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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00829-00

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00829-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se infirme la sentencia del 27 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, que confirmó con modificación la providencia del 17 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-31-705- 2011-00065-01. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00829-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

30 de enero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia- Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003

Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra el fallo del 27 de octubre de 2015 proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de
Descongestión2, que confirmó con modificación la providencia del 17 de marzo de
2014, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bogotá, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional solicita que se infirme la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes mencionada, porque
considera que incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
toda vez que la señora Ana Rosalba Pedraza López no tiene derecho a la reliquidación
de la pensión de vejez con la inclusión en el ingreso base de liquidación de todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, puesto que aquel
(el IBL) debe establecerse según el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Fanny Contreras Espinosa, demandante: Ana Rosalba Pedraza López, demandado: Universidad Nacional

de Colombia - Fondo Pensional, radicación número: 11001-33-31-705-2011-00065-01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. La señora Ana Rosalba Pedraza López, en ejercicio de la acción prevista en el
artículo 85 del Código Contencioso Administrativo3, presentó demanda contra la
Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución CPS 0354 del 30 de noviembre de 2009, a través de
la cual se le reconoció una pensión de vejez; y la Resolución CPS 0268 del 3 de agosto
de 2010, que reliquidó la pensión por retiro del servicio.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada reliquidar la pensión de vejez, equivalente al 75% del valor de los salarios
devengados durante el último año de servicios, de conformidad con las leyes 33 y 62
de 1985; que las sumas reconocidas se actualizaran de acuerdo con el índice de
precios al consumidor; se pagaran los intereses moratorios causados; y se condenara
al pago de costas y agencias en derecho.

2.2. Sentencia de primera instancia4

3. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bogotá, en sentencia del 17
de marzo de 2014, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos acusados. En
consecuencia, ordenó a la Universidad Nacional de Colombia reliquidar la pensión de
vejez de la accionante, equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios
(30 de noviembre de 2008 al 29 de noviembre de 2009), con inclusión de los factores
salariales que se le habían liquidado y pagado en dicho periodo, como lo son: asignación
básica, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios
prestados (1/12), prima de servicios (1/12), prima de vacaciones (1/12), prima de
navidad (1/12), prima de vacaciones por retiro (1/12), y prima de navidad por retiro
(1/12), a partir del 30 de noviembre de 2009.

4. Lo anterior, luego de definir que como la actora era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985; de manera que, tenía derecho a que su pensión de vejez se liquidara de
conformidad con la Ley 33 de 1985, en un monto equivalente al 75% de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios, con fundamento en lo
expuesto en la sentencia de unificación proferida por la corporación el 4 de agosto de
2010.

2.3. Sentencia de segunda instancia5

5. La decisión de primera instancia fue confirmada con modificación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia el 27 de octubre de 2015, al resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en su contra. En tal sentido,
resolvió lo siguiente:

SEGUNDO: MODIFÍQUESE el ordinal “segundo” de la parte resolutiva de la sentencia

3 Norma vigente para la época. La demanda se presentó en el año 2011.
4 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 106 a 126.
5 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 130 a 170.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

antes referida, el cual quedará así:

“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, se CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - FONDO
PENSIONAL, a reconocer, reliquidar y pagar a partir del 1° de diciembre de 2009 a la
señora ANA ROSALBA PEDRAZA LÓPEZ (…), el valor de la pensión de jubilación
equivalente al 75% de todos los salarios devengados por ella durante el último año de
servicio comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009, esto
es, la asignación básica, el subsidio de alimentación, el auxilio de transporte, la 1/12 parte
de la sumatoria de la prima de navidad y la prima de navidad por retiro, la 1/12 parte de la
prima de vacaciones y la prima de vacaciones por retiro, la incapacidad médica patrono,
la 1/12 parte de la bonificación por servicios prestados, la 1/12 parte de la prima de
servicios y la 1/12 parte del quinquenio por retiro. (…)”.

