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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00888-00

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00888-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, el 24 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. Segundo. No condenar en costas. 31 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021 en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33- 000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25- 000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003. 22 Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020) Demandante: Foncep Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT 23

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00888-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones1
Demandado: José Abertano Guillén Obando

Tema: Revisión del reconocimiento de sumas periódicas a cargo del
tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Causales
previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 del
29 de enero de 2003. Violación del debido proceso. Cuantía
reconocida no excede lo debido

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
_________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por el Foncep contra la sentencia
proferida el 24 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F2, por medio de la cual se confirmó
parcialmente la decisión del 19 de diciembre de 2013 emitida por el Juzgado Once
Administrativo de Descongestión de Bogotá que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por José Abertano Guillén Obando.

1. Antecedentes

1.1. La acción especial de revisión

1.1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Foncep solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F

1 En adelante Foncep.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001-33-31-025-2012-00207-01;

actor: José Abertano Guillén Obando, demandado: Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones, Foncep.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

que confirmó parcialmente la decisión del 19 de diciembre de 2013 emitida por el
Juzgado Once Administrativo de Descongestión de Bogotá dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-025-
2017-00207-01, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por José Abertano Guillén Obando y, en consecuencia: i) declaró la
nulidad parcial de la Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003 y total del Oficio
2011EE11934-01 del 3 de junio de 2011, por medio de los cuales se reconoció la
pensión de vejez y se negó la reliquidación de la prestación con la inclusión de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicio; y ii) condenó
al Foncep a reliquidar la prestación con la inclusión de la prima de riesgo.

2. Como consecuencia de lo anterior solicitó: i) la declaratoria de que José Abertano
Guillén Obando no es acreedor de un derecho adquirido y por tanto, no le asistía
derecho a que su pensión fuera liquidada con la totalidad de factores devengados
en el último año de servicio; y ii) la reliquidación y pago de la pensión, según lo
dispuesto en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, auto 326 de 2014, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU-631 de 2017, T-039 de 2018 proferidas por la Corte Constitucional, es
decir, con el ingreso base de liquidación previsto en el inciso 3 del artículo 36 o en
el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, así como los factores base de cotización
taxativamente dispuestos en el Decreto 1158 de 1994 y la tasa de reemplazo del
75% por haber adquirido el estatus pensional en virtud del régimen de transición.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes3:

3.1. José Abertano Guillén Obando nació el 5 de abril de 1950 y entre el 3 de febrero
de 1972 y el 1° de agosto de 2000 laboró al servicio del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá.

3.2. Con la Resolución 0033 del 15 de noviembre de 2002, la directora distrital de
crédito público de la Secretaría de Hacienda de Bogotá le negó una solicitud de
«pensión especial de cuerpo de bomberos» porque la Secretaría de Gobierno solo
efectuó las cotizaciones adicionales del 8.5% por la actividad de alto riesgo a partir
de mayo de 2000, de ahí que a la fecha de retiro del servicio no tenía las 1000
semanas de cotización especial previstas por el Decreto 1835 de 1994; contra este
acto interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación.

3.3. A través de la Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003, la subdirectora de

3 Para efectos prácticos se sintetizaron los hechos según los elementos probatorios allegados al

proceso.

2

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

obligaciones pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá repuso la
negativa pensional en el sentido de reconocer y ordenar la «pensión especial de
vejez» en cuantía de $788.327, a partir del 1° de agosto de 2000, fecha del retiro
oficial del servicio. Dicha prestación se liquidó con el 75% «del ingreso base de
liquidación a la partir del 1 de agosto de 2020» [sic].

3.4. Mediante la Resolución 01676 del 11 de julio de 2006, la subdirectora de
obligaciones pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá revocó
directamente el acto de reconocimiento pensional y ordenó remitir el cuaderno
administrativo a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda para que
resolviera el recurso de apelación interpuesto por José Abertano Guillén Obando
contra la Resolución 0033 del 15 de noviembre de 2002. Lo anterior, comoquiera
que la Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003 se profirió por un funcionario que
carecía de competencia para expedirlo, en tanto que el acto que negó el
reconocimiento fue emitido por la Dirección Distrital de Crédito Público y el que
resolvió el recurso de reposición se expidió por la subdirectora de obligaciones
pensionales de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

3.5. Por medio de la Resolución 01792 del 24 de septiembre de 2007, el director
general del Foncep le reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez en
cuantía de $1.079.037, a partir del 5 de abril de 2005. Dicha prestación se liquidó
con el 75% del promedio mensual de lo «devengado y cotizado durante los últimos 10
años que estuvo laborando en la liquidada Caja de Previsión Social Distrital» [sic].

3.6. En la Resolución 0178 del 7 de febrero de 2008, el director general del Foncep
ordenó al pensionado el reintegro de la suma de $62.877.546 «correspondiente al
pago de una pensión de vejez especial por actividades de alto riegos que adolece de justo
título por emanar de una autoridad que carecía de competencia para otorgarla» [sic].

