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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00877-00

Fecha
24 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00877-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de Pensional de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C, el 29 de abril de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. 16 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00877-00 (2662-2020) Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. VMT 17

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00877-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00877-00 (2662-2020)
Demandante: Fondo Pensional Universidad Nacional
Demandado: Sildana Junca Bernal

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de
enero de 2003. Cuantía reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Fondo Pensional de la
Universidad Nacional contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C por
medio de la cual se modificó el numeral tercero y se confirmó en lo demás la
decisión del 30 de junio de 2015 emitida por el Juzgado 13 Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Segunda que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda presentada por Sildana Junca Bernal.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional solicitó que se infirmara la sentencia
proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C que confirmó parcialmente la decisión del 30 de
junio de 2015 emitida por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Segunda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-013-2013-00482-01, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda presentada por Sildana Junca Bernal y, en
consecuencia, declaró la nulidad parcial de la Resolución FP-0359 del 17 de
diciembre de 2012, por medio del cual se reconoció una pensión de jubilación y se

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00877-00 (2662-2020)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia

negó la reliquidación, ordenó a la Universidad Nacional de Colombia reliquidar la
prestación con el 75% del promedio de todo lo devengado durante el último año de
servicio.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la devolución de las mesadas y
retroactivo percibidos por la pensionada sin que le asistiera derecho a que su
pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados en el último año
de servicio; ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo dispuesto en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015,
SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de
2017, T-039 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional y la del 28 de agosto
de 2018 del Consejo de Estado es decir, con el ingreso base de liquidación previsto
en el inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; iii) la
indexación de los valores que se ordenen devolver, según lo dispuesto en el
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo1; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Sildana Junca Bernal demandó la nulidad parcial de la resolución FP-0359 del
17 de diciembre de 2012, mediante la cual el Fondo Pensional de la Universidad
Nacional reconoció la pensión de jubilación y negó la reliquidación de la prestación.

3.2. El 5 de mayo de 2016, el Juez 13 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá, Sección Segunda declaró la nulidad parcial de la Resolución FP-0359 del
17 de diciembre de 2012 y en consecuencia ordenó el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación con el 75% de lo devengado durante el último año de
servicio, con inclusión de todos los factores creados por acuerdo universitario, en
cuanto a los faltantes incluyó: la asignación básica, bonificación por servicios
prestados, subsidio de alimentación y las primas de servicios, la doceava de
navidad y la doceava de vacaciones.

3.3. El 21 de julio de 2015 se interpuso recurso de apelación. El 29 de abril de 2016,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia. En efecto, modificó los
factores incluidos en la liquidación, en cuanto enlistó: asignación básica, subsidio
de alimentación, la doceava de la bonificación por servicios prestados, la doceava
de la prima de servicios, la doceava de la prima de navidad, la doceava de la prima

1 En adelante CPACA.

2

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia

de vacaciones, a partir del 1º de diciembre de 2008, efectiva desde el 6 de
septiembre de 2012, por prescripción trienal.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. El 29 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
segunda, Subsección C resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional, en la cual modificó el ordinal tercero de la
decisión del 30 de junio de 2015 emitida por el Juzgado 13 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda en cuanto a la exclusión de la
asignación por compensatorios y auxilio de transporte puesto que «en la parte
motiva de la sentencia de primera instancia el a quo indicó que la liquidación de la pensión
de la demandante debía efectuarse con la inclusión de los factores salarial [sic]
correspondientes a: asignación básica, bonificación por servicios prestados, subsidio de
alimentación, prima de servicios (1/12), prima de navidad (1/12) y prima de vacaciones
(1/12); no obstante […] en la parte resolutiva de la sentencia, se ordenó la reliquidación
incluyendo además de los factores mencionados la ‘asignación por compensatorios y
auxilio de transporte’ emolumentos […] que no fueron devengados por la demandante», y
confirmó en todo lo demás.

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 2:

5.1. A la demandante le asistía el derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación con el 75% del promedio de lo devengado durante el último año de
servicio, esto es el comprendido entre el 30 de noviembre de 2007 y el 30 de
noviembre de 2008, incluidos los siguientes factores: asignación básica, subsidio
de alimentación, la doceava de la bonificación por servicios prestados, la doceava
de las primas de servicios, navidad y vacaciones, con efectividad a partir del 1º de
diciembre de 2008.