6. Como fundamento de su decisión, el Tribunal indicó que de conformidad con la
postura desarrollada en las sentencias C-258 de 2013 y SU 230 de 2015, proferidas
por la Corte Constitucional, el ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido
a la transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

7.Señaló que, contrario a lo anterior, según las reglas jurisprudenciales del Consejo
de Estado, expuestas en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y 12 de
septiembre de 2014, a los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 debe aplicárseles en su integridad el régimen anterior, en virtud de los principios
de inescindibilidad de la ley y favorabilidad; es decir, edad, tiempo de servicios y monto
de la pensión.

8. Adujo que la accionante nació el 31 de mayo de 1954 y prestó sus servicios a la
Universidad Nacional de Colombia entre el 28 de mayo de 1985 y el 30 de noviembre
de 2009. Por ende, al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
contaba con más de 35 años y estaba amparada por el régimen de transición de tal
ley; de modo que su pensión debía reconocerse con fundamento en las leyes 33 y 62
de 1985, que exigían 20 años de servicio público y 55 años de edad.

9. Precisó que, como la actora cumplió con los anteriores requisitos, la pensión de
vejez debió liquidarse con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicios, teniendo en cuenta los factores salariales
percibidos de manera habitual y periódica.

10. Concluyó que los actos acusados eran nulos al incurrir en la causal consistente en
aplicación indebida de la norma.

III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

3.1. Demanda6

11. La Universidad Nacional, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de
la acción especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca antes referida, invocó la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:
6 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 2 a 52.
7 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza

pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

(i) Revocar la sentencia proferida el 27 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

(ii) Ordenar la reliquidación y pago de la pensión de vejez de la señora Ana
Rosalba Pedraza López, calculando el IBL con el promedio de lo percibido en
los últimos diez años de servicio, de conformidad con las reglas fijadas en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los
autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional; así
como el fallo SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del 28 de agosto de 2018
dictado por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de
Estado.

(iii) Ordenar a la demandada reintegrar la totalidad de las sumas percibidas en
exceso por la reliquidación de la mesada pensional, en virtud de las órdenes
impartidas en la sentencia a revisar.

12. A juicio de la parte recurrente se configura la causal b), atinente a que la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que a la
accionada no le asiste derecho a la reliquidación de la pensión de vejez con la totalidad
de factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL
debe calcularse con el promedio de los salarios percibidos durante los últimos diez
años de servicios, de conformidad con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con
la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, específicamente,
aquellos sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.

3.2. Actuaciones procesales relevantes

13. Por medio de auto del 30 de septiembre de 2021 se admitió la demanda y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente a la accionada8.

14. En proveído del 1 de septiembre de 2022, vencido el término previsto para que la
parte demandada y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión del recurso
extraordinario de revisión, habiendo la parte recurrida guardado silencio pese a estar
debidamente notificada9, se rechazó por inútil la prueba solicitada, se tuvieron como
pruebas los documentos allegados con la demanda y se prescindió del periodo máximo

decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
8 Samai, índice 06.
9 Samai, índice 21.

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probatorio10.

3.3. Concepto del Ministerio Público

15. Guardó silencio11.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

16. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA12.

17. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 13, por
tratarse de un asunto de carácter laboral.

4.2. Oportunidad

18. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional invocó como causal de revisión la
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo
en cuenta que la sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en
vigencia del CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de
esta normativa que precisa lo siguiente:

En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

19. En el presente caso, como la sentencia del 27 de octubre de 2015 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 10 de noviembre de 201514, al
haberse presentado el recurso extraordinario de revisión el 25 de septiembre de
202015, se tiene que se interpuso dentro del término previsto en la normativa en
mención.

4.3. Legitimación en la causa

20. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
10 Samai, índice 13.
11 Samai, índice 21.
12 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por

los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 171.
15 Samai, índice 03, DemandaWeb-Demanda-(.pdf) NroActua 3.

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activos de la acción especial de revisión son el gobierno, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el
contralor general de la República y el procurador general, que pueden ejercerla con el
propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales: La
primera, prevista en el literal a), para los eventos en que el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso. La segunda, descrita en el literal b), para los
casos en los cuales la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley.

21. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-417 de 2016, expuso que la
Constitución no reguló la titularidad para interponer la referida acción y que, en ese
sentido, se debía entender que esta también recaía, además de los sujetos de derecho
previstos en el artículo antedicho, en «las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular», en la
medida en que «son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional
a velar por su buen funcionamiento financiero».

