Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00947-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00947-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00947-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Antonio Vargas Ríos y otro
Demandado: Nación-Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), Comisión Nacional del Servicio
Civil
Temas: Uso de las listas de elegibles- Decreto 1894 de 2012 y
artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083 de 2015
Decisión: Niega las pretensiones
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________
1.
Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por los señores Nelson Antonio Vargas Ríos y otro contra la
Nación-Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
2.
En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 los señores Nelson Antonio Vargas Ríos y Pablo Augusto Vargas Ríos,
actuando en nombre propio, interpusieron demanda en orden a obtener la nulidad
(parcial o total)2 de los siguientes actos:
i) Decreto 1894 de 2012; ii) artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083 de 2015 [texto original];
iii) Decreto 498 de 2020; iv) parágrafo del artículo 56 del Acuerdo CNSC-
20171000000116 del 24 de julio de 2017, «por el cual se convoca a Concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal
perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del SENA, Convocatoria No.
436 de 2017-SENA»; v) parágrafo del artículo 54 del Acuerdo CNSC- 20181000003616
1
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2
La parte actora deprecó la nulidad total de algunas normas y otras las demandó parcialmente.
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
del 7 de septiembre de 2018 - «Proceso de Selección No. 505 de 2017 – Santander»3; vi)
parágrafo del Artículo 79 del documento compilatorio de los acuerdos contentivos de la
«Convocatoria No. 429 de 2016-Antioquia»4; vii) parágrafo del artículo 54 del Acuerdo
CNSC-20182210000586 del 12 de enero de 2018-«Proceso de Selección No. 571 de
2017-Cundinamarca»5; viii) parágrafo del artículo 13 del Acuerdo 0165 de 2020, «por el
cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas
de Elegibles para el Sistema General de Carrera y Sistemas Específicos y Especiales de
Origen Legal en lo que les aplique»; ix) Criterio Unificado del 16 de enero de 2020, «Uso
de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019»; x) Circular
Externa 0001 del 21 de febrero de 2020, «Instrucciones para la aplicación del Criterio
Unificado "Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de
2019", en procesos de selección que cuentan con listas de elegibles vigentes»; xi) OPEC
del Acuerdo CNSC-20171000000116 del 24 de julio de 2017; xii) Resolución 1-330 del
19 de marzo de 2019, por la cual se adopta «la política 2019 para la Prevención del daño
antijurídico en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, causado por la configuración
del Contrato Realidad» y sus anexos o, subsidiariamente, los siguientes apartes:
●«durante la presente vigencia» del primer párrafo del artículo 8; ● «los funcionarios
públicos que han ocupado el primer lugar en» del literal a) del artículo 8; ● «relativos a la
formación» del literal d) del artículo 8; ● inciso final del literal f) del artículo 8; ● literal g)
del artículo 8; ● literal c) del artículo 9; ● «Para el año 2018 y 2019» y «Que han ocupado
los primeros lugares» del Anexo 1, casilla Mecanismo ¿Cómo hacerlo?; ● «en el primer
semestre de 2019» del Anexo 1, casilla Cronograma ¿Cuándo hacerlo?, numeral 3); ●
«Para la vigencia 2019» y «los funcionarios públicos que han ocupado los primeros
lugares» del Anexo 2, casilla Mecanismo; xiii) numeral 17 del Artículo 9 del Decreto 249
de 2004, «Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA»; xiv) numeral 14 del artículo 22 del Decreto 249 de 2004; xv) Resolución 1979 de
2012 «Por la cual se expide el Manual de Contratación de Instructores del Servicio
Nacional de Aprendizaje-SENA»; xvi) numeral «4. Contratos de prestación de Servicios
de instructor» de la Circular 1-1010 No. 3-2021-000160 del 9 de septiembre de 2021;
xvii) Comunicación No. 20211021183241 del 08-09-2021, Radicado 20216001363592
del 17 de agosto de 20216; xviii) Respuesta electrónica 01-9-2021-071174 del 10 de
septiembre de 2021, «respuesta petición con radicado 7-2021-233831»7.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3.
Los demandantes alegaron que los actos acusados vulneraron los artículos 53,
95, 122, 125, 130, 209 y 228 de la Constitución Política; 2 del Decreto Ley 2400 de
1968; 17 de la Ley 790 de 2002; 11 y 55 de la Ley 909 de 2004; y la Ley 1960 de
2019
4.
Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:
3
Pretensión excluida del debate a través de auto de trámite previo a sentencia anticipada del 13 de junio de
2025.
4
Ídem.
5
Ídem.
6
Ídem.
7
Ídem.
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
i) Frente a la expresión «para el empleo ofertado que fue objeto de
convocatoria para la respectiva entidad» del Decreto 1894 de 2012, establecida
en la parte final del numeral cuarto y el parágrafo del artículo 2.2.5.3.2, sostuvo
que:
a) Vulnera el artículo 125 de la Constitución Política, dado que el artículo 10 de
la Ley 443 de 1998 permitía la prórroga y extensión de la duración de los
encargos y las designaciones en provisionalidad, situación que no propendía
por garantizar el mérito y el Sistema de Carrera Administrativa.
b) No se acató el literal F del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 sobre la provisión
de empleos de carrera vacantes con las personas que conforman el Banco
Nacional de Listas de Elegibles administrado por la CNSC, dado que, el
legislador no estableció un límite al uso de las listas de elegibles en los
cargos inicialmente ofertados y buscó la provisión de los empleos que se
encuentran vacantes de forma definitiva.
c) El Decreto 1894 de 2012 incurrió en falsa motivación en tanto al limitar el uso
de las listas de elegibles privilegió los derechos de las personas que ocupan
plazas en provisionalidad, además, el presidente de la República para
modificar la reglamentación inicial del artículo 7 del Decreto 1227 de 2005 se
planteó la condición de que «vulnera las reglas de la convocatoria».
d) Los decretos reglamentarios de la Ley 909 de 2004, 1227 de 2005 y 1083 de
2015 determinaron sobre el uso de listas de elegibles dos posiciones
opuestas, habilitó a los representantes de las entidades públicas a
desconocer el artículo 125 de la Constitución Política al impedir proveer los
cargos vacantes definitivamente.
e) La norma cuestionada resulta contraria al artículo 24 de la Ley 443 de 1998
que reguló en específico la utilización de las listas de elegibles en los
procesos de selección de carácter abierto, ya que, la disposición no
estableció una posición expresa en contrario respecto de las listas de
elegibles derivadas de los concursos para una sola entidad, es decir, como
no se determinó restricción para el uso de las mismas en empleos iguales o
similares, el poder ejecutivo incurrió en exceso de potestad reglamentaria.
f) En efecto, aunque dicha disposición actualmente no produce efectos
jurídicos, mientras estuvo vigente junto al numeral cuarto y el parágrafo 1 del
artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, ocasionó el fraccionamiento de
la implementación de los concursos de méritos y fijaron un límite a la utilidad
de las listas de elegibles.
g) Es sorprendente que el presidente de la República con la expedición del
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
Decreto Ley 775 de 2005 «por el cual se establece el Sistema de Carrera
Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública
Nacional», en el artículo 25 permitió el uso de litas de elegibles para proveer
cargos iguales o equivalentes.
h) En la Sentencia C-319/10 la Corte Constitucional analizó la
constitucionalidad del artículo 145 de la Ley 201 de 1995 en lo atinente a la
carrera administrativa de la Defensoría del Pueblo, oportunidad en la que
precisó que cuando se trate de proveer cargos de grado y denominación igual
a los que fueron objeto de concurso público de méritos, el uso de la lista de
elegibles es un deber y no una facultad del nominador.
ii) El artículo 1 del Decreto 498 de 2020 está viciado de nulidad, por cuanto:
a) Se incurrió en exceso de la potestad reglamentaria y restringió lo prescrito por
el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 porque condicionó el uso de las listas de
elegibles al tiempo de su vigencia.
b) La reglamentación contenida en el artículo 1 del Decreto 498 de 2020 era un
desarrollo legal innecesario en virtud de que los literales A, E y F del artículo
11 de la Ley 909 de 2004 le otorgaron a la CNSC la competencia para el
manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles, por lo tanto, la institución
estaba facultada legal y constitucionalmente para desarrollar el precepto
legal.
c) Adolece de falsa motivación, toda vez que deben entenderse derogados
tácitamente la expresión «para el empleo ofertado que fue objeto de
convocatoria para la respectiva entidad» que también fue transcrita en el
Decreto 498 de 2020, en ese sentido, se desconoció la entrada en vigor de la
Ley 1960 de 2019, otorgando apariencia de legalidad al artículo 2.2.5.3.2. del
Decreto 1083 de 2015 a pesar de su derogación.
iii) El parágrafo del artículo 13 del Acuerdo 0165 de 2020 8, la respuesta al
interrogante «¿Cuál es el régimen aplicable a las listas de elegibles conformadas
y en firme en los procesos de selección convocados con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019?» contenida en el criterio
unificado «Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio
de 2019» del 16 de enero de 2020 y la Circular Externa 0001 de 2020 9, están
afectadas de nulidad, por lo siguiente:
a) La respuesta al interrogante planteado en el criterio unificado «Uso de Listas
8
Por el cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles
para el Sistema General de Carrera y Sistemas Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique.
9
Instrucciones para la aplicación del Criterio Unificado "Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960
de 27 de junio de 2019", en procesos de selección que cuentan con listas de elegibles vigentes.
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de Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019» desconoció los efectos
de la derogatoria del artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083 de 2015 y la
utilización de las listas de elegibles conformadas y en firme con anterioridad
al 27 de junio de 2019, pero vigentes al 16 de enero de 2020 cuando se
expidió el criterio unificado
b) El criterio unificado se fundamentó en la Sentencia C-763/02 respecto a la
irretroactividad de la ley y la aplicación de la ley a situaciones jurídicas en
curso o no consolidadas, ahora bien, el legislador no limitó la utilización de las
listas de elegibles a las vacantes definitivas no incluidas en el concurso que
tuvieren que estar conformadas y en firme con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1960 de 2019.
iv) En virtud de la expedición del Decreto 1894 de 2012, subrogado por el
parágrafo 1 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 se prohibió la
utilización de listas de elegibles para proveer cargos adicionales de la Oferta
Pública de Empleos de Carrera Administrativa10 del concurso de méritos, de ahí
que, la CNSC en el parágrafo 56 del Acuerdo CNSC-20171000000116 del 24 de
julio de 2017 decidió previamente la consecuencia jurídica en el evento de que
acaeciera un cambio normativo. Al respecto, con la expedición de la Ley 1960 de
2019 se permitió la utilización de listas de elegibles en cargos no convocados al
certamen y por ende desde la entrada en vigor de dicha ley se entiende derogado
el parágrafo 1 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015.
v) La OPEC del Acuerdo CNSC-20171000000116 del 24 de julio de 2017 11
incurrió en nulidad, por cuanto:
a) El SENA consolidó la OPEC en 4973 vacantes, distribuidas en 3766
empleados, por lo cual se infiere que se dejaron de ofertar 1207 empleos
vacantes, a su vez, en los cargos del nivel de instructor la OPEC se redujo en
79 vacantes. En efecto:
Artículo 10 del Acuerdo CNSC - 20171000000116 del 24 de julio de 2017
Niveles Denominación del Empleos convocados Vacantes
empleo
Instructor Instructor G01 al G20 2005 3169
Artículo 2 del Acuerdo CNSC - 20171000000146 DEL 05-09-2017
Niveles Denominación del Empleos convocados Vacantes
empleo
Instructor Instructor G01 al G20 1926 3169
vi) La Resolución 1-330 del 19 de marzo de 2019 y sus anexos, expedida por el
SENA, en específico, las expresiones: i) «durante la presente vigencia» del
10
OPEC.
11
Por el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la
planta de personal perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del SENA, Convocatoria No. 436
de 2017-SENA.
