Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00956-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00956-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00956-00
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
17 de marzo de 2022
Radicado: 110010325000202000956 00 (2886-2020)
Demandante: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE REVISIÓN
Radicación: 110010325000202000956 00 (2886-2020)
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP
Demandado: ELIZABETH RAMÍREZ DE CARRILLO
Temas: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Pensión gracia. Reliquidación pensional.
SENTENCIA DE REVISIÓN –Ley 1437 de 2011 O-014-2022
ASUNTO
La Sala conoce de la acción de revisión interpuesta por la UGPP con el fin de que se
infirme la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Girardot el 6 de diciembre de 2012, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo
contra la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE.
ANTECEDENTES DEL PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
La señora Elizabeth Ramírez de Carrillo, por intermedio de apoderado y en ejercicio de
la acción consagrada en el artículo 85 del CCA, demandó1 la nulidad de la Resolución
09669 del 2 de marzo de 2006, a través de la cual la Caja Nacional de Previsión Social,
EICE, negó la reliquidación de la pensión gracia de jubilación.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a CAJANAL EICE a:
i) reliquidar la pensión gracia de jubilación, a partir del 20 de mayo de 2000, en un
monto equivalente al 75% de todo lo percibido durante el año «base de liquidación»,
sumas debidamente indexadas; ii) reajustar la mesada en los términos previstos por la
ley; iii) pagar las diferencias causadas entre lo reconocido y lo que resulte de la nueva
liquidación; iv) cancelar las costas, intereses comerciales y moratorios según lo prevé
1 Folios 19 a 25 del documento denominado «002PoderAnexosDemnda» obrante en el índice 11 del
sistema informático SAMAI.
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Demandante: UGPP
el artículo 177 del CCA; y v) cumplir la sentencia de conformidad con los artículos 176,
177 y 178 ibidem.
Fundamentos fácticos
En síntesis, se presentaron los siguientes:
1. La Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la Resolución 30035 del
21 de octubre de 2002, reconoció en favor de la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo
pensión gracia de jubilación en cuantía de $866.800, efectiva a partir del 20 de mayo
de 2000.
2. Durante el año «base de liquidación», recibió los siguientes factores: la
asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad.
3. El 4 de febrero de 2003, la docente solicitó a CAJANAL EICE la reliquidación de
su pensión con inclusión de todos los emolumentos devengados durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional.
4. A través de Resolución 09669 del 2 de marzo de 2006, CAJANAL EICE negó la
reliquidación pedida, bajo el argumento de que las normas que rigen la prestación no
determinan qué factores constituyen salario para la liquidación.
Afirmó que el acto objeto de demanda adolece de nulidad por violación de la
Constitución y la ley. Expuso que a la docente le fue reconocida la pensión gracia de
jubilación por haber cumplido 20 años de servicio docente del orden territorial y 50
años de edad. Destacó que esta prestación es de carácter especial, y que, aun cuando
la entidad pensional lo reconoce así, para efectos de negar la reliquidación argumentó
que la Ley 33 de 1985 no prevé los factores que deberán incluirse en el IBL.
Seguidamente, explicó que la Ley 33 de 1985 no rige la situación de la señora
Elizabeth Ramírez de Carrillo, en primer lugar, porque ésta excluye a los docentes, ya
que gozan de un régimen especial y, en segundo, porque de acuerdo con su contenido,
la liquidación de la mesada atiende los factores que sirvieron de base para calcular los
aportes, circunstancia que difiere de la pensión especial en comento, que fue creada
por el gobierno como una prerrogativa en favor de los profesores del orden territorial,
sin que respecto de ella se efectúen aportes.
Luego, recordó que, según la Ley 4 de 1966 y el Decreto 1743 de 1966, la pensión
gracia debe reconocerse en una cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de
todos los factores devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
derecho.
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Demandante: UGPP
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2
La Caja Nacional de Previsión Social, EICE, en Liquidación, presentó escrito en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que el acto acusado fue
proferido conforme lo prevé la ley.
Inicialmente, citó el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, dentro del cual se enlistan
taxativamente los factores que se deben incluir en la liquidación pensional. Señaló que
aquellos solicitados por la docente no se encuentran dentro del referido artículo, de ahí
que denegó su inclusión.
Bajo esa misma línea argumentativa, indicó que la prima de vacaciones, la prima de
servicios, la prima de navidad, el subsidio de alimentación y el subsidio de transporte
no son factores salariales que puedan incluirse en el IBL de la pensión, pues no
guardan relación con la prestación efectiva del servicio. Para el efecto, recordó que,
según el Departamento Administrativo de la Función Pública « Factor salarial es todo
elemento que consagrado en una disposición legal hace parte del salario percibido por un
servidor público». Así mismo, que dicha definición se acompasa con lo sostenido por el
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 26 de marzo de
19923.
Propuso como excepciones las siguientes:
• «INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN»: Afirmó que la entidad pensional
reconoció los factores que prevé la Ley 62 de 1985, siendo improcedente la inclusión
de otros que no se encuentren allí enlistados.
• «CADUCIDAD DE LA ACCIÓN»: Aseguró que la demanda se presentó por
fuera de los cuatro meses que dispone el artículo 136, numeral 2 del CCA. En su
concepto en el sub lite no puede aplicarse la excepción que contiene la referida norma
en materia de caducidad, en la medida que no se solicitó la nulidad del acto por medio
del cual se reconoció la pensión gracia, sino que se discute aquel mediante el cual se
negó la reliquidación.
• «PRESCRIPCIÓN»: En caso de que se acceda a las pretensiones de la
demanda, solicitó declarar prescritas las mesadas causadas y no reclamadas dentro
de los tres años que dispone el Decreto 1848 de 1969.
• «GENÉRICA»: Pidió se declare, de oficio, cualquier excepción que se encuentre
probada dentro del proceso.
2 Documento denominado «008ContestacionDemanda» obrante en el índice 11 del sistema informático
SAMAI.
3 No aporta más datos.
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Demandante: UGPP
SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN4
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Girardot profirió sentencia el
6 de diciembre de 2012, por medio de la cual resolvió: i) declarar la nulidad de la
Resolución 09669 del 2 de marzo de 2006 proferida por CAJANAL EICE; ii) reliquidar
y pagar la pensión gracia con inclusión de las primas de vacaciones y navidad; iii)
declarar prescritas las mesadas anteriores al 16 de diciembre de 2007 y iv) denegar
las demás pretensiones de la demanda.
