Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00865-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00865-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00865-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00865-00 (2618-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00865-00 (2618-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional
Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
Asunto: Acción especial de revisión de la Ley 797 de 2003
Tema: causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248 a 255 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se procede
a dictar sentencia en el marco de la acción especial de revisión1 prevista en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, contra el fallo del 7 de julio de 2016 proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F2, que confirmó con
modificación la providencia del 27 de febrero de 2015, dictada por el Juzgado Décimo
Administrativo de Descongestión de Bogotá, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional solicita que se infirme la
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca antes mencionada, porque
considera que incurrió en la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
toda vez que el señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes no tiene derecho a la
reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión en el ingreso base de liquidación
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, puesto
que aquel (el IBL) debe establecerse según el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
1 Así la ha denominado la jurisprudencia de esta Corporación, entre otras decisiones: Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, providencia de 27 de marzo de 2014, Rad. 11001-03-25-000-2012-00561-
00(2129-12) REV, M.P. Gerardo Arenas Monsalve y Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero
de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2019- 04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2 M.P. Luis Alfredo Epalza Cervantes, demandante: Roberto Alfredo Epalza Cervantes, demandado: Universidad
Nacional de Colombia- Fondo Pensional, Rad. 11001-33-31-026-2010-00524-01.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00865-00 (2618-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes, en ejercicio de la acción prevista en el
artículo 85 del Código de lo Contencioso Administrativo3, presentó demanda contra la
Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se declarara la
nulidad parcial de la Resolución FP 0390 del 31 de octubre de 2008, a través de la
cual le reconoció una pensión de vejez.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la parte
demandada liquidar la pensión de vejez, equivalente al 75% del valor de los salarios
devengados durante el último año de servicios, de conformidad con las leyes 33 y 62
de 1985; que las sumas reconocidas se actualizaran de acuerdo con el índice de
precios al consumidor; se pagaran los intereses moratorios causados; y se condenara
al pago de costas y agencias en derecho.
2.2. Sentencia de primera instancia4
3. El Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión de Bogotá, en sentencia del 27
de febrero de 2015, declaró la nulidad parcial del acto administrativo acusado. En
consecuencia, ordenó a la Universidad Nacional de Colombia reliquidar la pensión de
vejez del accionante, equivalente al 75% de lo devengado en el último año de servicios
(«del 1 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008»), con inclusión de los factores
salariales que se le habían liquidado y pagado en dicho periodo, como lo son: prima de
antigüedad; bonificación por servicios prestados; bonificación bienestar universitario;
subsidio de alimentación; auxilio de transporte; primas de servicios, vacaciones y
navidad; ajuste prima de vacaciones por retiro; ajustes de la prima de vacaciones por
retiro, de la prima de navidad por retiro y el quinquenio por retiro.
4. Lo anterior, luego de definir que como el actor era beneficiario del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, le era aplicable el régimen pensional previsto en la Ley
33 de 1985; de manera que, tenía derecho a que su pensión de vejez se liquidara de
conformidad con la Ley 33 de 1985, en un monto equivalente al 75% de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios, con fundamento en lo
expuesto en la sentencia de unificación proferida por la corporación el 4 de agosto de
2010.
2.3. Sentencia de segunda instancia5
5. La decisión de primera instancia fue confirmada con modificación por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia el 7 de julio de 2016, al resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en su contra. En tal sentido,
resolvió lo siguiente:
SEGUNDO: MODIFÍCASE los numerales 2° y 4° de la sentencia, los cuales quedarán así:
3 Norma vigente para la época.
4 Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 135 a 165.
5 Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 169 a 185.