3.7. Con la Resolución 1034 del 9 de julio de 2008, el director general del Foncep
dio cumplimiento al «fallo de tutela del 25 de junio de 2008 proferido por el Juzgado 55
Penal del Circuito de Bogotá» y, como consecuencia de ello, i) revocó la Resolución
01676 del 11 de julio de 2006; ii) dejó sin efectos la Resolución 0178 del 7 de
febrero de 2008; iii) ordenó al grupo de nómina de pensionados de la Subdirección
Técnica de Prestaciones Económicas del fondo, descontar los valores pagados por
virtud del acto que se revocó; y iv) dispuso remitir a la oficina jurídica de la entidad
para iniciar «la correspondiente acción de lesividad, con el fin que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, declare la nulidad de la resolución No. 1521 del 12 de agosto
de 2003» [sic].

3.8. A través del Oficio 2011EE11934O1 del 3 de julio de 2011, el gerente de
pensiones del Foncep, en atención de la solicitud de reliquidación presentada por

3

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

el pensionado el 20 de mayo de esa anualidad, confirmó la decisión contenida en
el Oficio 209EE27405-01 del 23 de octubre de 2009 en la que se le indicó la
imposibilidad de reliquidación de la prestación con el promedio devengado durante
el último año de servicio, toda vez que «dentro de la transición no se puede determinar
la cuantía de la pensión conforme al artículo 1, inciso 1 de la Ley 33 de 1985, sino al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 1 del Decreto 1158 de 1994, esto es, con el promedio
de los factores sobre los cuales cotizó al sistema durante el tiempo faltante para adquirir
el derecho o durante los 10 años anteriores a la fecha de adquisición, actualizado
anualmente con el índice de precios al consumidor que certifique el DANE» [sic].

3.9. Inconforme con lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4, en orden a que
se declarara la nulidad i) parcial de la Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003;
y ii) total el Oficio 2011EE11934-O1 del 3 de junio de 2011, porque el Foncep no
aplicó el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con la Ley 33 de 1985, para determinar la cuantía de su pensión de
alto riesgo, es decir, incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados
en el último año de servicio.

3.10. El Juzgado Once Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Bogotá, en sentencia del 19 de diciembre de 2013, declaró la nulidad del Oficio
2011EE11934-O1 del 3 de junio de 2011 y, en consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho condenó al Foncep a la reliquidación y pago de la
pensión de jubilación reconocida a José Abertano Guillén Obando con el 75% de
lo devengado durante el último año de servicio «incluyendo además de la asignación
básica, prima de antigüedad, horas extras, recargos nocturnos y festivos y bonificación por
servicios(quinquenio), ya reconocidos, los factores de auxilio de alimentación (1/12),
subsidio de transporte (1/12), prima de riesgo (1/12), prima semestral (1/12), prima de
navidad (1/12), prima de vacaciones (1/12) factores que percibió como consecuencia de
la relación laboral» [sic].

3.11. Contra la anterior providencia el Foncep interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, mediante sentencia del 24 de noviembre de 2017, en la que se
modificó la decisión de primera instancia, con el fin de i) declarar la nulidad parcial
de la Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003 y total del Oficio 2011EE11934-
O1 del 3 de junio de 2011; y ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenó
reliquidar la prestación con la inclusión de la prima de riesgo.

3.12. La anterior decisión quedó ejecutoriada el 12 de abril de 2018, y con la

4 En adelante CPACA.

4

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Demandante: Foncep

Resolución SPE-GDP 804 del 21 de junio de 2018, la entidad dio cumplimiento a
la providencia proferida en segunda instancia y reliquidó la mesada pensional en
cuantía de $2.000.352, desde el 1° de mayo de 2018.

1.1.3. Sentencia objeto de revisión

4. En sentencia del 24 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F modificó la decisión del 19 de
diciembre de 2013 emitida por el Juzgado Once Administrativo de Descongestión
del Circuito Judicial de Bogotá con el fin de i) declarar la nulidad parcial de la
Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003 y total del Oficio 2011EE11934-O1 del
3 de junio de 2011; y ii) a título de restablecimiento del derecho ordenó reliquidar
la prestación reconocida a José Abertano Guillén Obando «con la inclusión de la
prima de riesgo, la cual se entiende integrada a la asignación básica, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 18 y 21 de la Ley 100 de 1993» [sic].

5. Para tal efecto, se pronunció en estos términos 5:

5.1. José Abertano Guillén Obando nació el 5 de abril de 1950; entre el 2 de marzo
de 1972 y el 30 de julio de 2000, fecha en la que se retiró del servicio, laboró al
servicio de la Secretaría Distrital de Gobierno como personal uniformado del
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, por tanto, tal y como lo concluyó el Foncep,
era beneficiario del régimen pensional establecido en el Decreto 1835 de 1994.

