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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00973-00

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00973-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor Enrique Rodríguez Fontecha contra los apartes «que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio» , del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004. Segundo. Sin condena en costas. 35 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 20 Radicación: 11001-03-25-000-2020-00973-00 (2941-2020) Tercero. Reconocer personería a los abogados Juan Leonardo Álvarez Arévalo, identificado con cédula de ciudadanía 1.049.615.111 y portador de la tarjeta profesional 213.916 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a Edwin Alexander Pérez Suárez identificado con cédula de ciudadanía 79.894.572 y portador de la tarjeta profesional 346.398 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Casur, según poderes a ellos conferidos visibles en índices 50 y 51 de la plataforma Samai. Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-00973-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD.
Radicación: 11001-03-25-000-2020-00973-00 (2941-2020)
Demandante: Enrique Rodríguez Fontecha
Demandada: Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de
Defensa Nacional
Vinculada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR

Temas: Derecho a la seguridad social y naturaleza jurídica de la
asignación de retiro. Margen de configuración del legislador en
materia pensional. Las leyes marco. Potestad reglamentaria
prevista en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política.
Competencia para establecer el régimen pensional de los
miembros de la Fuerza Pública. Principio de igualdad como
parámetro de validez de las normas jurídicas. Test de igualdad.
NIEGA PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por el señor Enrique Rodríguez Fontecha contra la Nación, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Defensa Nacional, y como vinculada la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES 1

Que se declare la nulidad de los apartes «que sean retirados del servicio activo después
de veinte (20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados
en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio» , del artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004.

1 Demanda y subsanación visibles en índices 3 y 6 de la plataforma Samai. Se destaca que, mediante auto del

26 de octubre de 2021, algunas se rechazaron y otras se remitieron a la Corte Constitucional para lo de su
competencia (índice 13, ídem).

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00973-00 (2941-2020)

HECHOS

Que, desde el año 1989 se han expedido decretos que prevén el derecho a la
asignación de retiro para miembros de la Fuerza Pública que atentan contra el
derecho a la igualdad al diferenciar las causales para tener derecho a dicha
prestación.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Que los actos acusados vulneraron los artículos 13, 48, 53, 150 y 230 de la
Constitución Política; Ley 5ª de 1988 y 237 del CPACA.

Que se crearon unas causales inexplicables que aumentan el tiempo de servicio
para tener derecho a la asignación de retiro, lo cual genera un aspecto sancionatorio
para aquellos que deciden retirarse voluntariamente o son retirados de forma
absoluta, circunstancia que atenta contra el derecho a la igualdad, la vida y la
familia, a la salud, a una asignación y a ejercer otra labor más temprano, por lo que
todo el personal uniformado debe percibir dicha prestación con 15 años de servicio.

Que se desconoce el principio de favorabilidad, el derecho a la igualdad, al trabajo
y los tratados internacionales, al impedir que el uniformado que «esté cansado» del
servicio a la patria después de 15 años ininterrumpidos, que no desee más esa
profesión «riesgosa peligrosa y cada día más desacreditada», o que por motivos
insalvables tenga que retirarse, sea penalizado con la pérdida del derecho a percibir
la asignación de retiro.

Que el ejecutivo creó una causal punitiva desigual exigiendo que aun ante
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito una persona no pueda retirarse sino
cuando cumpla 20 años, dado que, si se desvincula con 15 años, no podrá ser
beneficiario de una retribución mensual vitalicia, situación que impide a los
uniformados atender a su familia o a dedicarse a ejercer otra actividad laboral.

Que el centro del debate es el «derecho a asignación de retiro con 15 años cuando
la fuerza los retire y la negativa a la asignación de retiro cuando el uniformado se
retire voluntariamente y no tenga 20 años de servicio- o 25- ». (Cursivas del texto
original).

Que se deben anular los apartes acusados, toda vez que no existen razones para
ese paso regresivo de crear lapsos diferentes en personas en idénticas
circunstancias de todo tipo para hacer una grave diferenciación en los tiempos
exigidos para obtener una asignación de retiro, concediéndola para unos y
negándolas a otros, sin tener en cuenta que la Caja tiene la cobertura presupuestal
fundada en los ahorros de toda la vida de los uniformados cotizantes y sus intereses,
sin que se adviertan motivos para negar la prestación a quienes se desvinculen con
15 años de servicio.

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Que dicha distinción lesiona a los miembros de la Fuerza Pública, dada la
desproporción en el servicio activo, ocasionando una inequidad, trato desigual y
discriminatorio, constitucionalmente reprochable, al obligar a prestar 5 años más a
ciertos uniformados, lo cual atenta contra el buen servicio público, el interés general,
la salud mental del servidor y la de su familia. Que esta inequidad constituye una
condición excesiva, desproporcionada e irracional, contrariando lo ordenado por la
Corte Constitucional en sentencia C-132 de 2009.