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primer párrafo del artículo 8; ii) «los funcionarios públicos que han ocupado el
primer lugar en» del literal A del artículo 8; «relativos a la formación» del literal D
del artículo 8, así como, el Inciso final del literal F, y G del artículo 8, el literal C del
artículo 9 y el anexo 1, casilla Mecanismo ¿Cómo hacerlo? las expresiones,
«Para el año 2018 y 2019» y «Que han ocupado los primeros lugares»; anexo 1,
casilla Cronograma ¿Cuándo hacerlo?, numeral 3, la expresión, «en el primer
semestre de 2019»; anexo 2, casilla Mecanismo, la expresión «Para la vigencia
2019» y «los funcionarios públicos que han ocupado los primeros lugares en»,
incurrieron en nulidad, por cuanto:
a) Las expresiones «los funcionarios públicos que han ocupado el primer lugar
en» contenida en literal A del artículo 8 de la Resolución 1-330 del 19 de
marzo de 2019 y en el anexo 2, casilla Mecanismo desconocen el derecho de
quien se encuentra en turno en cada lista de elegibles a ser nombrado, así no
hubiere ocupado el primer o los primeros lugares en el concurso de méritos.
b) La Resolución 1-330 de 2019 y sus anexos buscó camuflar la configuración
del Contrato Realidad de los instructores que ejercen labores encomendadas
al SENA de carácter permanente.
c) Los anexos sugieren incurrir en irregularidad al SENA, ya que diferencian las
funciones de los instructores de la planta de personal con los instructores
beneficiarios de contratos de prestación de servicios en tanto a los últimos se
asignan horarios diferentes a los empleados de planta a pesar de que sin
importar la forma de vinculación tienen el mismo propósito de impartir
formación profesional integral. Lo anterior deriva en la afectación del derecho
a la igualdad de los aprendices en virtud de que la formación y el horario
dependerá si su tutor es un instructor de planta o un contratista.
vii) El numeral 17 del artículo 9 del Decreto 249 de 2004 12, el numeral 14 del
artículo 22 del mismo decreto, el numeral 4 de la Circular 1-1010 No. 3-2021-
000160 del 9 de septiembre de 2021 y la Resolución 1979 de 2012 13, expedidas
por el SENA, están afectadas de nulidad por las siguientes razones:
a) Los numerales 17 y 14 de los artículos 9 y 22 del Decreto 249 de 2004,
respectivamente, son ilegales dado que el presidente de la República
excedió su facultad reglamentaria en el aspecto organizacional pues buscó
darle apariencia de legalidad a una situación irregular atinente a la
insuficiencia de cargos de planta necesarios para que el SENA cumpla su
misión.
b) Los referidos numerales desconocieron los artículos 37 y 38 de la Ley 119 de
12
Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje.
13
Por la cual se expide el Manual de Contratación de Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
1994 que determinaron la obligación de vincular a la planta de personal de la
institución a las personas que se encontraban prestando sus servicios por
fuera de aquella, es decir, se incumplió con el deber de actualizar la planta de
cargo de instructores del SENA.
c) Tal situación condujo a la existencia de una nómina paralela para no
garantizar el mérito e incumplir las normas de carrera de carrera
administrativa, ya que, los instructores vinculados con contratos de
prestación de servicios se ven afectados en sus garantías y derechos
laborales.
d) Las normas cuestionadas desconocen la prohibición de la administración de
celebrar contratos de prestación de servicios para la realización de funciones
propias y permanentes del SENA. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo
de Estado14 ha determinado los criterios para considerar a una actividad de
carácter permanente, estos son, funcionalidad, de igualdad, temporalidad o
habitualidad, excepcionalidad y continuidad, así, para la atención de labores
permanentes y habituales está proscrito celebrar contratos de prestación de
servicios.
e) Los numerales 17 y 14 de los artículos 9 y 22 del Decreto 249 de 2004, así
como la Resolución 1979 de 2012 permitieron establecer un sistema alterno
de vinculación de instructores, desconociendo las funciones de la CNSC,
toda vez que, como el SENA no cuenta con un sistema especial de carrera
administrativa, no puede desplazar a la CNSC en el ejercicio de sus
funciones. En efecto, las normas enjuiciadas permiten al SENA utilizar el
instrumento alterno de banco de instructores, el cual sustituyó a las listas de
elegibles estructuradas por la CNSC.
1.2. Contestación de la demanda
5.
El SENA se opuso a las pretensiones de la demanda, así:
i) En el criterio unificado «Uso de listas de elegibles en el contexto de la ley 1960
del 27 de junio de 2019» de la CNSC se determinó que los procesos de selección
aprobados con posterioridad al 27 de junio de 2019 estarían sujetos al enfoque
establecido por la Ley 1960 de 2019.
ii) Dicho acto administrativo se fundamentó en la Circular Conjunta
2019000000117 expedida por la CNSC y el DAFP, oportunidad en la cual se
concluyó que la aplicación de la Ley 1960 de 2019 no es retroactiva porque los
hechos acaecieron en vigencia de la norma anterior, es decir, se sujetó a las leyes
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 17
de octubre de 2017. Expediente: 52001233300020140006201 (4095-2015) CP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
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vigentes al momento de su expedición. A su vez, aplicó el principio de
ultraactividad de la ley pues los procesos de selección iniciados con anterioridad
a la vigencia de la Ley 1960 de 2019 seguirían sujetos al régimen del Decreto
1083 de 2015.
iii) La Circular Externa 0001 del 21 de febrero de 2020 solamente dio
instrucciones de la aplicación del criterio unificado del 16 de enero de 2020, es
decir, únicamente especificó los lineamientos prácticos para el reporte de nuevas
vacantes.
iv) Respecto a la modificación del Acuerdo CNSC-20171000000116 del 24 de
julio de 2017, se fundamentó en la expedición de la Resolución 1458 de 2017 que
actualizó las denominaciones, requisitos y ajustes para los cargos que fueron
objeto de modificación con el Decreto 1433 de 2017. De ese modo, como la
OPEC del SENA conservaba los cargos con la anterior nomenclatura, era
necesaria la modificación de la convocatoria, así, se expidió el Acuerdo
CNSC-20171000000146 del 5 de septiembre de 2017 que reajustó los empleos
ofertados inicialmente, pero no afectó el número de vacantes ofertadas.
v) La Resolución 1-330 de 2019 no desconoce los derechos de las personas
que conforman las listas de elegibles, dado que la prevención del daño
antijurídico por configuración de contrato realidad no influye en la contratación de
la planta de personal del SENA. Por el contrario, se busca capacitar a los
ordenadores del gasto con el objeto de que utilicen las listas de elegibles para
proveer los cargos que se encuentran en vacancia y así, evitar la contratación de
personal mediante contratos de prestación de servicios.
vi) Frente a los numerales 17 del artículo 9 y 14 del artículo 22 del Decreto 249
de 2004 y la Resolución 1979 de 2012, los accionantes desconocen que los
instructores vinculados mediante contratos de prestación de servicios desarrollan
tareas que se encuentran fuera de la capacidad operativa de los instructores de
planta, bien porque se requiere un mayor grado de especialidad o porque la
actividad a desarrollar no requiere la permanencia absoluta del contratista.
vii) El tener un banco de instructores para realizar las contrataciones por
prestación de servicios, no constituye una violación a la Constitución o a las
normas relativas a la carrera administrativa, dado que las funciones ejecutadas
por los instructores desbordan las actividades que pueden ejecutar los
instructores de planta de la entidad, por el contrario, garantiza las vinculaciones
contractuales necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad, sean
efectuadas con las personas que cumplan con todos los requisitos relacionados
con estudio y experiencia.
viii) No se desconocieron las funciones de la CNSC con el Banco de Instructores,
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
ya que, los actores desconocen que la competencia de la CNSC únicamente se
dirige a los cargos de carrera administrativa y no a los contratos de prestación de
servicios.
ix) Propuso las excepciones de falta de competencia por indebida acumulación
de pretensiones; indebida acumulación de pretensiones- pretensiones
excluyentes y caducidad
6.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público especificó que solamente se
pronunciaría en lo atinente a la legalidad de los Decretos 294 de 2004 y 498 de 2020
en los que participó en su expedición. En ese sentido, solicitó negar las pretensiones
de la demanda, por cuanto:
i)La existencia del Banco de Instructores del SENA no es contraria al derecho,
toda vez que cada entidad pública, en el marco de sus competencias legales y
autonomía administrativa, puede utilizar diferentes herramientas para suplir las
necesidades institucionales, especialmente cuando se trata de contratación
directa. En consecuencia, el Banco de Instructores es una herramienta que
facilita la satisfacción de las necesidades institucionales, mediante la creación de
unas listas a las que puede acudir para cumplir con el cometido institucional, sin
que la existencia de esta lista sea contraria al ordenamiento jurídico.
ii) El SENA no tiene la competencia para intentar suplantar los procesos de
selección del empleo público. Cada tipo de relación jurídica cuenta con unas
características propias y con marcadas diferencias la una de la otra, por ello, el
SENA no podría a través de la contratación directa designar empleados públicos
ni asimilar el banco de hojas de vida a un proceso de méritos adelantado por la
CNSC.
iii) Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto
del Decreto 1083 2015, Criterio Unificado de 2020, la Circular Externa 1 2020,
Acuerdo 20171000000116 de 2017, Resolución No. 1-330 de 2019, Resolución
1979 de 2012, Circular 3-2018-000197 de 2018 y la Circular 1-1010 de 2019.
7.
El DAFP se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento a que en la
demanda se interpretó erróneamente los efectos de la Ley 1960 de 2019, pues
como consecuencia de la aplicación de la disposición en el tiempo, la regla general
impone que las leyes produzcan efectos sobre situaciones que acaecieron con
posterioridad a su vigencia. Además, propuso las excepciones de caducidad,
trámite inadecuado de la demanda y cosa juzgada sobre las pretensiones del señor
Pablo Augusto Vargas Ríos porque el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá conoció
el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-42-057-2019-
00216-00.
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9
Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
8.
La CNSC aclaró que se pronunciaría sobre la legalidad del criterio unificado «uso
de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019»; la
Circular Externa 0001 de 2020 y la OPEC del Acuerdo CNSC- 20171000000116 del
24 de julio de 2017. Así, solicitó negar las pretensiones de la demanda en atención a
los siguientes razonamientos:
i) El artículo 7 de la Ley 1960 de 2019 dispone que esta rige a partir de su
publicación, lo cual ocurrió el 27 de junio de 2019, como consta en el Diario Oficial
50997, por lo que sólo puede regir hacia futuro, es decir, a procesos de selección
o concursos que inicien con posterioridad a la referida fecha.
ii) No es posible la aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019 porque
contraviene lo prescrito en los artículos 52 y 53 de la Ley 4 de 1913, los cuales
establecen que la ley únicamente rige para las situaciones de hecho ocurridas
con posterioridad a la fecha de su promulgación, entendiendo por esta, su
inserción en el Diario Oficial.
iii) Teniendo en cuenta que la Ley 1960 de 2019 no indicó que sus efectos serían
retroactivos o retrospectivos, esta se aplicará a procesos de selección iniciados
con posterioridad a su entrada en vigor.
iv) No es procedente aplicar la retrospectividad de la Ley 1960 de 2019 en
atención a que el fenómeno es viable «frente a situaciones que han estado
gobernadas por una norma anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han
consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición normativa»,
situación que no acaece en el caso, pues se presenta un hecho consolidado,
dado que las etapas de la convocatoria 436 de 2017 del SENA se encuentran
agotadas.
v) La autoridad administrativa y el DAFP con la Circular Conjunta
20191000000117 del 29 de Julio de 2019, en el numeral 6 impartieron
instrucciones relativa a la aplicación de la Ley 1960 de 2019 sobre los procesos
de selección a los que se aplicarían, asimismo, con fundamento a las etapas del
proceso de selección y el precedente jurisprudencial 15, el certamen existe
jurídicamente desde la aprobación de éste por la Sala Plena de la CNSC luego
del agotamiento de la fase de planeación y coordinación interinstitucional.
vi) Como la convocatoria 436 de 2017 del SENA se aprobó en sesión de Sala
Plena de la CNSC del 19 de julio de 2017, en dicho concurso de méritos no aplica
el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 y, en consecuencia, las listas de elegibles
sólo pueden ser utilizadas para proveer vacantes de los empleos ofertados en el
proceso de selección, o para cubrir nuevas vacantes de los mismos empleos.
15
Sentencia C-183 de 2019.