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Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
SEGUNDO: Como consecuencia del anterior reconocimiento y a título de restablecimiento
del derecho, ORDÉNESE a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- FONDO
PENSIONAL, reliquidar la pensión mensual vitalicia de vejez al señor ROBERTO
ALFREDO EPALZA CERVANTES, a partir del 1 de diciembre de 2008, con el 75% de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, que comprende el
periodo 30 de noviembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008, con inclusión de los factores
salariales de: Asignación básica, prima de antigüedad, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por
servicios prestados, ajuste prima de vacaciones por retiro, ajuste prima de navidad de
retiro, con efectos fiscales a partir del 01 de diciembre de 2008. Se deben tomar las
doceavas partes o proporcional al tiempo laborado de aquellos factores que se devengan
anualmente.
6. Como fundamento de su decisión, el tribunal indicó que de conformidad con la
postura desarrollada en la sentencia SU 230 de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, el ingreso base de liquidación no fue un aspecto sometido a la
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
7. Señaló que, contrario a lo anterior, según las reglas jurisprudenciales del Consejo
de Estado, expuestas en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 debe aplicárseles en su
integridad el régimen anterior, en virtud de los principios de inescindibilidad de la ley y
favorabilidad; es decir, edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.
8.Adujo que el accionante al momento de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993
contaba con 40 años y estaba amparado por el régimen de transición de tal ley; de
modo que su pensión debía reconocerse con fundamento en las leyes 33 y 62 de 1985,
que exigían 20 años de servicio público y 55 años de edad.
9.Precisó que, como el actor cumplió con los anteriores requisitos, la pensión de vejez
debió liquidarse con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios («entre el 30 de noviembre de 2007 y el 30 de
noviembre de 2008»), teniendo en cuenta los factores salariales percibidos de manera
habitual y periódica.
III. ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
3.1. Demanda6
10. La Universidad Nacional, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de
la acción especial de revisión contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca antes referida, invocó la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 20037 y formuló las siguientes pretensiones:
6 Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 2 a 53.
7 «artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública. <apartes tachados inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial.
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Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
(i) Revocar la sentencia objeto de revisión.
(ii) Ordenar la reliquidación de la pensión de vejez del señor Roberto Alfredo Epalza
Cervantes, calculando el IBL con el promedio de lo percibido en los últimos diez años
de servicio, de conformidad con las reglas fijadas en las sentencias C-168 de 1995, C-
258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017,
SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidas
por la Corte Constitucional; así como el fallo SU-52001-23-33-000-2012-00143-01 del
28 de agosto de 2018 dictado por la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del
Consejo de Estado.
(iii) Ordenar al demandado reintegrar la totalidad de las sumas percibidas en exceso
por la reliquidación de la mesada pensional, en virtud de las órdenes impartidas en la
sentencia a revisar; suma que debe ajustarse de conformidad con el inciso final del
artículo 187 del CPACA.
(iv) Condenar en costas y agencias en derecho.
11. A juicio de la parte recurrente se configura la causal b), atinente a que la cuantía
del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, comoquiera que al
accionado no le asiste derecho a la liquidación de la pensión de vejez con la totalidad
de factores salariales devengados en el último año de servicios, puesto que el IBL
debe calcularse con el promedio de los salarios percibidos durante los últimos diez
años de servicios, de conformidad con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con
la inclusión de los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, específicamente,
aquellos sobre los cuales se hubiesen efectuado cotizaciones.
3.2. Actuaciones procesales relevantes
12. Por medio de auto del 30 de octubre de 2021 se admitió la demanda y se ordenó
notificar por estado a la entidad recurrente y personalmente al accionado8.
13. En proveído del 8 de septiembre de 2022, vencido el término previsto para que la
parte recurrida y el Ministerio Público se pronunciaran sobre la admisión del recurso
extraordinario de revisión, se tuvieron como pruebas los documentos allegados con la
demanda y se prescindió del periodo máximo probatorio9.
