RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00843-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00843-00

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00843-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 respecto de la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1 que accedió a las súplicas de la demanda ordinaria, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Sin condena en costas. 14 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020) Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción especial de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00843-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN ART. 20 LEY 797 DE 2003
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)
Demandante: Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Demandada: Héctor Delfín Ávila Pineda

Temas: Artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Causal de revisión prevista
en el literal b). Reliquidación pensión de jubilación.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide la acción de revisión interpuesta por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público contra la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm.
1, la cual accedió a las pretensiones dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, promovido por el señor Héctor Delfín Ávila Pineda.

ANTECEDENTES

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interpuso la acción especial de revisión
establecida en la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del 27 de agosto de 2015,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala
de Decisión núm. 1, para lo cual invocó la causal contenida en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003, que permite la revisión de providencias judiciales
ejecutoriadas «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el señor Héctor Delfín Ávila Pineda, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones (en adelante COLPENSIONES), con el fin de obtener la
nulidad parcial de la Resolución N°GNR 096415 del 16 de mayo de 2013 y la nulidad
total de la Resolución N°VPB 6779 del 8 de mayo de 2014, por medio de las cuales
se reconoció la pensión de jubilación sin la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios y se resolvió de forma negativa el recurso
de apelación contra el primer acto, respectivamente.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Que como consecuencia de lo anterior solicitó condenar a la entidad demandada a:
i) reliquidar la mesada pensional en un monto equivalente al 75% de todos los
factores devengados durante el último año de servicio, ii) reconocer y pagar las
sumas debidas en forma indexada y los intereses moratorios, de acuerdo con el
artículo 192 del CPACA; y iv) cancelar las costas que resulten en el proceso.

Que el 27 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de
Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, en audiencia inicial, profirió sentencia de primera
instancia en la que accedió a las pretensiones; decisión que quedó ejecutoriada al
no haber sido objeto de recursos.

El 9 de febrero de 2016, COLPENSIONES procedió a emitir la Resolución N°GNR
42908, por medio de la cual se reliquidó la pensión de vejez a favor del señor Héctor
Delfín Ávila Pineda y se dio cumplimiento a la orden judicial mencionada, arrojando
una mesada pensional equivalente a la suma de $2.500.271 a partir 24 de mayo de
2013, con un retroactivo pensional por valor de $ 55.394.830.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

En la sentencia del 27 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, accedió a las súplicas de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Héctor
Delfín Ávila Pineda. En consecuencia, expresó que el demandante se encuentra
cobijado por el régimen de transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
pues al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la ley) contaba con 18
años de servicio.

En este sentido, en lo concerniente a la pensión de cara con las disposiciones
contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985 y, en aplicación del criterio desarrollado
por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010, indicó que le
resulta aplicable la Ley 33 de 1985 de forma integral e inescindible, es decir, las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto que aquella prevé, con inclusión
de todas aquellas sumas devengadas por el trabajador de manera habitual y
periódica como contraprestación directa de sus servicios, independientemente de
la denominación que se les dé.

Que, los viáticos fueron incluido en la medida que el actor los devengó por un total
de 265 días, es decir, por un tiempo superior al mínimo establecido por el literal i
del artículo 45 del Decreto N°1045 de 1978, lo cual le da el carácter de salario;
ordenando los respectivos descuentos al Sistema de Seguridad Social, en caso de
no haberse efectuado.

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio del mecanismo establecido
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, presentó acción de revisión al considerar

2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

que la sentencia está incursa en la causal b) del artículo 20 de la citada legislación.

Indicó que la decisión objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, al
haberse accedido a una reliquidación pensional en contravía de lo dispuesto por
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y que la Resolución N°GNR 096415 del
16 de mayo de 2013, efectuó la liquidación de conformidad con la normatividad
aplicable.