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
vii) La CNSC expidió el criterio unificado «uso de listas de elegibles en el
contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019» y la Circular Externa 0001 de
2020 en apego a las competencias otorgadas por los literales A y H del artículo 11
de la Ley 909 de 2004 para garantizar la correcta aplicación de la normatividad de
carrera en los procesos de selección iniciados con antelación a la promulgación
de la Ley 1960 de 2019 y aquellos que iban a ser adelantados con posterioridad a
la misma.
viii) En el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 se plantearon dos problemas
jurídicos así: i) a las listas de elegibles conformadas y en firme en los procesos de
selección convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de
2019; ii) a las listas de elegibles que se conformen en los procesos de selección
convocados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019. A
su vez, en la Circular Externa 0001 de 2020 se fijó el procedimiento para el
reporte de las vacantes que serían provistas con listas vigentes de mismos
empleos en virtud del criterio unificado de uso de listas en el contexto de la ley
1960
ix) En lo referente a la OPEC de la convocatoria 436 de 2017 del SENA, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.6.4 del Decreto 1083 de 2015 es posible
modificar o complementar la convocatoria antes del inicio de inscripciones, la
Sala Plena de la CNSC en sesión del 5 de septiembre de 2017 autorizó modificar
los artículos 3 y 10 del Acuerdo 20171000000116 de 2017 para hacer ajustes a la
OPEC por la modificación del sistema de nomenclatura y clasificación de los
empleos del SENA, sin embargo, es cierto que se redujo el número de empleos
ofertados de 3766 a 3687, pero el ajuste no afectó la cantidad de vacantes
ofertadas inicialmente.
x) Con relación al uso de listas, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004, vigente para cuando se realizó el concurso del SENA, establecía que con
las listas de elegibles en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las
cuales se efectuó el concurso, no otras. De ahí que, las listas de elegibles
conformadas para los empleos de carrera administrativa, una vez ha culminado
un proceso de selección, pueden usarse para proveer aquellas vacantes que se
generen en los empleos convocados, posibilidad que se mantiene por el tiempo
de su vigencia (2 años), situación en la que se encuentran las listas de elegibles
conformadas para los empleos que hicieron parte de la convocatoria 436 de
2017del SENA.
xi) Formuló las excepciones de indebida acumulación de pretensiones, indebida
conformación del contradictorio-litisconsortes necesarios y falta de legitimación
en la causa por pasiva.
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11
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
9.
El Ministerio del Trabajo formuló la excepción de falta legitimación en la causa
por pasiva.
II. TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar y sentencia anticipada
10.
Por auto del 8 de octubre de 2021, se negó la solicitud de medida cautelar de
urgencia incoada por los accionantes.
11.
Mediante providencia del del 12 de octubre de 2021, este despacho admitió la
demanda.
12.
A través de decisión del 10 de agosto de 2023, se admitió la reforma de la
demanda.
13.
Por auto del 13 de junio de 2025, el despacho evidenció la posibilidad de emitir
sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A del
CPACA. En consecuencia, se dispuso lo siguiente:
a) Declarar que el proceso de la referencia se ha venido tramitando bajo el
medio de control de nulidad simple.
b) Declarar probada la excepción de «acto no susceptible de control judicial» o
«acto no enjuiciable» frente a la pretensión séptima de la demanda, en la que
se solicitó anular parcialmente «la OPEC del Acuerdo No. CNSC
-20171000000116 del 24-07-2017»; sin embargo, la legalidad de la OPEC se
estudiará en forma conjunta con los cargos de nulidad endilgados a dicho
acuerdo de convocatoria.
c) Negar las excepciones de ineptitud sustantiva de la demanda-indebida
acumulación de pretensiones; trámite inadecuado de la demanda, caducidad
y falta de agotamiento de la conciliación; indebida conformación del
contradictorio-litisconsortes necesarios y cosa juzgada.
d) Diferir, para el momento de dictar la sentencia correspondiente, la resolución
de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
e) Prescindir de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 ibidem.
f) Resolver sobre las pruebas aportadas y solicitadas.
g) Fijar el litigio y excluir del debate las pretensiones con un componente de
restablecimiento, resarcitorio o reparatorio y aquellas encaminadas a la
anulación de los siguientes actos: i) «parágrafo del Artículo 54 del Acuerdo
No. CNSC-20181000003616 DEL 07-09-2018 “Proceso de Selección No.
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12
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
505 de 2017-Santander”»; ii) «parágrafo del Artículo 79 del documento
compilatorio de los acuerdos contentivos de la “Convocatoria No. 429 de
2016-Antioquia”»; iii) «parágrafo del artículo 54 del ACUERDO No. CNSC-
20182210000586 DEL 12-01-2018 "Proceso de Selección No. 571 de 2017-
Cundinamarca"»; iv) «comunicación No. 20211021183241 del 08-09-2021,
Referencia: Radicado Nro. 20216001363592 del 17 de agosto de 2021,
expedida por la CNSC»; y v) «respuesta electrónica No. 01-9-2021-071174
del 10/09/2021 04:58:09 p.m., respuesta petición con radicado 7-2021-
233831 expedida por el SENA».
h) Correr traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos de
conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
14.
El Ministerio del Trabajo, el SENA y la CNSC reiteraron los argumentos de sus
intervenciones previas. La parte demandante, el DAFP y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público guardaron silencio.
2.3. Ministerio Público
15.
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
16.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Cuestión previa-falta de legitimación en la causa
17.
Mediante providencia del 13 de junio de 2025, el despacho ponente difirió para el
momento de dictar sentencia la resolución de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por las entidades demandadas.
18.
Al respecto, el Ministerio del Trabajo sostuvo que carecía de legitimación en la
causa por pasiva porque «nada tiene que ver con los actos administrativos respecto
de los cuales los demandantes deprecan su nulidad por considerar que afectan sus
derechos subjetivos de participar y ser escogidos para un cargo de naturaleza
pública, por la razón de que los mismos fueron expedidos por el SENA y la CNSC,
entidades que gozan de autonomía legal, administrativa y presupuestal y que por
tanto, les corresponde responder de sus actuaciones».
19.
A su vez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expresó que carecía de
legitimación en la causa en lo que respecta a la nulidad de los siguientes actos:
Decreto 1083 de 2015, Criterio Unificado de 2020, Circular Externa 1 2020, Acuerdo
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13
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
20171000000116 de 2017, Resolución No. 1-330 de 2019, Resolución 1979 de
2012, Circular 3-2018-000197 de 2018 y Circular 1-1010 de 2019. En tal sentido,
sostuvo que dichos actos no fueron expedidos por esa cartera. Además, dicho
Ministerio no tuvo injerencia en la producción de los hechos que dieron origen a la
demanda, con excepción de los Decretos 249 de 2004 y 498 de 2020.
20.
Igualmente, la CNSC manifestó que carece de legitimación en la causa respecto
de las pretensiones relacionadas con la nulidad de aquellos actos administrativos
expedidos por el DAFP, el Ministerio de Hacienda, el SENA y la Presidencia de la
República.
21.
Si bien es cierto que cada una de las entidades no participó en la expedición de
todos los actos administrativos, si están legitimadas materialmente por pasiva para
pronunciarse sobre su legalidad, por cuanto, se controvirtieron múltiples actos
administrativos en los que intervinieron dichas entidades.
22.
En efecto, el Acuerdo CNSC-20171000000116 del 24 de julio de 2017, el Criterio
Unificado del 16 de enero de 2020, «Uso de listas de elegibles en el contexto de la
Ley 1960 de 27 de junio de 2019», la Circular Externa 0001 del 21 de febrero de
2020, «Instrucciones para la aplicación del Criterio Unificado "Uso de Listas de
Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019", en procesos de
selección que cuentan con listas de elegibles vigentes» y la OPEC del Acuerdo
CNSC-20171000000116 del 24 de julio de 2017 fueron expedidas por la CNSC.
23.
Igualmente, el Decreto 249 de 2004 fue expedido por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y el DAFP. Asimismo, el Decreto 400 de
2020 fue signado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el DAFP.
3.2. Cuestión previa-cosa juzgada
24.
Frente a los cargos de nulidad contra la expresión «para el empleo ofertado que
fue objeto de convocatoria para la respectiva entidad» del Decreto 1894 de 2012,
establecida en la parte final del numeral cuarto y el parágrafo del artículo 2.2.5.3.2
del Decreto 1083 de 2015, es necesario verificar si se configura la excepción de
cosa juzgada.
25.
En el presente caso se demanda el Decreto 1894 de 2012 y el artículo 2.2.5.3.2.
del Decreto 1083 de 2015 que compiló al referido acto administrativo. La legalidad
del Decreto 1894 de 2012 fue analizada por esta Subsección, en sentencia del 21 de
agosto de 2025.16
26.
Por su parte, esta corporación ha explicado que la cosa juzgada relativa también
se aplica en casos en que ha habido un pronunciamiento inicial frente a una norma y
16
Radicado 11001032500020130037100 (0795-2013) y 11001032500020130022200 (0516-2013) Acumulado.
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14
Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
luego se demanda una disposición compilatoria de aquella, pues materialmente se
está cuestionando igual contenido normativo, de manera que se presenta una
identidad de objeto entre los procesos.17
27.
Bajo esta línea de intelección, en este caso existe identidad de objeto. Además,
existe identidad en la parte demandada, esto es, el DAFP.
28.
Asimismo, existe identidad de causa petendi, ya que el concepto de violación
esgrimido en este y en el expediente objeto de comparación, resultan iguales en lo
que atañe al impacto que tuvo la limitación del uso de la lista de elegibles en el
ordenamiento constitucional y legal vigente. El concepto de violación expuesto en el
radicado 11001032500020130037100 (0795-2013), en lo pertinente, precisó:
• El Decreto 1894 de 2012 excedió la potestad reglamentaria y quebrantó la Circular 052
de 2009 y el Acuerdo 159 de 2011, expedidos por la CNSC, así como los artículos 11,
30 y 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 24 de la Ley 443 de 1998. En efecto, dichas
normas determinan lo siguiente: a) la CNSC administra el Banco Nacional de Listas de
Elegibles; b) el aludido banco debe emplearse para proveer las vacantes que surjan
luego de realizados los concursos de méritos, siempre que las listas se encuentren
vigentes y los empleos tengan funciones y requisitos iguales o similares.
• Estas conclusiones fueron reiteradas por la Corte Constitucional en la Sentencia
SU-446 de 2011 y su desconocimiento significó una vulneración a los derechos
adquiridos, el debido proceso, el trabajo, el acceso al empleo público y los principios de
eficiencia, eficacia, economía y celeridad que orientan la administración pública.
• El acto enjuiciado contiene una medida discriminatoria tendiente a privilegiar la
estabilidad laboral de los servidores nombrados en provisionalidad o encargo por
encima del principio del mérito que rige para acceder a los cargos oficiales. […].
• El DAFP se arrogó competencias propias de la CNSC para administrar la carrera
administrativa y el Banco Nacional de Listas de Elegibles.
• El acto enjuiciado aludió a una aparente vulneración de los derechos de los empleados
provisionales y las reglas de la convocatoria en caso de utilizar las listas para las
vacantes que se fueran generando, lo cual deja de lado que ellos tuvieron iguales
oportunidades para participar en los concursos de méritos y que los parámetros del
certamen están definidos en la Ley 909 de 2004 y son concretados por la CNSC.
29.
La Sala consideró que los anteriores cargos de nulidad no se encontraban
configurados, con fundamento en los siguientes razonamientos:
i) El Gobierno nacional, conformado por el presidente de la república y el
director del DAFP, no invadieron las competencias propias de la CNSN ni
excedieron la facultad reglamentaria; por el contrario, la CNSC debe ejercer sus
atribuciones con respeto de la ley y los decretos reglamentarios expedidos por el
ejecutivo nacional.18
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 11001-03-25-000-2016-00492-00 (2252-16).
