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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00862-00

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00862-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, contra la señora Nubia Gutiérrez Herrera con el fin de que se infirme la sentencia del 1 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 110013335027201500878. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00862-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

11 de agosto de 2022

Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D.C., once (11) de agosto dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y
PENSIONES, FONCEP
Demandado: NUBIA GUTIERREZ HERRERA

Temas: Causales de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003. Ingreso base de liquidación de beneficiario del régimen de
transición. Ley 33 de 1985.

SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-046-2022

ASUNTO

La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia del 25 de mayo de 2017 proferida por el Juzgado Veintisiete
Administrativo de Bogotá, adicionada el 1 de marzo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nubia Gutiérrez
Herrera.

ANTECEDENTES DEL PROCESO ORDINARIO

La señora Nubia Gutiérrez Herrera, por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control consagrado en el artículo 138 del CPACA, demandó1 la nulidad de
los siguientes actos administrativos:

• Oficio 2012EE23141 del 27 de diciembre de 2012, mediante el cual el gerente
del FONCEP negó la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los
factores salariales devengados por la pensionada durante el último año de
servicio.

1
Folios 9 a 51 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, obrante en el índice 12 del sistema
informático SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

• Oficio 2013EE11454 O 1 del 11 de octubre de 2013, emitido por la misma
entidad, a través del cual ordenó atenerse a lo resuelto en el acto administrativo
descrito en el ítem anterior.

Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene
a la demandada a: i) reconocer una pensión de jubilación en un monto equivalente al
75% de todos los factores devengados durante el último año de servicio, efectiva a
partir del 25 de mayo de 2004; ii) indexar la primera mesada pensional, teniendo en
consideración que el 16 de julio de 1996 se retiró del servicio y el 25 de mayo de 2004
cumplió la edad para pensión; iii) reajustar las mesadas conforme lo prevé la ley; iv)
pagar las diferencias que se causen entre la pensión reconocida y lo que se ordene
cancelar por decisión judicial, desde la fecha en que cumplió 55 años de edad, sumas
debidamente indexadas; v) cancelar los intereses moratorios previstos en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993 y vi) pagar las costas procesales y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos

En síntesis, se presentaron los siguientes:

1. La señora Nubia Gutiérrez Herrera nació el 25 de mayo de 1949 y prestó sus
servicios a la Caja de Previsión Social Distrital entre el 22 de abril de 1973 y el 15 de
julio de 1996.

2. Por medio de la Resolución 2719 del 4 de octubre de 2005 la Subdirección de
Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá reconoció una
pensión de jubilación a la señora Nubia Gutiérrez Herrera, a partir del 25 de mayo de
2004. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del salario promedio de lo
devengado en los últimos 10 años, de conformidad con lo establecido en las Leyes 33
y 62 de 1985 y 100 de 1993.

3. Mediante Oficio 2012EE23141 del 27 de diciembre de 2012, el gerente del
FONCEP negó la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores
salariales devengados por la pensionada durante el último año de servicio. Indicó que
el hecho de que la trabajadora se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de
1993 implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985,
en relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la
prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló que se rige por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 en armonía con el Decreto 1158 de 1994 y, los
factores salariales que se deben atender son aquellos sobre los cuales la empleada
efectivamente cotizó.

4. A través del Oficio 2013EE11454 O 1 del 11 de octubre de 2013, emitido por la
misma entidad, se ordenó atenerse a lo resuelto en el acto administrativo descrito en
el numeral anterior. Agregó que, de acuerdo con lo sostenido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, el IBL no fue un elemento objeto de
transición, razón por la que aquel deberá liquidarse conforme lo prevé el artículo 21 o
36 de la Ley 100 de 1993, según el caso.

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Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos acusados desconocieron los
artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 83, 89, 122, 123, 230 y 286 de la Constitución
Política; 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 31, 35, 36, 50, 64, 65, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 141, 143, 146, 150, 151, 273, 275,
288 y 289 de la Ley 100 de 1993; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto 813 de 1994; 4, 9 y 34
del Decreto 692 de 1994; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto 813 de 1994; 3 del Decreto 1160
de 1994; 1 del Decreto 1158 de 1994; 1 del Decreto 2527 de 2000; 1, 2, 3, 4, 6 y 13
de la Ley 33 de 1985; 14 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 62 de 1985, 1 del Acto
Legislativo 001 de 2005; 72 del Decreto 1848 de 1989; Decreto 2143 de 1995; 61, 67
y 137 del CCA.

Como concepto de violación, aseguró que los actos acusados adolecen de nulidad por
infracción de las normas en que debieron fundarse. Argumentó que la entidad
demandada no tuvo en cuenta todos los factores salariales efectivamente recibidos
durante el último año de servicio, que debieron tomarse en consideración para el
cálculo del IBL, por cuanto quedó cobijada por el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993. Explicó que al haber realizado la liquidación de manera
diferente vulneró el artículo 13 de la Constitución que consagra el principio de igualdad
y equidad.

Seguidamente, recordó que el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 prevé que para las personas que al momento de entrar en vigencia
el sistema general de seguridad social tengan 35 años de edad si son mujeres o 40 o
más si son hombres, o 15 años de servicio, será aplicable la edad, el tiempo de
servicios y el monto de la pensión determinado en la normativa anterior, esto es, la Ley
33 de 1985. Normativa que, en su concepto, debe aplicarse en el sub examine de
forma integral, en virtud de los principios de favorabilidad, progresividad e
inescindibilidad, tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado en las sentencias del 9 de
julio de 2009 y 4 de agosto de 2010.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

El FONCEP se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que los actos
demandados fueron expedidos con observancia de las normas que rigen el derecho
pensional de la demandante, a saber, las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.

Luego, indicó que el hecho de que la demandante se encuentre en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 implica que debe atenderse la Ley 33 de 1985 en
relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la
prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló que se rigen por
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y los factores salariales que se deben atender son
aquellos contenidos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales la empleada
efectivamente cotizó. Para el efecto, citó las sentencias del 29 de noviembre de 2001
y 21 de noviembre de 2007 emitidas por la Corte Suprema de Justicia, en su orden,
dentro de los procesos radicados: 1592 y 31384.

