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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00895-00

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00895-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión interpuesta contra la sentencia de 9 de diciembre de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Guadalajara de Buga, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76-111-33-31-002-2014- 00051-00, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas. TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00895-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020) (AER)
Accionante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Carlos Humberto Martínez
Tema: Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Presupuestos de configuración
Decisión: Declarar infundada la acción

ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN- ART. 20 LEY 797 DE 2003

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide la
acción especial de revisión1 consagrada en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
presentada por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP - en contra de la sentencia de 9 de
diciembre de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de
Guadalajara de Buga dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 76-111-33-31-002-2014-00051-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso ordinario inicial2

2.1.1. La demanda

2. El señor Carlos Humberto Martínez, por intermedio de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo
contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con el objetivo de obtener, en
síntesis, las siguientes declaraciones y condenas:

1 Considerada como tal por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve, en sentencia de 27 de marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12).
accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés.
2 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 01-ExpedienteElectronico1-63.pdf, contenido en
“19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 26-29.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

• La nulidad de las Resoluciones RDP 16167 del 10 de abril de 2013 y RDP
22803 de 20 de mayo de 2013, proferidas por la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP a través
de las cuales se le negó la solicitud de reliquidación pensional y se resolvió el
recurso interpuesto, confirmando la decisión inicial.

• A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se ordene a la
demandada a reliquidar la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de
1985 y (ii) ordenar que la reliquidación se haga sobre la base del 75% del
promedio de los factores devengados durante el último año de servicios.

2.1.2 Hechos Relevantes

3. Indicó, que a través de la Resolución 5984 de 5 de marzo de 2004, se ordenó
reconocerle y pagarle una pensión de jubilación en cuantía de 75% de la
asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados.

4. Inconforme con la anterior decisión, el 4 de enero de 2013 solicitó la
reliquidación pensional bajo los nuevos parámetros de la Ley 33 de 1985 dado
que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Su petición
fue resuelta desfavorablemente por parte de la entidad a través de las
Resoluciones RDP 16167 de 10 de abril de 2013 y RDP 22803 del 20 de mayo
de 2013.

2.1.3 Normas violadas y concepto de violación

5. Como disposiciones vulneradas, adujo que los actos administrativos acusados,
desconocieron las Leyes 33 de 1985 y 100 de 1993.

6. En cuanto al concepto de violación, indicó que los actos demandados
desconocieron lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con el cual,
su pensión de vejez debió liquidarse con el 75% de lo devengado durante el
último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en dicho periodo, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 33 y 62 de 1985 y la sentencia de unificación expedida por parte de esta
corporación el 4 de agosto de 2010, dado que cumple con los requisitos del
régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.

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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

2.1.4. Sentencia objeto de revisión3

7. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga,
mediante providencia de 9 de diciembre de 2014, accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda.

8. Para tal efecto, señaló que el demandante, al momento de entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993, ya ostentaba más de 35 años de edad, lo que le hacía
merecedor del régimen de transición de la mentada norma, así determinó que, la
pensión debió regirse bajo los lineamientos de la Ley 33 de 1985 y por
consiguiente, debió liquidarse con el 75% de todos los factores salariales
percibidos en el último año de servicio, teniendo en cuenta la sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010 emitida por el Consejo de Estado, donde se
estableció que los factores salariales no son taxativos sino enunciativos.

9. Así, con lo manifestado y con las pruebas aducidas al dossier, el sentenciador
indicó que el acto enjuiciado cercenó factores salariales que fueron efectivamente
devengados por el señor Carlos Humberto Martínez, razón por la que declaró la
nulidad de los actos enjuiciados y ordenó su reliquidación con el 75% del salario
promedio de lo percibido durante el último año de servicio, comprendido entre el
1.° de diciembre de 1998 y el 30 de noviembre de 1999, con efectos fiscales a
partir del 11 de abril de 2009, dada la prescripción trienal que se suscitó en el
proceso.

10. Finalmente, autorizó a la entidad, descontar de la reliquidación los aportes
sobre los cuales no se hubiese efectuado la deducción legal. De otra parte,
estimó procedente el reajuste de las sumas resultantes y condenó en costas a la
demandada.

2.1.5. Recurso de apelación 4

11. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada
interpuso recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

12. Indicó, que para la liquidación pensional del actor debía aplicarse la teoría
sustentada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la taxatividad de

3 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 02-ExpedienteElectronico64-133.pdf, contenido en
“19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 38-44.
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Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 02-ExpedienteElectronico64-133.pdf, contenido en
“19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” página 52-55
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

la norma, sobre la interpretación del régimen de transición establecido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por ello, aunque el demandante es beneficiario
del régimen de transición, esto únicamente aplica para efectos del
reconocimiento de edad y tiempo de servicios conforme a la Ley 33 de 1985, pero
la liquidación de la prestación debe realizarse según las reglas del inciso 3.° del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como lo dispuso la Corte Constitucional en
sentencia C-258 de 2013.

