Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00836-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00836-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00836-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00836-00 (2541-2020)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia1
Demandado: Ana Julia Pulido Díaz, Valentina Díaz Arias y Marcela Díaz Arias2
Tema: Causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Reliquidación de la pensión con el régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Beneficiario de la Ley 33
de 1985
Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el fondo pensional de la Unal
contra la sentencia proferida el 20 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en Descongestión por medio
de la cual confirmó de forma parcial la providencia emitida el 31 de mayo de 2013
por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Descongestión de Bogotá, que accedió
a las pretensiones de la demanda presentada por Gustavo Antonio Díaz Toro contra
esa entidad.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el fondo
pensional de la Unal solicitó3 la revisión de la sentencia proferida el 20 de agosto de
2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en Descongestión mediante la cual confirmó parcialmente la decisión
emitida el 31 de mayo de 2013 por el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión
de Bogotá, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
1 En adelante Fondo pensional de la Unal.
2 Como sucesoras procesales de Gustavo Antonio Díaz Toro, la primera en calidad de cónyuge y las
demás como hijas, de conformidad con lo resuelto en auto del 10 de noviembre de 2023. Índice 29
de Samai.
3 Samai índice 4. Expediente digital documento «ED-5-05 S188-D2Demanda-202082514125 (1).pdf»
páginas 1 a 51.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001032500020200083600 (2541-2020)
Demandante: Fondo pensional de la Unal
con radicado 11001-33-31-716-2012-00211-00 a través de la cual accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Gustavo Antonio Díaz Toro contra esa
entidad, en el que se ordenó la reliquidación de su pensión de vejez con inclusión
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de las sentencias objeto
de revisión; ii) la reliquidación de la pensión de vejez de Gustavo Antonio Díaz Toro
conforme con las reglas fijadas por la Corte Constitucional4, para los beneficiarios
del régimen de transición, con aplicación del ingreso base de liquidación previsto en
la Ley 100 de 1993, los factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa
de reemplazo prevista en la Ley 33 de 1985; ii) la devolución, compensación o
reintegro de los mayores valores pagados a Gustavo Antonio Díaz Toro por
concepto de mesadas pensionales, retroactivo pensional y demás conceptos
reconocidos en cumplimiento de las sentencia objeto de revisión mediante la
Resolución FP0146 del 16 de mayo de 2016; iv) la compensación de las sumas
adeudadas entre las partes; y v) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes5:
3.1. Gustavo Antonio Díaz Toro nació el 7 de septiembre de 1954 y prestó sus
servicios en la Universidad Nacional de Colombia, del 28 de julio de 1976 al 23 de
febrero de 2010.
3.2. Consolidó su estatus pensional el 7 de septiembre de 2009, con 55 años de
edad.
3.3. Mediante Resolución CPS 0009 del 15 de enero de 2010 la Unal a través de la
Caja de Previsión Social le reconoció a Gustavo Antonio Díaz Toro una pensión de
vejez en cuantía de $1.225.146 efectiva a partir de la demostración del retiro del
servicio.
3.4. A través de la Resolución CPS 0137 del 4 de mayo de 2010 la entidad modificó
la resolución anterior en el sentido de reconocer dicha pensión en cuantía de
$1.249.649 efectiva a partir del 1 de marzo de 2010, fecha del retiro de servicio.
3.5. La Unal expidió la Resolución FP0208 del 18 de julio de 2011, por la cual le negó
la reliquidación de la pensión de vejez con inclusión de los factores salariales
devengados durante el último año de servicio.
3.6. La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución FP-0329 del 3 de
octubre de 2011.
3.7. Contra las anteriores decisiones Gustavo Antonio Díaz Toro Díaz Toro presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
4 Providencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016,
SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU 631 de 2017 y T-039 de 2018.
5 Se advierte que los hechos fueron reconstruidos a partir de lo expuesto por el demandante, en
concordancia con los actos administrativos demandados y las pruebas obrantes en el expediente.
2
Radicado: 11001032500020200083600 (2541-2020)
Demandante: Fondo pensional de la Unal
3.8. El Juzgado 16 Administrativo de Descongestión de Bogotá conoció del asunto
en primera instancia y con fallo del 31 de mayo de 2013 ordenó reliquidar la
prestación con base en todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio.