Revisadas las probanzas obrantes en el dossier de cara con lo pedido tanto en sede
administrativa como judicial, y luego de citar apartes de la jurisprudencia5 que sobre el
asunto ha desarrollado el Consejo de Estado, concluyó que la demandante tiene
derecho a que se reliquide su pensión gracia con inclusión de las primas de navidad y
vacaciones que recibió durante el año en que consolidó el estatus pensional. Enfatizó
en que el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha previsto que la
liquidación de la pensión gracia deberá atender todos los factores salariales
devengados en el año anterior al que el docente adquirió el derecho.
Seguidamente, observó que la Sala de Consulta y Servicio Civil6 de la referida
corporación precisó que constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. Así mismo, que,
en el caso de los docentes, se entiende por remuneración el valor que resulte de la
suma de la asignación básica más los factores que perciba mensualmente. Afirmó que
esta posición se acompasa con la tesis expuesta por el citado cuerpo colegiado en la
sentencia del 4 de agosto de 2010.
Por último, declaró prescritas las mesadas no reclamadas antes del 16 de diciembre
de 2007.
ACCIÓN DE REVISIÓN7
La UGPP presentó acción de revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del Tesoro o de fondos de naturaleza pública, de que trata el artículo 20, literal b.) de
la Ley 797 de 2003 que dispone como causal de revisión: «b.) Cuando la cuantía del
derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables».
Como pretensiones de la acción de revisión, solicitó lo siguiente:
4 Documento denominado «024Sentencia» obrante en el índice 11 del sistema informático SAMAI.
5 Para el efecto citó las siguientes sentencias:
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2003, radicado: 23001-23-31-000-
2000-2529-01 (3542-02).
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 24 de junio de 2004, radicado:
250002325000200105732 01 (5707-03)
Sección Segunda, radicado: 1943-04
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de febrero de 2011, radicado: 2006-02053-01 (0448-
10), actor: Helena Margarita Tapia de Arteaga, demandado: CAJANAL EICE en Liquidación.
6 Concepto del 13 de noviembre de 1992.
7 Folios 260 a 289 cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
1. «Revocar» la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Girardot, el 6 de diciembre de 2012, dentro del proceso ordinario
instaurado por la señora Elizabeth Ramírez Carrillo contra la extinta CAJANAL EICE
en Liquidación, bajo el radicado: 2010-00588.
2. Declarar que a la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo no le asiste el derecho
a que se reliquide la pensión de jubilación gracia con la inclusión del promedio de todos
los factores salariales devengados en el año anterior a su retiro definitivo del servicio.
A continuación, estimó que la decisión adoptada en la sentencia objeto de revisión
contraría los artículos 2 de la Ley 114 de 1913; 1 de la Ley 24 de 1947; 4 de 1966; 5
del Decreto 1743 de 1966; 5 del Decreto 224 de 1972; 1 de la Ley 33 de 1985 y 9 de
la Ley 71 de 1988.
En sustento de lo anterior, argumentó que la decisión objeto de revisión desconoció
las disposiciones normativas que rigen la liquidación de la pensión gracia y exceden lo
previsto por la ley.
En su concepto, dada la naturaleza de la prestación y, la posibilidad de percibirla de
forma simultánea con el salario, su liquidación debe incluir los valores devengados
durante el último año anterior a la adquisición del estatus pensional. Indicó que, a
diferencia de la pensión que se reconoce con fundamento en la Ley 33 de 1985, la
pensión gracia se recibe desde el momento mismo en que se reconoce en favor del
docente.
Explicó que no hay lugar a reliquidar la prestación por retiro definitivo del servicio,
porque su pago inició desde el momento en que se adquirió el derecho a percibirla, es
decir, cuando se acreditaron 50 años de edad y 20 de servicio de orden territorial. Para
el efecto citó las sentencias del 6 de septiembre de 20018, 2 de septiembre de 20049,
1 de julio de 200410, 22 de septiembre de 200511, 16 de febrero de 200612 y 1 de marzo
de 201213 proferidas por el Consejo de Estado.
Insistió en que la decisión objeto de revisión es ilegal, vulneró el debido proceso y
excedió las pretensiones de la demanda pues pese a que tanto la petición en sede
administrativa como judicial estaba encaminada a obtener la reliquidación de la
prestación con todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus, el juez de instancia ordenó su reliquidación con los emolumentos devengados
durante su último año de servicios, esto es, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre
de 2002, lo que resulta incompatible con la normativa y jurisprudencia desarrollada
sobre el asunto por el Máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
8 Radicado: 185-01.
9 Radicado: 4581-03.
10 Radicado: 5448-03.
11 Radicado: 2360-05.
12 Radicado: 2003-9500.
13 Sección Segunda, Subsección A, radicado: 250002325000200605528 01 (0613-11)
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Radicado: 110010325000202000956 00 (2886-2020)
Demandante: UGPP
Finalmente, solicitó la suspensión provisional de la sentencia. No obstante, esta fue
denegada mediante auto del 13 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B14.
CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN15
La señora Elizabeth Ramírez de Carrillo, mediante apoderado, se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó denegarlas. Explicó que, contrario a lo expuesto
por la recurrente, la decisión objeto de revisión se emitió con fundamento en la ley y
jurisprudencia aplicables.
Aseveró que la entidad pensional pretende hacer incurrir en error al despacho, en la
medida que, contrario a lo señalado en el escrito introductorio, en la decisión objeto de
revisión se ordenó reliquidar la pensión de jubilación gracia con los factores
devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.
Propuso las siguientes excepciones:
• «INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE INTEGRACIÓN DEL
CONTRADICTORIO»: Aseveró que en la demanda se omitió vincular al Juzgado
Segundo Administrativo de Girardot. En su concepto el juzgado debe ser vinculado al
presente asunto toda vez que fue quien emitió la decisión objeto de revisión, y, por
ende, el legitimado para explicar las razones que lo llevaron a concluir que procedía la
reliquidación de la pensión de la docente.
