Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00876-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-25-000-2020-00876-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00876-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00876-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00876-00 (2661-2020)
Accionante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones-
FONCEP
Demandado: José Helí Álvarez Torres
Temas: Causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Artículo
250, numeral 7.° del CPACA. Presupuestos de configuración.
Reliquidación pensional - Régimen de transición de la Ley 33 de
1985. Docente vinculado antes de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.
Decisión: Declara infundada la acción. Sin condena en costas.
ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 2
presentada por el FONCEP en contra de la sentencia del 11 de julio de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F3, que confirmó parcialmente la providencia del 15 de noviembre de
2016 dictada por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia del 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-
03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo.
Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Fue presentada el 27 de agosto de 2020 por correo electrónico, según da cuenta el índice 3 del aplicativo
Samai, de manera que está regulado por los artículos 248 y s.s. del CPACA, por remisión del inciso 3.º del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
3 Con ponencia del magistrado Adonay Ferrari Padilla.
www.consejodeestado.gov.co
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
por José Helí Álvarez Torres contra el Fondo de Prestaciones Económicas,
Cesantías y Pensiones, en el proceso radicado 11001333501920150042400/01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Proceso ordinario inicial
2.1.1. La demanda4
2. El señor José Helí Álvarez Torres, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, en contra del Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, con el objetivo de
obtener, en síntesis, que se declare la nulidad de parcial de los siguientes actos
administrativos proferidos por esa entidad:
(i) Resolución 01031 del 16 de septiembre de 1992, por medio de la cual
se le reconoció pensión vitalicia de jubilación.
(ii) Resolución 01192 del 24 de junio de 2003, mediante la cual se reliquida
la pensión de jubilación.
(iii) Resolución 03419 del 29 de diciembre de 2003, confirmatoria de la
decisión anterior.
3. Igualmente solicitó «inaplicar por inconstitucional el Decreto 3752 del 22 de
diciembre de 2003, artículo 3 por violar ostensiblemente la Constitución Política
de Colombia, artículo 53 y la Ley 91 de 1989 artículo 15 numeral 2 literal b».
4. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al FONCEP a
(i) reliquidarle la pensión de jubilación, con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en año anterior al estatus; (ii) que se hagan los reajustes
de ley, conforme a la Ley 71 de 1988, (iii) «de los anteriores valores se descuente
el valor parcial de las mesadas pagadas»; (iv) reconocerle, liquidarle y pagarle
los intereses de mora sobre las sumas adeudadas, conforme lo dispuesto en el
artículo 195 del CPACA, (v) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del
artículo 195 del CPACA y (vi) que se condene en costas a la entidad demandada.
5. Como sustento fáctico de sus pretensiones indicó que la Caja de Previsión
Social de Bogotá, hoy Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y
Pensiones, le reconoció la pensión de jubilación al señor José Helí Álvarez
Torres, mediante la Resolución 01031 del 16 de septiembre de 1992, por
acreditar 20 años de servicios y 50 años de edad, con efectividad a partir del 18
de septiembre de 1989.
6. Con Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 el Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías y Pensiones, reliquidó la pensión por retiro definitivo del
4 Expediente digitalizado, remitido el en el oficio
«RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_EXPEDIENTEDIGITAL2(.pdf) NroActua 14.»
www.consejodeestado.gov.co 2
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
servicio, efectiva a partir del 1.° de enero de 2003, pero sin tener en cuenta los
factores salariales percibidos durante el año anterior al retiro.
7. Contra el anterior acto, se interpuso recurso de reposición, que fue negado por
medio de la Resolución 3419 del 29 de diciembre de 2003.
8. En la demanda se indicó que para la liquidación de la pensión de jubilación del
demandante la entidad únicamente tuvo en cuenta la asignación básica mensual,
sin incluir los siguientes factores: «prima de navidad, prima de vacaciones, prima
de alimentación y la prima de habitación».
9. Como fundamento jurídico adujo que se desconocieron los artículos 2.°, 4.°,
5.°, 6.°, 13, 21, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 360 de la Constitución Política; 17-
b, de la Ley 6 de 1945, 1.° y 15 de la Ley 91 de 1989 y la Ley 33 de 1985.
10. Según lo sostuvo, no existe discusión que el monto de la pensión de jubilación
del actor corresponde al 75% de lo devengado, pero la controversia subsiste
frente a la no inclusión de los factores percibidos en el año anterior al retiro del
servicio comoquiera que sólo se le tuvo en cuenta la asignación básica.