5.2. Tal y como lo definió el juez de primera instancia, la bonificación bienestar
universitario, la incapacidad médica patrono, las vacaciones del periodo y la
bonificación por recreación no podían incluirse.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos3:

2 Indice 4 de Samai, actuación denominada ED-5-05 S290-D2Demanda-202097141115.pdf(.pdf)

NroActua 4.
3 Indice 4 de Samai, actuación denominada ED-5-05 S290-D2Demanda-202097141115.pdf(.pdf)

NroActua 4.

3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00877-00 (2662-2020)
Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia

6.1. La causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se
configuró porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse ordenado la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 y en la
jurisprudencia. Lo anterior, en el entendido de que el legislador excluyó el IBL de
manera expresa del régimen de transición.

6.2. Asimismo, se evidenció el pago en exceso producto de la orden de reliquidación
de la prestación reconocida, toda vez que fue incrementado de $803.097 a
$971.070 durante el año 2008.

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. Sildana Junca Bernal se opuso a las pretensiones de la demanda4, toda vez que
nació el 12 de julio de 1953 y, para el 1º de abril de 1994, contaba con más de 40
años de edad y 15 años de servicios, de manera que era beneficiaria del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1994. En ese orden, le eran
aplicables las leyes 33 y 62 de 1985 y la jurisprudencia vigente para ese momento,
como la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo
de Estado.

8. «[R]especto de la sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2018 en la que fijó reglas
jurisprudenciales, al indicar que el ingreso base de liquidación no quedaba cobijado por la
normas de transición y señalando que debe ser el fijado de conformidad con el inciso 3º
del artículo 36 de la Ley 100 y que la liquidación debía realizarse con la inclusión de los
factores salariales sobre los cuales se hubiera realizado la cotización pero precisando
también que los efectos de la citada sentencia fueron determinados en forma
‘retrospectiva’, es decir, aplicado a todos los casos pendiente de solución tanto en vía
administrativa como judicial en procesos ordinarios, que no se sitúa dentro del caso sub
examine».

9. La entidad de previsión asumió una conducta temeraria, dolosa y de mala fe al
pretender la aplicación de una sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado después de la notificación de las sentencias de primera y de segunda
instancia.

1.4. Concepto del Ministerio Público

4 En el índice 22 de Samai, en la actuación denominada
29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 22.

4

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
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9.1. En esta oportunidad no se pronunció.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

10. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA5.

11. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20196, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

12. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

13. En el sub judice la sentencia objeto de revisión fue proferida el 29 de abril de
2016 y fue notificada por correo electrónico el 12 de mayo de 20167, el 22 de julio
de 2016 fue resuelta una solicitud de aclaración8, el cual fue notificado por estado
ese día9 y quedó ejecutoriada el 27 de julio de 2016 [23 y 24 de julio
correspondieron a sábado y domingo, respectivamente]10 y la presente acción fue

5 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
6 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
7 Índice 12 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
8 Índice 16 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
9 Índice 17 de Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10 Código General del Proceso «Artículo 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en

audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan
recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los

5

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radicada el 5 de octubre de 202011, lo que permite concluir que se presentó
oportunamente.

2.3. El problema jurídico

14. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿si la cuantía del derecho reconocido
a Sildana Junca Bernal excedió lo debido de acuerdo con la ley, al haberse
accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en contravía de lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se configuraron los
supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
11 Índice 1 de Samai.
12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

6

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16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

17. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
prevista en el literal b), esto es, «cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto, o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», se presenta cuando la sentencia reconoce una prestación por un monto
que no corresponde a lo legal o convencionalmente establecido.

18. La finalidad de dicha causal, en esencia, es que las entidades públicas
legitimadas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una
sentencia judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para
corregirla, en tanto ha reconocido una prestación periódica cuyo monto o cuantía
excede lo legalmente previsto, con lo cual se pretende restablecer el propósito y la
sostenibilidad del sistema pensional, bajo los principios de solidaridad y equilibrio
financiero.

19. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes14:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados

14 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.

7

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del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

20. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»15.

21. Por lo que, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en incluir
causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio de las
pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten
perjuicios de carácter patrimonial al erario»16.

2.4.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993

22. Por medio de la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones
cuyo fin es garantizar el amparo a la población para contingencias provenientes de
la vejez, la invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de las
expectativas legítimas de los empleados que reunían ciertos requisitos al momento
de la entrada en vigencia de la citada norma (1º de abril de 1994 y 30 de junio de
1995 para empleados del orden nacional y territorial, respectivamente), se estipuló
un régimen de transición en el artículo 36 ibidem, en el cual se estableció lo
siguiente:

15 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.

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«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años
para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual
la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62
para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».

23. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con 35 o 40 años de edad o más si
es mujer u hombre, respectivamente, o 15 años o más de servicios cotizados.

24. Al respecto, el Consejo de Estado fue del criterio de que el IBL sí hacía parte de
la transición; en efecto, la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda el 4 de agosto de 201017 así se refirió al tema:

«la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como un
beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados requisitos,
para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo de servicio
o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo por lo
establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.

(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos
con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión
de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación
de servicios.

Esta decisión encuentra consonancia con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación».

25. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente vinculante
y obligatorio18 en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales, con efectos

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, radicación:
250002325000200607509 01.
18 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

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retrospectivos «(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado
la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

26. En la mencionada sentencia se fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL
en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

27. La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de
transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma».

28. En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia
de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos
para sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100
de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que
cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos
que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de
solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura
del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones (…)».

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su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior
a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este
grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para
el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables (…)».

29. Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera, se refiere al
periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el
derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

30. La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el
artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el
tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones (…)».

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31. De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para
quienes son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso 3 del artículo
36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

32. Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento
de garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de
retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

33. La Sala Plena también sostuvo:

«No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo
fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer
un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una
pensión bajo esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de
la causal invocada. Como uno de los efectos de esta decisión comprende los procesos
administrativos en curso, la Sala solicita de manera imperiosa a las entidades
administradoras de pensiones del Régimen de Prima Media con Prestación Definida
que, al momento de efectuar el reconocimiento de la pensión, expliquen precisa,
completa y detalladamente cada uno de los factores y/o valores numéricos tenidos en
cuenta en la liquidación, de forma que sea comprensible al usuario y garantice un
debido proceso administrativo».

2.5. Caso concreto

34. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

35. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C profirió la decisión objeto de
revisión con sustento en la posición jurisprudencial de la Sección Segunda del
Consejo de Estado del 4 de agosto de 201019.

36. Al respecto, el ente de previsión recurrente sostuvo que la Corte Constitucional
de tiempo atrás había fijado reglas según las cuales el IBL no hacía parte del

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

sentencia de 4 de agosto de 2010, radicado 25000 23 25 000 2006 07509 01 (0112-09).

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régimen de transición. En efecto, dicha regla fue decantada por la Corte
Constitucional a partir del año 2013 con la sentencia C-258 de manera específica
para el caso de las pensiones de los congresistas y altos dignatarios del Estado.

37. Empero, si bien el Consejo de Estado y la Corte Constitucional realizaron
interpretaciones diferentes del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en punto del IBL
aplicable a las personas beneficiarias del régimen de transición allí previsto, la
Sala considera que la sentencia proferida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C no fue
caprichosa y, por el contrario, respetó los derroteros jurisprudenciales que para la
época había trazado el Consejo de Estado como máximo tribunal de lo
Contencioso-Administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción.

38. En efecto, el criterio del Consejo de Estado únicamente se modificó con la
expedición de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por lo que es
claro que para la época en que se expidió la sentencia recurrida [29 de abril de
2016], la posición era que las pensiones de los servidores públicos debían
liquidarse teniendo en cuenta todos los factores constitutivos de salario, bajo la
consideración de que la aplicación del régimen de transición debía respetar el
principio de la inescindibilidad de la norma.

39. Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda,
Subsección C ordenó que la pensión de jubilación de Sildana Junca Bernal se
reliquidara con la inclusión de los siguientes factores: i) asignación básica; ii)
doceava de la bonificación por servicios prestados; iii) doceava de la prima de
servicios; iv) doceava de la prima de navidad; v) doceava de la prima de
vacaciones; y vi) subsidio de alimentación.

40. En relación con lo anterior, se advierte que el Tribunal siguió la línea
jurisprudencial fijada en la aludida sentencia del 4 de agosto de 2010, que en lo
particular dispuso:

«De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de
igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en
materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos,
normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba
a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales
que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están
simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por
el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

(…)

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Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices
jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores
públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es
decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como
contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que
se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica,
dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación
por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios,
entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba
el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a
título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del
servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el
trabajador se puede ver enfrentando» [Negrillas del original].

41. En virtud de lo anterior, se encuentra que en el expediente obra la certificación
de factores salariales expedida el 25 de mayo de 201620 por el jefe de división
salarial y prestacional de la Dirección de Personal de la Universidad Nacional de
Colombia, según la cual Sildana Junca Bernal devengó en el último año de servicio
[30 de noviembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008] los siguientes factores: i)
asignación básica; ii) bonificación de servicios prestados; iii) prima de servicios; iv)
prima de navidad; v) prima de vacaciones; y vi) subsidio de alimentación.