18
En similar sentido, el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 17 de mayo de 2012,
radicado 110010325000200900141 00 (2120-2009), expresó que «los temas referentes a la conformación,
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15
Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
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ii) En virtud de que el control de legalidad de los actos administrativos se efectúa
con base en la normativa superior vigente al momento de su expedición, 19 se
observa que para la fecha en que se profirió el decreto demandado, el artículo 31
de la Ley 909 de 2004 disponía que con la lista de elegibles «se cubrirán las
vacantes para las cuales se efectuó el concurso».
iii) Por su parte, el Decreto 1894 de 2012 previó que las listas de elegibles
elaboradas como resultado de los procesos de selección sólo podrían ser
utilizadas para proveer las vacancias definitivas que se generaran en los mismos
empleos inicialmente provistos, esto es, aquellos que fueron ofertados al
certamen que dio lugar a la configuración de las listas.
iv) En consecuencia, el acto demandado se limitó a reiterar los mandatos de la
Ley 909 de 2004, en lo que respecta a la forma en que debían utilizarse las listas
de elegibles, pues el legislador no previó que dichas listas se utilizaran para
proveer otras vacantes que se presentaran con posterioridad a la celebración del
certamen respectivo.
v) Teniendo en cuenta que el decreto cuestionado se ajustó a los mandatos
legales, tampoco quebrantó los derechos adquiridos, el debido proceso, el
trabajo, el acceso al empleo público y los principios de eficiencia, eficacia,
economía y celeridad que orientan la administración pública, pues fue el
legislador, dentro de su ámbito de competencia y margen de configuración, el que
determinó que las listas de elegibles se utilizarían en los términos antes descritos.
vi) Ciertamente, la Sentencia C-319 de 2010, expresó que el «ideal en un
sistema de carrera» es que «cada vez que se presente una vacante en la
administración pública deberá abrirse un concurso de méritos y surtir el cargo
únicamente con quienes participaron en el mismo».
vii) Con ocasión de la expedición de la Ley 1960 de 2019, el Congreso modificó el
artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en el sentido de precisar que, con la lista de
elegibles, «se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con
posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad». Ahora bien,
como el acto administrativo se profirió con antelación a esa norma, no puede
afirmarse que la desconoció.
aplicación, convocatoria y concursos, junto con la determinación de prerrogativas especiales frente a los
servidores públicos que hacen parte de ella, ya sea en provisionalidad o estén sometidos al régimen general o
específico de la carrera administrativa es de exclusiva regulación del Legislativo, pero le corresponde al
Ejecutivo la reglamentación de la misma».
19
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de marzo de 2003, radicado 11001-03-24-000-2001-
0171-01 (7095).
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viii) Tampoco se desconocieron los artículos 11 y 30 de la Ley 909 de 2004,
referentes a las funciones de la CNSC y su competencia para adelantar los
concursos, en tanto aquellos no regularon el uso de las listas de elegibles.
Además, dichas disposiciones no pueden leerse de manera aislada, ya que su
contenido y alcance también debe armonizarse con el artículo 31 ibidem, que
desarrollo expresamente tal materia.
ix) Por otra parte, respecto al artículo 24 de la Ley 443 de 1998 que los
accionantes estimaron vulnerado, es cierto que habilitó el uso de las listas de
elegibles para proveer cargos diferentes a los convocados a concurso de méritos;
no obstante, debe entenderse que aquella previsión únicamente aplica para los
certámenes desarrollados por la ESAP20, pues la norma se refirió exclusivamente
a ese establecimiento, por ende, tal disposición no puede extenderse a los
concursos adelantados por la CNSC. Lo anterior es consonante con el artículo 58
de la Ley 443 de 1998, el cual estableció que la ESAP «forma parte integral del
Sistema de Carrera Administrativa y de Función Pública».
x) De ese modo, para las convocatorias adelantas por la CNSC, la
conformación de las listas de elegibles se encuentra regulada por el artículo 31 de
la Ley 909 de 2004, el cual determinó que con aquella se deben cubrir las
vacantes para las cuales se efectuó el concurso y no se refirió a unas distintas.
xi) Por ello, el Decreto 1894 de 2012 no quebrantó el artículo 24 de la Ley 443 de
1998, pues se limitó a modificar el Decreto 1227 de 2005, el cual, a su vez, es
reglamentario de la Ley 909 de 2004 y no de la Ley 443 de 1998.
xii) En tal sentido, se destaca que la Ley 909 de 2004 se refirió a las atribuciones
de la CNSC para administrar y vigilar la carrera administrativa y no mencionó la
facultad de la ESAP para realizar concursos de méritos.
xiii) Bajo este contexto, se concluye que el Decreto 1894 de 2012 reglamentó la
orden de provisión del empleo producto de la conformación de listas de elegibles
en los concursos de mérito convocados por la CNSC, más no de las
convocatorias desarrolladas por la ESAP; por lo tanto, el presidente de la
República y director del DAFP expidieron dicho acto en ejercicio de las facultades
legales y respetando el ordenamiento superior.
xiv) En lo concerniente al planteamiento relativo a que el acto administrativo
opugnado contiene una medida discriminatoria que protege a los servidores
nombrados en provisionalidad o encargo sin atender al principio del mérito,
puntualizó que el hecho de que las listas de elegibles no se empleen para proveer
las nuevas vacantes no significa que los cargos deban permanecer ocupados en
provisionalidad o encargo; por el contrario, la Ley 909 de 2004 estableció límites
20
Escuela Superior de Administración Pública
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
temporales a dichas modalidades de vinculación y obligó a las entidades públicas
a proveer las vacantes definitivas a través de concursos de méritos.
30.
Así las cosas, la Sala declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada
relativa respecto del Decreto 1894 de 2012 y el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083
de 2015 y en ese sentido se estará a lo resuelto en la sentencia del 21 de agosto de
2025, proferida en el expediente (0795-2013).
31.
Por otra, los accionantes reprocharon la legalidad de la OPEC de la Convocatoria
436 de 2017 del SENA en razón de que en ésta se consolidó en 4973 vacantes,
distribuidas en 3766 empleados, por lo que a juicio del sujeto procesal se dejaron de
ofertar 1207 empleos vacantes y en los cargos del nivel de instructor la OPEC se
redujo en 79 vacantes. Ahora bien, frente al citado planteamiento también resulta
pertinente analizar si se configura la excepción de cosa juzgada.
32.
Sobre el punto, el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 26 de febrero de
202621, estudió la legalidad de múltiples actos administrativos, entre ellos, los
Acuerdos CNSC 20171000000116 del 24 de julio de 2017 y CNSC
20171000000146 del 5 de septiembre de 2017.
33.
A propósito, los Acuerdos 20171000000146 del 5 de septiembre de 2017 Acuerdo
y CNSC 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 modificaron el artículo 10 del
Acuerdo 20171000000116 del 24 de julio de 2017 respecto a los empleos vacantes
de la OPEC de la convocatoria 436 del SENA.
34.
En este caso existe identidad de objeto, dado que en el expediente
11001032400020180017900 (5054-2018) también fue controvertida la OPEC del
proceso de selección. Además, existe identidad en la parte demandada, esto es, el
SENA.
35.
Asimismo, existe identidad de causa petendi, ya que el concepto de violación
esgrimido en este y en el expediente objeto de comparación, resultan iguales en lo
que atañe a la reducción de las vacantes ofertadas en la convocatoria. El concepto
de violación expuesto en el radicado 11001032400020180017900 (5054-2018), en
lo pertinente, precisó:
• A través del Acuerdo CNSC 20171000000146 del 5 de septiembre de 2017 se
modificaron los artículos 3 y 10 del Acuerdo 20171000000116 del 24 de julio de 2017, lo
cual ocasionó la disminución de los empleos ofertados de 3.766 a 3.687, es decir,
debido a que el Decreto 1433 de 2017 obligó a modificar el sistema de nomenclatura y
clasificación de empleos del SENA.
• Mediante el Acuerdo CNSC 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 se modificaron
30 empleos de la OPEC por solicitud del SENA, de ahí que dichos cargos no cuentan
21
11001032400020180017900 (5054-2018) y 11001032500020180138600 (4618-2018), 11001032500020180149200 (4850-
2018), 11001032500020190000300 (0022-2019), 11001032500020190012700 (0613-2019), 11001032500020190012900
(0615-2019) 11001032500020190032100 (2114-2019) Acumulados.
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con los mismos grados salariales y funciones que los ofertados inicialmente. Además,
no se señaló ningún procedimiento para postularse a otro cargo por la modificación
sustancial en el grado y asignación salarial de los cargos. Al respecto, se modificó el
número de empleos de profesional G02, G03, G04, G05, G06, G08, G10 y a nivel
técnico G02 y G03.
36.
La Sala consideró que los anteriores cargos de nulidad no se encontraban
configurados, con fundamento en los siguientes razonamientos:
i) De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 de
2015, la convocatoria puede ser modificada o complementada en cualquier
aspecto, hasta antes de iniciarse la etapa de inscripciones. No obstante, el
Acuerdo CNSC 20171000000146 del 5 de septiembre de 2017 no desconoció la
referida reglamentación, ya que la modificación acaeció antes del inicio de la
etapa de inscripciones, 15 de septiembre de 2017.
ii) La variación acaecida mediante el acto administrativo fue en el número de
empleos y no generó la disminución de las posibilidades de acceder al cargo para
el que aspiraban, pues, al momento de expedición de la convocatoria, los
aspirantes no contaban con una expectativa legítima ni un derecho adquirido y
ésta no se encontraba en etapa de inscripciones.
iii) Si bien hubo un cambio en la cantidad de empleos ofertados, no lo fue en el
número de vacantes, dado que a través del Acuerdo CNSC-20171000000116 del
24 de julio de 2017 se reportaron 3.766 empleos y 4.973 vacantes, mientras que
en el Acuerdo CNSC-20171000000156 del 19 de octubre de 2017 se informaron
3.687 empleos y 4.973 vacantes.
iv) Respecto a la modificación de 30 empleos de la OPEC introducida con el
Acuerdo CNSC 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 que a juicio de los
demandantes derivó en el cambio sustancial en el grado y asignación salarial de
los cargos a los que se inscribieron los aspirantes, siendo modificados en
específico el número de empleos, era cierto que dicho acto administrativo, así
como el Acuerdo CNSC 20181000000876 del 19 de enero de 2018 se expidieron
con posterioridad al inicio de inscripciones pese a la restricción de que trata el
artículo 2.2.6.4. del Decreto 1083 de 2015; sin embargo la CNSC desarrolló la
atribución del parágrafo 2 del artículo 10 del del Acuerdo 20171000000116 del 24
de julio de 2017, según la cual, «en caso de presentarse diferencia por error de
digitación, de transcripción o de omisión de palabras entre la OPEC y el Manual
de Funciones y Competencias Laborales y/o demás actos administrativos que la
determinaron, la OPEC se corregirá dando aplicación a lo previsto en el Artículo
45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 del presente
Acuerdo. Así mismo las consecuencias que se deriven de dichos errores o
inexactitudes, recaerán en la entidad que reportó la OPEC».
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v) La modificación no efectuó un cambio sustancial de las asignaciones
salariales y funciones de los empleos, aquella se derivó de la solicitud del SENA
como consecuencia de que el Gobierno nacional por medio del Decreto 1433 de
2017, modificó el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos públicos de
la institución.
vi) En considerandos del comentado se explicó que el SENA «presentó al
Departamento Administrativo de la Función Pública justificación para modificar su
sistema especial de nomenclatura, clasificación y remuneración, el cual obtuvo
concepto favorable» y que «la Directora de Desarrollo Social del Departamento
Nacional de Planeación-DNP, por medio de comunicado de fecha 08 de agosto
de 2017, radicado con el No. 20175360472371, impartió concepto técnico
favorable para la modificación del sistema de nomenclatura y escala salarial del
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA».
vii) De ese modo, el ajuste llevado a cabo tuvo una justificación razonable, buscó
dar continuidad al proceso de selección atendiendo el estado real de la planta de
personal de la entidad beneficiaria del concurso y otorgó a los participantes la
posibilidad de verificar si como consecuencia a las correcciones surtidas
continuaban cumpliendo los requisitos de participación.
37.
Por lo anterior, la Sala declarará probada de oficio la excepción de cosa juzgada
relativa respecto de la OPEC del Acuerdo CNSC-20171000000116 del 24 de julio de
2017 y en virtud de ello se estará a lo resuelto en la sentencia del 26 de febrero de
2026, proferida en el expediente (5054-2018).
3.1. Problema jurídico
38.
De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y sus contestaciones,
le corresponde a la Sala determinar si los actos administrativos identificados en los
numerales iii, iv, viii, ix, x, xii, xiii, xiv, xv, xvi y xvii del ordinal 1.1.1 de las
pretensiones de la demanda están viciados de nulidad por violación al ordenamiento
constitucional y legal en que debía fundarse, en los términos alegados por los
demandantes.
