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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00823-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00823-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, con el fin de que se infirme la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la providencia del 6 de abril de 2016 del Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-020-2015-00297-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00823-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)
Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00823-00 (2496-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandado: Bernarda Romero de Cortés
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003

Tema: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B2, que
confirmó la providencia del 6 de abril de 20163, dictada por el Juzgado 20 Administrativo
de Oralidad de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (en adelante FONCEP)
solicita que se infirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes
mencionada, porque considera que incurrió en las causales de los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, toda vez que la señora Bernarda Romero de Cortés
no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión en el ingreso
base de liquidación de todos los factores salariales devengados durante el último año
de servicios, puesto que aquel (el IBL) debe establecerse según el inciso 3° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Luis Gilberto Ortegón. Rad. 11001-33-35-020-2015-00297-01.
3 Respecto del año en el que se dictó el fallo de primera instancia, se observa que fue proferido en el 2016, pese a

que la sentencia de segunda instancia señaló que fue dictado en el 2015.
1

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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

1. La señora Bernarda Romero de Cortés, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el FONCEP con el
fin de que se declarara lo siguiente: la nulidad de la Resolución 000163 del 19 de enero
de 2015, a través de la cual se le negó la reliquidación de su pensión de vejez; y, en
consecuencia, que se le ordene a la parte demandada reliquidar la referida prestación,
con el 75% de los factores salariales percibidos durante el último año de servicios de
conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010.

2.2. Sentencia de primera instancia4

2. El Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá, en sentencia del 6 de abril
de 2016, resolvió lo siguiente:

[…]

SEGUNDA: DECLARAR la nulidad de la Resolución N°00163 del 19 de enero de 2015
proferida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – Foncep,
por medio de la cual le negó a la señora BERNANDA (sic) ROMERO DE CORTÉS,
identificada con cédula de ciudadanía (…), la reliquidación de la pensión de jubilación
con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, se condena (al) Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – Foncep, a efectuar una nueva liquidación de la pensión de
jubilación de la señora BERNANDA (sic) ROMERO DE CORTÉS, identificada con cédula
de ciudadanía (…), aplicando el 75% del promedio mensual de salarios devengados
durante el último año de servicios anterior al retiro, esto es desde 01 de marzo de 2000
a 01 de marzo de 2001, incluyendo además de la asignación básica y la prima de
antigüedad, todos los factores salariales certificados que integran el salario como son:
prima semestral, prima de navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte,
auxilio de alimentación, sumas que se pagarán a partir del 05 de noviembre de 2011,
por prescripción trienal, en forma proporcional o las doceavas partes, con los reajustes
pensionales previstos en la ley sobre las diferencias liquidadas y efectivamente
canceladas. La entidad demandada hará los descuentos correspondientes a los aportes
no efectuados.

[…].

3. Subrayó que la señora Romero de Cortés tenía más de 35 años de edad y 20 de
servicios cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993 para el distrito capital, por lo tanto,
es beneficiaria del régimen de transición establecido en aquella; en ese orden de ideas,
el juez de primera instancia estimó que la norma a aplicar frente al derecho pensional
es la Ley 33 de 1985, según la cual para liquidar la pensión debe tenerse en cuenta el
75% de lo devengado durante el último año de servicios.

4. Seguidamente, hizo alusión a la sentencia del 4 de agosto de 2010 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que unificó su jurisprudencia para señalar que la lista
de los factores salariales de la Ley 33 de 1985 no es taxativa sino meramente

4 Samai, índice 3, págs. 52-80.

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Demandado: Bernarda Romero de Cortés

enunciativa, de manera que, para el cálculo de la pensión de las personas en régimen
de transición, a quienes se les aplica dicha ley, debe tenerse en cuenta todos los factores
devengados que materialmente constituyen salario.

5. Bajo ese entendido, concluyó que el acto administrativo acusado adolece de nulidad,
toda vez que «fue proferido con desconocimiento de los derechos laborales
contemplados en la Constitución Política y con violación de la ley, al no dársele
aplicación integral a las Leyes (sic) 33 y 62 de 1985, por lo mismo, como está incurso
en causal de nulidad, perdió la presunción de legalidad que lo amparaba, razón
suficiente para declarar su nulidad y acceder a ordenar una nueva liquidación de la
pensión de la demandante, teniendo como base todas las sumas devengadas y
probadas según certificación visible a folio 16 de expediente, entre el 01 de marzo de
2000 al 01 de marzo de 2001, es decir, se debe reliquidar el valor de la mesada
pensional con un monto igual al 75% del promedio mensual de salarios devengados en
el año anterior al retiro del servicio, con inclusión de la prima semestral, prima de
navidad, prima de vacaciones, auxilio de transporte, auxilio de alimentación».