5.2. Por virtud de lo previsto en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-
210 y 395 de 2017, proferidas por la Corte Constitucional, el régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 solo respetó a sus beneficiarios la
edad, el tiempo y el monto del régimen pensional que les venía aplicando con
anterioridad a la entrada en vigencia de tal normatividad, bajo el entendido de que
el monto hace referencia únicamente la tasa de reemplazo y no comprende el IBL.

5.3. El gobierno nacional en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 140 de la
Ley 100 de 1993 expidió el Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, mediante el cual
reglamentó las actividades de alto riesgo de los servidores públicos. Respecto de
los requisitos para obtener el derecho a la pensión de vejez los artículos 2 y 3
Ibidem, dispusieron que en los cuerpos de bomberos, quienes «tengan como una
función especifica actuar en las operaciones de extinción de incendios y demás
emergencias relacionadas con el objeto de los cuerpos de bomberos» o quienes ejerzan
los cargos de «capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos I y II; y cabos bomberos»

5 Samai, índice 48; RECIBEMEMORIAL_11001333102520120020(.rar) NroActua 48;
110013331025201200200700.pdf; folios 489 al 537.

5

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Demandante: Foncep

tendrán derecho a la pensión de vejez cuando cumplan 55 años de edad y 1000
semanas de cotización especial en las actividades descritas como de alto riesgo.

5.4. En lo referente al monto y base de cotización de la pensión especial de vejez,
el artículo 12 del Decreto 1835 del 3 de agosto de 1994, dispuso que «el monto de
la cotización para las actividades de alto riesgo es el previsto en el sistema general de
pensiones por la Ley 100 de 1993, más 6 puntos adicionales […] la base para calcular las
cotizaciones» y el ingreso base de liquidación serán los establecidos en los artículos
18 y 21 de la ley 100.

5.5. Para quienes no sean beneficiarios del régimen de transición la pensión debe
liquidarse conforme con los artículos 21 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 del Decreto
1835 del 3 de agosto de 1994; y 1 del Decreto 1158 de 1994.

5.6. El Acuerdo 3 del 28 de abril de 1988, expedido por el Concejo de Bogotá, que
estableció un régimen especial de pensiones para el Cuerpo de Bomberos de
Bogotá fue anulado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia
del 11 de marzo de 1994 y confirmada por el Consejo de Estado con sentencia del
17 de octubre de 19956.

5.7. Noera aplicable el principio de favorabilidad invocado por el actor para
reconocer la prestación según lo previsto por la Ley 33 de 1985, comoquiera que
«al momento de causarse el derecho pensional, no cumplía con el requisito de la edad (55
años) establecido en el artículo 10 ibídem, pues al 10 de agosto de 2000, fecha en que se
retiró del servicio y cumplió con los requisitos del régimen especial de pensión por
actividades de alto riesgo, su edad era de 50 años. Es decir, aun cuando el señor Guillén
Obando era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 4° del Decreto
1835 de 1994, no consolidó su derecho pensional bajo las normas anteriores a la Ley 100
de 1993, puesto que no acreditó el requisito de edad que aquellas establecían (ley 33 de
1985 - 55 años de edad). Por ende, su pensión se rige íntegramente por las disposiciones
del Decreto 1835 de 1994, el cual remite a las disposiciones contenidas en la Ley 100 de
1993 en materia de monto de las cotizaciones, la base de cotización e IBL, con las
salvedades previstas en el mismo Decreto 1835 de 1994» [sic].

5.8. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado7, la prima de riesgo «reviste carácter de factor salarial» por devengarse de
forma periódica y habitual como contraprestación directa de la labor de bombero.

5.9. Si bien para el reconocimiento pensional se tuvo en cuenta «el promedio de lo
devengado durante los últimos 10 años de servicio», lo cierto es que se descartó la

6 Consejo de Estado, sentencia del 17 de octubre de 1995, proceso radicado 10292.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 7 de octubre de 2010, expediente 25000-

23-25-000-2002-02392-01 (0265-07).

6

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Demandante: Foncep

prima de riesgo, factor percibido por José Abertano Guillén Obando durante los
años 1999 y 2000, razón por la cual el acto acusado se encuentra «parcialmente»
viciado de nulidad.

5.10. La inclusión de la prima de riesgo en la reliquidación pensional no vulnera «las
disposiciones constitucionales sobre la materia ni configura un abuso del derecho en los
términos indicados por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016», toda
vez que no genera un incremento desproporcionado en la mesada que no guarde
relación con lo percibido durante la prestación del servicio como bombero.
Además, comoquiera que «en el evento de que no se hayan efectuado cotizaciones a
pensión sobre el mismo, procede por parte de la entidad el descuento de estas».

5.11. Operó la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad
al 20 de mayo de 2008, porque se le reconoció la pensión con efectividad a partir
del 1° de agosto de 2000 y la reclamación fue presentada el 20 de mayo de 2011.