Que se deben aplicar los fundamentos expuestos en las sentencias que declararon
la inexequibilidad de los Decretos 1091 de 1995 y 2070 de 2003, en las cuales se
consideró que existió una trasgresión al principio de favorabilidad al equiparar a los
militares con otros servidores del Estado, como es el caso del personal civil no
uniformado adscrito al Ministerio de Defensa.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2. Se opuso a las pretensiones
expresando que, si bien suscribió el Decreto 4433 de 2004, tal circunstancia
responde exclusivamente a aspectos de índole presupuestal, dado que la norma en
referencia determina elementos que implican la disponibilidad y ejecución de
recursos en torno al régimen pensional y asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública, teniendo en cuenta que la fuente para atender el pago de las
asignaciones de retiro, corresponde en su mayoría al presupuesto nacional que es
transferido a las cajas de retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Que la diferencia dispuesta en la norma demandada obedece a unas causales
específicas, las cuales no resultan inequitativas o desiguales en su concepción,
pues no es lo mismo que un miembro de la Fuerza Pública presente disminución de
la capacidad psicofísica a que decida voluntariamente retirarse. Que la asignación
de retiro siempre deberá guardar relación con los postulados de sostenibilidad fiscal
y financiera, y por ello, pretender unificar un mismo tiempo para su reconocimiento
atentaría contra dicho principio, dado que el financiamiento en su mayoría proviene
del presupuesto general de la Nación.

Que, contrario a lo manifestado por el demandante, la existencia de la mencionada
distinción a favor de los miembros de la Fuerza Pública, lejos de ser inconstitucional
o ilegal, pretende hacer efectivos los principios de igualdad material y equidad, a
partir del establecimiento de unas mejores condiciones que permitan acceder a un
régimen pensional más benéfico en tiempo, en porcentajes o en derechos, en aras
de equilibrar el desgaste físico y emocional sufrido durante un largo período de
tiempo, por la prestación ininterrumpida de la función que ejercen.

2 Índice 20, ídem.

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Ministerio de Defensa Nacional 3. Expuso que en cualquier momento el personal
vinculado a la Policía Nacional puede presentar su retiro por voluntad propia, y se
le reconocerán las asignaciones a que haya lugar dependiendo del tiempo de
servicio, sin que ello vulnere el principio de autodeterminación, pues la norma
establece el tiempo necesario para ser beneficiario de la asignación de retiro y no
es posible inferirse que, solo cuando consolide el derecho a la prestación, pueda
desvincularse el uniformado.

Que el interesado no demostró de forma fehaciente en qué situación de desigualdad
concreta se ha puesto al uniformado con la aplicación de la normativa demandada,
pues la igualdad que se invoca obedece a una interpretación subjetiva, que no
permite analizar el desconocimiento de dicho principio. Además, que la igualdad se
predica entre iguales, sin embargo, en el presente asunto no existe ninguna
invocación de cambio de régimen, de tiempos, de transición normativa que permita
sustentar la alegada transgresión.

Que, el Gobierno Nacional en virtud de los artículos 189 (numeral 11) superior, 1.°
de la Ley 4ª de 1992 y 1.° de la Ley 923 de 2004, contó con expresa habilitación
para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública,
reglamentando todos los aspectos inherentes a la forma de generación,
condicionamientos y requerimientos necesarios para la adquisición de dichos
derechos, sin desmejorar ni discriminar a los miembros de la Policía Nacional.

Formuló las excepciones de: i) falta de integración del contradictorio al considerar
que debían vincularse al proceso a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, al tener interés directo en las resultas del proceso; e
ii) inepta demanda, en tanto, la parte demandante no esbozó razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes en el concepto de violación.

TRÁMITE EN ÚNICA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 26 de octubre de 2021, se rechazaron
algunas pretensiones y se declaró la falta de jurisdicción en relación con otras.
Mediante auto del 4 de octubre de 2022, se vinculó a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, en calidad de tercero interesado. El 6 de julio de 2023, se
declararon no probadas las excepciones previas formuladas por el Ministerio de
Defensa Nacional.

El 16 de enero de 2024, se evidenció la posibilidad de emitir sentencia anticipada
en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley
2080 de 2021, se prescindió de la audiencia inicial prevista en el artículo 189 de la
Ley 1437 de 2011, se decretaron las pruebas, se fijó litigio y se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión.

3 Índice 23, ídem.

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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante 4 reiteró los argumentos por los cuales considera que los
apartes demandados deben ser declarados nulos; el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público 5 insistieron en las razones expuestas en la contestación.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 6. Que el Decreto 4433 de
2004 define dos situaciones de tratamientos por temporalidad para los miembros
que se desvinculen de la Policía Nacional con un diferencial de 5 años, por lo que
no puede predicarse el principio de igualdad entre desiguales.

El Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio en
esta procesal7.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Se deberá determinar si los apartes del primer inciso del artículo 25 del Decreto
4433 de 2004, concretamente, los que señalan: «que sean retirados del servicio activo
después de veinte (20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio», están
viciados de nulidad por infracción de las normas en que debían fundarse, al
establecer una supuesta discriminación que vulnera el principio de igualdad, por
aumentar el tiempo para tener derecho a la asignación de retiro a más de 15 años.

El derecho a la seguridad social y naturaleza jurídica de la asignación de retiro

El Estado Colombiano ha sido parte en varios instrumentos internacionales que se
han ocupado de la seguridad social como derecho que procura el bienestar general
de una sociedad a través de normas, instituciones y procedimientos en materia de
salud y de medios económicos ante riesgos y contingencias que se presentan en la
vida de las personas.

Para señalar algunos de tales instrumentos internacionales, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22, consagró que «Toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad» y en el artículo 25
estipuló que toda persona «tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo,

4 Índice 52, ídem.
5 Índice 50, ídem.
6 Índice 51, ídem.
7 Según constancia secretarial visible en índice 53, ídem.

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enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».

