María del Rosario Mora Hernández nació el 11 de agosto de
195316.
• Laboró en la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá D.C.
desde el 2 de febrero hasta el 9 de septiembre de 1970 y desde el 30 de
octubre de 1970 hasta el 2 de noviembre de 1994, siendo su último cargo el
de asistente administrativo «VIIC»17.
• De acuerdo con certificación expedida por la directora de Gestión Humana
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la demandada en el año previo al retiro
devengó en la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá D.C.
asignación básica, “alimentación”, “transporte”, primas de antigüedad, de
navidad, semestral, de vacaciones y salario de vacaciones, como se aprecia
a continuación18.
• El Foncep mediante Resolución 01844 de 23 de diciembre de 200819,
reconoció a la señora Mora Hernández una pensión de jubilación, de
conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985 (tiempo y edad -55 años-) y la
Ley 100 de 1993, (ingreso base de liquidación y tasa de reemplazo) a partir
del 11 de agosto de 2008, cuando cumplió los 55 años de edad. Esto con
base en lo devengado (no señaló cuáles factores) en los últimos 10 años de
servicios.
• El 2 de mayo de 2009 la señora Mora Hernández solicitó20 la reliquidación de
su pensión con la Ley 33 de 1985 y lo devengado en el último año de
15 Índice 19.
16 Copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 11 del anexo allegado en el índice 19.
17 Folio 17 ibidem.
18 Ibidem. Allí aparece con folio 50.
19 Ibidem. Folio 27.
20 Ibidem. Folios 29 y 30.
12
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
servicios. Dicha petición fue negada a través de los Oficios 2009ER6137 del
19 de mayo de 200921 y 2012ER494 de 16 de enero de 201222.
Pues bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite,
la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión,
con base en las siguientes razones:
En primer lugar, cabe precisar que la señora María del Rosario Mora Hernández
no es beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, pues
para la fecha de entrada en vigor de esa normativa (13 de febrero de 1985),
acreditaba 14 años, 10 meses y 20 días de servicio; por ende, se encontraba
cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y con ello su edad
pensional era 55 años de edad con lo que adquirió el estatus de pensionada el
11 de agosto de 2008.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, estimó erróneamente que la demandada era beneficiaria de la
transición contenida en la Ley 33 de 1985, por lo que concluyó que debía
aplicarse, en cuanto a la edad, el régimen pensional anterior vigente como era el
Decreto 3135 de 1968, pero en los demás aspectos consideró que se debía
atender a la Ley 33 de 1985, además, precisó que debía acatar la tesis sostenida
por el Consejo de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2010, para señalar que
debían incluirse en la base de liquidación todos los factores salariales percibidos
en el último año de servicios.
Por ello estimó que debía confirmarse la decisión del Juzgado 15 Administrativo
de Bogotá, que ordenó la liquidación pensional con el 75% del promedio de
salarios devengados en el último año de servicio como empleada pública, esto
es desde el 2 de noviembre de 1993 al 2 de noviembre de 1994, en atención a la
«Asignación básica, alimentación, transporte, Prima de antigüedad, Prima de
Navidad, Prima Semestral y Prima de Vacaciones», salvo la inclusión del salario
de vacaciones.
En este punto, vale la pena precisar que la tesis del Foncep apunta a que en el
cálculo del IBL debían atenderse las disposiciones contenidas en los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993 y 1.º del Decreto 1158 de 1994, las cuales no se
aplicaron a la demandada.
Ahora, la liquidación efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B si bien señala que a la demandada le eran
aplicables las previsiones del Decreto 3135 de 1968 en cuanto a la edad, no
adoptó ninguna decisión sobre ese aspecto, pues confirmó la postura del juzgado
según la cual la efectividad pensional ocurrió el 11 de agosto de 2008, (cuando
cumplió 55 años). Además, acogió la tesis vigente para la época en cuanto a la
interpretación del IBL de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, como es la plasmada en la sentencia de 4 de agosto de 2010.
21 Ibidem. Folios 31 y s.s.
22 Ibidem. Folios 44 y s.s.
13
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
Aunado a lo anterior, la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de esta
Corporación, dictada dentro del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-
01, a que alude la entidad recurrente, fue dictada con posterioridad a la
providencia objeto de revisión, por lo que en ese caso no se podía exigir la
aplicación de las reglas unificadoras, toda vez que la misma sentencia de
unificación señaló que las pautas allí contenidas solo se habrían de aplicar a
asuntos pendientes de resolver, y que no operarían respecto de situaciones
definidas que hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este
caso.