3.9. El Fondo pensional de la Unal interpuso recurso de apelación en contra de esa
decisión y en sentencia del 20 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en Descongestión la confirmó.
Quedó ejecutoriada el 9 de septiembre de 2015.
3.10. La entidad dio cumplimiento al fallo a través de la Resolución FP0146 del 16 de
mayo de 2016 y, en consecuencia, reliquidó la prestación con un IBL
correspondiente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio,
en cuantía de $1.566.249, efectiva a partir del 1 de marzo de 2010.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, profirió sentencia el 20 de agosto de 2015 por medio de la cual
confirmó la providencia emitida el 31 de mayo de 2013 por el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Descongestión de Bogotá, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda6. En tal sentido ordenó lo siguiente:
«CONFÍRMASE la sentencia del treinta y uno (31) de mayo de dos mil trece (2013),
proferida por el Juzgado 16 Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá, que accedió a las súplicas de la demanda impetrada por […] Gustavo Antonio
Díaz Toro […] en contra de la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional de
la Universidad Nacional de Colombia y,
MODIFÍCASE el numeral 3° y 4° de la citada sentencia, los cuales quedarán así:
3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNASE a la Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional de la
Universidad Nacional de Colombia, a reliquidar la pensión de vejez de […] Gustavo
Antonio Díaz Toro […] de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 33 y 62 de 1985,
con el 75 % de todos los factores devengados en el último año de servicios, del 1.º de
marzo de 2009 al 28 de febrero de 2010, incluyendo los factores correspondientes a:
asignación básica, prima de antigüedad, las doceavas partes de la bonificación por
servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y los
ajustes de prima de vacaciones por retiro, prima de servicio por retiro, prima de navidad
por retiro y quinquenio por retiro (de manera proporcional), con efectividad desde el 01
de marzo de 2010.
4. Al momento de hacer la liquidación para pagar los valores resultantes de lo aquí
dispuesto, se tendrá en cuenta para descontar lo ya aceptado y recibido mediante el
valor anteriormente reconocido.
En el evento de no haberse pagado la totalidad de los aportes de ley, la entidad
demandada deberá realizar las compensaciones a que haya lugar al momento de pagar
las mesadas correspondientes, precisando además, que debe efectuarse los descuentos
a seguridad social – pensiones, sobre los factores salariales ordenados incluir, en el
evento de no haberlos efectuado y en la proporción que le corresponda al trabajador,
esto es, la indicada en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003 debidamente actualizados,
6 Samai índice 4. Expediente digital documento «ED-5-05 S188-D2Demanda-202082514125
(1).pdf». Páginas 185 a 245.
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Radicado: 11001032500020200083600 (2541-2020)
Demandante: Fondo pensional de la Unal
como se precisó en párrafos anteriores» (sic).
5. Para el efecto el tribunal se pronunció en los siguientes términos:
5.1. Mediante Resolución CPS 009 del 15 de enero de 2010, el Fondo pensional de
la Unal reconoció a Gustavo Antonio Díaz Toro una pensión mensual vitalicia de
vejez efectiva a partir del retiro definitivo del servicio, en cuantía de $1.225.146,
calculada sobre el promedio de lo devengado en los últimos 10 años y con los
factores previstos en el Decreto 1158 de 1994. Posteriormente, mediante
Resolución CPS 0137 del 4 de mayo de 2010 modificó el monto en $1.249.489; y
mediante las resoluciones FP 208 del 18 de julio de 2011 y FP 329 del 3 de octubre
de 2011 negó la reliquidación solicitada y confirmó dicha decisión.
5.2. Gustavo Antonio era beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por cuanto al 1 de abril de 1994 contaba con más de 15 años de
servicios, en consecuencia, para el reconocimiento y la reliquidación de la pensión
resultaban aplicables las leyes 33 y 62 de 1985, no solo en lo relativo a la edad y el
tiempo de servicio, sino también respecto del monto de la prestación y de los
factores salariales que debían integrar su liquidación, en virtud de los principios de
favorabilidad e inescindibilidad. Además, acreditó los requisitos exigidos por la Ley
33 de 1985, esto es, 20 años de servicios oficiales y 55 años de edad, razón por la
cual dicho régimen debía aplicarse de manera integral por resultar más favorable a
sus intereses.