3.3. Contestación a la acción especial de revisión10
14. Elseñor Roberto Alfredo Epalza Cervantes solicitó que se niegue el recurso,
comoquiera que los pagos que pretende la accionante le sean reintegrados se
produjeron con ocasión al cumplimiento de unas órdenes judiciales proferidas por el
juez competente, garantizando los derechos de defensa y contradicción de las partes.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y
además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
8 Samai, índice 05.
9 Samai, índice 15.
10 Samai, índice 11.
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15. Sostuvo que advertida la fecha en la que se dictó la sentencia del tribunal objeto de
revisión y aquella en la que se presentó el recurso, es claro que este se presentó
extemporáneamente, teniendo en cuenta que el término para interponerlo es de un
año de conformidad con el artículo 251 del CPACA.
3.4. Concepto del Ministerio Público
16. La procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio11.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
17. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión en
virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1º, de la Ley 797 de 2003 y 249, inciso
2, del CPACA12.
18. La Sección Segunda es competente para conocer de la acción especial de revisión,
según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 13, por
tratarse de un asunto de carácter laboral.
4.2. Oportunidad
19. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional invocó como causal de revisión la
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de manera que, teniendo
en cuenta que la sentencia objeto del recurso fue proferida y quedó ejecutoriada en
vigencia del CPACA, resulta aplicable lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 251 de
esta normativa que precisa lo siguiente:
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a
partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
20. En el presente caso, como la sentencia del 7 de julio de 2016 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca quedó ejecutoriada el 18 de julio de 201614, al
haberse presentado el recurso extraordinario de revisión el 2 de octubre de 202015, se
tiene que se interpuso dentro del término previsto en la normativa en mención.
4.3. Legitimación en la causa
11 Samai, índice 20.
12 «Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por
los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por Los jueces administrativos conocerán
los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003».
13 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
14 Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 187.
15 Samai, índice 01.
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21. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
activos de la acción especial de revisión son el gobierno, por conducto del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el
contralor general de la República y el procurador general, que pueden ejercerla con el
propósito de lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La
primera, prevista en el literal a), para los eventos en que el reconocimiento se haya
obtenido con violación al debido proceso. La segunda, descrita en el literal b), para los
casos en los cuales la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley.
22. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-417 de 2016, expuso que la
Constitución no reguló la titularidad para interponer la referida acción y que, en ese
sentido, se debía entender que esta también recaía, además de los sujetos de derecho
previstos en el artículo antedicho, en «las administradoras de pensiones encargadas
del pago de las prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular», en la
medida en que «son las primeras instituciones llamadas dentro del sistema pensional
a velar por su buen funcionamiento financiero».
23. Así las cosas, como al Fondo Pensional de la Universidad Nacional le corresponde
el pago del pasivo pensional de la institución educativa16, la Sala considera que se
encuentra legitimado en la causa por activa para ejercer la acción especial de revisión
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 200317.
24. Por su parte, el señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes también se encuentra
legitimado en la causa por pasiva, por cuanto actuó como demandante en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, que culminó con la providencia objeto de la
acción especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
7 de julio de 2016.
4.4. Problema jurídico
25. Conforme con los planteamientos expuestos en la demanda de revisión que propuso
el Fondo Pensional de la Universidad Nacional, corresponde a la Sala determinar si:
16 Ley 1371 de 2009, artículo 2. «Fondos para el pago del pasivo pensional. Las universidades objeto de la
aplicación de la presente ley deberán constituir un fondo para el pago del pasivo pensional, el cual será una cuenta
especial, sin personería jurídica, de la respectiva universidad, cuyos recursos serán administrados por una
entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en forma independiente, mediante
patrimonio autónomo. Los recursos y los rendimientos tendrán destinación específica para pagar el pasivo
pensional, así como los gastos de administración del patrimonio autónomo».
17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, en la sentencia del 3 de mayo de 2021, proceso con
número de radicado 11001-03-15-000-2020-04801-00, consideró que el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional se encontraba legitimado para formular la acción especial de revisión establecida en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Corte Constitucional (sentencia SU-417 de
2016). // En igual sentido se pueden consultar las siguientes decisiones: (i) Sala de lo Contencioso – Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2020-00827-00 (2512-
2020) (AER); (ii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia 13 de julio
de 2023, Rad. 11001-03-25-000-2020-00828-00 (2513-2020); (iii) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de octubre de 2023, Rad. 11001-03-25-000-2022-00664-00 (5984-2022);
(iv) Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, 12 de diciembre de 2023, Rad.
