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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01012-00

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-01012-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018. SEGUNDO. RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio para que actúe como apoderado de la UGPP, en los términos del poder que obra en el índice 40 de Samai. TERCERO. No condenar en costas. Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2020-01012-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de abril de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez
Referencia: Acción especial de revisión

Tema: acción especial de revisión, Ley 797 de 2003, artículo 20, literales a) y b). Subtema 1:
naturaleza y alcance de la acción especial. Subtema 2: análisis del reconocimiento y
liquidación de la pensión. Régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985; IBL. Subtema 3:
conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo debido de acuerdo con la ley.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
acción especial de revisión presentada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018,
que confirmó la providencia por medio de la cual se ordenó la reliquidación de la
pensión de jubilación reconocida a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez, conforme
con la Ley 33 de 1985.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, por medio de la cual se confirmó la
providencia de primera instancia que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación
reconocida a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez, bajo el régimen de la Ley 33
de 1985, en una cuantía equivalente al 75 % del promedio mensual de lo devengado
en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales. La entidad
demandante sustenta la acción especial en las causales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, porque considera que la prestación fue liquidada con
desconocimiento de la normativa aplicable y del precedente de la Corte Constitucional
que estableció el alcance de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

II. ANTECEDENTES

2.1. Demanda inicial y sentencia objeto de la acción especial de revisión

1. Gloria Adelaida Hurtado, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad parcial de
la Resolución núm. 41489 del 2 de diciembre de 2005, por la cual la extinta Cajanal
reconoció la pensión vejez, así como de las resoluciones núm. 33416 del 10 de julio
de 2007 y UGM 037550 del 12 de marzo de 2012, por las cuales dicha entidad negó
la reliquidación pensional.

2. La pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la decisión
judicial objeto de la acción especial de revisión estuvo dirigida a obtener el
reconocimiento y pago de la diferencia pensional, teniendo como base para la liquidación
de la pensión, el promedio de lo devengado en el último año de servicios, con la inclusión
de todos los factores salariales, de conformidad con la Ley 33 de 1985.

3. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán, mediante sentencia dictada el 4
de octubre de 2016, declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. 41489 del 2 de
diciembre de 2005 y la nulidad de las resoluciones núm. 33416 del 10 de julio de 2007 y
UGM 037550 del 12 de marzo de 2012. En consecuencia, ordenó a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación de la demandante en cuantía equivalente al «75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
incluyendo todos los factores salariales efectivamente devengados durante el último
año de servicio»1. Además, declaró la prescripción de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 28 de enero de 2009.

4. Al sustentar la decisión, el juzgado consideró que la señora Gloria Adelaida
Hurtado Gómez era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100
de 1993, por lo cual debía aplicarse en su integridad el régimen pensional anterior, es
decir, la Ley 33 de 1985. Esa conclusión, sostuvo, atendía lo dispuesto por el Consejo
de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 2010.

5. El Tribunal Administrativo del Cauca confirmó la decisión anterior, mediante
sentencia del 9 de agosto de 2018, al considerar que la actora era beneficiaria del
régimen de transición, toda vez que para el momento de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993 contaba con más de 15 años de servicios. Además, consideró que para
determinar el ingreso base de liquidación es del caso aplicar la tesis fijada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2010,
conforme con la cual se aplican las previsiones de las Leyes 33 de 1985 y 62 de 1985,
esto es, «con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador
en el último año de servicios»2.

6. De acuerdo con lo anterior, concluyó que debía liquidarse la pensión de
jubilación de la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez con el 75 % del promedio de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

1 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C02Principal», pág. 119.
2 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C03Tribunal», pág. 61.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

2.2. Solicitud de revisión especial

7. El apoderado de la UGPP presentó una solicitud de revisión en ejercicio de la
acción especial establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en contra de la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, que
confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Primero Administrativo de Popayán el 4
de octubre de 2016, para que se revoque y, en su lugar, se ordene lo siguiente3:

(i) Que se declare que la liquidación de la mesada pensional no constituye un
derecho adquirido para Gloria Adelaida Hurtado Gómez, por lo tanto, resulta
viable ordenar que se calcule el IBL conforme con las reglas previstas en las
sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de
2017, SU- 631 de 2017, y T-039 de 2018, dictadas por la Corte
Constitucional;
(ii) que la UGPP reliquide la pensión reconocida a la señora Gloria Adelaida
Hurtado Gómez de acuerdo con lo establecido en el inciso 3 del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, en armonía con lo previsto en el artículo 21 de dicha
normativa y el Decreto 1158 de 1994, esto es, teniendo en cuenta «los
factores base de cotización taxativamente determinados».