22. Así las cosas, como al Fondo Pensional de la Universidad Nacional le corresponde
el pago del pasivo pensional de la institución educativa16, la Sala considera que se
encuentra legitimado en la causa por activa para ejercer la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 200317.

23. Por su parte, la señora Ana Rosalba Pedraza López también se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, por cuanto actuó como demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con la providencia objeto de la
acción especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
27 de octubre de 2015.

4.4. Problema jurídico

24. Conforme con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso
el Fondo Pensional de la Universidad Nacional, corresponde a la Sala determinar si:
¿La pensión de vejez reconocida a la señora Ana Rosalba Pedraza López se reliquidó
en una cuantía superior a la prevista por la ley, teniendo en cuenta que, a juicio de la

16 Ley 1371 de 2009, artículo 2. «Fondos para el pago del pasivo pensional. Las universidades objeto de la
aplicación de la presente ley deberán constituir un fondo para el pago del pasivo pensional, el cual será una cuenta
especial, sin personería jurídica, de la respectiva universidad, cuyos recursos serán administrados por una
entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en forma independiente, mediante
patrimonio autónomo. Los recursos y los rendimientos tendrán destinación específica para pagar el pasivo
pensional, así como los gastos de administración del patrimonio autónomo».
17 La Sala Cuarta Especial de Decisión de esta corporación, en la sentencia del 3 de mayo de 2021, dictada en el

proceso con número de radicado 11001-03-15-000-2020-04801-00, consideró que el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional se encontraba legitimado para formular la acción especial de revisión establecida en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional
(sentencia SU-417 de 2016). // En igual sentido se pueden consultar las siguientes decisiones: (i) Sala de lo
Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2024, rad. núm.
11001-03-25-000-2020-00827-00 (2512-2020) (AER); (ii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia 13 de julio de 2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2020-00828-00 (2513-2020);
(iii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de octubre de 2023,
rad. núm. 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022); (iv) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, 12 de diciembre de 2023, rad. núm. 11001-03-25-000-2020-00786-00 (2399-2020).

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Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

parte actora, no se calculó de conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado?

25. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso concreto.

4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia18

26. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas19.

27. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial»20,
en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.

28. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado
para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado21 y de la Corte
18 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, proceso con radicado

11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
20 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. M.P. Gerardo Arenas

Monsalve. 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja
Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés “ […] En este
orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento del recurso extraordinario
de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que
se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de
obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala). Cfr., sentencia de 25 de febrero de
2022 dictada por la Sala Novena Especial de Decisión dentro del radicado 11001-03-15-000-2019-04468-00 REV.
M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Entre otras, Sala Novena Especial de Decisión sentencia de 22 de noviembre
de 2021, radicado No. 11001-03-15- 000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Sala Veinticinco
Especial de Decisión de sentencia de 21 de agosto de 2020, radicación 11001-03-15-000-2019-03846-00 REV y
sentencia de 8 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV. M.P. Martha Nubia
Velásquez Rico.
21 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de

Decisión 19 y 9, sentencia del 18 de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000- 2020-03549-00. M.P. William
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

Constitucional, a saber:

(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con
cargo al tesoro público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia22.

(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado23.

(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las
pensiones reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del tesoro público, la liquidez,
solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social24.

(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a
una prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al
reconocimiento del derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del
debido proceso; y a la liquidación (literal b) en un valor mayor al que
corresponde25.

29. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»26.

30. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200327, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al

Hernández Gómez y sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2019-
01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William

Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01
22 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. M.P. William

Hernández Gómez, providencia de 10 de agosto de 2017, radicado: 25000-23-25-000-2002-05275-01.
23 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4, sentencia del 1°
de agosto de 2017, radicación: 11001-03-15-000-2016-02022-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 19, sentencia de 18

de agosto de 2021, radicación: 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP. M.P. William Hernández
Gómez.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,

radicación No. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012) M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
27«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
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debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 28.

31. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:

[…]

El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».

En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.

En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.

A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]”29.

32. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.

33. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.