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Folios 121 a 145 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 12 del
sistema informático SAMAI.
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Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

Seguidamente, en relación con los factores, expuso que atender la posición según la
cual se deben incluir todos los emolumentos que el trabajador percibió el último año
de servicio sin tener en consideración su carácter remunerativo, desconoce el principio
constitucional de solidaridad que rige la seguridad social. De acuerdo con ello, insistió
en que se debe atender la tesis jurisprudencial desarrollada por la Corte Constitucional
en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, las cuales constituyen un
precedente para todos los jueces, según lo expuso la misma corporación en proveídos
C-643 de 2011 y C-816 de la misma anualidad.

Propuso las siguientes excepciones:

• «CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES PARA LA EXPEDICIÓN
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL Y
ACORDE A LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,
SENTENCIA SU-230 DE 2015 – PRESUNCION DE LEGALIDAD»: Aseveró que
el reconocimiento pensional se encuentra vigente y goza de presunción de
legalidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 87 y 88
del CPACA.

• «PRESCRIPCIÓN»: Solicitó que, en caso de acceder a las pretensiones de la
demanda, se declaren prescritas las mesadas no reclamadas en tiempo, según
lo previsto en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo.

• «GENÉRICA»: Pidió declarar, de oficio, cualquier excepción que se encuentre
probada dentro del proceso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 25 de mayo
de 2017, declaró la nulidad de los actos acusados y, en consecuencia, ordenó al
FONCEP reliquidar la pensión de la demandante en un monto equivalente al 75% del
promedio de lo devengado durante el último año de servicio, comprendido entre el 16
de julio de 1995 y el 15 de julio de 1996, con inclusión de la asignación básica, auxilio
de alimentación, subsidio de transporte, prima de antigüedad, 1/12 de las horas extras
diurna/nocturna, 1/12 de la prima semestral, 1/12 de la prima de navidad y 1/12 de la
prima de vacaciones. De igual forma, dispuso que la reliquidación debía efectuarse a
partir del 25 de mayo de 2004, pero con efectos fiscales desde el 14 de diciembre de
2009 por prescripción. Negó las demás pretensiones de la demanda.

Para comenzar, reconoció que sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, existían diferentes posiciones. Una desarrollada por
el Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de agosto de 2010, en la que se indicó
que el IBL de los pensionados beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de

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Folios 177 a 191 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 12 del
sistema informático SAMAI.
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Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

1993 sería el contenido en la norma anterior, la cual no señala una lista taxativa de
factores salariales, sino que estos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
servicio. Y otra, sostenida por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013
y SU-230 de 2015, en las que se señaló que el IBL no fue un elemento objeto de
transición, de ahí que su cálculo debe regirse por las disposiciones contenidas en la
Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Seguidamente, para resolver el sub lite, consideró adecuado acoger la posición
expuesta por el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
porque, en su criterio, aquella constituye un precedente vertical de carácter prevalente,
desarrolla en mayor medida los principios de progresividad, no regresividad,
favorabilidad e inescendibilidad y las decisiones emitidas por la Corte Constitucional
analizan un régimen pensional que difiere del que resulta aplicable a la demandante.

Al analizar el sub judice precisó, en primer lugar, que la discusión se circunscribe a
determinar el IBL de la prestación y en segundo, que la tesis aplicable para resolver el
asunto es la desarrollada por el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de
2010, comoquiera que garantiza en mayor medida los principios mencionados en el
párrafo que precede. En ese sentido, estimó que se debe reliquidar la pensión en un
monto equivalente al 75% del promedio de los factores salariales devengados en el
último año de servicio, esto es, entre julio de 1995 y julio de 1996; específicamente,
incluyó la asignación básica, el auxilio de alimentación, el subsidio de transporte, la
prima de antigüedad, 1/12 de las horas extras diurna/nocturna, 1/12 de la prima
semestral, 1/12 de la prima de navidad y 1/12 de la prima de vacaciones.

Excluyó las primas de navidad extralegal y antigüedad/vacaciones, habida cuenta de
que fueron creadas mediante acuerdo o decretos expedidos por el Concejo de Bogotá
o el alcalde, en vigencia de la Constitución de 1886, sin que aquellos tuvieran
competencia para ello. Tampoco tuvo en consideración el quinquenio, pues en virtud
del concepto 1393 de 2022, emitido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado,
este emolumento no hace parte de los factores salariales para la liquidación de la
pensión.

Por otra parte, declaró prescritas las mesadas causadas y no reclamadas antes del 14
de diciembre de 2009, en consideración a que la petición se presentó el 14 de
diciembre de 2012.

RECURSO DE APELACIÓN

Nubia Gutiérrez Herrera4

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que señaló que, contrario
a lo expuesto por el a quo, para el cálculo del IBL también se deben incluir los factores
denominados prima de navidad extralegal, prima de antigüedad/vacaciones y el

4
Folios 195 a 197 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 12 del
sistema informático SAMAI.
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5

Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

quinquenio. Explicó que estos constituyen factor salarial para los trabajadores de la
Caja de Previsión Social Distrital, en virtud de la convención colectiva suscrita por ellos
y porque fueron recibidos de forma habitual y periódica.

FONCEP5

El FONCEP, a través de apoderado, interpuso recurso de apelación en el que solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda.

En esta oportunidad, reiteró los argumentos expuestos en la contestación y resaltó que
la tesis de la Corte Constitucional, sobre la forma de liquidar el IBL de los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, contenida en las sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015, tiene prevalencia frente al criterio sostenido por el Consejo
de Estado.

A continuación, precisó que el hecho de que la demandante se encuentre en régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 implica que deben atenderse las normas
anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985, en relación con la edad, el tiempo de servicio o
semanas cotizadas y el monto de la prestación. No obstante, en cuanto a las demás
condiciones, señaló que se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994 y, los factores salariales que se deben atender son aquellos sobre los
cuales el empleado efectivamente cotizó, máxime cuando el derecho se consolidó en
vigencia de esta última normativa.

SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN6

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, profirió
sentencia el 1 de marzo de 2018, por medio de la cual adicionó la decisión emitida en
primera instancia, y confirmó en lo demás, así

«DÉCIMO: CONDÉNASE a la (SIC) FONDO DE PRESTACIONES
ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES – FONCEP a indexar de acuerdo
con las variaciones del IPC del salario base integrado por los factores salariales
devengados por la demandante en el último año de servicio y ordenados en esta
providencia (15 de julio de 1995 al 15 de julio de 1996), que tomará la pasiva para
establecer la primera mesada pensional y el monto de la pensión de jubilación
de la parte actora a 25 de mayo de 2004, fecha de adquisición del status pensional
y desde la cual se hizo efectivo el pago de la prestación atendiendo para ello la
formula dispuesta por el H. Consejo de Estado ya mencionada»

Los siguientes fueron los argumentos de la decisión:

5
Folios 199 a 211 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 12 de
SAMAI.
6
Folios 245 a 279 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contenido en el índice 12 del
sistema informático SAMAI.

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Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

Expuso que, en materia pensional, el derecho de la demandante se rige por las
disposiciones contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985, normativa que, según lo
señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de
agosto de 2010 deberá aplicarse en su integridad, salvaguardando con ello los
principios de inescindibilidad, progresividad y no regresividad. Agregó que no es
procedente aplicar las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, pues en virtud
de los artículos 10, 102, 269 y 270 del CPACA, las decisiones de unificación del
Consejo de Estado tienen un carácter predominante.

De conformidad con lo anterior y analizadas las probanzas obrantes en el dossier,
encontró que le asiste razón al a quo al ordenar reliquidar la pensión de la señora
Nubia Gutiérrez Herrera conforme lo prevé la Ley 33 de 1985 y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, es decir, en un monto equivalente al 75% del promedio de lo
recibido durante el último año de servicio, esto es, entre el 15 de julio de 1995 y el 15
de julio de 1996, con inclusión del sueldo básico, el auxilio de alimentación, el subsidio
de transporte, la prima de antigüedad, las horas extras diurna/nocturna, la prima
semestral 1/12, la prima de navidad 1/12 y la prima de vacaciones 1/12.

Por otro lado, precisó que, en virtud del inciso 2 del artículo 328 del CGP, se
encontraba facultado para pronunciarse sobre la indexación de la primera mesada
pensional. En esos términos, y teniendo en cuenta que la demandante se retiró del
servicio el 15 de julio de 1996 y que el estatus jurídico de pensionada lo alcanzó el 25
de mayo de 2004, cuando cumplió la edad, esto es, 55 años, concluyó que procede la
indexación de la primera mesada pensional, pues entre uno y otro momento
transcurrieron 8 años aproximadamente.

LA ACCIÓN DE REVISIÓN7

El FONCEP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a
cargo del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literales
a.) y b.) de la Ley 797 de 2003 que disponen: «a) Cuando el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso», y «b.) Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:

1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Veintisiete Administrativo de
Bogotá el 25 de mayo de 2017, adicionada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 1 de marzo de 2018, emitida
dentro del proceso ordinario instaurado por Nubia Gutiérrez Herrera en contra de la
UGPP, bajo el radicado: 110013335027201500878.

2. Declarar que la señora Nubia Gutiérrez Herrera no es acreedora de un derecho
adquirido.

7
Índice 3 del sistema informativo SAMAI, páginas 1 a 25.
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7

Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

3. Ordenar que la pensión de la señora Nubia Gutiérrez Herrera se liquide
conforme a las reglas previstas por las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2015 y SU-631 de 2017,
y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017 proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional. Así como la sentencia del 28 de agosto de 2018 emitida por el Consejo
de Estado, dentro del proceso radicado: 52001233300020120014301. De acuerdo con
aquellas providencias, se debe adoptar como ingreso base de liquidación las
directrices fijadas en el inciso 3.º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según el caso. Los factores base de cotización son los
taxativamente enlistados por el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
expresamente consagren la condición de factor salarial con incidencia pensional.

A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 1, 2, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2 y 124 de la Constitución Política;
1 de la Ley 33 de 1985, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1158 de 1994 y el Acto
Legislativo 01 de 2005. Así como la interpretación que ha dado la Corte Constitucional
sobre el IBL de los beneficiarios del régimen de transición.

En sustento de lo anterior, argumentó que la providencia en mención vulneró el debido
proceso pues la reliquidación pensional que se ordenó no atiende la normativa y
jurisprudencia aplicable, generándose con ello un aumento en la mesada, que trae
consigo un detrimento de los recursos destinados a la financiación del sistema general
de seguridad social en pensiones que la Nación debe administrar.

Bajo esa misma línea argumentativa, expuso que el derecho pensional excede lo
debido de acuerdo con la ley, al acceder a una liquidación pensional en contravía de
lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En este sentido, explicó que la
señora Nubia Gutiérrez Herrera al estar cobijada por el régimen de transición, dado
que tenía más de 35 años de edad al momento de la entrada en vigencia del Sistema
General de Seguridad Social, tiene derecho al reconocimiento de la pensión bajo las
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, previstas en el régimen anterior,
esto es, la Ley 33 de 1985. No obstante, el IBL se encuentra regulado en el inciso 3.º
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que así lo ha interpretado la Corte
Constitucional en reiterados pronunciamientos, que se constituían en precedente
obligatorio para los jueces.

De igual manera, consideró que la liquidación ordenada afecta la sostenibilidad
financiera del sistema, pues aumenta en un 59.6% la mesada pensional de la
demandada, sin que exista justificación legal ni jurisprudencial. Puso de presente que
el valor actual de la pensión es de $1.915.056 cuando debía equivaler a $1.199.714,
con lo cual se genera una diferencia de $715.342. Tal situación permite observar que
se configura un abuso palmario del derecho, pues se presenta con el desconocimiento
del precedente de la Corte Constitucional.

En ese mismo sentido, expuso que teniendo en consideración la edad de la
pensionada y las 248 mesadas que deberán pagarse, es claro que se genera un

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detrimento al erario en tanto que la proyección de los pagos futuros debidamente
indexados dan un total de $134.679.747.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN8

La demanda se tuvo por no contestada, en razón a que la señora Nubia Gutiérrez
Herrera no actuó a través de apoderado.

CONSIDERACIONES

Competencia

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos de revisión contra las
sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia .9.

Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver el recurso formulado es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 10.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, precisa: «las providencias judiciales
que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación ».