6. Finalmente, precisó que para la reliquidación no podía tenerse en cuenta el dinero
recibido por vacaciones y bonificación por recreación, en tanto no constituyen factores
salariales.

2.3. Sentencia de segunda instancia5

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
confirmó la decisión de primera instancia el 12 de octubre de 2017. Como fundamento
de su decisión, sostuvo que, de acuerdo con las reglas jurisprudenciales del Consejo
de Estado, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como
la señora Romero de Cortés, debe aplicárseles en su integridad el régimen anterior, en
virtud del principio de inescindibilidad de la ley; es decir, la edad, el tiempo de servicio
y el monto de la pensión.

8. En cuanto a la aplicación de la sentencia SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional,
que desarrolla una interpretación distinta del régimen de transición, manifestó que
debía acogerse el precedente imperativo del máximo tribunal de lo contencioso –
administrativo, contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la
Sección Segunda, según el cual, las leyes 33 y 62 de 1985 deben aplicarse en su
integridad, esto es, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados, como
lo hizo el juez de primera instancia en el caso de autos.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

9. El FONCEP, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción
especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
antes descrita, por la presunta configuración de las causales a) y b) del artículo 20 de

5 Samai, índice 3, págs. 81-99.
6 Samai, índice 3, págs. 3-24.

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la Ley 797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:

(i) Revocar la sentencia objeto de revisión.

(ii) Declarar que a la señora Bernarda Romero de Cortés no le asiste derecho a
la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicios, pues el ingreso base de liquidación
debe calcularse según el artículo 36 (inciso 3°) o 21 de la Ley 100 de 1993, y a
partir de los factores salariales expresamente señalados en el Decreto 1158 de
1994.

(iii) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez de la demandada de
acuerdo con las anteriores normas y con una tasa de reemplazo del 75%.

10. A juicio de la parte recurrente se configura la causal a), toda vez que la orden
judicial violó el debido proceso del FONCEP, ya que la reliquidación de la pensión no
se ajustó a derecho, pues lo procedente era interpretar correctamente los artículos 21
y 36 de la Ley 100 de 1993. Tampoco se tuvo en cuenta el artículo 1° del Decreto 1158
de 1994, en cuanto a los factores salariales. Indicó que la decisión judicial acusada es
contraria a la ley y a la jurisprudencia, en la medida que otorgó un aumento en la
mesada pensional sin fundamento constitucional ni legal.

11. Agregó que no se observaron las formas propias de cada juicio como
consecuencia de la liquidación de una pensión con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, lo que puso en riesgo la sostenibilidad
financiera del sistema pensional, prevista en el artículo 48 de la Constitución, además
de los principios señalados en la anterior norma y en los artículos 1, 2, 6, 29, 121, 123
(inciso 2°) y 124 de la Carta Política.

12. Por otra parte, la entidad señaló respecto a la causal b) que la cuantía del
derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la
accionada no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad
de los factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL
debe calcularse según lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta el 75% del promedio de los factores salariales establecidos en el
Decreto 1158 de 1994.

7
«artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
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13. Resaltó que se desconoce el precedente judicial de las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU- 210 de 2017, SU- 395
de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017,
proferidos por la Corte Constitucional; así como el fallo SU-52001-23-33-000-2012-
00143-01 del 28 de agosto de 2018 dictado por la Sala Plena de lo Contencioso -
Administrativo del Consejo de Estado.

14. Señaló frente a las distintas posturas jurisprudenciales existentes sobre el
alcance del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que debe dársele prevalencia
a la desarrollada por la Corte Constitucional, en atención a las potestades que le ha
conferido la Constitución Política para unificar el alcance de los derechos
fundamentales y verificar la compatibilidad de las normas jurídicas con el ordenamiento
superior.