En el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales los
Estados partes reconocieron el derecho de toda persona a la seguridad social,
incluso al seguro social y en idéntico sentido, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 16, estipuló que «Toda persona tiene
derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación,
de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad,
la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia».

En relación con este aspecto, el preámbulo de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) señaló la importancia de las pensiones de vejez y de
invalidez como una de las condiciones laborales que deben garantizarse a fin de
alcanzar la paz. Y en el año 1952, se suscribió el Convenio 102 de la OIT sobre la
seguridad social (norma mínima), la cual contempló la pensión de vejez, como una
garantía mínima para las personas protegidas 8. Luego, se suscribió el Convenio 128
sobre las prestaciones de vejez, invalidez y muerte (1967), en el que se resalta la
importancia de esas prestaciones sociales 9.

Se destaca que, a pesar de que tales instrumentos internacionales no han sido
ratificados por Colombia, estos hacen parte del denominado soft law o derecho
blando internacional y tienen utilidad interpretativa al armonizarlos con la
Constitución y las normas que han consagrado el carácter esencial de la seguridad
social y del derecho pensional.

Así, la Ley 319 de 1996 aprobó el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales «Protocolo de San Salvador», en el cual se reconoció el derecho a la
seguridad a toda persona «que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar
una vida digna y decorosa».

A su vez, el artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social como
un derecho irrenunciable y como un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos en que lo
establezca la ley.

Uno de los componentes del derecho a la seguridad social es aquella prestación
que tiene la finalidad de amparar la contingencia de la vejez, de manera que se le
permita al afiliado mantener las condiciones necesarias para su subsistencia y de
esta manera «garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de

8 Artículo 25 del Convenio 102 de 1952.
9 Los Convenios 102 de 1952 y 128 de 1967 no han sido ratificados por Colombia. Ver página web de la oit:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102595

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prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá
pasar al retiro, sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que
le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que,
cumplido ya el deber social en qué consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral,
requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita
la vejez10».

En este sentido, y bajo los principios constitucionales, la Ley 100 de 1993 organizó
el Sistema de Seguridad Social Integral como un conjunto de obligaciones del
Estado y la sociedad, con instituciones y recursos destinados a garantizar la
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios
complementarios, y las demás que se llegaren a incorporar normativamente en el
futuro, con el objeto de garantizar esos derechos irrenunciables de las personas 11,
a través de la protección de las contingencias que las puedan afectar, y les permitan
tener una calidad de vida acorde con la dignidad humana.

Ahora, si bien el artículo 279 ibidem, excluyó de su aplicación a las Fuerzas Militares
y de Policía Nacional y al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, de manera
que este personal tiene su régimen propio como se estudiará más adelante, tanto
la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 como de esta Corporación13 ha
equiparado la asignación de retiro con la pensión de vejez, señalando que el primer
emolumento se constituye en «una modalidad de prestación social que se asimila a la
pensión de vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo
la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores públicos a
quienes se les reconoce».

En ese sentido, se ha sostenido que la asignación de retiro tiene una finalidad social
teniendo en cuenta su naturaleza prestacional, en la medida en que permite
garantizar la digna subsistencia de los miembros de la respectiva institución en
situación de retiro, carácter que evidencia la identidad que existe respecto de la
pensión de vejez del régimen general que del mismo modo busca amparar al
servidor frente a dicha contingencia; situación de la cual se desprende su relación
inescindible con el derecho a la seguridad social, al ser parte integrante de dicha
garantía para los miembros de la Fuerza Pública.

Configuración del legislador en materia pensional

Para cumplir con el objeto de la seguridad social, esto es, otorgar a las personas
calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las
contingencias que las afecten, se previó su desarrollo de manera progresiva. A tal
efecto, la Corte Constitucional 14 ha explicado que el legislador cuenta con una

10 Corte Constitucional sentencia C-107 de 2002.
11 Artículo 1.°.
12 Corte Constitucional sentencia C-432 de 2004.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,

radicado: 5001-33-33-000-2013-00237-01(1701-16) CE-SUJ2-015-19.
14 Se pueden consultar las sentencias C-078 de 2017 y C-083 de 2019.

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amplia potestad para establecer los mecanismos necesarios, de un lado para hacer
sostenible financieramente el sistema y, de otro, para fijar los requisitos de acceso
a las prestaciones, siempre y cuando estos persigan la protección de todas las
personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.

Este margen de configuración normativa en materia de seguridad social y,
particularmente, en asuntos pensionales 15, le permite al Congreso de la República
una amplia discrecionalidad para «configurar, coordinar y asegurar su prestación a
través de las estructuras o sistemas que considere idóneos y eficaces», con el fin de
definir los requisitos para el reconocimiento de las prestaciones pensionales, así
como para configurar aspectos técnicos, económicos y actuariales de la financiación
de las prestaciones.

Sin embargo, esta potestad no es absoluta, pues el Alto Tribunal Constitucional ha
señalado que dicho ejercicio se encuentra sujeto a las siguientes limitantes: i) reglas
y prohibiciones constitucionales expresas, como por ejemplo por ningún motivo
podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las
pensiones reconocidas conforme a derecho; ii) principios del sistema pensional
como lo son la eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, participación,
unidad y sostenibilidad financiera.; y iii) derechos fundamentales de los afiliados,
ejemplo de ello es que la protección de la sostenibilidad financiera del sistema
pensional, debe ser razonable y proporcional16.