Ahora, es necesario precisar que el FONCEP formuló la demanda de revisión en contra
de la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado Veintisiete Administrativo
de Bogotá, el 25 de mayo de 2017. Sin embargo, en esta oportunidad corresponde
aplicar la regla de competencia sobre el recurso extraordinario contra la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, del 1 de
marzo de 2018, por ser la de mayor jerarquía, en la que se analizó el punto que es
objeto de debate en la acción de revisión. Es decir, se asumirá el conocimiento por la
Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de acuerdo con el
artículo 249 del CPACA.

8
La señora Nubia Gutiérrez Herrera se notificó personalmente del auto admisorio de la demanda el 10
de febrero de 2021 (índice 9 de SAMAI) y radicó escrito de contestación el 18 de febrero de la misma
anualidad (índice 10 de SAMAI). Sin embargo, no compareció a través de apoderado, según lo previsto
en los artículos 170 del CPACA y 73 del CGP.
9
«Artículo 249. Competencia.
(…)
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.»
10
Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Demandante: FONCEP

Legitimación

Sobre la legitimación del FONCEP para promover la revisión de providencias judiciales
que hayan ordenado reconocer pensiones, la Corte Constitucional en la sentencia SU-
427 de 2016 definió la siguiente regla:

«frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la configuración
de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló la titularidad
para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los sujetos establecidos
en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras de pensiones
encargadas del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera
irregular, pues son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema
pensional a velar por su buen funcionamiento financiero.».

Es de anotar que, de conformidad con el Acuerdo 257 DE 2006, el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, se creó, entre otras
cosas, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo del
Distrito Capital y la administración del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

De acuerdo con lo anterior, EL FONCEP se encuentra legitimada para la presentación
de la acción de revisión.

Oportunidad de la acción de revisión

Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta que la sentencia del 1 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, quedó
ejecutoriada el 27 de abril de 201811. Así pues, habiéndose presentado la acción de
revisión con fundamento en la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
y, que, respecto de ella, el artículo 251 del CPACA establece un término de cinco años
para su interposición, es claro que al radicarse la demanda el 2 de octubre de 202012,
la entidad se encontraba dentro del término legal.

Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones

El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 2003 13 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:

11
Tal como se observa en la constancia emitida por el Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá,
obrante en el folio 72 del documento contenido en el índice 3 del sistema informático SAMAI. También
a folio 305 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, obrante en el índice 12 del sistema
informático SAMAI.
12
Índice 1 de sistema informático SAMAI.
13
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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Demandante: FONCEP

«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»14

Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:

• Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación15.

• Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones16.

• Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira17.

14
Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
15
Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
16
Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N.° 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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• De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes a la liquidación de aquellas,
cuando se liquidaron en un valor mayor al que corresponde o se reconocieron
con vulneración del debido proceso o de la ley.

• Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia18.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:

¿Se configuran las causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003 al ordenar el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, la reliquidación de la pensión de la señora Nubia Gutiérrez
Herrera, cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, atendiendo el
ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985 y no el previsto por el inciso 3.° del
artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso, con los factores
señalados por el Decreto 1158 de 1994?

Para resolver lo anterior se abordarán los siguientes aspectos: 1) La causal de revisión
prevista en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 2) La causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003; 3) El régimen pensional
contenido en la Ley 33 de 1985; 4) El régimen de transición de la Ley 100 de 1993; y
5) verificación de las causales de revisión invocadas en el caso particular y concreto.

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé que, además de las causales consagradas
para el recurso extraordinario de revisión, también procede «Cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso».

Sobre el debido proceso es importante indicar que está consagrado en el artículo 29
de la Constitución Política como un derecho de rango fundamental que está constituido
por todas las garantías que se deben respetar en las actuaciones adelantadas bien
sea en procesos judiciales o en trámites administrativos, y que están concebidas para

18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
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proteger a las personas dentro de dichos trámites y se logre la aplicación correcta de
la justicia19. Algunas de las garantías que hacen del debido proceso son 20:

«(i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo;

(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o
aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división
del trabajo establecida por la Constitución y la ley;

(iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas
las demás personas que intervienen en el proceso;

(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones
injustificadas o inexplicables;

(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los
servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo y

(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones
o influencias ilícitas.»

Adicionalmente, deben tenerse presente otros aspectos que han sido integrados por
la Corte Constitucional a la esfera del debido proceso tratándose de providencias
judiciales. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha construido toda una doctrina
alrededor de las conocidas como causales especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales21, que, de encontrarse probadas, llevan a la
conclusión de que se vulneró el derecho en comento. Se trata de un juicio de validez
del fallo, cuando el juez incurre en graves falencias 22 que hacen la decisión
incompatible con la Carta Política. Entonces, es forzoso tener en cuenta tales
conceptos cuando se estudia la vulneración de esta garantía en una sentencia. Por

19
Ver: Sentencia T-115 de 2018, T-010 de 2017.
20
Sentencia C-341 de 2014.
21
Ver las sentencias:
Corte Constitucional, sentencia SU-116 de 2018.
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión n.º 19, sentencia del 31 de mayo de 2021, radicación:
11001031500020200309200, demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, demandado: Gerardo Jesús Quirama Solórzano.
22
Sobre este aspecto se puede consultar las sentencias T-553 de 2012, T-902 de 2014, T-327 de 2015.
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ello, son ineludibles al momento de evaluar la configuración de la causal prevista por
el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003

La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.». En relación con esta causal es
importante anotar que en la exposición de motivos del proyecto que condujo a la
expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella obedeció a la necesidad «[…]
de construir esquemas sociales solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo,
y, equitativos para todos los ciudadanos […]»23. Así las cosas, entre los principales
propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el
déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en términos económicos
permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía
exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese orden, las causales de
procedencia de la acción de revisión deben interpretarse de conformidad con la
teleología a la que responde dicho instrumento procesal.

Bajo ese entendido, la Sala estima que el caso objeto de estudio se enmarca en tales
parámetros. Lo que se ha de dilucidar es si la pensión de jubilación a que tiene derecho
la señora Nubia Gutiérrez Herrera debe liquidarse teniendo en cuenta el ingreso base
de liquidación de conformidad con la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62 del
mismo año y no el previsto por el inciso 3.° del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, según sea el caso, con los factores señalados por el Decreto 1158 de
1994. En esa medida, se debe definir si el valor de la prestación que la sentencia objeto
de la acción de revisión ordenó reconocer debe ser reducido en la misma proporción
a efectos de contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema general de seguridad
social en pensiones.