11. Argumentó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes que
figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que
han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes. Además, el artículo 6.° de la Ley 60 de 1993, precisó que a los docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, previsión que se reiteró en la Ley 115 de 1994.
12. Señaló que la pensión del demandante se debe liquidar teniendo en cuenta
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios,
acatando lo dispuesto en las Leyes 6ª de 1945, 4ª de 1966, 91 de 1989 y los
Decretos 1743 de 1966 y 1045 de 1978.
13. Para el apoderado, el régimen pensional vigente para el año en que adquirió
el estatus pensional, 1989, era el establecido en la Ley 33 de 1985, por la
remisión que hace la Ley 91 de 1989, por lo que su pensión se debía reconocer
con el 75% sobre el promedio de los salarios del último año de servicio.
14. Finalmente precisó que la entidad aplicó indebidamente la Ley 812 de 2002
y el Decreto 3752 de 2003, pues desconoció que el actor se vinculó a la docencia
estatal mucho antes de la expedición de las mencionadas normas.
www.consejodeestado.gov.co 3
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
2.1.3. Audiencia inicial5
15. En la etapa de saneamiento del trámite de la audiencia inicial, el Juez
Diecinueve Administrativo del Circuito de Bogotá advirtió que la parte actora no
demandó el acto ficto ante la falta de respuesta al recurso de apelación
interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003; y que pese
a ello la demanda fue admitida.
16. Estimó entonces que debía atenderse al artículo 163 de la Ley 1437 de 2011,
según el cual cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se
debe individualizar con toda precisión. Por ello, si el acto fue objeto de recursos
ante la administración, debían entenderse como demandados los actos que los
resolvieron. Por lo anterior estimó que se acusaba también la nulidad del acto
ficto o presunto ante la falta de respuesta al recurso de apelación interpuesto en
contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 que confirmó la decisión de
negar el reajuste solicitado, ello con el fin de salvaguardar el derecho sustancial
del actor, adulto mayor, objeto de especial protección constitucional.
17. Frente a esta decisión, con la que estuvo de acuerdo la entidad demandada,
no se interpuso recurso.
2.1.4. Sentencia de primera instancia6
18. El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
mediante providencia del 15 de noviembre de 2016, declaró la nulidad parcial de
las Resoluciones 01031 del 16 de septiembre de 1992 y 1192 del 24 de junio de
2003, la nulidad total de la Resolución 3419 de 29 de diciembre de 2003 y del
acto del acto ficto o presunto ante la falta de respuesta al recurso de apelación
interpuesto en contra de la Resolución 1192 del 24 de junio de 2003 que confirmó
la decisión de negar el reajuste solicitado.
19. A título de restablecimiento del derecho ordenó reliquidar la pensión de
jubilación del señor José Helí Álvarez Torres, con base en la Ley 33 de 1985,
«[…] en el 75% del salario promedio mensual devengado en el último año de
servicio, comprendido entre el 1.° de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002,
teniendo en cuenta la totalidad de factores salariales, esto es, asignación básica
mensual, prima de alimentación, prima de habitación, prima de vacaciones, y
prima de navidad, estas dos últimas en forma proporcional a una doceava parte,
efectiva a partir del 1° de enero de 2003, descontando los aportes del sistema de
seguridad pensional, si no se hubieren hecho, […]»; ordenó actualizar las
5 Según se indicó en la sentencia de segunda instancia de 11 de julio de 2018, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F. Índice 3. Expediente digitalizado. Archivo
«DemandaWeb-Demanda-DEMANDACOMPLETA(.pdf) NroActua 3».
6 Índice 3. Expediente digitalizado. Archivo «DemandaWeb-Demanda-DEMANDACOMPLETA(.pdf)
NroActua 3», folios 68 y s.s.
www.consejodeestado.gov.co 4
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
diferencias en las mesadas generadas, denegó las demás pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la entidad.
20. Luego de analizar las pruebas aportadas estimó que el allí demandante laboró
al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 7 de febrero de
1962 al 31 de diciembre de 2002, razón por la cual le es aplicable la normativa
anterior a la Ley 33 de 1985, pues a la entrada en vigencia de dicha norma tenía
más de 15 años de servicio, por consiguiente, estimó que era destinatario de las
disposiciones previstas en las Leyes 6ª de 1945, 4ª de 1966 y los Decretos 3135
de 1968 y 1045 de 1978.
