Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00969-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00969-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00969-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00969-00 (2937-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandada: Rosa Julia Tenjo Tenjo
Tema: Causal de revisión literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 30 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E2, por medio de la cual se revocó la decisión del
23 de abril de 2014 emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Rosa Julia Tenjo Tenjo contra esa entidad de previsión
social.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp
solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 30 de junio de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E a través de la
cual se revocó la decisión del 23 de abril de 2014 emitida por el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-31-718-2013-
00040-00(01), que negó las pretensiones de la demanda presentada por Rosa
1 En lo que sigue Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001-33-31-718-2013-00004-00;
demandante: Rosa Julia Tenjo Tenjo, demandado: Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00969-00 (2937-2020)
Demandante: Ugpp
Julia Tenjo Tenjo contra la Ugpp, encaminadas al reconocimiento de una pensión
gracia.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la aludida sentencia
y, en su lugar, la declaratoria de que a aquella no le asistía el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) la devolución de las sumas pagadas en
virtud del acto que le otorgó la prestación, debidamente indexadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Rosa Julia Tenjo Tenjo nació el 16 de febrero de 1950 y prestó sus servicios
como docente de la siguiente manera:
Entidad Desde Hasta
Secretaría de Educación de 21-04-1980 16-06-1980
Bogotá
Secretaría de Educación de 24-07-1980 07-11-1980
Bogotá
Secretaría de Educación de 07-03-1990 30-11-1990
Bogotá
Secretaría de Educación de 08-02-1993 01-03-2016
Bogotá
3.2. El último cargo que desempeñó fue como docente en Bogotá.
3.3. A través de la Resolución UGM 15950 del 31 de octubre de 2011, la entonces
Caja Nacional de Previsión Social3 le negó el reconocimiento de la pensión gracia,
toda vez que no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley,
específicamente, los 20 años de servicios en la docencia oficial del orden territorial
o nacionalizado, al considerar que el tiempo laborado desde el 7 de marzo de 1990
fue nacional. Este acto administrativo fue confirmado por medio de la Resolución
UGM 046354 del 16 de mayo de 2012 al resolver un recurso de reposición
interpuesto en su contra.
3.4. Inconforme con lo anterior, Rosa Julia Tenjo Tenjo presentó demanda contra la
actual Ugpp en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso-Administrativo4, con el fin de que se declarara la nulidad de las
resoluciones UGM 015950 del 31 de octubre de 2011 y UGM 046354 del 16 de
mayo de 2012 y, en consecuencia, solicitó el reconocimiento de la prestación. Este
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En adelante Cajanal EICE.
4 En lo que sigue CPACA.
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Demandante: Ugpp
asunto correspondió al Juzgado Dieciocho Administrativo de Descongestión del
Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia del 23 de abril de 2014 negó las
pretensiones, al considerar que a partir de la vinculación realizada en 1991 el
tiempo laboral fue del orden nacional.
3.5. Contra la anterior providencia Rosa Julia Tenjo Tenjo interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E mediante sentencia del 30 de junio de 2015, con
lo cual se revocó la decisión de primera instancia, con fundamento en que la
docente cumplió 50 años de edad el 16 de febrero de 2000 y el 7 de marzo de 2010
completó los 20 años de servicios en instituciones educativas de carácter
departamental y distrital con vinculación territorial, es decir alcanzó el estatus
pensional en esa oportunidad.
3.6. A través de la Resolución RDP 005199 del 8 de febrero de 2016, la Ugpp negó
una solicitud de cumplimiento de fallo judicial, porque no contaba con los actos
administrativos de nombramiento y posesión, asimismo mediante los autos ADP
5738 del 29 de abril de 2016 y ADP 005858 del 15 de agosto de 2018 fue ordenada
la práctica de pruebas para que se aportaran los mencionados documentos.
3.7. En cumplimiento de lo resuelto en la segunda instancia, la Ugpp expidió la
Resolución RDP 037380 del 13 de septiembre de 2018, que reconoció la pensión
gracia a favor de Rosa Julia Tenjo Tenjo en la cuantía de $1.958.745, efectiva a
partir del 13 de marzo de 2010, con el 75% del promedio de lo devengado durante
el último año de servicio, comprendido entre los años 2009 y 2010, como la
asignación básica, las primas especial, de navidad y de vacaciones.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en
sentencia del 30 de junio de 2015, al resolver el recurso de apelación, revocó la
decisión del 23 de abril de 2014 emitida por el Juzgado Dieciocho Administrativo
de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, al considerar que fueron demostrados plenamente
los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como son el haber
prestado servicios como docente en planteles del orden territorial o nacionalizado
por 20 años, toda vez que fue vinculada antes del 31 de diciembre de 1980 [21 de
abril y 24 de julio de 1980], contaba con 50 años de edad y había observado una
buena conducta en su desempeño5.
5Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED-4-04AENXOS UGPP
CONTRA ROSA JULIA TENJO TENJO 613 FOLIOS.pdf(.pdf) NroActua 2», folios 170 a 191.
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Demandante: Ugpp
1.2. La causal de revisión invocada
5. La entidad recurrente invocó la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
5.1. Rosa Julia Tenjo Tenjo no cumplió con los requisitos exigidos por las leyes 114
de 1913 y 91 de 1989, entre otras normas, para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente en lo relativo a los 20 años de servicios como docente
territorial o nacionalizado.
5.2. Lo anterior, porque si bien aquella durante un tiempo prestó sus servicios como
maestra de carácter territorial, lo cierto es que ese tiempo no le alcanzaba para
acreditar los 20 años en esa condición, pues registró experiencia docente oficial
desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 1° de marzo de 2016 financiada con
recursos del FER y del Ministerio de Educación Nacional, tal como lo indicó el
certificado del 18 de enero de 1991, en el cual se indicó que la Resolución de
vinculación 14910 del 25 de octubre de 1980 fue suscrita por el Ministerio de
Educación Nacional, obteniendo así la naturaleza de docente nacional, inviable
para la prosperidad de las súplicas de la demanda presentada en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
6. Rosa Julia Tenjo Tenjo no se pronunció en esta oportunidad7.
1.4. Concepto del Ministerio Público
7. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
6 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED-2-02Demanda Rosa Lucia
Tenjo 03072020.pdf(.pdf) NroActua 2».
7 Como fue constatado en el auto de pruebas proferido el 30 de noviembre de 2023, Samai, índice
19, actuación «18_AUTOQUEDECRETAPRUEBAS(.docx) NroActua 19».
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Demandante: Ugpp
8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.
9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 14 de julio
de 201510 y la presente acción fue radicada el 22 de octubre de 2020, lo que, en
principio, podría concluir que se presentó después del vencimiento de la
oportunidad prevista por la ley.
12. No obstante, en atención de la pandemia por Coronavirus COVID 19 fue proferido
el Decreto 564 del 15 de abril de 2020 «Por el cual se adoptan medidas para la garantía
de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica», mediante el cual fueron suspendidos
todos los términos de prescripción y caducidad previstos en la normatividad para
ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas a partir del
16 de marzo de 2020, medida que se extendió hasta el 30 de junio de 202011.
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003» (se resalta).
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED-4-04AENXOS UGPP
CONTRA ROSA JULIA TENJO TENJO 613 FOLIOS.pdf(.pdf) NroActua 2», folio 194.
11 En virtud de los Acuerdos PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020 (suspensión prevista desde
el 16 de marzo hasta el 20 de marzo de 2020), PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020
(suspensión prevista desde el 21 de marzo hasta el 3 de abril de 2020), PCSJA20-11526 del 22 de
marzo de 2020 (suspensión prevista desde el 4 de abril hasta el 12 de abril de 2020), PCSJA20-
11532 del 11 de abril de 2020 (suspensión prevista desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de
2020), PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020 (suspensión prevista desde el 27 de abril hasta el
10 de mayo de 2020), PCSJA20-11549 del 7 de mayo de 2020 (suspensión prevista desde el 11
de mayo hasta el 24 de mayo de 2020), PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 2020 (suspensión
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00969-00 (2937-2020)
Demandante: Ugpp
13. En consecuencia, desde el 15 de junio de 2015 [fecha en la cual inició el conteo
del término para presentar la demanda] hasta el 16 de marzo de 2020 [fecha de
suspensión de los términos] habían transcurrido 4 años, 8 meses y 2 días, es decir
que aún le faltaban 3 meses y 28 días para su ejercicio oportuno, término que fue
reanudado el 1° de julio de 2020 y caducaba el 28 de octubre de ese año, motivo por
el cual al momento de su radicación [22 de octubre de 2020] aún se encontraba
dentro del término legal y por tanto era oportuno.
2.3. El problema jurídico
14. Se circunscriben a establecer lo siguiente: ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E que accedió a
las súplicas de la demanda presentada por Rosa Julia Tenjo Tenjo, permitió el
reconocimiento de una prestación en una cuantía que excede los parámetros
establecidos en la ley y por lo tanto se configuran los supuestos de la causal
enlistada en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
prevista desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020), PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020
(suspensión prevista desde el 9 de junio hasta el 30 de junio de 2020) y PCSJA20-11581 del 27 de
junio de 2020 (Complementó el Acuerdo PCSJA20-11567 DE 2020), proferidos por el Consejo
Superior de la Judicatura.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00969-00 (2937-2020)
Demandante: Ugpp
15. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2012 de la Ley 797 de 200313 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
16. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
18.Sobre el particular, la causal del literal b) «[c]uando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le
eran legalmente aplicables […]» se configura cuando la sentencia objeto de
controversia reúne los siguientes supuestos:
i) decretó el derecho a devengar sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con determinado monto.
ii) que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública; y
iii) que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente
establecido porque excede la cuantía determinada por las normas aplicables
19. La finalidad de esta causal es permitir que las entidades públicas legitimadas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia
judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla
12 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
13 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
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Demandante: Ugpp
porque reconoció prestaciones periódicas cuyo monto o cuantía excede lo
legalmente previsto. En ese orden, en lo que respecta al sistema pensional
pretende restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los
principios de solidaridad y equilibrio financiero.