Para el propósito descrito, se analizarán las normas pensionales contenidas en la Ley
33 de 1985, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, las posiciones
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; y con
fundamento en ello, se estudiará la configuración de la causal de revisión invocada en
el caso concreto.

El ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas al amparo de
la Ley 33 de 1985

El artículo 1.º de la Ley 33 de 198524 reguló que los empleados oficiales que
acreditaran 20 años de servicio continuo o discontinuo y la edad de 55 años tenían
derecho al reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación

23
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
24
Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las Prestaciones
Sociales para el sector público.

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equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante
el último año de servicio. El inciso primero de la norma citada dispuso a su tenor lo
siguiente:

«Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen
especial de pensiones. […]»

Por su parte, el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985 modificó el artículo 3 de la Ley 33 de
1985 que reglamentó los factores susceptibles de ser incluidos en el cómputo
pensional, en la cual se señaló:

«Artículo 1°. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja,
ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento
o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los
aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida
por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes. […]»

De la lectura de estas dos normas se desprende que las pensiones de aquellas
personas que causaron su derecho en vigencia de la Ley 33 de 1985 se liquidarían
con base en el 75% del promedio de los factores sobre los cuales se efectuaron
aportes a la entidad de previsión que hubiese percibido el trabajador en el último año
de servicio y sobre los cuales existía el deber de cancelar según el artículo 3 de la Ley
33 de 1985, modificado por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, sobre:
i) la asignación básica; ii) los gastos de representación; iii) las primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; iv) dominicales y feriados; v) horas extras; vi)
la bonificación por servicios prestados y; vii) el trabajo suplementario.

Igualmente, es de anotar que, más adelante, el Acto Legislativo 01 de 2005 modificó
el artículo 48 de la Constitución Política. Dicha norma reguló, en su inciso sexto, que
para la liquidación de las pensiones solo se tendrían en cuenta aquellos factores sobre
los cuales cada persona hubiese efectuado cotizaciones.

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El régimen de transición de la Ley 100 de 1993

La Ley 100 de 1993 organizó el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto
de obligaciones del Estado y la sociedad, instituciones y recursos destinados a
garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se incorporen normativamente en el futuro. Su
objeto era el de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas, en
condiciones que les permitan tener una calidad de vida acorde con la dignidad
humana, a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar (art. 1).
En el artículo 36 de la norma en mención, concibió un régimen de transición que ha
sido entendido como un beneficio en favor de las personas que cumplan con unos
requisitos para la entrada en vigor de aquella. Esto les permitiría regirse por las normas
aplicables en el régimen anterior. Así lo señaló:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará
en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…]»

De la norma transcrita, se extrae que quienes se encuentren en los supuestos de edad
o tiempo de servicios allí previstos, tienen derecho a que se les apliquen las normas
anteriores que venían rigiendo su situación pensional, en cuanto a edad, tiempo de
servicios o semanas cotizadas y monto. Sin embargo, en relación con este último
aspecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado no ha
sido pacífica, pues se ha debatido si el ingreso base de liquidación hace parte del
régimen de transición o no, como pasa a exponerse:

• Criterio de la Corte Constitucional

En la sentencia C-168 de 1995, la Corte analizó la constitucionalidad de los artículos
11 y 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con la diferenciación que hacía la norma
original entre trabajadores del sector público y del sector privado. En aquella
oportunidad no fijó ninguna regla frente a la inclusión o no del IBL en dicho régimen de
transición. Posteriormente, la misma Corporación, a través de sus salas de revisión de
tutelas, emitió una serie de pronunciamientos según los cuales el ingreso base de
liquidación se encontraba inmerso dentro de la expresión monto, por lo que debía
entenderse que en este aspecto debían acatarse las disposiciones anteriores a la Ley
100 de 1993. Así se indicó en las sentencias T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169
de 2003, T-651 de 2004, T-386 de 2005, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-251 de

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2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-180 de 2008, T-019 de 2009 y T-610 de 2009.

Más adelante, en la sentencia C-258 de 2013, al referirse al régimen de transición de
los congresistas, fijó una regla según la cual el IBL no hacía parte de las normas de
transición, así lo sostuvo:

«En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los
regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del
Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100,
el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese
propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto
Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que
eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la
sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo
36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la
declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser
llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la
Ley 100 referidas.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia, además de declarar
inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley
4 de 1992, la exequibilidad del resto del precepto será condicionada a que se
entienda que las reglas sobre IBL aplicables a todos los beneficiarios de ese
régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la
Ley 100 de 1993, según el caso.»

Luego, en la sentencia SU-230 de 2015 definió claramente que la anterior
interpretación no era exclusiva del régimen especial allí analizado y expuso:

«Aunque la interpretación de las reglas del IBL establecidas en la Sentencia C-258
de 2013 se enmarcan en el análisis del régimen especial consagrado en el artículo
17 de la Ley 4 de 1992, con fundamento (i) en que dicho régimen vulneraba el
derecho a la igualdad al conceder privilegios a una de las clases más favorecidas
de la sociedad y (ii) en la medida en que el régimen especial de congresistas y
magistrados contiene ventajas desproporcionadas frente a los demás regímenes
especiales, ello no excluye la interpretación en abstracto que se realizó sobre
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el IBL no
es un aspecto de la transición y, por tanto, son las reglas contenidas en este
las que deben observarse para determinar el monto pensional con
independencia del régimen especial al que se pertenezca». (Negrilla por fuera
de texto).

A partir de dichas providencias, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias
de unificación en las cuales ha mantenido su criterio, entre ellas, las sentencias SU-
427 de 2016, SU-631 de 2017, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017. En esta última25 la
Corte conoció de varias acciones de tutela interpuestas contra sentencias que
ordenaron la reliquidación de pensiones, con fundamento en los regímenes especiales
previstos por los Decretos 546 de 197126 y 929 de 197627. Consideró que la regla
general de liquidación pensional, en los términos de los artículos 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según corresponda, también cobija a quienes venían rigiéndose por normas

25
Reiterado en la sentencia SU-023 de 2018.
26
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares»
27
«Por el cual se establece el régimen de prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Contraloría General de la República y sus familiares.»
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Demandante: FONCEP

especiales. Así lo había analizado la sentencia C-258 de 2013 que precisó que la
transición consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba
afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo
de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, pero excluyendo el ingreso base de
liquidación.