3.2. Generalidades del sistema de carrera administrativa
39.
El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general, los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los
de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales
y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los funcionarios, cuyo
sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley,
serán nombrados por concurso público.
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40.
Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un sistema
técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de la
administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante de
transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en el
servicio público.
41.
Asimismo, el Título 6 del Decreto 1083 de 2015, «por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública», compila la
reglamentación expedida en materia de procesos de selección o concursos. En
especial, se destaca el desarrollo de los siguientes ejes: i) competencia; ii) fases; iii)
convocatoria; iv) inscripciones; v) listados de admitidos y no admitidos; vi) pruebas o
instrumentos de selección; vii) reclamaciones en las diferentes fases; viii) listas de
elegibles; ix) período de prueba; x) Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC.
3.3. El caso concreto. Análisis de los cargos de nulidad
42.
A continuación, se estudiarán en forma agrupada los cargos de nulidad
expuestos por los actores con miras a resolver integralmente el debate.
3.4.1. Cargos de nulidad contra el artículo 1 del Decreto 498 de 2020
43.
Para una mejor ilustración del debate, a continuación, se transcribe la disposición
que contienen las expresiones demandadas en el sub lite:
Artículo 1. Modificar el artículo 2.2.5.3.2 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, el cual quedará así:
ARTÍCULO 2.2.5.3.2. Orden para la provisión definitiva de los empleos de
carrera. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en
cuenta el siguiente orden:
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo
reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial.
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de
desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez
impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y
que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales
o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el presente decreto y de
acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el
primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de
convocatoria para la respectiva entidad.
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá
adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad.
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Parágrafo 1. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a
concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de
selección, tales listas, durante su vigencia, podrán ser utilizadas para proveer de
manera específica las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos
inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular de alguna de las
causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 y
para proveer las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que
surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.
[…]
44.
Los demandantes argumentaron que el poder ejecutivo incurrió en exceso de la
potestad reglamentaria y restringió lo prescrito por el artículo 6 de la Ley 1960 de
2019, dado que, condicionó el uso de las listas de elegibles al tiempo de su vigencia.
45.
La potestad reglamentaria comporta el ejercicio de una función administrativa 22
en la que se pretende hacer más precisa y detallada la ley 23 para que pueda
ejecutarse en debida forma. En consecuencia, el acto de reglamentación es un acto
complementario de la ley desarrollada24.
46.
A su vez, la potestad reglamentaria tiene límites, correspondiendo uno de ellos la
subordinación a la ley, tanto jerárquica como sustancialmente de tal forma que, con
la expedición del reglamento la administración tiene proscrito ampliar, restringir,
modificar o contrariar la norma promulgada por el legislador (límite por competencia)
ni tampoco desconocer su contenido mínimo25.
47.
Nótese que mediante la Ley 1960 de 2019, el artículo 6 modificó el numeral 4 del
artículo 31 de la Ley 909 de 2004 así: «con los resultados de las pruebas la
Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de
aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una
vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las
vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del
concurso en la misma Entidad».
48.
Ahora bien, el grado de amplitud o detalle con que el legislador haya regulado un
asunto determina el margen de actuación del ejecutivo, por ende, «ante menos
cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el
ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa. De hecho, el alcance de la
22
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 21 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-06-000-2014-000120-00 (2213).
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 2016, radicado: 11001-03-26-000-2009-
00009-00(36312) y de la Sección Primera, sentencia del 18 de febrero de 2016, radicado: 11001-03-24-000-
2013-00018-00.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 6 de junio de 2013,
radicado: 11001-03-24-000-2006-00284-00.
25
Cita de cita. Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 14 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03- 06-
000-2016-00066-00(2291).
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22
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potestad reglamentaria depende de la valoración política que el Legislador haga de
la materia que desarrolla pues puede regular íntegramente una materia sin dejar
margen alguna a la reglamentación, o abstenerse de reglar algunos aspectos, que el
presidente la reglamente para su debida aplicación».
49.
Teniendo en cuenta lo precedente, el Decreto 498 de 2020 no excedió la potestad
reglamentaria puesto que no restringe el contenido del artículo 6 de Ley 1960 de
2019 en razón a que la disposición indicó que la lista de elegibles «tendrá un
vigencia de dos (2) años» y el acto administrativo enjuiciado determinó en el
parágrafo 1 del artículo 6 que una vez previstos los empleos convocados al proceso
de selección, las listas de elegibles elaboradas en ese certamen podrán ser usadas
«durante su vigencia».
50.
Adicionalmente, los accionantes reprocharon que la reglamentación contenida en
el artículo 1 del Decreto 498 de 2020 era un desarrollo legal innecesario en virtud de
que los literales A, E y F del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 le otorgaron a la CNSC
la competencia para el manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles, por lo
tanto, la institución estaba facultada legal y constitucionalmente para desarrollar el
precepto legal.
51.
Si bien es cierto que la potestad reglamentaria por regla general es una atribución
del presidente de la República, también lo es que otras autoridades administrativas
en la órbita de los asuntos de su conocimiento tienen la facultad de expedir
disposiciones generales para la ejecución y cumplimiento de la materia a su cargo.
Así, tales autoridades también poseen la potestad reglamentaria, la cual deberá
ejercerse en atención al grado de subordinación jerárquica y normativa 26.
52.
El artículo 11 de la Ley 909 de 2004 atribuyó a la CNSC funciones atinentes a la
administración de la carrera administrativa, a su vez, conforme a los literales A, E y F
del comentado artículo, éstas corresponden a: i) establecer de acuerdo con la ley y
los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos
de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las
entidades a las cuales se aplica la presente ley; ii) conformar, organizar y manejar el
Banco Nacional de listas de elegibles; el Banco de Datos de ex empleados con
derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por
ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por
razones de violencia; iii) remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los
respectivos nominadores, las listas de personas con las cuales se deben proveer los
empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de
conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere
el literal anterior.
26
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de julio de 2023, radicado: 11001-03-24-000-2022-00328-
00.
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23
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53.
Nótese que el planteamiento formulado por los demandantes parte del
entendimiento de que como la conformación, organización y manejo del Banco
Nacional de listas de elegibles es competencia de la CNSC, la entidad también tiene
la atribución de reglamentar la disposición legal sobre el uso de listas de elegibles
como consecuencia de la expedición de la Ley 1960 de 2019; no obstante, la Sala se
aparta del razonamiento porque los preceptos legales invocados como vulnerados
por los actores no regularon el uso que se daría a las listas de elegibles, además la
CNSC debe ejercer sus atribuciones con respeto de la ley y los decretos
reglamentarios expedidos por el ejecutivo nacional.27
54.
En ese sentido, el Gobierno nacional podía expedir la reglamentación necesaria
para el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, en efecto, tanto los
Decretos 1894 de 2012 y 1083 de 2015 que previeron el uso de las listas de
elegibles antes de la modificación acaecida con la referida ley, fueron expedidos por
el Gobierno nacional, de modo que como el poder reglamentario no puede ser
limitado en el tiempo28, el presidente de la República mantenía la competencia para
expedir la reglamentación indispensable sobre la materia.
55.
Por otra parte, los accionantes alegaron que el artículo 1 del Decreto 498 de 2020
incurrió en falsa motivación, dado que debía entenderse derogada tácitamente la
expresión «para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la
respectiva entidad», por lo tanto, se desconoció la entrada en vigor de la Ley 1960
de 2019, otorgando apariencia de legalidad al artículo 2.2.5.3.2. del Decreto 1083 de
2015 a pesar de su derogación.
56.
Sin embargo, el sujeto procesal está realizando una lectura aislada a la
disposición pues si bien el acto administrativo cuestionado contempló en el numeral
4 que la provisión del empleo de carrera administrativa se efectuaría «con la
persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de
convocatoria para la respectiva entidad», también lo es que el parágrafo 1 del
mismo artículo aclaró que «una vez provistos en período de prueba los empleos
convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado de los
procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, podrán ser utilizadas para
proveer de manera específica las vacancias definitivas que se generen en los
mismos empleos inicialmente provistos […] y para proveer las vacantes definitivas
de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la
convocatoria de concurso en la misma Entidad».
27
En similar sentido, el Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 17 de mayo de 2012,
radicado 110010325000200900141 00 (2120-2009), expresó que «los temas referentes a la conformación,
aplicación, convocatoria y concursos, junto con la determinación de prerrogativas especiales frente a los
servidores públicos que hacen parte de ella, ya sea en provisionalidad o estén sometidos al régimen general o
específico de la carrera administrativa es de exclusiva regulación del Legislativo, pero le corresponde al
Ejecutivo la reglamentación de la misma».
28
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007 Rad. 24715 [fundamento
jurídico 1.1] y sentencia del 27 de octubre de 2011, Rad. 30411 [fundamento jurídico 6].
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57.
Por las anteriores razones, se resuelven desfavorablemente los cargos de
anulación formulados en contra del artículo 1 del Decreto 498 de 2020.
3.4.2. Cargos de nulidad en contra del artículo 13 del Acuerdo 0165 de 2020 29,
la respuesta al interrogante «¿Cuál es el régimen aplicable a las listas de
elegibles conformadas y en firme en los procesos de selección convocados
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1960 del 27 de junio de
2019?» contenida en el criterio unificado «Uso de Listas de Elegibles en el
contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019» del 16 de enero de 2020 y la
Circular Externa 0001 de 202030
58.
En primer término, se puntualiza que los argumentos de inconformidad de los
actores únicamente se centraron frente al Criterio Unificado de la CNSC del 16 de
enero de 2020, razón por la que la Sala se pronunciará respecto de éstos.
59.
En síntesis, los demandantes alegaron que la Ley 1960 de 2019 no limitó el uso
de la lista de elegibles en empleos equivalentes a aquellas que, pese a ser
conformadas y adquirieron firmeza antes de la entrada en vigor de la citada ley,
estaban vigentes.
60.
Para una mejor ilustración del debate, a continuación, se transcribe la disposición
que contienen las expresiones demandadas en el sub lite:
CRITERIO UNIFICADO
"USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE
JUNIO DE 2019"
Ponente: […]
Fecha de sesión:
La Sala Plena de la CNSC, en sesión del 16 de enero de 2020, aprobó el Criterio
Unificado USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960
DEL 27 DE JUNIO DE 2019.
Marco jurídico
El uso de Listas de Elegibles se encuentra regulado por las siguientes disposiciones
legales y reglamentarias:
-Ley 909 de 2004
-Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017
-Ley 1960 de 2019
PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS
29
Por el cual se reglamenta la conformación, organización y manejo del Banco Nacional de Listas de Elegibles
para el Sistema General de Carrera y Sistemas Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique.
30
Instrucciones para la aplicación del Criterio Unificado "Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley 1960
de 27 de junio de 2019", en procesos de selección que cuentan con listas de elegibles vigentes.
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25
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
1. ¿Cuál es el régimen aplicable a las listas de elegibles conformadas y en firme en los
procesos de selección convocados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
1960 del 27 de junio de 2019?
2. ¿Cuál es el régimen aplicable a las listas de elegibles que se conformen en los
procesos de selección convocados con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1960 del 27 de junio do 2019?
RESPUESTA AL PRIMER PROBLEMA JURIDICO:
El artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, modificó el numeral 4° del artículo 31 de La Ley
909 do 2004, previendo lo siguiente:
“(…)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la
entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de
mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y
en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se
efectuó el concurso v las vacantes definitivas de cargos equivalentes no
convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso
en la misma Entidad. (Resaltado fuera de texto)
La CNSC y el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP-, a través de
la Circular Conjunta No. 20191000000117 de 29 de Julio do 2019, numeral 6°,
impartieron instrucciones sobre la aplicación de Ley 1960 de 2019 a partir de su
entrada en vigencia y en relación con los procesos de selección a los que aplica, así:
"(...) El artículo 7° de la Ley 1960 de 2019, prevé: "(...) la presente ley rige a
partir de su publicación (…)”, hecho quo acaeció con la publicación realizada
en el Diario Oficial No. 50997 del 27 de junio de 2019.