21. En cuanto a la posible aplicación de la sentencia SU-230 de 2015, dijo que
ésta hace referencia a la liquidación del ingreso base de liquidación de los
beneficiarios del régimen de transición, contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, y que extendió los argumentos expuestos en la sentencia C-258 de
2013; por ello consideró ese juzgado que en aplicación del principio de
favorabilidad contenido en el artículo 53 de la Carta Política, acogía el criterio
jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010,
dentro del proceso radicado 2006-7509, con ponencia del consejero Víctor
Hernando Alvarado Ardila, referente a que las pensiones de jubilación del
personal regido tanto por los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, como por
las Leyes 33 y 62 de 1985, deben ser liquidadas con base en el 75% del promedio
mensual de salarios devengados en el último año de servicios, es decir, aquellas
sumas percibidas de manera habitual y periódica como contraprestación de sus
servicios, sin importar la denominación que se les dé; tesis que fue reiterada por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, en sentencia del 25 de febrero de 2016,
expediente, 25000-23-42-000-2013-01541-01 referencia 4683-2013.
22. Por lo anterior, estimó que le asistía derecho al allí demandante a la
reliquidación de su pensión de vejez con el 75% del promedio de salarios
devengados durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de enero
al 31 de diciembre de 2002, teniendo en cuenta la totalidad de factores salariales,
como son asignación básica mensual, prima de alimentación, prima de
habitación, prima de vacaciones y prima de navidad. Frente a los factores que se
devengan mensualmente ordenó tomarlos por doceavas.
23. Finalmente consideró que no ocurrió el fenómeno de la prescripción, por
cuanto se interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 1192 del
24 junio de 2003, que fue resuelto a través de la Resolución 3419 del 29 de
diciembre de 2003 y en el que en su numeral segundo, se dispuso conceder el
recurso de apelación, el cual no había sido resuelto por la Administración, o, por
lo menos la demandada no probó que la mencionada apelación tuviere respuesta
mediante acto expreso; además finalmente se presentó la demanda el 15 de
mayo de 2015.
www.consejodeestado.gov.co 5
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
24. De lo referido anteriormente, estimó el juzgado que no se puede predicar la
prescripción de las diferencias en las mesadas causadas con anterioridad al 15
de mayo de 2012, de conformidad con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
25. Finalmente, determinó que no había lugar a condenar en costas a la parte
demandada, negó las demás pretensiones del libelo y ordenó el cumplimiento de
la decisión conforme a los artículos 192 y s.s. de la Ley 1437 de 2011.
2.1.5. Sentencia de segunda instancia7
26. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F8, en providencia del 11 de julio de 2018 confirmó parcialmente la sentencia
apelada y se abstuvo de condenar en costas de segunda instancia.
27. Como fundamento de esa decisión, se refirió en extenso al Decreto 2277 de
1979, la Ley 60 de 1993, la Ley 6 de 1945, la Ley 33 de 1985, la Ley 71 de 1988,
la Ley 812 de 2003, la Ley 100 de 1993.
28. De lo anterior concluyó que la Ley 100 de 1993, no rigió en forma directa las
pensiones de los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales, dado que los exceptuó de su aplicación por expresa previsión de su
artículo 279. Por tanto, hasta antes del 27 de junio de 2003, tales educadores se
encuentran sometidos al régimen previsto en la Ley 33 de 1985 y por ende los
factores para determinar la base sobre la cual se debe liquidar la pensión son los
previstos en la Ley 62 de 1985.
29. Adicional a lo anterior el planteamiento de la apelante respecto de las
sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, no es
aplicable al presente caso, como quiera que en ellas se hizo el análisis del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que no es
la norma que rige este caso, pues el causante adquirió el estatus de pensionado
el 18 septiembre de 1989, según se desprende de la Resolución 01031 del 16 de
septiembre de 1992 que reconoció la pensión de jubilación.
30. Reparó en que el señor prestó sus servicios, como docente nacionalizado
desde el 7 de febrero de 1962 hasta el 31 de diciembre de 2002 y cumplió los 15
años de servicio el 7 de febrero de 1977, por lo que es beneficiario de la transición
establecida en el parágrafo 2.° del artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, para los
empleados que llevaran laborando más de 15 años de servicios a la fecha de
expedición de esa norma, por lo que se debe respetar la expectativa legítima del
pensionado para el 13 de febrero de 1985, caso en el cual se aplican las
condiciones establecidas en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978; esto, sin
que se puedan exigir nuevos requisitos en virtud de la Ley 100 de 1993, razón
7 Ibidem, folios 83 y s.s.
8 Con ponencia de la magistrada Patricia Salamanca Gallo.
www.consejodeestado.gov.co 6
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
por la cual, el argumento de apelación referente a que sean observados los
pronunciamientos de la Corte Constitucional para adoptar la decisión en esta
instancia, no estaban llamado a prosperar.