13. Por otro lado, manifestó que los factores salariales reclamados por el
demandante no fueron objeto de aportes durante el tiempo de servicios, lo que
contradice el inciso final de la Ley 62 de 1985 y el Acto Legislativo 01 de 2005
teniendo en cuenta que las pensiones deben liquidarse exclusivamente sobre
aquellos factores que sirvieron de base para el cálculo de los aportes.

14. El expediente da cuenta que, dada la inasistencia del apoderado de la
demandada a la audiencia de conciliación, se declaró desierto el recurso de
apelación.

2.1.7. La acción especial de revisión5

15. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, invocó como causal de revisión la consagrada
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que se refiere a la
posibilidad de interponer la solicitud de revisión contra acuerdos conciliatorios o
providencias judiciales que reconozcan pensiones a cargo del tesoro público o
de fondos de naturaleza pública y especialmente:

«[…]
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»

16. Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó, en síntesis, lo siguiente:

i) Revocar la sentencia expedida el 9 de diciembre de 2014 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad de Guadalajara de Buga dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Carlos
Humberto Martínez contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, radicado 76-111-
33-31-002-2014-00051-00.

5 Índice 22 de la plataforma SAMAI. Archivo 49ED_CUADERNO2_01OTROS-DEMANDAFORMULAACCIONDEREVISION
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

ii) Ordenar la reliquidación y pago de la mesada pensional del señor Carlos
Humberto Martínez, de conformidad con el precedente jurisprudencial emitido por
la Corte Constitucional, de parte de esta Corporación y de la normativa legal
dispuesta en la Ley 100 de 1993.

17. Para fundamentar la causal de revisión, la Unidad Administrativa de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo
que, el señor Carlos Humberto Martínez no tiene derecho a obtener la
reliquidación ordenada, toda vez que el pensionado, fue beneficiario del régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello, su
pensión debe liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 36,
inciso 3.° de la misma ley, con los factores de cotización establecidos
taxativamente en el Decreto 1158 de 1994.

18. Estimó que, la pensión se liquidó con desconocimiento de las providencias de
la Corte Constitucional, C-168 de 1995, C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, Auto
326 de 2014, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017 y T-039 de 2018.

2.1.8. Contestación

19. El señor Carlos Humberto Martínez fue notificado personalmente de la
admisión de la acción especial de revisión el 5 de julio de 2022, como se advierte
en el índice 27 del expediente digital disponible en Samai. No obstante, no
contestó el recurso impetrado en su contra.

20. El agente del Ministerio Público no rindió concepto frente al caso objeto de
estudio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

1. La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación es
competente para conocer del recurso de revisión del epígrafe, de conformidad
con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de conformidad con
el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

3.2. Oportunidad

21. La Sala precisa, en primer lugar, que de conformidad con lo señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la solicitud de revisión de las sentencias allí
mencionadas podía instaurarse «en cualquier tiempo», no obstante, la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 20036, declaró la inexequibilidad de dicha
expresión al señalar:

«[…] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado
deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que
envuelva al acto administrativo, dentro del término establecido en el artículo 187 del
Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de
la ley 712 de 2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de
este fallo [...]».

22. En este caso, la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011, comoquiera que la
solicitud de revisión fue presentada en vigencia de la misma, la cual en su artículo
251 dispone que, por regla general, debe interponerse dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia. Sin embargo, entre las excepciones a
dicha regla, el inciso final ibidem precisó lo siguiente:

«[…] En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio […]».

23. En este caso, la Sala considera que la solicitud de revisión se presentó
oportunamente, toda vez que, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 9
de diciembre de 2014 por parte del Juzgado Segundo Oral del Circuito de
Guadalajara de Buga, ejecutoriada el 6 de marzo de 2015, y el escrito de revisión
se radicó en la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de
febrero de 20207 y se remitió por competencia a esta Corporación, en término
para impetrar la acción especial de revisión.