Que, el señor Héctor Delfín Ávila Pineda al estar cobijado por el régimen de
transición, dado que tenía más de 40 años de edad y 18 años de labor al momento
de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social, tenía derecho
al reconocimiento de la pensión bajo las condiciones de edad, tiempo de servicio y
monto previstas por la Ley 33 de 1985, salvo en lo que tiene que ver con el IBL, el
cual se encuentra regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1º
del Decreto 1158 de 1994, tal y como lo ha interpretado la Corte Constitucional,
entre otras, en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015,
que se constituía en precedente obligatorio y prevalente para los jueces.

Que, con la decisión judicial cuestionada, se afecta gravemente la sostenibilidad
financiera del sistema, porque la mesada pensional se incrementó en un 211%, sin
que exista justificación legal ni jurisprudencial para ello, con lo cual tal situación se
traduce en un abuso palmario del derecho.

Contestación de la acción especial de revisión

El señor Héctor Delfín Ávila Pineda, por intermedio de apoderado judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda, al señalar que el fallo emitido dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho atendió la Ley 33 de 1985, normativa que
le era aplicable y a la sentencia del 4 de agosto de 2010, que contenía la tesis
vigente del Consejo de Estado, la cual desarrolla en mayor medida los principios de
progresividad, no regresividad y favorabilidad.

Que, según lo previsto en el artículo 10 del CPACA la sentencia del 4 de agosto de
2010, emitida por el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para los jueces,
de ahí que el Tribunal Administrativo de Boyacá haya acogido el criterio en ella
desarrollado para resolver el caso puesto en su conocimiento.

Adujo que, la acción de revisión no es un mecanismo para remediar las falencias u
omisiones que tuvieron lugar ante los jueces de instancia, así como tampoco para
controvertir la interpretación que estos efectuaron sobre las normas que rigen el sub
examine.

Que, al estar cobijado por el régimen de transición, dado que tenía más de 15 años
de servicio al momento de la entrada en vigor del Sistema General de Seguridad
Social, tiene derecho a que se reconozca su pensión de conformidad con los
presupuestos contenidos en la Ley 33 de 1985, la cual debe aplicarse de forma

3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

integral e inescindible. Así lo sostuvo no solo el Consejo de Estado, en el proveído
referido en precedencia, sino también la Corte Constitucional a través de las
providencias T-631 de 2002, T-169 de 2003, T-651 de 2004, T-158 de 2006, T-251
de 2007, T-101 de 2008 y T-180 de 2008.

Expresó que en el presente asunto se configuran las excepciones denominadas
«improcedencia de la acción de revisión», «cosa juzgada» y «falta de agotamiento
del recurso de apelación».

Concepto del Ministerio Público

La señora Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que la parte demandada en su intervención solicitó se declarará
la improcedencia la acción especial de revisión, la Sala entrará, previa formulación
del problema jurídico, a examinar esta cuestión.

Cuestión previa

La Subsección precisa que, si bien no se desconoce que ni para el recurso
extraordinario de revisión ni para la acción especial de revisión el CPACA prevé la
posibilidad de proponer excepciones previas, se estima pertinente abordar los
argumentos relativos a la cosa juzgada y a la falta de interposición del recurso de
apelación en contra de la decisión objeto de revisión, en la medida que hacen parte
de los argumentos de defensa del pensionado.

En criterio del demandado la acción no procede porque la decisión atacada se
encuentra debidamente ejecutoriada y la entidad pensional no presentó recurso de
apelación, dentro del cual pudo manifestar los razonamientos que hoy expone a
través del mecanismo especial.

Respecto al fenómeno de la cosa juzgada, es preciso recordar que el fin de la acción
especial de revisión es invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que se
encuentra ejecutoriada1 y perseguir el restablecimiento del criterio de justicia
material y la supremacía de las garantías procesales, cuando éstas han sido
lesionadas en una decisión judicial que fue afectada por situaciones que no pudieron
ser contempladas en el curso procesal y, por ende, constituye una excepción al

1
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A. 15 de marzo de
2018. Radicación: 1001-03-25-000-2014-00862-00. Interno: 2668-2014. Recurrente: Horacio Chala.
Demandado.