• «INDEBIDO EJERCICIO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
E INEXISTENCIA DE LA CAUSAL DE REVISION INVOCADA»: Señaló que lo
pretendido por la entidad demandante es reabrir un debate, sobre la reliquidación
pensional, como si de una tercera instancia se tratara. Estimó que si se encontraba en
desacuerdo con la decisión adoptada por el Juzgado debió interponer recurso de
apelación, para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizara el asunto,
y, no pretender a través de la acción de revisión subsanar dicha omisión.
Luego, afirmó que no se configura la causal de revisión alegada, por las siguientes
razones: i) el juez tuvo como fundamento el precedente del Consejo de Estado, dentro
del cual se indica que la pensión gracia debe ser liquidada con inclusión de todos los
factores salariales devengados por la docente en el año anterior a la adquisición del
derecho; ii) se ordenó reliquidar la pensión gracia con inclusión de los emolumentos
percibidos durante el año anterior a la adquisición del derecho y no como erradamente
lo interpretó el ente pensional y iii) la UGPP a través de Resolución RDP 040232 del
24 de octubre de 2017 reliquidó la prestación, en cumplimiento del fallo judicial
atacado, con fundamento en lo percibido durante el año anterior a que la docente
adquirió el estatus pensional.
14 Folios 292 a 295 del cuad. Ppal. El proceso inicialmente fue radicado ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, quien admitió, denegó la medida cautelar y decretó las pruebas. Sin embargo, a
través del auto de 12 de marzo de 2020 declaró la falta de competencia y remitió el asunto a esta
Corporación.
15 Folios 334 a 343 del cuad. ppal.
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Demandante: UGPP
• «TEMERIDAD, MALA FE E INAPLICACION DE PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES»: Aseguró que la UGPP promovió la acción de revisión a
sabiendas de que los hechos alegados son contrarios a la realidad, pues en la decisión
atacada se ordenó reliquidar la pensión gracia de la docente con fundamento en lo
recibido durante el año anterior a la adquisición y no con el último año previo al retiro
del servicio, lo que constituye un acto temerario y de mala fe de su parte.
Agregó, que incluso la entidad presentó acción de tutela con el fin de que se amparara
su derecho al debido proceso. No obstante, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, la declaró improcedente.
CONSIDERACIONES
Competencia
El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala,
en el inciso segundo del artículo 249, que de los recursos extraordinarios de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
Para el caso en concreto y dado el criterio de especialización laboral, la competencia
para resolver la acción formulada es de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 16.
Por su parte, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, dispone:
«Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública
la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial. […]» (Se subraya)
De acuerdo con lo anterior, se advierte que la norma en cita no restringe la posibilidad
de revisar las sentencias de única, primera o segunda instancia en las que se
reconozcan sumas periódicas o pensiones, con cargo al erario. En otras palabras,
pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a un fondo de similar
naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza indistintamente de la instancia en que fueron proferidas, comoquiera que la
16 Por medio del cual se expide el reglamento del Consejo de Estado.
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Demandante: UGPP
ley de forma expresa le atribuyó su conocimiento al Consejo de Estado y a la Corte
Suprema de Justicia, según las materias sometidas a su competencia17.
En consecuencia, esta Subsección es competente para conocer de la acción de
revisión formulada por la UGPP.
Legitimación de la acción de revisión
Antes de abordar el fondo del asunto, conviene señalar sobre la legitimación de la
UGPP para promover la revisión de providencias judiciales que hayan ordenado
reconocer pensiones, que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016
definió la siguiente regla:
«(a) La UGPP está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de
Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones
judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido
de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá
contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad
asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.»
En igual sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sus Salas
Especiales de Decisión18, admitió expresamente que la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
está habilitada para adelantar esta clase de procesos, criterio ratificado por esta
Subsección19.
Es de anotar que de conformidad con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, la UGPP
se creó, entre otros, para asumir el reconocimiento de derechos pensionales causados
a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las
entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento
de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación,
como en efecto sucedió con la Caja Nacional de Previsión Social EICE.
La liquidación de esta entidad fue ordenada mediante el Decreto 2196 de 2009.
Precisamente, en relación con la continuidad de los procesos judiciales que estuvieren
en curso al cerrarse el trámite liquidatorio, el artículo 22 de aquel decreto dispuso que
estarían a cargo de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
17 Bajo este mismo criterio la Subsección ha conocido la acción de revisión con el fin de que se infirmen
sentencias proferidas por juzgados administrativos, para el efecto puede consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2014-01347-00 (4377-2014), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, radicación:
11001-03-25-000-2017-00264-00 (1310-2017), demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
Si bien la Ley 2080 de 2020 en el artículo 68, radicó la competencia de estos asuntos en los Tribunales
Administrativos, lo cierto es que el presente proceso ingresó antes de la entrada en vigor de aquella
normativa.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744-00, demandante: UGPP.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00443-00(1818-12),
demandante Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación.
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Radicado: 110010325000202000956 00 (2886-2020)
Demandante: UGPP
la Protección Social en cuanto correspondieran a las funciones asumidas por ese
organismo. En el sub lite ello se traduce en que la UGPP adquirió la calidad de parte
demandante a partir del 12 de junio de 2013, fecha en la que comenzó a regir la
Resolución 4911 del día 11 del mismo mes y año, que declaró terminado el proceso
de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social EICE. Adicionalmente, el
Decreto 575 de 2013, art. 6, núm. 6, le atribuyó a la UGPP la competencia para iniciar
acciones de esta naturaleza.
Oportunidad
Con el fin de analizar si la acción de revisión fue interpuesta oportunamente, se debe
tener en cuenta lo siguiente:
Sobre el punto, el artículo 251 del CPACA dispone que el término para interponer el
recurso extraordinario de revisión, en los casos referidos en la normativa transcrita, es
dentro de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia. Textualmente señaló:
«[…] Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá
interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia
penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente
a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá
presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia
judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado
a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio. […]»
(Subrayado fuera del texto).