11001-03-25-000-2020-00786-00 (2399-2020).
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Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
26. ¿La pensión de vejez reconocida al señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes se
reliquidó en una cuantía superior a la prevista por la ley, teniendo en cuenta que, a
juicio de la parte actora, no se calculó de conformidad con el inciso 3° del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado?
27. Para resolver el problema planteado, la Sala analizará las generalidades de la
acción especial de revisión, además de las causales previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y luego, resolverá el caso concreto.
4.5. Generalidades sobre la acción especial de revisión y las causales previstas
en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Reiteración de
jurisprudencia18
28. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación contra las
sentencias ejecutoriadas que constituye una excepción al principio de cosa juzgada.
Está regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, y su ámbito de acción está
restringido a las causales taxativas previstas por el legislador, las cuales no admiten
interpretaciones extensivas19.
29. Ahora bien, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció una «acción especial» 20,
en la que se facultó a determinadas entidades para pedir la revisión de las providencias
judiciales, transacciones o conciliaciones que ordenaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. La norma en
cita estableció expresamente las causales de procedencia, así:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) La cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que legalmente son aplicables.
30. La acción especial de revisión se debe tramitar a través del procedimiento señalado
18 Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-
000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre otras sentencias:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-
2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de
marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de
febrero de 1993, Rad. REV-037.
20 Cita original: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda., providencia del 27
de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25- 000-2012-00561-00(2129-12), M.P. Gerardo Arenas Monsalve en la
que se indicó: […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su trámite el procedimiento
del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que
las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan
una entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y
a los mecanismos de control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el
proceso ordinario cuya revisión se permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el
patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad financiera del sistema pensional […]”(subrayas de la Sala).
Cfr., Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia de 25 de febrero de 2022, Rad. 11001-03-
15-000-2019-04468-00 REV, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Novena Especial de
Decisión, sentencia de 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15- 000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández. Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia de 21 de agosto de 2020, Rad.
11001-03-15-000-2019-03846-00 REV, M.P. Martha Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala Veinticinco
Especial de Decisión, sentencia de 8 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-04141-00 REV., M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico.
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para el recurso extraordinario de revisión; con todo, presenta elementos que la
caracterizan según la jurisprudencia del Consejo de Estado21 y de la Corte
Constitucional, a saber:
(i) Tiene por objeto controvertir las sentencias o conciliaciones que reconocen sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro
público y contrarrestar los casos de corrupción en la materia22.
(ii) La legitimación en la causa por activa es limitada porque para ejercerla se requiere de
un solicitante calificado23.
(iii) No se extiende a reabrir el debate probatorio, sino a revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el
equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los
recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema
de Seguridad Social24.
(iv) No es una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una
prestación, pues se contrae a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del
derecho (literal a) cuando se concedió con vulneración del debido proceso; y a la
liquidación (literal b) en un valor mayor al que corresponde25.
31. A partir de los antecedentes históricos, la acción de revisión originada en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 es un mecanismo que hace parte de la reforma pensional
establecida en la citada ley, con el fin de reducir el déficit fiscal para así hacer viable
financieramente el sistema pensional, conforme se lee en la exposición de motivos. De
modo que, sobre «[…] la revisión de providencias judiciales, transacciones,
conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocieron sumas periódicas o
pensiones, se indicó que permite ‘afrontar los graves casos de corrupción en esta
materia y evitar los graves perjuicios que pueda sufrir la Nación’»26.