4

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

principio de la cosa juzgada2, entendido éste como fundamento esencial del
ordenamiento jurídico y garantía del debido proceso.
De ahí que, contrario a lo expuesto por el pensionado, el que la sentencia del 27 de
agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de
Oralidad, Sala de Decisión núm. 1, se encuentre ejecutoriada no impide que se
efectúe un pronunciamiento de fondo, pues precisamente la acción de revisión esta
instituida para examinar providencias de las que se predica la cosa juzgada.

En consecuencia, no le asiste razón al demandado cuando afirma que la decisión
no puede ser objeto de revisión por haber operado la cosa juzgada.

Ahora, frente a la falta de interposición del recurso de apelación, encuentra la Sala
que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que pueden ser objeto de revisión
las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que
impongan al tesoro público o a fondo de similar naturaleza la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones, sin delimitar si ello se refiere solo a las
sentencias de única, primera o segunda instancia, así como tampoco si para su
interposición es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios contra la
decisión objeto de revisión.

Por consiguiente, de una lectura armónica de la norma referida y el artículo 248 del
CPACA, es razonable concluir que la acción especial de revisión: i) procede contra
las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos y, ii) no
prevé como un requisito para su procedencia que se hayan interpuesto los recursos
ordinarios en contra de la decisión que se pretende revisar.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-520 de 20093, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 185 del Código Contencioso Administrativo, que si
bien no es la norma que en materia sustancial rige el presente caso, lo cierto es
que, el análisis efectuado con respecto a ella es aplicable al artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto ambas disposiciones guardan identidad, aseveró que no
resulta compatible «con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se
exija la interposición de un recurso de apelación como condición procesal para
acceder al recurso extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales
del recurso extraordinario, la mayoría referidas a hechos no conocidos al momento
en que se dicta la sentencia, no resulta jurídicamente viable sujetar el ejercicio de
recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza ordinaria».

2 La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en una

sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la
finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad jurídica. En términos
de esta corporación es un fenómeno jurídico de «[…] carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir
en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia […]». Consejo De Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, treinta (30) de noviembre de dos mil
diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-25-000-2010-01147-01(1365-14).
3 Sentencia del 4 de agosto de 2009.

5

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Así las cosas, teniendo en cuenta que tal exigencia no se encuentra prevista en las
Leyes 797 de 2003 y 1437 de 2011, para la revisión de providencias que imponen
el pago de prestaciones periódicas a cargo del erario o de entidades de naturaleza
pública no es posible para el juez incluirla so pena de entorpecer el acceso a la
administración de justicia, vulnerar el derecho al debido proceso y desconocer la
finalidad de este mecanismo extraordinario, que no es otra que buscar la verdad
material y proteger el Tesoro público.

De conformidad con las anteriores razones, la Subsección advierte que el hecho de
no interponer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 27 de agosto
de 2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho núm. 3 de Oralidad,
Sala de Decisión núm. 1, no impide a la parte interesada solicitar posteriormente la
revisión de tal providencia.

Por las razones expuestas, los argumentos propuestos por la parte demandada no
son de recibo y, en consecuencia, se entrará a estudiar de fondo el asunto.

Problema jurídico

Deberá resolver la Subsección si se configuran las causales de revisión alegadas
por la entidad demandante, esto es, si la reliquidación de la pensión jubilación del
señor Héctor Delfín Ávila Pineda, como beneficiario del régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, con la inclusión del 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, excedió lo debido conforme a lo previsto
por la Ley.

Para el efecto, la Sala hará referencia a: i) Generalidades del recurso extraordinario
de revisión, ii) Causal de revisión invocada en la demanda; iii) aspectos
jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación y iv) se examinará el
caso concreto.

Generalidades de la acción especial de revisión

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 1, habilitó al Gobierno para que
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador
General de la Nación, así como las entidades que realizan el reconocimiento de
pensiones4 formulara la revisión de las providencias judiciales que imponen al
tesoro público o a fondos de naturaleza pública el cubrimiento de sumas periódicas
o pensiones de cualquier naturaleza.

