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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00825-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00825-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 21 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 1001 33 35 009 2015 09131 01 al tribunal de origen y archivar la acción de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00825-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
(FONCEP)
Demandada: Hilda María Pardo Delgado
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 21 de
septiembre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente y se modificó el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Noveno Administrativo de Bogotá, el 7 de octubre de 2016, que accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 1001 33 35 009 2015 09131 01.

1. Antecedentes

1.1. La acción de revisión

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP)
por conducto de apoderada judicial, solicitó infirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 21 de
septiembre de 2017, a través de la cual se confirmó parcialmente y modificó el
numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Noveno Administrativo de Bogotá, el 7 de octubre de 2016, que accedió
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

parcialmente a las pretensiones de la demanda formulada por la señora Hilda María
Pardo Delgado contra el FONCEP, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de radicado 1001 33 35 009 2015 09131 01.

Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 21 de
septiembre de 2017, que confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de
la parte resolutiva de la sentencia del Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá
emitida el 7 de octubre de 2016; ii) declarar que la señora Hilda María Pardo
Delgado, en cuanto a la liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de un
derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; y iii) ordenar la
reliquidación de la mesada pensional de la demandada, teniendo en cuenta la tasa
de reemplazo del 75 %, el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36,
inciso 3.° y 21 de la Ley 100 de 1993 y los factores del Decreto 1158 de 1994, de
acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168 de
1995, C- 258 de 2013, SU- 230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-
395 de 2017, SU-631 de 2017 y T-039 de 2018 y en los Autos 326 de 2014 y 229
de 2017; y por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012 00143 01.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada de la entidad recurrente señaló los
siguientes:

i) El 15 de septiembre de 1946, nació la señora Hilda María Pardo Delgado, de
manera que contaba con 48 años, 9 meses y 15 días de edad para el 30 de junio
de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el orden territorial.

ii) Desde el 5 de marzo de 1974 hasta el 3 de enero de 2005, la señora Pardo
Delgado prestó sus servicios en el Departamento Administrativo de Bienestar Social
del Distrito Capital de Bogotá.

iii) El 15 de septiembre de 2001, la señora Pardo Delgado adquirió el estatus jurídico
pensional.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

iv) Durante el último año de servicio la demandada devengó los siguientes factores
salariales: sueldo, primas de antigüedad, de servicios, de vacaciones, de navidad,
salario de vacaciones, bonificaciones por servicios, de alimentación y de transporte.

v) El 17 de marzo de 2014, el FONCEP expidió el Oficio 2014EE3362 01 a través del
cual negó una solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación, elevada por la
hoy accionada.

vi) El 7 de octubre de 2016, el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, profirió
sentencia de primera instancia en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Pardo Delgado contra el
FONCEP y resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:1

PRIMERO: DECLARAR la nulidad del oficio N°. 2014EE3362 01 del 17 de marzo de
2014, proferido por el Gerente de Pensiones del Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones - FONCEP, que negó la reliquidación de la pensión de vejez de
la señora HILDA MARIA PARDO DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía No.
41.482.528 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN formulada
por la entidad accionada, respecto del pago de las mesadas causadas con anterioridad
al 02 de diciembre de 2010, acorde a lo expresado en la parte considerativa de esta
sentencia.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones cumplimiento de los
requisitos formales para la expedición de los actos administrativos objeto del medio de
control y presunción de legalidad, propuestas por la entidad encartada, por los motivos
esgrimidos en este fallo judicial.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones - FONCEP, reliquidar la pensión de la cual es titular la señora HILDA MARIA
PARDO DELGADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.482.528 de Bogotá,
con el 75% del promedio que se entiende mensual, de los factores de salario devengados
durante el último año de servicios, comprendido entre el 3 de enero de 2004 y 3 de enero
de 2005, incluyendo como partidas computables de asignación básica, la bonificación
por servicios, la prima de antigüedad, la prima de servicios (1/12), prima de vacaciones
(1/12), prima de navidad (1/12), alimentación y transporte, observando que los factores
salariales que se causan anualmente deben incluirse en la proporción mensual.