5.3. Conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de
agosto de 20107, la expresión «salario» utilizada en la Ley 33 de 1985 comprende
no solo la asignación básica sino todos los emolumentos que constituyen retribución
habitual del servicio, siempre que hayan sido devengados durante el último año de
labores, por lo que la liquidación debía efectuarse con la totalidad de los factores
salariales percibidos en dicho período.
5.4. Comoquiera que en el último año de servicio devengó asignación básica,
doceavas partes de la bonificación por servicios prestados, primas de antigüedad,
de servicios, y de navidad, y los ajustes por retiro correspondientes a primas de
vacaciones, servicios, navidad y quinquenio; era procedente la reliquidación de la
pensión con el 75 % del promedio de lo devengado entre el 1 de marzo de 2009 y
el 28 de febrero de 2010, con inclusión de dichos factores. De otra parte, la
bonificación por recreación y la bonificación por recreación por retiro no podían
incluirse en la liquidación pensional, porque el artículo 15 del Decreto 2710 de 2001
les negó expresamente naturaleza salarial; tampoco las vacaciones, la
compensación de vacaciones ni la bonificación especial de bienestar universitario,
al no constituir retribución directa del servicio ni tener carácter salarial.
1.2. Causales de revisión invocada
6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:
7 Con radicado 25000232500020060750901 (0112-2009).
8 Samai índice 4. Expediente digital documento «ED-5-05 S188-D2Demanda-202082514125
(1).pdf». Página 43.
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Demandante: Fondo pensional de la Unal
6.1. La sentencia objeto de revisión ordenó reliquidar la pensión con el 75 % de todos
los factores devengados durante el último año de servicio, pese a que el artículo 48
de la Constitución Política, la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1158 de 1994 disponen
que las pensiones deben liquidarse únicamente con los factores que sirvieron de
base para efectuar cotizaciones. En consecuencia, la decisión desconoció el marco
constitucional y legal aplicable al régimen pensional de los empleados públicos
6.2. Los factores incluidos, tales como las bonificaciones por bienestar universitario,
especial de bienestar universitario, por recreación, el quinquenio y otros beneficios
creados por acuerdos del Consejo Superior Universitario, carecían de sustento legal
para integrar la base de liquidación pensional, pues no fueron establecidos por el
Congreso ni constituyeron factores de cotización al sistema de pensiones.
6.3. La providencia revisada vulneró los principios de legalidad, debido proceso,
igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional, al imponerle el
reconocimiento de una prestación superior a la legalmente debida y generar una
carga económica injustificada para el patrimonio público.
6.4. Además, para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda instancia
resultaba aplicable la interpretación fijada por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-230 de 2015, según la cual el ingreso base de liquidación no forma parte del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, debía
determinarse conforme con las reglas generales de dicha ley y no con base en el
promedio devengado durante el último año de servicio.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
7. Valentina y Marcela Díaz Arias se opusieron a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda, con fundamento en que no se configuraba la causal invocada
porque la inclusión de factores salariales como las bonificaciones por antigüedad,
de bienestar universitario, especial de recreación y el quinquenio en la liquidación
pensional había sido un asunto resuelto por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo mediante providencias ejecutoriadas. En consecuencia, afirmaron
que la entidad demandante pretendía reabrir un debate jurídico definitivamente
zanjado en el proceso ordinario9.
8. Propusieron las siguientes excepciones:
8.1. Improcedencia de la acción de revisión por desbordamiento de las causales
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 al no acreditarse una afectación
significativa a la sostenibilidad financiera del sistema pensional que justificara la
intervención excepcional del juez de revisión. La diferencia entre la mesada
reconocida en cumplimiento de las sentencias judiciales y aquella que estima
procedente el fondo pensional de la Unal ascendía aproximadamente a $341.103
mensuales, suma que, descartaba cualquier impacto desproporcionado o grave
sobre las finanzas del fondo. En todo caso, tienen una diversidad multifuncional,
circunstancia que imponía una especial protección constitucional que debía ser
considerada al momento de evaluar los efectos de una eventual modificación de los
derechos pensionales reconocidos judicialmente; y
9 Índice 26 de Samai.