• Criterio del Consejo de Estado

Por su parte, el Consejo de Estado, adoptó una tesis según la cual el IBL sí hacía parte
del régimen de transición, en efecto, la sentencia de unificación proferida por la
Sección Segunda el 4 de agosto de 2010 28 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido
como un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan
determinados requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que
atañe a la edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de
la pensión, se sigan rigiendo por lo establecido en el régimen anterior al cual se
encontraban afiliados.

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de
abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra
dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar
los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión
de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)
En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad
sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates
surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a
través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la
Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente
enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el
trabajador durante el último año de prestación de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009,
proferida por la Sección Segunda de esta Corporación».

La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas y
subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante y
obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos
retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la
cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables ».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada
en la referida sentencia de unificación:

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
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«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al período para liquidar las pensiones
de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que
les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE.»

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.».

Verificación de las causales de revisión invocadas

La causal de revisión contemplada en el literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003

En párrafos precedentes quedaron precisados los aspectos que hacen parte de la
garantía del debido proceso, sin embargo, se observa que los argumentos expuestos
por la UGPP se relacionan con el desacuerdo en la interpretación y aplicación de las
normas que hizo el juez de instancia para el cálculo de la prestación. En su criterio,
ello condujo a que la cuantía de la pensión excediera lo debido de acuerdo con la ley.
Esta cuestión hace referencia a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Por lo tanto, para definir si se configura la hipótesis contemplada en
el literal a), es necesario verificar lo relativo al literal b), causal que pasa a estudiarse.

La cuantía del derecho reconocido y lo debido por ley. Literal b.) del
artículo 20 Ley 797 de 2003

En esta instancia no se discute que la señora Nubia Gutiérrez Herrera es beneficiaria
del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En efecto,

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nació el 25 de mayo de 194929 y prestó sus servicios en la Caja de Previsión de Bogotá
entre el 22 de abril de 1973 y el 15 de julio de 199630, como auxiliar de enfermería.

En consecuencia, para el 1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigor de la
mencionada Ley 100 de 1993 para el orden nacional, y más aun para el 30 de junio de
1995, cuando comenzó a regir para el orden territorial, contaba con más de 22 años,
2 meses y 9 días de servicio y 46 años de edad. Lo anterior implica que adquirió el
estatus de pensionada el 25 de mayo de 2004 cuando cumplió 55 años de edad.

La Secretaría Distrital de Hacienda, certificó que la señora Nubia Gutiérrez Herrera31
devengó los siguientes emolumentos durante el último año de servicio, de julio de 1995
a julio 1996:

• Asignación básica
• Auxilio de alimentación
• Subsidio de transporte
• Prima de antigüedad
• Horas extras diurnas/nocturnas
• Prima semestral
• Prima de navidad
• Prima de navidad extralegal
• Prima de vacaciones
• Prima antigüedad vacaciones
• Quinquenio

Por medio de la Resolución 2719 del 4 de octubre de 2005 la Subdirección de
Obligaciones Pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá reconoció una
pensión de jubilación a la señora Nubia Gutiérrez Herrera, a partir del 25 de mayo de
2004. La liquidación de la prestación la efectuó con el 75% del salario promedio de lo
devengado en los últimos 10 años, de conformidad con lo establecido en las Leyes 33
y 62 de 1985 y 100 de 1993.

Mediante el Oficio 2012EE23141 del 27 de diciembre de 2012, el gerente del FONCEP
negó la reliquidación de la pensión con inclusión de todos los factores salariales
devengados por la pensionada durante el último año de servicio. Indicó que el hecho
de que la trabajadora se encuentre en régimen de transición de la Ley 100 de 1993
implica que deben atenderse las normas anteriores, esto es, la Ley 33 de 1985, en
relación con la edad, el tiempo de servicio o semanas cotizadas y el monto de la
prestación. No obstante, en cuanto a las demás condiciones, señaló que se rige por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 en armonía con el Decreto 1158 de 1994 y los factores
salariales que se deben atender son aquellos sobre los cuales el empleado
efectivamente cotizó

29
Tal como consta en la cedula de ciudadanía obrante a folio 70 del documento obrante en el índice 3
del sistema informático SAMAI.
30
Folio 83 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, obrante en el índice 12 del sistema
informático SAMAI. También obra certificación laboral a folio 111 ibidem.
31
Folio 107 a 109 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el índice 12 del
sistema informático SAMAI.
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A través del Oficio 2013EE11454 O 1 del 11 de octubre de 2013, emitido por la misma
entidad, ordenó atenerse a lo resuelto en el acto administrativo descrito en el párrafo
anterior. Agregó que, de acuerdo con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-258 de 2013, el IBL no fue un elemento objeto de transición, razón por la
que la prestación deberá liquidarse conforme lo prevé el artículo 21 o 36 de la Ley 100
de 1993, según el caso.

El Juzgado Veintisiete Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 25 de mayo
de 2017, le ordenó al FONCEP reliquidar la pensión en favor de la señora Nubia
Gutiérrez Herrera, en los siguientes términos:

«[…] PRIMERO: DECLARAR infundadas las excepciones de fondo formuladas por
la parte demandada, en los términos explicados en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad total de los Oficios Nos. Oficio No.
2012EE23141-01 del 27 de diciembre de 2012 y Oficio No. 2013EE11454 O 1 del
11 de octubre de 201 (sic) mediante los cuales el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP, negó a la actora la reliquidación
de su pensión de vejez.
TERCERO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, al Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP a re-liquidar la
pensión de vejez reconocida a la señora Nubia Gutiérrez Herrera […] en los
términos consagrados en las Leyes 33 y 62 de 1985, es decir, tomando como
ingreso base de liquidación el constituido por todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios (16 de julio de 1995 a 15 de julio de
1996) que fueron certificados por la entidad empleadora, esto es, Sueldo básico,
auxilio de alimentación, Subsidio de transporte, prima de antigüedad, 1/12 de las
horas extra diurna/nocturna, 1/12 de la prima semestral, 1/12 de la prima de
navidad y 1/12 de la prima de vacaciones; y a pagarle las diferencias causadas
desde el 25 de mayo de 2004 y hacia adelante, por el efecto de la recomposición
de la base pensional, pero con efectos fiscales a partir del 14 de diciembre de 2009
en razón a la prescripción trienal, sumas éstas que deberán ser actualizadas con
base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE […]
CUARTO: AUTORIZAR al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones FONCEP para que proceda a efectuar los descuentos que por concepto
de aportes al sistema de seguridad social en pensiones y en el porcentaje
ordenado por la ley le corresponda cotizar a la demandante sobre los nuevos
factores salariales que se incluirán en el ingreso base de liquidación que se tendrá
en cuenta para re-liquidar su pensión de vejez, valores que deberán actualizarse
en su valor.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]» (Ortografía,
negrillas y gramática del texto original)