31. Luego, en cuanto al IBL aplicado al caso señaló que la pensión de jubilación
de aquellos servidores, que se encuentren inmersos en el régimen de transición
contenido en la Ley 33 de 1985, debe ser liquidada con el 75% del salario
promedio devengado durante el último año de servicio según lo previsto en el
Decreto-Ley 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848 de 1969 y con los
factores señalados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
32. Advirtió que, acertó el a quo al ordenar a la entidad demandada reliquidar la
pensión teniendo en cuenta además de la asignación básica, las primas de
alimentación, vacaciones y navidad, devengadas en el último año anterior al retiro
del servicio y enlistadas en el Decreto 1045 de 1978.
33. En cuanto a la prima de habitación ordenada por el a quo, estimó que podía
ser incluida pese a no encontrarse enlistada en la norma referida, pues la posición
del Consejo de Estado establece que las pensiones de las personas beneficiarias
del régimen de transición de la Ley 33 de 1985 se calculan con todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, aunque sobre ellos, o
alguno de ellos, no haya mención taxativa en la norma, por lo que el fallo de
primera instancia acertó cuando ordenó la reliquidación de la pensión con base
en todo lo devengado por la actora en el último año anterior a la consolidación
del estatus.
34. En cuanto a la prescripción estableció que había lugar a modificar la decisión
de primera instancia dado que el silencio negativo se configuró el 19 de marzo
de 2004, 2 meses luego de la interposición del recurso de apelación, en los
términos del artículo 86 del CPACA y la demanda se presentó el 15 de mayo de
2015, cuando había transcurrido un período superior a los tres años; en
consecuencia, tomó esta última fecha como aquella en la cual se interrumpió
nuevamente la prescripción, por lo que debe declararse que dicho fenómeno
afectó las mesadas causadas con anterioridad al 15 de mayo de 2012, esto en
virtud de lo señalado en el inciso 2 del artículo 187 del CPACA
35. De acuerdo con esto, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia,
para lo cual modificó el numeral segundo de la sentencia de 15 de noviembre de
2016, dictada por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá «[…] únicamente en cuanto a que el pago de las diferencias a que haya
lugar surtirá efectos a partir del 15 de mayo de 2012, por prescripción trienal» y
se abstuvo de condenar en costas de segunda instancia.
2.1.5. La acción especial de revisión9
9 Índice 2. Digitalizado sistema SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co 7
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
36. El Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones- FONCEP, -,
invocó como causales de revisión las consagradas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la posibilidad de
interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o providencias
judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública y especialmente cuando:
a) El reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso.
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.
37. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:
«PRIMERO: Revocar las sentencias proferidas por el JUZGADO 19
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., de fecha 15 de noviembre de
2016, providencia CONFIRMADA PARCIALMENTE, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN F
de fecha 11 de julio de 2018; dentro del proceso medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por el pensionado JOSÉ HELÍ ÁLVAREZ
TORRES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de Bogotá, contra
EL FONCEP en el proceso radicado con el No. 11001333501920150042400.
SEGUNDO: Declarar que el pensionado JOSÉ HELÍ ÁLVAREZ TORRES,
identificada con cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de Bogotá, en relación con la
liquidación de su mesada pensional, no es acreedora de dicho DERECHO
ADQUIRIDO en dicha cuantía, amparable por la Legislación Colombiana, y en su
lugar, ORDENAR LA RELIQUIDACIÓN Y PAGO de su mesada pensional conforme
con las reglas previstas en las Sentencias: SU52001-23-33-000-2012-00143-01- de
agosto 28 de 2018-SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-C.P.
CESAR PALOMINO CORTES y C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014,
SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Sala Plena de la H. Corte
Constitucional: esto es, adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las
directrices fijadas en el inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN
TAXATIVAMENTE determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones
que EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO
el 75% previsto en el artículo 6º del Decreto ley 546 de 1971; por haber adquirido su
status pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado
por el Sistema General de Pensiones, y no antes.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTÍAS Y PENSIONES –FONCEP- ,
RELIQUIDAR y PAGAR la mesada pensional de el (sic) pensionado JOSÉ HELÍ
ÁLVAREZ TORRES, portadora de la cédula de ciudadanía No. 17.030.166 de
Bogotá, conforme con las reglas previstas en las Sentencias de Unificación del H.