32. Ahora bien, respecto a las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo
20 de la Ley 797 de 200327, se tiene que, según la primera de ellas, la acción especial
de revisión es procedente en el evento en que la sentencia recurrida reconoce una
pensión con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación al
debido proceso. Así, resulta necesario que la parte actora allegue los elementos sobre
21 Entre muchas otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión
Diecinueve, sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00. M.P. William Hernández
Gómez. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especial de Decisión Nueve,
sentencia de sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10
de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, providencia de 10
de agosto de 2017, Rad. 25000-23-25-000-2002-05275-01, M.P. William Hernández Gómez.
23 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia
del 1° de agosto de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión,
sentencia de 18 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-03549-00, demandante: UGPP, M.P. William
Hernández Gómez.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 27 de marzo de 2014,
Rad. 11001-03-25-000-2011-00561-00 (2129-2012), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
27«[…]a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
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los que sustenta su petición y acredite que el reconocimiento pensional se efectuó con
desconocimiento de las garantías constitucionales que constituyen el derecho al
debido proceso, conforme lo prevé el artículo 29 superior, esto es, (i) el derecho al juez
natural o funcionario competente; (ii) el derecho a ser juzgado según las formas de
cada juicio o procedimiento; y (iii) las garantías de audiencia y defensa 28.
33. En cuanto a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
esta corporación ha explicado lo siguiente:
[…]
El literal b) de la Ley 797 de 2003 prevé que las pensiones con cargo al erario deben ser
revisadas «Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto que condujo a la expedición de la
Ley 797 de 2003, la causal obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales
solidarios, financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos
los ciudadanos […]».
En efecto, uno de los principales propósitos de esta Ley y, en particular, del artículo 20
ibídem, era el de reducir el déficit fiscal y hacer del sistema pensional un sistema posible,
realizable, en términos económicos, de tal forma que fuera posible la revisión, entre
otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía excediera lo debido de acuerdo
con las normas vigentes. En ese orden de ideas, las causales de procedencia de la acción
de revisión deben interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho
instrumento procesal.
En sentido similar, esta Corporación explicó que la causal se erige como una herramienta
legal útil, que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa y que permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan
los principios que orientan el Sistema General de Pensiones, en especial, el principio de
solidaridad y equilibrio financiero.
A lo anterior se suma que el sistema pensional debe ser sostenible fiscalmente, de tal
forma que garantice la estabilidad a largo plazo de las finanzas públicas y se procure el
cumplimiento de los principios de rentabilidad, sostenibilidad y conveniencia, en cuanto
a la determinación del gasto, de tal forma que prevalezca el interés general sobre el
particular. […]”29.
34. En este orden de ideas, la acción de revisión no permite plantear nuevamente el
debate de la instancia ni subsanar falencias en la actuación, sino que su finalidad
consiste en la revisión de los reconocimientos pensionales o de prestaciones
periódicas que afectan la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones.
35. Se destaca que la causal b) al señalar que la acción especial de revisión procede
«cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido según la ley, pacto, o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables», permite que se verifique la
28 Al respecto puede verse, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión,
sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión, sentencia de 5
de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-001884-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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suma de la prestación otorgada, más no que se determine si procede o no el
reconocimiento del derecho.
4.6. Análisis del caso concreto
36. Según lo expuesto en la demanda de revisión, el problema jurídico propuesto se
formuló alrededor de si la liquidación de la pensión de vejez reconocida al accionado
se obtuvo en una cuantía superior a la prevista por la ley, porque a juicio de la parte
actora, la pensión no se reliquidó de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la
Ley 100 y la interpretación que sobre esta norma han hecho la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado.