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, a
través de sentencia del 1 de marzo de 2018, adicionó la decisión de primera instancia
para condenar a la entidad pensional a indexar la primera mesada pensional, la
condenó en costas y confirmó en lo demás. Los argumentos que sirvieron de
fundamento son:

«[…] Teniendo en cuenta que la demandante acredita los requisitos para la
aplicación del régimen de transición, que para el caso en estudio es la Ley 33 de
1985, dicha ley dispuso que las pensiones de los empleados oficiales serían
liquidadas con el 75% del salario promedio que sirvió de base para calcular los
aportes durante el último año de servicio […]
[L]a Sala acoge lo señalado por el Consejo de Estado al considerar que para
liquidar la prestación pensional habrá de tenerse en cuenta todos los factores que

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constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera
habitual y periódica, como contraprestación directa de sus servicios,
independientemente de la denominación que se les dé, salvo que se haya
determinado expresamente que no constituye factor salarial. […]
De manera que encontrándose establecidas las disposiciones que debieron
aplicarse al caso sub lite y al llenar la parte actora los requisitos exigidos por la ley,
debió liquidarse el monto de su pensión con base en los factores salariales por ella
devengados durante el último año de servicio, del 15 de julio de 1995 y el 15 de
julio de 1996, esto es, sueldo básico, auxilio de alimentación, subsidio de
transporte, prima de antigüedad, horas extras diurna/nocturna, prima
semestral 1/12, prima de navidad 1/12 y prima de vacaciones 1/12. Por lo tanto,
la sentencia de primera instancia será confirmada en este aspecto tal como lo
dispuso el a quo. […]
Como quiera que en el sub examine las partes apelaron la sentencia inicial y, en
razón a que el inciso 2º del artículo 328 del CGP, lo permite, la Sala procederá a
pronunciarse sobre la indexación de la primera mesada pensional, máxime cuando
la misma fue solicitada por la actora, desde el libelo demandatorio en su pretensión
número cinco (5) (F.5) […]
Se encuentra probado en el proceso y no es objeto de discusión, que la señora
Nubia Gutiérrez Herrera, se retiró definitivamente del servicio el 15 de julio de
1996 y el status jurídico de pensionada lo alcanzó el 25 de mayo de 2004, cuando
cumplió la edad, esto es, 55 años. Tal prestación fue liquidada con Resolución No.
2719 de 4 de octubre de 2005, con efectividad a partir del 25 de mayo de 2004,
es decir, cuando alcanzó el status de pensionada, por cuanto con anterioridad se
había retirado del servicio.
En ese orden de ideas, como se puede evidenciar de las pruebas allegadas al
expediente, el presente caso se enmarca en las situaciones en la[s] que procede
la indexación de la primera mesada pensional, toda vez que entre el retiro del
servicio y el reconocimiento de la pensión transcurrió un lapso de tiempo
significativo, aproximadamente ocho (8) años, por lo tanto se causó la pérdida de
valor adquisitivo de los factores que se deben tener en cuenta para liquidar el
monto de la pensión.
En consecuencia, se ordenará que la pasiva sobre el monto total de la pensión de
jubilación realice la actualización (indexación) de la primera mesada pensional de
la demandante con el IPC, teniendo en cuenta la fecha del retiro del servicio (a
partir del 15 de julio de 1996) y la consolidación del status jurídico de pensionada
(25 de mayo de 2004) […]» (Ortografía, negrillas y gramática del texto original)

Análisis de la Subsección

La UGPP estimó que, en la reliquidación de la pensión de la aquí demandada, debió
tenerse en cuenta el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, al
considerar que el ingreso base de liquidación no resultaba objeto de transición. Como
sustento de ello, solicitó adoptar el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, que
consideró desconocido por la sentencia objeto de revisión. Así las cosas, el análisis se
concretará a tal argumento.

De la interpretación sobre el ingreso base de liquidación

Para abordar el anterior planteamiento, es de anotar, que para el momento en el que
se produjo la decisión, la posición adoptada por el Consejo de Estado, en relación con
el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, era la contenida en la sentencia del 4 de agosto

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de 201032, antes referida, según la cual aquel también se rige por las normas anteriores
a dicha ley.

Ahora, en relación con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita como
desconocida33, se tiene lo siguiente:

En cuanto a la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, la Subsección estima
importante precisar que, en esta providencia, la Corte Constitucional analizó la
exequibilidad del artículo 17 de la Ley 4.ª de 1992, y en cuanto al IBL que debe tenerse
en cuenta para los beneficiarios del régimen especial de congresistas, determinó las
siguientes reglas: i) el régimen pensional contenido en la mencionada ley no podrá
extenderse a quienes con anterioridad al 1.° de abril de 1994, no se encontraren
afiliados al mismo; ii) los factores de liquidación serán aquellos efectivamente recibidos
por el beneficiario y sobre los cuales se hubiesen efectuado las correspondientes
cotizaciones; iii) el IBL será el establecido en los artículos 21 y 36 inciso 3 de la Ley
100 de 1993, según el caso y iv) las mesadas no podrán superar los veinticinco salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a partir del 1 de julio de 2013. Este régimen
difiere del que rige el derecho pensional de la aquí demandada quien no es beneficiaria
de dicha normativa especial.

Adicionalmente, la Corte mediante proveído SU-230 de 2015 definió claramente que
dicha interpretación no era exclusiva del régimen especial que se analizó, pues el
estudio en abstracto sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de
establecer que el IBL no es un aspecto de la transición, resulta aplicable para
determinar el monto pensional con independencia del régimen especial al que
pertenezca el trabajador. No obstante, en aplicación de la teoría del apartamiento
judicial34, y, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, tanto el
a quo como el ad quem estaban facultados para acoger la desarrollada por el Consejo
de Estado.