1.2. Las causales de revisión invocadas

6. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos8:

6.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto José
Abertano Guillén Obando no tenía derecho a la reliquidación de la pensión en los
términos ordenados, puesto que, de acuerdo con los precedentes jurisprudenciales
indicados, debían ser tenidas en cuenta las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda, y los factores taxativos
del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

6.2. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, porque la cuantía del derecho reconocido excede lo debido, al haberse
accedido a la reliquidación de una pensión de vejez con el 75% de «la asignación
más elevada en el último año de servicio con la inclusión de todos los factores salariales»
[sic], evidentemente en contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y en la jurisprudencia.

6.3. Lo anterior, porque si bien José Abertano Guillén Obando resultó beneficiario
del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que «la
normatividad anterior a la cual se encontraba afiliado, que en el presente caso es el
Decreto 546 de 1971, respetando las condiciones de EDAD, TIEMPO y MONTO, pero en
cuanto a la liquidación o porcentaje del INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN sería aplicable
el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo

8 Samai, índice 2; DemandaWeb-Demandayanexos(.pdf) NroActua 2, folios 1 al 21.

7

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

que le hiciera falta para adquirir el derecho, razón por la cual FONCEP reconoció la
pensión de jubilación con dichas condiciones» [sic].

1.3. Contestación a la acción especial de revisión

7. José Abertano Guillén Obando se opuso a la prosperidad de las pretensiones,
por las razones que se expresan a continuación:9

7.1. Cumplió con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, a la fecha de su
entrada en vigencia, tenía más de 40 años de edad y contaba con más 15 años de
servicios. Además, por más de 15 años prestó sus servicios desempeñando una
actividad de alto riesgo, siendo su último cargo el de cabo de bomberos, código
513, grado 13.

7.2. La entidad recurrente formuló sus pretensiones de revisión en contravía de los
principios de igualdad, favorabilidad, inescindibilidad de la ley, debido proceso,
cosa juzgada y autonomía del juez, toda vez que las sumas de dinero reconocidas
en los fallos judiciales objeto de revisión tuvieron lugar bajo los preceptos legales
y lineamentos jurisprudenciales vigentes para la época.

7.3. En la fecha en la que se profirió la sentencia objeto de revisión, aún no existían
los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional ni del Consejo de
Estado que fijaron derroteros frente a la interpretación del régimen de transición,
diferentes de los que se siguieron en esa providencia, motivo por el cual resulta
inviable pretender su aplicación retroactiva con el fin de que sea infirmada en esta
etapa procesal.

1.4. Concepto del Ministerio Público

8. En esta oportunidad no se pronunció.

9 Samai, índice 32, 38_MemorialWeb_Constanciaenviomemorial-COPIAFONCEPpdf(.pdf)
NroActua 32.

8

Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

2. Consideraciones

2.1. Competencia

9. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA10.

10. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
201911, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.

2.2. Oportunidad

11. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.

12. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 23 de abril
de 201812 y la presente acción fue radicada el 7 de octubre de 2020, lo que permite
concluir que se presentó en oportunidad.

2.3. Los problemas jurídicos

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: i) ¿la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F se profirió con
vulneración del debido proceso y en consecuencia está inmersa en la causal de
revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?; y ii) ¿la cuantía del
derecho reconocido a José Abertano Guillén Obando excedió lo debido de acuerdo
con la ley, al haberse accedido a la reliquidación de una pensión de jubilación en
contravía de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto se
configuraron los supuestos del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?

10 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003». [Resalta la Sala].
11 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
12 Samai, índice 48; RECIBEMEMORIAL_11001333102520120020(.rar) NroActua 48;
110013331025201200200700.pdf; folio 547.

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Demandante: Foncep

2.4. Marco normativo

2.4.1. Sobre la acción especial de revisión

14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2013 de la Ley 797 de 200314 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.

15. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.

16. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal
de revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen15.

17. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento

13 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de

fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y

b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
14 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la

Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
15 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Demandante: Foncep

señalado para el recurso extraordinario de revisión, regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes16:

«i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación, ellas
pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que sean
consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.

ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.

iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas en
contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre la
prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.

iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.

v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.

Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en colisión
con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero, precisamente, estos
mecanismos se instituyeron como una excepción que debe admitirse frente a un fin
legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional se hizo con violación al
debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo ordenado por la ley».

18. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es que «las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»17.

16 Entre otros, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 3 de junio

de 2021, radicado 11001 03 25 000 2018 01681 00 (5733-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas; y del 8 de octubre de 2020, radicado 11001-03-25-000-2017-00530-00 (2462-2017), M.P.
William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 5 de diciembre de 2017,

radicado 11001-03-15-000-2017-01529-00 (REV), M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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19. Como corolario, debe decirse que el objeto de la norma analizada «consistió en
incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar un estudio
de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se
eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»18.