28 Al respecto puede verse, entre otras decisiones, la sentencia dictada por la Sala Novena Especial de Decisión el

22 de noviembre de 2021, radicado No. 11001-03-15-000-2019-01749-00. M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
29 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5

de febrero de 2019, radicación 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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4.6. Análisis del caso concreto

34. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la reliquidación de la pensión de vejez reconocida a la
accionada se obtuvo en una cuantía superior a la prevista por la ley, porque a juicio de
la parte actora, la pensión no se liquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado.

35. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:

(i) La señora Ana Rosalba Pedraza López nació el 31 de mayo de 195430 y prestó sus
servicios a la Universidad Nacional de Colombia del 28 de mayo de 1985 al 29 de
noviembre de 200931; el último cargo que desempeñó fue el de auxiliar de servicios
generales 533-03 CPA de la Sección de Mantenimiento y Aseo, y adquirió el estatus
pensional el 31 de mayo de 200932. Durante el último año de servicios, la demandada
devengó los siguientes factores: asignación básica; incapacidad médica patrono;
bonificación bienestar universitario; subsidio de alimentación; auxilio de transporte;
bonificación por servicios prestados; primas de servicios, navidad, y vacaciones;
bonificación especial de recreación y por retiro; primas de navidad y de vacaciones por
retiro; y ajuste quinquenio por retiro33.

(ii) La Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, a través de la
Resolución CPS 0354 del 30 de noviembre de 2009, reconoció una pensión de vejez
a la señora Ana Rosalba Pedraza López, efectiva a partir del retiro definitivo del
servicio34.

(iii) Por medio de la Resolución CPS 0268 del 3 de agosto de 2010, el Fondo Pensional
de la Universidad Nacional reliquidó la pensión de la accionada, efectiva a partir del 30
de noviembre de 2009, por retiro definitivo del servicio35.

(iv) Mediante la Resolución FP 0149 del 16 de mayo de 2016, la parte actora, en
cumplimiento de la sentencia objeto de revisión, reliquidó la pensión de vejez de la
accionada, con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios36.

36. Una vez expuesta la causal alegada y los presupuestos fácticos del asunto, la Sala
procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.

30 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 66.
31 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 174.
32 Conforme se señaló en la Resolución 0354 de 30 de noviembre de 2009, que reconoció una pensión de vejez a

la accionada, que obra en Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4,
págs. 73 a 74.
33 Según certificado emitido por el Grupo Salarial y Prestacional Sede Bogotá de la Universidad Nacional de

Colombia, visto en Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs.
97 a 98.
34 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 73 a 74.
35 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 82 a 83.
36 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 199 a 211.

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4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993

37. La Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son

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únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base37.

38. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.

4.6.2. Verificación de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley

39. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia alegó la causal
prevista en el literal b) porque la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que hizo tránsito a cosa juzgada, ordenó la reliquidación de la pensión
de vejez sin tener en cuenta que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 ídem
y el artículo 1° del Decreto 1158 de 1994, en cuanto a los factores salariales.

40. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la
época en que el Tribunal dictó la decisión censurada38. Esto, acorde con los efectos

37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado

número 52001-23-33-000-2012-00143-01.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, radicado número 11001-

03-25-000-2018-01458-00 (4815-2018).
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del fallo de unificación del 28 de agosto de 201839 de la Sala Plena de lo Contencioso
– Administrativo que expresamente consideró «debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».

41. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio
de 2020 CE-SUJ-S2-021-2040, se explicó que los conflictos judiciales resueltos están
amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la seguridad
jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.

42. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación de servicio.

43. En el presente caso, en efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó la
sentencia el 27 de octubre de 2015, en la que expuso el desarrollo jurisprudencial del
ingreso base de liquidación en la jurisprudencia y señaló que compartía la posición del
tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, expuesto en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, respecto a que a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se les aplicaba en su integridad el
régimen pensional anterior. Ello, en cuanto a la edad, tiempo de servicios, monto de la
pensión y los factores salariales percibidos por la actora de forma periódica y como
retribución directa del servicio.

44. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó con modificación el fallo del Juzgado
Quinto Administrativo de Descongestión de Bogotá, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de la señora Ana Rosalba Pedraza López, en el sentido
de incluir en la reliquidación pensional todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios, siguió la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto
particular, por tanto, prevalece la fuerza de cosa juzgada.