CONSEJO DE ESTADO Y H. CORTE CONSTITUCIONAL enunciadas esto es,
adoptando como INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN las directrices fijadas en el
inciso 3º del artículo 36 o las consignadas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
según el caso, así como los FACTORES BASE DE COTIZACIÓN TAXATIVAMENTE
determinados en el Decreto 1158 de 1994 y demás disposiciones que
EXPRESAMENTE consagren esa condición de FACTORES SALARIALES con
incidencia pensional, y fijando como MONTO PENSIONAL o TASA DE REEMPLAZO
www.consejodeestado.gov.co 8
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
el 75% previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; por haber adquirido su status
pensional conforme a las condiciones del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN creado por el
Sistema General de Pensiones, y no antes».
38. Para fundamentar sus pretensiones, frente a la primera causal sostuvo que
se incurrió en violación del debido proceso comoquiera que José Helí Álvarez
Torres no tenía derecho a obtener la reliquidación ordenada, toda vez que lo
procedente es que se tuvieran en cuenta las disposiciones contenidas en el
artículo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 respecto a la conformación del IBL y,
adicionalmente los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de
liquidar la prestación; por lo anterior se considera que los fallos acusados
transgredieron los principios superiores de legalidad consagrados en los artículos
1.°, 2.°, 6, 29, 48, 121, 123 inciso 2.º y 124 de la Constitución Política.
39. Según sostuvo, se probó que el pensionado era beneficiario del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para el
1.° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma, tenía más de 40
años de edad y pese a ello, se accedió a las pretensiones de la demanda con la
orden de reliquidación de la prestación conforme a una interpretación errada,
separándose así de lo debidamente probado en el trámite judicial y ocasionando
la violación del debido proceso.
40. En cuanto a la segunda causal reiteró que el pensionado José Helí Álvarez
Torres, fue merecedor del régimen de transición establecido en el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, habilitando las prerrogativas de la transición que consisten
en que las personas que se encuentren inmersas en este régimen, les asiste el
derecho a que se les aplique la normatividad anterior a la cual se encontraba
afiliado, que en el presente caso es la Ley 33 de 1985, respetando las
condiciones de edad, tiempo y monto, pero en cuanto a la liquidación o porcentaje
del ingreso base de liquidación sería aplicable el 75% de lo devengado sobre el
salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el
derecho, razón por la cual mediante Resolución 01031 del 16 de septiembre de
1992 y Resolución 1192 del 24 de junio de 2003, el FONCEP, ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del señor José Helí
Álvarez Torres, pensión de jubilación reconocida conforme al derecho vigente.
41. Según lo indicó, el pensionado no adquirió su derecho pensional antes del 30
de junio de 1995 (fecha de entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones, para el Distrito Capital), sino con posterioridad, y por ello, debe
aplicársele las disposiciones que expresamente señala el inciso 3.° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consignadas por el Legislador, so pena de desconocer
la providencia de 28 agosto de 2018 del Consejo de Estado, acerca de la forma
en la que se deben liquidar las pensiones sometidas al régimen de transición y
las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de
2015, SU-427 de 2016, Auto 229 de 2017, SU -210 de 2017, SU- 395 de 2017 y
SU- 631 de 2017, T-039 de la Corte Constitucional.
www.consejodeestado.gov.co 9
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
2.1.6. Contestación
42. El señor José Helí Álvarez Torres no dio contestación a la demanda, pese a
que fue notificado como se aprecia en el índice 10 del aplicativo SAMAI.
2.1.7. Concepto del Ministerio Público.
43. El procurador tercero delegado ante esta Corporación presentó concepto
visible en el índice 14 del aplicativo SAMAI en el que solicitó declarar fundada la
segunda causal pues en su consideración para el 11 de julio de 2018, fecha en
que se profirió la sentencia de segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, ya existía la sentencia de
unificación jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, del «4 de agosto de 2010», respecto del régimen de transición
pensional y la aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
en cuanto tiene que ver con el monto de la pensión a reconocer y los factores
salariales de liquidación que debían tomarse en cuenta para ese fin.
44. No obstante no estaba en línea con la postura fijada en las sentencias de la
Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y del Consejo de Estado
del 28 de agosto de 2018, lo cual atenta contra la sostenibilidad del sistema de
seguridad social que se basa en la solidaridad general y quebranta el derecho
constitucional fundamental de igualdad, debido a que en ella se ordenó reliquidar
el monto de la pensión del beneficiario del régimen de transición con base en un
ingreso salarial promedio previsto en la legislación anterior a la Ley 100 de 1993
con desconocimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36 de este
cuerpo normativo.
45. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
46. De acuerdo con los artículos 249 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797
de 2003, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019, esta Subsección es competente para conocer la acción de revisión
formulada en contra de la sentencia del 11 de julio de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que
confirmó la sentencia del 15 de noviembre de 2016 dentro del medio de control
www.consejodeestado.gov.co 10
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por José Helí Álvarez Torres
contra el FONCEP10.
3.2. Legitimación
47. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-427 de 2016, definió la siguiente
regla jurisprudencial:
«[...] frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por la
configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no reguló
la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de los
sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las administradoras
de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones llamadas
dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento financiero».
(negrita fuera del texto)
48. De acuerdo con lo anterior, el FONCEP, al ser una entidad administradora
encargada de reconocer y pagar las cesantías y las obligaciones pensionales a
cargo del Distrito Capital, está legitimado para interponer la presente acción de
revisión.
3.3 Oportunidad
49. Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente,
se evidencia que el artículo 251 del CPACA dispone que el término para
interponer la acción de revisión es dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria
de la sentencia.
50. Puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F fue proferida 11 de julio de 2018 y la acción de
revisión se presentó el 27 de agosto de 2020 (Índice 3), resulta evidente que la
demanda de la referencia se encuentra dentro del término atrás aludido.
3.4. Problema jurídico
51. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia del 11 de julio de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F incurrió en las causales de revisión previstas en los literales a) y b)
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a el FONCEP, a reliquidar la
pensión de jubilación favor del señor José Helí Álvarez Torres, con la inclusión
de todos los factores salariales percibidos en el último año de prestación de
servicios a la luz de la normatividad anterior a las Leyes 33 y 62 de 1985.
10 Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001333501920150042400/01.
www.consejodeestado.gov.co 11
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
52. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a las causales mencionadas,
relacionadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si
procede infirmar la decisión judicial cuestionada.
3.5. La acción especial de revisión y las causales contempladas en los
literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
53. La acción especial de revisión es un medio que permite impugnar una
providencia judicial ya ejecutoriada, siempre y cuando se configuren, de manera
expresa, las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA 11 (antes artículo
188 del CCA), situación que es posible entenderse como una de las excepciones
al principio de la cosa juzgada12, aplicada exclusivamente a aquellas situaciones
«críticas» en las que a pesar de la presunción de legalidad que cobija a las
sentencias, ellas no pueden subsistir por el grave desconocimiento de los
principios fundamentales del proceso.
54. A propósito, la Sala ha reconocido que la existencia de estas causales son
una herramienta legal útil que persigue fortalecer el principio de la moralidad
administrativa y corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado
de forma fraudulenta y en exceso lo cual afecta los principios filosóficos que
orientan el Sistema General de Pensiones.
55. En ese sentido, se ha dicho que «el principal objetivo de la introducción de
las causales especiales para la acción era garantizarle a la administración que
pudiera insistir en un nuevo estudio de las pensiones reconocidas de forma
fraudulenta, de modo que pudiera evitar el pago de cantidades injustas que
afectaran gravemente al erario». 13
11 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos
cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la
aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción
de cosa juzgada y fue rechazada.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil
quince (2015), radicación número: 25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto
Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020. Rad. Núm.
11001-03-25-000-2015-00234-00 (0436-2015).
www.consejodeestado.gov.co 12
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
56. En cuanto a la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso»,
esta causal es procedente cuando la sentencia atacada reconoce una pensión
con cargo al tesoro público o los fondos de naturaleza pública con violación del
debido proceso. En relación con esta causal, es claro que la parte interesada
debe promover la acción especial de revisión y aportar los elementos sobre los
cuales estructura su petición.
57. En este caso, el FONCEP cuestiona la sentencia del 11 de julio de 2018
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, que confirmó la sentencia del 15 de noviembre de 2016 dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por José
Helí Álvarez Torres contra el FONCEP, para lo cual se fundamentó en la violación
al debido proceso, toda vez que en su parecer la pensión debió determinarse al
tenor de lo establecido por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con los
factores establecidos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los cuales se hayan
realizado aportes.
58. Al respecto, la Sala precisa que el derecho fundamental al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para
equilibrar la relación autoridad - libertad que surge entre el Estado y los
asociados, y está prevista en favor de las partes y de los terceros interesados en
una actuación administrativa o judicial.
59. Según la citada norma, el debido proceso comprende fundamentalmente tres
grandes garantías:
i) El derecho al juez natural o funcionario competente.
ii) El derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o
procedimiento, esto es, conforme con las normas procesales dictadas
para impulsar la actuación judicial o administrativa.
iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el
derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso
público y sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión
motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non bis in
idem.