La entidad demandada descontará los aportes al sistema de seguridad pensional, sobre
los factores que no cotizó el titular de la pensión, únicamente en el monto que
corresponde por disposición legal al empleado, durante toda su relación laboral y
actualizada a valor presente. […] (Resaltado y subrayado original del texto)

1 Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

vii) El 21 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, profirió sentencia de segunda instancia, mediante
la cual confirmó parcialmente y modificó el numeral segundo de la parte resolutiva
de la providencia expedida por el Juzgado Noveno Administrativo de Bogotá, en los
siguientes términos:2

1. Confirmase parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado Noveno (9°)
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, el 7 de octubre de 2016, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso instaurado por
Hilda María Pardo Delgado contra el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones - FONCEP-, salvo el ordinal cuarto de su parte resolutiva, el cual se
modifica así:

"SEGUNDO.- Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar al Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones – FONCEP-, a reliquidar la pensión de jubilación reconocida a
Hilda María Pardo Delgado, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.482.528 de
Bogotá, en un monto equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en
el último año de servicios (comprendido entre el 3 de enero de 2004 y el 3 de enero de
2005), es decir, tomando como emolumentos salariales la asignación básica, prima de
antigüedad, alimentación, transporte y las doceavas (1/12) partes de: prima de servicios,
prima de vacaciones, prima de navidad y bonificación por servicios, a partir del 3 de
enero de 2005, pero con efectos fiscales desde 21 de enero de 2012, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

La entidad demandada descontará los aportes al sistema de seguridad pensional, sobre
los factores que no cotizó el titular de la pensión, únicamente en el monto que
corresponde por disposición legal al empleado, durante toda su vida laboral y actualizada
al valor presente".. […]. (Resaltado, cursiva y comillas originales del texto).

viii) El 12 de febrero de 2018, quedó ejecutoriada la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

ix) El 20 de noviembre de 2018, el FONCEP expidió la Resolución SPE GDP 0001485
mediante la cual dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y por el Juzgado
Noveno Administrativo de Bogotá.

1.1.3. La sentencia objeto de revisión

2 Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia de 21 de septiembre de 20173 confirmó parcialmente y modificó
el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia proferida por el Juzgado
Noveno Administrativo de Bogotá, el 7 de octubre de 2016, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Hilda
María Pardo Delgado contra el FONCEP, con sustento en las siguientes
consideraciones:

i) La señora Hilda María Pardo Delgado al momento de entrar en vigencia la Ley
100 de 1993 a nivel territorial, esto es, el 30 de junio de 1995, contaba con más de
15 años de servicios, por lo que es beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

ii) Con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010,4 emitida por el Consejo
de Estado, se precisó que aunque la ley no señalaba taxativamente los factores de
salario, debían incluirse en la liquidación de las pensiones de jubilación todas
aquellas sumas que de manera habitual y periódica el trabajador percibiera como
contraprestación del servicio. Lo anterior, fue reiterado por el alto tribunal en la
sentencia de unificación del 9 de febrero de 2017, radicado
25000234200020130154101 (4683-2013).

iii) Con sustento en las reglas jurisprudenciales, para los beneficiarios del régimen
de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo es en el
sub lite, debe aplicarse en su integridad la Ley 33 de 1985, en virtud de los principios
de inescindibilidad y favorabilidad de la ley, es decir, edad, tiempo de servicios y
monto de la pensión.

iv) En consecuencia, teniendo en cuenta que el a quo ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación en los términos expuestos, se confirmará parcialmente la
providencia de primera instancia, pues se demostró que la actora tiene derecho a la
reliquidación de la prestación, en el equivalente al 75 % del promedio mensual
percibido en el último año de servicio.

3 Expediente digital visible a índice 3 de la plataforma SAMAI.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, radicación

N.º 2500023250002006-0750901 (0112-09).

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

No obstante, se modifica el ordinal segundo de la parte resolutiva de aquella
sentencia, en el sentido de ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de la
señora Pardo, a partir del 3 de enero de 2005, con efectos fiscales desde el 21 de
enero de 2012, por prescripción trienal, y no como lo señaló el a quo desde el 2 de
diciembre de 2010. Así mismo, los factores salariales a incluir en la referida
reliquidación fueron los siguientes: asignación básica, prima de antigüedad,
alimentación, transporte y las doceavas partes de las primas de servicios, de
vacaciones, de navidad y de la bonificación por servicios.