Conviene precisar que, está acción tal como el recurso extraordinario de revisión
tiende a invalidar los efectos jurídicos de una sentencia que ya se encuentra
ejecutoriada, por eso se presenta como una excepción al principio de la cosa

4 Corte Constitucional, Sentencia SU-427 de 2016.

6

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

juzgada y las causales para su procedencia están establecidas taxativamente en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Aunque es cierto la acción de revisión contemplada por el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, por expresa disposición legal se rige por el procedimiento establecido para
el recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que al interior de la jurisdicción
contenciosa administrativa ha sido considerada como una acción especial 5 por al
menos tres razones: su finalidad, las causales para su procedencia y la calificación
en quien está habilitado para ejercer la acción.

En cuanto a su finalidad, esta Corporación ha señalado que consiste en dotar «(...) a
las entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, de una herramienta
judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se encuadren en
dichas causales (…)»6. Frente a las causales para interponer el recurso se advierte
que son aquellas establecidas taxativamente en los artículos 250 del CPACA y 20
de la Ley 797 de 2003 y que solo aquellos sujetos indicados en el inciso primero de
la norma pueden ejercer la acción.

En lo que respecta a la procedibilidad de la acción la jurisprudencia ha advertido que
son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro tipo
de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación7.

Conviene señalar que la norma fue creada para contrarrestar los graves casos de
corrupción y los impactos fiscales en el erario público por los reconocimientos
pensionales de manera irregular. La acción de revisión no fue creada para reabrir el
debate probatorio, sino que su propósito radica en la facultad de revisar judicialmente
las pensiones que se hayan sido reconocidas con violación al debido proceso y/o
liquidadas por un valor discordante con lo ordenado por la ley.

Así, el fin principal está en salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su
legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la
liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el
principio de universalidad que lo inspira8.

Causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

5
Para tales efectos la providencia del 27 de marzo de 2014, radicado : 11001-03-25-000-2012-00561-00 (2129-
12), CP: Gerardo Arenas Monsalve, estableció: es claro que las particularidades de la “acción especial de
revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una entidad propia, que se refleja
principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de control
–Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya
revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el
fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”
6 Ibidem.
7
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia
del 1° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)

7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público invocó como sustento de
la acción de revisión la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, el cual dispone:

« b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables .».

Para el análisis de la causal antes mencionada, corresponde al juez determinar si los
supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por el recurrente encuadran en dentro de
contenido en ella dispuesto por el legislador, para dilucidar si la prestación
reconocida fue irregularmente otorgada o contraria a lo previsto y ordenado en la
ley.

Con fines metodológicos se realizará una exposición sucinta de la causal especial
aludida.

Acerca de la segunda causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
mencionada ley, a saber, aquella relativa a la liquidación de la pensión sobre una
cuantía excesiva, se señala que la exposición de motivos del proyecto que
direccionó la expedición de la Ley 797 de 2003, obedeció precisamente a la
necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables
y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]» 9. De igual
manera, se advierte que se manifestó en dicha ocasión por parte del Gobierno
Nacional y se estudió por parte del Congreso de la República la conveniencia de
establecer un mecanismo para revisar las pensiones irregularmente otorgadas o por
montos que no establece la ley, con el fin de «[…] afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar los grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación.
[…]»

Nótese que el principal objetivo del artículo 20 ibidem estaba dirigido a reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos que
permitiera la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes.

Aspectos jurisprudenciales y normativos sobre la pensión de jubilación

La Ley 100 de 1993, «por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones», en su artículo 36, consagró un régimen de transición
en materia pensional, con la finalidad de proteger al grupo de personas que estaban
próximas a adquirir su derecho a la pensión bajo los regímenes pensionales que
quedarían derogados con su entrada en vigencia, en el sentido de mantenerles
algunos de los presupuestos para acceder a la pensión en condiciones particulares
más favorables.

9 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222

8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

«Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez continuará
en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2
años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si
son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas
personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones
contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en
el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les
hiciere falta fuese igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la
presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo
devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado
y de un (1) año para los servidores públicos.[…]».