Por su parte, la Corte Constitucional en sentencia SU-427 de 201620, precisó que, en
los eventos en los que el recurrente sea la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el término de
caducidad de cinco años para interponer la acción de revisión no podrá contabilizarse
desde antes del 12 de junio de 2013, comoquiera que fue tan solo en esta fecha que
la mencionada entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo la
extinta Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL. Textualmente expresó:
«Así las cosas, sólo hasta la expedición del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011
hubo claridad en cuanto al término para solicitar la revisión de providencias
judiciales que reconocieron pensiones fundadas en abuso del derecho, por lo que
esa es la disposición que debe regir la caducidad para casos como el estudiado
por la Sala en esta oportunidad. En consecuencia, establecido el término de 5 años
para incoar el instrumento de revisión, este Tribunal advierte que, para su
contabilización, se fijó como parámetro la ejecutoria de la providencia judicial, el
20 Sentencia 11 de agosto de 2016. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- contra la Sala de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro.
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cual no puede servir como referente para determinar la caducidad respecto a la
UGPP, en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal[136],
por lo que la Sala estima pertinente entender que el plazo para acudir a dicho
instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que la demandante asumió
las funciones de esta última empresa, es decir, con posterioridad al 12 de junio de
2013.
[…]
7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para acudir
ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer
el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el
propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en
un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco
años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de
2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que
tenía a cargo Cajanal.»
Pues bien, en el presente asunto se advierte que la sentencia objeto de revisión fue
proferida el 6 de diciembre de 2012 por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Girardot y se notificó mediante edicto fijado entre el 14 y 19 de
diciembre de la misma anualidad21, de manera que quedó ejecutoriada el 24 de enero
de 201322. Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 251 del CPACA previó
cinco años para promover la acción de revisión y, que la Corte Constitucional señaló
que dicho periodo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha
en la que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía CAJANAL, es
posible concluir que como la demanda se presentó el 22 de febrero de 201823, aquella
se encuentra en tiempo.
Acción especial de revisión de sentencias sobre pensiones
El artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 200324 introdujo en el ordenamiento
colombiano la posibilidad de revisión de las providencias judiciales que hayan
decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de
fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS
A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA
PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones
de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
21 Tal como consta en el edicto contenido en el documento denominado «025NotificacionSentencia»,
obrante en el índice 11 del sistema informático SAMAI
22 Tal como se observa en la constancia secretarial emitida por el Juzgado Primero Administrativo Oral
de Girardot el 21 de noviembre de 2016, obrante en el índice 11 del sistema informático SAMAI bajo la
denominación «028ConstanciaSecretarialExpideCopiasAutenticas»
23 Folio 260 del cuad. ppal.
24 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
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La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier
tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»25
Es de resaltar que, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión debe
tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y siguientes del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo cierto
es, que presenta aspectos que lo particularizan y que han sido advertidos tanto por la
jurisprudencia del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, entre los cuales
se tienen los siguientes:
Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y
aquellos actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y
conciliación26.
Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la
Nación (art. 20 de la Ley 797 de 2003) y las entidades que realizan el
reconocimiento de pensiones27.
Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir
el debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones
reconocidas en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de
salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, además de velar
por la protección de los recursos limitados del Tesoro, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, así como el principio de
universalidad que lo inspira28.
De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el
debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra
circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho
(literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con
vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que
corresponde.
25 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-
835 de 2003.
26 Sobre el punto se puede consultar la sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional.
27 Consultar la sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 4,
sentencia del 1.° de agosto de 2017, radicación: 110010315000201602022 00 (REV)
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Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de
acuerdo con las normas que rigen la materia29.
Cuestión previa
Ineptitud de la demanda por falta de integración del contradictorio
En la contestación de la demanda, la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo afirma que
el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Girardot debe ser vinculado
como parte demandada dentro del sub examine comoquiera que fue el que adoptó la
decisión del 6 de diciembre de 2012.
Al respecto, es preciso recordar que las partes que integran este nuevo proceso son
aquellas que, en virtud de su resultado puedan verse afectadas en el derecho
sustancial que fue objeto de controversia en las correspondientes instancias, que son,
por regla general, las mismas partes que participaron en ellas y, excepcionalmente,
terceros que tuvieron interés directo y que fueron vinculados al proceso original30.
Por lo tanto, el Juzgado que profirió la decisión cuya revisión se pretende no puede
constituirse en parte demandada dentro del sub examine, comoquiera que es la señora
Elizabeth Ramírez de Carrillo, la titular del derecho en discusión, y, quien,
eventualmente, podría verse afectada con la decisión que se tome en el fondo del
asunto.
Por consiguiente, resulta improcedente vincular al juzgado que emitió la decisión.
Indebido ejercicio del recurso extraordinario de revisión
La demandada estima que existe un indebido ejercicio de la acción de revisión, porque
en su concepto la entidad pensional debió interponer el recurso de apelación.
Sobre el punto es preciso recordar, que el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone
que pueden ser objeto de revisión las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondo de similar
naturaleza la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones, sin delimitar
si ello se refiere solo a las sentencias de única, primera o segunda instancia, y, si para
su interposición es necesario que se hayan agotado los recursos ordinarios contra la
decisión de la cual se pretende su revisión. Por lo tanto, es pertinente hacer una lectura
armónica entre esta normativa y el artículo 248 del CPACA, que prevé:
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión núm. 25,
sentencia del 2 de julio de 2019, radicación: 110010315000201700744 00, demandante: UGPP.
30 Para el efecto véase:
Sala Segunda Especial de Revisión, auto del 9 de septiembre de 2020. Radicación: 11001-03-15-000-
2019-03661-00, actor: Carmen Marlene Quintero Romero, demandado: Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)
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«El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los
jueces administrativos.»
De acuerdo con lo anterior, es plausible concluir, en primer lugar, que la demanda
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos y, en segundo, que no es una
condición para su procedencia que se interpongan los recursos ordinarios,
particularmente, en lo relativo al recurso previsto por el artículo 20 de la Ley 797 de
2003.
Sobre este último punto, la Corte Constitucional en sentencia C-520 de 200931, al
estudiar la constitucionalidad del artículo 185 del Código Contencioso Administrativo,
que si bien no es la norma que en materia sustancial rige el presente caso, lo cierto es
que, el análisis efectuado con respecto a ella es aplicable al artículo 248 de la Ley
1437 de 2011, en cuanto ambas disposiciones guardan identidad, aseveró que no
resulta compatible «con el derecho a la igualdad y al acceso a la justicia, que se exija la
interposición de un recurso de apelación como condición procesal para acceder al recurso
extraordinario de revisión. Dada la naturaleza de las causales del recurso extraordinario, la
mayoría referidas a hechos no conocidos al momento en que se dicta la sentencia, no resulta
jurídicamente viable sujetar el ejercicio de recursos extraordinarios al uso de los de naturaleza
ordinaria».