6 En la sentencia C-835 de 2003 se indicó: « […] Consecuentemente, la solicitud de revisión que establece el artículo 20 acusado

deberá formularla el respectivo funcionario, de acuerdo con la jurisdicción que envuelva al acto administrativo, dentro del término
establecido en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, o dentro del término previsto en el artículo 32 de la ley 712 de
2001. Términos que en todo caso tienen fuerza vinculante a partir de este fallo [...]» (Subraya fuera de texto).
7
Expediente digitalizado visible en la plataforma SAMAI. Documento «49ED_CUADERNO2_01OTROS-
DEMANDAFORMULAACCIONDEREVISION.PDF». Folio 22.
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

3.3. Problema jurídico

24. En este caso deberá verificar la Sala si la sentencia de 9 de diciembre de
2014, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de
Guadalajara de Buga, incurrió en la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al condenar a la UGPP a reliquidar la pensión
de jubilación del señor Carlos Humberto Martínez con el 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio, incluyendo la totalidad de
los factores salariales devengados en ese lapso.

25. Acorde con lo anterior, la Sala se referirá a la causal mencionada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para luego verificar si procede infirmar la
decisión judicial cuestionada.

3.4. La acción especial de revisión contemplada en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003.

26. La acción especial de revisión permite impugnar una providencia judicial ya
ejecutoriada, si se configuran expresamente las causales señaladas en el
artículo 250 del CPACA8 (antes artículo 188 del CCA), situación que puede
entenderse como una de las excepciones al principio de la cosa juzgada9, que se
aplica exclusivamente a aquellas situaciones «críticas» en las que a pesar de la
presunción de legalidad que cobija a las sentencias, no pueden subsistir por el
grave desconocimiento de los principios fundamentales del proceso.

27. La solicitud de revisión de la entidad recurrente está contemplada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y se considera precisamente una acción
especial10, con algunas diferencias referidas a su finalidad y la legitimación en la

8 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir
una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o
perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin
embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015), radicación número:
25000-23-25-000-2004-05294-01(2116-12), accionante: Luis Alberto Jiménez Beltrán, demandado: Registraduría Nacional del Estado
Civil.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. 27 de

marzo de 2014. Radicación: 11001-03-25-000-2012-00561-00(2129-12). accionante: Caja Nacional de Previsión social, Ministerio del
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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

causa por activa. De esta manera, se estableció para controvertir las sentencias
o conciliaciones que reconocen la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza pagadas con cargo al tesoro público
y contrarrestar los casos de corrupción en esta materia11 y para ejercerla se
requiere de un solicitante calificado12, que a su vez es un tercero que no intervino
dentro del proceso ordinario o la conciliación.

28. En este sentido, el artículo 20 de la Ley 797 de 200313 facultó al Gobierno
para que, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del contralor general de la R o del
procurador general de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se
reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública.

29. Adicionalmente, a través del ordinal 6.º del artículo 6.º del Decreto 5021 de
28 de diciembre de 200914 el Gobierno Nacional delegó como función de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

3.5. Análisis de la Sala

30. La causal alegada por parte de la UGPP es la contemplada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, norma que señala:

Trabajo. Demandado: Rafael Antonio Martínez Cortés « […] En este orden, precisa la Sala que aunque se le haya asignado para su
trámite el procedimiento del recurso extraordinario de revisión, esto no quiere decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es
claro que las particularidades de la “acción especial de revisión” previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, le otorgan una
entidad propia, que se refleja principalmente en legitimación por activa que se concede al Gobierno Nacional y a los mecanismos de
control –Contraloría y Procuraduría- para promover la revisión, quienes eran terceros en el proceso ordinario cuya revisión se
permite, pero que se facultan para accionar con el objeto de proteger el patrimonio público, con el fin de obtener la viabilidad
financiera del sistema pensional […]»(subrayas de la Sala).
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda – Subsección A. consejero ponente: Dr. William

Hernández Gómez. Bogotá, D. C. diez (10) de agosto dos mil diecisiete (2017). Radicado: 250002325000200205275 01. Número
Interno: 1273-2006. Accionante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República. Demandado: Carlos Rangel Moreno. Acción:
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Decreto 01 de 2 de enero de 1984, CCA.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra

Vélez. Bogotá D.C. 1 de julio de 2016. Radicado: 11001 03 25 000 2014 00238 00 (0704 2014). Demandante: Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-. Demandado: José Efraín Mora Sánchez-
. Admite acción de revisión.
13 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan

disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales
14
Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias.
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00895-00 (2702-2020)
Demandante: Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

«[…] b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables».

3.5.2. De la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003: «b)
Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables».

31. Esta causal ha sido considerada jurisprudencialmente15 como un instrumento
que persigue fortalecer el principio de la moralidad administrativa 16 y permite
corregir los reconocimientos pensionales que se han efectuado en exceso y que
afectan los principios filosóficos que orientan el Sistema General de Pensiones17,
en especial, el principio de solidaridad18 y equilibrio financiero.