Las leyes marco

La Constitución Política de Colombia en el artículo 150 numeral 19, previó las leyes
marco, las cuales han sido definidas por la jurisprudencia de esta corporación 17
como «aquel tipo de norma que señala criterios, principios y lineamientos a los cuales otra
autoridad administrativa debe sujetarse para expedir las disposiciones que desarrollan
determinadas materias».

En esta disposición señaló de forma taxativa los temas que deben regularse
mediante estas normas, a saber:

• Organizar el crédito público.
• Regular del comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacionales, en
concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva
del Banco de la República.
• Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás
disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

15 Sentencias C-623 de 2004, C-435 de 2017, C-197 de 2023, C-227 de 2023 y C-054 de 2024.
16 Corte Constitucional, sentencias C-1032 de 2006 y C-078 de 2017. Tesis reiterada el fallo C-054 de 2024.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de 2019, radicado: 11001 -

03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00 (1501-2015).

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• Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados
del público.
• Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.
• Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.

Así, en este tipo de leyes se presenta una concurrencia de competencias entre el
legislativo y el ejecutivo, pues el Congreso de la República expide una ley en la cual
establece las normas generales, señalando los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno Nacional.

De esta forma, en desarrollo de las leyes marco «el Presidente expide los
denominados decretos ejecutivos, destinados a reglamentar, en forma por demás amplia,
los asuntos a que se refiere la ley, decretos éstos que, por cierto, no tienen la misma
jerarquía de la ley de la cual se derivan, pese a tener su misma generalidad y
obligatoriedad18.». (Se destaca).

La potestad reglamentaria prevista en el artículo 150 numeral 19 superior

A diferencia de la potestad reglamentaria regulada en el artículo 187 numeral 11
superior, que reglamenta una ley ordinaria, la del artículo 150 numeral 19 se lleva a
cabo respecto de una ley marco. Dicha clasificación tiene incidencia en los límites y
libertad de configuración entre una y otra, pues cuando se trata de la primera, el
ejecutivo no puede exceder los mandatos impuestos por la norma superior, mientras
que, la de una ley marco está restringida por la materia cuyos principios y directrices
generales son impuestos por el legislador, sin que se pueda admitir que aquella sea
un parámetro de taxatividad para regularla.

Se hace importante destacar que, por expreso mandato constitucional, el presidente
de la República ejerce, entre otras, las siguientes potestades reglamentarias:

i) La del artículo 189 numeral 11 Superior, esto es, la de leyes ordinarias.
ii) La del artículo 150 numeral 19 ibidem, esto es, leyes marco.
iii) La de los reglamentos constitucionales autónomos19.

En el presente asunto, se observa que la atribución ejercida por el ejecutivo es la
regulada en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política, pues la Ley 923
de 2004 señaló las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública
y, el Decreto 4433 de 2004 aquí enjuiciado, regulando entre otros aspectos, la
asignación de retiro, partidas computables, orden de beneficiarios por muerte en
servicio activo, aportes para la asignación de retiro, pensión de sobrevivientes, de
aquel personal, entre otros.

18 Corte Constitucional, sentencias C-026 de 2020 y C-028 de 2021.
19 Artículo 189 numeral 17, 355, 224 y 131 inciso 3.°, 202 de la Constitución Política.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00973-00 (2941-2020)

Esta Corporación20 señaló que se trata de una potestad reglamentaria de tipo
especial ampliada, que la Constitución Política le atribuye al Gobierno Nacional con
el fin de que complemente las leyes, en los términos definidos por la ley marco, lo
cual les confiere la fuerza para modificar o incluso sustituir disposiciones con fuerza
de ley, dentro de los límites que impone la materia que debe ser objeto de este tipo
de regulación. Además, estableció las siguientes características:

• Libertad de reglamentación del Ejecutivo ampliada que tiene una relación
inversamente proporcional a los aspectos detallados por la ley.
• En sentido material, complementa la ley.
• Solamente pueden estar referidos a los temas objeto de ley marco, taxativamente
descritos en el artículo 150 numeral 19 de la Constitución Política.
• Tiene la posibilidad de modificar disposiciones con rango de ley que estén
relacionadas con la materia de la ley marco.
• Puede regular elementos sustanciales y accidentales de la materia objeto de
desarrollo.

En este sentido, los límites respecto de dicha potestad son más difusos, pues no
todos los aspectos que a través del reglamento se regulan deben estar
indefectiblemente contenidos en la ley, característica que se hace aún más palpable
cuando se observa que el contenido normativo legislativo que le sirve de referente
se limita a señalar principios, políticas y criterios generales para regular determinada
materia.

Competencia para establecer el régimen pensional de los miembros de la
Fuerza Pública

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la competencia para fijar el
régimen prestacional de los empleados públicos en general y de los miembros de la
Fuerza Pública se atribuyó de manera concurrente al Congreso y al presidente de
la República21. El primero de ellos establece el marco general al cual se debe sujetar
el segundo para regular la materia.

En desarrollo del artículo 150 numeral 19 superior, se expidió la Ley 4.ª de 1992,
que estableció:

«Artículo 1.º El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
[…]

d. Los miembros de la Fuerza Pública.

20 Se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de

diciembre de 2002, Expediente No. S-764 y Sala Plena de la Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de
2019, radicado: 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado 11001-03-25-000-2015-00544 00
(1501-2015).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2018, radicado: 11001-

03-25-000-2011-00167-00(0580-2011).