45. Con lo anterior, en manera alguna se desconoce que para el momento en que se
dictó la sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional, en las

39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, radicado

número 52001-23-33-000-2012-00143-01.
40 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de junio de 2020, radicado

número 15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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providencias relacionadas en la demanda de la referencia41, defendía una tesis
contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado; no
obstante, como se destacó con antelación, en el margen de la autonomía funcional, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió acogerse a la postura del máximo
tribunal de lo contencioso – administrativo, lo que resulta razonable y no es constitutivo
de una circunstancia que permita predicar la configuración de la causal excepcional
que se estudia.

46. Por otra parte, se indica que la procedencia de las causales de revisión debe
interpretarse atendiendo la facultad de revisión de los reconocimientos pensionales,
que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema
General de Pensiones. A su turno, el Acto Legislativo 01 de 2005 refiere que procede
la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento
de los requisitos legales, acorde con el procedimiento establecido por el legislador,
pero que a la fecha no ha sido expedido.

47. Sobre el punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 201342, precisó que
«los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de
servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial-
conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló
en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un
subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».

48. En este contexto, se revisa la historia laboral de la pensionada para verificar si se
está frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la mesada pensional.
Así pues, se encuentra que en el expediente administrativo obra la certificación
expedida por el jefe del Grupo Salarial y Prestacional Sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia, según la cual la señora Ana Rosalba Pedraza López devengó
en el último año de servicios los siguientes emolumentos: asignación básica;
incapacidad médica patrono; bonificación bienestar universitario; subsidio de
alimentación; auxilio de transporte; bonificación por servicios prestados; primas de
servicios, navidad, y vacaciones; bonificación especial de recreación y por retiro;
primas de navidad y de vacaciones por retiro; y ajuste quinquenio por retiro43.

49. A su vez, se advierte que la liquidación de la pensión de la señora Pedraza López
no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) es beneficiaria
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez
que nació el 31 de mayo de 1954, por lo que tenía más de 35 años de edad al 1 de
abril de 199444; ii) acreditó más de 20 años de servicios; y iii) durante el último año
percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la
pensión.

50. En este orden de ideas, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional no acreditó
en el presente proceso que el incremento de la mesada pensional dispuesto en la
providencia censurada hubiese aumentado significativamente el valor de la pensión

41 C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-

631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional.
42 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
43 Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 97 a 98.
44 De acuerdo con registro civil de nacimiento que obra en Samai, índice 04, ED-5-05 S185-D2Demanda-

2020825135338 (1).pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 66.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

sin guardar relación con los salarios recibidos por la señora Ana Rosalba Pedraza
López en su vida laboral.

51. Por el contrario, acorde con los hechos probados se resalta que la señora Ana
Rosalba Pedraza López prestó sus servicios en la Universidad Nacional, durante toda
su vida laboral, del 28 de mayo de 1985 al 29 de noviembre de 2009. El último cargo
que desempeñó fue auxiliar de servicios generales y su último año de servicios
transcurrió del 1 de diciembre de 2008 al 29 de noviembre de 2009. Además, el acto
administrativo que cumplió la orden judicial, contenido en la Resolución FP 0149 del
16 de mayo de 2016, en el artículo 4°, ordenó descontar del retroactivo neto a pagar,
por concepto de pensión a favor del fondo pensional, la suma de $5.044.780.

52. En consecuencia, no se configura la causal en mención y, por ende, se declarará
infundada la acción especial de revisión.

4.7. Costas

53. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.

54. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

55. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario45; de otro, porque no se evidencia que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.

4.8. Conclusión

56. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión porque no se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.

57. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
45 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, proceso con

radicado 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández; sentencia del 2 de junio de 2022
proferida por la Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente con radicación: 11001-03-15-000-2020-02983-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, expediente
con radicación: 11001-03-15-000-2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00829-00 (2518-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Ana Rosalba Pedraza López

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se infirme la
sentencia del 27 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, Sala de Descongestión, que
confirmó con modificación la providencia del 17 de marzo de 2014, dictada por el
Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-31-705-
2011-00065-01.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

TAP/JCBB

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