2.4.2. En torno al régimen pensional especial para actividades de alto riesgo
dentro del sistema de seguridad social

20. La Constitución Política previó la seguridad social en su artículo 48 como «un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado». Tiene esta connotación porque su finalidad es satisfacer, de
forma continua, una necesidad de carácter general consistente en amparar las
contingencias que se presenten para las personas derivadas de la vejez, invalidez,
enfermedad o muerte19. La norma le otorgó en su inciso segundo la calidad de
«derecho irrenunciable», por lo que es considerado un derecho fundamental al
repercutir directamente en la vida y dignidad de las personas20.

21. En virtud de lo anterior, el Estado asumió la obligación de diseñar e implementar
el sistema de seguridad social que conlleva la integración de normas que, de
manera conjunta y coordinada, sirvan para regular la prestación de ese servicio
público y lograr su satisfacción21. Este mandato lo cumplió con la expedición de la
Ley 100 de 1993 que creó «el sistema de seguridad social integral» con el fin de
«unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social»22. El sistema quedó
conformado por cuatro componentes o subsistemas: el Sistema General de
Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos
Profesionales y los Servicios Sociales Complementarios.

22. La ley reguló el Sistema General de Pensiones en su libro primero y con él
unificó los regímenes que existían con antelación, así lo señaló de forma expresa
y fue expuesto en sus antecedentes legislativos23. Está integrado por dos

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado

11001-03-25-000-2014-00845-00(2743-13), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, entre otras.
19 Sobre el particular se puede leer la providencia C-623 de 2004.
20 Al respecto se pueden consultar las siguientes sentencias. Sentencia T-019 de 2009, T-395 de

1998, T-076 de 1999, T-321 de 1999 y T-101 de 2001
21 El término «sistema lo define la RAE como un «Conjunto de reglas o principios sobre una materia

racionalmente enlazados entre sí».
22 Preámbulo y artículo 6.
23 Ibidem. En la exposición de motivos de la ley se explicó lo siguiente: «[l]a dispersión de regímenes

pensiónales dentro del sector público se corresponde con gran multiplicidad, de entidades, lo cual
se refleja en la existencia de cerca de un millar de cajas, y en una tendencia a la deserción de
entidades y afiliados de Cajanal, que se suponía debía haber sido la entidad para centralizar y
homogenizar la previsión del nivel nacional. (…) Por último, se unificarán los sistemas pensionales
vigentes para el sector público y el sector privado. Los trabajadores del sector público tendrían un

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regímenes específicos, autónomos e independientes, denominados: «Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida» y «Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad». Para cada uno dispuso las instituciones encargadas de administrarlos,
la afiliación, su financiación a través de cotizaciones obligatorias y subsidios del
Estado, los requisitos para obtener la prestación social, las diferentes pensiones
que reconocen, los beneficiarios y el monto pensional.

23. En este sentido, en el artículo 279 ibidem fue establecida la existencia de unos
regímenes exceptuados del Sistema General, tales como el presidente de la
República, la fuerza pública y los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y de otros que, a pesar de hacer parte de ese
sistema se erigieron como regímenes especiales de actividades de alto riesgo con
características más favorables en cuanto a los requisitos de edad y semanas
cotizadas.

24. A partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Seguridad Social
dispuesto en la Ley 100 de 1993 se unificó el régimen pensional; no obstante, en
atención a lo dispuesto en el artículo 140 ibidem, sería el gobierno nacional el que
definiría «el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo,
teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de
cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto
riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el Cuerpo de
Custodia y Vigilancia Nacional Penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos».
Además, la norma dispuso que este establecería los puntos porcentuales
adicionales de cotización a cargo del trabajador y/o el empleador, según cada
actividad.

25. Ahora, en virtud de lo manifestado en el artículo 273 de igual normativa 24 fue
proferido el Decreto 691 de 1994 en el cual fueron incorporados los servidores
públicos al sistema general de pensiones y se estableció en el artículo 5 que: «[l]os

régimen de beneficios y contribuciones idéntico al del sector privado, que se realizaría a través de
los mismos fondos. (…) A la larga, se eliminará la multiplicidad de regímenes e instituciones
previsionales del sector público así como las inequidades dentro del mismo, y respecto a las
pensiones del sector privado. Como en el sector privado, los beneficios extraordinarios en el sector
público tendrán que ser complementarios voluntarios y a cargo de los trabajadores y los recursos
propios de las entidades; en ningún caso estarán a cargo del fisco o de terceros, y tendrán que:
constituirse efectivamente las reservas necesarias». Congreso de la República Gaceta No. 087 -
1992 páginas 11 y 12.
24 «Régimen Aplicable a los Servidores Públicos. El Gobierno Nacional, sujetándose a los objetivos,

criterios y contenido que se expresan en la presente Ley, y en particular a lo establecido en los
artículos 11 y 36 de la misma, podrá incorporar, respetando los derechos adquiridos, a los
servidores públicos, aun a los congresistas, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
La seguridad social procurará ser universal para toda la población colombiana».