Conforme con las etapas definidas en el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el
precedente jurisprudencial, los procesos de selección existen jurídicamente
desde el momento en que son aprobados por la Sala Plena de la CNSC, como
consecuencia del agotamiento de la etapa previa de planeación y coordinación
interinstitucional.
Los procesos aprobados en sesión de Comisión hasta antes del 27 de junio de
2019, podrán ser modificados, corregidos o aclarados en cualquiera de sus
aspectos en los términos de la normatividad que se encontraba vigente antes de
la expedición de la Ley 1960 de 2019.
Con fundamento en lo antes citado, los procesos de selección aprobados antes
del 27 de junio de 2019 se regirán por el artículo 29 de la Ley 909 de 2004
vigente antes de su modificación (...)"
Lo anterior, en concordancia con el Principio de Ultraactividad de Ia Ley, mismo que
en la doctrina de la Corte Constitucional, Sentencia C-763 de 2002, M.P. Jaime Araujo
Rentería, fue enunciado en los términos que a continuación se exponen:
“(…) Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación "Tempus
regit actus' que se traduce en que la norma vigente al momento de sucederse
los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma
haya sido derogada después. Esto es lo que explica la Teoría del Derecho, la
denominada ultraactividad de las normas, que son derogadas, que se siguen
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aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. Este fenómeno se
presenta en relación con todas las normas jurídicas, cualquiera sea su
naturaleza: civil, comercial, penal, etc. (...)'
En virtud de los apartes jurisprudenciales en cita y teniendo en cuenta que el concurso
está integrado por diferentes actos administrativos iniciando con el de convocatoria al
proceso de selección y culminado con el de evaluación del período de prueba, se
concluye que las convocatorias para proveer vacantes definitivas de empleos de
carrera, iniciadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, deberán
agotar el procedimiento conforme a las reglas previamente establecidas en la
convocatoria y en las normas que le sirvieron de sustento, con el fin de garantizar
seguridad jurídica a las entidades y a los aspirantes.
Las Listas de Elegibles que adquirieron firmeza, así coma aquellas (listas de
elegibles) expedidas coma consecuencia de una convocatoria aprobada con
antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, seguirán las reglas
previstas antes de la modificación de la Ley 909 de 2004 y las establecidas en los
respectivos Acuerdos de Convocatoria.
De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC y
aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con
anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer
las vacantes de los empleos qua integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera-
OPEC- de la respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen
con posterioridad y que correspondan a los "mismos empleos' entiéndase, con igual
denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones,
ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso
de selección se identifica el empleo con un número de OPEC.
[…]
61.
Ahora bien, la corporación en la Sentencia del 12 de marzo de 2020 31 se
pronunció sobre los derechos adquiridos y las meras expectativas de los
concursantes en concurso de méritos en función de su posición en la lista de
elegibles. De este pronunciamiento se extraen las siguientes conclusiones:
i) El participante que se ubique en el primer lugar de la lista de elegibles tiene
un derecho adquirido en tanto superó las etapas del proceso de selección y lo
único que le falta para ejercer el cargo es el nombramiento.
ii) La lista de elegibles tiene efectos inmediatos y crea derechos a las personas
que la integran, particularmente al concursante que ocupa el primer lugar. Al
respecto, la jurisprudencia ha indicado que «tienen el derecho adquirido a ser
nombradas en el cargo correspondiente, materializándose así el principio
constitucional del mérito para acceder a los cargos públicos». 32
iii) La instancia de cierre de la Jurisdicción Constitucional ha precisado que en el
instante que la autoridad administrativa convoca a concurso de méritos se infiere
31
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 12 de marzo de 2020, radicado 25000-23-
25-000-2011-00849-01 (3592-16). CP Rafael Francisco Suárez Vargas.
32
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 10 de diciembre de 2013, expediente:
11001-03-06-000-2013-00387-00 (2158). CP Augusto Hernández Becerra.
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la existencia de una vacante definitiva pendiente de proveer, de manera que no
es justificable que el ciudadano que superó las etapas de la convocatoria no sea
designado en la plaza, dado que, el aspirante que ocupó el primer lugar , «tiene,
en tal virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un
verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente».33
iv) Para concluir que el aspirante tiene un derecho adquirido de ser nombrado en
el empleo ofertado se requiere la firmeza de la lista de elegibles y que ocupe el
primer lugar de la misma.
v) Sin embargo, para los demás integrantes de la lista de elegibles que por su
ubicación en ésta no lograron consolidar el derecho de ocupar un cargo público
antes de algún cambio normativo, gozan de una mera expectativa de ser
nombrado en el empleo.
62.
Teniendo en cuenta lo precedente, el hecho de que la persona ocupe un lugar en
la lista de elegibles, pero sin tener una posición dentro de las vacantes disponibles
no genera un derecho adquirido sino la mera expectativa de nombramiento en
cargos vacantes.
63.
De otro lado, el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 expedido por la CNSC
derivó de la promulgación de la Ley 1960 de 2019 que introdujo modificaciones
importantes al numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en tanto dispuso la
utilidad de las listas de elegibles no sólo para proveer las vacantes que fueron
convocadas, sino también para suplir las vacantes definitivas de cargos
equivalentes no ofertados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del
concurso en la misma entidad. A su vez, el artículo 7 de la referida ley contempló que
«la presente Ley rige a partir de su publicación, modifica en lo pertinente la Ley 909
de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998, y deroga las demás disposiciones que le
sean contrarias».
64.
Nótese que el Criterio Unificado del 6 de enero de 2020 para determinar la
aplicación de la Ley 1960 de 2019 en los procesos de selección, se fundamentó en
el numeral 6 de la Circular Conjunta 20191000000117 del 29 de Julio de 2019
expedida por la CNSC y el DAFP.
65.
La corporación en la sentencia del 12 de marzo de 2026 34 declaró la nulidad del
numeral 6 de dicha circular y entre otras razones para adoptar la decisión estimó
33
Sentencia T-455 de 2000, MP José Gregorio Hernández Galindo. Providencia reiterada en la decisión SU-913
de 2009, MP Juan Carlos Henao Pérez.
Criterio esbozado también en la siguiente providencia: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Radicación: 18001-23-31-000-2002-00196-01(2665-11).
Actor: Pedro Rojas Rojas. Demandado: Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-DEAJ.
Consejera ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá, D.C., 2 de agosto de 2012.
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 12 de marzo de 2026, radicado 11001-03-
25-000-2020-00392-00 (0848-2020). CP Elizabeth Becerra Cornejo.
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que la regla de inaplicabilidad temporal, según la cual los procesos aprobados antes
del 27 de junio de 2019 se regirían íntegramente por el artículo 29 de la Ley 909 de
2004, antes de su modificación, carecía de sustento normativo, dado que ninguna
prescripción de la Ley 1960 de 2019, la Ley 909 de 2004 ni del Decreto 1083 de
2015 establecía esa exclusión. En efecto, se explicó:
i) Las autoridades administrativas efectuaron un ejercicio interpretativo más
allá de lo analizado en los pronunciamientos judiciales tenidos en cuenta para
fundamentar la determinación35, ya que las decisiones verificaron cuál estamento
debía suscribir el acto de convocatoria a concurso de méritos y sus implicaciones;
sin embargo las providencias no determinaron desde qué momento existe
jurídicamente el certamen para efectos de la aplicación de normas
sobrevinientes, ni estableció regla alguna sobre la inaplicabilidad de reformas
legales a los procesos de selección.
ii) La subregla establecida en la circular consistente en que los procesos
aprobados antes del 27 de junio de 2019 se rigen íntegramente por el régimen
anterior y por ende no es aplicable la Ley 1960 de 2019, con independencia del
estado en que se encuentren, no cuenta con respaldo en su contenido y
constituye una extensión interpretativa que no tiene sustento normativo ni en la
jurisprudencia invocada como fundamento.
iii) Si bien la Ley 1960 de 2019 rige desde su publicación y la modalidad de
ascenso requería reglamentación, no permitía excluir de su aplicación a
convocatorias aprobadas antes de su vigencia.
66.
Ahora bien, sobre la aplicación de la Ley 1960 de 2019 a personas que integran
un lugar en la lista de elegibles, pero no fueron designadas porque su ubicación
excedía el número de vacantes convocadas, la Corte Constitucional 36 se ha
pronunciado en los siguientes términos:
i) Por regla general, las legislaciones surten efectos en situaciones que
acaecen con posterioridad a la vigencia; no obstante, el ordenamiento jurídico
reconoce circunstancias que, por vía de excepción cambian la regla general para
aplicar el cambio de forma retroactiva, ultractiva o retrospectiva.
ii) Al respecto, la retroactividad acaece cuando la regulación permite su
aplicación a situaciones consolidadas, por su parte, la ultraactividad permite que
la norma derogada continúe produciendo efectos jurídicos y se utilice para
35
Sentencia C-183 de 2019. MP Luis Guillermo Guerrero Pérez y sentencia del 31 de enero de 2019 dictada por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente 11001-03-25-000-2016-01017-00. CP César
Palomino Cortés.
36
Corte Constitucional, Sentencia T-340 del 21 de agosto de 2020 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez. Criterio
reiterado en las Sentencias T-081 del 6 de abril de 2021 MP Jorge Enrique Ibáñez Najar, T-53 del 11 de julio de
2023 2023 MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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proteger derechos adquiridos y expectativas legítimas de personas que
ejercieron ciertas conductas durante la vigencia de la norma derogada.
iii) A su vez, la retroactividad se presenta en circunstancias en las que la
situación de hecho se presentó previo a la entrada en vigor de la nueva ley y no se
consolidó la situación jurídica que se deriva de ésta, sus efectos continuaron
vigentes y no hubo mecanismo que permitiera su resolución definitiva.
iv) El cambio normativo establecido con la expedición de la Ley 1960 de 2019 es
posible su aplicación retrospectiva, por cuanto, las personas que ocuparon un
lugar en la lista de elegibles, pero no fueron nombradas por su ubicación en ésta,
su conformación se dio antes de la entrada en vigor de la nueva regulación.
67.
Teniendo en cuenta lo explicando en los párrafos anteriores, la aprobación de las
convocatorias a concurso de méritos antes de la entrada en vigor de la Ley 1960 de
2019-27 de junio de 2019 no excluía de manera absoluta la aplicación de sus
modificaciones en certámenes aprobados antes de la vigencia de la citada ley, en
específico a situaciones jurídicas de personas que ocuparon un lugar en la lista de
elegibles que excedía el número de vacantes ofertadas al que concursó y el acto
administrativo que conformó la lista estaba vigente al momento de la promulgación
de la Ley 1960 de 2019.
68.
Ahora bien, en la repuesta formulada al primer problema jurídico del Criterio
Unificado del 6 de enero de 2020, la CNSC especificó que las listas de elegibles
conformadas en procesos de selección aprobados antes del 27 de junio de 2019
«deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos qua
integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera-OPEC-de la respectiva
convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que
correspondan a los "mismos empleos'».
69.
Se plasmó que la categoría «mismo empleo» corresponde a aquellos con igual
denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones,
requisitos de estudio y experiencia reportados en la OPEC, ubicación geográfica y
grupo de aspirantes, criterios con los que en el proceso de selección se identifica el
empleo con un número de OPEC.
70.
Nótese que la Ley 909 de 2004 en el numeral 4 del artículo 31 no contemplaba
que las listas de elegibles se utilizarían para proveer otras que se presentaran con
posterioridad a la celebración del certamen respectivo; sin embargo, con la Ley 1960
de 2019 se dispuso a usar la lista de elegibles para cubrir «las vacantes definitivas
de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la
convocatoria de concurso en la misma Entidad».
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30
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71.
Ciertamente, el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 estableció que las
listas de elegibles conformadas por la CNSC en certámenes aprobados antes de la
entrada en vigor de la Ley 1960 de 2019 se utilizarían para proveer vacantes
ofertadas en el concurso de méritos y nuevas plazas que se generaran con
posterioridad al proceso de selección, ahora, como los certámenes fueron
aprobados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, era procedente
que la provisión de la lista de elegibles se llevara a cabo a partir de la categoría de
«mismos empleos».
72.
Por las anteriores razones, se resuelve desfavorablemente el cargo de anulación
en contra de la respuesta al interrogante «¿Cuál es el régimen aplicable a las listas
de elegibles conformadas y en firme en los procesos de selección convocados con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019?»
contenida en el criterio unificado «Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la Ley
1960 de 27 de junio de 2019» del 16 de enero de 2020.