En estos términos, y teniendo en cuenta que tal exigencia no se encuentra prevista en
las Leyes 797 de 2003 y 1437 de 2011, para la revisión de providencias que imponen
el pago de prestaciones periódicas a cargo del Erario o de entidades de naturaleza
pública no es posible para el juez incluirla so pena de entorpecer el acceso a la
administración de justicia, vulnerar el derecho al debido proceso y desconocer la
finalidad de este mecanismo extraordinario, que no es otra que buscar la verdad
material y proteger el Tesoro.
De conformidad con las anteriores razones, la Sala advierte que el hecho de no
interponer el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2012
por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Girardot, no impide a la
parte interesada solicitar posteriormente la revisión de tal providencia, en tanto el
agotamiento de los recursos ordinarios no es requisito indispensable para la procedencia
de la acción de revisión.
Problema jurídico
El problema jurídico que se debe resolver se resume en la siguiente pregunta:
¿Se configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en la
sentencia del 6 de diciembre de 2012 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión de Girardot en cuanto ordenó reliquidar la pensión gracia de
31 Sentencia del 4 de agosto de 2009.
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jubilación en favor de la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo, con inclusión de las
primas de navidad y vacaciones?
Para efectos de resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes temas: i)
liquidación de la pensión gracia; iii) la causal de revisión prevista en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y iv) caso concreto.
Liquidación de la pensión gracia
Inicialmente, la Ley 114 de 1913, en el artículo 2.º, señaló que la pensión gracia se
liquida con la mitad del sueldo que hubiere devengado el docente durante los dos
últimos años de servicios y en caso de que hubiese variado, se tenía en cuenta su
promedio.
Por su parte, la Ley 4ª de 1966 en el artículo 4° determinó que las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
Entidades de Derecho Público, se liquidarían y pagarían tomando como base el 75%
del promedio mensual de salarios obtenidos durante el último año de servicios, sin
discriminar alguna de las pensiones otorgadas a los servidores oficiales.
A su turno, el Decreto 1743 de 1966, en el artículo 5.º señaló:
«[…] A partir del veintitrés (23) de abril de 1960 inclusive, las pensiones de
jubilación o de invalidez a que tengan derecho los trabajadores de una o más
entidades de Derecho Público, serán liquidadas y pagadas tomando como base el
setenta y cinco por ciento (75%) del promedio mensual de salarios devengados
durante el último año de servicios, previa la demostración de su retiro definitivo del
servicio público. […]»
Más adelante, se expidió la Ley 33 de 1985, que conservó la cuantía del valor pensional
en un 75%, modificó la edad y dispuso que el monto sería calculado sobre el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. No
obstante, el parágrafo 1 del artículo 1 ibidem, exceptuó a los empleados que por ley
disfruten de un régimen especial de pensiones, como es el caso de la pensión gracia de
jubilación.
Así las cosas, teniendo en consideración que la Ley 4ª de 1966 y su decreto
reglamentario no excluyeron de su aplicación a la pensión gracia, el Consejo de Estado
consideró que la prestación debe liquidarse tomando como base el promedio mensual
de los salarios obtenidos en el último año de servicios. Sin embargo, debe precisarse
que, a diferencia de las pensiones ordinarias, ese último año de servicios se refiere
al año anterior a la adquisición o consolidación del derecho, tal y como lo ha
sostenido esta corporación32, pues es el momento a partir del cual empieza
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2010, radicación:
25000-23-25-000-2005-05943-01 (0149-09), actor: Juan Francisco Ramírez Sandoval, demandado:
Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2010, radicación:
1500100-23-31-000-2001-01878-01 (0683-09), actor: Pablo Antonio González, demandado: Caja
Nacional de Previsión Nacional.
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efectivamente a devengarse en tanto su carácter especial admite su compatibilidad
con el salario, de manera que para su percepción no es necesario el retiro definitivo
del servicio. Dicho de otro modo, el derecho se perfecciona con el cumplimiento de la
totalidad de requisitos previstos en la ley para su otorgamiento, lo que hace
improcedente su reliquidación con base en los factores salariales devengados en el
año anterior al retiro.
La causal de revisión contemplada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003
La norma en comento consagra la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
«Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.»
En relación con esta causal es importante anotar que en la exposición de motivos del
proyecto que condujo a la expedición de la Ley 797 de 2003 se observa que ella
obedeció a la necesidad «[…] de construir esquemas sociales solidarios, financieramente
viables y sostenibles en el tiempo, y, equitativos para todos los ciudadanos […]»33. Así las
cosas, entre los principales propósitos de esta norma, y en particular del artículo 20
ibidem, estaba el de reducir el déficit fiscal y hacer del pensional un sistema factible en
términos económicos permitiendo la revisión, entre otras, de aquellas prestaciones
periódicas cuya cuantía exceda lo debido de acuerdo con las normas vigentes. En ese
orden de ideas, las causales de procedencia de la acción de revisión deben
interpretarse de conformidad con la teleología a la que responde dicho instrumento
procesal.
Caso concreto
Para abordar el problema jurídico conviene hacer las siguientes precisiones:
La señora Elizabeth Ramírez Gil nació el 12 de octubre de 194134.
Mediante Resolución 30035 del 21 de octubre de 2002 Cajanal le reconoció pensión
gracia de jubilación a la señora Elizabeth Ramírez Gil de Carrillo, en cuantía de
$866.800, efectiva a partir del 20 de mayo de 2000. Adquirió su estatus pensional el
19 de mayo de 2000.35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de octubre de 2010, radicación:
05001-23-31-000-2004-06435-01 (1227-09), actor: Santiago Jiménez Jiménez, demandado: Caja
Nacional de Previsión Social, CAJANAL
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011. radicación:
05001-23-31-000-2003-04414-02 (2029-10), actor: Luis Norberto Quintero Holguín, demandado: Caja
Nacional de Previsión Social, CAJANAL.
33 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7222.
34 Tal como consta en el registro civil de nacimiento y en la cédula de ciudadanía obrantes en los folios
8 y 9 del documento denominado «011RespuestaOficio949CAJANAL» contenido en el indie 101del
sistema informático SAMAI.