Así las cosas, es plausible colegir que los jueces de instancia dieron preferencia a la
posición del Consejo de Estado contenida en la sentencia del 4 de agosto de 2010, en
razón a que, en su criterio, esta se acompasaba en mayor medida al principio de
progresividad y a la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. En
esas condiciones, optaron por atender tal posición en aplicación de los postulados
constitucionales.

De los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación

En el mismo sentido, en lo atinente a la inclusión de los factores salariales en el ingreso
base de liquidación, es importante señalar que el criterio acogido por el juez de
segunda instancia fue el sostenido por el Consejo de Estado según el cual, la relación
de emolumentos contenida en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985 no era taxativa sino

32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01.
33
Sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-023 de 2018.
34
Según la cual, es plausible para los jueces y tribunales apartarse excepcionalmente de la aplicación
de un precedente obligatorio.
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enunciativa, por lo que es plausible tener todos aquellos que percibe el servidor como
retribución de su labor durante el último año.

En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, en el ejercicio de su independencia y autonomía judicial valoró las
pruebas allegadas junto con la normativa aplicable y explicó las razones que lo llevaron
a acoger la tesis de su superior funcional y Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo. En ese sentido, no puede admitirse que su decisión haya sido
caprichosa, arbitraria o contraria a derecho, por el contrario, se encuentra
razonablemente sustentada y fundamentada en el precedente vinculante. De ahí que
mantuvo la decisión del a quo de condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de la
señora Nubia Gutiérrez Herrera en un monto equivalente al 75% de promedio de lo
devengado durante el último año de servicio, comprendido entre el 15 de julio de 1995
y 15 de julio de 1996, con inclusión de todos los factores recibidos en dicho lapso, a
saber: el sueldo básico, el auxilio de alimentación, el subsidio de transporte, la prima
de antigüedad, 1/12 de las horas extra diurna/nocturna, 1/12 de la prima semestral,
1/12 de la prima de navidad y 1/12 de la prima de vacaciones, pero con efectos fiscales
desde el 14 de diciembre 2009 por prescripción trienal.

En suma, en el presente asunto se demostró que la señora Nubia Gutiérrez Herrera
era beneficiaria del régimen de transición, pues este aspecto no fue objeto de
discusión. Su pensión fue liquidada con base en lo devengado en el último año de
servicio con una tasa de reemplazo del 75%, según lo previsto en la Ley 33 de 1985,
modificada por el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, que consagra las disposiciones de
las prestaciones sociales para el sector público. Tal normativa le era aplicable por
haber tenido una edad superior a los 45 años al momento en que la Ley 100 de 1993
entró en vigor y haber prestado más de 20 años de servicio público. Este criterio guarda
armonía con la tesis jurisprudencial del 4 de agosto de 2010, vigente para ese
momento, que entendía que el IBL hacía parte del régimen de transición y se debían
incluir todos los factores salariales devengados.

Finalmente, es importante advertir que, si bien la Sala Plena del Consejo de Estado
modificó su posición frente al ingreso base de cotización de los servidores del régimen
general, en la sentencia de unificación el 28 de agosto de 2018, también es cierto que
en dicha providencia se delimitó su alcance para señalar que «No puede entenderse, en
principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del derecho o fraude
a la ley […]». Así las cosas, se considera que la tesis allí contenida no se puede
extender al presente caso, pues la decisión que se revisa se ajustó al criterio imperante
para la época.

Por las razones expuestas es plausible concluir que no se configura la causal prevista
por el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Esta posición permite
salvaguardar instituciones superiores tales como la seguridad jurídica 35.

35
Sobre el respeto por las situaciones definidas con arreglo a los criterios jurisprudenciales vigentes
para la época en la que fueron dictadas las sentencias, entre otras providencias, se pueden ver: Consejo
de Estado, Sala Seis Especial de Decisión, sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-

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Así las cosas, no se demostró la vulneración de los artículos 1.° de la Ley 33 de 1985,
36 de la Ley 100 de 1993 y 1.° del Decreto 1158 de 1994, citadas como desconocidas
por la UGPP en el escrito contentivo de la acción de revisión, en consideración a que
la interpretación que la sentencia cuestionada impartió a tales contenidos normativos
se alineó con el criterio jurisprudencial vigente para la época en el Consejo de Estado.

En esas condiciones, como no se encuentra probada la configuración de la causal b),
tampoco la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

En conclusión: No se configuran las causales de revisión previstas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al reconocer la pensión de la señora Nubia
Gutiérrez Herrera atendiendo el ingreso base de liquidación de la Ley 33 de 1985,
modificada por el artículo 1.º de la Ley 62 del mismo año, esto es, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante el último año de servicios,
con inclusión de todos los factores recibidos en dicho lapso, a saber, el sueldo básico,
el auxilio de alimentación, el subsidio de transporte, la prima de antigüedad, 1/12 de
las horas extra diurna/nocturna, 1/12 de la prima semestral, 1/12 de la prima de
navidad y 1/12 de la prima de vacaciones.

Decisión

Con base en los argumentos expuestos, al no encontrar configuradas las causales de
revisión previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, se
declarará infundada la acción de revisión contra la sentencia del 1 de marzo de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, por medio de la cual se confirmó la reliquidación pensional en favor de
la señora Nubia Gutiérrez Herrera.

Condena en costas

El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público ». Esta Corporación36 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público, así como un
mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad
social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en costas en el
caso analizado.

15-000-2018-01943-00(REV), demandante: UGPP; Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del
6 de agosto de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-02097-00(REV), demandante: Cajanal EICE
en Liquidación; Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2019, radicación:
11001-03-25-000-2016-00681-00(2861-2016), demandante: UGPP.
36
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, salas especiales de decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).

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25

Radicado: 110010325000202000862 00 (2610-2020)
Demandante: FONCEP

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero: Declarar infundada la acción de revisión presentada por el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones, FONCEP, contra la señora Nubia
Gutiérrez Herrera con el fin de que se infirme la sentencia del 1 de marzo de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 110013335027201500878.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al despacho de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el sistema informático SAMAI y
archívese el expediente del recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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