32. Frente a esta causal, el apoderado de la UGPP estimó que es errónea la
interpretación efectuada por el Ad quem, frente al régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y su aplicación al caso del señor Carlos Humberto Martínez, quien
es beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la
precitada ley, pues nació el 19 de mayo de 1948, y para el 1.° de abril de 1994,
fecha en la cual entró en vigencia la Ley 100 de 1993, contaba con más de 44
años de edad, por lo cual le asiste derecho a que se apliquen las prerrogativas
de la transición según las cuales se le debe liquidar la pensión con el 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, o el tiempo que
le hiciera falta para adquirir el derecho, con inclusión de los factores salariales
sobre los cuales cotizó y que se encuentran contenidos en el Decreto 1158 de
1994.

33. Para el análisis de esta causal, el juez debe determinar si los supuestos
fácticos y jurídicos esgrimidos por la entidad recurrente encuadran dentro del
contenido en ella dispuesto por el legislador, a fin de examinar si es dable evaluar
el fondo del asunto planteado.

34. La Sala observa que entre los planteamientos expuestos en la acción se
encuentra la afectación al patrimonio público, pues se indicó que existe un
aumento porcentual del 15.93% en el monto en que se reconoció la pensión del
señor Carlos Humberto Martínez respecto del que debió liquidarse, así como la

15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión N° 4. Consejera Ponente: Lucy Jeannette

Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 1.º de agosto de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 11001-03-15-000-2016-02022-00.
16
Artículo 209 de la Constitución Política, Artículo 3.º del CPACA y artículo 3.º de la Ley 489 de 1998.
17
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
18 Ratio o razón de ser de la seguridad social.
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proyección de los pagos adicionales que se realizarían conforme a la orden
judicial, considerando la expectativa de vida del pensionado.

35. Teniendo en cuenta que se expuso de manera sucinta la presunta afectación
al patrimonio público, la parte accionante puede cuestionar la presunción de
veracidad que cobija la decisión deprecada, de ahí que se examinará, si en el
caso concreto, se configura la consecuencia procesal prevista en el precepto
normativo mencionado, esto es, si el quantum de la pensión desbordó el límite
legalmente establecido y si se dio por la indebida aplicación del precedente
jurisprudencial.

3.5.2.2. Caso concreto

36. Para la Sala, esta causal no se encuentra configurada en el presente asunto
por los siguientes motivos:

37. En primer lugar, es necesario precisar que al señor Carlos Humberto Martínez
le es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tal como lo señaló
la UGPP en la solicitud de revisión y en la providencia objeto de la misma.

38. Revisado el expediente se observa que el señor Carlos Humberto Martínez
nació el 19 de mayo de 1948 como lo indica la copia de la cédula de ciudadanía.19

39. Así mismo, se encuentra demostrado que laboró para el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, desde el 16 de mayo de 1971 hasta el 29 de noviembre de
199520 desempeñando como último cargo de profesional universitario código
3020 grado 4.

40. De lo anterior se concluye que. el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró
en vigencia la Ley 100 de 1993, el señor Carlos Humberto Martínez, tenía 22 años
de servicio, así como también 44 años de edad.

41. Adicionalmente la reliquidación de la pensión ordenada en la sentencia objeto
de revisión aplicó la cuantía prevista en el sistema pensional de la Ley 33 de
1985, esto es con el 75% del promedio de los factores devengados durante el
último año de servicios -diciembre de 1994 a noviembre de 1995-, en los términos

19 Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 7-Fotocopia del documento de identidad-Causante.pdf, contenido en
“19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip”
20
Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 4-Certificado de información laboral-Causante.pdf, contenido en
“19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip”
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de la citada ley, consistentes en: la asignación básica, bonificación de junio, prima
de vacaciones y bonificación de diciembre.

42. Tales factores fueron efectivamente devengados por el pensionado durante
el citado interregno, tal como se advierte al verificar la certificación de salarios
devengados expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de 21 de
diciembre de 2012.21

43. A su vez, observa la Sala que los factores salariales cuya inclusión se ordenó
en la sentencia revisada, se encuentran señalados en el Decreto 1045 de 1978,
esto es, la asignación básica, la prima semestral de junio, prima semestral de
diciembre y prima de vacaciones.

44. No obstante, si bien la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, manifestó que para
calcular el IBL del pensionado debieron atenderse las disposiciones contenidas
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, y en armonía con la jurisprudencia que la Corte
Constitucional ha desarrollado sobre el tema, lo cierto es, que no expuso ningún
reparo frente a algún emolumento en particular.