8. Al sustentar la solicitud de revisión, la UGPP afirmó que se configura la causal
de revisión del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la reliquidación
pensional ordenada a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez viola el debido proceso
al no ajustarse al fundamento legal que rige la prestación pensional y comprometer
dineros públicos. Indicó que lo correcto era que se atendiera a lo dispuesto en los
artículos 36 y 21 de la Ley 100 de 1993, respecto del IBL y factores a tenerse en cuenta
para liquidar la prestación.

9. Adujo que también incurre en la causal prevista en el literal b), pues el
desconocimiento legal referido generó la aplicación indebida del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque si bien este beneficio permite
el reconocimiento de la pensión conforme al régimen pensional anterior, que para el
caso correspondía a la Ley 33 de 1985, su aplicación se circunscribe a la edad, el
tiempo de servicio y la tasa de remplazo. El IBL, por su parte, debe corresponder al 75
% del promedio de lo devengado durante los 10 años de servicio anteriores a la
adquisición del derecho o el tiempo que hiciera falta para adquirirlo y conforme con los
factores salariales enlistados en el Decreto 1158 de 1994.

10. Por lo anterior, la entidad actora consideró la determinación del IBL en los
términos de la sentencia da lugar a que la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez
obtenga unas ventajas irrazonables, relacionadas con el incremento de su prestación,
lo cual genera «un grave detrimento del erario»4 y constituye un abuso palmario del
derecho.

3 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», págs. 1 y 2.
4 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», pág. 15.

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Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

2.3. Trámite de la acción especial de revisión

11. Esta corporación, mediante auto del 30 de septiembre de 2021, admitió la
demanda interpuesta por la UGPP, en ejercicio de la acción especial de revisión en
contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto
de 2018, y ordenó la notificación personal del auto a la pensionada Gloria Adelaida
Hurtado Gómez y al agente del Ministerio Público5.

12. El despacho sustanciador, por auto del 28 de agosto de 2024, abrió el proceso
a pruebas; incorporó al expediente los documentos aportados con la demanda de
revisión; requirió al Juzgado Primero Administrativo de Popayán para que remitiera el
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la acción de
revisión; aceptó la renuncia de la apoderada de la UGPP y requirió a esa entidad para
que constituyera nuevo apoderado, y corrió traslado de las pruebas conforme con el
artículo 110 del CGP6.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. Esta Subsección es competente para conocer de la acción especial de revisión
de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y el inciso
segundo del artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)7, por cuanto este mecanismo
se surte mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario que se
interpone contra sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos.

3.2. Oportunidad de la acción especial de revisión

14. En relación con la oportunidad de la acción especial, el último inciso del artículo
2518 del CPACA prevé que la revisión sustentada en las causales establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe presentarse dentro de los cinco (5) años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

5 Samai, índice 6.
6 Samai, índice 57.
7 «Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin
exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del
Consejo de Estado según la materia (…)». (Artículo adicionado por la Ley 2080 de 2021, así: Las reglas
de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer de la solicitud de
revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003).
8 Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
(…)
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de
los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o
conciliatorio.

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Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

15. En este caso, la Sala encuentra acreditado con la constancia expedida por la
oficial mayor del Tribunal Administrativo del Cauca que la sentencia objeto de revisión,
dictada por esa autoridad judicial el 9 de agosto de 2018, cobró ejecutoria el 17 del
mismo mes y año9. Ahora, como la demanda de revisión fue radicada el 30 de octubre
de 202010, se entiende que el ejercicio de la acción especial fue oportuno.

3.3. Legitimación para la causa

16. La Ley 797 de 2003, al reformar algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, estableció en el artículo 20 que los sujetos
activos de la acción especial son el Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo
y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el Contralor General de la República y
el Procurador General de la Nación, quienes pueden ejercerla con el propósito de
lograr la revisión de las providencias judiciales que «impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza», con sustento en dos causales. La primera,
establecida en el literal a) para los eventos en que el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso; la segunda, descrita en el literal b) para los eventos
en que la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley.

17. La Ley 1151 de 2007, al establecer la creación de la UGPP, dispuso que este
organismo también puede ejercer la acción especial de revisión en contra de las
sentencias que reconocen sumas periódicas a cargo de recursos públicos, por tratarse
de «gestiones inherentes» al reconocimiento de derechos pensionales con cargo a
entidades públicas del orden nacional.

18. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, legitimó a
diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer la acción especial de
revisión en los eventos en que el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin
cumplir las previsiones fijadas en esa providencia, frente a la aplicación del régimen
pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.

19. Asimismo, la sentencia SU-427 del 11 de agosto de 2016 precisó que la UGPP,
como sujeto activo de la acción especial, puede solicitar la revisión en un plazo de
cinco años, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho
pensional; lapso que para el caso de la entidad referida no podía empezar a contarse
antes de que la UGPP asumiera las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión
Social, esto es, del 12 de junio de 2013, «en atención al estado de cosas
inconstitucional que afrontaba Cajanal».

20. En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por
activa para ejercer la acción de revisión especial, prevista en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisión,
dado que esta entidad fue la que asumió el pago de la suma periódica de dinero
derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación.

9 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C03Tribunal», pág. 69.
10 Samai, Índice 2, archivo «01Correo.pdf»

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21. Gloria Adelaida Hurtado Gómez se encuentra legitimada para la causa por
pasiva, dado que actuó como parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que finalizó con la providencia objeto de la acción
especial de revisión, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca el 9 de agosto
de 2018, que ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación a su favor.

3.4. Problema jurídico

22. De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado en la solicitud de revisión
especial presentada por la UGPP, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cauca el 9 de agosto de 2018, la Subsección se ocupará de
establecer si la decisión judicial incurrió en las causales previstas en los literales a) y
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, a partir de la respuesta a los siguientes
problemas:

23. ¿La reliquidación pensional ordenada en la sentencia objeto de revisión vulneró
el debido proceso al sustentarse en una interpretación presuntamente errónea de los
artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, que determinan el ingreso base de liquidación
de la pensión?

24. ¿El IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a favor de la pensionada, conforme con la Ley 33 de 1985,
excede lo legalmente debido al incluir factores propios del régimen pensional anterior,
en aplicación de la transición dispuesta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?

3.5. Naturaleza y alcance de la acción especial de revisión de sentencias que
imponen el pago de pensiones

25. El artículo 2011 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisiones
judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen
sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública, mediante un mecanismo judicial que la Corte
Constitucional ha denominado «acción especial o sui generis de revisión»12.

11 Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos
de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten
reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo
de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno
por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. // La revisión también
procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o
extrajudicial. //La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de
revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables (Las expresiones subrayadas fueron declaradas
inexequibles mediante sentencia C-835 de 2023).
12 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.

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26. Los antecedentes legislativos refieren que la acción especial fue instituida para
revisar tanto las decisiones judiciales que «han reconocido pensiones irregularmente»
como las providencias que reconocen «montos que no corresponden a la ley», con el
propósito de afrontar «los graves casos de corrupción en esta materia» y/o «evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación» por el pago de derechos pensionales
reconocidos de manera irregular o por reliquidaciones que exceden lo debido de
acuerdo con la ley13.

27. En armonía con lo anterior, esta corporación ha considerado que las causales
de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del
monto debido de acuerdo con la ley, constituyen una garantía para la defensa de los
principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de la
seguridad social en pensiones14.

28. En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión
establecido en el código respectivo y se tramita por las causales descritas en esa
codificación y, además, (i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al
debido proceso y (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

29. En lo atinente al recurso extraordinario de revisión establecido en los artículos
248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la corporación ha señalado la
naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión15
que permite el análisis de las sentencias amparadas bajo el principio de cosa
juzgada16.

30. Las causales establecidas en la norma procesal muestran la naturaleza
eminentemente procedimental de los vicios o errores que posibilitan la revisión de la
sentencia por la vía del recurso extraordinario como excepciones al principio de cosa
juzgada. La Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA
17, reiteró que el recurso extraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas

del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas por
las causales taxativas previstas en la ley18, «buscando esencialmente el
restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio
general de la cosa juzgada»19.

13 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1 de agosto de 2017, Sala

Cuarta Especial de Revisión, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV) y de 5 de febrero de
2019, Sala Veintidós Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,

sentencia del 3 de abril de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
16 CPACA, artículo 250.
17 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 16 de julio de 2015.
18 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009.
19 Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003. «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene

carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar
tal situación se ha consagrado la acción de revisión (…)».
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C., – Colombia
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Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

31. En este orden, aun cuando la revisión por las causales especiales previstas en
la Ley 797 de 2003 se surte mediante el procedimiento dispuesto para el recurso
extraordinario, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado que «esto no quiere
decir que sea equiparable a éste, esto en tanto, es claro que las particularidades de la
“acción especial de revisión” le otorgan una entidad propia»20.