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Artículo 2.º Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los
siguientes objetivos y criterios:

a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar
sus salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las
limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad;
[…]
Artículo 10.º Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el
Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos.». (Se destaca).

Luego, se promulgó el Decreto 2070 de 2003, por medio del cual el presidente de
la República, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 797 de
2003, reformó el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, regulando, entre otras prestaciones, la asignación de retiro.

La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-432 de 2004 declaró
inexequibles el numeral 3.° del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2070
de 2003, por considerar que estas normas, al regular el régimen prestacional de los
miembros de la Fuerza Pública, especialmente, la asignación de retiro, en virtud de
facultades extraordinarias, desconocían el artículo 150, numerales 10 y 19, literal
e), del ordenamiento superior, según el cual, le corresponde al Congreso de la
República reglamentar dicha materia a través de leyes marco y no podía hacerlo
por medio de una habilitación legal.

Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley Marco 923 del 30 de
diciembre de 2004, por la cual se señalaron los objetivos y criterios que debía
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación
de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. Al revisar los antecedentes de tal
norma, se observa que el legislador entendía que la ley que debía expedir tenía que
fijar un «mínimo de garantías»22, tal y como lo había señalado la Corte Constitucional
en la sentencia C-432 de 2004 y establecer un marco. Mientras que « lo restante por
hacer» sería del ámbito del ejecutivo 23, esto es, una competencia compartida entre
el ejecutivo y el legislativo, dado que no se trataba de una ley que confiriera
facultades 24.

22 Ver Gaceta del Congreso 386 del 23 de julio de 2004, página 26. Exposición de motivos. También se puede

observar en la Gaceta del Congreso 578 del 28 de septiembre de 2004, página 3, Informe para Ponencia para
primer debate al proyecto de ley 024 de 2004, Cámara.
23 Ver Gaceta del Congreso 637 del 22 de octubre de 2004, página 15. Primer debate del Proyecto de ley

número 024 de 2004 Cámara.
24 Cfr. Página 17.

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En el artículo 2.° de la mencionada ley, se consagró que para la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el
Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia,
universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y
solidaridad, los objetivos y criterios, como: i) el respecto de los derechos adquiridos;
ii) los riesgos inherentes a la actividad especial de quienes pertenecen a las Fuerzas
Militares y de Policía; iii) la sujeción al marco general de la política
macroeconómica y fiscal; iv) el mantenimiento del poder adquisitivo de las
asignaciones de retiro y de las pensiones; entre otros.

Por su parte, el artículo 3.° previó los elementos mínimos que debería tener en
cuenta el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus
sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas,
correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, entre los cuales se destacan:

«3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se
fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el
aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro
será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito
para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento
del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al
momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud
propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.

Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la
Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de
retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años
para las mujeres y 55 años para los hombres.

En todo caso, los miembros de la Fuerza Pública que se retiren o sean retirados del
servicio activo sin derecho a asignación de retiro o pensión, tendrán derecho al
reconocimiento del bono pensional por el total del tiempo servido, de conformidad
con las normas del Sistema General de Pensiones.

3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo de
servicio del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior al cincuenta por ciento
(50%) por los primeros quince (15) años de servicio, ni superior al noventa y cinco
por ciento (95%) de las partidas computables.

3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre las
cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.

3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza
Pública será fijado sobre las partidas computables para dicha asignación, el cual
estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en un porcentaje que no será
inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por ciento (5%).

[…]

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3.8. Las asignaciones de retiro, las pensiones de invalidez de los miembros de la
Fuerza Pública y su sustitución, así como las pensiones de sobrevivientes en ningún
caso serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente. La sustitución de la
pensión será igual a lo que venía disfrutando el titular, con excepción de los
porcentajes adicionales para quienes se pensionen a partir de la vigencia de la
presente Ley. En todo caso, la asignación mensual de retiro de los soldados
profesionales no podrá ser inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]». (Destacado intencional).

En virtud de ello, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de 2004, en el cual
reguló los siguientes temas:

• Asignación de retiro, partidas computables.
• Orden de beneficiarios por muerte en servicio activo, sustitución de la asignación de
retiro y pensiones.
• Aportes para la asignación de retiro, pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez.
• Forma de pago de las asignaciones de retiro y pensiones,
• Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones.
• Destinación de los aportes y administración de los recursos.
• Contribuciones a las cajas de retiro del personal retirado en goce de asignación de
retiro o sus beneficiarios en goce de pensión.
• Mesada adicional de la asignación de retiro.
• Oscilación de la asignación de retiro y pensiones.
• Prescripción de mesadas.
• Constitución de un fondo especial.

Específicamente y lo que es objeto del presente medio de control, el artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004 estableció para efectos del reconocimiento de la asignación
de retiro, lo siguiente:

«Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los
Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al
escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que
sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por llamamiento
a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por
voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados
o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación
mensual de retiro, así:

25.1 El setenta por ciento (70%) del monto de las partidas computables a que se
refiere el artículo 23 del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de
servicio.

25.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por
ciento (4%) por cada año que exceda de los veinte (20) hasta los veinticuatro (24)
años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%).

25.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se
adicionará en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total sobrepase el
noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables.

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Parágrafo 1°. También tendrán derecho al pago de asignación mensual de retiro, en
las condiciones previstas en este artículo, los oficiales, y los miembros del Nivel
Ejecutivo que se retiren por solicitud propia, siempre y cuando tengan veinte (20)
años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años
de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres.