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8.2. Prevalencia de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica en la medida
en que las sentencias cuya revisión se pretende se encuentran ejecutoriadas y
amparadas por dichos principios, razón por la cual no podían ser modificadas con
fundamento en cambios jurisprudenciales posteriores. Conforme con la
jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, las nuevas reglas sobre el
ingreso base de liquidación de las pensiones del régimen de transición tienen
aplicación respecto de asuntos pendientes de decisión, pero no frente a situaciones
definidas mediante sentencias que hicieron tránsito a cosa juzgada.
9. Ana Julia Pulido de Díaz no emitió pronunciamiento10.
1.4. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante esta Corporación11 solicitó que se infirmara la
sentencia recurrida con fundamento en que se había acreditado la causal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por incluir factores indebidos en la liquidación de
la pensión ante una incorrecta interpretación de las normas de transición.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
11. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA12.
12. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201913, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.3. Oportunidad
13. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
10 Tal como se deprende de la constancia secretarial del 29 de octubre de 2024 y el auto del 12 de
mayo de 2025. Índices 35 y 46.
11 Índice 10 de Samai.
12 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de
la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
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14. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 9 de
septiembre de 201514 y la presente acción fue radicada el 25 de agosto de 202015,
lo que permite concluir que su presentación fue oportuna.
2.4. Problema jurídico
15. Se circunscribe a establecer ¿si la sentencia que puso fin al proceso de nulidad
y restablecimiento adelantado por Gustavo Antonio Díaz Toro contra el fondo
pensional de la Unal reconoció una prestación cuya cuantía excedía lo debido
conforme a la ley, al acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se
configuraban los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.5. Marco normativo
2.5.1. Sobre la acción especial de revisión
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 16 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con
sus competencias.
17. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
18. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen17.
19. Respecto de la causal prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce
una prestación por un monto que no corresponde a lo legal o convencionalmente
establecido.
20. La finalidadde dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
14 Notificada por edicto del 2 de septiembre de 2015 desfijado el 4 siguiente. Cuyo término de
ejecutoria transcurrió entre el 7 y 9 de septiembre de 2015. Página 247.
15 Índice 3 de Samai.
16 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
17 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.
21. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes18:
«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social,
así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los
aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de
aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley, o
en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo con
las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».
22. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»19.
23. En efecto, las Salas Especiales de Decisión de esta corporación 20 han admitido
18 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio
de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
19 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,
radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, sentencia del 2 de julio de 2019, radicado 11001-
03-15-000-2017-00744-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicado: 11001032500020200083600 (2541-2020)
Demandante: Fondo pensional de la Unal
expresamente que la Ugpp está legitimada para promover la revisión de
providencias judiciales que hayan ordenado reconocer pensiones. Además, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado,
según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales
se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del
12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los
asuntos que tenía a cargo Cajanal».
24. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»21.
2.5.2. Efectos de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado
25. La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201822 fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el ingreso base de
liquidación (IBL) en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
para los beneficiarios de la Ley 33 de 1985:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
26. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».
27. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional «[t]ales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló
la Sala:
«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
22 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.
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Demandante: Fondo pensional de la Unal
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».
28. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:
«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE».
29. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes
argumentos:
«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».
30. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el ingreso base
de liquidación (IBL) para quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».
31. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
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Radicado: 11001032500020200083600 (2541-2020)
Demandante: Fondo pensional de la Unal
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.
32. Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente
vinculante y obligatorio23 en la resolución de «todos los casos pendientes de solución
tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.
2.6. Caso concreto
33. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente.
34. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, esto es cuando «la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», la Sala encuentra que para el momento en que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, profirió la decisión objeto de revisión, el criterio que acogía el
Consejo de Estado en relación con el IBL de las pensiones reconocidas en
aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 era el expuesto en la
sentencia del 4 de agosto de 201024, según la cual, la expresión «monto», contenida
en el artículo 36 ibidem, comprendía «aquellas sumas que percibe el trabajador de
manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé».
35. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás ha fijado reglas según las cuales el IBL no hace parte del régimen
de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte Constitucional a
partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica para el caso de
las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.
36. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la Sala
considera que la sentencia proferida el 20 de agosto de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, no fue caprichosa y por el contrario respetó los derroteros
jurisprudenciales que para la época había trazado el Consejo de Estado como
23 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado
25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09), MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Demandante: Fondo pensional de la Unal
máximo tribunal de lo Contencioso-administrativo y órgano de cierre de la
jurisdicción.