15. Afirmó que se configuró un abuso palmario del derecho, debido a la equivocada
interpretación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como al
desconocimiento del precedente vinculante de la Corte Constitucional sobre la forma
de calcular el IBL de las pensiones para los beneficiarios del régimen de transición. A
su juicio, la reliquidación pensional es irregular, ya que la señora Romero de Cortés
está obteniendo ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su
prestación del 32.3%, en grave detrimento del erario.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

16. Por medio del auto del 30 de septiembre de 20218 se admitió la demanda y se
ordenó notificar a la entidad recurrente y personalmente a la señora Bernarda Romero
de Cortés.

17. En providencia del 15 de septiembre de 20229 se dejó constancia que la
mencionada señora Romero de Cortés no contestó la demanda10; y se tuvieron como
pruebas las aportadas con la acción especial de revisión. En consecuencia, por no existir
medios de prueba adicionales por decretar, se prescindió del periodo máximo probatorio.

18. Adicionalmente, en el anterior auto se requirió a la demandada para que
designara un apoderado en el presente trámite, solicitud que no atendió.

19. El Ministerio público guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

8 Samai, índice 5.
9 Samai, índice 13.
10 Sobre el particular también se evidencia, de conformidad con el informe secretarial del 8 de abril de 2022 (Samai,

índice 11), que el citador se dirigió la dirección de notificación de la demandada, que no estuvo presta a dejar
constancia de la notificación efectuada. El empleado judicial declaró lo siguiente: «El día 8 de abril del presente
año, me dirigí a la dirección aportada por la entidad demandante[,] en el escrito de la demanda, a saber, Calle […],
con el fin de realizar la notificación personal a la señora Bernarda Romero de Cortés, para lo cual, una vez estuve
en la dirección referida, me atendió la mencionada señora, quien se negó a notificarse, aduciendo que se encuentra
a paz y salvo con la entidad demandante y quien me manifestó que acudiría a la Personería».
5

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20. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA11.

21. La Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer de la
acción especial de revisión, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12
de marzo de 201912, por tratarse de un asunto de carácter laboral.

4.2. Oportunidad

22. El FONCEP invocó como causales de revisión las previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo en cuenta que la
sentencia de segunda instancia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada
en vigencia del CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251
de esta normativa que precisa lo siguiente:

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

23.En el presente caso, la sentencia del 12 de octubre de 2017 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, quedó
ejecutoriada el 26 del mismo mes13, y el recurso extraordinario de revisión se interpuso
el 24 de agosto de 202014; es decir, dentro del término previsto en la normativa en
mención.

4.3. Legitimación

24.El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 señaló que la acción especial de revisión procede a
solicitud «del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación»; sin embargo, también se ha considerado que este
mecanismo excepcional puede ejercerse por las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas presuntamente de manera irregular,
como lo indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 201615, así:
Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la Ley
797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del pago de

11 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
12 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
13 Samai, índice 3, página 101.
14 Samai, índice 3.
15 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero16.

25.En ese orden de ideas, en atención a que el FONCEP es la entidad administradora
encargada de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del
Distrito Capital17, esta corporación en varias oportunidades ha considerado que también está
legitimada para ejercer la acción especial de revisión18.

26.Añádase a lo expuesto, que en el caso de autos el FONCEP fue la parte vencida dentro
del trámite en el que se dictó la sentencia cuya revocatoria se pretende del 12 de octubre de
2017 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
con la cual se le dio fin al proceso, lo que corrobora su legitimación para interponer la acción
especial de revisión.

27.Por su parte, la señora Bernarda Romero de Cortés, está legitimada por pasiva, dada su
condición de demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento en el que se dictó
la providencia cuya revisión se solicita.

4.4. Problema jurídico

28.Según los planteamientos expuestos en la demanda, la Sala se ocupará de
establecer si la sentencia del 12 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, para lo cual se deberá dar respuesta al siguiente problema
jurídico: ¿la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la señora Bernarda
Romero de Cortés se obtuvo con violación al debido proceso y/o en una cuantía superior
a la prevista por la ley, porque a juicio de la parte actora, la pensión no se liquidó de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la interpretación
que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado?

29. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, el caso concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia19

30. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas, que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten

16 Cfr. Sentencias T-363 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz y T-300 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
17 Según el artículo 65 del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá.
18 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de septiembre de 2024,

Rad. 11-001-03-25-000-2020-00036-00 (0037-2020) (REV), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2020-00892-00
(2698-2020), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado

11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

interpretaciones extensivas20.

31. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción
especial»21, en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las
providencias judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública. La norma en cita estableció expresamente las causales de
procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que legalmente son aplicables.

32. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que
la caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado22 y de la Corte
Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia23.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado24.

20 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091; 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678; 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02; 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078; 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070; 20 de abril de 1993, Rad. REV-045; y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
21 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia del 27

de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la que se
indicó: […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del
recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las
particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a
los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
22 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión

Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10

de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
24 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.

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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por
la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social25

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde26.

33. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma
pensional establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así
hacer viable financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición
de motivos. De modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales,
transacciones, conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas
periódicas o pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción
en esta materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación»27.

34. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 200328, se tiene que, según la primera de ellas, la acción
especial de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce
una pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con
violación al debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los
elementos sobre los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento
pensional se efectuó con desconocimiento de las garantías constitucionales que
constituyen el derecho al debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior,
esto es, (i) el derecho al juez natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser
juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de
audiencia y defensa29.

35. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia

del 1° de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,

sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, M.P. William Hernández Gómez.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
28«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
29 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,

sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
Ibidem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular.”30.

36. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

37. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

4.6. Análisis del caso concreto

38. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la
accionada se obtuvo con violación al debido proceso y en una cuantía superior a la
prevista por la ley, porque a juicio de la parte actora, la pensión no se liquidó de
conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 y la interpretación que sobre
esta norma han hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

39. Con el objeto de resolver el interrogante planteado, se evidencian a partir de los
fallos proferidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la resolución
que les dio cumplimiento (SPE - GDP N° 0219 del 24 de febrero de 2018), el acto
administrativo que le reconoció la pensión de vejez a la señora Romero de Cortés

30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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(Resolución 266 del 12 de diciembre de 2002), su registro civil de nacimiento, y las
certificaciones atinentes a lo percibido durante el último de servicios31, las siguientes
circunstancias:

(i) La señora Bernarda Romero de Cortés nació el 11 de febrero de 194532 y
prestó sus servicios en el Fondo Educativo Regional, entre el 1 de enero de 1974
al 1 de marzo de 200133.

(ii) Al 30 de junio de 1995, fecha de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993
para los servidores públicos del orden territorial (según el parágrafo del artículo
151 de aquella), la señora Romero de Cortés tenía más de 20 años de servicios,
motivo por el cual estaba amparada por el régimen de transición de la citada ley.

(iii) Por medio de la Resolución 266 del 12 de diciembre de 2002, se reconoció la
pensión de vejez en favor de la demandada, a partir de la fecha de retiro del
servicio34.

(iv) La demandada devengó, en el último año de servicios, los siguientes factores:
asignación básica; primas de antigüedad, de servicios, de navidad y de
vacaciones; auxilios de transporte y alimentación; y bonificación por recreación35.

(v) El 5 de noviembre del 2014, la señora Bernarda Romero de Cortés le solicitó
al FONCEP la reliquidación de la pensión incluyendo la totalidad de los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, petición que fue negada
a través de la Resolución 00163 del 19 de enero de 201536.

(v) Este acto administrativo fue anulado por las sentencias cuya revisión se
solicita, en las que se concluyó que no era de recibo argumentar, que en la
aplicación del régimen de transición que amparaba a la demandada, el periodo
de liquidación y los factores salariales no eran los definidos por la Ley 33 de 1985,
sino los previstos por la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994. Lo anterior,
porque la Ley 33, a partir de la cual corresponde analizar la situación de la señora
Romero de Cortés, debe aplicarse en su integridad, incluyendo los señalados
aspectos, motivo por el cual la pensión debe reliquidarse con el 75% de los
factores devengados en el último año de servicios arriba referidos, con excepción
de la bonificación por recreación, que no es de carácter salarial.