37. Ahora bien, con el objeto de resolver el interrogante planteado, en el caso concreto
se encuentran acreditados los siguientes hechos:
(i) El señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes nació el 3 de septiembre de 1953, según
copia de registro civil de nacimiento30, prestó sus servicios a la Universidad Nacional
de Colombia del 1 de junio de 1972 al 29 de noviembre de 2008, conforme al certificado
expedido por la Dirección de Personal, División Salarial y Prestacional de la Universidad
Nacional31; y adquirió el estatus pensional el 3 de septiembre de 200832. Durante el
último año de servicios, el demandado devengó los siguientes factores: asignación
básica; incapacidad médica patrono; prima de antigüedad; bonificación bienestar
universitario; subsidio de alimentación; auxilio de transporte; bonificación por servicios
prestados; primas de servicios, navidad y de vacaciones; vacaciones; bonificación
especial de recreación y por retiro; ajuste compensación vacaciones por retiro; ajuste
de primas de navidad y de vacaciones por retiro; y ajuste de quinquenio por retiro33.
(ii) La Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia, a través de la
Resolución CPS 0390 del 31 de octubre de 2008, reconoció una pensión de vejez al
señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes, efectiva a partir del retiro definitivo del
servicio34.
(iii) Mediante la Resolución FP 0395 del 21 de octubre de 2016, el fondo pensional
accionante, en cumplimiento de la sentencia objeto de revisión, reliquidó la pensión de
vejez del accionado con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
último año de servicios35.
38. Una vez expuesta la causal alegada y los presupuestos fácticos del asunto, la Sala
procede a estudiar el ingreso base de liquidación y el régimen de transición de la Ley
100 de 1993.
30 Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 67.
31 Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 191.
32 Conforme se señaló en la Resolución CPS 0390 del 31 de octubre de 2008 que reconoció una pensión de vejez
al accionado, que obra en Samai, índice 04, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf)
NroActua 4, págs. 79 a 80.
33 Según certificado emitido por el Grupo Salarial y Prestacional Sede Bogotá de la Universidad Nacional de
Colombia, visto en Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 189
a 190, 193.
34 Samai, índice 04, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 79 a 80.
35 Samai, índice 04, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 207 a 218.
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4.6.1. El ingreso base de liquidación para los beneficiarios de los regímenes de
la transición de la Ley 100 de 1993
39. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, estableció las siguientes reglas sobre el ingreso base de
liquidación, para los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, que
se pensionaron según la Ley 33 de 1985, así:
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir su pensión de
vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación
que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento
de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones,
indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta
la siguiente regla jurisprudencial:
El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo
del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar
el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes
subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
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únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
[…]
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación,
en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la
Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y
no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el
último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en
materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el
servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda
a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe
el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los
principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta
Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación
pensional y a ellos se debe limitar dicha base36.
40. De acuerdo con la interpretación jurisprudencial referida, quienes siendo
beneficiarios de la transición tuviesen derecho al reconocimiento pensional en los
términos de la Ley 33 de 1985, son sujetos de esta disposición, pero solamente en
cuanto al tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo; sin embargo, el ingreso base
de liquidación es el previsto en los artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993,
según sea el caso.
4.6.2. Verificación de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003 - la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo
con la ley
41. El Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia alegó la causal
prevista en el literal b) porque la sentencia del Tribunal, que hizo tránsito a cosa
juzgada, ordenó la reliquidación de la pensión de vejez sin tener en cuenta que el
ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 está regido por los artículos 21 y 36 ídem y el artículo 1° del Decreto 1158
de 1994, en cuanto a los factores salariales.
42. Ahora bien, se destaca que para esta Subsección lo relevante cuando se trata de
acciones especiales de revisión es analizar el criterio jurisprudencial vigente para la
época en que el tribunal dictó la decisión censurada37. Esto, acorde con los efectos del
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.
52001-23-33-000-2012-00143-01.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-
2018-01458-00 (4815-2018).
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fallo de unificación del 28 de agosto de 201838 de la Sala Plena de lo Contencioso –
Administrativo que expresamente consideró «debe precisarse que los casos respecto
de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables»; así como que «las pensiones que han sido
reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que
sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley».