37. Lo anterior es así, toda vez que para concluir que el IBL también hacía parte del
régimen de transición se fundamentó en la referida sentencia del 4 de agosto de
2010, la cual señaló que «cuando se aplica el régimen de transición es preciso recurrir
a la normatividad correspondiente en su integridad, sin desconocer ninguno de los
aspectos inherentes al reconocimiento y goce efectivo del derecho», en especial, cuando
ello resulta más favorable para el beneficiario de la prestación; de manera que fue
respetuosa de la tesis jurisprudencial que había decantado la Sección Segunda del
Consejo de Estado para la época.
38. En efecto, el criterio del Consejo de Estado sólo se modificó con la expedición
de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es claro que
para la época en que se expidió la sentencia recurrida [20 de agosto de 2015], la
posición era que las pensiones de los servidores públicos debían liquidarse
teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la consideración
de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el principio de la
inescindibilidad de la norma.
39. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en Descongestión, confirmó parcialmente la decisión de primera
instancia emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
ordenó que la pensión de jubilación de Gustavo Antonio Díaz Toro se reliquidara
con la inclusión de: la asignación básica, las doceavas partes de la bonificación por
servicios prestados, las primas de antigüedad, de servicios, de navidad, y los
ajustes por retiro correspondientes a primas de vacaciones, servicios, navidad y
quinquenio.
40. En relación con lo anterior, se advierte que el tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo particular
dispuso:
«[E]n sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de fecha 4 de
agosto de 2010 […] se concluyó que la lista de los factores salariales incluida en el artículo
3º de la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 de 1985, no es taxativa, puesto que una
Interpretación taxativa de la norma constituye una regresividad en los derechos sociales de
los ciudadanos y vulnera los principios de progresividad, igualdad y de primacía de la
realidad sobre las formalidades.
Razón por la cual, se deben incluir todos los factores que constituyan salario, es decir,
aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se
les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales
y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, Incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo
para señalar algunos factores de salario, tal como lo indicó en aquella oportunidad el
máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
[…] en lo relacionado con los factores salariales devengados por la parte activa en el último
año de servicios, se encuentra acreditado por la Gobernación de Córdoba el certificado N°
0698 que reposa a fl. 17 y 18 del plenario, que el Sr. Julio Jerónimo Rangel Martínez durante
el último año de servicio comprendido entre el 29 de marzo de 1998 y el 29 de marzo de
1999; además, en el mismo certificado se encuentran probados cuales fueron los
emolumentos devengados durante el último año de servicios.
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Motivo por el que resulta pertinente que tal como lo realizó el A- quo, se decrete la nulidad
parcial de los actos administrativos impugnados, […] y se ordene a la UGPP reliquidar la
pensión del actor con la inclusión de los factores devengados durante el último año de
servicios, que de conformidad con la ley y la jurisprudencia citadas se deban tener en
cuenta para el cómputo de la pensión.
Así mismo, cabe recalcar que en el sub lite corresponde darle aplicación en su integridad
al régimen establecido en la Ley 33 de 1985, por lo que la liquidación de la pensión debe
efectuarse conforme los factores enlistados en el artículo 3º de dicha ley y la consecuente
Ley 62 de 1985, listado que […] no es taxativo y por lo tanto, se debe tener en cuenta para
efectos de la reliquidación pensional aquellas partidas que comporten una contraprestación
directa por sus servicios y siempre que se reciban habitualmente, para el caso además de
la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones, prima
de navidad, prima anual de servicio y prima de alimentación anual.
[…] en tratándose de la prima de navidad y de la prima de vacaciones, deben ser tenidas
en cuenta pese a no encontrarse concebidas como factor salarial, por el principio de no
regresividad en materia laboral desarrollado por la Jurisprudencia de marras, ya que en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, norma anterior a la Ley 33 de 1985, venla enlistado
como factor de salario, para efectos de reconocer y pagar las pensiones de los empleados
públicos y trabajadores oficiales.
Así las cosas […] es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante
Sr. Julio Jerónimo Rangel Martínez con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, esto es,
con el salario promedio devengado durante el último año de servicios comprendido entre el
29 de marzo de 1998 y el 29 de marzo de 1999. Con base en lo dispuesto en la Ley 33 de
1985».