35 Folios 6 a 8 del documento denominado «002PoderAnexosDemnda» contenido en el indie 11 del
sistema informático SAMAI.
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La Secretaría de Educación de Cundinamarca certificó que, entre los años 1999 y
2000, la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo devengó los siguientes emolumentos: i)
el sueldo básico; ii) retroactivo; iii) bono por calidad; iv) la prima de vacaciones y v) la
prima de navidad36.
El Tesorero del Fondo Educativo de Cundinamarca, indicó que del 1º de enero al 30
de diciembre de 2002, la docente percibió los siguientes factores: i) sueldo; ii) prima
de vacaciones y iii) prima de navidad37.
La docente, el 4 de febrero de 2003, solicitó ante CAJANAL la reliquidación de la
prestación con fundamento en lo devengado durante el año inmediatamente anterior
a la adquisición del estatus pensional38. No obstante, a través de Resolución 09669
del 2 de marzo de 200639 la entidad denegó tal petición, bajo el argumento de que los
factores pretendidos no se encuentran enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
Agregó que en todo caso no existe prueba sobre qué factores se efectuaron los
descuentos.
El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Girardot, mediante sentencia
del 6 de diciembre de 201240, luego de analizar la normativa que rige la pensión gracia,
la posición jurisprudencial que sobre el particular ha desarrollado el Consejo de Estado
y las pruebas aportadas por la demandante con el escrito introductorio, condenó a la
extinta CAJANAL EICE a reliquidar en favor de la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo
la pensión gracia de jubilación, en los siguientes términos:
«
…] Analizado el contenido de la […] Resolución [30035 del 21 de octubre de 2002],
se observa muy claramente que como factor salarial solamente se tuvo en cuenta
la asignación básica mensual de $ 1.155.734,oo, valor al cual se sacó el 75% para
que quedara la pensión en la suma de $866.800,50, en un acto totalmente injusto
porque es un hecho notorio de que todos los servidores del Estado devengan las
primas de vacaciones y navidad.
[…]
Si revisamos los regímenes pensionales contenidos en las leyes 4ª de 1966, 33 de
1985, 91 de 1989, 100 de 1993 y 797 de 2003, así como los Decretos 1743 de
1966, 1158 de 1994, 812 de 2003, 2341 de 2003 y 3752 de 2003, encontramos
con bastante claridad que la pensión vitalicia de jubilación debe liquidarse sobre el
75% de los ingresos permanentes en el último año de servicio. Para el caso que
nos ocupa el comprendido entre el 1° de enero al 30 de diciembre de 2002, término
que se contabiliza a partir del momento en que adquirió el status respectivo.
De conformidad con la certificación oficial, no hay duda que la demandante tuvo
como ingresos en el último año de servicio, no solo el sueldo básico mensual, sino
también las primas de vacaciones y navidad, lo cual está probado con la citada
36 Folios 11 a 12 del documento denominado «011RespuestaOficio949CAJANAL» obrante en el índice
11 del sistema informativo SAMAI.
37 Folio 9 del documento denominado «002PoderAnexosDemnda» contenido en el indie 11 del sistema
informático SAMAI.
38 Tal como consta en la petición obrante en los folios 3 a 5 y en el acto objeto de demanda a folios 10
a 13, dentro del proceso ordinario, obrantes en el documento denominado «002PoderAnexosDemnda»
contenido en el indie 11 del sistema informático SAMAI.
39 Ibidem.
40 Documento denominado «024Sentencia» contenido en el índice 11 del sistema informático SAMAI.
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certificación, primas sobre las cuales debe liquidarse las doceavas partes, a
efectos del reconocimiento de la prestación periódica.
[…]
Son muchos los PRECEDENTES JUDICIALES, desde las Sentencias 760 de
diciembre 18 de 1995, 374 del 9 de noviembre de 1990, 479 de Noviembre 13 de
1992 y 760 de diciembre 4 de 1994, todas ellas que hacen relación al
reconocimiento de las pensiones con todos los factores salariales devengados en
el último año de servicio a la fecha de adquirir el derecho. Además, no solo el
Honorable Consejo de Estado ha sido reiterativo en reconocer este tipo de
prestaciones con todos los factores salariales, sino también todos los tribunales y
juzgados del país, de allí que nos extrañe que la entidad demandada, siga
persistiendo en negar las reliquidaciones con todos los factores salariales.
[…]
[E]l artículo 43 del Decreto – ley 1042 de 1978 dispone que “además de la
asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, el valor del trabajo
suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso
obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios,
además, el aparte final, del artículo 33 del Decreto 908 de 1992, prescribe que
se entiende por remuneración de los docentes, el valor que resulte de la
suma de la asignación básica más los restantes factores que perciban
mensualmente”
Debe resaltarse que en el sector público el derecho a la prima de navidad es una
prestación social que se halla regulada en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de
1978 […]
Todas normas (sic) se aplican a los docentes estatales nacionales, nacionalizados
y territoriales si se tiene en cuenta que con la expedición de la ley 6ª de 1945 y
decreto 2767 de 1945, se dispuso que los empleados y trabajadores al servicio de
los departamentos, intendencias, comisarias y municipios tendrían las mismas
prestaciones otorgadas para los del sector nacional; y que la ley 91 de 1989 señala
que ”los docentes nacionales que se vinculen a partir de enero 1º de 1990 se
regirán por las Normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden
nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
[…]
La jurisprudencia nacional ha sostenido que todos los factores salariales que
reciben los funcionarios de manera habitual y periódica como contraprestación
directa por sus servicios, integran el salario base de liquidación de su pensión
independientemente de la denominación que se les dé así lo resolvió la Sección
Segunda del Honorable Consejo de Estado, al aclarar que el listado de los factores
salariales consignados en el artículo 3º de la ley 33 de 1985 no es taxativo, sino
enunciativo. […]
Por todo lo anterior, se despacharán en forma favorable las pretensiones de la
demanda, ordenando la reliquidación de la pensión de jubilación incluyéndose las
primas de vacaciones y navidad, factores que están debidamente certificados por
la autoridad competente y que no se tuvieron en cuenta al momento de ordenar el
reconocimiento y pago de la prestación, derecho que lo tiene la demandante desde
la fecha de dicho reconocimiento hasta que se haga efectiva la sentencia. […]
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 09669 del 2 de marzo de 2006, expedida por la CAJA NACIONAL
DE PREVISION SOCIAL, mediante el cual se negó la reliquidación de la Pensión
Gracia a la señora ELIZABETH RAMIREZ DE CARRILLO […]
SEGUNDO: CONDENAR a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL que a
título de Restablecimiento del Derecho, RELIQUIDE y PAGUE la PENSIÓN
GRACIA […] con todos los factores salariales a que tiene derecho, es decir con
las primas de vacaciones y navidad que […] están debidamente certificados por la
Tesorería del Fondo Educativo de Cundinamarca, debiéndose hacer la liquidación
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Demandante: UGPP
para cada mesada pensional, desde la fecha misma que se dictó la Resolución
ordenando el reconocimiento y pago de las obligaciones […]» (ortografía,
gramática, negrilla y puntuación del texto original)
Mediante Resolución RDP 040232 del 24 de octubre de 2017 la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,
UGPP, reliquidó la pensión gracia de jubilación en cumplimiento de la decisión judicial
transcrita en precedencia, así41:
«Que en cumplimiento al fallo antes mencionado se procede a Reliquidar una
pensión de jubilación Gracia por nuevos factores salariales de acuerdo con lo
siguiente:
Que el peticionario (a) adquirió el status de pensionado (a) el día 19 de mayo de
2000.