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden
incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicarán las condiciones
especiales que para cada caso se determinen».

26. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno nacional profirió el Decreto 1835
del 3 de agosto de 199425, por el cual clasificó como actividad de alto riesgo, la
desarrollada por los capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos I, sargentos II,
cabos y bomberos de los Cuerpos de Bomberos «que tengan como una de sus
funciones específicas actuar en las operaciones de extinción de incendios y demás
emergencias relacionadas con el objeto de los cuerpos de bomberos». Quienes serían
acreedores de una pensión especial de vejez, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 3. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos
que ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto, a las actividades previstas
en los numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a la pensión especial de vejez,
cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. 55 años de edad.

2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º de
este artículo.

La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en un
año por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras
1000 semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.

ARTÍCULO 12. Monto de las cotizaciones. El monto de la cotización para las
actividades de alto riesgo de que trata este Decreto, es el previsto para el sistema
general de pensiones por la Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo
exclusivo de la entidad empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio
Público, y de 8.5 puntos adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades
empleadoras de que trata este Decreto.

Cuando se trate de afiliados beneficiados por los regímenes de transición especiales
descritos en los artículos 4º, 7º, 9º y 10, de este Decreto, el régimen de cotizaciones
será el ordinario, señalado para pensiones por la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos,
excepto cuando el servidor público desarrolle cualquiera de las actividades de alto
riesgo señaladas en el artículo 2º del presente Decreto, en cuyo caso se causarán las
cotizaciones especiales adicionales antes señaladas».

27. Como corolario, la labor de algunos servidores que hacen parte de los cuerpos
de bomberos tenía la naturaleza de alto riesgo, de manera que estaba sujeta a lo
previsto en el Decreto 1835 de 1994. Asimismo, en el artículo 4 de esa normativa
se dispuso un régimen de transición para los empleados enumerados en el numeral
1 del artículo 2, de la siguiente forma:

25 «Por el cual se reglamentan las actividades de alto riesgo de los servidores públicos».

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Demandante: Foncep

«Régimen de transición. Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo
que laboren en las actividades descritas en el numeral 1º del artículo 2º de este Decreto,
que estuviesen vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán
condiciones menos favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión
de vejez o jubilación, el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas,
y el monto de esta pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con
anterioridad a la Ley 100 de 1993».

28. Por su parte, a través del artículo 1 del Decreto 898 de 1996 modificó el anterior
artículo 4, para tal efecto corrigió un error tipográfico, respecto de la inclusión en la
transición de los servidores del cuerpo de bomberos.

29. Posteriormente, el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades
extraordinarias otorgadas en el artículo 17 de la Ley 797 de 2003 «[p]or la cual se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100
de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales», profirió el Decreto 2090 de 2003 «[p]or la cual se definen las actividades
de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones,
requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas
actividades», mediante el cual derogó el citado Decreto 1835 de 1994, e indicó lo
siguiente:

«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización
especial, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en
las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo.

Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto
cuando las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán
cumplir en adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el
artículo 36 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.

NOTA: Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-663 de 2007, en el entendido de que para el cómputo de las "500 semanas
de cotización especial", se podrán acreditar las semanas de cotización efectuadas en
cualquier actividad que hubiere sido calificada jurídicamente como de alto riesgo».

30. Al respecto, esta Corporación consideró que para acceder al mencionado
régimen especial, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial,
exigir el cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 resultaba desproporcionado, de manera que concluyó que para los
servidores públicos que ejercieran actividades de alto riesgo que estuvieran
amparados por el Decreto 1835 de 1994, y resultaran beneficiarios del régimen de
transición previsto en el Decreto 2090 de 2003, por contar con al menos 500
semanas para el 28 de julio de 2003, tendrán derecho al reconocimiento de la

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

prestación en iguales condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban actividades del alto riesgo26, es decir el Decreto 1835 de 1994, siempre
que cumplieran con el número mínimo de semanas dispuesto en la Ley 797 de
2003, el cual corresponderá a 1000, según lo manifestado por esta Subsección en
la sentencia del 29 de junio de 2017:

«Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito
necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al
derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de
cotización, tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas
condiciones establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de
alto riesgo, que para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994,
artículo 6»27.

31. Respecto del número de semanas dispuesto en la Ley 797 de 2003, el artículo
33 de la Ley 100 de 1993 estipuló lo siguiente:

«Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener el derecho a la Pensión de
Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años
si es hombre.

A partir del 1º. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1º. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y
a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015» (Resalta la Sala).