Aunado, la Sala ha estimado que lo anterior no es óbice para que se revisen
reparos distintos en los que se sustente una manifiesta vulneración al debido
proceso.
60. Ahora bien, esta Subsección ha considerado que a la luz de esta causal
puede analizarse la interpretación normativa y jurisprudencial realizada por los
www.consejodeestado.gov.co 13
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
funcionarios judiciales siendo uno de los eventos cuando se discute la aplicación
del régimen pensional14.
61. En cuanto a la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003:
«b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables», ha
sido considerada jurisprudencialmente15 como un instrumento que persigue
fortalecer el principio de la moralidad administrativa 16 y permite corregir los
reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que afectan los
principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones 17, en
especial, el principio de solidaridad18 y equilibrio financiero.
62. Específicamente sobre la causal dispuesta en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, esta Corporación ha dicho lo siguiente:
«35. Visto el literal b) del artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de Fondos de
Naturaleza Pública; en especial cuando “[…] la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables […]».
36. En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de
motivos del proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797, se observa que
ella obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios,
financieramente viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los
ciudadanos […]». Así las cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y
en particular del artículo 20 ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del
pensional un sistema factible en términos económicos permitiendo la revisión,
entre otras, de aquellas prestaciones periódicas cuya cuantía exceda lo debido de
acuerdo con las normas vigentes.
37. Bajo ese entendido, esta Corporación 19 ha determinado que esos
requisitos sustanciales o estructurales son los siguientes: i) que se trate de un
derecho debido de acuerdo con la ley; ii) que se trate de un derecho reconocido;
iii) y que exista un exceso en la cuantía reconocida frente a ese derecho»20.
63. Frente a esta causal el apoderado del FONCEP estimó que la pensión del
señor José Helí Álvarez Torres, no debió incluir todos los factores devengados
14 Sentencia dictada por esta Subsección dentro del proceso11001-03-25-000-2022-00297-00 (2290-
2022), con ponencia del consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera
Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
16 Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
17Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación,
comprensividad y progresión racional.
18 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
19 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de
Decisión, providencia de 6 de agosto de 2019, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera; número único de
radicación: 1100103-15-000-2016-01280-00.
20 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Quince de Decisión. Sentencia
del 19 de julio de 2021. Rad. Núm. 11001-0315-000-2020-05008-00(REV).
www.consejodeestado.gov.co 14
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
en el último año de prestación de servicios sino exclusivamente los señalados en
el Decreto 1158 de 1994, por tanto, se generó la siguiente afectación al
patrimonio o detrimento del erario debido a la incorrecta liquidación realizada:
VALOR DE LA MESADA DESPUES DEL FALLO PESOS 2019 $2.776.566
VALOR DE LA MESADA RECONOCIDA ANTES DE FALLO PESOS $2.186.266
2019
DIFERENCIA $590.300
PORCENTAJE DE INCREMENTO 27%
RESERVA DIFERENCIAS A DICIEMBRE DE 2019 (PROYECCION $97’ 977.420
PAGOS FUTUROS)
64. Por lo anterior, se examinará, si en el caso concreto, se configuran las
causales legadas por la entidad.
3.4.3. Análisis de la Sala
65. Para la Sala, estas causales no se encuentran configuradas en el presente
asunto por los siguientes motivos:
66. En primer lugar, es necesario precisar que que la UGPP sustentó la acción
especial de revisión partiendo del supuesto de que la demandada era beneficiaria
del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993;
contrario a ello y tal y como lo analizó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en la sentencia objeto de revisión, el demandado es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta que a la fecha de
entrada en vigencia de esa disposición, 13 de febrero de 1985, tenía más de 15
años de servicios.
Sobre el contenido y la forma en la que deben presentarse las demandas en
sede de revisión, esta Corporación19 ha considerado en varios de sus
pronunciamientos que,
«Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas
ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el
recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales en
que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en
que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente
prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los
juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida,
así como de la intención de corregir errores u omisiones de la propia parte,
como si se tratara de una nueva instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en
la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se
restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA
y a las previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
www.consejodeestado.gov.co 15
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la
demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión
de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y
delimitado ámbito interpretativo». (Resaltado para enfatizar).
67. Esta Subsección encuentra razón en lo expuesto por el Tribunal, pues para
el José Helí Álvarez Torres, fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985,
el señor Jaime Álvaro Roa Romero, contaba más de 15 años de servicios. En
efecto, los documentos aportados junto con la demanda de revisión permiten
establecer que el demandado nació el 18 de septiembre de 1939 (f. 105 del
archivo «ED-5-05 S212-D2Demanda-2020827131323.pdf.pdf»21) según copia de
la cédula de ciudadanía.