Que de conformidad con lo ordenado por el JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE GIRADOT (sic) es procedente
efectuar la siguiente liquidación así:
FACTORES AÑO VALOR TOTAL
ASIGNACION BASICA MES 1999 8,513,907.00
PRIMA DE NAVIDAD 1999 1,203,890.00
PRIMA DE VACACIONES 1999 577,867.00
ASIGNACION BASICA MES 2000 5,354,901.00
TOTAL 15,650,565.00
Promedio: 15,650,565/12 X 75% = $978,161
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS
M/CTE.
Efectiva a partir del 20 de mayo de 2000, con efectos fiscales a partir del 16 de
diciembre de 2007 por prescripción trienal.
Que esta Subdirección mediante radicado No. 201714000400893 solicito a la
Subdirección Jurídica, se impartiera lineamiento respecto al cumplimiento del fallo
judicial proferido por el JUZGADO SEGUNDO AMINSITRATIVO (sic) DE
DESCONGESTIÓN DE CUNDINAMARCA de fecha 6 de diciembre de 2012, que
señaló en su parte motiva que la reliquidación se debía realizar con el último año
de servicio.
Que el Subdirector Jurídico Pensional a través de radicado No. 201711000461763
del 22 de mayo de 2017 señaló:
() RECOMENDACIÓN
Conforme lo anterior, esta Unidad procederá a dar cumplimiento al fallo judicial
proferido por el JUZGADO SEGUNDO AMINISTRATIVO (sic) DE
DESCONGESTIÓN DE CUNDINAMARCA, de fecha 06 de diciembre de 2012, en
el sentido de reliquidar la pensión de jubilación gracia de conformidad lo ordenado
en la parte resolutiva es decir con el 75% de lo devengado en el último año de
servicios anterior a la adquisición del status pensional, teniendo en cuenta que es
procedente efectuar la liquidación por factores salariales no incluidos en la
liquidación de la prestación. ()
Que la liquidación se efectuó con el Certificado de Factores Salariales de fecha 16
de agosto de 2000. […]»
41 Folios 102 a 104 del cuad. Ppal.
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Análisis de la Subsección
Revisadas las probanzas obrantes en el dossier se advierte, en primer lugar, que en
sede administrativa la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo solicitó a la extinta
CAJANAL EICE reliquidar su pensión gracia con inclusión de los factores salariales
percibidos durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del derecho
pensional. De igual manera, que sobre aquella pretensión se fundó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
En segundo lugar, que el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de
Girardot, profirió sentencia el 6 de diciembre de 2012 en favor de la pensionada con
fundamento en la jurisprudencia que sobre la liquidación de la pensión gracia ha
desarrollado el Consejo de Estado. En efecto el referido despacho judicial citó las
sentencias del 9 de noviembre de 199042, 4 de diciembre de 1994, 18 de diciembre
de1995, 30 de octubre de 200343 y 24 de junio de 200444, con fundamento en las cuales
concluyó que la pensión gracia se debe reliquidar con todos los factores devengados
durante el último año anterior al estatus.
En tercer lugar, que el mencionado despacho judicial, al analizar las pruebas aportadas
al proceso de cara con el criterio jurisprudencial referido no examinó la certificación del
16 de agosto del 2000, suscrita por el tesorero de la Secretaría de Educación de
Cundinamarca, en la que consta que la docente durante el año anterior a la adquisición
de su estatus de pensionada, a saber, entre mayo de 1999 y mayo de 2000, devengó
los siguientes emolumentos: sueldo básico, bono por calidad, retroactivo, prima de
vacaciones y prima de navidad45. Por el contrario, valoró la certificación emitida por el
tesorero del Fondo Educativo de Cundinamarca, en la que consta que aquella, durante
su último año de servicio, comprendido entre el 10 de enero al 30 de diciembre de
2002, recibió: asignación básica, prima de vacaciones y prima de navidad. Veamos:
«[…] De conformidad con la certificación oficial, no hay duda que la demandante
tuvo como ingresos en el último año de servicio, no solo el sueldo básico mensual,
sino también las primas de vacaciones y navidad, lo cual está probado con la citada
certificación, primas sobre las cuales debe liquidarse las doceavas partes, a
efectos del reconocimiento de la prestación periódica.
[…]
[A] título de Restablecimiento del Derecho, RELIQUIDE y PAGUE la PENSIÓN
GRACIA […] con todos los factores salariales a que tiene derecho, es decir con
las primas de vacaciones y navidad que […] están debidamente certificados por la
Tesorería del Fondo Educativo de Cundinamarca, debiéndose hacer la liquidación
para cada mesada pensional, desde la fecha misma que se dictó la Resolución
ordenando el reconocimiento y pago de las obligaciones […]»
De acuerdo con lo anterior, el juzgado administrativo sustentó su decisión en la
jurisprudencia y la normativa según la cual la pensión gracia debía liquidarse con todos
42 No aporta más datos.
43 Radicado: 2300123310002000252901 (3542-02)
44 Radicado: 25000232500020010573201 (5707-03)
45 Folios 10 y 11 del expediente administrativo de la docente el cual fue allegado al proceso ordinario a
través de Oficio 00949 del 24 de agosto de 2011 suscrito por la abogada de Defensa Judicial de la Caja
Nacional de Previsión Social, EICE, en Liquidación.