Si bien, la misma ley indicó que los requisitos de edad, tiempo y monto son los
indicados en el régimen anterior al cual la persona se encontraba afiliada, dispuso
que las demás condiciones y requisitos deben cumplirse en su integridad bajo la
Ley 100 de 1993, toda vez que la pensión se adquiere es en vigencia de esta ley.

En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras, la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen
especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en la Ley
100 de 1993, considerando que el régimen de transición sólo incluye edad, monto y
tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el
régimen general de la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.

Esta situación implicó contradicción en cuanto a los precedentes aplicables, pues,
de un lado, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el IBL lo constituían los
factores salariales devengados en el último año de acuerdo con la posición unificada
por la Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de 2010; mientras que la Corte
Constitucional indicó que aquel estaba constituido por los factores salariales
devengados en los últimos 10 años.

Ante esa disparidad de criterios, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas
reglas y subreglas.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida
sentencia de unificación es:

9

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.».

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en
los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.».

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 de la ley citada, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa.

En atención a lo expuesto, se procede a resolver el caso concreto a la luz de dichos
parámetros.

CASO CONCRETO

Con el propósito de proferir un pronunciamiento sobre el particular, ha de tenerse
en cuenta, en primer lugar, que lo pretendido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho del que resultó la sentencia objeto de reparo fue la
reliquidación de la pensión de jubilación del señor Héctor Delfín Ávila Pineda con el
ingreso base de liquidación señalado en la Ley 33 de 1985.

Para el análisis de la causal invocada, corresponde al juez determinar si los
supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro

10

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

del contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable
evaluar el fondo del asunto planteado.

Advierte la Sala que los planteamientos enunciados en el recurso están referidos a
exponer en qué consiste la afectación del patrimonio público, toda vez que el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece expresamente la diferencia
monetaria y porcentual existente entre el monto sobre el cual fue reconocida la
prestación periódica y aquel sobre el que debió haber sido liquidada.

Al respecto, señala la entidad recurrente que COLPENSIONES desembolsa
actualmente a favor del señor Ávila Pineda, una mesada pensional equivalente a
$3.325.634 mte., valor que confrontado con la liquidación de la mesada que en
derecho le correspondería, la cual ascendía en el año 2020 a la suma de $1.068.796
mte., genera un exceso del 211% de la pensión ($2.256.838 mensuales); situación
que constituye un menoscabo de los recursos públicos de la seguridad social y que
“a futuro [ocasionaría un] detrimento patrimonial [que] equivaldría a (…)
($483.096.851)”.

Por consiguiente, al haberse expuesto al menos de manera sucinta la presunta
afectación al patrimonio público, la parte demandante efectivamente se encuentra
facultada para cuestionar la presunción de veracidad que cobija la decisión
deprecada pues indica de manera precisa y razonada la causal aludida, lo que a su
vez habilita a esta Corporación a continuar con el estudio del asunto. De ahí que
se pasará a examinar, si en el caso concreto, se configura la consecuencia procesal
prevista en el precepto normativo mencionado, es decir, si el quantum de la pensión
desbordó el límite legalmente establecido y si el mismo se dio a causa de la indebida
aplicación del precedente jurisprudencial.

Del material probatorio obrante en el expediente puede inferirse que el señor Héctor
Delfín Ávila Pineda nació el 4 de septiembre de 195410 y prestó sus servicios al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) desde el 28 de agosto de 197511 hasta
el 2 de mayo de 201312; el último cargo que ocupó fue el de oficial de catastro,
código 3110, grado 7, conforme a ello, para el 1 de abril de 1994 tenía 39 años y
contaba con más de 15 años de servicio, condición que lo acredita beneficiario del
régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Lo anterior
implica que adquirió el estatus de pensionado el 4 de septiembre de 2009, cuando
cumplió 55 años.