43. En el mismo sentido, en el fallo de unificación de la Sección Segunda del 11 de junio
de 2020 CE-SUJ-S2-021-2039, se explicó que los conflictos judiciales resueltos están
amparados por la cosa juzgada y son inmodificables, para garantizar la seguridad
jurídica y los principios fundamentales de la seguridad social.
44. Nótese que la Sección Segunda de esta corporación sostenía desde el año 2010
una tesis jurisprudencial en cuanto a la reliquidación pensional de los beneficiarios de
la transición de la Ley 100 de 1993, que cambió solamente con la sentencia de la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo del 28 de agosto de 2018. En efecto, la
Sección Segunda, en el fallo del 4 de agosto de 2010 sostuvo, en materia de
reliquidación pensional, que los jubilados conforme la Ley 33 de 1985, como
beneficiarios del régimen de transición regulado en la Ley 100 de 1993, tenían derecho
a la aplicación integral del régimen anterior, y, en concreto, que el artículo 3 de la Ley
33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales del ingreso base de
liquidación pensional, sino que estaban simplemente enunciados, por ello, era
procedente la inclusión de todos los conceptos devengados por el trabajador en el
último año de prestación de servicio.
45. En el presente caso, en efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó la
sentencia el 7 de julio de 2016, en la que expuso el desarrollo jurisprudencial del
ingreso base de liquidación en la jurisprudencia y señaló que compartía la posición del
tribunal de cierre de la jurisdicción de lo contencioso - administrativo, expuesto en la
sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, respecto a que a los beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 se les aplicaba en su integridad el
régimen pensional anterior. Ello, en cuanto a la edad, tiempo de servicios, monto de la
pensión y los factores salariales percibidos por el actor de forma periódica y como
retribución directa del servicio.
46. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que confirmó con modificación el fallo del Juzgado
Décimo Administrativo de Descongestión de Bogotá, que accedió a las pretensiones
de la demanda del señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes, en el sentido de incluir en
la reliquidación pensional todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios, siguió la línea jurisprudencial vigente y aplicable para el asunto particular,
por tanto, prevalece la fuerza de cosa juzgada.
47. Con lo anterior, en manera alguna se desconoce que para el momento en que se
dictó la sentencia objeto de revisión y con posterioridad, la Corte Constitucional, en las
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018, Rad.
52001-23-33-000-2012-00143-01.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 11 de junio de
2020, Rad.15001-23-33-000-2016-00630-01 (4083-2017).
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providencias relacionadas en la demanda de la referencia40, defendía una tesis
contraria a la entonces sostenida por la Sección Segunda del Consejo de Estado; no
obstante, como se destacó con antelación, en el margen de la autonomía funcional, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió acogerse a la postura del máximo
tribunal de lo contencioso – administrativo, lo que resulta razonable y no es constitutivo
de una circunstancia que permita predicar la configuración de la causal excepcional
que se estudia.
48. Por otra parte, se indica que la procedencia de las causales de revisión debe
interpretarse atendiendo la facultad de revisión de los reconocimientos pensionales,
que afectan los principios de solidaridad y sostenibilidad financiera del Sistema
General de Pensiones. A su turno, el Acto Legislativo 01 de 2005 refiere que procede
la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento
de los requisitos legales, acorde con el procedimiento establecido por el legislador,
pero que a la fecha no ha sido expedido.
49. Sobre el punto, la Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 201341, precisó que
«los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de
servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial-
conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló
en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un
subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».
50. En este contexto, se revisa la historia laboral del pensionado para verificar si se está
frente a un incremento desproporcionado o injustificado de la mesada pensional. Así
pues, se encuentra que en el expediente administrativo obra la certificación expedida
por el jefe de la División Salarial y Prestacional Sede Bogotá de la Universidad
Nacional de Colombia, según la cual el señor Roberto Alfredo Epalza Cervantes
devengó en el último año de servicios los siguientes emolumentos: asignación básica;
incapacidad médica patrono; prima de antigüedad; bonificación bienestar universitario;
subsidio de alimentación; auxilio de transporte; bonificación por servicios prestados;
primas de servicios, navidad y de vacaciones; vacaciones; bonificación especial de
recreación y por retiro; ajuste compensación vacaciones por retiro; ajuste de primas
de navidad y de vacaciones por retiro; y ajuste de quinquenio por retiro 42.