32. En este orden, la jurisprudencia del Consejo de Estado21 ha considerado que la
acción especial de revisión de sentencias con sustento en las causales previstas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, tiene las siguientes características:

i) Requiere de un sujeto activo cualificado porque la legitimación para ejercer
el mecanismo judicial recae sobre el gobierno, los organismos de control y
las entidades administradoras de pensiones con cargo a fondos de
naturaleza pública;
ii) está regida por el procedimiento previsto para el recurso extraordinario de
revisión en los artículos 248 y siguientes del CPACA;
iii) tiene como propósito revisar las sentencias que imponen el pago de sumas
periódicas o pensiones de cualquier naturaleza para mantener el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, y salvaguardar el principio de
sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social22;
iv) no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el
derecho a una prestación, ya que su marco está circunscrito a revisar los
presupuestos del reconocimiento cuando se considera que la prestación ha
sido concedida con violación al debido proceso (literal a) y/o cuando la
liquidación excede de lo debido de acuerdo con la ley (literal b)23.

3.6. Análisis del caso concreto. Causal del literal a) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003. Violación al debido proceso.

33. El apoderado de la UGPP sustentó el ejercicio de la acción especial de revisión
en la causal del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque, a su juicio, la
pensión reconocida a favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez presenta «unas
ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su prestación», derivadas de
la indebida aplicación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.

34. Frente a la causal de revisión especial relacionada con el reconocimiento
obtenido con violación del debido proceso, la Sala observa que la UGPP no expuso
razones concretas para sustentar la configuración de este supuesto en el caso de la
señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez. La entidad no cuestionó el reconocimiento de
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,

sentencia del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de
noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión 19 y

9, sentencias del 18 de agosto de 2021, expediente 11001-03-15-000- 2020-03549-00, y del 22 de
noviembre de 2021, expediente 11001-03-15-000-2019-01749-00.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 4,

sentencia del 5 de febrero de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-01884-00.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia del 27 de marzo de 2014, expediente 11001-03-

25-000-2012-00561-00(2129-12). En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias
del 17 de mayo de 2018, expediente 2014-00665-00 (acción de revisión) y sentencia de 25 de noviembre
de 2021, expediente 2018-00963-00 (acción de revisión).
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Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

la prestación por desconocimiento de las garantías propias del debido proceso, sino
que dirigió sus argumentos a controvertir la interpretación que los jueces hicieron de
las normas aplicadas para determinar el ingreso base de liquidación (IBL). En efecto,
la demanda sostiene que «los jueces de conocimiento se apartaron de lo establecido
normativa y jurisprudencialmente accediendo a la reliquidación de la prestación con
una interpretación errada de estas normas»24.

35. En lo concerniente al alcance de la causal prevista en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, la jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica al
considerar que la violación al debido proceso en el reconocimiento de pensiones de
cualquier naturaleza o sumas periódicas de dinero con cargo a fondos púbicos ocurre
cuando la providencia judicial cuestionada mediante la acción especial desconoce una
o varias de las garantías que conforman este derecho fundamental, lo que descarta
cuestionamientos sustentados en la aplicación del derecho sustancial, «pues su
naturaleza no es de ser una tercera instancia»25 o «instancia adicional (…) para
controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez de la causa ordinaria, salvo
que en dicha labor puedan advertirse errores que enseñen de manera ostensible que
el funcionario decidió en contra de la evidencia probatoria, apartándose así de los
hechos debida y manifiestamente probados» 26.

36. En igual sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado
que el ejercicio de la acción especial de revisión, como excepción al principio de cosa
juzgada, dirigida a salvaguardar los recursos públicos comprometidos en el pago de
prestaciones periódicas reconocidas de manera irregular, se circunscribe a situaciones
evidentes de vulneración al debido proceso; presupuesto que impone al juez ponderar
el defecto atribuido a la decisión judicial acusada para calificar su trascendencia y
determinar si existe «un exceso en la sentencia, evidente, grosero, que no una mera
discrepancia en torno a la aplicación de una norma, o un extemporáneo y fútil
pedimento» y «delimitar las eventuales situaciones que puedan llevar a eximir a las
entidades públicas que hayan tenido espacios procesales idóneos para plantear esas
discusiones, y que no los hubiesen utilizado, pero sin soslayar responsabilidades
individuales»27.