Parágrafo 2°. [Declarado nulo mediante sentencia del 12 de abril de 201225]». (Negrita
fuera del texto original).

De esta forma, se realizó una diferenciación en tiempo de servicio para el personal
que ingresó a la Policía Nacional a partir de la entrada en vigencia del mencionado
Decreto, respecto de quienes se encontraban vinculados al momento de su
expedición.

Principio de igualdad como parámetro de validez de las normas jurídicas

Este principio es una de las garantías más importantes para todas las personas,
pues impone al Estado y sus autoridades el deber de otorgarles el mismo trato y
protección y, a su vez, les reconoce el goce de los mismos derechos, libertades y
oportunidades, eliminando cualquier forma de discriminación. Además, en criterio
de la Corte Constitucional, con fundamento en el principio de no discriminación, la
ley no puede fijar condiciones distintas a algunos sectores de la población sin una
justificación objetiva y razonable, o que no tengan una relación de proporcionalidad
entre los hechos que le sirven de causa a la norma y los fines que ésta persigue 26.

El artículo 13 de la Constitución Política regula dos dimensiones de la igualdad a
saber: i) la formal o ante la ley, que se fundamenta en que todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, y por ende deben recibir la misma protección y trato de
las autoridades, y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna clase de discriminación; y la ii) material o de trato, según la cual el Estado
debe adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que
históricamente han sido discriminados, y de aquellas personas que se encuentran
en una situación de debilidad manifiesta27.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha concebido de la siguiente
manera:

«[…] Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha
señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de
naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona,
frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por
considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce
de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal
situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado: 11001032500020060001600 (1074-07).
26 Corte Constitucional, Sentencia C-339 de 1996.
27 Corte Constitucional, sentencia T-629 de 2010.

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de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no
discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el
andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el
ordenamiento jurídico.

Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar
acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear
situaciones de discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a
adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias
existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas. Esto
implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a
actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen,
mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.

La Convención Americana, al igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, no contiene una definición explícita del concepto de “discriminación”.
Tomando como base las definiciones de discriminación establecidas en el Artículo
1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial y el Artículo 1.1 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos
Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante
“Comité de Derechos Humanos”) ha definido la discriminación como:

Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el
nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales
de todas las personas.». (Se destaca).

Ahora, con el fin de evaluar la afectación de dicho principio por normas incluidas en
el ordenamiento jurídico, es necesario hacer un estudio de las situaciones frente a
las cuales se plantea la existencia de un trato diferente, para lo cual la Corte
Constitucional, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, ha acudido a
herramientas metodológicas especiales tales como el test de igualdad 28, que
permite establecer si la diferencia de trato hacia algún sector de la población está
constitucionalmente justificada, compuesto por tres etapas de análisis a saber:

i) Determinación de los criterios de comparación, esto es, establecer si se trata de
sujetos de la misma naturaleza;

ii) Definir si existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y

iii) Concluir si la diferencia de trato está justificada constitucionalmente.

En todo caso, se resalta que la jurisprudencia constitucional también ha sostenido
de manera unánime 29 que el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de
la Carta no proscribe ni elimina la posibilidad de que el legislador contemple

28 Se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional: C-093 de 2001, C-250 de 2012, C-015 de

2014, y C-084 de 2020, entre otras.
29 T-530 de 2002, T-119 de 2001, T-540 de 2000, T- 117 de 2003, C-1110 de 2001.

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regímenes o tratos diferenciados entre grupos respecto de un mismo tema, asunto,
derecho o prerrogativa, siempre y cuando esa diferencia se ajuste a los preceptos
constitucionales.

Así, el artículo 13 superior no debe entenderse «como un mandato que establece una
igualdad mecánica o automática»30, por lo que ha diferenciado entre aquellas medidas
que implican un trato discriminatorio y aquellas que, aunque otorgan un trato
desigual, se basan en circunstancias objetivas y razonables y, por lo tanto, se
ajustan a la Constitución.

Resaltando que para la adopción de estas últimas deben cumplirse los siguientes
presupuestos: «i) que las personas sujetos del trato desigual se encuentren efectivamente
en distinta situación de hecho; ii) que dicho trato tenga una finalidad que consulte los valores
y principios constitucionales; (iii) que la diferencia de situación, la finalidad que se persigue
y el trato desigual que se otorga tengan una racionalidad interna; y (iv) que exista
proporcionalidad entre estos aspectos, es decir, el trato diferente, las circunstancias de
hecho y la finalidad, por lo cual ha concluido que la diferencia de trato resulta insuficiente,
per se, para predicar la vulneración del derecho a la igualdad».

Resolución del caso concreto

A pesar de la redacción confusa de la demanda, y acorde con la fijación del litigio,
observa esta Sala que la parte demandante considera que los apartes del primer
inciso del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que aumentó el tiempo de servicio
para tener derecho a la asignación de retiro -20 o 25 dependiendo de la causal de
retiro- para los policiales que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de
dicha normativa, comporta una discriminación respecto del personal que adquiría el
derecho con menor tiempo de servicio, esto es, 15 años.