20. Además de lo anterior, la jurisprudencia, incluida la de esta Sala de
Decisión25, ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b)
aludida no basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido
excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe
que el incremento fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento
jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o
fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.
Esto descarta los casos en que se produjo como resultado de una interpretación
jurisprudencial válida sobre determinada norma26.
21. Así mismo, la causal se creó con el objetivo específico de discutir la cuantía o
el monto de la prestación social y no para que las entidades de previsión social
reabran el debate sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho pensional.
Al respecto, esta corporación ha indicado con precisión que el examen de la causal
aludida debe «[…] partir del supuesto de que el beneficiario de la prestación (o de la
pensión otorgada) reúne los requisitos exigidos para ser acreedor del derecho; empero,
se debe verificar si existe o no un exceso en la cuantía reconocida mediante sentencia
judicial. En otras palabras, bajo esta causal no es posible controvertir la aptitud legal del
accionado para adquirir la pensión […]»27. Igual criterio lo ha mantenido las Salas
Especiales de Decisión como la siguiente:
«[…] En ese orden, “la revisión se encamina a verificar si existe o no un exceso en la
cuantía decretada mediante sentencia judicial”. Esto, teniendo en cuenta que se parte
del presupuesto de que el beneficiario acredita los requisitos previstos en la ley para
ser acreedor de la pensión.
De ahí que el examen de la referencia no es una instancia para examinar la procedencia
de la prestación económica; los derechos que le asisten a la beneficiaria o las
discusiones propias de la instancia ordinaria. A contrario sensu, la causal fue prevista
como una herramienta para que las autoridades soliciten la corrección de una
sentencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando ha reconocido una
cuantía que supera los márgenes dispuestos por el ordenamiento jurídico […]»28.
22. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes29:
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Demandante: Ugpp
«[…] i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia. Con todo, conviene recordar que el ejercicio de
esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley […]».
23. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»30. Ciertamente, el objeto de la norma analizada
«consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que,
en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»31.
2.5. Caso concreto
17. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
18. En relación con la causal de revisión establecida en el literal b) de la norma en
que se funda la acción, la Sala encuentra necesario precisar que, los argumentos
expuestos por la entidad recurrente van dirigidos a cuestionar la decisión mediante
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Demandante: Ugpp
la cual el tribunal declaró la nulidad de las resoluciones UGM 015950 del 31 de
octubre de 2011 y UGM 046354 del 16 de mayo de 2012, respectivamente, a través
de las cuales la Ugpp le negó a Rosa Julia Tenjo Tenjo el reconocimiento de la
pensión gracia en consideración al incumplimiento de los requisitos exigidos para
ello.
19. Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis
de la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues
su propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de
una prestación ya otorgada y respecto del cual [en torno al derecho subjetivo y
particular] no hay discrepancias; contrario a lo ocurrido en el presente asunto, pues
en la aludida providencia se definió que Rosa Julia Tenjo Tenjo había completado
los requisitos para beneficiarse de la pensión gracia, de manera que la esencia de
las pretensiones del medio de control revisado no guardan relación con la forma
en que debió realizarse la liquidación de la pensión sino con la aptitud legal para
beneficiarse de la prestación.
20. En efecto, lo que se desprende de la demanda [en la acción especial de revisión]
es el cuestionamiento dirigido a provocar el estudio del cumplimiento de los
requisitos por parte de la docente para ser acreedora de la pensión gracia,
pretensión que pudo ser invocada en la causal 7 del artículo 250 del CPACA que
dispone:
«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
(…)
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».
21. Enese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los
argumentos expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho subjetivo
reconocido en la sentencia revisada.
22. Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión
que ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de
invalidarla y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la
prevalencia de una injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.
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Radicado: 11001-03-25-000-2020-00969-00 (2937-2020)
Demandante: Ugpp
23. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.
24. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros
de procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de
la acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa
juzgada14.
25. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
Ugpp, y ante la imposibilidad de esta Sala para realizar una adecuación respecto
de la causal idónea o de reabrir un debate concluido en una etapa procesal ya
fenecida se declarará improcedente la acción de revisión interpuesta.
2.6. Costas
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el
estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
27. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la causal invocada no
14 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en
ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.
11
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00969-00 (2937-2020)
Demandante: Ugpp
es la idónea para cuestionar el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
docente Rosa Julia Tenjo Tenjo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar infundada la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 30 de junio de 2015, por las razones expuestas
en la parte motiva de la providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT
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