37. El alcance de la causal de revisión especial basada en que el reconocimiento
se obtuvo con violación al debido proceso evidencia que la sustentación expuesta en
el caso analizado no configura una situación excepcional capaz de afectar el principio
de cosa juzgada. Es así, por cuanto el argumento planteado por la UGPP se centra
únicamente en la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que considera
correcta para la determinación del IBL, según la cual el régimen de transición solo
permite aplicar los requisitos de edad, tiempo y taza de remplazo previstos en el
régimen pensional anterior, excluyendo el periodo y los factores salariales utilizados
para calcular la cuantía de la pensión.

24 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», pág. 9.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 24 de septiembre de 2021, expediente 2018-

01426-00 (Revisión).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 5 de mayo de 2020, expediente 2018-04700-00

(Revisión).
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 18 de agosto de 2021, expediente

con radicación nro. 76956, reitera tesis expuesta en las sentencias Sentencia CSJ SL5119-2020 y CSJ
SL2148-2017.
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Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

38. En este escenario, la respuesta al primer problema jurídico es negativa, porque
el argumento expuesto por la UGPP para sustentar la causal no encaja en un evento de
vulneración evidente del debido proceso en el reconocimiento pensional. La supuesta
interpretación errónea de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, expuesta como
sustento de la causal sí revela que el ejercicio de la acción especial de revisión estuvo
encaminada a lograr una tercera instancia para cuestionar la tesis aplicada, no como
un mecanismo para ajustar la pensión concedida con violación al debido proceso.

39. Resulta oportuno precisar, además, que el argumento expuesto por la UGPP
para sustentar la violación al debido proceso se subsume en la segunda causal
alegada, consistente en el exceso de la cuantía reliquidada, fundada en la supuesta
irregularidad de la orden de reliquidación pensional que le genera al pensionado «unas
ventajas irrazonables relacionadas con un incremento en su prestación»28.

3.7. Causal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Exceso de la cuantía
pensional.

40. El apoderado de la UGPP sustentó la configuración de la causal b) en el hecho
de que la orden de reliquidación que cobró firmeza con la sentencia cuestionada
excedió lo debido en conformidad a la ley, al determinar el IBL como lo preveía el
régimen pensional anterior, aplicado por virtud de la transición normativa establecida
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de la que es beneficiaria Gloria Adelaida
Hurtado Gómez.

41. A juicio de la entidad actora, la pensión de jubilación debió ser reliquidada con
el promedio de los factores salariales pagados durante los 10 años anteriores al
cumplimiento del estatus, «con los factores base de liquidación taxativamente
determinados en el Decreto 1158 de 1994»29.

42. Para resolver este cuestionamiento, la Sala procede a verificar los hechos que
se encuentran acreditados en el expediente para luego determinar la conformidad de
la situación pensional con la orden judicial de liquidación, a partir del análisis de la
motivación de la sentencia y el alcance de la causal consistente en el exceso de la
cuantía del derecho, frente a lo debido de acuerdo con la ley.

3.7.1. Reconocimiento y liquidación pensional

43. La Resolución núm. 41489 del 2 de diciembre de 2005, incorporada al
expediente, da cuenta de que la extinta Cajanal reconoció una pensión de jubilación a
favor de Gloria Adelaida Hurtado Gómez, a partir del 16 de junio de 2004, en cuantía
de seiscientos cuatro mil seiscientos setenta pesos con cincuenta y cinco centavos
($604.670.55), equivalente al 75 % del promedio de lo devengado en el último año de
servicio30.

28Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», pág. 15.
29 Samai, índice 2, archivo «Demanda Acción de Revisión UGPP», pág. 2.
30 Samai, índice 2, expediente digital archivo «C01Principal», págs. 13 a 17.

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44. El acto administrativo citado refiere que la pensionada nació el 16 de junio de
1949, por lo que adquirió el estatus pensional el 16 de junio de 2004; que trabajó en la
Caja Nacional de Previsión Social desde el 1 de abril de 1973 hasta el 30 de diciembre
de 1993, y que el último cargo desempeñado fue el de auxiliar administrativo.

45. Gloria Adelaida Hurtado Gómez, el 2 de agosto de 2006, solicitó a la extinta
Cajanal la reliquidación de la pensión jubilación reconocida conforme con la Ley 33 de
1985, con el fin de que fueran incluidos todos los factores salariales que devengó en
el último año de servicio31.