En este sentido, la Sala considera que es procedente adelantar un test de igualdad
con el fin de verificar si dicha disposición vulnera el mencionado principio. Ahora,
según se analizó, el legislador tiene un amplio margen de configuración en materia
pensional, por lo que, en estos casos, debe emplearse un juicio de intensidad
débil31:

i) Se trata del personal uniformado de la Policía Nacional que ostentan los mismos
rangos, esto es, oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo, así como los grados de
responsabilidad y calificación profesional requerida, encontrándose en los mismos
supuestos de hecho, circunstancia que les permite compararse.

ii) El trato desigual otorgado es que, a los policiales que se encontraban vinculados
a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (véase Decreto 1212 de 1990), y se
retiraban por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir
al servicio por más de 5 días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de

30 Corte Constitucional, sentencia T-587 de 2006.
31 Al respecto se pueden consultar las sentencias C-197 de 2023, C-259 de 2023 y C-054 de 2024, entre otras.

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la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima
correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por conducta deficiente, podían adquirir el derecho a la
asignación de retiro después de 15 años, mientras que, con la disposición
demandada (inciso 1.° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004) se exigen 20 o 25
años de vinculación -dependiendo de la causal- para acceder a esta prestación.

iii) Para Sala, el trato diferencial otorgado por la normativa se encuentra
constitucionalmente justificado por las siguientes razones:

El Congreso de la República en desarrollo del artículo 150, numeral 19, literales e)
y f) de la Constitución Política, expidió la Ley 4ª de 1992, y en su artículo 1.° autorizó
al Gobierno Nacional para que «con sujeción a las normas, criterios y objetivos» allí
contenidos, fijara el régimen salarial y prestacional de la Fuerza Pública; mientras
que, en su artículo 2.°, estableció que para tal efecto se debían tener en cuenta
entre otros, los siguientes criterios que son de importancia para el análisis del
presente asunto:

• La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal; así como la
racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad;

• La racionalidad de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo.

En el mismo sentido, la Ley 923 de 2004 reiteró los objetivos consagrados por el
legislador en el artículo 2.º de la Ley 4ª de 1992, para que el Gobierno Nacional fije
el régimen de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, a saber:

• El respeto a los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad,
responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad; así como de los derechos
adquiridos;

• La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;

• La racionalidad de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo;

• Que las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre las
cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.

En este orden, se encuentra que la sostenibilidad financiera ha sido un criterio para
fijar el sistema pensional, el cual exige del legislador que cualquier regulación que
se haga al respecto, debe preservar el equilibrio financiero del sistema. Es así como,
en el año 2005 se expidió el Acto Legislativo 01, que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política y que en lo pertinente señaló que, el Estado garantizaría la
sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetaría los derechos adquiridos
con arreglo a la ley y asumiría el pago de la deuda pensional.

En este sentido, esta reforma constitucional reiteró la gran preocupación que ya

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generaba la efectiva financiación de las pensiones, inquietud que ya había sido
plasmada en el debate de la Ley 923 de 2004, en la cual se indicó que «Respecto de
los gastos en el Decreto 2070 que se había caído, se había calculado en 2.5 billones el
costo de la reforma en los próximos 50 años, con un pasivo pensional entre los 30 y 32
billones de pesos para la fuerza pública, mientras el costo de asignaciones de retiro sería
de 1.4 billones por año y de 1.6 billones por pensiones de invalidez 32». Circunstancia que
da cuenta que el sistema se había vuelto financieramente insostenible.

De esta forma, la ley marco se justifica en la necesidad de alcanzar un objetivo
constitucionalmente válido -sostenibilidad del sistema-, por lo que estableció que el
tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro sería mínimo de
18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito un tiempo superior
a 25 años, motivo por el cual el ejecutivo, respetando dicho rango fijó el tiempo entre
20 y 25 años de servicio dependiendo de la causal de desvinculación.

De otra parte, al hacer más rigurosos los requisitos para tener derecho a la
asignación de retiro atendiendo el concepto de sostenibilidad financiera del sistema,
no se vulneran los derechos invocados por el demandante pues, si bien la Fuerza
Pública tiene un régimen especial, ello no lo aleja de los principios que rigen el
sistema pensional, y más aún que esta prestación se asimila a la pensión de vejez
como se analizó en apartes anteriores.

Tal aumento no se considera regresivo, pues, no se está eliminando el derecho,
sino que lo mantiene, pero bajo unas condiciones que lo hagan razonable,
propendiendo por la sostenibilidad de los pagos de las asignaciones futuras y por la
estabilidad macroeconómica y fiscal del país. Y, si bien la reforma implicó un cambio
de las condiciones para acceder a la asignación de retiro al aumentar el tiempo de
servicios, con el fin de que este no resultara traumático para aquellos uniformados
que no alcanzaron a consolidar su derecho pensional bajo el régimen anterior, sí
estaban próximos a adquirirlo y tenían la confianza legítima de que adquirirían la
prestación en las condiciones que los cobijaban, se previó un régimen de transición
para aquel personal uniformado.

En efecto, en el caso de la Ley 923 de 2004, el legislador quiso conciliar la finalidad
que motivó la reforma, con la protección frente al impacto que el tránsito legislativo
iba a generar, estableciendo un régimen de transición especial para el grupo de
uniformados que se encontraban en servicio activo a la Fuerza Pública, a los cuales
no se les exigiría como requisito para el reconocimiento de la asignación de retiro
un tiempo de servicio superior «al regido por las disposiciones vigentes al momento de
la expedición de esta Ley».