Adicionalmente, en el último año de servicios laborado entre el 2 de mayo de 2012
y el 1 de mayo de 2013, devengó además de la asignación básica, la prima de

10 Conforme a la copia simple de su cédula de ciudadanía, visible en el documento denominado « ED-6-

06CÉDULA - 4125946.pdf(.p df) NroActua 3» obrante en el índice 3 de SAMAI. También
11 Tal como consta en el documento denominado «ED-7-07CERTIFICACIÓN DE APORTE S - 4125946.pdf(.pdf)

NroActua 3» obrante en el índice 3 de SAMAI.
12 De conformidad con la Resolución GNR 096415 del 16 de mayo de 2014 visible en el documento denominado

«D110010325000202000843001EXPEDIENTEDIGITAL2020930113556_ED-14-14RESOLUCIONES
COLPENSIONES» y la Resolución 0008, visible en el documento electrónico
«D110010325000202000843001EXPEDIENTEDIGITAL2020930113333_ED-5-05ACTO ADMINISTRATIVO
DE RETIRO»-obrantes en el índice 3 de SAMAI.

11

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

antigüedad, el subsidio de transporte, el subsidio de alimentos, la bonificación por
servicios, la prima de junio, la prima de diciembre y los viáticos13, por lo que el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm.
1, ordenó incluirlos de manera integral, a excepción del salario vacaciones, el
reconocimiento por permanencia y el bono extraordinario, por no constituir factor
salarial, haber sido creado por acuerdo distrital y al instituirse como un emolumento
para recibir por única vez, respectivamente.

Sobre el particular, debe precisarse que, ante la disparidad de criterios frente al
Ingreso Base de Liquidación de las pensiones reguladas por el régimen de
transición, la Sección Segunda del Consejo de Estado expidió sentencia de
unificación el 4 de agosto de 2010, precisando que los beneficiarios del régimen de
transición tenían derecho a que la mesada pensional se liquide incluyendo todos los
factores salariales que percibieron en el último año de servicio; considerando que la
alusión que hace la norma a dicho aspecto es meramente enunciativa y no taxativa.
Es decir que, el IBL de la prestación económica se regía por la normativa anterior y
no conforme a lo regulado en la Ley 100 de 1993.

Nótese que, dicha decisión resultó fundamental para el ejercicio de la autonomía e
independencia judicial en el análisis y resolución de los casos, puesto que las
mencionadas interpretaciones fueron aplicadas por las distintas autoridades
judiciales del orden nacional, tal y como sucedió con la sentencia objeto de revisión,
la cual se apegó a este precedente vertical y siguiendo esa directriz, dispuso que
en la mesada del hoy demandado se incluyeran todos los factores que constituyen
salario y que fueron devengados en el último año de servicio.

De forma posterior, a través de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,
el anterior criterio se modificó y se alineó con la postura adoptada por la Corte
Constitucional a partir de la sentencia C-258 de 2013. Al referirse al régimen general
de pensiones precisó que «(…) los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones». En dicha providencia, además, señaló:

«(…)No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de
unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el
régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la Sección
Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la
ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso extraordinario de
revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo esa tesis,
será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada (…)»

13
Certificación de factores suscrito por el pagador territorial Boyacá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC, visible en los folios 30 a 32 del documento denominado « 38_RECIBEMEMORIALESPORCORRESPO
NDENCIA_256820202(.PDF) NroAct ua 20» contenido en el índice 20 de SAMAI

12

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Así las cosas, dicha providencia delimitó sus efectos a los casos pendientes de
solución en sede administrativa y judicial, por lo que aquellos respecto de los cuales
hubiera operado la cosa juzgada, resultarían inmodificables.

Atendiendo a las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión, para
esta Sala, si bien la reliquidación de la prestación ordenada en el proceso ordinario
excedió la cuantía, en razón a que aumentó considerablemente el reconocimiento
del valor de la prestación, al incluir la totalidad de los factores salariales devengados
por el señor Héctor Delfín Ávila Pineda, tal situación no constituye por sí sola la
configuración de la causal alegada pues obedeció al criterio jurisprudencial vigente
a la fecha en que se expidió el fallo, como pasará a explicarse.