46. Mediante Resolución núm. 33416 del 10 de julio de 2007, la extinta Cajanal
negó la reliquidación de la pensión vejez solicitada, con fundamento en que el periodo
sobre el cual se liquida la pensión, así como los factores salariales que debían tomarse
en cuenta, eran los indicados en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, que
no prevén la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, auxilio de
alimentación, auxilio de transporte y vacaciones como ítems que integraran el IBL.

47. El 28 de enero de 2011, la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez nuevamente
solicitó la reliquidación de la pensión, la cual fue negada mediante Resolución núm.
UGM 037550 del 12 de marzo de 2012, expedida por la extinta Cajanal32.

48. El Juzgado Primero Administrativo de Popayán, mediante sentencia del 4 de
octubre de 2016, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
iniciado por Gloria Adelaida Hurtado Gómez, declaró la nulidad parcial de la resolución
que reconoció la pensión vejez y la nulidad de las que negaron la reliquidación, y
condenó a la UGPP a lo siguiente:

«QUINTO.- ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
– U.G.P.P.-, reliquidar la pensión de vejez de la señora GLORIA ADELAIDA HURTADO
GÓMEZ (…), con base en la Ley 33 de 1985, esto es, con el 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, incluyendo todos
los factores salariales efectivamente devengados durante el último año de servicio de
la parte demandante, es decir del 16 de junio de 2003 al 16 de junio de 2004, tales
como el Auxilio de Alimentación, la Bonificación por Servicios Prestados, la Prima de
Servicios, la Prima de Vacaciones, la Prima de Navidad y todo factor salarial que se
encuentre debidamente acreditado, en el porcentaje correspondiente.

SEXTO.- ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFICALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
U.GP.P.-, pagar las diferencias que se causen entre el valor de lo pagado y los valores
que resulten de la reliquidación anterior por concepto de pensión de jubilación (…)»33.

49. El Tribunal Administrativo del Cauca, en sentencia del 9 de agosto de 2018,
objeto de la presente acción de revisión, confirmó la providencia apelada por la UGPP,
al considerar que en este caso «los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta
para la liquidación de su pensión, amparada por el régimen de transición de la ley 100

31 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C01Principal», pág. 170.

32 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C01Principal», págs. 27 a 31.
33 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C02Principal», pág. 119

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de 1993, se determinan con el régimen pensional anterior, esto es, bajo las previsiones
de las leyes 33 y 62 de 1985, cuya aplicación se hace con fundamento en la posición
asumida en la sentencia del Consejo de Estado, de 4 de agosto de 2010, radicado
0112-2009, es decir, con la inclusión de todos los factores salariales devengados por
el trabajador en el último año de servicios»34.

50. En atención a esta tesis, el tribunal afirmó que la base de liquidación
correspondía al 75 % del promedio de todos los factores salariales que Gloria Adelaida
Hurtado devengó en el último año de servicio.

51. De acuerdo con el certificado de factores salariales expedido por la División
Administrativa y Financiera de Cajanal, Gloria Adelaida Hurtado Gómez devengó
durante el último año de servicio la asignación básica, la prima de antigüedad, el auxilio
de alimentación, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicios, la prima
de navidad y la prima de vacaciones35.

52. La valoración en conjunto de los medios de prueba documental incorporados al
expediente permite afirmar que la situación pensional de Gloria Adelaida Hurtado
Gómez fue definida por la extinta Cajanal (hoy UGPP), conforme con la Ley 33 de 1985,
aplicada en virtud del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, del cual la
pensionada es beneficiaria, al acreditar más de 20 años de servicio en el sector público
y haber cumplido 50 años.

53. En punto a la determinación del IBL pensional, la sentencia cuestionada por la
UGPP determinó que la cuantía pensional debía ser calculada con el 75 % del promedio
de lo pagado en el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores
salariales, entre los que se encuentran las primas de navidad, de servicios, de
vacaciones y de antigüedad.

54. Lo anterior, en atención a la aplicación de la Ley 33 de 1985, tanto para la
determinación de la edad, el tiempo de servicio y el monto, como para el periodo de
liquidación y los emolumentos a incluir en el cálculo del ingreso base de liquidación,
teniendo en cuenta que, según lo expuesto en la sentencia cuestionada, resultaba
aplicable la tesis fijada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 4 de agosto de 2010, según la cual el IBL debe conformarse con todos los factores
efectivamente devengados.