40. La entidad demandante considera que con ocasión a la anterior argumentación,
que significó la aplicación de la Ley 33 de 1985 en su integridad, se incurrió en las
causales de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues a su juicio,
al amparo de la interpretación autorizada de la Corte Constitucional, para los

31 Documentos visibles en Samai, índice 3, páginas 52-99, 103-113, 121, 227-228, 245—251, 403-413.
32 Según el registro civil correspondiente, visible en Samai, índice 3, página 122.
33 Como consta, por ejemplo, en la Resolución 266 de 2002 de la Secretaría de Hacienda de Bogotá que reconoció

la pensión. Samai, índice 3, páginas 245-251.
34 Ibidem.
35 De conformidad con las certificaciones de la Subdirección de Nóminas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, visibles

en Samai, índice 3, páginas 227-228.
36 Como lo destacan las sentencias proferidas al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,

visibles en Samai, índice 3, páginas 52-99.
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destinatarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, esta se les sigue
aplicando en cuanto al ingreso base de liquidación, aunque los demás aspectos de la
pensión, esto es, la edad, el tiempo de servicios y la tasa de reemplazo, se rijan por
las normas anteriores.

41. Expuestas las causales alegadas y los hechos relevantes de la controversia, la
Sala procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993.

4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
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• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base37.

43. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36 (inciso 3) de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.

4.6.2. Verificación de las causales de revisión invocadas

A. Respecto a la causal establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 - violación al debido proceso

44. En el caso bajo análisis, el FONCEP sostuvo que se configuró la causal del literal
a) porque la decisión judicial acusada es contraria a la ley y la jurisprudencia, en la

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
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medida que otorgó un aumento en la mesada pensional sin fundamento constitucional
ni legal, por cuanto desconoció los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, así como
el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994. Agregó que, en el caso de la demandada,
como beneficiaria del régimen de transición, el ingreso base de liquidación está regido
por los artículos 21 y 36 (inciso 3) de la Ley 100 de 1993.

45. Según se explicó en el acápite del marco normativo de esta providencia, la acción
especial de revisión no es una tercera instancia para reabrir el debate sobre el derecho
a una prestación, en tanto se limita a revisar los aspectos, en concreto, frente a la
causal contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, concernientes al
reconocimiento de aquel con vulneración al debido proceso.

46. En tal sentido, es imperioso que la parte actora ilustre los elementos sobre los
que sustenta su petición y demuestre que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento del referido derecho constitucional.

47. Así, revisada la demanda del FONCEP se advierte que no cumplió con la carga
argumentativa que le correspondía en lo que respecta a la violación del derecho al
debido proceso, comoquiera que no alude algún elemento que deba revisar la Sala en
atención al desconocimiento de las garantías constitucionales que debieron atenderse,
como que el medio de control hubiese sido decidido por un juez sin competencia; se
hubiese desconocido el procedimiento propio del asunto; o no hubiese tenido
oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción dentro del trámite
procesal.

48. Lo anterior obedece, a que en lugar de dar cuenta de una situación constitutiva
de una violación al debido proceso, lo que se reprocha es una presunta omisión de las
autoridades judiciales en la aplicación de las normas y la jurisprudencia que prevén los
criterios a tener en cuenta para liquidar la pensión, lo que corresponde a un aspecto
del fondo del asunto, que por cierto, fue ampliamente debatido y decidido en el proceso
ordinario, y que no está llamado a reabrirse por vía de la acción especial de revisión,
pues se insiste, no es una tercera instancia.

49. Por ende, advertido que el sustento de la acción de la referencia no guarda
relación con la naturaleza del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará que no se configura la mencionada causal de revisión.

B. Acerca de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
• la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley

50. El FONCEP alegó la causal prevista en el literal b) porque la sentencia del
Tribunal, que hizo tránsito a cosa juzgada, ordenó la reliquidación de la pensión de
vejez sin tener en cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 idem
y el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales.
Igualmente, indicó que existió un abuso palmario del derecho, dado que la
reliquidación pensional fue irregular y concedió ventajas irrazonables a la señora
Bernarda Romero de Cortés por el incremento de la pensión en el 32.3%.

51. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
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acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la
época en que el Tribunal dictó la decisión censurada38. Esto, acorde con los efectos
del fallo de unificación del 28 de agosto de 201839 de la Sala Plena de lo Contencioso
– Administrativo que expresamente consideró «debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».

52. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de
junio de 2020 CE-SUJ-S2-021-2040, se explicó que los conflictos judiciales resueltos
están amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la
seguridad jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.

53. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme a la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación del servicio.