41. Ahora bien, la Sala encuentra acreditado que:
41.1. Gustavo Antonio Díaz Toro nació el 7 de septiembre de 1954 25. Prestó sus
servicios a la Unal desde el 28 de julio de 1976 hasta el 28 de febrero de 201026; en
consecuencia, al 1 de abril de 1994 [entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones] contaba con más de 15 años de servicios, por lo que era beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; además,
consolidó su estatus pensional el 7 de septiembre de 2009, al cumplir 55 años de
edad y acreditar más de 20 años de servicios oficiales.
41.2. Por medio de la Resolución 0009 del 15 de enero de 2010 la Caja de Previsión
Social de la Unal le reconoció a Gustavo Antonio Díaz Toro una pensión de vejez
en cuantía de $1.225.146 efectiva a partir de la demostración del retiro del servicio.
La liquidación de la prestación la realizó teniendo en cuenta el 75% del promedio de
lo devengado durante los últimos 10 años anteriores al 30 de noviembre de 201027.
41.3. A través de la Resolución 0137 del 4 de mayo de 2010 la entidad modificó la
resolución anterior en el sentido de reconocer dicha pensión en cuantía de
$1.249.649 efectiva a partir del 1 de marzo de 2010, fecha del retiro de servicio. La
reliquidación de la prestación la realizó teniendo en cuenta el 75% del promedio de
lo devengado durante los últimos 10 años anteriores a dicha data28.
41.4. Posteriormente, mediante la Resolución FP0208 del 18 de julio de 2011, negó
25 Según el registro civil de nacimiento. Página 67.
26 Página 253.
27 Páginas 79 y 80.
28 Páginas 79 y 80.
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la reliquidación de la pensión con inclusión de los factores salariales devengados
durante el último año de servicio. Lo anterior, con fundamento en que la pensión
debía liquidarse únicamente con los factores salariales previstos en la Ley 33 de
1985 y el Decreto 1158 de 1994, por ser aquellos sobre los cuales se efectuaron
aportes para pensión, sin que fuera posible incluir factores no previstos en dicho
régimen. No obstante, indicó que, al reliquidar la prestación con aplicación integral
de la Ley 33 de 1985, esto es, con base en el 75 % del promedio de lo devengado
durante el último año de servicio, se obtenía una mesada de $1.210.875, razón por
la cual mantuvo la suma reconocida de $1.247.511 por resultar más favorable al
pensionado29.
41.5. Con Resolución FP-0329 del 3 de octubre de 2011 confirmó la decisión anterior
al considerar que la pensión debía liquidarse con los factores salariales que sirvieron
de base para los aportes, conforme con la Ley 33 de 1985 y el Decreto 1158 de
1994, sin que resultara procedente aplicar una tasa de reemplazo del 80 % ni incluir
factores adicionales a los previstos en dicho régimen30.
41.6. En cumplimiento de la sentencia proferida el 20 de agosto de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, el fondo pensional de la Unal expidió la Resolución FP0146 del 16
de mayo de 2016 por medio de la cual reliquidó la pensión con el 75% del promedio
de los salarios devengados durante el último año de servicio en cuantía de
$1.566.249, efectiva a partir del 1 de marzo de 2010. Al efecto incluyó la asignación
básica, las primas de antigüedad, de servicios, de navidad, de vacaciones, la
bonificación por servicios prestados y el quinquenio. Asimismo, reconoció un
retroactivo pensional y efectuó los descuentos correspondientes por concepto de
aportes al sistema de pensiones y de seguridad social sobre los factores salariales
incluidos en la liquidación31.
42. De igual forma, se encuentra que en el expediente administrativo obra
certificación del 16 de octubre de 201532 expedida por la Dirección Nacional de
Personal Académico y Administrativo de la División Nacional Salarial y Prestacional
de la Unal, en la que consta que Gustavo Antonio Díaz Toro percibió durante el
último año de servicio, los siguientes conceptos:
i) Asignación básica
ii) Prima de antigüedad
iii) Bonificación bienestar universitario
iv) Bonificación servicios prestados
v) Prima de servicios
vi) Prima de navidad
vii) Compensación vacaciones por retiro
viii)Prima de vacaciones por retiro
ix) Bonificación especial de recreación por retiro
x) Prima de servicios por retiro
29 Páginas 125 a 128.
30 Páginas 133 y 134.
31 Páginas 379 a 386.
32 Samai índice 4. Expediente digital documento «ED-5-05 S188-D2Demanda-202082514125
(1).pdf» Páginas 249 a 251. En adelante solo hará mención a la página del documento en el la que
se encuentre la respectiva prueba.