3.7.2. Verificación de conformidad entre la cuantía del derecho pensional y lo
debido de acuerdo con la ley

55. El sistema general de pensiones, en virtud del régimen de transición dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a quienes estaban próximos a
pensionarse mantener las condiciones previstas en el régimen anterior, siempre que
reunieran los requisitos de edad o tiempo de servicio exigidos para la fecha de entrada
en vigencia de la nueva normativa, con la precisión de que los beneficios de esa
transición solo salvaguardaban las condiciones de edad, tiempo de servicio y monto o

34 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C03Tribunal», pág.61

35 Samai, índice 34, expediente digital archivo «C01Principal», pág. 92.

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tasa de reemplazo establecidos en la norma con la que el servidor tenía la expectativa
de pensionarse.

56. La Corte Constitucional, en el primer análisis de constitucionalidad del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, consideró que la salvaguarda de los derechos pensionales
derivada de una transición normativa constituye «[…] una plausible política social que,
en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 que ordena dar especial
protección al trabajo».

57. Así, concluyó que la regla de liquidación del IBL aplicable a los beneficiarios de
la transición es el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
pensionarse, siempre que fuera menor de diez años o el cotizado durante todo el
tiempo si este fuere superior; actualizado anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor36. En sentencias posteriores de constitucionalidad, la
Corte decidió estarse a lo resuelto en la providencia que declaró parcialmente
exequible el artículo 36 de la Ley 100 de 199337.

58. Por otra parte, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación, al
establecer el alcance del régimen de transición, fijó como primera tesis interpretativa
que los servidores públicos que cumplieran los requisitos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 podían pensionarse al cumplir los presupuestos de edad, tiempo de servicio
y monto previstos en el régimen pensional general anterior (Ley 33 de 1985), con la
precisión de que el último elemento protegido por la transición (monto) incluía el
beneficio de calcular el IBL con los factores y el periodo de liquidación previstos en la
norma precedente, no con los señalados en el régimen general.

59. En este orden, la Sección Segunda, mediante sentencia de unificación del 4 de
agosto de 201038, dispuso que el régimen de transición debía aplicar el principio de
inescindibilidad normativa, en el entendido de que el «monto», salvaguardado en virtud
del cambio legislativo, constituía una unidad con el período de liquidación y los factores
enunciativos, no taxativos, previstos en el régimen pensional anterior.

60. En un segundo momento, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo39., por
medio de sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, replanteó la tesis aplicada
por las Subsecciones de la Sección Segunda y, en su lugar, consideró que la transición
establecida en el artículo 36 de la Ley 100 solo preservó los presupuestos de edad,
tiempo de servicio y porcentaje o tasa de reemplazo dispuestos en el régimen anterior
para quienes estaban próximos a pensionarse, sin que se pueda entender que el último
elemento incluye la aplicación del periodo y factores previstos en ese régimen, por no
formar parte del beneficio de la transición.

«Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para
que las personas beneficiarias del régimen [de] transición puedan adquirir su pensión de

36 Corte Constitucional, sentencia C-168 de 20 de abril de 1995.
37 Corte Constitucional, sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, exp. 0112-

2009.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia 00143 de 28 de agosto

de 2018, exp. 2012-00143-01.
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vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo
del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993.».

61. La Sala Plena de esta corporación indicó en esta sentencia que las reglas de
unificación «son obligatorias para todos los casos en discusión tanto en vía
administrativa como judicial (…) De igual manera, debe precisarse que los casos
respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables. Las pensiones que han sido reconocidas o
reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en la tesis que sostenía la
Sección Segunda del Consejo de Estado, no pueden considerarse que lo fueron con
abuso del derecho o fraude a la ley».

62. Conforme con la tesis referida, es claro que a partir de la sentencia proferida por
la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo el 28 de agosto de 2018, por medio de la
cual esta corporación replanteó la jurisprudencia de la Sección Segunda frente al alcance
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, analizado
por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, los
beneficios de la transición solo cobijan los elementos de edad, tiempo de servicio y monto
o tasa de reemplazo.

63. Entonces, a partir de esta nueva jurisprudencia, las pensiones reconocidas en
aplicación de regímenes pensionales anteriores se deben liquidar de conformidad con lo
previsto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, regla que, por expresa
disposición de la Sala Plena, es obligatoria para todos los casos en discusión tanto en
vía administrativa como judicial. Las situaciones definidas con anterioridad son
consideradas decisiones razonables sustentadas en el principio de autonomía judicial
y en la obligatoriedad del precedente del órgano de cierre de la jurisdicción.

64. Bajo este marco jurisprudencial, es válido afirmar que la sentencia objeto de la
acción especial dictada el 9 de agosto de 2018 no incurrió en la causal de revisión
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque para esa fecha se
encontraba vigente la regla de interpretación según la cual, las pensiones reconocidas
conforme al régimen establecido en la Ley 33 de 1985 se liquidaban con lo devengado
en el último año de servicio y con la inclusión de los factores pagados en ese periodo.