73.
De otro lado, el actor reprochó que la CNSC en el parágrafo 56 del Acuerdo
CNSC-20171000000116 del del 24 de julio de 2017 decidió previamente la
consecuencia jurídica en el evento de que acaeciera un cambio normativo, dado
que, con la expedición de la Ley 1960 de 2019 se permitió la utilización de listas de
elegibles en cargos no convocados al certamen y por ende desde la entrada en vigor
de dicha ley se entiende derogado el parágrafo 1 del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto
1083 de 2015.
74.
El parágrafo del artículo 56 del referido acto administrativo estableció que «las
listas de elegibles solo se utilizarán para proveer los empleos reportados en la
OPEC de esta convocatoria, con fundamento en lo señalado en el artículo 2.2.5.3.2
del Decreto 1083 de 2015, mientras éste se encuentre vigente».
75.
Frente a lo precedente, es pertinente advertir que el control de legalidad de los
actos administrativos se efectúa con base en la normativa superior vigente al
momento de su expedición,37 se observa que para la fecha en que se profirió el
parágrafo 56 del Acuerdo CNSC-20171000000116 del del 24 de julio de 2017 no
estaba vigente la Ley 1960 de 2019 por lo que la autoridad administrativa acató la
disposición aplicable en su momento que era la del numeral 4 del artículo 31 de la
Ley 909 de 2004 sin modificación.
76.
En todo caso, es cierto que la aplicación del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 no
excluía a las situaciones jurídicas de personas que ocuparon un lugar en la lista de
elegibles que excedía el número de vacantes ofertadas al que concursó y el acto
administrativo que conformó la lista estaba vigente al momento de la promulgación
de la Ley 1960 de 2019, con lo cual cambiaron los efectos para las situaciones
37
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 27 de marzo de 2003, radicado 11001-03-24-000-2001-
0171-01 (7095).
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jurídicas no consolidadas de los concursantes que integraron la lista de elegibles de
la Convocatoria 436 de 2017 del SENA.
77.
Sin embargo, no es posible estudiar la situación en concreto de los accionantes
toda vez que atañe a situaciones particulares que escapan al objeto de análisis en
este proceso, teniendo en cuenta que el medio de control incoado es el de simple
nulidad y no el de nulidad con restablecimiento del derecho.
3.5.2. Cargos de nulidad contra la Resolución 1-330 del 19 de marzo de 2019,
expedida por el SENA
78.
En detalle, la Resolución 1-330 del 19 de marzo de 2019 tuvo por objeto adoptar
«la política 2019 para la Prevención del daño antijurídico en el Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA, causado por la configuración del Contrato Realidad».
79.
Los demandantes solicitaron la nulidad del citado acto administrativo junto a sus
anexos al considerar que buscaron camuflar la configuración de la relación laboral
subyacente de los instructores que ejercen labores encomendadas al SENA de
carácter permanente.
80.
No obstante, el razonamiento resulta genérico, ya que el sujeto procesal no
explicó con suficiencia en cuál irregularidad incurrió la resolución o sus anexos y su
reproche se centra sobre los efectos que a juicio de los accionantes generó la
determinación de la administración.
81.
Asimismo, de forma subsidiaria los interesados reclamaron la anulación de las
expresiones: i) «durante la presente vigencia» del primer párrafo del artículo 8; ii)
«los funcionarios públicos que han ocupado el primer lugar en» del literal A del
artículo 8; «relativos a la formación» del literal D del artículo 8, así como, el Inciso
final del literal F, y G del artículo 8, el literal C del artículo 9 y el anexo 1, casilla
Mecanismo ¿Cómo hacerlo? las expresiones, «Para el año 2018 y 2019» y «Que
han ocupado los primeros lugares»; anexo 1, casilla Cronograma ¿Cuándo
hacerlo?, numeral 3, la expresión, «en el primer semestre de 2019»; anexo 2, casilla
Mecanismo, la expresión «Para la vigencia 2019» y «los funcionarios públicos que
han ocupado los primeros lugares en», establecidas en la Resolución 1-330 del 19
de marzo de 2019 y sus anexos.
82.
Para una mejor ilustración del debate, a continuación, se transcribe la disposición
que contienen las expresiones demandadas en el sub lite:
RESOLUCIÓN NO. 1-0330 DE 2019
Por la cual se adopta "La política 2019 para la Prevención del daño antijurídico en el
Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, causado por la configuración del Contrato
Realidad"
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
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En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el
numeral 4 del Decreto 249 del 2004, el Decreto 1069 de 2015.
CONSIDERANDO:
[…]
RESUELVE:
ARTÍCULO 8° PLAN DE ACCIÓN. El plan de Acción a desarrollar durante la
presente vigencia se encuentra establecido en el Anexo No 1, el cual hace parte
integral de esta Resolución para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes acciones a
seguir por las áreas de la Dirección General así:
a) La Secretaría General con el fin de mitigar una de las causas primarias denominada
"planta de personal insuficiente" deberá continuar con el proceso de nombramiento y
posesión en periodo de prueba, de los funcionarios públicos que han ocupado el
primer lugar en la lista de elegibles en el concurso No 436 de 2016, la cual ha sido
suministrada por la Comisión Nacional del Servicio Civil
[…]
d) La Dirección de Formación Profesional realizara un nuevo diagnóstico en los
diferentes Centros de Formación Profesional Integral, con el fin verificar la
problemática y a su vez efectuar nuevas acciones en coordinación con las áreas
competentes, a fin de que la ejecución de los contratos de prestación de servicios
relativos a la formación, se ejecuten dentro de horas que no conlleven una vocación
de permanencia del contratista al exigirle el cumplimiento de una jornada laboral
similar a los funcionarios de planta.
[…]
f) La Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Planeación y
Direccionamiento Corporativo, deberán de manera coordinada con la Dirección de
Formación Profesional y la Secretaría General, garantizar el recurso humano,
financiero y administrativo para la realización de las actividades encaminadas a evitar
la configuración de un contrato realidad por lo continuarán efectuado las siguientes
actividades:
[…]
Realizar de manera periódica seguimiento a la ejecución de la supervisión de
los contratos de instructores. Para ello la Dirección de Formación Profesional,
diseñara un plan de trabajo con los coordinadores misionales y académicos,
con el fin de garantizar la calidad de la formación impartida de acuerdo con las
obligaciones pactadas.
g) La Dirección de Formación profesional, realizará de manera periódica
seguimiento a la ejecución del proceso de supervisión de los contratos de
instructores, para ello la Dirección deberá diseñar un plan de trabajo con
coordinadores misionales y académicos con el fin de verificar la calidad de la
supervisión respecto de los contratos de prestación de servicios de los
instructores del SENA.
ARTÍCULO 9° SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Este eje tiene como objetivo
verificar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la Entidad, así como implementación de las medidas correctivas
a través de los planes de mejoramiento institucional, la cual estará a cargo de la
Oficina de Control Interno de Gestión.
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
[…]
c) En todo caso, serán Las Direcciones de área de la Dirección General, las
Direcciones Regionales y las Subdirecciones de Centro de Formación
Profesional Integral serán los responsables del cumplimiento de los manuales
de contratación de instructores y de la supervisión de contratación de servicios.
ANEXO 1:
Nombre de
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
la entidad
PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN
Causas Medida Mecanismo Cronograma Responsable Recursos
primarias o ¿Qué ¿Cómo ¿Quién lo va ¿Con qué lo
¿Cuándo hacerlo? Divulgación
subcausas hacer? hacerlo? a hacer? va a hacer?
Para el año 1) En el año 2018, el
2018 y 2019, SENA procedió a
el SENA efectuar
procederá a nombramientos de
nombrar conformidad a la
posesionar lista de elegibles
los surtida por la
funcionarios Comisión Nacional
públicos, del Servicio Civil.
que han 2) En virtud de lo
ocupado los anterior, en enero y
primeros febrero de 2019, el
lugares en SENA deberá
las listas de proceder a efectuar
elegibles la posesión de los
concedidas funcionarios
[…] […] […] […] […]
por la públicos nombrados
Comisión en periodo de
Nacional de prueba
Servicio Civil 3) De conformidad
al cronograma
establecido por la
Entidad, el SENA
deberá proceder en
el primer semestre
del 2019, el
nombramiento y
posesión de los
instructores de
conformidad a la
lista de elegibles
concedida
ANEXO 2:
Nombre de la
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
entidad
Paso cuatro: seguimiento y evaluación
Insumo plan de acción Evaluación
Indicador de
Causas primar o Indicador Indicador de impacto
Mecanismo
subcausas de gestión resultado Sugerido
ANDJE
Para el año 2019, I
Entidad efectuará el
nombramiento y posesión
en periodo de prueba, de
[…] los funcionarios públicos […] […] […]
que han ocupado los
primeros lugares en la
lista de elegibles
concedida por la CNSC
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
83.
Ahora bien, la Corporación puntualiza que los demandantes únicamente
explicaron el motivo de inconformidad respecto a las expresiones «los funcionarios
públicos que han ocupado el primer lugar en» contenida en literal A del artículo 8 de
la Resolución 1-330 del 19 de marzo de 2019 y en el anexo 2, casilla Mecanismo. De
modo que la Sala no ahondará en explicaciones sobre la legalidad de las demás
expresiones enjuiciadas.
84.
En concreto, los actores manifestaron que la expresión «los funcionarios públicos
que han ocupado el primer lugar en» desconocen el derecho de quien se encuentra
en turno en cada lista de elegibles a ser nombrado, así no hubiere ocupado el primer
o los primeros lugares en el concurso de méritos; sin embargo, el reproche no
explicó en estricto sentido cuál disposición constitucional o legal fue vulnerada ni
mucho menos la irregularidad o vicio que afecta la juridicidad del acto administrativo,
razón por la que el cargo de decide negativamente.
85.
A su vez, los demandantes señalaron que los anexos de la Resolución 1-330 del
19 de marzo de 2019 sugieren incurrir en irregularidad al SENA, ya que diferencian
las funciones de los instructores de la planta de personal con los instructores
beneficiarios de contratos de prestación de servicios en tanto a los últimos se
asignan horarios diferentes a los empleados de planta a pesar de que sin importar la
forma de vinculación tienen el mismo propósito de impartir formación profesional
integral. Lo anterior a juicio de los actores deriva en la afectación del derecho a la
igualdad de los aprendices en virtud de que la formación y el horario dependerá si su
tutor es un instructor de planta o un contratista.
86.
No obstante, el sujeto procesal tampoco detalló si los anexos del acto
administrativo opugnado no cumplían los requisitos de existencia, validez, eficacia u
oponibilidad. Entendiendo a los primeros como el órgano que expide la decisión y su
contenido; los de validez, que son relativos a la voluntad y las formalidades o el
procedimiento, y la eficacia u oponibilidad, en relación con las ritualidades
necesarias para que sea capaz de producir efectos jurídicos.
87.
En todo caso, sobre desconocimiento del derecho a la igualdad de los aprendices
del SENA en el horario de clases, no se señaló en concreto la denominación, grado
e identificación del empleo de la planta de personal de la institución ni los perfiles de
las funciones encomendadas a los contratistas con los que los demandante
plantean la desigualdad que permita aplicar un criterio de comparación y así verificar
el presunto trato desigual y evaluar la legalidad de la diferencia de trato, además, no
se aportaron al expediente elementos probatorios sobre la diferencia de horarios
asignados a los empleados de la planta de personal y las personas beneficiarias de
contratos de prestación de servicios que según lo alegado en la demanda repercutió
en las franjas horarias de la formación impartida a los aprendices del SENA. En ese
sentido, no se ahondará en razonamientos frente a dicha cuestión.
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
3.5.3. Cargos de nulidad contra el Decreto 249 de 2004, la Circular 1-1010 No. 3-
2021-000160 del 9 de septiembre de 2021 y la Resolución 1979 de 2012,
expedidas por el SENA
88.
En detalle, los accionantes acusaron la legalidad del numeral 17 del artículo 9 del
Decreto 249 de 2004, el numeral 14 del artículo 22 del mismo decreto, el numeral 4
de la Circular 1-1010 No. 3-2021-000160 del 9 de septiembre de 2021 y la
Resolución 1979 de 2012.