54. En el presente caso, en efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó
la sentencia el 12 de octubre de 2017, en la que destacó el desarrollo jurisprudencial
del ingreso base de liquidación en la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, e
hizo énfasis en que compartía la posición del tribunal de cierre, expuesta en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, respecto a que a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se les aplicaba en su integridad el
régimen pensional anterior. Ello, en cuanto a la edad, el tiempo de servicios, el monto
de la pensión y los factores salariales percibidos por la actora de forma periódica y
como retribución directa del servicio.

55. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó el fallo del Juzgado 20 Administrativo
de Oralidad de Bogotá que había accedido a las pretensiones de la demanda de la
señora Romero de Cortés, en el sentido de incluir en la reliquidación pensional todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios, siguió la línea
jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto particular, por tanto, prevalece

38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-

2018-01458-00 (4815-2018).
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.

52001-23-33-000-2012-00143-01.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de

2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

la fuerza de cosa juzgada.

56. Con lo anterior, en manera alguna se desconoce que para el momento en que se
dictó la sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional, entre
otras, en las providencias relacionadas en la demanda de la referencia41, defendía una
tesis contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado;
no obstante, como se destacó con antelación, en el margen de la autonomía funcional,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió acogerse a la postura del tribunal
supremo de lo contencioso – administrativo (art. 237 de la C.P.), lo que resulta
razonable y no es constitutivo de una circunstancia que permita predicar la
configuración de la causal excepcional que se estudia.

57. Por otra parte, el FONCEP señaló que se configuró un abuso palmario del
derecho, toda vez que la señora Bernarda Romero de Cortés obtuvo una ventaja
irrazonable en el incremento de su pensión. Sobre el particular, se recuerda que la
procedencia de las causales de revisión debe interpretarse atendiendo la facultad de
revisión de los reconocimientos pensionales, que afectan los principios de solidaridad
y sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones. A su turno, el Acto
Legislativo 01 de 2005 refiere que procede la revisión de las pensiones reconocidas
con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos legales, acorde con el
procedimiento establecido por el legislador, pero que a la fecha no ha sido expedido.

58. El abuso del derecho en materia pensional fue abordado por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-258 de 201342, al indicar que se debe evidenciar un
gran incremento de los ingresos que no corresponda a la vida laboral y que represente
un salto abrupto frente a los salarios recibidos en toda su vida productiva. En otras
palabras, precisó que «los incrementos significativos de los ingresos del servidor en
sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su
carrera salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los
aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la
obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».

59. Sin embargo, el FONCEP no acreditó en el presente proceso la configuración del
abuso del derecho en la reliquidación pensional ordenada por las autoridades
judiciales de instancia, comoquiera que el incremento de la mesada pensional
dispuesto en la providencia censurada no demuestra que el valor de la pensión haya
aumentado significativamente sin guardar relación con los salarios recibidos por la
señora Romero de Cortés en su vida laboral, o resultado de otra circunstancia
constitutiva de abuso del derecho.

60. De otra parte, se observa que la demanda en algunos apartes, a propósito de la
causal objeto de análisis, hizo alusión al respeto de la tasa de reemplazo del 75%
señalada en el Decreto 546 de 1971, «por el cual se establece el régimen de seguridad
y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares», aunque, la anterior norma no fue considerada
por la decisión judicial objeto de revisión, que en lo que a la señalada la tasa se refiere,

41 C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-

631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional.
42 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

la aplicó en el mismo porcentaje, pero de conformidad con la normatividad que rige la
situación pensional de la demandada, la Ley 33 de 1985.

61. Dicho de otro modo, las consideraciones desarrolladas sobre la aplicación del
Decreto 546 de 1971, resultan ajenas a la situación decidida con fuerza de cosa
juzgada por la sentencia controvertida mediante la acción especial de revisión.

62. En consecuencia, la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que
confirmó el fallo del 6 de abril de 2016 del Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de
Bogotá, no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley 797 de
2003.

4.7. Costas

63. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

64. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso
en el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

65. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no
se condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario43; de otro, porque no se evidencia que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

4.8. Conclusión

66. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial
de revisión, porque no se configuraron las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

67. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley

43 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-

15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandante: FONCEP
Demandado: Bernarda Romero de Cortés

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, con el fin de que se
infirme la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que confirmó la providencia del 6
de abril de 2016 del Juzgado 20 Administrativo de Oralidad de Bogotá, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-020-2015-00297-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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