Ahora bien, la entidad insiste en el presunto desconocimiento de las sentencias
de la Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, T
– 078 de 2014, Auto 326 de 2014, SU - 427 de 2016, SU - 210 de 2017, SU - 395
de 2017, SU - 631 de 2017, y SU 023 de 2018. En la primera de ellas, sentencia
C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de
la Ley 100 de 1993, en relación con la diferenciación que hacía la norma original
entre trabajadores del sector público y del sector privado.
En aquella oportunidad no fijó ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en
dicho régimen de transición. Posteriormente, la misma Corporación, a través de
sus salas de revisión de tutelas, emitió una serie de pronunciamientos según los
cuales el ingreso base de liquidación se encontraba inmerso dentro de la
expresión monto, por lo que debía entenderse que en este aspecto debían
acatarse las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993. Así se indicó en las
sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-
386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-
711 de 2007, T-180 de 2008, T-019 de 2009 y T-610 de 2009.
Luego, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de los
congresistas, estableció una regla según la cual el IBL no hacía parte de las
normas de transición, así lo sostuvo:
«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de
los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito
original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen
de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos
perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de
crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan
diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que
la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala
considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de
inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado
acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley
100 referidas.
En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de
declarar inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será
condicionada a que se entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos
los beneficiarios de ese régimen especial, son las contenidas en los artículos
21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso.»
14
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
Posteriormente, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la
anterior interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y
expuso:
«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia
C-258 de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado
en el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen
vulneraba el derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases
más favorecidas de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial
de congresistas y magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a
los demás regímenes especiales, ello no excluye la interpretación en
abstracto que se realizó sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
sentido de establecer que el IBL no es un aspecto de la transición y, por
tanto, son las reglas contenidas en este las que deben observarse para
determinar el monto pensional con independencia del régimen especial
al que se pertenezca». (Negrilla de la Sala).
A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias
sentencias de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las
sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de
2017. En esta última23 la Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas
contra sentencias que ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento
en los regímenes especiales previstos por los Decretos 546 de 1971 24 y 929 de
197625. Consideró que la regla general de liquidación pensional, en los términos
de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, también cobija
a quienes venían rigiéndose por normas especiales. Así lo había analizado la
sentencia C-258 de 2013 que precisó que la transición consiste en la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero
solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de
liquidación.
Al citar las anteriores decisiones judiciales el FONCEP insistió en que debe
atenderse a la tesis de la Corte Constitucional para calcular el IBL del pensionado
y con ello a las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con inclusión
de los factores descritos en el Decreto 1158 de 1994.
Sin embargo, la tesis acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial, fue la sostenida por el
Consejo de Estado en sentencia del 4 de agosto de 2010, vigente para el
momento en que se profirió la decisión, en cuanto a los emolumentos que debían
computarse en la base de liquidación de la prestación. Es decir, que se debían
tener en cuenta todos los factores devengados por el trabajador durante el último
año de servicios.
Se reitera entonces, que el cambio jurisprudencial solo ocurrió cuando se profirió
la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
23 Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
24 «Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de
la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
25 «Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
15
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro del proceso radicado
52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del consejero César Palomino
Cortés, con lo cual no se le puede endilgar que desconoció el precedente judicial.
Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por el FONCEP, al no configurarse las causales consagradas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que, por un lado, aquella
entidad no hizo alusión a la vulneración de las garantías propias del derecho al
debido proceso, razón por la cual se abordó el estudio respecto al literal b) y por
el otro, como quedó visto, la sentencia cuestionada se profirió bajo los
parámetros de las normas aplicables y la jurisprudencia del Consejo de Estado
que estaba en vigor para el momento de su expedición, y, por ende, no excedió
lo debido de acuerdo con la ley.
3.6 Costas
El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho26, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso27 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.
En atención a que la demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2020, debe
darse aplicación al artículo 188 del CPACA, previo a la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021, norma que disponía lo siguiente:
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.»
Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza jurídica de la entidad
accionante para colegir que deba eximírsele de la imposición de condena en
costas, como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-539 de 1999.
En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365 del CGP, norma
aplicable en virtud del mismo artículo 188 en mención, en cuyos numerales 1.° y
8.° dispone:
«1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
8.- Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.»
26 Artículo 361 del Código General del Proceso.
27 Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
16
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00797-00 (2418-2020)
En el sub lite se advierte que la demandada no presentó contestación a la
demanda y en esa medida no es procedente imponer condena en costas, pues,
estas no se causaron.
En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar infundada la acción de revisión presentada por Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 con el fin de que se revise la
sentencia del 28 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 11001-33-35-015-2012-00362-00/01, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y
ejecutoriada esta providencia devolver el expediente original al juzgado de
origen, y procédase al archivo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
17
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