El salario de vacaciones no se tuvo en cuenta porque no constituye una
contraprestación directa por el trabajo desempeñado por la servidora pública,
conforme lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia del 24 de enero de 2013,
N.I. 0305-12. Finalmente, tal como lo sostuvo el a quo, se autoriza a la entidad
demandada a descontar el valor de los aportes a pensión que la actora no hubiere
cubierto respecto de los factores que se ordenan incluir en la reliquidación de la
prestación.

1.2. Las causales de revisión invocadas

La apoderada de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:

i) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante la sentencia objeto de revisión vulneró el derecho al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque se apartó de la
interpretación que había desarrollado la Corte Constitucional sobre los artículos 21
y 36, inciso 3.º de la Ley 100 de 1993 respecto al IBL y factores que deben ser
tenidos en cuenta al momento de liquidar la prestación. Con ello, además el fallo
acusado transgrede los principios superiores de legalidad consagrados en los
artículos 1, 2, 6, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.

ii) Es indiscutible que a. el régimen pensional aplicable a la demandada es el
dispuesto en la Ley 33 de 1985, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

1993; y b. adquirió el estatus jurídico pensional el 15 de septiembre de 2001, cuando
alcanzó la edad exigida en la Ley 33 de 1985, esto es, en vigencia de la Ley 100 de
1993. En este sentido, conforme lo dispone el inciso 2.º del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, las prerrogativas de transición consisten en que a las personas que queden
cobijadas por éstas les asiste el derecho a que se les aplique el régimen anterior al
cual se encontraban afiliadas, en lo que tiene que ver con la edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio y el monto de la prestación.

Sin embargo, en lo atinente al ingreso base de liquidación la norma aplicable es la
Ley 100 de 1993, específicamente la regla que indica que el IBL para liquidar la
pensión de jubilación de las personas en transición que les faltare menos de 10
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.5

iii) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional de la demandada.

iv) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional de la
señora Pardo Delgado se incrementó sin que exista justificación legal ni
jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

La señora Hilda María Pardo Delgado, por intermedio de apoderado, se opuso a las
pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los siguientes
argumentos:6

i) La providencia recurrida fundamentó su decisión en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado proferida el 4 de agosto de 2010, la cual contenía el criterio

5 La entidad recurrente advierte que en igual sentido lo ha señalado la Corte Constitucional en
Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
Auto 229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, T-039 de 2018, y el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, radicado 52001 23 33 000 2012
00143 01.
6 Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

vigente al momento de que aquella se emitiera, puesto que mantuvo la posición de
reconocer la pensión de jubilación en el equivalente al 75 % con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicio.

ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Noveno Administrativo
de Bogotá, profirieron las decisiones objeto de reproche luego de culminar todas las
etapas propias del proceso, en cumplimiento del derecho al debido proceso de las
partes.

iii) Las providencias judiciales se emiten en observancia del principio de seguridad
jurídica de manera que están amparadas por los principios de legalidad y buena fe.
Así mismo, sobre aquellas recae la cosa juzgada razón por la cual es inadmisible
que la entidad recurrente pretenda la aplicación retroactiva de las Sentencias SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-210 de 2017, emitidas por la Corte
Constitucional.

iv) El Consejo de Estado a través de la sentencia de unificación jurisprudencial del
28 de agosto de 2018, señaló que los casos en los que ha operado la cosa juzgada,
como es en el sub lite, resultan inmodificables. Igualmente, estableció que las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida Corporación,
no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.

v) El FONCEP en lugar de enfocarse en la demostración de las presuntas causales
invocadas, pretende a. generar una nueva oportunidad procesal para reabrir el
debate judicial que no propició al no haber interpuesto, dentro de término legal, el
recurso de apelación a que tenía derecho; b. corregir algún yerro en la
interpretación; o c. la aplicación retroactiva de las normas o criterios sobre el ingreso
base de liquidación conforme lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

vi) La conducta desplegada por la entidad recurrente no está enmarcada dentro de
los elementos mínimos de buena fe, porque pretende desconocer que la providencia
recurrida quedó en firme bajo los parámetros legales y jurisprudenciales vigentes
para la época en que se profirió. En consecuencia, al activar el sistema judicial y
generar un desgaste en la administración de justicia, debe aplicarse lo preceptuado

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

en los artículos 365 y 366 del CGP respecto a la condena en costas y agencias en
derecho.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 del CPACA.7 Asimismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019.8

2.2. Oportunidad

El inciso 4.º del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «en los casos
previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial». En
el sub lite, la sentencia objeto de revisión cobró ejecutoria el 12 de febrero de 20189
y la acción especial de revisión se interpuso el 28 de septiembre de 2020,10 por lo
que es dable concluir que fue presentado dentro del término establecido en la ley.