65. Esta consideración desvirtúa, entonces, la afirmación de la entidad demandante
según la cual existe un aumento ilegal de la mesada como consecuencia de la
reliquidación ordenada en la sentencia objeto de revisión.

66. Por otra parte, la UGPP señaló que se configuró un abuso palmario del derecho,
toda vez que la señora Gloria Adelaida Hurtado Gómez obtuvo una ventaja irrazonable
derivada del incremento de su pensión. Sobre el particular, se recuerda que la
procedencia de las causales de revisión debe interpretarse atendiendo la facultad de
revisar reconocimientos pensionales que afecten los principios de solidaridad y
sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. A su turno, el Acto
Legislativo 01 de 2005 refiere que procede la revisión de las pensiones reconocidas
con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos legales, de acuerdo con
el procedimiento que establezca el legislador, pero que a la fecha no ha sido expedido.

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67. El abuso del derecho en materia pensional fue abordado por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-258 de 201340, al indicar que se debe evidenciar un
gran incremento de los ingresos que no corresponda a la vida laboral y que represente
un salto abrupto frente a los salarios recibidos en toda su vida productiva. En otras
palabras, precisó que «los incrementos significativos de los ingresos del servidor en
sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su
carrera salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los
aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la
obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida».

68. Sin embargo, la UGPP no acreditó en el presente proceso la configuración del
abuso del derecho en la reliquidación pensional ordenada por las autoridades
judiciales de instancia, comoquiera que el incremento de la mesada pensional
dispuesto en la providencia censurada no demuestra que el valor de la pensión haya
aumentado significativamente sin guardar relación con los salarios recibidos por la
señora Hurtado Gómez en su vida laboral, o resultado de otra circunstancia constitutiva
de abuso del derecho.

69. En este orden, la respuesta al segundo problema jurídico es negativa, por
cuanto el IBL establecido en la sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de
jubilación reconocida a Gloria Adelaida Hurtado Gómez, se ajustó a la interpretación
jurisprudencial del régimen previsto en la Ley 33 de 1985, vigente para la fecha en que
se expidió la sentencia objeto de revisión, según la cual las pensiones reconocidas en
conformidad con dicho régimen se liquidaban con el promedio de lo devengado por el
servidor durante el último año de servicio, con la inclusión de todos los factores pagados
en ese periodo. Por tanto, el derecho pensional reliquidado en los términos dispuestos
en la sentencia cuestionada no excede lo debido de acuerdo con la ley ni incurre en
abuso palmario del derecho.

4. Conclusión

70. Las razones expuestas permiten concluir que la sentencia objeto de revisión no
incurrió en las causales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque la
reliquidación pensional se ajustó a la interpretación jurisprudencial del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha en que se dictó la providencia (9 de agosto
de 2018), según la cual, el ingreso base de la pensión reconocida bajo el régimen
previsto en la Ley 33 de 1985 se liquida con el promedio de todo lo devengado en el
último año de servicio.

5. Costas

71. El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece el deber del juez de pronunciarse sobre las costas, cuya
liquidación y ejecución se rigen por la norma procesal general, y fija como excepción
los eventos en que se «ventile un interés público».

72. La norma referida fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en
el siguiente sentido: «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
40 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de
fundamento legal».

73. En el caso bajo estudio, no resulta procedente la condena en costas porque la
acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según lo
expuesto en los antecedentes legislativos41, involucra un interés público dirigido a la
defensa de los principios de sostenibilidad financiera, eficiencia, universalidad,
solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial
de la seguridad social. Además, no se estableció que la demanda se presentara con
manifiesta carencia de fundamento legal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR infundada la acción especial de revisión ejercida por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Cauca el 9 de agosto de 2018.

SEGUNDO. RECONOCER personería al abogado Jorge Iván Palacio Palacio para que
actúe como apoderado de la UGPP, en los términos del poder que obra en el índice 40
de Samai.

TERCERO. No condenar en costas.

Devolver el expediente ordinario al tribunal de origen, si hay lugar a ello, previas las
anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,

41 Gaceta del Congreso nro. 350 de 23 de agosto de 2002.

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Radicación: 11001-03-25-000-2020-01012-00 (3121-2020)
Demandante: UGPP
Demandado: Gloria Adelaida Hurtado Gómez

conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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