51. A su vez, se advierte que la liquidación de la pensión del señor Epalza Cervantes
no excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) es beneficiario
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez
que nació el 3 de septiembre de 1953, por lo que tenía 40 años de edad al 1 de abril
de 199443; ii) acreditó más de 20 años de servicios; y iii) durante el último año percibió
los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó la reliquidación de la pensión.
52. En este orden de ideas, el Fondo Pensional de la Universidad Nacional no acreditó
en el presente proceso que el incremento de la mesada pensional dispuesto en la
40 C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y SU-
631 de 2017, T-039 de 2018, y los autos 326 de 2014 y 229 de 2017, proferidos por la Corte Constitucional,
41 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
42 Samai, índice 04, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 189 a 190,
193.
43 De acuerdo con el registro civil de nacimiento que obra en Samai, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-
2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, pág. 67.
14
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00865-00 (2618-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
providencia censurada hubiese aumentado significativamente el valor de la pensión
sin guardar relación con los salarios recibidos por el señor Roberto Alfredo Epalza
Cervantes en su vida laboral.
53. Por el contrario, acorde con los hechos probados se resalta que el señor Epalza
Cervantes prestó sus servicios en la Universidad Nacional, del 1 de junio de 1972 al 29
de noviembre de 2008; su último año de servicios transcurrió del 30 de noviembre de
2007 al 30 de noviembre de 2008. Además, el acto administrativo que cumplió la orden
judicial, contenido en la Resolución FP 0395 del 21 de octubre de 2016, en el artículo
4°, ordenó descontar del retroactivo neto a pagar, por concepto de pensión a favor del
fondo pensional, la suma de $8.416.841, por concepto de aportes para pensión de
factores de salario no cotizados44.
54. En consecuencia, no se configura la causal en mención y, por ende, se declarará
infundada la acción especial de revisión.
4.7. Costas
55. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prevé que «salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil», remisión que se entiende
al Código General del Proceso.
56. Por su parte, la Ley 2080 de 2021, en el artículo 47, adicionó un segundo inciso en
el sentido que «en todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».
57. En este orden de ideas, en atención al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
condenará en costas por la naturaleza del asunto, de un lado, en la medida que se
trata de una acción especial en la que se ventila un interés público, pues la entidad
legitimada pretende la salvaguarda del equilibrio y sostenibilidad financiera del sistema
general de pensiones, propósito que motivó al legislador de 2003 para estatuir ese
mecanismo especial de revisión contra sentencias que ordenan un reconocimiento
pensional en detrimento del erario45; de otro, porque no se evidencia que la demanda
se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal.
4.8. Conclusión
58. En consideración a lo expuesto, la Sala declarará infundada la acción especial de
revisión porque no se configuró la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003.
59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
44 Samai, índice 04, índice 04, ED-5-05 S397-D2Demanda-2020928211724.pdf(.pdf) NroActua 4, págs. 207 a 218.
45 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-
15-000-2019-01749-00, M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de
Decisión, sentencia del 2 de junio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2020-02983-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala Diecisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de junio de 2023, Rad. 11001-03-15-000-
2021-06622-00, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00865-00 (2618-2020)
Demandante: Universidad Nacional de Colombia – Fondo Pensional
Demandado: Roberto Alfredo Epalza Cervantes
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión presentada por
la Universidad Nacional de Colombia - Fondo Pensional con el fin de que se infirme la
sentencia del 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que confirmó con modificación la
providencia del 27 de febrero de 2015, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo
de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el número 11001-33-31-026-2010-00524-01.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Archivar el expediente de la acción especial de revisión, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
TAP/JCBB
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