Tampoco se observa que con la normativa demandada se transgredió el principio
de progresividad en materia laboral, que prohíbe el retroceso o regresividad al

32 Ver Gaceta del Congreso 637 del 22 de octubre de 2004, páginas 16 y 17. Primer debate del Proyecto de

ley número 024 de 2004 Cámara.

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momento de fijar salarios y prestaciones, pero que no es absoluto 33, toda vez que
quienes ingresaron a la Policía Nacional a partir del 1.° de enero de 2005, no tenían
la expectativa legítima de adquirir la prestación vitalicia con la normativa anterior,
por lo que no se les cambió de una forma abrupta el régimen que les era aplicable,
y se reitera, el legislador fijó el derecho a la prestación entre los 18 y 25 años
señalados en la ley marco.

Así, la medida es constitucionalmente razonable, pues el sistema se ha vuelto tan
insostenible que, si bien se respetan los derechos adquiridos y un régimen de
transición para los uniformados que se encontraban vinculados; para quienes
entraron y estaban más lejos de esa expectativa se hicieron más severos, conforme
a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

En consecuencia, la Sala encuentra que los apartes acusados se ajustan a los
criterios y límites impuestos por el legislador en el literal h) del artículo 2.º de la Ley
4ª de 1992 y numeral 2.2 de la Ley 923 de 1923, en la medida en que atendieron
medidas de tipo económico y presupuestal para efectos de fijar el régimen
prestacional de la Fuerza Pública en el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004,
además se encuentran acordes a los principios de eficiencia, universalidad,
igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad que deben
regir la actividad de la Administración.

Se destaca que con fundamento en la facultad reglamentaria conferida en el artículo
150 numeral 19 superior, el Decreto 4433 de 2004 tiene el carácter de decreto
reglamentario de ley marco y en esa medida, podía regular aspectos sustanciales y
accidentales del régimen salarial y prestaciones de los miembros de la Fuerza
Pública. En otras palabras, el ejecutivo tenía una libertad de reglamentación
ampliada dentro del marco general previsto por la Ley 923 de 2004 y, en tal virtud,
contaba con la posibilidad de modificar disposiciones con rango de ley que
estuvieran relacionadas con la materia de la ley marco.

Finalmente, no es de recibo el argumento expuesto por la parte demandante en el
sentido de que se deben aplicar los fundamentos expuestos en las sentencias que
declararon la nulidad e inexequibilidad de los Decretos 1091 de 1995 y 2070 de
2003, respectivamente, en la medida en que en el primero se declaró la nulidad de
varios artículos 34 al considerar que no se consagró un régimen de transición entre
quienes ingresaron al nivel ejecutivo desde el momento de su creación respecto de
los que se vincularon con posterioridad; y en cuanto al Decreto 2070 de 2003 la
Corte Constitucional en sentencia C-432 de 2004 declaró inexequibles el numeral
3.° del artículo 17 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2070 de 2003, por considerar

33. En tal sentido, la Corte Constitucional ha avalado la constitucionalidad de medidas que, prima facie, son

regresivas, pero están debidamente justificadas en términos de razonabilidad y proporcionalidad. Sentencias
C-046 de 2018 y C-277 de 2021, entre otras.
34 Consejo de Estado Sección Segunda, sentencias del 14 de febrero de 2007, radicado: 11001-03-25-000-

2004-00109-01(1240-04) y del 28 de febrero de 2013, radicado: 11001-03-25-000-2007-00061-00(1238-07).

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19

Radicación: 11001-03-25-000-2020-00973-00 (2941-2020)

que estas normas, requerían de una ley marco; circunstancias que difieren
visiblemente de lo aquí analizado.

Sumado a lo anterior, la parte demandante no aportó nuevos elementos de juicio
que permitan advertir que el aumento en el tiempo de servicio para acceder a la
prestación vitalicia a favor de los mencionados policiales, no garantizaron los
principios que rigen tal derecho, máxime cuando dicha medida fue adoptada en
primer lugar por el legislador y el ejecutivo expidió la reglamentación acusada con
base en los límites establecidos en la Ley 923 ibidem.

Así, los apartes demandados contenidos en el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004,
si bien consagraron un trato diferente entre los miembros que se encontraban
activos al momento de entrar en vigencia la normativa, respecto de quienes
ingresaron a partir de su expedición, no vulneraron el derecho a la igualdad, pues
como se estudió, la medida fue adoptada bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, con el fin de dar sostenibilidad al sistema que en el año 2005 fue
elevado a rango constitucional con el Acto legislativo 01, y con respeto de las
normas, objetivos y criterios que implementó la ley marco objeto de reglamentación.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA 35.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por el señor
Enrique Rodríguez Fontecha contra los apartes «que sean retirados del servicio activo
después de veinte (20) años» y «los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o
separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio» , del artículo
25 del Decreto 4433 de 2004.

Segundo. Sin condena en costas.

35 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil».

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-00973-00 (2941-2020)

Tercero. Reconocer personería a los abogados Juan Leonardo Álvarez Arévalo,
identificado con cédula de ciudadanía 1.049.615.111 y portador de la tarjeta
profesional 213.916 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a Edwin Alexander Pérez Suárez
identificado con cédula de ciudadanía 79.894.572 y portador de la tarjeta profesional
346.398 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de Casur, según
poderes a ellos conferidos visibles en índices 50 y 51 de la plataforma Samai.

Cuarto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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