89.
Para una mejor ilustración del debate, a continuación, se transcribe la disposición
que contienen las expresiones demandadas en el sub lite:
DECRETO 249 DE 2004
Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y con sujeción a los principios contenidos en el artículo 54 de la
Ley 489 de 1998,
CONSIDERANDO:
[…]
DECRETA:
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA DEL SENA Y FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS
ARTÍCULO 9°. Secretaria General. Son funciones de la Secretaría General, las
siguientes:
17. Administrar y controlar el Banco de Instructores del SENA, con el fin de garantizar
que la contratación necesaria que deban adelantar los Centros de Formación se
realice con base en este.
[…]
CAPÍTULO III
DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIÓN Y DEL DISTRITO CAPITAL
ARTÍCULO 22. Funciones de los Consejos Regionales y del Consejo del Distrito
Capital. Son funciones de los Consejos Regionales y del Consejo del Distrito Capital:
[…]
14. Monitorear la contratación de instructores que ejecute el respectivo Subdirector de
Centro, la cual se adelantará siempre utilizando los bancos de contratistas y de
instructores inscritos en los Centros de Información del Servicio Público de Empleo del
SENA.
CIRCULAR 1-1010-3-2021-000160
09/09/2021
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
PARA: SECRETARIA GENERAL, DIRECTORES DE ÁREA Y JEFES DE OFICINA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL, DIRECTORES REGIONALES Y SUBDIRECTORES
DE CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA.
Asunto: Contratación de Servicios Personales 2022.
Mediante la presente Circular se imparten directrices y lineamientos para el proceso
de contratación de servicios personales en el SENA para la vigencia 2022 (artículo 32
• numeral 3° Ley 80 de 1993).
[…]
4. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el artículo 9-numeral 17 del Decreto
249 de 2004, el artículo 22-numeral 14 del mismo Decreto (modificado por el artículo 4
del Decreto 2520 de 2013), y la Resolución No. 1979 de 2012, la contratación de
instructores se debe realizar utilizando el Banco de Instructores que se gestiona a
través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo-APE.
4.1. Conformación y uso del Banco de Instructores para la contratación del
2022:
[…]
RESOLUCIÓN 1979 DE 2012
Por la cual se expide el Manual de Contratación de Instructores del Servicio
Nacional de Aprendizaje-SENA
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas
por el numeral 4 del artículo 4 del Decreto 249 de 2004, y
CONSIDERANDO
[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar mediante esta Resolución el Manual de Contratación
de Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.
[…]
90.
En primer término, los accionantes manifestaron que los numerales 17 y 14 de los
artículos 9 y 22 del Decreto 249 de 2004 son ilegales, por cuanto el presidente de la
República excedió su facultad reglamentaria en el aspecto organizacional pues
buscó darle apariencia de legalidad a una situación irregular atinente a la
insuficiencia de cargos de planta necesarios para que el SENA cumpla su misión; no
obstante, los interesados omitieron detallar sobre cuál disposición del orden legal el
Gobierno nacional excedió su potestad reglamentaria, razón por la que, la Sala
carece de los insumos necesarios para verificar el supuesto exceso de la potestad
reglamentaria.
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
91.
En segundo término, los actores reprocharon que los citados numerales del
Decreto 249 de 2004 vulneraron los artículos 3738 y 3839 de la Ley 119 de 1994 en
razón de que la autoridad administrativa incumplió el deber de actualizar la planta de
cargos de instructores y en virtud de ello se generó una nómina paralela para no
garantizar el mérito e incumplir las normas de carrera de carrera administrativa, ya
que, los instructores vinculados con contratos de prestación de servicios se ven
afectados en sus garantías y derechos laborales.
92.
Agregaron los actores que lo anterior desconocía la prohibición de la
administración de celebrar contratos de prestación de servicios para la atención de
funciones permanentes de las entidades públicas, no se encontraban presentes los
criterios de funcionalidad, igualdad, habitualidad, excepcionalidad y continuidad.
93.
No obstante, la existencia de una nómina paralela y el desconocimiento de los
derechos laborales de los contratistas por la existencia de una relación laboral
subyacente es un reproche que se relaciona con hechos posteriores a la expedición
del acto administrativo cuestionado, es decir, no controvierte la legalidad ni las
circunstancias fácticas y los fundamentos jurídicos que sustentaron la expedición de
éste.
94.
De otro lado, los actores alegaron que los numerales 17 y 14 de los artículos 9 y
22 del Decreto 249 de 2004, respectivamente, desconocieron las funciones de la
CNSC, ya que, el SENA no tiene un sistema especial de carrera administrativa que
le permita desplazar las funciones la CNSC, pues consideran que los numerales
demandados permiten al SENA utilizar el banco de instructores de la institución para
sustituir las listas de elegibles realizadas por la CNSC.
95.
Nótese que el numeral 17 del artículo 9 del Decreto 249 de 2004 le atribuyó a la
Secretaría General de la entidad pública la función de «administrar y controlar el
Banco de Instructores del SENA, con el fin de garantizar que la contratación
necesaria que deban adelantar los Centros de Formación se realice con base en
38
Ley 119 de 1994, por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el
Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones. Artículo 37. Régimen laboral: «Los servidores
vinculados al SENA son empleados públicos o trabajadores oficiales.
El estatuto de la Entidad determinará los cargos que serán desempeñados por trabajadores oficiales, y los de
carrera administrativa, sin perjuicio de las normas vigentes».
39
Artículo 38. Estudio sobre planta de personal-transitorio. «El Consejo Directivo Nacional seleccionará
una entidad especializada de reconocida idoneidad y experiencia, y autorizará al Director General para contratar
con ella: Primero: el estudio y análisis de la planta de personal que deberá tener el SENA para desarrollar su
misión, conforme a los mecanismos de administración previstos en la presente ley, las necesidades sociales y
del sector productivo; y segundo: La valoración de las capacidades y conocimientos del personal que presta sus
servicios a la entidad. Este análisis deberá elaborarse en un plazo máximo de ocho (8) meses a partir de la
celebración del contrato.
El Consejo Directivo Nacional fijará los criterios para la realización del estudio, análisis y valoración a que se
refiere el presente artículo. Para este efecto, tendrá en cuenta los conceptos de la Comisión Asesora de que
trata el artículo 40 transitorio de esta Ley».
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Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
este», a su vez, el numeral 14 del artículo 22 ibídem le otorgó a los Consejos
Regionales y al Consejo del Distrito Capital la función de «monitorear la contratación
de instructores que ejecute el respectivo Subdirector de Centro, la cual se
adelantará siempre utilizando los bancos de contratistas y de instructores inscritos
en los Centros de Información del Servicio Público de Empleo del SENA».
96.
En la contestación de la demanda el SENA puntualizó que el Banco de
instructores es una herramienta para elegir a las personas que cumplan con los
requisitos de estudio y experiencia para garantizar que el contrato de prestación de
servicios se ejecute y permita el correcto funcionamiento de la institución. En ese
sentido, con fundamento a tal precisión se infiere que el Banco de instructores
posibilita al SENA analizar los perfiles profesionales de las personas que celebrarán
un contrato de prestación de servicios con la autoridad administrativa.
97.
Ahora bien, de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 31 de la Ley
909 de 2004 «la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por
delegación de aquella elaborara en estricto orden de mérito la lista de elegibles
[…]».
98.
La Corte Constitucional ha indicado que la lista de elegibles «tiene por finalidad
establecer la forma de provisión de los cargos objeto de concurso, con un carácter
obligatorio para la administración»40.
99.
El sujeto procesal parte del entendimiento de que el SENA acude al Banco de
Instructores contratistas para sustituir las listas de elegibles estructuradas por la
CNSC; sin embargo, el Banco de Instructores del SENA no es equiparable al Banco
Nacional de Listas de Elegibles de la CNSC, dado que mientras el primero busca
contar con la información suficiente en lo concerniente a los ciudadanos que poseen
los conocimientos y experiencia requerida para desempeñarse como instructores
contratistas de la entidad, el segundo propende por suplir las vacantes definitivas
ofertadas en el concurso de méritos.
100.
Por lo anterior, el SENA no está invadiendo las competencias de la CNSC de
administración del sistema general y específicos de carrera administrativa, puesto
que el Banco de Instructores del SENA no vulnera las funciones de la CNSC
relativas a: i) conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de
Elegibles; ii) remitir a las entidades las listas de personas con las cuales se deben
proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes
definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos de
Datos.41
40
Corte Constitucional, sentencia SU-446 de 2011.
41
Artículo 11 de la Ley 909 de 2004. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas
con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa. «En ejercicio de las atribuciones
relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la Comisión Nacional del
Servicio Civil ejercerá las siguientes funciones:
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Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
3.6. Condena en costas
101.
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
102.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. Declarar probada, de oficio, la cosa juzgada relativa respecto del Decreto
1894 de 2014, el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015 y la OPEC de la
Convocatoria 436 de 2017 del SENA, en atención a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia. En consecuencia, estarse a lo resuelto en las sentencias del 21
de agosto de 2025 y 26 de febrero de 2026, proferidas el Consejo de Estado, dentro
de los procesos 11001-03-25-000-2013-00371-00 (0795-2013) y acumulado,
11001-03-24-000-2018-00179-00 (5054-2018) y acumulado, respectivamente, que
negaron las pretensiones de la demanda.
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada en contra de
los siguientes actos administrativos: i) parágrafo del artículo 56 del Acuerdo CNSC-
20171000000116 del 24 de julio de 2017, «por el cual se convoca a Concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta
de personal perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa del SENA,
Convocatoria No. 436 de 2017-SENA»; ii) parágrafo del artículo 13 del Acuerdo
0165 de 2020, «por el cual se reglamenta la conformación, organización y manejo
del Banco Nacional de Listas de Elegibles para el Sistema General de Carrera y
Sistemas Específicos y Especiales de Origen Legal en lo que les aplique»; iii)
Criterio Unificado del 16 de enero de 2020, «Uso de listas de elegibles en el contexto
de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019»; iii) Circular Externa 0001 del 21 de febrero
de 2020, «Instrucciones para la aplicación del Criterio Unificado "Uso de Listas de
Elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 27 de junio de 2019", en procesos de
selección que cuentan con listas de elegibles vigentes»; iv) Resolución 1-330 del 19
de marzo de 2019, por la cual se adopta «la política 2019 para la Prevención del
daño antijurídico en el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, causado por la
configuración del Contrato Realidad» y sus anexos; v) numeral 17 del Artículo 9 del
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de Datos de ex empleados
con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el
Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de violencia.
f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas de personas con las
cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de
conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal anterior».
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40
Radicado: 11001032500020200094700 (2828-2020)
Demandante: Nelson Vargas Ríos y otro
Decreto 249 de 2004, «Por el cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA»; xiv) numeral 14 del artículo 22 del Decreto 249 de 2004; vi)
Resolución 1979 de 2012 «Por la cual se expide el Manual de Contratación de
Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA»; vii) numeral «4.
Contratos de prestación de Servicios de instructor» de la Circular 1-1010 No. 3-
2021-000160 del 9 de septiembre de 2021; viii); apartes de la Resolución 1-330 del
19 de marzo de 2019: ●«durante la presente vigencia» del primer párrafo del artículo
8; ● «los funcionarios públicos que han ocupado el primer lugar en» del literal a) del
artículo 8; ● «relativos a la formación» del literal d) del artículo 8; ● inciso final del
literal f) del artículo 8; ● literal g) del artículo 8; ● literal c) del artículo 9; ● «Para el
año 2018 y 2019» y «Que han ocupado los primeros lugares» del Anexo 1, casilla
Mecanismo ¿Cómo hacerlo?; ● «en el primer semestre de 2019» del Anexo 1,
casilla Cronograma ¿Cuándo hacerlo?, numeral 3); ● «Para la vigencia 2019» y «los
funcionarios públicos que han ocupado los primeros lugares» del Anexo 2, casilla
Mecanismo.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Reconocer a la abogada Karen Gisselt Gutiérrez Peña, quien se identifica
con cédula de ciudadanía 101422758742 y Tarjeta Profesional 278148, como
apoderada de la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Quinto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA
42
Certificado de Vigencia N.: 969988.
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