2.3. Legitimación

Sobre la legitimación del FONCEP para promover la acción de revisión contra
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer o reliquidar pensiones, la
Corte Constitucional, en la Sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente regla:

(...) frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración de
un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad para
interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos en la
Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones encargadas del

7 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
8 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
9 Expediente digital visible a índice 4 de la plataforma SAMAI.
10 Expediente digital visible a índice 1 de la plataforma SAMAI.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las
primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero. [Negrillas fuera del texto]

De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones (FONCEP), en cuanto entidad administradora encargada de reconocer y
pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a cargo del Distrito Capital, está
legitimado para interponer la presente acción de revisión.

2.4. El problema jurídico

Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, del 21 de septiembre de 2017, se encuentra
inmersa en las causales de revisión contempladas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la acción especial de revisión
«Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso» y
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

2.5. Marco normativo

2.5.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las
providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la
obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales
consagradas para este en el mismo código y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley,
pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:

i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y

11

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Demandante: FONCEP

a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del
debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley.

Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario

de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra
sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».

En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.

11 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12 Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario

de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.

12

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Demandante: FONCEP

Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas. De esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14

Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto de la
citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito
primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a
la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al
erario».15

Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
a dos eventos: el primero, que el reconocimiento se haya obtenido con violación del
debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

Para el análisis de este recurso y de las causales antes mencionadas, corresponde
al juez determinar que los supuestos fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente
encuadren en las causales taxativamente previstas por el legislador, sin que sea

13 Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,

radicado 2017-01529 (REV).
14 Ibidem.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

2014-00845-00 (2743-13).

13

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Demandante: FONCEP

posible, en ningún caso, que por este medio se puedan plantear discusiones propias
de las instancias ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso,
sino que, efectivamente, se verifique que la pensión reconocida haya sido
irregularmente otorgada o no corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.

2.5.3. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida
por la Sala Plena del Consejo de Estado, respecto a la interpretación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993

Mediante la sentencia de unificación CE-SUJ-SIII, de 28 de agosto de 2018,16 la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en interés de unificar su jurisprudencia
respecto de los criterios interpretativos del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de
1993, relativos a si se aplica o no el régimen de transición al IBL, estableció las
siguientes reglas:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala expuso, entre
consideraciones, la siguiente:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha
ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados
para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
(Resaltado fuera del texto).

Adicionalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
definió las siguientes subreglas:

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, radicado N.º 52001-23-33-000-2012-00143-01.

14

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Demandante: FONCEP

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985
(edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones.» Esta subregla se justifica, así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse
como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen
precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen
de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda.

Ahora, comoquiera que la jurisprudencia que profiere esta Corporación, según la
Constitución Política,17 la ley y la Corte Constitucional,18 tiene valor vinculante por
emanar de órganos diseñados para su unificación, el contenido y la regla o ratio que
expone en sus sentencias tiene características de permanencia, identidad y

17 Constitución Política, artículo 237, ordinal 1.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 2011, M.P.: Mauricio González Cuervo.

15

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Demandante: FONCEP

obligatoriedad. En virtud de ello, la Sala Plena estableció como efectos de la
mentada decisión, los siguientes:

La Sala Plena de esta Corporación, por regla general, ha dado aplicación al precedente
en forma retrospectiva, método al que se acudirá en esta sentencia, disponiendo que las
reglas jurisprudenciales que se fijaron en este pronunciamiento se aplican a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.

Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no
puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la no aplicación
de esta sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación
las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de
transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera
que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de revisión contra una
sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada
caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada. (Subrayado fuera del
texto).

De lo anterior se infiere que las reglas jurisprudenciales que se fijaron en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 se aplican a todos los casos
pendientes de solución, tanto en vía administrativa como en vía judicial, a través de
acciones ordinarias. Sin embargo, se excluyen aquellos asuntos pendientes de
resolver en recurso extraordinario, ya que, para salvaguardar el principio de la
seguridad jurídica, los efectos de la citada providencia no operan respecto de
situaciones definidas y que hicieron tránsito a la cosa juzgada.