32. Luego, para acceder a la pensión de vejez del régimen de la Ley 100 de 1993
se debe acreditar: a) 55 años de edad si es mujer o 60 si es hombre y a partir del
1° de enero de 2014 serán 57 y 62, en su orden; y b) 1000 semanas cotizadas en
cualquier tiempo, las cuales aumentan a partir de 2005, así:

Año Semanas

2003 1000

2004 1000

2005 1050

26 Al respecto se pueden encontrar las consideraciones expuestas por esta Corporación en las

sentencias del 12 de junio de 2014, expediente 3287-2013, del 22 de abril de 2015, expediente
255-13 y del 27 de octubre de 2013, expediente (2019-2020).
27 Expediente 08001-23-33-000-2012-00062-0 (0391-14).

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

2006 1075

2007 1100

2008 1125

2009 1150

2010 1175

2011 1200

2012 1225

2013 1250

2014 1275

2015 1300

33. Asimismo, el Decreto 2090 de 2003 estipuló como requisitos para el
reconocimiento de la pensión especial de vejez, haber realizado cotizaciones
especiales por 700 semanas y cumplido 55 años de edad, además la cantidad
mínima de semanas previstas en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797
de 2003.

34. Por otra parte, a través de la Ley 1575 de 2012 [Ley General de Bomberos]
fueron determinadas las funciones del cuerpo de bomberos:

«Artículo 22. Funciones
Los cuerpos de bomberos tendrán las siguientes funciones:

1. llevar a cabo la gestión integral del riesgo en incendios que comprende:
a) Análisis de la amenaza de incendios;
b) Desarrollar todos los programas de prevención;
c) Atención de incidentes relacionados con incendios;
d) Definir, desarrollar e implementar programas de mitigación;
e) Llevar a cabo los preparativos tanto en los cuerpos de bomberos, como en la
comunidad y todas las instalaciones de personas de derecho público y privado para
garantizar la respuesta oportuna, eficiente y eficaz.

2. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención en casos de rescates, tanto en
los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en todas las instalaciones de las
personas de derecho público y privado, de acuerdo con sus escenarios de riesgo.

3. Adelantar los preparativos, coordinación y la atención de casos de incidentes con
materiales peligrosos, tanto en los cuerpos de bomberos, como en la comunidad y en
todas las instalaciones de las personas de derecho público y privado, de acuerdo con
sus escenarios de riesgo.

4. Investigar las causas de las emergencias que atienden y presentar su informe oficial

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a las autoridades correspondientes.

5. Servir de organismo asesor de las entidades territoriales en temas relacionados con
incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos y seguridad humana.

6. Apoyar a los comités locales de gestión del riesgo en asuntos bomberiles.

7. Ejecutar los planes y programas que sean adoptados por las instituciones de los
bomberos de Colombia.

8. Prestación del servicio de traslado de pacientes para la atención de emergencias
médicas en salud de forma subsidiaria».

35. Respecto del régimen de personal, en el Decreto Ley 256 de 2013 «[p]or el cual
se establece el Sistema Específico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos»
fue previsto el sistema aplicable para los empleados de carrera de esos cuerpos
que ejercieran funciones relacionadas con la gestión integral del riesgo contra
incendios, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y de
incidentes con materiales peligrosos28.

36. A su vez, los empleados del cuerpo de bomberos se dividen en los
pertenecientes al nivel operativo y los del nivel administrativo, así:

«Artículo 4°. Clasificación de los empleos. Los empleos públicos de la planta de
personal de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, son de carrera, con excepción de los
de libre nombramiento y remoción, que corresponde a los cargos de Director y
Subdirector, los empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan
asignadas funciones de ase-soría institucional, asistenciales o de apoyo que estén al
servicio directo e inmediato de los empleos de director y subdirector, siempre y cuando
tales empleos se encuentren adscritos a sus respectivos despachos y los empleos cuyo
ejercicio implica la administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del
Estado.

Los empleos públicos de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, estarán agrupados así:

A. Operativo

Está integrado por los empleos que tienen asignadas funciones misionales
relacionadas con la gestión del Riesgo y Desastres, el cual se regirá por el Sistema
Específico que se adopta en el presente decreto.

B. Administrativo
Está integrado por los empleos que tienen asignadas funciones administrativas o de
apoyo al área misional; y estarán regidos en el ingreso, permanencia y retiro por el
Sistema General de Carrera Administrativa».

28 «Artículo 3°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto son

aplicables a los empleados de carrera de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, que ejerzan funciones
relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo contra Incendios, los preparativos y atención de
rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos».

18

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37. Para el nivel operativo fue estipulado un escalafón conformado por 2 categorías
correspondientes a oficiales y suboficiales:

«[…] a) Categoría de Oficiales:

1. Comandante de Bomberos.
2. Subcomandante de Bomberos.
3. Capitán de Bomberos.
4. Teniente de Bomberos.
5. Subteniente de Bomberos.

b) Categoría de Suboficiales:

1. Sargento de Bomberos.
2. Cabo de Bomberos.
3. Bombero.

Los anteriores grados son los máximos establecidos para el Escalafón del Sistema
Específico de Carrera para los Cuerpos Oficiales de Bomberos.