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xi) Prima de navidad por retiro
xii) Quinquenio por retiro.
43. Ahora bien, contrario a lo señalado por la entidad recurrente, el tribunal no ordenó
la inclusión de factores como las bonificaciones por bienestar universitario, especial
de bienestar universitario y por recreación. En efecto, determinó que las dos
primeras no podían integrar la liquidación pensional, pues las disposiciones que las
regularon les negaron expresamente naturaleza salarial y, además, precisó que los
acuerdos expedidos por la entidad demandada no podían regular lo concerniente a
las prestaciones sociales de los empleados públicos, por tratarse de una materia
reservada a la ley. De otra parte, respecto de la bonificación por recreación, no
dispuso su inclusión dentro de la base de liquidación pensional, pues recordó que
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 se indicó que esta no
constituía factor salarial para efectos prestacionales; de manera que el reparo
formulado por la entidad recurrente carece de sustento. Conviene precisar que estas
bonificaciones tampoco fueron incluidas en la liquidación en virtud de la cual se dio
cumplimiento a la orden judicial.
44. Finalmente, encuanto al quinquenio por retiro, ordenó la inclusión de este
concepto al considerar que «son primas que constituyen factor salarial pues fueron
devengadas en el periodo del año 2010 […] y que no son distintos a los factores de primas
de navidad y de vacaciones, sino que son liquidados en el mes de febrero al retirarse del
servicio el demandante»; cuya incorporación debía efectuarse dividiendo el valor total
del emolumento entre los 5 años en que se causó, y a su vez debía dividirlo en
doceavas partes, tal y como se dispuso en sentencia del 14 de septiembre de 2011,
proferida por esta corporación33.
45. Así entonces, contrario a lo alegado por el recurrente, el juez de conocimiento
aplicó el criterio jurisprudencial adecuado y desarrollado por el Consejo de Estado,
máximo órgano de lo Contencioso-Administrativo, luego de considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, preceptos
allí contenidos que se acompasaban en mayor medida con los principios de igualdad
material, inescindibilidad normativa y favorabilidad en materia de derechos
laborales. Por lo tanto, no se advierte una actuación caprichosa, arbitraria o
contraria a derecho, por el contrario, se encuentra razonablemente sustentada y
fundamentada.
46. Además, se encuentra acreditado que los factores salariales cuya inclusión fue
ordenada por las sentencias objeto de revisión correspondían a conceptos
efectivamente devengados por el demandado durante el último año de servicio y
que, además, sobre ellos se ordenó los descuentos pertinentes por concepto de
aportes al sistema de seguridad social.
47. En consecuencia, la reliquidación efectuada en virtud del fallo proferido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, sobre la pensión de vejez reconocida a Gustavo Antonio Díaz Toro,
no evidencia un incremento desproporcionado o ajeno a su realidad salarial y
laboral, pues la liquidación de la pensión no excedió lo debido de acuerdo con la
33 Al efecto citó la sentencia proferida dentro del proceso identificado con el radicado 25000-23-25-
000-2010-00031-01- (0899-2011), MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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ley, pues se demostró que i) el demandado era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; ii) durante el último año
de servicio percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la
reliquidación de la pensión; y iii) sobre dichos factores se efectuaron los descuentos
correspondientes por concepto de aportes al sistema de seguridad social.
48. Finalmente, valga precisar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 la Sala
Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación serían
obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial, por lo que
resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada,
en garantía del principio de seguridad jurídica, pues « (n)o puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o
fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis, será el juez,
en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal invocada».
49. Por lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 20 de agosto de 2015
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en Descongestión no incurrió en la causal de revisión prevista en el
literal b) de la Ley 797 de 2003, por lo que se declarará infundada la acción de
revisión interpuesta por la Ugpp.
2.7. Costas
50. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá sobre
la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el estudio
de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es la señalada en el literal b) del artículo
20 de la ley 797 de 2003, razón por la cual se declarará infundada la acción de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo Pensional
de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en
Descongestión, el 20 de agosto de 2015, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
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Demandante: Fondo pensional de la Unal
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
FNM
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