Por lo tanto, en el caso de los las acciones extraordinarias de revisión, estas deben
analizarse de conformidad con el criterio judicial imperante para la fecha en que se
profirió la sentencia objeto del recurso, precisamente, por los efectos de la nueva
tesis jurisprudencial.

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primera medida, la Sala advierte que en relación con la causal de revisión
establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando
«el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario

16

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Demandante: FONCEP

que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.

Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión19 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in idem.»

Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el período y los factores tenidos en cuenta
al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas. En ese sentido, la
Sala efectuará el estudio de aquel planteamiento bajo la causal contenida en el
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Pues bien, la inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del
21 de septiembre de 2017, habría incurrido en la causal de revisión prevista en el
literal b) del artículo 20 de la referida ley, en tanto confirmó parcialmente y modificó
el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia emitida por el Juzgado
Noveno Administrativo de Bogotá del 7 de octubre de 2016, que había ordenado la
reliquidación de la pensión de jubilación de la hoy demandada, teniendo en cuenta
todos los factores salariales devengados en su último año de servicio, de
conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.

19 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

17

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Demandante: FONCEP

Con ello, en su concepto, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y
SU-395 de 2017 y de esta Corporación en la sentencia de unificación de 28 de
agosto de 2018, a partir de las cuales se determinó que para los beneficiarios del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso
base de liquidación aplicable es el contenido en el inciso 3.° de dicha norma o en el
artículo 21 ibidem.

En este sentido, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub
lite, la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión,
con base en las siguientes razones:

En primer lugar, la Sala debe precisar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con sustento en la sentencia
emitida por la Sección Segunda de esta Corporación, el 4 de agosto de 2010,20
entendió que la expresión «monto», contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, comprendía «todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el
empleado como retribución de sus servicios», en el último año.

Concretamente, en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, esta
Corporación concluyó lo siguiente:21

[L]a Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no
impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último
año de prestación de servicios.

En la misma sentencia se reiteró que el monto de la pensión hace referencia a la
tasa de remplazo o porcentaje de la cuantía pensional y al período de liquidación
previsto en el régimen anterior, es decir, el 75 % del promedio de lo devengado en
el último año de servicio.

En segundo lugar, tal como lo advierte la entidad recurrente, durante cierto período,
el Consejo de Estado y la Corte Constitucional desarrollaron interpretaciones

20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, providencia de 4 de

agosto de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009).
21
Ibidem.

18

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Demandante: FONCEP

disímiles respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL aplicable
a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, expediente 52001-
23-33-000-2012-00143-01,22 unificó la jurisprudencia de esta Corporación en torno
a la integración del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo
el régimen de transición (inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), para
concluir que este solo puede estar constituido por aquellos factores sobre los que
se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones. De esta
manera, la Sección Segunda ajustó su postura con la establecida por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013.

No obstante, al fijar los efectos de la sentencia, se precisó lo siguiente:

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada.

Adicionalmente, cabe señalar que en varias decisiones de revisión de tutela,23 la
Corte Constitucional había dado la misma interpretación que la de la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado para entender que el ingreso base de liquidación
debía calcularse conforme la normativa anterior a la Ley 100 de 1993. Bajo este
criterio, en el régimen pensional de la Ley 33 de 1985, los factores salariales a tener
en cuenta están constituidos por todos aquellos emolumentos que hubiese
devengado el servidor público durante el último año de servicio.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
23 Corte Constitucional, sentencias T-651-04, T-948-09, T-013-11 y T- 860-12. En la última citada, la

Corte Constitucional consideró: «Así mismo, ha dicho la Corte que el monto de la pensión
corresponde al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios,
sin que le sea dable al fondo de pensiones aplicar dicho porcentaje sobre una base de liquidación
distinta a la anotada en el decreto, puesto que ambos componentes, base y porcentaje, son
inseparables.».

19

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

Ahora bien, al efectuar el respectivo análisis de las pruebas, se observa que la
sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación y sobre la cual hay
cosa juzgada, aplicó un solo sistema de manera integral, en tanto tuvo como
fundamento la Ley 33 de 1985, con una tasa de reemplazo del 75 % y la inclusión
de todos los factores percibidos en el último año de servicio, todo lo cual se
encuentra ajustado al precedente jurisprudencial vigente para la época de
expedición de la sentencia.