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los factores salariales recibidos durante el año anterior al estatus. Sin embargo, la
certificación valorada fue la expedida por el Tesorero del Fondo Educativo de
Cundinamarca que corresponde a lo devengado durante el año 2002, que es posterior
a aquel en el que la docente consolidó el derecho, 19 de mayo de 2000. Fue este el
sustento para emitir la orden de reliquidación, de manera genérica «con todos los
factores salariales a que tiene derecho».
Así las cosas, la Subsección encuentra que le asiste razón a la UGPP, pues, de una
lectura integral de la sentencia, se observa que en esta se excedió lo debido por la ley,
porque ordena la reliquidación a partir de una certificación que no corresponde al año
anterior a la consolidación del derecho (1999 a 2000), sino al último año de servicio
(2002), circunstancia que no se acompasa con la jurisprudencia vigente sobre la
materia en el Consejo de Estado, así como tampoco con el principio de congruencia
que deben ostentar todas las decisiones judiciales.
Ahora, la Subsección no pasa por alto, el hecho de que en la certificación de los valores
devengados en el año anterior al estatus (años 1999 a 2000) contiene una relación
que incluye además de las primas de vacaciones y navidad, que el juez ordenó
computar, el bono por calidad. Sin embargo, este no se tuvo en cuenta al momento de
dar cumplimiento a la sentencia y la UGPP expone que la causal b) se configura, en
cuanto se tomaron los valores por concepto de prima de navidad y de vacaciones del
año 2002 y no del 1999 al 2000. En consecuencia, las sumas sobre las cuales el juez
omitió hacer pronunciamiento no fueron discutidos en la acción de revisión por lo que
tampoco pueden ser objeto de un pronunciamiento adicional.
En conclusión, se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo
20 de la Ley 797 de 2003 puesto que la sentencia del Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión de Girardot del 6 de diciembre de 2012 ordenó reliquidar la pensión
gracia en favor de la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo con fundamento en los
factores percibidos en el último año de servicio y no al estatus.
Con fundamento en lo anterior, teniendo en cuenta que la argumentación expuesta en
la providencia objeto de revisión se acompasa con el desarrollo que el Consejo de
Estado ha efectuado sobre la liquidación de la pensión gracia y, que la discusión en la
acción de revisión se circunscribió a que el juez de instancia dispuso la reliquidación
pensional con un año diferente al de la adquisición del derecho pensional, la
Subsección infirmará parcialmente el numeral segundo de la sentencia del 6 de
diciembre de 2012 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión
de Girardot, en cuanto al restablecimiento del derecho ordenado.
Decisión
La Sala declarará fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), por el literal b) del artículo 797 de
2002, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de
Descongestión de Girardot, el 6 de diciembre de 2012, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho radicado 253073331001201000588.
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En consecuencia, se infirmará parcialmente el numeral segundo de la referida
sentencia para emitir decisión de reemplazo en la cual se dispondrá, a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la UGPP reliquidar la pensión de la señora
Elizabeth Ramírez de Carrillo en un monto equivalente al 75% del salario promedio y
demás factores salariales del año anterior de la adquisición del estatus pensional
comprendido entre el 19 de mayo de 1999 y el 19 de mayo de 2000, certificados por
la Secretaría de Educación de Cundinamarca el 16 de agosto de 200046.
En todo lo demás se mantendrá la decisión.
Ahora bien, comoquiera que, en la Resolución RDP 040232 del 24 de octubre de
2017 la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP, una vez consultado con el Subdirector
Jurídico Pensional de la entidad ordenó reliquidar la prestación en favor de la docente
en un monto equivalente al «75% de lo devengado en el último año de servicios anterior
a la adquisición del status pensional, teniendo en cuenta que es procedente efectuar la
liquidación por factores salariales no incluidos en la liquidación de la prestación» y, para el
efecto tuvo, en cuenta el «Certificado de Factores Salariales de fecha 16 de agosto
de 2000» dentro del cual consta lo que la demandada percibió entre mayo de 1999
y mayo de 2000, esto es, antes de consolidar su estatus de pensionada, se advierte
que no se generan diferencias que deban ser objeto de pronunciamiento, dado que
la recurrente procedió dentro de los parámetros que aquí se señalan.
De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público». Esta Corporación47 ha
considerado que el ejercicio del mecanismo extraordinario de que trata el artículo 20
de la Ley 797 de 2003 constituye una herramienta para afrontar los graves casos de
corrupción en esta materia y evitar el detrimento del Tesoro Público. También se
constituye en un mecanismo de defensa de los principios de eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de seguridad social, además de una garantía del principio de sostenibilidad financiera
del sistema pensional. Por lo anterior, la Sala considera improcedente la condena en
costas en el caso analizado.
46 Folios 11 a 12 del documento denominado «011RespuestaOficio949CAJANAL» obrante en el índice
11 del sistema informativo SAMAI.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias
de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008,
expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001-03-
15-000-2018-01884-00(REV).
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Demandante: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero: Declárese fundada la acción de revisión interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, UGPP (antes CAJANAL EICE), contra la sentencia proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Girardot el 6 de diciembre de
2012, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
253073331001201000588, al configurarse la causal consagrada en el literal b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Segundo: Infírmese parcialmente el numeral segundo de la sentencia referida. En
consecuencia, se dispone:
«SEGUNDO: CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales, UGPP (antes Caja Nacional De Previsión Social) que a
título de restablecimiento del derecho, RELIQUIDE y PAGUE la PENSIÓN GRACIA
en favor de la señora Elizabeth Ramírez de Carrillo, en un monto equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del salario promedio y demás factores salariales (prima de
navidad y prima de vacaciones) percibidos durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, esto es, entre el 19 de mayo de 1999 y el 19 de mayo de 2000.»
Tercero: En todo lo demás, se mantiene la decisión objeto de revisión.
Cuarto: Sin condena en costas.
Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de
origen, háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI y
archívese el expediente de la acción de revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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