Como ya quedara expuesto, la sentencia objeto de revisión fue proferida el 27 de
agosto de 2015 y quedó ejecutoriada el día 20 de septiembre del mismo año, según
obra en la constancia secretarial del expediente; es decir, en vigencia de la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 y mucho antes de que se profiriera
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, lo que impide que las reglas
consagradas en ésta última puedan irradiar a una situación que hizo tránsito a cosa
juzgada

La cartera ministerial argumenta desconocimiento del precedente jurisprudencial
desarrollado por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-168 de
1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 201514, en el sentido de establecer que el IBL
debió haber sido tomado como aspecto ajeno a la transición y que sólo podrían
tomarse como factores de liquidación aquellos ingresos causados por el
beneficiario, con carácter remunerativo del servicio y sobre los cuales se hubieran
realizado las cotizaciones respectivas. Sin embargo, observa la Sala que, en ningún
momento, el recurrente expuso de manera puntual las irregularidades que en el
marco del proceso dieron lugar al reconocimiento de los factores o su inclusión de
manera no legal. Si en gracia de discusión, la entidad hubiese precisado lo anterior,
este cargo por sí mismo resultaría insuficiente, pues no puede perderse de vista que
la jurisprudencia vigente que fue aplicada por el fallador le permitía reconocer los
factores discutidos para la liquidación de la pensión.

Sobre lo anterior, se resalta que, si bien es cierto que a partir de la expedición de
los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, fueron reconocidos como elementos de
la transición, la edad, tiempo de servicios y monto y que a partir de allí emergió un
conflicto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre el IBL, ante el
cual, se crearon dos líneas jurisprudenciales contrarias entre los dos órganos de
cierre; también lo es, que el Juez natural de la causa, en el ejercicio de su autonomía
e independencia podía aplicar el derecho viviente de cualquiera, siempre y cuando
argumentara las razones por las cuales se apartaba del precedente emitido por una
de las dos instituciones antes mencionadas.

14 Además de aquellas que fueron enunciadas en el acápite “Acción especial de revisión”.

13

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Por lo mencionado, contrario a lo que alega la parte accionante, el juez de
conocimiento aplicó el criterio jurisprudencial adecuado desarrollado por el Consejo
de Estado, máximo órgano de contencioso administrativo, al considerar la
obligatoriedad del precedente vertical y la sujeción al superior funcional, además
indicó que los preceptos contenidos se acompasaban en mayor medida a los
principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas,
inescindibilidad normativa y favorabilidad en materia de derechos laborales, sin que
ello constituya una actuación caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el
contrario, se encuentra razonablemente sustentada y fundamentada.

En suma, esta Subsección estima que la tipificación de la causal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 no puede condicionarse únicamente al hecho objetivo de que
se haya otorgado una suma periódica superior a la legalmente establecida y que
esta haya resultado de una disyuntiva hermenéutica, sino que, la razón para
reconocer el incremento debe ser fruto de una infracción evidente y contraria al
ordenamiento jurídico; circunstancia que, se itera, no se avizora en el caso concreto
pues, la reliquidación ordenada fue reconocida con sustento en la interpretación y
se alineó con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado vigente para la época
en la que se profirió la decisión.

En consecuencia, no quedó demostrada la trasgresión de las normas legales y
constitucionales alegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y, por tal
motivo, se declarará infundada la acción de revisión.

Condena en costas

Con fundamento en el artículo 188 del CPACA y dado que se ventila un asunto de
interés público, en el entendido que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
buscó controvertir una providencia judicial que ordenó la reliquidación de una
pensión de jubilación para evitar un posible detrimento al erario, la Sala se
abstendrá de condenar en costas a la entidad demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, por la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
respecto de la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Despacho 3 de Oralidad, Sala de Decisión núm. 1 que
accedió a las súplicas de la demanda ordinaria, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Sin condena en costas.

14

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00843-00 (2568-2020)

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho al despacho de origen, háganse las anotaciones
pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente de la acción
especial de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.