45. Ahora bien, la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda el 4
de agosto de 2010 así se refirió al tema:

«[…] la Ley 100 de 1993 creó un régimen de transición, que ha sido entendido como
un beneficio consagrado en favor de las personas que cumplan determinados
requisitos, para que al entrar en vigencia la nueva ley, en lo que atañe a la edad, tiempo
de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, se sigan rigiendo
por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1° de abril
de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las
previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los
requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de
jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985.
(…)

En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre
las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos

21
Índice 21 de la plataforma SAMAI. Archivo 02-ExpedienteElectronico64-133.pdf, contenido en
“19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_76111333300220140005.zip” pagina 12.
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con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la
presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica
en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación
pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la
inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicios.

Esta decisión coincide con la sentencia de 9 de julio de 2009, proferida por la Sección
Segunda de esta Corporación».

46. La anterior postura se mantuvo hasta que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, fijó reglas
y subreglas jurisprudenciales, providencia que constituye un precedente
vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales,
con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto
en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo
los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

47. La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición fijada en la referida sentencia de unificación:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del
mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del
régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.».

48. En cuanto a las subreglas: la primera, se refiere al periodo para liquidar las
pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las
condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó
en los siguientes términos:

«- Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.».

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49. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.».

50. Es necesario indicar que, si bien es cierto, actualmente existe un criterio de
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 distinto al que existía en el
momento de decidir la controversia resuelta a través de la sentencia de 9 de
diciembre de 2014, lo cierto es, que no se puede entender que el reconocimiento
se haya realizado con abuso del derecho, pues se señaló que se habría de
adoptar la liquidación con base en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985 de
conformidad con la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010.

51. En ese orden de ideas, se recuerda que la sentencia de 28 de agosto de 2018
señaló que las reglas allí contenidas solo se habrían de aplicar a asuntos
pendientes de resolver, y que no operan respecto de situaciones definidas que
hicieron tránsito a la cosa juzgada, tal y como ocurrió en este caso.22

52. Igualmente, en cuanto al presunto desconocimiento de las sentencias de la
Corte Constitucional C - 168 de 1995, C- 258 de 2013, SU - 230 de 2015, SU -
427 de 2016, SU - 395 de 2017 y SU - 631 de 2017, se advierte que, la sentencia
que se revisa, proferida el 9 de diciembre de 2014 por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, si bien, no expresó las
razones que lo llevaron a no aplicar las prerrogativas de la sentencia de la Corte
C- 258 de 2013, lo cierto es que, justificó su decisión acogiendo el precedente de
esta Corporación establecido el 4 de agosto de 2010.

53. Tal como lo señaló esta Corporación, el cambio jurisprudencial solo ocurrió,
cuando se profirió la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, dictada dentro
del proceso radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01, con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.

54. De acuerdo con el escenario descrito se colige que en este caso no se
configura la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003,
razón por la cual se declarará infundada la acción especial de revisión interpuesta
por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP.

22 Al respecto, ver: sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicado:05001-23-33-000-2016-02626-01 (3138-2020)
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3.6. Condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación judicial y comprende los
denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o
agencias del derecho23, los llamados en el CPACA gastos ordinarios del
proceso24 y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de
apelación.

67. En atención a que el recurso fue presentado el 6 de febrero de 202025, debe
darse aplicación al artículo 188 del CPACA, previo a la modificación introducida
por la Ley 2080 de 2021, norma que disponía lo siguiente:

«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.»

68. Ahora bien, no se puede atender únicamente a la naturaleza jurídica de la
entidad accionante para colegir que debe eximírsele de la imposición de condena
en costas, como bien lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-539 de
1999.

69. En esta línea, debe atenderse a las previsiones del artículo 365 del CGP,
norma aplicable en virtud del mismo artículo 188 en mención, en cuyos numerales
1.° y 8.° dispone:

«1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.
[…]
8.- Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.»

70. En el sub lite se advierte que el señor Carlos Humberto Martínez no
compareció al proceso razón por la cual no resulta procedente la condena en

23 Artículo 361 del Código General del Proceso.
24
Artículo 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
25
Expediente digitalizado visible en la plataforma SAMAI. Documento «49ED_CUADERNO2_01OTROS-
DEMANDAFORMULAACCIONDEREVISION.PDF». Folio 22.
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costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA
PRIMERO. - DECLÁRASE INFUNDADA la acción especial de revisión
interpuesta contra la sentencia de 9 de diciembre de 2014, proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Guadalajara de Buga, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76-111-33-31-002-2014-
00051-00, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. -Sin condena en costas, según las consideraciones señaladas.

TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia DEVUÉLVASE el
expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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