En ese sentido, el tribunal modificó el numeral segundo de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Noveno Administrativo de
Bogotá, el 7 de octubre de 2016, en el entendido de ordenar la reliquidación de la
pensión de jubilación de la hoy demandada a partir del 21 de enero de 2012, por
prescripción trienal, con la inclusión de los siguientes factores devengados en el
último año de servicio de aquella: asignación básica, primas de antigüedad y de
alimentación, subsidio de transporte y las doceavas partes de las primas de
servicios o semestral, de vacaciones, de navidad y de la bonificación por servicios,
este último factor, consideró que debía ser reconocido en dicha proporción, a
diferencia de lo ordenado por el juzgado.

Cabe advertir que los factores previamente descritos fueron debidamente
devengados por la hoy demandada, conforme lo certificó la jefe de la Unidad de
Gestión Humana del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito
de Bogotá, para los años 2004 y 2005, visible en el expediente digital, índice 4 de
la plataforma SAMAI.

Es preciso reiterar que el FONCEP en la acción de revisión, circunscribió su
argumento a discutir que, para calcular el IBL de la pensionada, debieron atenderse
las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión
de los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994, en armonía con la
jurisprudencia que la Corte Constitucional ha desarrollado sobre el tema. No
obstante, no expuso ningún reparo frente a algún emolumento en particular, por lo

20

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

que la Subsección, siguiendo el criterio de anteriores decisiones,24 contraerá su
análisis a ello.

En este punto, la Sala debe recordar que el respeto hacia las decisiones proferidas
con base en la normativa y la jurisprudencia vigentes para su época, constituye la
salvaguarda de instituciones de raigambre constitucional como lo son la seguridad
jurídica y la confianza legítima.25

Siendo así las cosas, examinada la decisión objeto de revisión, se advierte que en
lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso base de liquidación,
la sentencia del tribunal halló fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación
vigente para la época, la cual, para el particular caso de la señora Pardo Delgado,
el tribunal consideró representada en las sentencias de unificación del 4 de agosto
de 2010, expediente 250002325000200607509 01 (0112-2009) y del 9 de febrero
de 2017, radicado 25000234200020130154101 (4683-2013), que expresamente
trajo a colación.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el ejercicio de su
independencia y autonomía judicial, valoró las pruebas allegadas junto con la
normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron a acoger el criterio judicial
imperante para la época de su expedición, según el cual en el IBL se deberán
incluir todos los factores percibidos durante el último año de servicio.

En ese sentido, no puede considerarse que su decisión haya sido caprichosa,
arbitraria o contraria a derecho, pues se encuentra razonablemente sustentada y
fundamentada, en decisiones proferidas por esta Corporación, vigentes en aquel
momento; igualmente, lo fue la sentencia de primera instancia emitida el 7 de
octubre de 2016 por el a quo.

24 Al respecto, véase la sentencia del 12 de agosto de 2021, radicado 110010325000201800914 00

(3158-2018); C.P. William Hernández Gómez.
25 Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes

para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver:
Consejo de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación:
11001-03-15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Diecisiete Especial de Decisión,
sentencia del 6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV),
demandante: Cajanal EICE en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de
noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.

21

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Demandante: FONCEP

Finalmente, conviene reiterar que la Sala Plena del Consejo de Estado profirió
sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, en la que varió su posición frente
al ingreso base de cotización de los servidores del régimen general. Sin embargo,
dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de solución en sede
administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales hubiera operado
la cosa juzgada, resultarían inmodificables. Por consiguiente, la tesis allí contenida
no puede extenderse al presente asunto.

Por los motivos expuestos, la Sala encuentra infundada la acción de revisión
interpuesta por el FONCEP, al no haberse configurado las causales contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, comoquiera que por un
lado, la entidad no hizo alusión a una vulneración de las garantías propias del
derecho al debido proceso y por el otro, no demostró que la sentencia objeto de
estudio excediera lo debido de acuerdo con la ley, como quedó visto.

3. De la condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, pues el FONCEP busca controvertir una providencia judicial que
ordenó la reliquidación de una pensión con cargo al erario, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la referida entidad.

4. Conclusión

Con base en los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la
materia, en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en
casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión
debe ser declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las
causales invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

22

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00825-00 (2506-2020)
Demandante: FONCEP

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción de revisión promovida por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), por las causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, del 21 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 1001 33 35 009 2015 09131 01 al tribunal
de origen y archivar la acción de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

23

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