42. Ahora bien, la sala encuentra acreditado que:

42.1. Sildana Junca Bernal nació el 12 de julio de 195321.

42.2. Mediante la Resolución 3469 del 4 de noviembre de 2008, la Vicerrectoría de
Sede aceptó la renuncia a partir del 30 de noviembre de 2008.

42.3. Mediante la Resolución 04716 del 29 de diciembre de 200822, el vicerrector
de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia le reconoció la pensión
de jubilación en cuantía equivalente a $1’975.612, a partir del 30 de noviembre de
2008, con inclusión de la asignación básica, compensación en dinero por
vacaciones, bonificación especial por recreación y prima de navidad.

42.4. Mediante la Resolución 0359 del 17 de diciembre de 2012, el Fondo Pensional
– Caja de Previsión Social de la Universidad Nacional de Colombia negó la
reliquidación de la pensión de jubilación.

20 Indice 4 de Samai, actuación denominada ED-5-05 S290-D2Demanda-202097141115.pdf(.pdf)

NroActua 4.
21 Indice 4 de Samai, actuación denominada ED-5-05 S290-D2Demanda-202097141115.pdf(.pdf)

NroActua 4.
22 Indice 4 de Samai, actuación denominada ED-5-05 S290-D2Demanda-202097141115.pdf(.pdf)

NroActua 4.

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
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42.5. Por medio de la Resolución 0434 del 21 de noviembre de 2016 fue reliquidada
la pensión de jubilación en cumplimiento del fallo proferido el 30 de junio de 2015
por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, modificado
parcialmente mediante la sentencia emitida el 29 de abril de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección C, mediante las
cuales fue declarada nula parcialmente la Resolución FP-0359 del 17 de diciembre
de 2012. En cuantía de $971.070, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2008
«fecha del retiro definitivo del servicio, pero con efectos fiscales a partir del 06 de septiembre
de 2009. El valor de la mesada para el año 2016 corresponderá a […] $1’319.100».

43. Aunado a lo anterior, la Sala observa que, de los documentos obrantes en el
expediente, no se evidenció un incremento desproporcionado o que no guardara
relación con la trayectoria laboral entre el 6 de julio de 1982 y el 30 de noviembre
de 2008 en la Sección Mantenimiento y Aseo de la Universidad Nacional de
Colombia.

44. Tampoco excedió lo debido de acuerdo con la ley, pues se demostró que i) era
beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, toda vez que para el 1 de abril de 199423 contaba con más de 35 años de
edad24; ii) demostró que había completado más de 20 años de servicios25; y iii)
durante el último año percibió los factores respecto de los cuales el tribunal ordenó
la reliquidación de la pensión.

45. Finalmente, valga resaltar que en la sentencia del 28 de agosto de 2018 26 la
Sala Plena del Consejo de Estado precisó que las referidas reglas de unificación
serían obligatorias para los casos en discusión en sede administrativa y judicial,
por lo que resultan inmodificables aquellas decisiones que han hecho tránsito a
cosa juzgada, en garantía del principio de seguridad jurídica, pues «[n]o puede
entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones
que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en
la tesis que sostenía la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo fueron con abuso del
derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer un recurso
extraordinario de revisión contra una sentencia que haya reconocido una pensión bajo

23 Fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos

del orden central.
24 Toda vez que nació el 12 de julio de 1953.
25 En virtud del certificado laboral emitido el 18 de enero de 2006, por el jefe de la división de

personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en el cual se indicó que ingresó el
6 de julio de 1982 a la Sección de Mantenimiento y Aseo.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018,

expediente 52001 23 33 000 2012 00143 01 (IJ).

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esa tesis, será el juez, en cada caso, el que defina la prosperidad o no de la causal
invocada».

46. Bajo tal panorama, la Sala concluye que la sentencia del 29 de abril de 2016
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda,
Subsección C no incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) de la Ley
797 de 2003 y, por lo tanto, se declarará infundada la acción de revisión interpuesta
por el Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia.

2.6. Costas

47. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el
estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo dispuesto en el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se dispondrá sobre la condena en costas
por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

48. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de la causal invocada, esto es la señalada en el literal b) del artículo
20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de
Pensional de la Universidad Nacional de Colombia presentó contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda,
Subsección C, el 29 de abril de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva
de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

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Demandante: Fondo Pensional de la Universidad Nacional
de Colombia

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

VMT

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