68. Si bien no fueron aportados los antecedentes administrativos en sede de
revisión en el proceso ordinario las sentencias del Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca permitieron establecer que al señor José Helí Álvarez Torres le
era aplicable el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, por encontrarse
cobijado por la situación prevista en el artículo 1.° parágrafo 2.°, por el contar con
más de 15 años de servicios a la entrada en vigencia de la norma.
69. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y no hay
discusión sobre ello, cuando señaló: «Observa la Sala que el causante prestó sus
servicios, como docente nacionalizado desde el 7 de febrero de 1962 hasta el 31 de
diciembre de 2002 (f. 27). Así las cosas, cumplió los 15 años de servicio el 7 de
febrero de 1977, por lo que es beneficiario de la transición establecida en la Ley 33
de 1985».
70. Conviene destacar que el objeto de la acción especial de revisión consiste en
incluir causales cualificadas, con el propósito primordial de realizar un estudio de
las pensiones reconocidas en forma contraria a la Ley, con el fin de evitar
perjuicios de carácter patrimonial. Así, lo ha indicado esta Corporación al señalar
que «[s]e trata de un medio de impugnación excepcional que permite revisar
determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la
comprobación inequívoca de ser decisiones que incurran en alguna de las causales que
taxativamente consagra la ley»20.
71. En esa medida, debe existir entonces correspondencia entre los argumentos
en los que se fundamenta el recurso y la causal invocada21, en este caso, la
consagrada en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el fin de
lograr la aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994.
21 Visible en el expediente digitalizado en el aplicativo SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co 16
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
72. En el caso concreto, es claro que la entidad recurrente se equivocó en la
invocación normativa para sustentar la acción, pues omite que el razonamiento
del Tribunal se enfocó en la aplicación del régimen de transición establecido en
el artículo 1.º la Ley 33 de 1985, ante lo cual no realizó ninguna manifestación.
En consecuencia, no corresponde a la Sala exceder en la interpretación de los
argumentos expuestos por la entidad recurrente al explicar la causal de revisión
alegada y, por tanto, no es posible realizar un estudio de dichos fundamentos.
73. En cuanto a la causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es preciso
reiterar que el recurso de revisión formulado por el FONCEP parte de un
supuesto fáctico diferente al que acá nos ocupa, como es que el pensionado
es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, por lo que tampoco procede pronunciarse de fondo sobre esta causal.
74. Por lo expuesto, al no sustentarse las causales consagradas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 conforme a lo fallado por el Tribunal
en segunda instancia, se procederá a declarar infundada la acción especial de
revisión interpuesta por la UGPP.
3.5. Condena en costas – Acción especial de revisión presentada después
de la expedición de la Ley 2080 de 2021.
75. Dado que esta Sección22 ha señalado que la acción especial de revisión,
prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, busca la prevenir eventuales
detrimentos al Tesoro y la garantía de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, la Sala, con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en adelante,
se abstendrá de imponer condena en costas cuando la actuación tenga por objeto
controvertir providencias judiciales para salvaguardar el interés público, como
ocurre en el presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. - DECLARAR INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta
contra la sentencia del 11 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que confirmó parcialmente
la sentencia del 15 de noviembre de 2016 dentro del medio de control de nulidad
22Entre otras, véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 24 de junio de 2021. Exp. 11001-03-25-000-2018-00943-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 23 de junio de 2022. Exp. 11001-03-25-000-2019-00224-00. C.P. William
Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A. Sentencia del 4 de agosto de 2022, Exp. 11001-0325-000-2020-00026-00 (0026-2020). C.P.
Gabriel Valbuena Hernández.
www.consejodeestado.gov.co 17
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Acción especial de revisión
R adicación: 11001032500020200087600 (2661-2020)
D emandante: FONC EP
y restablecimiento del derecho promovido por José Helí Álvarez Torres contra el
FONCEP dentro del proceso radicado 11001333501920150042400/01, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva.
SEGUNDO. - SIN CONDENA EN COSTAS, según las consideraciones
señaladas.
TERCERO. - EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al despacho ponente de acuerdo con lo señalado en el numeral
anterior.
Esta providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 18
C a lle 1 2 N o . 7 – 6 5 – T e l: ( 6 0 1 ) 3 5 0 - 6 7 0 0
B o g o t á D . C . – Co l o m b ia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.