Corresponderá a cada municipio, a través de la autoridad competente, adoptar la planta
de personal del Cuerpo Oficial de Bomberos que requiera para el cumplimiento de la
función, para lo cual deberá respetar la gradualidad del escalafón con el fin de permitir
la movilidad de los servidores al interior del mismo».

2.5. Caso concreto

38. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:

39. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.

40. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión29 según la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente; ii)
[e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde luego, incluyen el

29 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia del 5 de febrero de 2019, radicado

11001 03 15 000 2018 01884 00.

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Demandante: Foncep

derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de inocencia, el derecho
a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin dilaciones, el derecho a que se
produzca una decisión motivada, el derecho a impugnar la decisión y la garantía de non
bis in ídem».

41. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar la decisión mediante la cual el tribunal declaró la nulidad parcial de la
Resolución 1521 del 12 de agosto de 2003 y total del Oficio 2011EE11934-01,
respectivamente, a través de las cuales el Foncep le reconoció una pensión
especial de vejez a José Abertano Guillén Obando sin la inclusión de la prima de
riesgo, y le negó la reliquidación de la prestación con la inclusión de todos los
factores devengados durante el último año de servicio, pues a su juicio no tenía
derecho a la reliquidación «con el 75% de la asignación más elevada en el último año
de servicio» porque, si bien era beneficiario del régimen de transición, «las
disposiciones del Decreto 546 de 1971 le debieron ser aplicadas únicamente respecto de
la edad, el tiempo y el monto, pero en cuanto al IBL debió tenerse en cuenta lo dispuesto
en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto estas disposiciones hacían parte
del régimen de transición» [sic].

42. En ese orden, comoquiera que de los argumentos expuestos por el Foncep no
se advierte manifestación alguna en relación con la vulneración de los elementos
que componen el derecho fundamental al debido proceso, el examen del recurso
se debe realizar en el marco de la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003.

43. Así, en torno a la causal de revisión del literal b) de la norma en que se funda la
solicitud de revisión, la Sala se anticipa en advertir que, contrario a lo expuesto por
la entidad recurrente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no profirió la
decisión con sustento en el régimen del «Decreto 546 de 1971» sino soportado en
los artículos 21 de la Ley 100 de 1993; 12 y 13 del Decreto 1835 de 1994; y 1 del
Decreto 1158 de 1994, comoquiera que, entre el 2 de marzo de 1972 y el 30 de
julio de 2000, José Abertano Guillén Obando laboró al servicio de la Secretaría
Distrital de Gobierno como personal uniformado del Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá.

44. Asimismo, en cuanto a la inclusión de la prima de riesgo se apoyó en la
sentencia del 7 de octubre de 201030 en la cual se indicó que «la prima de riesgo fue
creada por la responsabilidad y complejidad del cargo de bombero, lo cual constituye una
retribución directa por la labor desempeñada, que se pagó, conforme a la certificación

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 7

de octubre de 2010, radicado 25000-23-25-000-2002-02392-01 (0265-07). M.P. Gustavo Eduardo
Gómez Araqnguren.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

alegada, mensualmente, es decir, de manera habitual y periódica. Tales características
hacen pensar, sin duda, que la prima de riesgo constituye salario».

45. Ciertamente, respecto del régimen pensional aplicable y los términos en que se
iba a reconocer la prestación, el tribunal concluyó que José Abertano Guillén
Obando era beneficiario del Decreto 1835 de 1994 «el cual remite a las disposiciones
de contenidas en la Ley 100 de 1993 en materia de monto de cotizaciones, la base de
cotización e IBL, con las salvedades previstas en el mismo Decreto 1835 de 1994» [sic].
Lo anterior, toda vez que nació el 5 de abril de 1950 y entre el 2 de marzo de 1972
y el 30 de julio de 2000, fecha en la que se retiró del servicio, laboró al servicio de
la Secretaría Distrital de Gobierno como personal uniformado del Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá.

46. En ese sentido, la causal invocada en esta acción especial no resulta idónea
respecto de los argumentos expuestos en el escrito de la acción de revisión y el
derecho subjetivo reconocido en la sentencia revisada.

47. Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión
que ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de
invalidarla y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la
prevalencia de una injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.

48. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.

49. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros
de procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

la acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa
juzgada31.

50. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por el
Foncep, y ante la imposibilidad de esta Sala para realizar una adecuación respecto
de la causal idónea o de reabrir un debate concluido en una etapa procesal ya
fenecida se declarará improcedente la acción de revisión interpuesta.

2.6. Costas

51. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, no se
dispondrá sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto.

3. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que no se acreditó la
configuración de las causales invocadas, esto es las señaladas en los literales a)
y b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que el Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones presentó contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, el 24 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.

Segundo. No condenar en costas.

31 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en

ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.

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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00888-00 (2694-2020)
Demandante: Foncep

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DMGT

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